La Deputación de Pontevedra aparta al secretario tras denunciar ilegalidades en los procesos de selección de personal

La Deputación de Pontevedra ha denegado la petición de su secretario de retrasar su jubilación, pese a que sí se lo había autorizado en ocasiones anteriores. La negativa llega después de que este funcionario, Carlos Cuadrado, hiciese críticas en las que identifica ilegalidades en algunos procesos de selección de personal dentro del ente provincial: denunció una reducción del temario en el turno de promoción interna que considera irregular y no motivada y también que se reservaron más plazas de las debidas para estos movimientos de personas que ya se encuentran dentro de la administración. Las primeras objeciones se las trasladó al presidente, Luis López (PP), en septiembre de 2025 y las últimas, en el mes de marzo de 2026. Solo unas semanas después se le comunicó que no se le va a prolongar la actividad y debe jubilarse ya.

La resolución de la Deputación que le comunica la decisión está firmada el 9 de abril y es un documento de 13 páginas en el que se recogen los argumentos para no retrasar su jubilación. El motivo fundamental alegado por el ente en ese documento, al que ha tenido acceso elDiario.es es que no considera que su perfil, tras cuatro décadas en el puesto, sea adecuado para los proyectos de digitalización. Cuadrado ha rechazado hacer declaraciones.

El desencuentro comenzó con la convocatoria de varios procesos selectivos para cubrir vacantes entre los funcionarios de la Deputación que se incluyen en las ofertas de empleo público de 2023, 2024 y 2025, en el turno de promoción interna. El secretario presentó recurso de reposición contra estos procesos porque detectó una reducción del 50% del temario mínimo establecido. En ese documento razonaba que el ente provincial no tiene capacidad para disminuir estos contenidos porque están recogidos en una normativa básica. Además, consideraba que había falta de motivación para la decisión tomada y que se estaban generando “diferencias de trato” entre las plazas de acceso libre y las de promoción interna. Este recurso fue desestimado.

Posteriormente, Cuadrado volvió a avisar sobre una convocatoria publicada el 7 de enero de 2026 en el Boletín Oficial da Provincia de Pontevedra, de la que dijo que “infringía la normativa, siendo nula de pleno de derecho”, según un escrito dirigido en marzo al presidente de la Deputación en el que le señalaba que hay límites para las plazas que se reservan para promoción interna. Solo un mes después, el secretario recibió la respuesta a su solicitud de no jubilarse y continuar en su puesto hasta los 70 años. Es una denegación, en la que la Deputación sostiene que su perfil no tiene “una adecuación plena” a las tareas para la digitalización.

El ente provincial expone que está en marcha un proceso para implantar la administración electrónica, que recibió un impulso significativo con la pandemia, pero sobre el que se observa en los últimos años “una desaceleración o estancamiento”. “Las actuales necesidades organizativas requieren un perfil profesional especialmente orientado al liderazgo efectivo de procesos de modernización administrativa”, indica y añade que se espera del secretario provincial que trabaje también en la coordinación entre servicios y promueva una comunicación fluida. “De las circunstancias descritas se desprende que este liderazgo no se está ejerciendo en la intensidad ni con los resultados que el actual proceso de transformación requiere”, continúa, antes de sostener que la continuidad del funcionario “no contribuiría” a la modernización administrativa. El informe hace constar, en cualquier caso, que el reconocimiento médico ha concluido que Cuadrado es apto para seguir realizando sus funciones. También asegura que no pretende cuestionar su “competencia profesional” o trayectoria.

Consultada al respecto, la Deputación de Pontevedra defiende que la decisión de “no prorrogar por cuarta vez las funciones” del secretario es, “además de legítima, plenamente justificada” por las razones ya citadas. Añade que hay una “urgencia” por aplicar las nuevas tecnologías en el funcionamiento de la institución, sin aludir a otros perfiles dentro de la misma orientados a estas tareas. Justifica también que la prolongación del servicio activo “debe analizarse no solo como un derecho del funcionario, sino también como una medida excepcional condicionada a la contribución efectiva al interés general y al correcto funcionamiento de la administración”.