La Mesa del Tercer Sector exige corregir los “desequilibrios” en el Concierto Social de Castilla-La Mancha

El presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, ha pedido al Gobierno regional avanzar en las negociaciones para habilitar los conciertos sociales con entidades que prestan servicios a la Infancia y la Discapacidad para poder tenerlos listos en el corto plazo.

En una entrevista con Europa Press, Romero ha dicho al respecto del mecanismo de Concierto Social en Castilla-La Mancha que presenta “desequilibrios que habría que intentar corregir” en cuanto a la competencia entre entidades privadas y sociales, ya que las plazas salen con el IVA incluido, algo que las empresas pueden desgravarse, todo lo contrario que en el caso de organizaciones sin ánimo de lucro. “Estamos intentando que esos desajustes se reorganicen en el sistema”.

La Mesa del Tercer Sector exige corregir los “desequilibrios” en el Concierto Social

Un Concierto Social que “permite dar estabilidad” a la prestación de los servicios y que corrige otro de los desajustes existentes al liberar las aportaciones con carácter temporal y vinculadas a los años naturales. “A una persona no se le quita la discapacidad el 1 de enero”.

De momento, en Castilla-La Mancha sólo opera el concierto social en materia de mayores, “que no salió con el presupuesto y precio por plaza deseado”. “Necesitamos más financiación para atender a las personas mayores”.

Ahora, se está negociando el concierto en el ámbito de la infancia, el cual espera vea la luz los próximos años, pero según Romero “el que más urge es en el ámbito de la discapacidad”, toda vez que es el que más tipología de servicios presenta.

En estas negociaciones, reclama Romero calcular “un coste por plaza adecuado a los costes y gastos” de los servicios que se prestan.

Reactivar la Comisión de Diálogo Civil

Otra de las pretensiones de la Mesa del Tercer Sector pasa por “reactivar” la Comisión de Diálogo Civil, creada para “ser una herramienta permanente de diálogo”, que lejos de ser “un consejo asesor o consultivo” es “un espacio con todos los departamentos de la administración”.

Insiste en este punto en que las cuestiones relativas al Tercer Sector no afectan sólo a lo que atañe a la Consejería de Bienestar Social, ya que implica a más departamentos gubernamentales.

“Si no favorecemos un empleo inclusivo, habrá brechas de exclusión; la pobreza no sólo se afronta desde políticas de servicios sociales; el acceso a la vivienda también necesita respuestas en el Tercer Sector; y en materia educativa se reforman leyes cada cuatro años y siempre pedimos que se trabaje en el fomento de la cultura del Tercer Sector en todos los niveles”, ha ejemplificado.

Es por ello que abunda en la necesidad de convocar esta comisión, que sirva para “impulsar el desarrollo de normas en las que hay que seguir avanzando”.

“Hemos pedido al Gobierno que en estas reuniones estén presentes representantes de cada una de las consejerías, y tienen que ser, como dice la norma, al menos directores generales”, ha afirmado, reclamando “diseñar una hoja de ruta y un plan de trabajo” para que coja impulso este órgano.

Cuatro años de la ley

José Antonio Romero ha valorado el desarrollo de la ley del Tercer Sector, que en el mes de enero cumplirá cuatro años desde su entrada en vigor. En este sentido, admite que hay “cuestiones con avances”, como el Plan de Estabilidad para garantizar “un mínimo de mantenimiento vía subvenciones”.

En todo caso, ha puesto el acento en que el tejido asociativo está “sufriendo a nivel socioeconómico”, y se ha visto obligado a “dejar de prestar una serie de servicios para afrontar gastos extraordinarios” derivados de la crisis, que ha implicado un “incremento de coste brutal”.

Entre sus peticiones se encuentra la necesidad de que “la asignación presupuestaria se equilibre a los costes reales que tiene que asumir” una entidad para “no cargar a la ciudadanía con el coste de esos servicios”, como a su juicio ocurre “en las residencias de mayores”.

“Si el coste de los servicios sube aunque no suba la prestación, las entidades no van a poder asumir determinados servicios. Nos preocupa mucho que 2024 no sea un año favorable para determinados incrementos que consideramos necesarios. Veremos de qué manera se ajustan los presupuestos”, ha alertado.

En un cálculo aproximado, José Antonio Romero apunta que han experimentado incremento de costes en algunas áreas que incluso llegan al 28%, dependiendo del tipo de servicio que se presta. Por ello, insiste, “se necesita tener claro qué se podrá hacer el año que viene”.

Más capacidad para captar fondos europeos

Otra de las reivindicaciones de José Antonio Romero como presidente de la Mesa del Tercer Sector pasa por conseguir más protagonismo a la hora de captar fondos europeos, en un contexto en el que tras la pandemia hubieran preferido tener “más capacidad”.

Aunque sí que hay áreas donde han podido tener capacidad de captación, con programas de capacitación en Competencias Digitales que ha desarrollado la EAPN CLM o el Plan de Digitalización de la POI CLM, considera Romero que hay otras iniciativas en las que podrían haber conseguido más presupuesto.

En todo caso, recuerda que sí que participan en los Comités de Seguimiento de Fondo Social Europeo y FEDER en cuanto a la recepción de fondos estructurales, con CERMI CLM y EAPN CLM como integrantes del mismo.