Un vídeo de una supuesta agresión policial a un migrante recién llegado a Ceuta empezó a compartirse este domingo por Whatsapp entre los vecinos de la ciudad autónoma. Horas después de difusión de las imágenes, que muestran presuntamente a dos agentes de la Guardia Civil golpeando con una porra a un migrante que acababa de entrar a nado a la ciudad autónoma, el caso ha llegado a la Jefatura de la Policía Nacional de la ciudad. Después de que el autor del vídeo presentase una denuncia ante la Policía, el Instituto Armado ha identificado a los dos agentes implicados y ha anunciado la apertura de una investigación interna sobre los hechos.

Según fuentes del Instituto Armado, los hechos ocurrieron de madrugada en la zona ceutí de Benzú, en las inmediaciones de uno de los espigones que lindan con Marruecos, en la cara norte de la ciudad autónoma. Se trata de una de las vías habituales, junto con el Tarajal, para quienes intentan entrar de manera irregular a Ceuta desde el país vecino.

En la grabación se aprecia a dos personas que parecen golpear con una porra a un hombre, que está tirado en el suelo y llega incluso a levantar un brazo, en un aparente intento de defenderse. Su rápida difusión entre los vecinos de la ciudad autónoma, a través de las redes sociales y los servicios de mensajería, hizo que acabase en manos de la Guardia Civil. Esta mañana ha tomado declaración a los efectivos implicados. Según fuentes del Instituto Armado, se ha activado un procedimiento disciplinario.

Por su parte, la víctima, identificada poco después de que la denuncia fuera cursada, fue trasladado a las dependencias de la Guardia Civil, donde se le tomó declaración para a continuación ser trasladado a los servicios sanitarios para constatar que no sufriera lesiones. Según las fuentes del cuerpo, el hombre no presentaba lesiones.

Con todos los datos sobre la mesa, testimonios y grabaciones, la Guardia Civil asegura que está estudiando tomar medidas disciplinarias contra los dos presuntos implicados. El proceso podría ser relativamente rápido, según fuentes oficiales consultadas.

A la par, aunque previsiblemente con mayor lentitud, se moverá la vertiente judicial. La información ya está en manos del magistrado, quien decidirá en los próximos días si archiva el caso o continúa con la investigación, llegando incluso a vista oral.

“Lo que queremos es que no salpique a la imagen del cuerpo”, concluyen fuentes de la Guardia Civil, que han actuado con celeridad internamente ante los hechos y deberán aguardar a lo que se decida en el palacio de justicia y sus efectos sobre el prestigio de la institución.

El caso llega poco más de 24 horas después de que otro compañero del cuerpo destinado en la valla fronteriza sufriera una agresión por parte de un migrante que portaba un gancho durante un intento de entrada, según la Guardia Civil. El caso que provocó fuertes reacciones por parte de la derecha local, representada por el Partido Popular y Vox. Tras alcanzar la conformidad, el hombre ha logrado rebajar la pena de cárcel de tres a dos años por un delito de atentado contra agente de la autoridad con empleo de instrumento peligroso y otro leve de lesiones. Además, el hombre afronta ahora un expediente de expulsión del país.

Cuando cae la niebla sobre la Bahía Sur de Ceuta, a veces decenas y en ocasiones centenares de personas, mayoritariamente jóvenes –casi nunca por encima de los 25 años– se lanzan al agua desde Marruecos para alcanzar la costa española. Como cada agosto desde hace ya años, en las últimas semanas este fenómeno se ha intensificado ligeramente. No quieren la vida del país vecino, cuentan varios de los nadadores a este medio, relatando reiterados intentos de cruzar la frontera –algunos más de una decena– pasando entre tres y cuatro horas entre las gélidas corrientes para alcanzar un sueño.

En ocasiones es la propia Gendarmería Marroquí quien los frena antes de lograr abandonar la jurisdicción del Reino Alauita. En otras consiguen llegar a España, pero son devueltos por la Guardia Civil, “incluso siendo menores de edad” –extremo no avalado por la justicia, que hasta ahora está permitiendo retornos ‘en caliente’ de quienes superan los 18 y proceden de países con los que se ha firmado convenio–, aseguran dos de los preguntados por este medio. Eso no les desanima y lo vuelven a intentar una y otra vez hasta que lo logran.

Otros perecen antes de conseguir pisar el litoral ceutí. En lo que va de año ya han muerto 23. Sin ir más lejos, hasta cuatro cuerpos sin vida de jóvenes magrebíes han sido rescatados por la Policía Nacional en las costas de la ciudad autónoma en los últimos diez días. Normalmente ocurre cerca de playas repletas de bañistas, que viven con triste cotidianeidad estos sucesos.

Para aquellos que lo consiguen y al fin llegan a Ceuta su destino varía en función de edad y circunstancias. Al Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) van los demandantes de asilo político, en su mayoría de origen subsahariano. Con una capacidad para 512 migrantes, fuentes internas de máxima solvencia aseguran que el espacio de acogida supera ahora mismo los 900 usuarios. Un dato que la Delegación del Gobierno niega, aunque tampoco facilita cifras a pesar de las reiteradas peticiones. Sin embargo, como se puede ver desde fuera del recinto, en su interior se han instalado varias carpas para acoger a quienes van llegando desde países africanos.

La situación no es mejor en los espacios habilitados para los menores de edad –casi al 100% marroquíes y siempre llegados a nado desde la cercana localidad fronteriza de Castillejos– que quedan bajo la tutela del Gobierno ceutí. “La situación es de colapso”, con 520 menores alojados en centros provisionales y de emergencia, cuya sobreocupación ya es del 500%.

“Quiero la vida en España, no la de Marruecos”

En el Centro San Antonio, que lleva la Fundación Cardijn, se encuentran Moussa, Saíd y Ayoub, tres de los muchachos que sin haber cumplido la mayoría de edad se arrojaron al mar en busca de un futuro mejor al otro lado del espigón del Tarajal. “Quiero la vida en España, no la de Marruecos”, dice el primero con contundencia. Para ello entrenó y viajó desde su ciudad natal, Chauen (Chefchaouen), hasta la comuna de Adeláu (Oued Laou), cercana a Tetuán, en la costa norte. Siguió su periplo hasta Castillejos (Fnideq) donde con el poco dinero que tenía pudo comprarse un traje de neopreno.

Ese mismo día se tiró al agua junto con dos compañeros. Lo intentaron hasta en tres ocasiones y finalmente él y otro joven llegaron a Ceuta después de luchar contra el frío y las corrientes durante cuatro horas.

