Una concentración ha reivindicado este sábado en Badajoz, cuando se cumple un año del asesinato de la educadora social María Belén Cortés en un piso de cumplimiento de medidas judiciales de la ciudad, una reforma integral del sistema de protección de menor y una mayor visibilidad de su labor.

“Es un homenaje a María Belén Cortés un año después de la trágica pérdida de su vida” y un llamamiento para que no quede en el olvido lo sucedido aquel 9 de marzo de 2025, cuando la mujer, de 35 años, fue asesinada por tres menores que estaban bajo su custodia, dos varones de 14 y 15 años, considerados autores, y una joven de 17 años, considerada cómplice.

El acto, convocado por el Grupo de Acción Social y Sindical, formado por 18 entidades de Extremadura -once colegios profesionales y siete centrales sindicales-, ha servido también para reivindicar la mejora del sistema de protección y reforma infantil y juvenil.

Aunque ha habido “avances” en Extremadura el último año, se reclama una reforma “más estructural” que permita fortalecer los programas de familia, ha indicado Solomando. También ha reclamado planes de bienestar emocional para los profesionales, los cuales solo se llevan a cabo en los centros de acogida de menores y además “están hoy paralizados por la situación política actual” en la comunidad autónoma, con un gobierno en funciones.

Solomando ha exigido además una mesa de trabajo técnica, con responsables de la Junta de Extremadura y con trabajadores de los distintos recursos del sistema para evaluar y valorar esta red de forma continua y alcanzar las mejoras precisas.

La también secretaria general del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura ha citado la necesidad de abrir el Centro de Recuperación Zagal (CEREZA) en Plasencia, “en obras desde 2019” y el cual “debe ser de carácter público”. Más dotaciones y programas destinados al Centro de Acogida de Menores de Caminomorisco han sido otras de las reivindicaciones del colectivo.

Blanca Vázquez, una ciudadana que ha participado en la concentración, ha subrayado la importancia de “ofrecer todo el apoyo posible a los profesionales en este ámbito, debido a la relevante labor que realizan, la cual sin duda no está reconocida lo suficiente”.

Durante el acto, celebrado en la plaza de España de Badajoz, se ha ubicado una pancarta donde se leía 'Por la defensa de los derechos de los/las profesionales del sector social. ¡Basta ya!'.

Los participantes han portado máscaras blancas con las que han protagonizado una performance para expresar que “todos somos invisibles hasta que somos visibles” y reivindicar “la importancia de que se nos vea”.

Lo anunció el Gobierno de La Rioja hace dos días. El Ejecutivo ha iniciado los trámites administrativos para habilitar un espacio de acogida de menores no acompañados. El lugar, el Monasterio de San Agustín ubicado en el camino viejo de Oyón en Logroño. La justificación del Gobierno de La Rioja es que la ocupación de los pisos de acogida, con una capacidad de 153 plazas, está al cien por cien. Y ante la previsión de llegada de menores provenientes de Canarias, “en las próximas semanas, el Ejecutivo pondrá en marcha este nuevo centro” en un antiguo convento.

La decisión ya ha sido cuestionada por el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores de La Rioja. Y es que recuerdan que en la Rioja “muy acertadamente” las personas menores en situación de protección residen en pisos tutelados, en un contexto más familiar“. En septiembre de 2022, el Gobierno de Andreu cerro la conocida Residencia Iregua porque consideró necesario cambiar el modelo de protección de menores. El cierre de la Residencia supuso la apertura de cuatro pisos. Desde el Ejecutivo regional explicaban que ”este cambio de modelo a los menores en acogimiento tanto familiar como residencial responde a la necesidad de ofrecer a los niños, niñas y adolescente un entorno que les facilite la inserción a través de una vida mucho más normalizada“.

De la misma opinión es el Colegio Oficial de Educadoras y Educadores de La Rioja. “En estos espacios se procura proporcionar una atención y cuidados con mayor individualización, lo que ha supuesto un importante cambio de los grandes/medianos centros donde residían con anterioridad, a la situación actual de pisos tutelados”.

Este cambio del acogimiento residencial es producto de la “transformación progresiva hacia la desinstitucionalización, impulsada por la Ley y siguiendo tanto las recomendaciones europeas y estudios”. Por lo que se preguntan cómo es posible, en qué normas, acuerdos o teorías socioeducativas se ha fundamentado el Gobierno de La Rioja, para proponer la institucionalización, nuevamente, de personas menores no acompañadas y en tránsito, que con mucha frecuencia han sufrido situaciones de violencia y necesidades extremas, en un centro ubicado en un entorno lejos del casco urbano, en unas instalaciones de un Convento. “¿Qué ha motivado esta decisión que niega a estos niños, niñas y adolescentes las mismas posibilidades que al resto de personas menores a residir en pisos tutelados en nuestra ciudad?”.

Asimismo, rechazan la justificación del Gobierno. “No nos valen las explicaciones vacías de no saber el número exacto de personas menores que van a llegar porque este asunto lleva meses sobre la mesa”. Por lo que esperan que esta sea una “situación temporal y se revierta lo antes posible acogiendo a estas personas en pisos hogar y que ”esos fondos extraordinarios sea destinado en su totalidad a la acogida, protección, orientación y apoyo psicoeducativo y social de estas personas“.

Teresa de Jesús, la trabajadora del servicio de ayuda al hogar de O Porriño asesinada este martes, avisó a su empresa, Aralia Servicios Sociosanitarios S.A., que sufría acoso laboral en el domicilio en que la mataron. El último whatsapp que envío fue a las 9.23 y en él decía: “Renunció al servicio por acoso laboral. Os doy 15 días”. A las 9.30, el marido de la mujer a la que atendía la golpeó con un hacha en la cabeza. El diario Público ha accedido al informe de Aralia, redactado después del crimen y entregado a la Policía.

De Jesús habló con la empresa ya el lunes 28 de julio, el día anterior a ser asesinada. La hija de la usuaria había comunicado a la trabajadora social del Ayuntamiento de O Porriño -que subcontrata las labores a Aralia- malestar porque la trabajadora no realizaba algunas de las tareas asignadas. Esta respondió que el hombre “le exige mucha atención, lo que le dificulta el desempeño de su labor”. También mencionó las actitudes agresivas de la mujer a la que prestaba servicio. Al día siguiente, Teresa contactó de nuevo con la empresa a las 8.25 de la mañana. Les manifestó su decisión de abandonar el domicilio, siempre según el relato de Aralia.

El motivo fue una situación de acoso del marido de la usuaria. “Afirmó que no iba a permitirlo”, dice el informe de la compañía, que añade que De Jesús “no llegó a explicar con claridad lo sucedido”. Lo que sí expuso la trabajadora fue que el hombre era “cada vez más agresivo” y eso “dificultaba su labor diaria”. Aralia asegura que transmitió inmediatamente a la familia de la usuaria la situación. “No dieron mayor importancia a lo sucedido”, dice el informe. A las 8.34, Aralia lo notifica a los servicios sociales del Ayuntamiento. A las 8.58 reciben como respuesta las instrucciones municipales para tramitar el cese del servicio. Aun así, De Jesús fichó en el trabajo a las 9.01.

A las 9.23 es cuando la trabajadora escribe a la empresa y les explica que renuncia por acoso laboral y que les da 15 días. Aralia responde que “hay un procedimiento” y debe entregar la renuncia por escrito. Alrededor de las 9.30 fue asesinada.

La misma mañana del asesinato, Teresa de Jesús también se había puesto en contacto con su sindicato, la CIG, para comentarles la situación. La central reclama desde hace años mejoras en la seguridad de las trabajadoras del servicio de ayuda al hogar.

Un menor tutelado por la Diputación de Bizkaia ha sido detenido este jueves tras apuñalar a una educadora de la Red de Hogares de menores de Bizkaia en piso el piso en el que vivía en el barrio bilbaino de Txurdinaga. La agresión se ha producido esta madrugada y tras el ataque la mujer ha tenido que ser trasladada al hospital de Basurto donde sigue ingresada, según ha adelantado El Correo. Desde el Departamento de Seguridad confirman a este periódico que hay una persona detenida tras lo ocurrido, sin embargo, al tratarse de una información relacionada con menores no pueden aportar más datos. Lo mismo argumentan desde la Diputación de Bizkaia para no ofrecer más información.

Desde el comité de empresa del Instituto Foral de Asistencia Social (IFAS) de Bizkaia, el organismo autónomo encargado de gestionar los centros y servicios sociales adscritos a él, sostienen que esta agresión no es un hecho aislado. “Viene a poner en evidencia una realidad que venimos sufriendo desde hace tiempo: el perfil de los menores de nuestros hogares es cada vez más complejo y coincide con un dimensionamiento insuficiente de las plantillas, en especial, durante los turnos en los que una única trabajadora debe atender a varios menores sin el apoyo necesario”, denuncian en un comunicado.

En el escrito trasladan su total solidaridad y apoyo a la trabajadora e informan de que los sindicatos con representación en el IFAS, ELA, LAB, UGT y Satse están trabajando conjuntamente con la dirección para “garantizar la seguridad de toda la plantilla”. “La integridad física y psicológica de las personas trabajadoras y la puesta en marcha de medidas preventivas efectivas debe ser una prioridad innegociable”, defienden los trabajadores, que destacan las necesidades de la plantilla.

“Aspectos como la valoración adecuada de los perfiles destinatarios de estos recursos, la actualización de protocolos y las evaluaciones de riesgos laborales de estos recursos, la revisión y la actualización de los protocolos de prevención y de actuación ante situaciones de riesgo y que se dote a los hogares de los recursos materiales y humanos suficientes, no son negociables”, sostienen desde el comité de empresa que reiteran su exigencia de implementar “las medidas necesarias, no solo para prevenir agresiones, sino también para poder dar una atención digna, profesional y segura a los menores y responder adecuadamente a las necesidades que surgen día a día”.

Más de un centenar de trabajadores y trabajadoras se han concentrado este miércoles en Toledo a las puertas de la Consejería de Bienestar Social para exigir al Gobierno de Castilla-La Mancha un cambio en el modelo de gestión de los centros de reforma juvenil y de protección de menores.

Convocados por UGT, CCOO y por el Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha, han pedido más profesionales para la atención de estos niños y jóvenes, “acabar con la precarización del sector, seguridad laboral y un marco estatal que homogenice en España cómo debe prestarse este servicio”.

