El Consello de Contas confirma el drástico deterioro de la atención primaria en Galicia

Ni los fondos que destina la Xunta a la atención primaria son suficientes ni ha puesto remedio al problema de la falta de personal o de la temporalidad ni ha conseguido que la demora para ir al médico de familia sea de menos de 48 horas. El Consello de Contas confirma que esta área de la sanidad se ha deteriorado drásticamente: recibe el 12% del gasto sanitario, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda más del doble -un 25%-; solo la Comunidad de Madrid le destina menos; el 40% de los ayuntamientos no tienen pediatra y otro 30% lo comparte con otros territorios; el 28% de las plazas están vacantes y las demoras para ver al médico de familia se han incrementado. El informe analiza estos datos de espera solo en las áreas sanitarias de Pontevedra y Ferrol, pero recalca que los pacientes tienen que aguardar más de cinco días en el 39% de los casos en Pontevedra y en el 30% de las ocasiones en Ferrol.

El análisis de Contas -el ente que fiscaliza a las administraciones públicas en Galicia- llega en medio de protestas nunca desactivadas por la situación de la sanidad pública, en una jornada de huelga convocada por el sindicato CIG, cuando la Xunta anuncia una reforma de la atención primaria y con el debate abierto por el plan para limitar las bajas laborales. En este contexto, el informe hace una fotografía de la situación y señala que ese 12% del gasto destinado a primaria está por debajo también de la media estatal, que es del 14%

El documento añade que hubo, entre 2013 y 2023, una disminución de la población gallega y, a la vez, un envejecimiento, de modo que los mayores de 85 años aumentaron un 32%. Estos cambios, sumados a la dispersión de la población, “inciden directamente en las necesidades de la asistencia en atención primaria”. Pese a ello, el incremento en el gasto del Servizo Galego de Saúde (Sergas) -que fue del 27,5% entre 2019 y 2023- se dirigió sobre todo a atención hospitalaria y gasto farmacéutico. Para las consultas especializadas se destinó el 62% del gasto sanitario.

El análisis se refiere también al equipo humano en atención primaria, en donde están vacantes el 28% de las plazas. La falta de profesionales es, añade, “uno de los principales problemas estructurales”, reconocido por la propia Xunta. La cuestión se agudiza en medicina de familia y pediatría, recalca Contas, que indica que hay 120 ayuntamientos gallegos (el 40% del total) en los que los niños no tienen un especialista propio que los atienda y otros 96 en los que comparten pediatra, según los datos actualizados en octubre de 2025. En estos casos, los menores son derivados al médico de primaria, pero se pone de manifiesto “una cobertura insuficiente y desigual, especialmente en las zonas rurales”.

El personal sanitario tenía una tasa de temporalidad del 28%, según datos de principios de 2023. Hay una reducción tras la convocatoria de 468 plazas lanzada ese año, pero sigue sin alcanzarse el objetivo de que esa tasa se sitúe por debajo del 8% en todas las categorías profesionales.

Los documentos publicados este jueves son varios y se refieren, además de a la atención primaria y al Sergas, a las cuentas generales de la Xunta de Galicia en 2024 y al sector instrumental, es decir, entes que dependen de la administración autonómica o empresas en las que tiene una participación mayoritaria. Sobre estos puntos, Contas pone varios reparos. Señala que el Gobierno gallego incumplió la regla de gasto -que se determina cuánto puede aumentar el gasto de una administración teniendo en cuenta sus ingresos-, con un aumento del 9,1%, por encima de la media de las comunidades autónomas, que fue del 7% y del 2,6% que se había marcado.

Contratos sin concurrencia competitiva

El Consello de Contas señala que las rebajas fiscales aplicadas se incrementaron un 15,9% y representan 686 millones de euros que se dejan de recaudar. Estos beneficios fiscales, añade, equivalen al 0,66% del producto interior bruto (PIB) gallego, mientras que las normas que implican subir impuestos equivalen a solo el 0,27% del PIB.

El ente fiscalizador vuelve a poner el foco en la contratación, en la que el 42% del gasto -2.941 millones de euros- se tramita con procedimientos sin concurrencia competitiva entre varios candidatos. También afea que haya gastos corrientes registrados incorrectamente como inversiones, lo que “contribuye a proporcionar una imagen sobredimensionada del esfuerzo inversor de la administración”. Entre las partidas que no se pueden considerar inversiones cita las destinadas a la defensa contra incendios, la publicidad realizada en medios de comunicación y el contrato de seguimiento y gestión del plan de transporte público. Esta cuestión, recuerda Contas, se pone de manifiesto año tras año en sus controles.

Otra de las críticas se refiere a la falta de transparencia sobre entidades como la empresa público-privada Impulsa Galicia (disuelta en 2025 y a través de la que se promovió el proyecto de Altri y mediante la que se firmó un memorándum de entendimiento secreto con la empresa portuguesa) o la sociedad Recursos de Galicia. Contas señala que no se ha aprobado un marco normativo que aumente el nivel de supervisión sobre las mismas.