Saíd, por su parte, ha crecido en Castillejos, la ciudad que linda con la ciudad autónoma, tocando España casi con la punta de los dedos, de hecho, llegó a saborearla hasta en tres ocasiones. Él consiguió sortear la valla durante la entrada masiva de inmigrantes de mayo de 2021 en la que el Gobierno cifró en más de 10.000 las personas que traspasaron la frontera de manera irregular. Unos 1.500 eran menores y entre ellos estaba él.

Explica que su propio padre fue a buscarlo para que volviese a Marruecos. Desde entonces lo intentó “diez veces más, aunque solo dos de ellas iba realmente preparado” con el equipamiento adecuado. Hasta en tres ocasiones la Guardia Civil lo devolvió a las autoridades marroquíes a pesar de que fuera menor de edad.

Justifica su empeño en que sus progenitores no viven juntos, tiene un hermano pequeño y su madre no trabaja, así que “no quedaba otra”. Con un diploma en cocina y hostelería le gustaría continuar por ese camino. De momento solo tiene “cosas buenas” que decir de su estancia en Ceuta.

Al igual que Moussa, Ayoub, se ha pasado la mitad de su corta vida trabajando junto a su familia. Afincado en Rincón (M’diq), iba a la obra con su padre “desde que tenía 12 o 13 años”, explica el muchacho, que parece mucho más joven que sus compañeros a pesar de que los tres han cumplido recientemente los dieciocho. Tras cinco intentos –tres fallidos al ser interceptado por la Gendarmería Marroquí y una devuelto ‘en caliente’ por la Guardia Civil– por fin está en España.

Cuando les preguntan si echan de menos su casa y a sus familias contestan al unísono con una sonrisa: “Claro que sí”. Son chavales despiertos, “más maduros que muchos chicos de su edad”, dice quien ya les conoce bien, la encargada del centro, Nayat Abdeselam. Buscan “estabilidad” y están dispuestos a aceptar cualquier empleo con tal de labrarse una carrera.

Sin embargo, ni Moussa, ni Ayoub, ni Saíd saben si su sueño podrá hacerse realidad y eso les pesa. Uno de ellos se atreve a decir que “es una decepción”. Su caso, el de todos ellos, es particular y muestra las complicaciones derivadas de un sistema burocrático poco garantista que los ha dejado en una suerte de limbo a la espera de conseguir la documentación que les daría el billete a la Península.

Lo detalla Abdeselam, una de las responsables del centro, con la que conviven desde hace ya algunos meses, quien intenta “que tengan un pelín de ambiente hogareño”, con comida casera –cuscús hecho por su propia madre– que disfrutan todos juntos a la mesa cada viernes. Los jóvenes, a pesar de llevar alguno de ellos ya un año en Ceuta, todavía no tienen la tarjeta de residencia que deberían obtener a los tres meses. Ha sido un fallo del sistema, y “el área de Menores se lava las manos”, lamenta.

Tenían la opción de recurrir, por supuesto, pero “es un gasto económico que no se pueden permitir” y, recalca, “tienen derecho a su documentación”. La otra opción es la de solicitar asilo, el clavo ardiendo al que se han agarrado. Sus planes, desde que se han visto obligados a regularizar su situación por esta vía que podría devenir en su traslado de vuelta a Marruecos, han cambiado drásticamente. “No quería, pero es lo que me queda”, señala Moussa, “esperar”.

Una esperanza entre la niebla

Como los chavales acogidos por la Asociación Cardjin, cuando la niebla apareció de forma intensa y continuada entre el 11 y el 16 de agosto en la Bahía Sur de Ceuta, cientos de nadadores buscaron su oportunidad de llegar a España. Pocos lo lograron, no superando el goteo de entradas las quince diarias en su pico máximo y quedando normalmente en un par por jornada.

Esta tendencia se relajó con las noches despejadas y el viento de Poniente, como ocurrió el lunes 18 de agosto, cuando este medio se acercó por primera vez a la playa del Tarajal. “Hoy no entra nadie, la gente pasa cuando hay niebla por la mañana, a las seis o a las siete de la madrugada”, comentaba entonces el dueño de un bar situado a pie de paso fronterizo.

No le faltaba razón, los ceutíes saben que los migrantes tienen en cuenta las condiciones climatológicas y que esperan a las noches cálidas, cuando se levanta la taró, un espeso vaho que cubre las costas. En aquella jornada apenas se produjeron intentos de cruce y los pocos que lo probaron fueron rápidamente disuadidos por la embarcación de la Gendarmería marroquí.

Las tentativas se mantuvieron a la baja hasta que llegó el sábado 23 de agosto. Cambió el viento a levante y llegó una intensa niebla a la bahía norte, que fue trasladándose poco a poco a la zona sur. Allí, en el arenal del Tarajal se vivía un ambiente festivo. Amplios grupos de personas permanecían a las diez de la noche en jaimas, con mesas y sillas plegables, celebrando un cumpleaños o pescando. Incluso había quien rezaba mirando al mar, con la valla que separa países a apenas diez metros.

Entre los presentes, el dueño del chiringuito playero, que ya cerraba las puertas, acompañado de un trabajador, mientras por la otra acera se disponía a cruzar hacia Marruecos una familia con dos niñas que llevan globos de personajes Disney. “Cuando llegan a la playa los nadadores todo el mundo les graba con el móvil”, explicaban ambos, coincidiendo en relatar los métodos de la Benemérita a la hora de atajar los pases: “La Guardia Civil, con la lancha, les va dando vueltas. Saben que van a pasar por aquí y les hacen cansarse esquivándolos”.

Eso resulta, según cuentan, en que los nadadores cada vez opten por rutas más largas y peligrosas, intentando alcanzar playas mucho más alejadas que la del Tarajal, la primera en cercanía a Marruecos. “Es una ruina, luchan y luchan”, contaban con tristeza. Esta sensación que comparten los hosteleros de la zona la confirman los propios hechos.

Ese mismo sábado por la mañana y ante la antena mirada de una repleta playa del Chorrillo -una de las más céntricas y concurridas de Ceuta-, dos jóvenes eran interceptados por la Guardia Civil cuando ya habían alcanzado la costa.

Casi doce horas después, la patrullera de la Benemérita se movía sin parar. Yendo hacia mar adentro, volviendo constantemente a la costa marroquí, casi a la altura de la localidad de Rincón y retornando pegada por Castillejos; y así en repetidas ocasiones. En la playa fronteriza nadie se inmuta. Los que pescan, siguen pescando. El grupo del cumpleaños sopla las velas y canta el cumpleaños feliz. Dos adolescentes que integran el grupo -uno de los muchos que sigue a pie de costa a medianoche- se acercan al espigón. Se sientan y ponen música. Cantan primero en árabe y luego pasan a encender un altavoz y entonar en castellano.