Reclaman un concierto social con condiciones laborales “dignas”

Continuando con las movilizaciones iniciadas hace dos semanas tras el suceso que se cobró la vida de una trabajadora en un centro de menores de Badajoz, sindicatos y colegio profesional han exigido a la Junta de Comunidades --“que es la que decide en qué condiciones se da este servicio”-- que haga posible un concierto social con condiciones laborales dignas y con recursos suficientes, instándole también a revisar la externalización de esta prestación.

Estrella Fernández, representante del sector Autonómico de UGT Servicios Públicos, ha asegurado que el sindicato ya ha solicitado al Gobierno central una reunión urgente para dotar a este sector de un marco básico estatal y es que “la protección y la reforma de niños y jóvenes son --como la educación y la sanidad-- un servicio público esencial, un derecho de la ciudadanía”.

Por su parte, Antonio Romero, responsable a nivel regional y estatal del Sector de Menores en la Federación de Enseñanza de CCOO, ha asegurado que “en Castilla-La Mancha se ha hecho un concierto social, no para mejorar el servicio, sino para precarizarlo”. Reclamaba mayor seguridad laboral y un número suficiente de profesionales para atender a los menores, “menores que vienen con unas mochilas y cargas que hacen necesaria una atención socio-educativa individualizada para poder reeducarlos y que sean ciudadanos de futuro”.

El concierto social de Castilla-La Mancha rompe con el modelo estipulado en el convenio a nivel nacional, donde se dice que la figura de referencia es el educador social y que toda la intervención socio-educativa tiene que estar supervisada por educadores

Francisco Peces — Presidente del Colegio Oficial de Educadores Sociales de Castilla-La Mancha

“Tenemos 17 modelos de gestión en España, cada una con un precio plaza distinto. Así, frente a los 122 euros que se destinan en Castilla-La Mancha, en Madrid esta cantidad asciende a 226 euros, lo que les permite tener más personal y garantizar la subida salarial prevista en convenio”.

En este mismo sentido ha opinado Francisco Peces, presidente del Colegio Oficial de la Educación Social de Castilla-La Mancha, quien ha señalado que el Gobierno regional ya ha anunciado que va a recurrir esta anulación, lo que supondrá dilatar aún más en el tiempo que la comunidad empiece a tener un modelo de calidad.

“El concierto social de Castilla-La Mancha rompe con el modelo estipulado en el convenio a nivel nacional, donde se dice que la figura de referencia es el educador social y que toda la intervención socio-educativa tiene que estar supervisada por educadores. En el concierto de Castilla-La Mancha se suprime la palabra educador/a social por profesionales de lo social, lo que nos coloca en una situación muy ambigua” y con la puerta abierta al intrusismo profesional, ha lamentado.

La familia de la educadora social asesinada en una vivienda de cumplimiento de medidas judiciales de Badajoz, hecho por el que fueron detenidos tres menores, ha pedido que “no haya juicios paralelos ni especulaciones que entorpezcan la labor de la Justicia”.

“Hay que dejar que los profesionales, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y las instituciones competentes hagan su trabajo con la serenidad y el rigor que este caso merece, pues sólo a través de la verdad y el debido proceso se logrará justicia”, señala en un comunicado el portavoz de la familia, el abogado Raúl Montaño.

En el escrito, afirma que la familia de Belén, “con un dolor inconmensurable, seguirá además adelante en su lucha” para que su pérdida “no sea una más en las estadísticas”, se ha expresado. También se traslada “el más profundo agradecimiento por la sensibilidad, el respeto y la cobertura brindadas a este caso, pues la difusión rigurosa y el apoyo recibido han sido fundamentales para que su historia no quede en el olvido y sirva como una llamada de atención para toda la sociedad”.

En el comunicado se precisa que “hoy no solo se habla en su nombre, sino en el de todas aquellas personas que, como ella, han sido víctimas de circunstancias que no deberían repetirse” y añade que “no se puede permitir que el dolor de su familia y allegados sea en vano, por lo que se debe transformar la indignación en acción, el luto en conciencia y la tragedia en prevención”.

Ahora “el mayor homenaje que se le puede rendir” es trabajar juntos para que ninguna otra familia tenga que atravesar “esta pesadilla”, labor que desde este momento solo corresponde a los tribunales de Justicia y al trabajo de los operadores jurídicos.

La familia agradece especialmente la labor de los profesionales de Cruz Roja que en la noche de los hechos dieron apoyo a la familia, de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía de la Comisaría de Badajoz y Mérida, del Instituto de Medicina Legal de Badajoz y de otras instituciones, “sin olvidar en ningún momento a los compañeros de Belén, por su apoyo, compromiso y humanidad” en este proceso.

“Su nombre seguirá vivo como un símbolo de lo que no debe volver a ocurrir, -se ha afirmado- que su memoria sea la semilla de un cambio real”. 

En este episodio queremos reflexionar en torno a los requisitos que la Administración demanda para la solicitud de ayudas públicas y que provocan que algunas no lleguen. Un ejemplo: el Ingreso Mínimo Vital. Esta semana debe quedar resuelto un problema que por un lado es puntual pero que también es grave en nuestro sistema político y administrativo. Resulta que esas familias no han recibido este mes el Ingreso Mínimo Vital. La Seguridad Social, por problemas de gestión, dicen, ha suspendido los pagos de manera cautelar. Estamos hablando de una ayuda para personas en situación de pobreza. Un mínimo para que puedan subsistir. 

Nos lo cuenta la periodista de elDiario.es especializada en información laboral, Laura Olías. Además, analizamos lo complicado que es pedir algunas ayudas en España con la trabajadora social Hontanares Arranz, que conoce el problema de primera mano. 

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Hace cosa de dos años y medio, en el verano de 2022, me permití escribir un artículo que fue compartido y difundido gracias al Colegio. El mismo llevaba por título “La protección social como certeza frente a la incertidumbre del virus” y en él escribí lo siguiente a razón de la pérdida de un ser querido:

“Hoy, a más de dos años de aquellos tristes hechos, aún hay varios momentos durante el día en que la emoción me supera y alzo mi mirada hacia el cielo, en un gesto discreto e íntimo. Pero ahora he logrado mutar ese dolor en ilusión y fortaleza. Antes, en la oscuridad de mi duelo, era el deseo venganza el que exigía justicia. Ahora es la serenidad resultante del paso del tiempo, la que aboga por una sociedad más benefactora y más justa con los menos fuertes.”

En aquel momento intenté hacer una defensa de la protección social y de la dignidad de las víctimas desde el cajero de un supermercado dado que buenamente me ganaba la vida con ello. (Paréntesis: nunca olvidemos la esencialidad del personal del supermercado, generalmente siempre y particularmente, durante la pandemia.)

En la actualidad, pasados casi 5 años de aquellos tristes hechos, el deseo de venganza sigue siendo inexistente y la serenidad se conserva íntegra y perenne. Además, gracias a una llamada telefónica que recibí mientras ordenaba y abastecía los estantes de dulces, me gano la vida feliz y dulcemente ejerciendo el trabajo social en mi tierra que no es otra que Castilla-La Mancha.

He tenido en más de dos años la oportunidad, fruto de los vaivenes de la interinidad, de observar y participar en realidades sociales tan dispares como el despoblamiento rural, la “masificación” demográfica fronteriza con la Comunidad de Madrid, pasando por los sinsabores del trabajo administrativo y la dicha de trabajar en una residencia de mayores. Toda esta modesta experiencia me ha hecho experimentar muchas sensaciones y provocado muchas reflexiones que terminan por desembocar todas ellas en la misma conclusión; la importancia de una profesión como el trabajo social. Somos verdaderos agentes de cambio en la vida de muchas personas. Podemos y debemos serlo, estableciendo como único límite el principio de autonomía de la gente. Por supuesto. Aquí no estamos para organizarle la vida a nadie porque esa no es nuestra función.

Creo sinceramente que son tiempos de esperanza para nuestra profesión y que debemos de enfrentar estos tiempos con una convencida defensa de la dignidad de la misma, haciéndonos valer ante quienes nos posiciona en roles y estructuras subalternas, exigiendo simple y llanamente respeto e igualdad. Nuestra mirada (observación) y nuestra mano (nuestra acción) son las que salvaguardan la dignidad de “pequeñas” personas frente a grandes estructuras de poder, cuando sus derechos sociales no son reales y efectivos.

La capacidad de defensa de nuestra identidad y nuestra profesión también incluye la colegiación y la máxima participación posible en los procesos de construcción, porque la unidad está demostrado que es garantía de éxito y la crítica por la crítica no es procedente si no se participa activamente. No tenemos derecho a pensar que de nada sirve si al menos no lo hemos intentado.

Después de ocho años desde mi graduación, siento que el trabajo social merece la pena. Adelante compañeras y compañeros.

Decía hace pocas semanas el CIS que el principal problema percibido por la ciudadanía española era la migración. Sin embargo, cuando se les preguntaba cómo les afectaba personalmente, dicha 'preocupación' bajaba muchos escalones en ese ranking. Sin duda, es la prueba más palpable de que el discurso de odio, lleno de bulos, consigue anidar en nuestra sociedad de forma peligrosa, sin que a veces sepamos cómo frenarlo. 

Los discursos falsos y xenófobos saben aprovechar las debilidades de nuestras sociedades para, como un cáncer metastásico, agarrarse a esas grietas y medrar. Aprovechan el desconocimiento entre vecinos para inocular la desconfianza y el enfrentamiento. Y es ahí donde el trabajo social comunitario tiene mucho que decir y puede actuar de forma eficaz. 

Soy trabajador social de una localidad rural de la Manchuela llamada Villamalea, donde un 27% de la población es de origen extranjero y donde conviven desde hace décadas unas 32 nacionalidades distintas. ¡Qué decir de la variedad de sensibilidades, puntos de vista y creencias! Una diversidad que es una riqueza, pero que, si no se cuida, puede convertirse en un riesgo. 

Una de las cosas que me llamaron la atención en las múltiples entrevistas diarias con la población de la localidad fue el desconocimiento entre algunas culturas, a pesar de convivir intensamente, a veces desde la guardería. Me sorprendió cómo dos mujeres musulmanas me comentaban que nunca habían visitado la iglesia del pueblo, a pesar de haber tenido ganas de hacerlo, pero verbalizaban que ¡les había dado miedo! 

