CERMI Castilla-La Mancha denuncia esperas “intolerables” de hasta 20 meses para la declaración de discapacidad

Tras un 2023 “atípico” y con “constantes cambios”, marcado por los diferentes procesos electorales, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad en Castilla-La Mancha se prepara para un nuevo año, y una legislatura, llena de desafíos. El primero de ellos: su financiación. La presidenta Cristina Gómez Palmo recordó que los cambios políticos ofrecen “incertidumbres” al Tercer Sector, al depender prácticamente en su totalidad de las subvenciones públicas. “Tenemos un reto bastante importante, que es salvar la sostenibilidad de las entidades para que los servicios públicos que prestamos se ofrezcan en las mejores condiciones y en las mejores situaciones”, resaltó.

Pero muchas veces, las subvenciones no llegan a cubrir todo lo que se necesita. “Somos un enfermo crónico”, ejemplificó Gómez, en relación a un sistema de financiación que no llega a todo lo que debería y que debe suplirse con carreras benéficas o directamente con una hucha en la calle. Por eso, han vuelto a poner encima de la mesa un cambio radical en la manera en la que llegan las subvenciones a las entidades sociales, exigiendo pasar de una vez a un sistema que garantice la viabilidad de este tipo de entidades a largo plazo, como otras veces se ha planteado, pero nunca se ha culminado.

Derechos de las personas con discapacidad en el Estatuto

No es el único desafío al que se enfrenta el CERMI. El comité está pendiente de la reforma del Estatuto de Autonomía en el que se trabaja desde las Cortes castellanomanchegas, para que se tengan en cuenta los derechos de las más de 160.000 personas que tienen reconocido un grado de discapacidad en la región. Hasta ahora, no hay siquiera mención el colectivo en la Carta Magna regional, además de que todavía no se reforma el artículo 49 de la Constitución Española que incluye la palabra 'disminuidos'. “Más allá de los acuerdos sobre número de diputados, las personas con discapacidad debemos aparecer como tal y con la referencia al blindaje de los derechos y el reconocimiento a las singularidades del Tercer Sector”, zanjó Gómez.

“Es algo básico y así lo exigimos y trasladaremos mediante cauces oportunos, para que el Estatuto sea el que abandere la inclusión de los derechos sociales de la discapacidad en el ámbito nacional”, resaltó.

Por su parte, el presidente de la Mesa del Tercer Sector, José Antonio Romero, resaltó que se están “respetando los tiempos, las formas y el ritmo” de la política, pero que insistirán en un Estatuto “inclusivo”. “Que no adaptemos solo el lenguaje, sino el fondo, las formas. Queremos blindar realmente los derechos sociales”, destacó.

Atrasos en el reconocimiento del grado de discapacidad

El Comité también ha lamentado que existe una “muy mala media” de tiempos de reconocimiento del grado de discapacidad en Castilla-La Mancha, con “retrasos importantes” que pueden llegar a los 20 meses en provincias como Toledo y Albacete, que son las que más retraso sufren en este sentido. “Es intolerable”, señaló Gómez, puesto que el reconocimiento de la discapacidad es la “puerta de entrada” para que una persona pueda disfrutar de derechos y prestaciones necesarias para su vida. “Pedimos apoyo para dotar de recursos humanos necesarios la dirección general de Discapacidad para que la media de espera no supere el mínimo establecido legalmente”, resaltó la presidenta del comité regional.

Donde más hace falta los fondos es en los centros base, “sin duda”. “Hemos ofrecido colaboración a la administración, para que haya convenios y agilizar los tiempos de espera. Las entidades somos expertos cada uno en nuestro tipo de discapacidad, y ya existen experiencias en otras comunidades autónomas para echar una mano al certificarnos como entidades colaboradoras. Sería un mero registro o validación de la administración si la persona ya viene valorada por una de nuestras entidades”, explicó Cristina Gómez.

En cuanto al sector de la dependencia, el CERMI ha señalado que es necesaria una “actualización urgente” que se adapte a los cambios normativos estatales, que incluyen impulsar la figura del asistente personal. “Creemos que esto nos puede llevar a que las personas con discapacidad tengan una inclusión social real e ir hacia más al proceso de desinstitucionalización. Estaremos ganando económicamente y con una asistencia personal, la persona puede seguir viviendo en su entorno. Pero, sobre todo, necesitamos actualizar el catálogo de prestaciones y dotar de mayor seguridad jurídica”, remató.