Todo pasa ante la mirada, en la lejanía, del vigilante de la empresa municipal Amgevicesa, al que de forma cíclica le toca supervisar el Tarajal. “Las entradas se producen habitualmente cuando hay niebla, cuando se vuelve muy densa. Me ha tocado ver a gente llegar, sobre todo chavales”, detalla el trabajador, que tiene claro el perfil de quienes alcanzan suelo español: “Te diría que nunca he visto a un tío de cuarenta (años). Son menores sobre todo y chavales de hasta 25”, agrega.

Él estuvo presente cuando los intentos se multiplicaron, entre el 11 y el 16 de agosto. “Entraban dos o tres por noche, por lo menos aquí. Lo que pasa es que ahora cada vez se van más allá”, incide, fortaleciendo el argumentario del propietario del bar, quien también apuntaba a rutas cada vez más largas para esquivar el control, que esa noche, a pesar de los numerosos intentos, nadie -al menos que se sepa- consiguió burlar.

Aporta el vigilante varios detalles interesantes. Cuenta que algunos nadadores van bien preparados, “con aletas y neopreno”, otros, sin embargo, apenas llevan “un flotador tipo ‘donut’”. A su llegada, exhaustos y muchas veces muertos de frío, la gente les suele echar una mano, “con toallas o agua” y automáticamente “salen corriendo hacia arriba”, en dirección a la barriada más próxima, la del Príncipe, que colinda con el centro de La Esperanza, en el que la Ciudad acoge a buena parte de los menores no acompañados que están bajo su tutela. “A veces hay otros chavales aquí que les están esperando ya”, concluye, dejando entrever que algunos vienen a España cuentan con información previa, quizás porque “se lo haya dicho algún primo o amigo”.

De pronto, algo se mueve en el agua, una especie de flotador o pequeña barca se deja entrever. Es tan solo una sombra que contrasta con el reflejo de las luces del paseo marítimo de Castillejos. La patrullera se acerca y los migrantes retornan entonces a la costa sin alcanzar España. Pocos minutos después una luz muy potente enfoca al agua.

Pasa un rato, y con la medianoche se incrementan las detecciones. La lancha arrincona a varios migrantes a la salida de la ciudad alauita y los lleva hacia un coche de policía aparcado en la carretera que lleva a la frontera.

Pocos minutos después, la embarcación, ya relativamente alejada de la costa, apaga las luces. En la cubierta encienden linternas y para cuando vuelven a poner las rotativas, ya se dirigen otra vez al litoral para devolver a un nuevo grupo de nadadores.

La operación se repite a la una y media de la madrugada, cuando la niebla asoma al otro lado de la ciudad, por el Monte Hacho, donde la fortaleza militar parece flotar en el aire. La playa sigue repleta de gente, las celebraciones continúan, los pescadores arrojan pan al agua y se ve a los peces saltar con claridad.

Así, con cierta normalidad, llegan las cuatro de la madrugada. Ahí la taró se hace más presente. Entonces, la embarcación de la Guardia Civil cruza desde el otro extremo de la bahía a toda velocidad. Sin necesidad de montarlos en cubierta, consigue disuadir a un grupo nutrido de migrantes y vuelve a alta mar, para regresar al rato, subir, esa vez sí, a varios jóvenes sobre la lancha y regresarlos al suelo del Reino Alauita. Así llegan las siete de la madrugada, empieza a amanecer y concluye una intensa noche de actividad cuyos resultados se verán en las jornadas siguientes.

Los que no lo logran

A los dos días apareció el primer cadáver que se puede asociar a aquella noche de intentos reiterados. Y en solo una semana, dos más. Historias de las que poco se puede contar, las de los cuerpos que flotan devueltos por la marea en las playas de Ceuta. Hallazgos frecuentes y preocupantes. Entre enero y agosto se han registrado más de una veintena de fallecimientos debido a las travesías marítimas en condiciones peligrosas. La situación refleja no solo una crisis migratoria aguda, sino también una emergencia humanitaria.

Resulta difícil saber con precisión su procedencia y el tiempo que llevaban a la deriva, las autoridades tratan de buscar en los cuerpos señales que ayuden a identificar los cadáveres. El color del neopreno, la camiseta que llevaban debajo, si iban con aletas. Cualquier dato es relevante y las familias, desde Marruecos, publican sus fotos en redes sociales para poder saber si han logrado el pase o si han sido víctimas del mar.

El último apareció este miércoles 27 de agosto, aparentemente un menor, cuyo cuerpo estaba enredado en la Almadraba. Dos días antes se repetía la escena en la playa del Chorrillo, en las redes antimedusas, donde la Guardia Civil rescataba el cuerpo de otro joven que no pudo luchar contra las corrientes.

El CETI, lleno y envuelto en polémica

Los que sí han logrado llegar a Ceuta, sea por vía marítima, como ocurre en el caso de los jóvenes marroquíes o sobrepasando el vallado terrestre, método más frecuente entre los migrantes subsaharianos, acaban alojados en los espacios de acogida locales, que ahora mismo superan ampliamente sus capacidades.

Ejemplo de ello es el Centro Temporal de Estancia de Inmigrantes (CETI) donde según fuentes internas conocedoras de la situación, ya hay más de novecientos usuarios. Eso son cuatrocientas más de las que en teoría puede albergar, lo que ha obligado a instalar varias carpas claramente visibles desde el exterior.

A pesar de la evidencia, la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma viene negando la situación en ocasiones y rechazando facilitar datos sobre el número de residentes, en otras. Todo en un contexto de polémica marcado por las críticas a la gestión del gerente del centro, Antonio Bautista, a quien una enfermera que trabaja en el CETI y sufrió una agresión sexual por parte de un usuario acusó de intentar tapar el caso, disuadiéndola de denunciar.

Al final el suceso acabó en los juzgados y resultó en condena para el acusado, natural de Guinea, que tuvo que abandonar el centro y estuvo durante unos días en una pensión pagada por el propio Bautista. La gestión del director está siendo investigada por el Gobierno central, que tiene sobre la mesa además una serie de quejas de trabajadores del centro, quienes acusan al director de excesiva permisividad con los migrantes y de trato inadecuado a los empleados.

Esta coyuntura se extiende a los centros de menores. Allí “la situación es de colapso”, tal y como repetía esta misma semana por enésima vez el consejero de Presidencia y Gobernación, Alberto Gaitán, quien ponía los datos sobre la mesa y recordaba que no es nada nuevo, sino que el sistema de acogida lleva ya un año sobresaturado.