Al mismo tiempo, muchos villamalenses ignoraban que en el pueblo había una mezquita y, mucho menos, qué se hacía allí. Es algo que me asombró y que trasladé a mi equipo de servicios sociales para comenzar a trabajar esta situación. 

Lo tuvimos fácil. Gracias al amplio conocimiento de la población acerca de nuestro trabajo diario, nos fue sencillo contactar con personas clave con las que trabajar algún tipo de actividad. Así lo hicimos con Javi Cano, el cura del pueblo, y con el imán Abderramán Louizi y su hija Zakiya, quienes desde la primera reunión conectaron en lo personal y con la idea propuesta. Se unieron a prepararla con mucho entusiasmo. 

¿Qué idea? Pues juntos acordamos preparar unas jornadas de puertas abiertas de la iglesia y la mezquita, para explicar de forma amena qué se hacía en cada uno de estos espacios que representan a las dos religiones más mayoritarias en la localidad. 

Lo anunciamos por redes, con el boca a boca y con carteles, cruzando los dedos. ¿Tendríamos respuesta? 

Llegado el día 23 de noviembre, unas 80 personas se agruparon en el sitio de quedada: la fuente de la plaza. Eran vecinos y vecinas de Villamalea: católicos, musulmanes, ortodoxos, ateos. Pasamos a la iglesia, donde Javi, el cura, acompañado de Zakiya, una joven villamalense musulmana con su hiyab, lo flanqueaba en el altar. Era curioso ver cómo se mezclaban en los bancos vecinos de toda la vida que nunca se habían encontrado en un espacio como este. Javi realizó un resumen de las cosas que se ven en la iglesia y las razones litúrgicas de las mismas. Mujeres musulmanas levantaban la mano para resolver dudas. 

Desde allí, en una especie de procesión multicolor, nos dirigimos a la mezquita. Algunos vecinos veían por primera vez dónde se encontraba. Todo el mundo se descalzó, pasó y se sentó, bien en la alfombra o en las sillas del fondo. 

De nuevo, Zakiya, con Javi el cura al lado, realizó una explicación sobre el islam, los elementos de la mezquita y sus razones. Esta vez fueron las personas ajenas al islam las que preguntaron, y mucho. No solo Zakiya respondía: parte de la comunidad musulmana presente —marroquíes, argelinos, senegaleses, guineanos, pakistaníes— complementó las respuestas. 

Cuando ya estábamos finalizando, Abderramán, el imán, indicó que era la hora del rezo e invitó a las personas presentes a presenciarlo. La gente lo hizo en un respetuoso silencio. 

El buen rollo imperaba entre toda la gente que había participado en la actividad, y como ejemplo me quedo con las palabras de Quiteria, que durante décadas fue la bibliotecaria de Villamalea. Emocionada, se dirigió a todos los presentes y espetó: “Con las cosas que tenemos en común, ¿por qué a nivel mundial nos hemos enfrentado tanto?”. 

Este era precisamente el objetivo principal de esta actividad de trabajo social comunitario: conocernos. ¡Qué gran antídoto! ¡Qué gran arma contra el odio! 

Esta es una de las grandes tareas que hemos de realizar desde el trabajo social: propiciar espacios y sinergias para que, desde la diversidad y el respeto mutuo, las distintas comunidades que comparten espacios físicos se conozcan y se reconozcan. De esta manera, mediante la palabra, la pregunta y la resolución de dudas sin intermediarios, los vecinos de nuestros pueblos y barrios descubran que la diversidad de nuestra sociedad actual no es un “basurero multicultural”, como alguna gente extremista lo llama, sino un espacio de riqueza y aprendizaje que hay que potenciar. Así podremos buscar objetivos comunes que beneficien a todos y todas. Objetivos que desprenden un poderoso antídoto contra los bulos, el odio, la xenofobia y el racismo. 

A modo de epílogo de este relato, creo que no podemos quedarnos en una mera actividad. Hemos prendido la mecha y ahora hay que aprovechar esta ola para que surjan iniciativas desde la propia comunidad que alimenten estos espacios de encuentro. Sirven muchas cosas: el cineclub, los clubes de lectura, las fiestas, las actividades deportivas, musicales y, como en este caso, la religiosidad. 

¡No tengamos miedo! El trabajo social comunitario vale la pena. 

El XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia arroja que Andalucía lidera el ranking de las comunidades con sus listas de espera en dependencia más saturadas solo por debajo de Canarias. Pese al supuesto aumento presupuestario en dependencia, el documento aclara que en España hay una tendencia al cuidado social low cost. Las cifras hablan de casi 9.000 dependientes, de los cuales un 13% muere al año sin ser valorados, y un 11% que, pese a estar reconocida su dependencia, nunca llegó a percibir ayuda.

Junto a estas sangrantes cifras, la profesión sociosanitaria también se resiente.

Pero empecemos por el principio. Para reconocer a una persona como dependiente debe elaborarse un PIA o programa individual de atención. Un documento burocrático que acumula datos físicos, psíquicos, médicos, económicos y sociales, entre otros. Los profesionales de servicios sociales encargados de la valoración usarán varias escalas de dependencia para valorar la movilidad, comorbilidad, vida cotidiana, vida social, higiene personal, ir al lavabo, desplazamientos, comer, vestirse, control de esfínteres, etc.

En Andalucía, su elaboración se realiza en conjunto con la ayuda de los familiares y el equipo de valoración domiciliaria, aportando informes de enfermeros, médicos de cabecera, psicólogos, etc. A partir de conocer el grado de dependencia se valorarán las prestaciones necesarias para cubrir las actividades básicas de la vida diaria (ABVD) del dependiente.

Deducimos, por tanto, que el PIA es un documento sensible, ya que es un historial de vida identitario, biológico y psicológico por el contenido íntimo de datos donde se indican características como: alojamiento, aficiones, estilos de vida, datos económicos, creencias religiosas, origen étnico, vida sexual, orientación, discapacidades físicas e intelectuales, datos sobre violencia de género, etc; y esto lo convierte en un documento de mucha utilidad para los profesionales que se sucederán después con el cometido de dignificar la vida de la persona. Es por ello que a un documento como el PIA no puede acceder cualquiera, quedando respaldado por la ley de protección de datos salvo, y como es lógico, por todos aquellos profesionales y órganos que actuarán con el dependiente, protegiendo está información por igual.

Eso incluye servicios sociales, IMSERSO, las entidades sanitarias de las comunidades autónomas en materia de dependencia y los cuerpos de seguridad del estado, así como autoridades judiciales, todo ello recogido en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.

Recuerdo a un compañero comentar que un dependiente etiquetado en salud mental le puso un cuchillo en el cuello y que se zafó como pudo, dejándole una experiencia traumática de por vida. No le habían avisado de nada y solo sabía que debía ir a un domicilio un determinado tiempo

Sabiendo esto, resulta sensato pensar que todo aquel profesional al cuidado de personas dependientes en domicilio, los sociosanitarios, accedan a través de un fichero o se les informe de parte de este documento respetando la privacidad en secciones convenientes, tomando solo la información pertinente (características psíquicas, sociales o físicas) que informe de lo que pueden estrictamente encontrar en el domicilio y afecte al protocolo de actuación, dignificación, seguridad y profesionalidad diaria.

Veamos un breve ejemplo sobre qué debería percibir del PIA a grandes rasgos un sociosanitario a domicilio sobre un dependiente:

Fulano, de 75 años de edad, vive solo en la calle de la Piruleta en Villanueva. No tiene hijos ni personas a su cargo. Síndrome de Diógenes. Acumula ropa y libros en cada habitación de su casa. Medicado. Tiene obsesión por reciclar. Va a casa de su hermano a comer cada día y le gusta charlar con quien va a verle. Conversación densa. Camina ocasionalmente hasta la plaza bajo su casa. Es amable y respetuoso. Movilidad completa. Higiene completa. Necesita acompañamiento psicológico, escucha activa y seguimiento de sus actividades.

Esto debería ser así siempre. Sin embargo, la realidad es bien diferente. Si en Andalucía a un 13% de los casos dependientes fallecidos al año nunca se les llega a elaborar su PIA, en algunas empresas público-privadas el personal sociosanitario a domicilio no tiene acceso o no se le posibilita tener información del PIA de los dependientes a tratar, facilitando solo el domicilio y el tiempo estimado, sin más información.

Para el profesional sociosanitario, realizar protocolos de actuación, dignificación y seguimiento de esta forma se vuelve complicado y peligroso, dando pie a situaciones frustrantes basadas en el desconocimiento de trastornos mentales, hábitos tóxicos, vicios, influencia sociocultural, que exponen al usuario y al profesional y que degradan la profesión.

Imaginemos un caso de dependencia de salud mental. Desde la coordinación de empresa te anuncian que irás con un compañero al domicilio, pero no te comentan nada de la situación mental del usuario. Si el servicio etiquetado en salud mental necesita que acudan dos profesionales será por algo. No te han dicho nada referente a lo que encontrarás. ¿Cómo se comportará? ¿Cómo deberemos actuar? ¿Qué tendrá? ¿Esquizofrenia, trastorno psicótico, trastorno límite disociativo, derivado de estupefacientes?

Con estas condiciones el sociosanitario entra en casa ajena sin saber a qué debe atenerse. Saber el diagnóstico del dependiente evitará muchos problemas y servirá para realizar un protocolo de actuación, por lo que, si desde coordinación no te cuentan nada de la afección del usuario, el cálculo se hace solo: Caso de salud mental + 2 profesionales - desconocimiento del PIA= existe riesgo de amenaza y vulneración física o psicológica.

Recuerdo a un compañero comentar que un dependiente etiquetado en salud mental le puso un cuchillo en el cuello y que se zafó como pudo, dejándole una experiencia traumática de por vida. No le habían avisado de nada y solo sabía que debía ir a un domicilio un determinado tiempo. No conocer a dónde vamos es un riesgo, como llevar la cerilla encendida al bidón de gasolina. De hecho, sin PIA resulta fácil mitificar, criminalizar o desvirtualizar algunos trastornos mentales y situaciones.

