La Xunta encabeza una insólita maniobra para desproteger al lobo en contra del Gobierno

La Xunta de Galicia se opone a la protección del lobo y es una firme defensora de que debe poder cazarse. Ni los datos de su último censo, que concluye que la población de la especie no crece, sino que está estable, ni las conclusiones del Gobierno central sobre que el estado es desfavorable en la península ibérica ni las decisiones judiciales que han frenado las normas gallegas que permiten abatir ejemplares han hecho cambiar de idea a la Consellería de Medio Ambiente. En su persistente batalla por aplicar un control letal sobre estos animales, se ha puesto al frente de una inusual maniobra que pretende forzar que el informe que se presente ante Bruselas sobre la situación del lobo no sea el elaborado por el Gobierno central, sino uno alternativo redactado por la Xunta y al que han dado su apoyo varias comunidades autónomas. Con este embrollo sobre la mesa, y tras la petición de varias organizaciones de que se pueda consultar toda la documentación, el Ministerio para la Transición Ecológica ha decidido que va a sacar a información pública el material, según adelantó la Agencia EFE.

Una de esas organizaciones es el Fondo para la Protección del Lobo. Ernesto Díaz, su coordinador, considera que la estrategia de las comunidades que pelean por poder cazar lobos, con la Xunta al frente, es “insólita”. Dice no recordar otro caso en el que una comunidad haya decidido recopilar la información de las demás para presentar un informe alternativo al ya elaborado por el Gobierno central con los datos remitidos por las propias autonomías. Asegura que lo que se está desplegando es “una maniobra orquestada fundamentalmente por los gobiernos de las comunidades del noroeste”, que han ido reuniendo apoyos de otras administraciones “afines”, sobre todo del PP. Y detrás de todo esto interpreta que lo que hay es “una búsqueda del voto rural”, con el discurso, cuestionado por expertos, de que están aumentando los ataques de lobos al ganado y amenazando su viabilidad.

Pero, para llegar a la situación actual, se han entrecruzado varios hilos. La postura de la Xunta ha sido clara y favorable a la caza de lobos. En 2021, cuando la especie se incluyó en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), lo que llevó a que no se pudiese cazar, el Gobierno gallego se opuso. Esa prohibición duró hasta marzo de 2025, cuando una enmienda a la ley sobre desperdicio alimentario le retiró esa protección, con el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV. La Consellería de Medio Ambiente se había preparado para aprovechar de inmediato ese nuevo escenario: autorizó de nuevo la caza de lobos solo un día después de que el cambio entrase en vigor. La Justicia paralizó después esa posibilidad de matar a estos animales (y la Xunta lo recurrió).

Esa modificación normativa contiene un segundo aspecto que ha permitido la maniobra con el contrainforme: obliga a que los informes sexenales sobre el estado de conservación de fauna y flora silvestres que se deben remitir a la Comisión Europea pasen antes por la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente -que reúne a Gobierno central y comunidades- y reciban su visto bueno. Antes de ser elevados a esa Conferencia, deben analizarse en la Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en la que también están representadas las comunidades autónomas y el Ejecutivo estatal. Y en este foro es en el que la Xunta presentó su informe alternativo. Antes de estos cambios, que han sido recurridos ante el Tribunal Constitucional por el Defensor del Pueblo, el Gobierno central los elaboraba y los enviaba directamente a Bruselas.

El Gobierno español está fuera de plazo para presentar estos informes sexenales (y Bruselas ha abierto expediente por este motivo), que debía haber entregado antes de julio de 2025. Fue a esas alturas cuando el Ministerio para la Transición Ecológica difundió los datos del último censo del lobo: hay 333 manadas en España, que son 36 más que una década antes, pero menos que las 500 que los expertos defienden como el umbral de seguridad para confiar en las buenas perspectivas de la especie a largo plazo. Con esta información, el informe sobre el estado de conservación concluyó que la situación era desfavorable, algo que hace más difícil que entre las medidas de gestión que se adopten para la especie estén las letales.

El documento se presentó en Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad, pero no fue aceptado. Lo que ocurrió fue que la Xunta acudió a la cita con un informe alternativo que llega a la conclusión contraria y que ha sido apoyado por buena parte de las comunidades autónomas. Votaron a favor Andalucía, Aragón, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Comunidad de Madrid, Navarra, Comunitat Valenciana, Extremadura, Illes Balears, La Rioja, Asturias, Murcia, la ciudad autónoma de Ceuta y la propia Galicia. Castilla-La Mancha, Catalunya y Euskadi se abstuvieron y el Gobierno central votó en contra. El siguiente paso es elevarlo a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, algo que aún no ha ocurrido y que va a tardar, dado que el Gobierno central ha decidido sacar a información pública toda la documentación.