Son 520 menores los tutelados por la Ciudad actualmente en centros provisionales y de emergencia. “Estamos hablando de una sobreocupación del 500%”, reclamaba el martes, día en el que el Gobierno de España aprobaba un Real Decreto que fija la capacidad ordinaria de acogida de menores migrantes no acompañados en Ceuta en 27 plazas, una cifra mínima que sitúa a la ciudad autónoma en el centro de la discusión sobre los traslados a la Península.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha desestimado el recurso de la Administración del Estado contra la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Nº2 de Ceuta, que consideraba ilegales las devoluciones de inmigrantes 'en caliente' cuando estos llegan a nado, tal y como se viene haciendo por norma en la ciudad autónoma con las personas que alcanzan aguas españolas.

El órgano rechaza en la resolución –emitida el lunes 24 y a la que ha tenido acceso este medio— que se pueda repatriar a los migrantes sin realizar el procedimiento administrativo preceptivo, en cualquier supuesto que no sea el del “salto a la valla”, es decir, si no se flanquean fronteras físicas o elementos fronterizos.

Los argumentos de los abogados recurrentes planteaban que, si bien en el mar no hay un impedimento físico o un puesto que marque la divisoria, esta existe, y por lo tanto, debe interpretarse ese apartado de la Ley Orgánica de manera “extensiva”. Este planteamiento no tiene cabida, sin embargo, para el TSJA, que con su decisión pone en jaque el sistema empleado por la Guardia Civil —por orden del Gobierno central— a diario en Ceuta. La resolución aún no es firme, pues cabe recurso de casación ante la misma sala en plazo de 30 días. 

Entretanto, el mandato de reingresar a los vecinos de Marruecos de manera inmediata en su país, sin atención individualizada ni asistencia letrada se mantiene constante desde hace más de dos años, en virtud del acuerdo vigente entre Rabat y Madrid. Varias de estas repatriaciones han acabado en los tribunales y el pasado 4 de septiembre el Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 de Ceuta emitió un fallo favorable a los intereses de una persona detenida cuando trataba de llegar a nado a suelo ceutí por la Bahía Sur, el 14 de noviembre de 2023. 

En la sentencia, el magistrado aceptó buena parte del razonamiento de la representación legal del afectado —ejercida solidariamente por tres asociaciones, la Coordinadora de Barrios, No Name Kitchen y el Servicio Jesuita a Migrantes—, haciendo valer los procedimientos que establece la Ley de Extranjería. Esta obliga a que haya un trámite administrativo, un intérprete presente y a que el inmigrante pueda disponer de asistencia letrada. 

Asimismo, el juez rechazó que la disposición adicional de la Ley Orgánica que contempla saltarse estos pasos únicamente en las localidades de Ceuta y Melilla tenga aplicación cuando la entrada se produce a nado, ya que específicamente se define para “restablecer inmediatamente la legalidad transgredida por el intento por parte de las personas extranjeras de cruzar irregularmente esa concreta frontera terrestre”.

Pasados varios meses, el lunes de esta semana, el TSJA ha sostenido la misma postura que el juez ceutí, y de paso ha condenado a abonar las costas del proceso judicial a la Administración Pública, que presentó recurso de apelación. El Alto Tribunal andaluz no compra las tesis de la Abogacía del Estado, que entiende que aunque no haya un puesto fronterizo en el mar o un muro físico que separe Marruecos de España en la costa, la frontera existe y, por ende, la disposición adicional de la Ley Orgánica debe aplicarse. “Quien pretende entrar a nado, no supera, ni intenta hacerlo, ningún elemento de contención fronterizo”, subraya el Tribunal en su fallo.

Es de esperar, como ha continuado sucediendo tras la sentencia del Juzgado Contencioso Administrativo Nº2 del septiembre pasado, que se mantenga la orden del Ejecutivo a la Guardia Civil en lo referente a repatriaciones inmediatas de marroquíes hasta que la sentencia sea firme. 

En las últimas semanas, el ritmo de entrada de inmigrantes a Ceuta se ha mantenido en los parámetros habituales, con casos aislados prácticamente a diario y picos máximos de entre diez y veinte llegadas en una única jornada; ya lejos de la fuerte presión vivida durante la práctica totalidad de 2024, que saturó los recursos de acogida.

Tanto el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) que depende del Estado y en el que se quedan adultos procedentes de Argelia o países subsaharianos, como los centros de menores dependientes de la propia Ciudad Autónoma, en los que se tutela a los menores no acompañados —casi el 100% son marroquíes— permanecieron muy por encima de sus capacidades durante varios meses. 

En el caso de los espacios para quienes no alcanzan la mayoría de edad, la sobreocupación sigue siendo importante, cuadriplicando el límite establecido. Sin embargo, tras aprobarse hace nueve días en el Congreso la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, el Gobierno local espera que en un horizonte cercano dejen la localidad más de 300 de los 400 menores que están bajo su responsabilidad. “A nosotros este acuerdo nos soluciona el problema”, han venido reiterando representantes políticos locales —del Partido Popular— en sucesivas comparecencias durante los últimos días. 

En las últimas horas de la cobertura de Gabriela Sánchez en Ceuta, se subió en el taxi de Zaid. Le pidió al conductor que le acercara por última vez a la frontera del Tarajal, antes de marcharse para coger el helicóptero de vuelta a la península. No hay mucho movimiento, pero al pasar junto a una marquesina de autobuses Zaid ve a un chico que llega a la parada cojeando levemente. Percibe que debajo de la túnica lleva ropa mojada y le dice a Gabriela que ese chico acaba de cruzar la frontera a nado. 

La experiencia de Zaid le lleva a lo correcto: Omar, vamos a llamarle así, se sube al Taxi junto a Gabriela y Zaid y comienza un trayecto en coche por las calles de Ceuta que no tiene mayor recorrido ni destino que el de no ser descubierto por la policía. 

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Dentro del taxi que libró de la devolución a un migrante marroquí después de nadar seis horas hasta Ceuta

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Un llamamiento a través de redes sociales a la entrada coordinada de miles de personas a Ceuta ponía este domingo en alerta a la fronteriza ciudad autónoma. Pero no a toda. Sus vecinos mantenían rutinas y calma mientras cientos de personas se arremolinaban en el lado marroquí, en la localidad de Castillejos, enfrentándose a un fuerte despliegue policial que consiguió frenar todas las intentonas.

Ninguna persona logró entrar en Ceuta y los agentes españoles, reforzados en número y medios ante el aviso, no tuvieron que intervenir, según fuentes del Instituto Armado. Se mantuvieron alerta y cerraron la frontera de manera intermitente el Tarajal cuando algún grupo se aproximaba al vallado. “Hemos vivido casos similares con subsaharianos, pero esta vez había de todo”, apuntan los que estuvieron allí, haciendo referencia a la presencia también de numerosos marroquíes y argelinos, muchos de ellos menores de edad.