Resulta indignante que algunas empresas de ayuda a domicilio en Andalucía y regiones de España pongan en riesgo a sus trabajadores de esta manera y, si exiges información, te digan que la ley de protección de datos les impide suministrar datos, cuando claramente no es así

Resulta indignante que algunas empresas de ayuda a domicilio en Andalucía y regiones de España pongan en riesgo a sus trabajadores de esta manera y, si exiges información, te digan que la ley de protección de datos les impide suministrar datos, cuando claramente no es así. La ley de protección de datos acaba cuando empieza lo público, incluso si es gestionado de forma privada. En comparación con los sociosanitarios en instituciones, estos gozan del feedback y seguimiento en conjunto de un equipo interdisciplinar (enfermeros, psicólogos, osteópatas, terapistas ocupacionales, etc) que no deja aislado ningún cambio y se complementan entre sí.

Si la cobertura de los dependientes se resiente visceralmente cada año, la profesión sociosanitaria se duele por igual cuando no puede acceder al PIA, cuando no dispone de ayuda en orientación laboral para combatir contratos abusivos o violaciones de convenio colectivo, como la disponibilidad horaria no remunerada, o cuando hay falta de ayuda psicológica necesaria para gestionar la emocionalidad de los servicios. Por no hablar de los sueldos deplorables o la cantidad de intrusismos laborales que desempeñan sin su consentimiento ni competencia y que por causas humanas surgen, como por ejemplo acompañamientos funerarios, que se cobran a 60€/h en un psicólogo, y que tras el fallecimiento de un usuario el sociosanitario debe sostener. Masajes cuando no somos masajistas, enfoques emocionales sin ser psicoterapeutas, y ni hablar del tema limpieza cuando no somos limpiadores per se. No me extraña que nos llamen “limpiaculos”, “chachas” o “paseaviejos”, pues todas estas deplorables condiciones favorecen a la invisibilización de esta profesión.

El cuidado social low cost mata nuestra sociedad rápida y silenciosamente.

Justo un año ha pasado desde que Hortensia Valdés sufrió un ictus. Salió el trabajo y sintió una presión “muy grande” en la cabeza. Cogió el coche y se fue a casa de su hermano. “Ni siquiera sabía que existía un código ictus”, comenta en una entrevista a través del teléfono. No supo explicar a los servicios del 112 qué le estaba pasando y tuvo que pedir ayuda a una conocida para llegar en ambulancia al servicio de Urgencias del Hospital Universitario de la capital. La operaron esa misma noche del derrame cerebral que estaba sufriendo. “Al haber actuado tan deprisa no tengo ninguna parálisis, he perdido algo de fuerza en el lado izquierdo”, explica.

En todo este año, Hortensia ha realizado muchos trámites. Mucho papeleo. Pero lo que todavía no ha podido formalizar ha sido la solicitud de un grado de discapacidad que le correspondería por las secuelas que ha sufrido tras su episodio cerebrovascular. ¿Por qué? “Porque nadie me lo ha dicho”. “Lo primero es que las empresas deberían saber qué hacer en casos como el mío, cómo activar los códigos ictus, y así salvar muchas vidas”, lamenta.

Tras haber sido operada en la misma noche en que se le detectó el derrame cerebral, recibió el alta unas semanas después. “Pero la verdad, nadie me informó de nada”, recalca. El trabajador social del hospital se puso en contacto con ella, pero para ir a una residencia. En la rehabilitación que recibió, le comunicaron que debía preguntar por el centro especializado en Guadalajara, el único de su tipo en Castilla-La Mancha.

Confusión entre discapacidad e incapacidad

Nadie le habló de cómo pedir el grado en discapacidad. “Hasta que no te dan el alta hospitalaria, no se puede empezar la solicitud al centro”, explica. Además, Hortensia temía que al pedir el grado en discapacidad, realmente se acabase tramitando la incapacidad. Todo parte de un desconocimiento que los profesionales no ayudaron, en su caso, a mejorar.

Cristina Gómez, presidenta del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha, explica que la situación es más habitual de lo deseable. “Es algo tremendo. Estás en el hospital, te envían a la unidad especializada de Guadalajara y mientras tanto, nadie te informa. No solo los trabajadores sociales, sino tampoco en el centro base, que es la atención primera de servicios sociales”, resalta.

Gómez recuerda su propio caso, ya que su hijo tiene autismo. “Cuando me derivaron para el diagnóstico de mi hijo, nadie me dijo que teníamos derecho a pedir una ayuda por discapacidad. Debería ser automático una vez existe un diagnóstico de este tipo. Pero es que ni siquiera te orientan en este sentido”, recalca.

La presidenta del CERMI explica que la confusión entre discapacidad e incapacidad, a la que hace referencia Hortensia, es normal. “Ella quiere seguir trabajando y tiene miedo de que esto se vea afectado. Pero la realidad es que ahora tiene una discapacidad y debería ser reconocida, porque esto beneficia a todos, también a la empresa. Es más, es que tenía miedo de que le perjudicase a la hora de volver a trabajar, y todo lo contrario”, explica Gómez.

Esto tiene un sobrecoste para toda la familia.

Cristina Gómez — Presidenta del CERMI Castilla-La Mancha

Discapacidad sobrevenida

El caso de Hortensia, además, supone una discapacidad sobrevenida. Es decir, que llega de un momento para otro. “Esto tiene un sobrecoste para toda la familia. Es que imagínate que no reconocen el grado, o que tienes que esperar. Necesitas ayudas, adaptaciones de tu casa, por no hablar de qué puede pasar más adelante con las dolencias de la persona. Para eso, es necesario el grado de discapacidad”, resalta Gómez.

Hortensia trabaja en el parque temático Puy de Fou en Toledo desde hace ya años. “Conmigo se han portado fenomenal”, explica. Y por eso quiere volver a trabajar, pero tiene una serie de carencias físicas, sobre todo relacionadas con la visión y el equilibrio, que requieren más tratamiento. “Salí el 16 de octubre [del centro especializado en Guadalajara] con informes que decían que debía seguir con rehabilitación, pero nadie se ha hecho cargo”, describe.

Meses después, ha podido firmar una solicitud para acudir al centro de daños neurológicos de Madrid, porque puede ser un ingreso ambulatorio y volver a su casa después de comer. Pero esta solicitud la firmó en enero de 2024, prácticamente un año después de su accidente.

“Ha tenido que pasar un año para que yo me aclare en el proceso, porque nadie te explica nada. Y existe un tiempo por ley para solicitar el grado de discapacidad. Además de lo que tienes que esperar para recibirlo. He conocido gente que ha esperado un año, otros 18 meses, desde marzo hasta enero, en fin, no se cumplen los plazos”, lamenta.

Ayudas que se necesitan para ya

Hortensia reflexiona que ella, “gracias a Dios”, no tiene problemas de ingresos y ha podido hacer frente a rehabilitación y otros gastos que ha tenido tras su accidente. “Pero tengo que cambiar la bañera por el plato de la ducha, y esas ayudas para este tipo de obras las necesito para ya. No puedo esperar realmente dos años. ¿Qué pasa mientras tanto? Es el problema que tenemos aquí”, lamenta.

“Todo se resume, explica, en ”pagar, pagar, pagar, pagar“, lamenta para advertir que ”hay gente que no puede, ¿y qué pasa entonces con ellos? Estamos en asociaciones, pero nos toca pagar. Aunque sea poco, tenemos que pagar. ¿Qué haces si no puedes?“, reflexiona.

Cristina Gómez, del CERMI, afirma que a estas ayudas solo se puede acceder si la persona tiene reconocido el grado de discapacidad. Y para eso pueden transcurrir años. Solo para que la burocracia avance y las personas reciban la confirmación oficial por parte de la Administración pública. “Pueden pasar años para que vuelvas a tener calidad de vida y si tienes recursos económicos lo vas solventando. Pero, ¿y si no? Esto es algo que puede pasar a cualquier persona, también a los niños pequeños”, resalta.

“Esta es la única puerta de entrada que tienen las personas con discapacidad para ver garantizados sus derechos”, afirma. Desde el Comité resaltan que el problema no es solo inherente a Castilla-La Mancha, sino que todas las comunidades autónomas están “fatal”, con tiempos de espera de más de un año para dar el reconocimiento del grado a quien lo pide.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla La Mancha, como cada año, ha convocado los Premios de Fotografía Social con el objetivo de visibilizar la profesión y sensibilizar a la población sobre las problemáticas globales que son objeto de la intervención profesional del trabajo social. Tras la valoración de las fotografías presentadas, por parte del jurado, se ha resuelto conceder el premio a la mejor fotografía a 'El grito que pide auxilio en silencio', de la trabajadora social, Lucía García-Casarrubios.

La fotografía en la descripción de autora pretende “concienciar sobre un tema que siempre ha sido tabú y hoy en día, por fin, se está estudiando más en profundidad e interviniendo en él para conseguir llevar a cabo una prevención íntegra. Desde el Colegio recuerdan que en 2022, 4.097 personas murieron en España por suicidio y los datos indican que este se mantuvo como primera causa de muerte externa. ”Por desgracia, las cifras van aumentando según pasa el tiempo, por lo que a día de hoy, ya se han activado unos protocolos de intervención más efectivos y se están creando redes de apoyo para prevenir estas conductas en personas que se plantean o se han planteado alguna vez quitarse la vida“.

Por eso, señalan que es “de vital importancia” destacar la labor que hacen los equipos de intervención en estos casos, en los cuales también estamos involucrados trabajadores/as sociales. De este modo, los expertos piden “no olvidar y seguir creciendo y mejorando estos servicios”. “La persona que se suicida no quiere poner fin a su vida, sino a su dolor”, recuerdan. “Hablar de suicidio no mata, lo que mata es ignorarlo”, concluyen al respecto.

Por otra parte, en la categoría de mejor colección fotográfica con el título 'Tejiendo emociones', dotado con 300 euros, a la trabajadora social, Lorena Sánchez González. En palabras de su autora, “'Tejiendo emociones', es una actividad que se lleva a cabo en los servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento de Toledo. Tejer es un arte, requiere concentración y atención. Cuando tejemos se practica de forma innata una especie de meditación donde se practica el ”aquí y ahora“, un mantra necesario para canalizar y sentir las emociones”. 

