El Defensor del Pueblo recurre al Tribunal Constitucional la rebaja de protección del lobo que permite su caza

El Defensor del Pueblo ha recurrido al Tribunal Constitucional la rebaja de la protección especial del lobo en España lo que en la práctica permite volver a la caza del cánido en nuestro país, según han informado a Europa Press en fuentes de la institución, que presentó el recurso el pasado martes 1 de julio.

De este modo, señalan que han recibido 278 solicitudes instando a que interponga recurso de inconstitucionalidad frente a la disposición adicional octava, la disposición transitoria única y la disposición final decimonovena de la Ley 1/2025, de 1 de abril, de Prevención de las Pérdidas y el Desperdicio Alimentario, por la que la lobo salió del LESPRE, el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial.

Desde entonces y hasta hace dos semanas, en Cantabria se habían llevado a cabo 16 de las extracciones previstas este año tras recuperar el plan de gestión del cánido, cupo al que se suman otras cinco muertes de ejemplares por diferentes causas (atropellos y enfermedad).

Las disposiciones citadas, que fueron presentadas por varios grupos parlamentarios como enmiendas a la Ley 1/2025, tienen que ver con una posible desactivación de la protección del lobo.

Según señala la Oficina del Defensor del Pueblo --que ha informado a los solicitantes de la interposición del recurso-- el lobo es una especie protegida en virtud de Ley 42/2007, de 3 de diciembre de Patrimonio Natural de la Biodiversidad y forma parte, como animal silvestre, del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (LESPRE).

La institución tras analizar las solicitudes recibidas, ha decidido interponer recurso de inconstitucionalidad por estimar que estas tres disposiciones vulnerarían los artículos 45 --derecho al medioambiente-- y 24.1 de la Constitución --derecho a la tutela judicial efectiva--.

DIFERENTES BATALLAS POLÍTICAS Y JUDICIALES POR LA CAZA DEL LOBO

Las disposiciones de la Ley de Desperdicio Alimentario que rebajan la protección del lobo fueron incluidas por el Senado como enmiendas al proyecto de ley y aprobadas por el Congreso en marzo con los votos de PP, Vox, PNV y UPN (y Junts, en el caso de las disposiciones que abrían la posibilidad de ampliar la eliminación de la protección especial de la especie al resto de España y no solo al norte del Duero).

Así, se limitó la protección del LESPRE a las poblaciones de lobos al sur del Duero. El mes pasado entró en juego la disposición transitoria de la Ley de Desperdicio Alimentario que excluía también a estas poblaciones del LESPRE una vez la Unión Europea (UE) rebajó el estatus de protección del lobo en la Directiva Hábitats.

Desde entonces, comunidades autónomas como Asturias, Cantabria y Galicia presentaron planes de caza de la especie que organizaciones ecologistas como WWF y Ecologistas en Acción amenazaron con recurrir. De hecho, Ecologistas en Acción y la Plataforma para la Defensa de la Cordillera Cántabra fueron al Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) para instarle a que dejara en suspenso la resolución que autorizaba la extracción de lobos en Cantabria, petición que el Alto Tribunal desestimó.

Transición Ecológica transmitió a los medios la semana pasada los principales datos del Informe sexenal con el censo del lobo que tiene que remitir a Bruselas tras su aprobación por parte de las comunidades autónomas. Este arrojó una cifra de 333 manadas y de entre 1.600 a 1.700 lobos, un crecimiento del 12% con respecto al recuento anterior (el de 2012-2014). De acuerdo con el Ministerio, los números no alcanzan las 500 que los científicos consideran necesarias para asegurar la viabilidad genética de la especie a largo plazo.

En este marco, fuentes de Transición Ecológica incidieron en que el lobo está en estado desfavorable en España y por tanto “no puede haber controles letales de la especie”, remitiéndose al criterio de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) de 2024, que señala que si una especie está en estado desfavorable en una parte del territorio, lo está en la totalidad del territorio.

Tras una Comisión Sectorial de Medioambiente que el PP criticó por su “tono bronco, despectivo, con faltas de respeto, encontronazos y salidas de tono”, el Informe sexenal finalmente se estudiará el próximo día 11 de julio.