La amenaza virtual se concretó en varias tentativas de pase, que los miembros de la Guardia Civil no se atreven a enumerar. “Hubo mucha presión, pero el lado marroquí actuó y consiguieron salvar la papeleta. Las situaciones se dieron tanto por la mañana, como por la tarde y por supuesto de noche”, explican las fuentes consultadas por elDiario.es.

El resultado: cero entradas consumadas, pero un importante desgaste de medios, compensado por el refuerzo enviado por el Gobierno central. Un despliegue que se mantendrá, como es habitual, “hasta que se calme la situación”-

“Contamos con miembros de la GRS (Agrupación de Reserva y Seguridad), embarcaciones y helicóptero. Eso nos ha permitido ir cubriendo las necesidades”, añaden los agentes, que atestiguan que desde la salida del sol hasta las diez de la mañana de este lunes no se habían producido nuevos intentos. Sin embargo, pocos minutos antes de las once las fuerzas marroquíes habrían interceptado a un pequeño grupo de bañistas tratando de pasar a través del espigón.

Coincide en esa versión -la de un parón en las tentativas- la Delegación del Gobierno, representada durante todo el domingo en el puesto fronterizo por su titular, Cristina Pérez, quien a su vez mantuvo contacto “permanente con Madrid” para valorar medidas en función de cómo se desarrollara la jornada.

Ceuta únicamente se vio afectada por cierres intermitentes del Tarajal, una pequeña molestia añadida -ya que “no duraron más de diez minutos”- para quienes pretendían cruzar en cualquiera de los sentidos, máxime coincidiendo con la vuelta de vacaciones de mediados de septiembre.

En las calles de la localidad se respiraba normalidad, tanto durante el domingo, como en la mañana de este lunes, dejando una ciudad a dos velocidades. Calma tensa en la divisoria con el país vecino, rutina en barriadas y centro, donde nadie vio alterada su vida -condicionada de por sí permanentemente por la problemática fronteriza-, acudiendo a supermercados y establecimientos hosteleros como de costumbre.

En esa Ceuta tranquila también vivieron los agentes de la Policía Nacional. Fuentes del cuerpo explican que se mantuvieron atentos por si se necesitaba de su intervención, pero destacan que ese escenario estuvo lejos de suceder: “Teníamos preparados los posibles despliegues en caso de salto, pero todo ha pasado allí, en Marruecos, y mayoritariamente lejos del puesto fronterizo. De momento no nos ha afectado”.

En contraposición, la localidad de Castillejos se convirtió en epicentro de una batalla campal entre policía y candidatos a la inmigración, alentados por mensajes virales que calan especialmente entre los más jóvenes. Disturbios, violencia y trágicas imágenes de madres persiguiendo a sus hijos hasta el agua para evitar el peligroso trayecto a nado a través del espigón copaban las portadas de los medios locales y las retinas de los marroquíes en las últimas horas.

Los menores

Muchos de quienes intentaron llegar a Ceuta este fin de semana eran menores. Según la ciudad autónoma, la mayoría de niños y adolescentes que ya han llegado tienen estudios. Llegan aprovechando las noches de niebla para despistar a las autoridades que guardan la frontera o las convocatorias masivas para ejecutarlo. La de ayer fue una de ellas.

Con 25 nuevas llegadas en el mes de septiembre, según han confirmado fuentes del gobierno de la Ciudad Autónoma, Ceuta cuenta en este momento con 523 niños y jóvenes migrantes no acompañados acogidos, un 496% por encima de su límite.En Ceuta, el Gobierno local trata de “no dar publicidad” a los traslados de los jóvenes migrantes a la península para evitar generar una suerte de “efecto llamada”.

El aumento de llegadas de menores en Ceuta se ha producido de manera paulatina desde principios de año y se ha disparado en agosto con la llegada de 318 menores más. La saturación de los centros de acogida imposibilita garantizar una correcta atención a los menores, según reconocen desde la propia área de menores.

Desde enero a mediados de septiembre han sido 785 los migrantes que, sin superar los 18 años, han cruzado de manera ilegal a Ceuta. El dato contrasta poderosamente con los 196 -589 menos- que lograron el pase en 2023, triplicándose de este modo la cifra de ingresos.

Llega caminando a duras penas a una parada de autobús próxima a la frontera del Tarajal. Cuando anda, su pierna se queda ligeramente hacia atrás, no puede estirarla, y la arrastra. Sentado bajo la marquesina, estira la mano y una señora le entrega unas monedas. Al otro lado de la ventanilla de un taxi aparcado justo enfrente de la escena, mis ojos no llegan a ver lo que Zaid*, el taxista, rápido identifica: “Este chico acaba de entrar nadando. Este chico no es de aquí”. 

De un simple vistazo, el joven está aparentemente seco, no tiene el aspecto de los chavales que normalmente salen despavoridos del agua tras llegar a Ceuta a nado desde Marruecos. A su alrededor no parece llamar la atención. Pero la de Zaid, sí. El conductor señala la zona baja del caftán, la prenda tradicional marroquí. Está algo mojada, el bañador que lleva bajo la bata empieza a traspasar. Su rostro está descompuesto, sus ojos transmiten cierto miedo. Vuelve a levantarse y camina a zancadas obstaculizadas por su pierna dolorida. 

Zaid, sin confirmar aún su situación, quiere ayudarle pero se frena a sí mismo. Tiene que seguir trabajando. Si le dejase entrar, dice para sí, podría mojar los asientos del coche, su herramienta de trabajo. Otro cliente ya espera a que arranque dentro del taxi pero, cuando ve al joven caminar con dificultad y sin rumbo, el taxista se decide y pide al nuevo pasajero que se baje y se suba en el vehículo de otro compañero. Zaid baja la ventanilla del coche y llama al joven. Intercambia unas palabras en árabe. Le anima a subir. Yo, que acababa de llegar a la frontera para hacer guardia en las últimas horas que me quedaban en Ceuta, cambié de plan: me subí de nuevo a ese taxi. 

El joven duda, pero tras escuchar al conductor, confía y accede. Sube al asiento trasero con la respiración acelerada y los ojos muy abiertos. Parece fatigado. “He salido del agua hace media hora. Vengo nadando desde Marruecos”, confirma el joven marroquí, de 24 años. Es uno de los cientos de personas que han entrado a Ceuta a nado en el mes de agosto, cuando se ha dado un aumento de las llegadas a la ciudad por esta vía.