“'Tejiendo Emociones' forma parte del proyecto 'Nos construimos, desde el interior al exterior'. Este proyecto pretende construir espacios emocionales seguros donde abordar las emociones que han desencadenado las situaciones de vulnerabilidad de las personas que participan en él. Espacios donde poder identificarlas y aprender a manejarlas para tomar conciencia de ellas a través del arte y la cultura”, señala Sánchez González. La profesional añade que “hemos detectado que la invisibilización de las emociones influye positiva o negativamente en los procesos de intervención. Las emociones son un aspecto de gran importancia para la adaptación de los seres humanos; sentirlas, identificarlas y gestionarlas nos ayuda a desarrollarnos como personas”.

Los Premios de Fotografía Social de Castilla- La Mancha, están patrocinados por Globalcaja y cuentan con la colaboración de elDiario.es Castilla-La Mancha, Amnistía Internacional Castilla-La Mancha, EAPN - Red de Lucha Contra la Pobreza Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete y Aguas de Albacete.

En su séptima edición han participado 5 profesionales del Trabajo Social de la región, presentando un total de 11 fotografías que muestran diferentes ámbitos de intervención del trabajo social. La entrega de los premios tendrá lugar el próximo 2 de diciembre en Albacete, en el Centro de Interpretación del Agua.

Durante la celebración de este acto se llevará a cabo una conferencia a cargo de Judith Prat, fotógrafa y documentalista, Licenciada en Derecho y especializada en Derechos Humanos.

El Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla La Mancha, como cada año, ha hecho entrega en Albacete de los VII Premios de Fotografía Social, que convoca anualmente con el objetivo de visibilizar la profesión y sensibilizar a la población sobre las problemáticas globales que son objeto de la intervención profesional del trabajo social. El evento para la entrega de estos galardones, en los que elDiarioclm.es participa como jurado, ha tenido lugar esta tarde en el Centro de Interpretación del Agua de Albacete.

Durante la celebración de este acto se ha llevado cabo una conferencia a cargo de Judith Prat, fotógrafa y documentalista, Licenciada en Derecho y especializada en Derechos Humanos.

El Premio a la Mejor Fotografía se ha concedido a la trabajadora social Lucía García-Casarrubios Sánchez por la imagen titulada “El grito que pide auxilio en silencio”, dotado con 200 euros. La fotografía pretende concienciar sobre un tema que siempre ha sido tabú, como el suicidio, y que hoy en día se está estudiando más en profundidad e interviniendo para conseguir llevar a cabo una prevención íntegra.

En el año 2022, un total de 4.097 personas murieron en España por suicidio y los datos indican que este se mantuvo como primera causa de muerte externa. Por desgracia, las cifras van aumentando según pasa el tiempo, por lo que a día de hoy, ya se han activado unos protocolos de intervención más efectivos y se están creando redes de apoyo para prevenir estas conductas en personas que se plantean o se han planteado alguna vez quitarse la vida.

Según el Colegio de Trabajo Social, es de vital importancia destacar la labor que hacen los equipos de intervención en estos casos, en los cuales también estamos involucrados trabajadores/as sociales.

“Los expertos piden no olvidar y seguir creciendo y mejorando estos servicios pues estudios apuntan que una de cada cinco personas que intentan suicidarse y no lo consigue, volverá a intentarlo, por lo que urgen medidas para mitigar este problema y actualmente, seguimos trabajando en ello. La persona que se suicida no quiere poner fin a su vida, sino a su dolor”.

Y, en segundo lugar, el Premio a la Mejor Colección Fotográfica, con el título “Tejiendo emociones” y dotado con 300 euros, es para la trabajadora social Lorena Sánchez González. En palabras de su autora, refleja es una actividad que se lleva a cabo en los servicios sociales de atención primaria del Ayuntamiento de Toledo.

“Tejer es un arte, requiere concentración y atención. Cuando tejemos se practica de forma innata una especie de meditación donde se practica el aquí y ahora, un mantra necesario para canalizar y sentir las emociones”, explica.

“Tejiendo Emociones” forma parte del proyecto “Nos construimos desde el interior al exterior”, que pretende construir “espacios emocionales seguros” donde abordar las emociones que han desencadenado las situaciones de vulnerabilidad de las personas que participan. Son espacios donde poder identificarlas y aprender a manejarlas para tomar conciencia de ellas a través del arte y la cultura.

Los Premios de Fotografía Social de Castilla- La Mancha están patrocinados por Globalcaja y cuentan con la colaboración de elDiarioclm.es, Amnistía Internacional de Castilla-La Mancha, la Red de Lucha Contra la Pobreza (EAPN) de Castilla-La Mancha, el Ayuntamiento de Albacete y Aguas de Albacete.

Mari G.C. es una asturiana, de 57 años, que ha pasado “de estar en el infierno a tocar el cielo”. Atrás ha dejado los días en que su única aspiración era permanecer junto a su pareja bebiendo cervezas, tomando pastillas y fumando porros.

Su autoestima ha empezado a subir desde que hace un año comprobó que era capaz de autogestionar su vida y mantener en buenas condiciones una vivienda compartida en régimen de alquiler de Viviendas del Principado de Asturias (VIPASA) gracias al programa Derechos a la Vivienda que desarrollan Hogar Sí y Provivienda.

Abdoul Karim Barry es un guineano, de 32 años, afincado en Asturias. Su sueño es apuntarse a un curso para obtener el carné de conducir y trabajar como repartidor, aunque asegura que, para cumplirlo, necesita tener dinero y para ello necesita tener un trabajo.

Mari y Abdoul coincidieron en un albergue, adonde ambos acudían por las noches para dormir y han relatado a eldiario.es Asturias su experiencia, sus inquietudes y, sobre todo, el giro que ha dado en su vida desde que entraron en este proyecto.

El programa está financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de los fondos Next Generation y el Plan de Recuperación y cuenta con el apoyo de 12 administraciones públicas, entre las que se encuentran el Principado de Asturias y los ayuntamientos de Gijón y Avilés.

Mari: “Me toca la lotería y no me hace tanta ilusión”

Mari no tenía objetivos en la vida hasta hace un año. Sin trabajo, ni oficio alguno, se limitaba a pasar las horas junto a su pareja sentimental, con la que estuvo 18 años, entre sorbos de cervezas y porros. Ahora dice con orgullo que sólo fuma tabaco y ya no prueba el alcohol: “Sólo bebo leche, Coca-Cola, café y flashes”, detalla.

Su vida cambió radicalmente el año pasado cuando, estando en el albergue, conoció a Carolina Lombardía, la coordinadora del proyecto, y a las técnicas de Vivienda y Socioeducativa, Noelia Ruiz y Lydia Fernández-Guerra, respectivamente, que le expusieron el proyecto y ella empezó a acudir a todas las reuniones para ver si “le tocaba” una vivienda compartida.

La primera vez no tuvo suerte, pero finalmente logró optar a una de las viviendas compartidas en Gijón. El siguiente paso fue escoger a un compañero de piso, aunque explica que la experiencia con él no salió bien.

“Entramos en la vivienda en el mes de abril, empezamos a pagar en mayo y mi compañero de piso se fue en junio. No me devolvió las llaves y encima dejó un mes sin pagar. Desde entonces no volví a saber nada más de él”, explica.

No obstante, se muestra muy satisfecha de sí misma y está exultante al ver que es capaz de mantener por sí misma la vivienda, limpiar, cocinar y pagar la renta.

Dejar atrás su vida anterior ha sido muy gratificante porque además de su autonomía ha ganado en autoestima.

“Cuando las técnicas Noelia y Lydia me dijeron que ya podía optar a una de las viviendas de Vipasa yo no daba crédito. Ahora tengo una casa que está limpia y la renta está pagada. ¿Qué más puedo pedir? Me toca un cupón y no me hace tanta ilusión, aunque supongo que algo ayudará”, reconoce entre risas.

Ahora, cuando estoy tumbada en la cama y miro por la ventana cómo llueve, pienso que soy muy afortunada por tener una vivienda compartida

Mari G.C. — Asturiana, de 57 años. Hace un año vivía en la calle y dormía en un albergue

Su aspiración es seguir en la vivienda de dos habitaciones que tiene registrada a su nombre como inquilina de pleno derecho, renovar el contrato anualmente y realizar algunas mejoras, como pintar las paredes y cambiar el sofá.

Los días y noches lluviosos, ventosos y fríos son los que la llevan a sentir que es una mujer “con mucha suerte”, incide, porque le recuerdan que hace apenas un año estaba en la calle.

“Ahora, cuando estoy tumbada en la cama y miro por la ventana y veo cómo llueve, pienso que soy muy afortunada por tener una vivienda compartida. He pasado de estar en el infierno a tocar el cielo”, expresa emocionada y agradecida de haber dejado atrás una etapa difícil en que para sobrevivir tenía que alojarse en el albergue o pedir ayuda en la Cocina Económica.

Abdoul: “Este proyecto me ha salvado la vida”

Abdoul Karim Barry, de 32 años, no se olvida del 18 de noviembre 2019 porque fue el día que abandonó su Guinea natal. Su primer destino fue Francia, donde pidió asilo, pero se lo denegaron. Antes de recalar en Asturias vivió en Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León.

Su idea inicial era asentarse en Galicia, concretamente en Vigo, pero antes de trasladarse hasta la comunidad autónoma vecina llegó a Gijón y su vida cambió. En la villa de Jovellanos conoció a un senegalés con el que comparte su nombre de pila y le aconsejó que se quedara en Asturias porque, según le contó, en el Principado podía tener más oportunidades para salir adelante y prosperar.

“Conocí a Mari en el albergue. Ella estaba siempre limpiando. Yo no quería hablar con la gente. Siempre me aislaba, porque quería observar”, rememora.

Él también vive ahora en una vivienda compartida y el proyecto ha sido para él una tabla de salvación: “Yo dormía en la calle. Me gusta mi libertad y por eso no me gustaba estar en el albergue ni para dormir. Yo observaba mucho y me he dicho a mí mismo: 'Abdoul tú no puedes estar aquí'. Estaba como perdido. Ya no sabía adonde iba a ir”.

Conocer el proyecto y la ayuda del técnico socioeducativo Pablo García-Marcos han sido fundamentales para su nueva situación vital. Actualmente vive en una vivienda compartida en Avilés junto a un compañero.

“La casa está muy limpia, pero mi compañero no me deja llevar a gente a la casa”, lamenta.