El contrainforme

La Xunta defiende la maniobra de intentar forzar el cambio en las conclusiones que se envíen a Bruselas y asegura que su informe alternativo “es una especie de réplica/alegación a la propuesta del Ministerio”. En su justificación, la Consellería de Medio Ambiente acusa al Gobierno central de estar haciendo “valoraciones subjetivas” y exponer “falsedades” con el “único fin” de que la conclusión sea que el estado es desfavorable. El documento gallego, al que ha tenido acceso elDiario.es, repasa parámetro por parámetro los datos para las regiones atlántica y mediterránea y defiende que en ambas debe considerase que la situación es favorable. Cuestiona la interpretación que hace el Gobierno de los criterios establecidos en Europa para las evaluaciones y también critica que se tome como referencia que la población de seguridad sea de 500 manadas para la península ibérica.

El Ministerio replica a varias de las consideraciones de la Xunta y agrega un análisis de los resultados si no se tomasen como referencia esas 500 manadas. La conclusión es que, aun así, el estado sigue siendo desfavorable en las tres regiones (atlántica, mediterránea y alpina). El Gobierno central defendió también que es necesario tener en cuenta el impacto de los ejemplares que ya han sido cazados en comunidades como Cantabria y Asturias y el de los gigantescos incendios del pasado verano en territorios habitados por la especie.

La Consellería de Medio Ambiente señala, en respuesta a preguntas de esta redacción, que tomó la iniciativa de elaborar un análisis que contradice el del Ministerio “en el marco de la coordinación y colaboración existente entre las comunidades autónomas con intereses en esta materia”. Asegura que, en otras ocasiones y asuntos, han sido otras comunidades las que han adoptado este papel. Sobre la elaboración del informe afirma que lo hicieron técnicos de la Xunta, que es un trabajo riguroso y que el contenido “recoge la información aportada por las distintas regiones” y que se han utilizado para el censo estatal - los datos “son los oficiales, que son públicos”, aclara-. Es decir, han empleado la misma información que el Gobierno central para llegar a la conclusión opuesta.

Mientras la Xunta acusa al Ministerio de hacer valoraciones subjetivas, son varios los expertos que dicen que quien tiene una postura ideológica y alejada de la ciencia es la Consellería de Medio Ambiente. Ernesto Díaz la califica de “arbitraria” y cree que Galicia y el resto de comunidades del noroeste, como Asturias, Cantabria o Castilla y León están en “una carrera hacia el precipicio de matar lobos”.

La beligerancia de la Xunta

En enero de este año, varios responsables de estos territorios se reunieron en Cantabria para reclamar la convocatoria urgente de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, que debería aprobar el informe sexenal sobre el lobo y en la que quieren que salga adelante el documento de la Xunta. Tras el encuentro, la conselleira gallega, Ángeles Vázquez, volvió al argumento del impacto en el ganado y consideró que eso es una evidencia de su buena situación en Galicia: “Su estado de conservación es favorable, como acredita el hecho de que los ataques de esta especie hayan aumentado un 72% en relación con 2021”. Estos datos de muertes de animales causadas por el lobo también son discutidos por biólogos, que avisan de que un aumento de los reportes no implica necesariamente que hayan crecido los ataques porque no se analiza si hay ADN de esta especie o de perros asilvestrados ni se distingue depredación de carroñeo. Apuntan también a posibles fraudes en un contexto en el que han aumentado las compensaciones por ganado muerto.

Vázquez ha insistido en los últimos años en una postura especialmente beligerante para autorizar la caza de lobos en Galicia, a pesar de que es una medida que, cuando ha estado permitida, apenas se ha usado ni ha tenido éxito en Galicia: un informe publicado en 2023 por Unións Agrarias indicaba que en la década anterior se habían autorizado 60 batidas, que se saldaron con solo 11 animales cazados. Después de que la Justicia paralizase la medida que reintroducía la posibilidad de abatir ejemplares de esta especie, la conselleira reaccionó con exageración: “Lo que no se puede pretender es que Galicia albergue a todos los lobos de toda España”.

A la espera de que se inicie el proceso de información pública anunciado por el Ministerio para la Transición Ecológica lo que se abren son incógnitas sobre el informe sexenal del estado del lobo. Ernesto Díaz señala que se desconoce cómo va a ser el trámite, de qué manera se van a gestionar las alegaciones y cómo van a influir posteriormente en la información que se remita a Bruselas.