Omar se lanzó al mar a las seis de la mañana y salió del agua en torno a las 13 horas. No es la primera vez que lo intenta. Hace unas semanas recorrió una travesía similar, pero una patrullera de la Guardia Civil lo interceptó mientras nadaba y, tras dejarlo en la frontera, los agentes lo devolvieron a Marruecos. “Tengo miedo de que vuelva a pasar. No me lleves a la policía, por favor”, dice inquieto. Zaid le tranquiliza: “Te voy a ayudar”.

Zaid arranca el taxi y empieza a dar vueltas por la ciudad, sin saber muy bien a donde llevarlo para que pueda estar tranquilo, sin riesgo a ser detenido. Desde mediados de agosto, Ceuta vive un repunte de las llegadas a nado de migrantes marroquíes, muchos de ellos de menores. El dispositivo policial de la frontera está pendiente de la aproximación de nadadores de la mañana a la noche, con un refuerzo extraordinario desde el pasado sábado. La orden es devolver a todos los adultos marroquíes que hayan entrado a la ciudad por esta vía. Una vez recogidos en el mar o en la playa, son acompañados por las fuerzas de seguridad hasta la frontera, donde tras ser cambiados de ropa, son entregados a Marruecos de forma inmediata. Omar* llegó el lunes, en pleno pico de entradas, con todos los ojos en la frontera y esquivó la vigilancia de los guardias fronterizos. 

Hacerlo no es sencillo. Mientras el taxi sigue recorriendo la ciudad sin rumbo, Omar nos cuenta cómo ha logrado entrar en Ceuta y estar ahora en este coche, en vez de en la frontera a la espera de su devolución. “Nadé hacia alta mar, lejos, muy para arriba porque ahí no hay radares y es más difícil que nos detecten. Desde ahí nadé en dirección a Ceuta. Y, cuando parecía que había menos control, fui bajando hacia la costa”, relata el joven, mirando de vez en cuando por la ventanilla por miedo a ser localizado. En algún momento también interrumpe el relato para volver a asegurarse de que ninguno de los dos somos policías. Decide volver a confiar y nos cuenta que, como estrategia para evitar que cualquier movimiento despertase la atención de los sistemas de vigilancia fronteriza, cuando se acercaba a la zona española, se dio la vuelta, haciéndose “el muerto” y se quedó así, descansando y esperando, para que no se viese el chapoteo de sus brazadas. La propia marea, el viento, le fue acercando hacia la orilla. 

En su trayecto, a lo lejos, vio una patrullera de la Guardia Civil que rastreaba la zona. “Para que no me viese y poder alejarme, seguí tumbado de espaldas y, por debajo del agua, con una mano le daba para ir acercándome a donde ya había más gente nadando. Así lo fui haciendo, poquito a poco”, describe el joven marroquí los momentos ocurridos apenas unas horas antes. El ministerio del Interior apenas aporta datos concretos sobre este tipo de cruces, que son contabilizados en su balance oficial como “entradas terrestres”. Según sus datos, a Ceuta han llegado por vía terrestre en lo que va de año 1.605 personas, un 173% más que en el mismo periodo del año anterior.

Al llegar a la orilla, trató de hacerse pasar por cualquier otro bañista que disfrutaba de una jornada en la playa. Había más ceutíes en el agua, y se mezcló entre ellos. Serían las 13 horas. Hay dos personas en Ceuta que aquel día no encontraron su túnica y sus chanclas. Las cogió Omar. Las había visto desde el mar y ahora las lleva puestas. “Fui directo hacia ellas y las cogí como si fuesen mías. Me las puse corriendo para disimular, para que la policía no se diese cuenta de lo que acababa de hacer”, cuenta el recién llegado. “No he corrido. He salido normal, despacio, disimulando como si fuese uno más”. 

Mientras el coche continúa su camino, una voz emitida por la radio del taxista, que da cuenta de un posible servicio, interrumpe el relato del joven marroquí. Al escucharlo, Omar vuelve asustarse. Todo le da miedo: “¿Te han preguntado por ahí que dónde va conmigo? ¿Me vas a llevar a comisaría?”, pregunta de nuevo. 

“Tranquilo”, responde Zaid, “no voy a quitarte de en medio. Estoy pensando a dónde ir para conseguir ropa, porque no puedes ir así mojado por la calle”. Le aconseja no acercarse a una comisaría e intentar pasar desapercibido durante sus primeros días en la ciudad. “Hay que buscar otra ropa, tienes que vestir como los de aquí, como si ya llevases mucho tiempo así”, le recomienda el conductor. “Estaría bien que pudieses afeitarte para no despertar sospechas, como si te disfrazases de ceutí”. 

La devolución anterior

Omar recuerda la primera devolución y todo lo que vino después. Una vez la Guardia Civil entregó al joven a la policía marroquí, pasó por la comisaría del otro lado de la frontera y lo montaron en un autobús con más jóvenes que, como él, lo habían intentado y habían fracasado. Lo mandaron a Casablanca cuando él llevaba años viviendo en el norte de Marruecos. Su pueblo de origen tampoco estaba cerca, sino que se encontraba a 270 kilómetros. “Nos soltaron en la estación de autobuses”, narra. Las fuerzas de seguridad marroquíes están trasladando al sur del país a todas las personas que intentan entrar a Ceuta de forma irregular, aunque sean marroquíes. Antes, era común esta forma de proceder con los migrantes de otras nacionalidades. Ahora, la policía alauí se lo aplica también a su propia población, abandonándolos lejos de sus hogares a modo de “castigo”.

Él, aunque no tenía otra casa, no quería volver a su pueblo, donde viven su madre y sus hermanos. Quería volverlo a intentar. “Empecé a pedir limosna y, poco a poco, con ese dinero empecé a volver a subir hacia el norte”, rememora el chico, que empezó el camino de nuevo. Llegó a Tánger haciendo autostop y, una vez allí, quería alcanzar a pie Castillejos, la ciudad más próxima a la frontera con Ceuta. “Iba siempre por la montaña, para que no me viesen. Me quedaba con hambre, apenas comía, pero no quería ir por la carretera y arriesgarme a que me viese la policía marroquí y sospechase de mí”, continúa Omar. No tenía móvil ni reloj y le cuesta calcular cuánto tardó en llegar a su destino. Cree que dos o tres días. 

Sus razones

Recuerda que no es la primera vez que camina días completos y duerme en la calle para buscarse la vida. Así vive desde hace tres años, cuenta, cuando decidió abandonar su pueblo e intentar encontrar otro trabajo en el norte del país. Su madre es muy mayor, su padre falleció y tiene tres hermanos pequeños. “Trabajaba en una panadería y cobraba cinco euros por todo el día. Éramos muy pobres. Yo me sentía muy mal por no ayudarla más”, cuenta el chico.