Me gusta ayudar a la gente a la que conocí, en momentos de sufrimiento, por vivir en la calle. Hace poco, una mujer a la que conocí en el albergue me pidió 10 euros. Le di mis últimos 50 euros, no me devolvió el cambio y no volví a verla

Abdoul Karim Barry — Guineano, de 32 años. Del albergue ha pasado a una vivienda compartida

Abdoul se define como una persona a la que le gusta ayudar a la gente. Sin embargo, su confianza en el ser humano le ha jugado malas pasadas. Cuenta que está muy decepcionado porque él siempre que ha podido, aunque haya tenido poco, siempre lo ha compartido con personas a las que ha conocido en “momentos de sufrimiento” por vivir en la calle.

Relata una mala experiencia reciente que tuvo con una chica a la que conoció en el albergue por ser “demasiado confiado” y tener “un corazón bueno”.

“Estoy muy decepcionado con Sandra. La conocí en el albergue. Un día me dijo que necesitaba diez euros y yo tenía mis últimos 50 euros. Se los dí y le dije que me trajera el cambio, pero se llevó todo mi dinero. Me ha jodido. Nunca volví a verla y me quedé sin mi dinero”, relata.

Abdoul opina que su principal fortaleza es aconsejar a otras personas que estén en una situación similar a la suya.

“Quiero ayudar a la gente. A mí me gusta que me den consejos y dar consejos. El consejo para mí es muy importante porque puedes escuchar y coger lo bueno y dejar lo malo de lo que te aconsejen”, expone.

Un programa que potencia la autonomía personal

El programa Derechos a la vivienda propicia el cambio hacia un modelo donde la vivienda es el elemento prioritario en el proceso de inclusión de las personas en riesgo o situación de exclusión social, a través del apoyo de un equipo formado por una coordinadora, un técnico socioeducativo y un técnico de Vivienda que diseñan un itinerario individualizado basado en las preferencias y necesidades concretas de cada persona y con las que realizan una labor de acompañamiento.

Este proyecto busca transformar las políticas públicas de atención a las personas sin hogar a través del impulso de cambios en el sistema de respuesta tradicional al problema del sinhogarismo para pasar de la atención en grandes centros y albergues a la atención en viviendas en comunidad.

Está alineado con la Estrategia de Desinstitucionalización para una Buena Vida en Comunidad, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que refuerza la necesidad de transformar el sistema de cuidados y atención asistencial, en este caso para las personas en situación de sinhogarismo, ofreciendo unos cuidados más respetuosos con la autonomía de las personas.

Basado en el método 'Housing First', se les proporciona viviendas asequibles y permanentes, ofreciéndoles apoyo social y de salud de carácter intensivo. Además, según explican sus responsables en Asturias, se antepone y enfatiza la importancia de la elección de la persona como un elemento central de intervención.

Hogar Sí y Provivienda llevan desarrollando esta metodología desde 2017 y los resultados que arroja muestran su eficacia, ya que según sus cálculos el 96,06% de las personas mantienen su vivienda o alojamiento autónomo 18 meses después.

Disminuyen la ansiedad y depresión

Las personas que cuentan con una vivienda señalan que el padecimiento de dolor, la soledad, la ansiedad y la depresión han disminuido claramente y se sienten más protegidas frente a situaciones discriminatorias y situaciones de victimización.

La evaluación demuestra que estas soluciones tienen un coste por plaza similar al de los albergues o alojamientos colectivos, pero ofrecen prestaciones muy superiores para las personas usuarias en cuanto a estabilidad y calidad del alojamiento y asistencia personalizada.

La coordinadora Carolina Lombardía, la técnica de Vivienda Noelia Ruiz y los técnicos socioeducativos Lydia Fernández-Guerra y Pablo García-Marcos apoyan permanentemente a las personas, a las que denominan como clientes, en sus planes y perspectivas para llegar a alcanzar la meta de vivir en una vivienda compartida de forma autónoma.

No buscamos cuentos de hadas, porque sabemos que no existen, pero queremos que cada persona pueda vivir de una manera digna y manteniendo su capacidad de decisión y autonomía

Carolina Lombardía, Noelia Ruiz, Lydia Fernández-Guerra y Pablo García-Marcos — Coordinadora y técnicos del programa en Asturias

“No buscamos cuentos de hadas, porque sabemos que no existen, pero queremos que cada persona pueda vivir de una manera digna y manteniendo su capacidad de decisión y autonomía”, señalan.

Ellos realizan una labor de acompañamiento, ofreciendo la información necesaria para que conozcan los trámites que tienen que realizar, así como sus obligaciones y derechos.

Al inicio del programa, realizan un formulario con preguntas generales de todo tipo para conocer sus posicionamientos respecto a temas como, por ejemplo, salud, empleo, familia, qué tipo de trámites o prestaciones precisan y, a partir de sus respuestas, ya se entra en la parte más técnica del trabajo donde se analizan sus necesidades de cara a ver qué tipo de acompañamiento necesitan desde realizar un tramite o conocer cómo deben solicitar una cita por internet.

“Nosotros no somos sus asistentes personales. Si necesitan un apoyo, nos ajustamos a sus necesidades para que aprendan a hacer todo lo que necesiten por ellos mismos. La idea es que conozcan adonde tienen que ir, qué quieren solicitar y de esta forma a la segunda o tercera vez ya no van a necesitar nuestra ayuda porque habrán aprendido a gestionarlo ellos”, argumentan.

Se trata de que los clientes consigan las habilidades suficientes para que si vuelven a enfrentarse a una situación similar sepan gestionarse por sí mismas y conozcan los recursos de los que disponen.

“La situación de sinhogarismo debe ser transitoria” quienes prioricen, independientemente de cuál sea nuestro criterio. Ellas son las que eligen porque nadie sabe de la vida de cada uno mejor que uno mismo. Si sale bien, genial y si sale mal habrán adquirido un aprendizaje, porque todo se basa en la autonomía personal“, subrayan.

Con este programa intentan que la situación de sinhogarismo sea transitoria y no se convierta en su forma de vida necesariamente. Con lo cual, la vía para obtener esa finalidad es que el vínculo sea con el recurso comunitario que le correspondería en función del espacio que habita y de su situación peculiar. Pero no definir a las personas exclusivamente por una situación que es estructural.

Los datos en España

En España, en los últimos diez años, han aumentado de 22.938 a 28.552 las personas en situación de sinhogarismo, según la encuesta del INE sobre Personas Sin Hogar (2022). Esto supone un aumento de casi un 25% de este fenómeno en nuestro país. Además, a estas 28.552 personas habría que incorporar aquellas que viven de manera permanente en la calle y que no hacen uso del sistema de atención, que desde las entidades estimamos en un 30%. Por tanto, hablaríamos de más de 37.000 personas en situación de sinhogarismo.

Un 45% de las personas en esta situación quedarían fuera del sistema de atención desde un inicio, considerando que actualmente se ofrecen, según la misma encuesta, 20.613 plazas de alojamiento para un total estimado de 37.117 personas en situación de sinhogarismo.

El sinhogarismo entre jóvenes de 18 a 29 años ha aumentado en España un 36,13%, mientras que en el conjunto de la población ha crecido un 24,47% entre 2012 y 2022. En números absolutos, los jóvenes entre 18 y 29 años en esta situación han pasado de 4.434 a 6.036, respecto a 2012.

Respecto a la cronificación, los datos del INE arrojan que dos de cada tres personas en situación de sinhogarismo llevan más de un año en la calle y cerca del 50% de las personas en situación de sinhogarismo ha sufrido algún tipo de agresión o delito.

La radiografía de Asturias

En Asturias el incremento de las personas sin hogar ha sido de un 125%, al pasar de 523 a 1.178 personas en situación de sinhogarismo entre 2012 y 2022, aunque los responsables del programa calculan que estos datos pueden ser un 30% mayores.

Este es el tercer mayor aumento entre mediciones de todas las comunidades autónomas y hace que Asturias represente poco más del 4% de la población sin hogar de España.

En Asturias, el 74,4% de las personas sin hogar son hombres y el 25,5% mujeres. El mayor aumento de la población en esta situación se concentra en menores de 29 años (+134,9%) y mayores de 45 a 64 años (+211,3%), porcentajes superiores a la media nacional

Por franjas de edad, este aumento de la población sin hogar se ha concentrado en los menores de 29 años (+134,9%) y los mayores de 45 a 64 años (+211,3%). Todos estos porcentajes son muy superiores al promedio nacional.

Si se analiza por sexos, los datos son similares en Asturias que en el conjunto de España: el 74,4% de las personas sin hogar son hombres y el 25,5% son mujeres. Respecto a la nacionalidad en Asturias, el 72,1% de las personas sin hogar son españolas y el 27,4% son extranjeras.

Respecto a los motivos para llegar en situación de sinhogarismo, en el Principado los principales son no poder pagar el alojamiento, por tener que migrar a otro país y por problemas de adicciones. Sin embargo, destaca también los motivos relacionados con la separación de pareja y violencia intrafamiliar.

Además, el 61,8% de las personas sin hogar lleva más de un año en calle, un 15% lleva menos de un mes y un 15,2% entre uno y seis meses.

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado la equiparación retributiva del personal educativo (fisioterapeutas ocupacionales y trabajadores sociales), un número aproximado de 73, que prestan servicios laborales por cuenta del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del Gobierno vasco, con el colectivo maestros. De esta forma, el alto tribunal considera que los fisioterapeutas ocupacionales y trabajadores sociales que prestan servicios para el Gobierno vasco no tienen derecho al complemento de especial dedicación del complemento específico (sexenio).

En una sentencia, con fecha del pasado 14 de septiembre, el Tribunal Supremo (TS) estima así el recurso presentado por el Gobierno vasco contra la sentencia del 19 de enero de 2021, del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, a instancia del conflicto colectivo presentado por los sindicatos Steilas, ELA, CCOO, LAB y UGT, declaró que las retribuciones del colectivo de fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales trabajadores sociales que trabajan para el Ejecutivo vasco “incluyen el componente de especial dedicación del complemento específico (sexenio)”.

La resolución del Supremo recoge que la sentencia del TSJPV “no ha atendido debidamente los criterios interpretativos aplicables a los convenios colectivos”. Por un lado, señala que “la regulación del 2018 lo que viene a indicar, cuando refiere que el colectivo de afectados por el conflicto colectivo (fisioterapeutas y trabajadores sociales) percibirán las mismas retribuciones que los maestros y maestras, lo es en relación con conceptos globales, como son el salario y el complemento de antigüedad, sin que en ella estén incluidas todas las partidas retributivas que aquel personal de referencia pudiera estar percibiendo”.

