La Justicia ratifica la suspensión cautelar de la licencia de demolición de edificaciones en San Vicente de la Barquera

El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha ratificado la suspensión cautelar de la licencia de demolición de cinco edificaciones en el Paseo de la Barquera de la localidad de San Vicente de la Barquera, resolución del Ayuntamiento vinculada al estudio de detalle de los terrenos del antiguo Hotel Miramar.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC ha desestimado los recursos del Consistorio y de la mercantil promotora contra el auto dictado en noviembre de 2025 por el entonces Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santander, que ya suspendió cautelarmente la ejecutividad de la resolución municipal de septiembre de ese año que concedía la licencia de obras de demolición, y que han sido ejecutadas antes de la ratificación judicial.

Los magistrados del alto tribunal cántabro avalan la decisión del juez y la ponderación realizada en primera instancia, y subrayan así que la demolición podía impedir el control posterior de legalidad al desaparecer el elemento físico sobre el que debía recaer el examen judicial.

“La demolición en sí misma, con independencia de sus consecuencias para personas concretas, impediría el control de la legalidad de la licencia, pues desaparecía el elemento físico y, con él, la posibilidad de verificar (con pruebas periciales, por ejemplo) algunos de los factores que pueden determinar -o no- la conformidad a Derecho de la licencia de demolición”, argumentan en la sentencia, consultada por Europa Press, en la que dan especial valor al perjuicio asociado a la pérdida de uso y a la eventual afectación de derechos de terceros, mientras consideran que el daño invocado por la promotora era reparable económicamente.

Además, la Sala no considera el interés público en la prontitud de la demolición que trae a colación la administración demandada e impone las costas a las partes apelantes. El fallo, dictado el pasado 26 de junio y difundido este viernes, no es firme, ya que contra el mismo cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

La parte vecinal que ha promovido este pleito lamenta que la demolición ya se había ejecutado antes del pronunciamiento judicial definitivo, lo que a sus ojos constituye “un precedente preocupante” basado en la máxima de que “primero se derriba, después se litiga”.

En un comunicado, han lamentado la “secuencia” de hechos orientados a “consolidar una situación irreversible antes de que la justicia pudiera pronunciarse en firme”. Y han indicado que la actuación no se ha limitado al derribo de las edificaciones en cuestión, pues durante la ejecución de los trabajos “se habrían realizado obras de urbanización y dotación de servicios en parcelas para las que no existía cobertura en la licencia de demolición”.

Se trata de unos hechos “gravísimos” que, aseguran, han sido denunciados ante el Ayuntamiento, así como tala de árboles -acebos, avellanos, acacias, naranjos, arces y encinas- sin licencia, en una zona de especial protección ambiental dentro del Parque Natural de Oyambre y en un área de anidación y migración de aves junto a la ría de San Vicente. “El caso no solo afecta a una operación urbanística concreta, sino a la credibilidad de la tutela cautelar y al respeto a la legalidad en un entorno de alto valor paisajístico y ecológico”, concluyen.