Zaid hace una llamada a un amigo. Le pregunta si tiene algo de ropa que pudiese servir a su pasajero. La suya propia, dice, le quedaría grande: “Justo le acabo de dar unas camisetas y varios pantalones a otros chicos que acababan de llegar”, le responde. Una parte de la ciudad de Ceuta está volcada en ayudar a los recién llegados. Los ven de igual a igual, y la empatía es notable. El taxista aparca el vehículo en su barrio. “Aquí va a pasar algún vecino que pueda darnos ropa que te sirva. Seguro”, nos cuenta el conductor en árabe y en español para que ambos lo comprendamos. Con el coche estacionado, aguarda el paso de algún conocido para contarle la situación.

En el taxi, Omar continúa su relato. Recuerda el momento en que decidió dejar su casa familiar y empezar a caminar para buscarse la vida por su cuenta. Ese día empezó un viaje que ha cambiado de etapa hace apenas unas horas. “Era el día de la fiesta del Cordero de hace tres años. Mi madre estaba muy triste, porque no pudimos comprar un cordero, no teníamos dinero. No lo pude soportar más, y me fui. Quería ayudar a mi madre de verdad”, describe el joven, que empieza a emocionarse hasta romper a llorar. Se ha acordado de su madre, de sus hermanos, dice. Los echa de menos. Llora por ellos, pero a su vez llora de agotamiento y descarga el miedo, los nervios acumulados después del pico de adrenalina contenida de la peligrosa travesía. Ha estado más de seis horas en el agua, nadando, con la ansiedad de una posible nueva devolución. Se da cuenta de todo lo que ya ha pasado, y todo empieza a salir en forma de lágrimas y respiración entrecortada. 

El apoyo de Ceuta

Zaid corre a consolarle. Le dice que no se preocupe, que llore, que se desahogue. “Si no te vas a poner malo”, le dice el taxista, mirando hacia atrás desde el asiento delantero. Intenta animarle: “Piensa en que la mayoría son devueltos. Pero en tu caso, mira, todo se ha unido para que nos encontrases justo en ese momento. Por esa lucha de ayudar a tu familia, Dios te ha dado hasta la ropa, la encontraste en el suelo y te la has puesto. Dios ha hecho que te encuentres conmigo, que hasta he echado al cliente para que te subieses. Piensa en todo eso, que ahora estás aquí. Que lo has conseguido”, le consuela el ceutí.

El recién llegado le da las gracias y trata de tranquilizarse después del sofocón. Poco después, pasa una furgoneta de un conocido y Zaid sale del coche para frenarla. En menos de un minuto, el vecino está rebuscando en el maletero y el taxista regresa al coche con una mochila cargada de varias camisetas, unas bermudas y un abrigo, por si hiciese frío en sus próximas noches a la intemperie. Mientras el joven marroquí observa la ropa con una sonrisa en la boca, el taxista se ausenta unos minutos y vuelve satisfecho. “Ven. Sal del coche. Ya está solucionado. Vamos a casa de mi vecina, ella te dará unos calzoncillos, que es lo que falta. Puedes ducharte y cambiarte en su casa. Te vendrá bien”.

Sara* abre la puerta de su casa y nos deja pasar. Recibe a Omar con una toalla y le indica dónde está el baño. “¿Acaba de llegar? Pobrecito. Ayer pasamos el día en Marruecos y, a la vuelta a Ceuta, vimos a muchos saltando al agua. En la frontera había muchos, muy jóvenes, sentados esperando a ser devueltos. Había algunas madres llorando en los alrededores de la frontera, pendientes por si les devolvían, porque les llevan muy lejos, hacia el sur, para alejarles de la frontera. Estaban preocupadas”, cuenta la mujer mientras saca la colada de la lavadora.

Unos minutos después, Omar sale del baño. Ahora viste un polo y unos pantalones cortos. Parece más relajado: “Lo necesitaba, después de tanto tiempo en el agua salada”. Volvemos al coche, Zaid sabe de un sitio de bocadillos baratos donde el chico puede comer algo. El joven ve una mezquita y le pide que le deje ahí. Quiere empezar a buscarse la vida por su cuenta.

Ya en los alrededores de una de las mezquitas de Ceuta, nos despedimos de Omar. “Ya sabes donde vivo. Si necesitas cualquier cosa, puedes pasar por allí. Allí estamos. Si no soy yo, seguro que encuentras a otro vecino que pueda ayudarte”, le dice el taxista. El joven agradece la ayuda una y otra vez antes de emprender su camino hacia la mezquita. Se da la vuelta y vuelve a caminar con dificultades.

Quedan apenas 20 minutos para la salida de mi vuelo. Zaid me tranquiliza, dice que con estar cinco minutos antes es suficiente. Es un helipuerto pequeño y no hace falta acudir con más antelación. El taxista me acerca y prometemos mantenernos en contacto.

Minutos después, el helicóptero que me llevará de vuelta a la península empieza a elevarse. Veo la ciudad desde lo alto. Llego a identificar una parte de la valla que atraviesa Ceuta para separarla de Marruecos. Pienso en lo que le ha costado a Zaid, y a tantos otros, pasar de un lado a otro, y lo que le queda por vivir hasta alcanzar la península y conseguir un trabajo con el que pueda, de verdad, ayudar a su familia. Yo, en poco más de media hora, aterrizo en Málaga.

*Todos los nombres de los protagonistas de este reportaje son ficticios. Han pedido el anonimato por miedo, en caso de Omar, a la devolución. En caso de los vecinos ceutíes, porque no quieren alardear de la ayuda aportada y, también, por temor a posibles represalias por su labor

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena judicial a España por la devolución irregular de varios menores de edad a Marruecos desde Ceuta en el verano de 2021. Los jueces explican que estas devoluciones “deben ajustarse a la legislación española y sus garantías y no puede basarse solo en el Acuerdo hispanomarroquí de vuelta concertada de menores”. La Fiscalía y las asociaciones denunciantes habían pedido a los magistrados de lo contencioso-administrativo que ratificaran esta sanción al ejecutivo.

Todo el proceso judicial arrancó cuando varios menores de edad de nacionalidad marroquí demandaron ante la Justicia que la administración española les había devuelto a su país en 2021 sin ningún tipo de acompañamiento y sin saber en qué situación se encontraban. Todos entraron en Ceuta en mayo de ese año cuando Marruecos forzó una crisis migratoria con España, permitiendo que 8.000 personas cruzaran la frontera. Entre las miles de personas que fueron devuelta había menores de edad alojados durante meses en un polígono y un polideportivo hasta que fueron devueltos a Marruecos en agosto de 2021.