“Esto es, y al contrario de lo que ha entendido la sentencia recurrida, cuando se pretende adecuar las retribuciones de algunas categorías con otras en atención a que unas y otras partes de un similar nivel de titulación y jornada de trabajo, lo que se está pretendiendo es equiparar el nivel de las retribuciones que por equivalencia tienen unas y otras”, precisa el Supremo.

La Sala de los Social del Supremo recuerda que en otros casos ya manifestó que una interpretación gramatical de un “acuerdo de analogía retributiva en cuestión, con independencia de su naturaleza, no se propone la igualdad total, sino, por utilizar sus propios términos, la 'analogía' o la 'equivalencia' de las retribuciones”.

Siendo ello así, afirma que el cómputo del porcentaje de equiparación “puede y debe hacerse, mediante inclusión de las partidas retributivas que sean comparables, y exclusión de las que no lo sean, como el citado complemento retributivo personal, dependiente de la acreditación de un esfuerzo de cualificación”.

En igual sentido, cita la sentencia del Tribunal Supremo de 12 de marzo de 2003 que, al interpretar una equiparación retributiva, refiere que ha de estarse a “toda la regulación que afecte a esa equiparación, sin que este término deba identificarse con una igual retribución que en aquel caso se pretendían extender a los laborales los sexenios que percibía el personal funcionario”.

En el caso que ha resuelto la sentencia del TSJPV recurrida, la sentencia del Supremo señala que el acuerdo de 2018 “no está contemplando una adecuación de las retribuciones por todos los conceptos, como para el personal docente y respecto del funcionariado, se indicaba en el Convenio Colectivo de 2004”.

“Además, atendiendo también a los antecedentes que presiden esa previsión del punto 4 del Acuerdo de 2018, resulta que a raíz de lo acontecido en el año 2003, momento en el que se firmó el convenio colectivo que también afectaba al personal educativo, ya se revela que entonces se pretendía equiparar retribuciones indicando los negociadores su extensión, recogiendo si lo es por todos los conceptos, como se ha indicado anteriormente, lo que no ocurre en el acuerdo de 2018”, agrega.

Junto a ello, el Supremo destaca la voluntad de los negociadores que se expresó en el año 2011 que, “aunque no llegó a ser efectiva, sí que puede servir como elemento de interpretación”. “Respecto de lo acontecido entonces, es también evidente que la referencia a las retribuciones del colectivo afectado por el conflicto, al incluirse con la de los maestros, estaba contemplando solo las correspondientes al salario y complemento de antigüedad, sin que en la referencia al denominado complemento de dedicación se incluyera al personal educativo”, añade.

Por ello, la resolución del Tribunal Supremo considera que “en ningún momento se pone de manifiesto que la equiparación de las retribuciones de ese personal educativo con los maestros lo fuera por todos los conceptos que éstos pudieran percibir, sino que las referencias a las mismas retribuciones, por atender dichos colectivos a una similar titulación y jornada, solo está queriendo equiparar el salario y el complemento de antigüedad, como se intentó en el año 2011”.

A pesar de reconocer que la educación inclusiva es un “principio fundamental en la enseñanza por medio de la cual se pretende atender las necesidades especiales que pueda tener el alumnado”, el Supremo considera que “no significa que podamos entender que los negociadores pretendan otorgar a parte del personal educativo el mismo tratamiento retributivo, en toda su extensión y por todos los conceptos, que tienen los maestros, cuando aquellos siguen estando integrados como personal educativo y no docente, siendo éstos los que tiene reconocidos determinados y específicos conceptos retributivos que atienden a esa función docente que desempeñan”.

UGT ha pedido al nuevo gerente del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que “potencie” la Atención Primaria del área de Toledo con el refuerzo de más plantilla en categorías que llevan “más de 10 años” con el mismo número de trabajadores y trabajadoras: matronas, fisioterapeutas y trabajadores sociales. 

Para el sindicato el Servicio Público de Salud de Castilla-La Mancha, según ha comentado a su nuevo responsable Alberto Jara Sánchez, “debe llevar a cabo una verdadera adaptación de las plantillas a la nueva realidad sanitaria de la provincia de Toledo”. 

En este área -que comprende un total de 30 centros de salud- hay 10 trabajadores sociales; 15 matronas; y 11 fisioterapeutas, “en 10 años el único cambio que ha habido es la incorporación de una matrona más”, apuntaba Inés Pedreño, responsable de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Toledo. 

“Inmovilismo” frente al aumento de población en la Sagra y en otras zonas

“Frente a este inmovilismo en la contratación de profesionales sanitarios nos encontramos con localidades en las que ha aumentado mucho la población. Es el caso de toda la zona de la Sagra, Valmojado, Camarena, Ventas de Retamosa, Chozas de Canales y Ocaña, lugares muy tensionados desde el punto de vista sanitario”.

“En los últimos años es cierto que se ha hecho un esfuerzo por incrementar la cifra de médicos/as y enfermeros/as, pero la Atención Primaria va más allá y en este sentido desde UGT Servicios Públicos vemos cómo no se están atendiendo las necesidades que hay de trabajadores sociales, matronas y fisioterapeutas”. 

Inés Pedreño lamenta que todo ello repercute en la atención en los pacientes y en la que califica de “excesiva” carga de trabajo que sufren estos profesionales.

Los sindicatos del Metal de Bizkaia han dado un ultimátum a la patronal: de no lograr negociar un nuevo convenio que mejore los salarios por encima del IPC, reduzca las jornadas, descongele la antigüedad y contemple medidas para la salud laboral, entre otras cuestiones, anunciarán jornadas de huelga y movilizaciones hasta lograr su objetivo. Así lo han anunciado este miércoles, en la víspera de la octava reunión entre ELA, CCOO, LAB y UGT, con la patronal, la Federación Vizcaína de Empresas de Metal (FVEM).

“Los sindicatos del sector lo tenemos claro. O la patronal desbloquea la negociación y se activa una negociación real en la mesa del convenio del metal de Bizkaia, o llamaremos a todos los trabajadores y trabajadoras del sector a exigirlo desde sus empresas y desde la calle. Ya lo hicimos en el 2019 y si es necesario hacerlo, lo volveremos ha hacer”, han indicado durante una rueda de prensa ofrecida en Bilbao.

Los sindicatos participantes en la mesa de negociación, además de ESK, USO y CGT se han unido en una plataforma para hacer llegar a la patronal sus puntos a negociar, que incluyen, además de las subidas salariales y las reducciones de jornada, limitar la contratación mediante ETTs, la obligación de aplicar el contrato de relevo, la subrogación para todas las actividades, la adecuación de las licencias retribuidas y otros puntos como la regulación del teletrabajo, medidas concretas a favor de la igualdad y medidas para la conciliación y los cuidados.

El último convenio, que data de 2019, se logró firmar tras 10 jornadas de huelga y multitud de protestas en todo el sector. Antes de este, los trabajadores contaban con un convenio firmado en 2011. Sin embargo, según han lamentado, cuestiones como la de la antigüedad, llevan sin descongelarse desde 1993. “Mañana se va a producir la octava reunión del convenio. FVEM tiene una oportunidad para dar una respuesta positiva a la plataforma conjunta presentada. Desde aquí queremos interpelar directamente a las empresas que sabemos que forman parte del Comité Ejecutivo de FVEM, Tecuni, Arteche, ITP, Sidenor, Eldu, Ormazabal y Astilleros Murueta. Si seguís bloqueando la negociación, si seguís negando a los trabajadores del sector la posibilidad de mejorar sus condiciones laborales y de vida, nos vais a tener en frente e iremos a bloquearos. Está en vuestra mano evitar la conflictividad y evitar el escenario de huelgas y confrontación”, han alertado.

La patronal no pasa de una subida del 2% de los salarios

Desde la patronal, a lo largo de las siete reuniones realizadas para negociar el nuevo convenio con los trabajadores, les han propuesto una subida del 2%, algo que los sindicatos consideran “insuficiente”. Preguntados por si el hecho de la carestía de suministros y las subidas de la luz y el gas pueden impedir o dificultar la subida de los salarios en las empresas, los representantes sindicales han insistido en que “a pesar del incremento de la energía que pueden sufrir las empresas, los trabajadores también están sufriendo un incremento en su vida cotidiana”. “En cuestión de vivienda, energía, transporte y otros aspectos que afectan a la vida de los trabajadores hemos sufrido un incremento de un 25% en el último año, en transporte un 17% y en la cesta de la compra cerca de un 6%”, han detallado.

Otra de las cuestiones a acordar que también incluyeron en las negociaciones del 2019 es la eliminación de la brecha salarial y medidas concretas a favor de la igualdad. Con el convenio de 2019, lograron crear una Comisión de Igualdad que incluía un protocolo contra el acoso sexual en las empresas y un diagnóstico del sector con perspectiva de género realizado por personas especializadas en el tema, que aún no está disponible, por lo que desconocen el dato exacto de la brecha salarial que sufren las trabajadoras de las empresas del sector. “Con el nuevo convenio buscamos ampliar y mejorar la Comisión de Igualdad y por supuesto, seguir trabajando en eliminar la brecha salarial, además de incluir al colectivo LGTBI”, han explicado.

Durante la comparecencia los trabajadores del Metal de Bizkaia han querido mostrar su solidaridad con los del Metal de Álava, que protagonizarán su tercera jornada de huelga este jueves debido a que su patronal, SEA Empresarios Alaveses, también se resiste a subir los salarios de los trabajadores por encima del 2%. “Su lucha también es nuestra lucha”, han concluido los sindicatos del Metal de Bizkaia.

Mientras sigue avanzando el calendario de vacunación contra la COVID-19 en los grupos marcados dentro de la estrategia que desarrollan las comunidades autónomas, en Castilla-La Mancha, los y las profesionales del trabajo social han pedido que se les incluya en los grupos prioritarios. En una carta remitida al consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, le recuerdan que son un grupo profesional que fue declarado esencial desde el inicio de la pandemia y que está expuesto de manera permanente al coronavirus. 

En su misiva, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha explica que el Plan Operativo de Vacunación del Gobierno regional establece el orden de prioridad a vacunar en base a criterios que incluyen el riesgo de exposición, la transmisión y la enfermedad grave, así como el impacto socioeconómico de la pandemia en cada grupo de población. “Este principio significa que los profesionales con trabajos esenciales deben ser priorizados en las primeras etapas de la estrategia de vacunación”, subrayan.

