Consumo avisa por carta a más de 500 empresas dueñas de 50.000 pisos que tienen que aceptar la prórroga del alquiler

El ministerio de Consumo, dirigido por Pablo Bustinduy, ha enviado cartas a más de 500 empresas que gestionan más de 50 viviendas de alquiler cada una y un total de 50.000 sumadas para avisarles de que deben aceptar la prórroga de los alquileres contemplada en el real decreto ley 8/2026, en el marco de protección a los ciudadanos de los impactos económicos de la guerra de Irán.

El real decreto fue aprobado el pasado 22 de marzo y da derecho a inquilinos cuyo contrato de alquiler venza antes del 31 de diciembre del año que viene a obtener una prórroga de dos años con una limitación de las subidas del alquiler del 2% sobre el precio actual. Gran parte de los abogados de la patronal cuestionan este punto, advierten de la judicialización de los casos y aseguran que los únicos contratos a los que aplicará la normativa son aquellos que venzan antes del 28 de abril, fecha en que se vota el decreto en el Congreso y con mucha probabilidad decaiga por falta de apoyos. Junts y PP han dicho que se opondrán.

“La norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor”, asegura el ministerio en un comunicado.

La carta ha sido enviada a un total de 541 empresas que gestionan más de 50 propiedades cada una. Entre ellas están algunos de los mayores caseros privados de España, como CaixaBank; Blackstone, Lazora; Axa, Vivenio Residencial, Ares, Encasa Cibeles, Témpore, Cevasa, Cerberus, Stay; Liberbank; CAMI, Grupo Ortiz, Urban View Goldman Sachs o Sabadell, algunos de los grandes caseros de España, según los datos publicados en 2024 por Civio y un estudio de la consultora Atlas Real Estate Analytics de la misma época.

La carta coincide con los últimos días en vigor del decreto y con el envío de miles de burofaxes por parte de inquilinos a sus caseros para prorrogar el contrato. Antes, Bustinduy envió también una carta al PP para presionarle para que vote a favor del decreto, presión que se ha sumado a un estudio encargado por el grupo parlamentario europeo de Sumar, The Left, que mostraba que los votantes del PP e incluso de Vox están a favor de este decreto e incluso que algunos de ellos se replantearían su voto si estos partidos no le dan apoyo.

Consumo también elaboró junto al CSIC un informe que mostraba que el 61% del mercado del alquiler se encuentra en manos de multiarrendadores particulares, personas jurídicas y empresas públicas, mientras que los caseros con una sola vivienda en alquiler van a la baja y tan solo cuentan con el 39% del mercado.