Recuerdan así que desde el 26 de marzo del año pasado, los equipos de Servicios Sociales fueron declarados servicios esenciales en todo el país y que durante los estados de alarma, estos profesionales han jugado “un papel clave” en la respuesta a la COVID-19, trabajando “en condiciones intensas y desafiantes, y atendiendo las repercusiones sociales de la pandemia con escasez de recursos e incertidumbre”. 

“Es algo que asumimos porque es nuestra labor. La problemática social de cada persona que requiere la atención de un trabajador social trae consigo la necesidad de contacto que ocasiona un riesgo de exposición y posterior transmisión del virus a otros usuarios, lo que justifica la vacunación prioritaria”, recalcan. Pero por todo ello, destacan la necesidad de vacunación de los/as trabajadores/as sociales que desarrollan su trabajo como “colectivos en activo con una función esencial para la sociedad”con el consiguiente riesgo para la salud pública. 

Finalmente, dicen compartir la demanda que el Consejo General del Trabajo Social recoge en el documento que analiza la estrategia de vacunación frente a la COVID-19 y que pone de manifiesto que los trabajadores sociales y el resto de profesionales que desarrollan su labor en los centros y servicios del catálogo de prestaciones sociales de Castilla La Mancha, deben ser grupos contemplados en el plan de vacunación prioritaria.

El coordinador autonómico de Podemos Castilla-La Mancha, José Luis García Gascón, y la secretaria de Servicios Públicos y Política Social del partido, Carmen Fajardo, han analizado junto a integrantes de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Trabajo Social de la región la situación de los servicios sociales en la Comunidad Autónoma. Tras conocer las reflexiones de este gremio, la formación morada ha denunciado que los servicios sociales tienen que derivar a personas sin recursos a organizaciones benéficas y que la situación es “crítica” tras la eliminación del Ingreso Mínimo de Solidaridad para adaptarlo al Ingreso Mínimo Vital.

Podemos precisa que Florencio Alfaro, presidente del Colegio Oficial de Trabajo Social, ha reivindicado la necesidad de “requerir la colegiación a todas las personas que ejercen el trabajo social, tal y como exige la Ley”, al mismo tiempo ha apuntado que “quien más incumple con esta obligación es la propia administración autonómica y algunos ayuntamientos que no se lo exigen a sus trabajadoras y trabajadores sociales”, además de trasladar su seguimiento y preocupación por los tres grandes temas sociales “prioritarios” en esta crisis: garantía mínima de ingresos, vivienda y sistema de cuidados.

Ambas organizaciones han compartido la necesidad de garantizar una renta mínima autonómica para aquellas personas que no tienen ningún tipo de ingreso y han mostrado su rechazo ante la reciente decisión del Gobierno regional de eliminar el Ingreso Mínimo de Solidaridad. Desde el Colegio Oficial han señalado además que, si bien esta prestación seguía siendo “una de las peor dotadas del país de los que a menos porcentaje de población llegaba”, esta ayuda servía de garantía mínima de ingresos a muchas familias mientras “se realizaba el tránsito al IMV, acompañados por los Servicios Sociales de Atención primaria en la mayoría de los casos”.

Según este colectivo, en la actualidad la situación es extremadamente grave porque muchas familias castellanomanchegas se han quedado sin ingresos y, ante la falta de herramientas públicas, tienen que ser derivadas a organizaciones benéficas, lo que, a su juicio “sigue perpetuando la desigualdad”. Podemos, por su parte, ha señalado la importancia de que se ponga en marcha la Ley de Garantías Ciudadanas que el ejecutivo regional “mantiene en un cajón mientras hay familias totalmente desprotegidas”.

Ley de Vivienda y residencias de mayores

Felipe Cano, secretario del Colegio, ha reivindicado por su parte la necesidad de volver a retomar la Ley de Vivienda de Castilla-La Mancha, en cuyo anteproyecto participó el propio Colegio Oficial en la anterior legislatura y que también “está aparcada”. Además de aumentar el parque de vivienda pública, considera, es imprescindible mejorar su gestión incorporando a los servicios sociales. En este sentido, tanto Podemos como el Colegio Oficial de Trabajo Social han valorado que la denominada “Ley Antiocupación” es “populista” y “se sostiene en una alarma que no es real”, puesto que afirman que no es cierto que la ocupación ilegal vaya en aumento.

Ambas organizaciones han coincidido también en que lo urgente y necesario es “garantizar el acceso a una vivienda digna, porque ese sí es el verdadero problema: la falta de vivienda”.

El tercer gran eje social tratado durante la reunión ha sido el de la necesidad de poner en valor y reforzar el sistema de cuidados. Así, se han mostrado muy preocupadas por la situación de las residencias de personas mayores en Castilla-La Mancha. La vicepresidenta del Colegio Oficial de Trabajo Social, Elena Galán, ha denunciado, por un lado, la criminalización que está soportando el sector de la atención residencial, y, por otro, la vulneración de derechos que están sufriendo las personas mayores y sus familias en cuanto a información y participación. Por eso, ha reclamado también la necesidad de garantizar la atención a las personas mayores con profesionales de referencia de los servicios sociales, algo que también se ha apoyado por parte de la formación morada.

Tanto el Colegio Oficial de Trabajo Social como Podemos se han emplazado a continuar la relación de colaboración en la elaboración de propuestas entre ambas organizaciones “para garantizar los derechos sociales durante y después de esta crisis”.

Tan solo el 2% de la población bajo el umbral de la pobreza en Castilla-La Mancha, que supone un total de 10.246 personas, se ha beneficiado las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas en todas sus modalidades, según se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción, correspondiente al año 2019, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales y ha difundido la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. Estos datos se conocen tras la polémica en Castilla-La Mancha por la derogación parcial del Ingreso Mínimo de Solidaridad (IMS) para la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV).

En este contexto, y en medio de las críticas de partidos políticos como IU y Podemos o de colectivos como el Colegio Oficial de Trabajo Social, dicho informe desvela que la región castellanomanchega, con un total de 2.032.863 habitantes, presenta 510.249 personas en riesgo de pobreza, lo que supone el 25,1% del total de sus moradores. De ese total, solo 10.246 se benefician de rentas mínimas.

En cuanto a la cuantía media por perceptor de las rentas mínimas de inserción supone el 14,86% de la renta media por hogar en Castilla-La Mancha que se sitúa en 28.904 euros. En este caso el gasto por titular de la Renta Mínima de Inserción es de 4.904 en la región, frente a los 5.779 de la media nacional.

A nivel nacional, solo el 8% de la población bajo el umbral de la pobreza en España, en total 697.124 personas, se ha beneficiado las rentas mínimas de inserción que ofrecen las comunidades autónomas, según se desprende del Informe de Rentas Mínimas de Inserción correspondiente al año 2019, que ha hecho público el Ministerio de Derechos Sociales y ha difundido la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales.

Diferencias entre autonomías

Las diferencias entre comunidades son importantes, ya que País Vasco y Navarra, tienen porcentajes que suponen el 70% y el 63% respectivamente, de su población por debajo del umbral de la pobreza. Le siguen Cantabria y Asturias, donde reciben estas rentas casi una de cada 5 personas bajo el umbral de la pobreza. Del resto, sólo cuatro comunidades garantizan porcentajes superiores al 10% -Baleares, Aragón, Catalunya y Castilla y León- y las otras nueve restantes no alcanzan esta cobertura, y en el caso de Castilla-La Mancha y Canarias, sus porcentajes sólo llegan o están por debajo del 2%.

Para el colectivo de Gerentes de Servicios Sociales, la aprobación del Ingreso Mínimo Vital ha sido “una magnífica noticia”, pero lamenta “las expectativas de la gente que peor lo pasa se están viendo frustradas”. “Lejos de cumplir con los objetivos con los que se anunció, están generando angustia y frustración en el millón de solicitantes que se encuentran atrapados en el laberinto burocrático de una norma con diseño farragoso en los trámites, inadecuado por sus condicionalidades e inmisericorde en los procedimientos con las personas más vulnerables”, sostienen los directores y gerentes en servicios sociales.

Ante esta situación, solicitan al Gobierno que pongan en marcha la pasarela con los 297.183 solicitantes de las rentas mínimas de las comunidades y se integren de manera automática en el ingreso mínimo vital. Y a las comunidades autónomas que los 1.686 millones de euros que invertían en rentas mínimas, se orienten a la garantía del derecho a la inserción social reforzando los servicios sociales, “para la lucha de la exclusión social que produce la pobreza continuada, transmitida generacionalmente y sin posible salida en un contexto de escasez y precariedad de oportunidades en el mercado laboral”.

Carta de los trabajadores sociales a la consejera

Precisamente, el Colegio Oficial de Trabajo Social de Castilla-La Mancha ha remitido una carta a la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, en la que, entre varias cuestiones, muestra su sorpresa por la derogación parcial del IMS, la renta mínima castellanomanchega, y por cómo se está realizando el proceso de transición con el Ingreso Mínimo vital. En la misiva, este colectivo de profesionales le reprocha varias contradicciones y falta de precisión en torno a las prestaciones y metodología para garantizar las prestaciones sociales en la comunidad autónoma.

“Las y los profesionales del Trabajo Social que representa este Colegio hemos asistido atónitos al cruce de declaraciones que han puesto de manifiesto que no existe un plan de acción claramente definido por parte de la Consejería de Bienestar Social de cómo compatibilizar el Ingreso Mínimo Vital con las prestaciones económicas del Sistema Público de Servicios Sociales dirigidas al abordaje de las situaciones de pobreza y/o exclusión social, y lo que es más grave aún sin que haya apenas referencias al Ingreso Mínimo de Solidaridad y cómo va a quedar configurando este en 2021”, argumentan.

Finalmente, proponen, no solo el mantenimiento del IMS, sino reconfigurar y unificar el actual sistema de prestaciones económicas generando una nueva prestación que complemente al IMV, con el objeto de garantizar tanto “un mínimo de ingresos a aquellas personas que quedan fueran del marco de protección de la garantía de ingresos”, como para complementar ingresos del sistema prestacional cuyas cuantías queden por debajo del umbral de la pobreza severa.