Siete de estos menores, a través de la Coordinadora de Barrios y a través de la letrada Patricia Fernández Vicens, denunciaron en los tribunales que mientras estuvieron en España no se tramitó ningún expediente para estudiar si estaban en situación de desamparo antes de su devolución. Se hizo, afirman, pasando por encima de los procedimientos establecidos en la normativa española: no se pidió un informe a Marruecos sobre las circunstancias de los menores, no se les informó a ellos sobre la decisión de devolverles a su país de origen, la Fiscalía no participó en el proceso, no se nombró un defensor judicial y nada fue notificado, así que ni siquiera se pudieron presentar recursos.

Ahora el Tribunal Supremo rechaza los recursos de la administración y confirma que en este proceso “se vulneraron los derechos a la integridad física y moral de los menores devueltos a Marruecos”. Fueron puestos “en serio peligro” y la administración “no hizo ponderación alguna del interés de los menores ni mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales”.

Los jueces comprenden “perfectamente” la situación límite que vivieron los encargados de la situación a lo largo de esos meses de 2021, sumergidos en una profunda crisis migratoria con Marruecos, pero eso no justifica haber devuelto a los menores sin poner en marcha el procedimiento necesario para garantizar su seguridad. El Acuerdo firmado en 2007 entre España y Marruecos, añade, no es suficiente para devolverlos sin más a su país de origen: “España está facultada para decidir el retorno de los menores no acompañados a Marruecos y que este está obligado a aceptar dicho retorno; pero no se desprende que las autoridades españolas puedan actuar de plano en esta materia”.

Reproches a la actuación de España

Tanto un juzgado de Ceuta como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dieron la razón a los menores y declararon que la administración había actuado por vía de hecho, y sin darles por tanto ninguna opción a oponerse o al menos a informarse o poder recurrir algo. Las sentencias ordenado a la Delegación del Gobierno que “cesara en dicha actuación”, obligando a que adoptara las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados“.

Los jueces destacaron que la administración hizo “imposible” el seguimiento de la situación de estos menores y los puso en una “situación objetiva de riesto relevante para la integridad física o moral”. La entrada masiva de gente en 2021 a través de la frontera de Ceuta “en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley”, reprochó el TSJ andaluz.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo en marzo de 2023, cuando la sala de lo contencioso-administrativo decidió admitir a trámite el recurso de la ciudad autónoma y de la Abogacía del Estado, anunciando que serviría para sentar jurisprudencia: si el acuerdo firmado en 2007 entre Madrid y Rabat obliga o no a tramitar un expediente administrativo para devolve a un menor de edad, y si eso contraviene alguna ley española.

“No hubo ninguna garantía”

La vista celebrada hace unos días en el Tribunal Supremo sirvió para reflejar los argumentos del fiscal Antonio Narváez y de Coordinadora de Barrios, que a través de su letrada Patricia Fernández representa a una docena de menores afectados. “No hubo ninguna garantía”, dijo el fiscal y exmagistrado del Constitucional. “No es solamente que no se haya cumplido la ley española, sino que no se han cumplido las garantías de derechos fundamentales. Estamos hablando de colectivos vulnerables, menores en situación de desamparo”, dijo el representante del Ministerio Público.

La representante de Coordinadora de Barrios afirmó por su parte que “no hubo ni una sola resolución, no se respetaron las garantías”. Los abogados de la admnistración llegaron a afirmar ante el Supremo que la situación, en plena crisis migratoria con Marruecos, era similar a una “guerra”.

El Supremo reconoce que esa situación fue un “extraordinario reto” para las autoridades españolas y, en particular, para Ceuta, pero rechaza que eso justifique desamparar a esos menores durante un periodo tan largo de tiempo. “No incoaron ningún procedimiento administrativo durante todo ese tiempo, limitándose a custodiar a los menores y finalmente, tras el encuentro entre funcionarios de ambos países, a decidir su retorno a Marruecos”, reprocha la sala tercera.

Esa crisis, en cualquier caso, es una alegación “abstracta”. “Lo que en un primer momento podría resultar comprensible dista de serlo cuando la situación se prolonga en el tiempo. De aquí que no quepa justificar una interpretación laxa de la legalidad, ni menos aún una dispensa de su cumplimiento, invocando circunstancias excepcionales”, reprocha el Supremo.

La Fiscalía ha pedido este martes al Tribunal Supremo que confirme la condena del Gobierno por la devolución de varios menores de edad a Marruecos durante la crisis migratoria del verano de 2021. “No existe ningún tipo de garantía”, ha denunciado el fiscal Narváez a la sala de lo contencioso. Los abogados del Estado y de Ceuta han defendido que el proceso se hizo en plena “crisis diplomática” con Marruecos, han culpado a Rabat de no contestar nunca a este tipo de requerimientos sobre menores y defendiendo la legalidad de las repatriaciones: “No retornó ningún menor que se opusiera, los niños acabaron con sus familias”.

Todo el proceso judicial arrancó cuando varios menores de edad de nacionalidad marroquí demandaron ante la Justicia que la administración española les había devuelto a su país en 2021 sin ningún tipo de acompañamiento y sin saber en qué situación se encontraban. Entraron en Ceuta en mayo de ese año cuando Marruecos forzó una crisis migratoria con España, permitiendo que 8.000 personas cruzaran la frontera. Entre las miles de personas que fueron devuelta había menores de edad alojados durante meses en un polígono y un polideportivo hasta que fueron devueltos a Marruecos en agosto de 2021.

Ocho de estos menores denunciaron en los tribunales que mientras estuvieron en España no se tramitó ningún expediente para estudiar si estaban en situación de desamparo antes de su devolución. Se hizo, afirman, pasando por encima de los procedimientos establecidos en la normativa española: no se pidió un informe a Marruecos sobre las circunstancias de los menores, no se les informó a ellos sobre la decisión de devolverles a su país de origen, la Fiscalía no participó en el proceso, no se nombró un defensor judicial y nada fue notificado, así que ni siquiera se pudieron presentar recursos.

Este martes la sala de lo contencioso del Supremo ha acogido una vista para estudiar los recursos de la Abogacía del Estado y de la ciudad autónoma de Ceuta contra una de las sentencias que condenó al Gobierno por esta devolución de menores. El fiscal Antonio Narváez, recién incorporado después de ser magistrado del Supremo, ha sido contundenten al pedir que los jueces confirmen la condena del Estado: “No se ha producido ninguna garantía, ningún expediente, ni siquiera se ha identificado a las personas, no existe ningún tipo de garantía”, ha dicho.

“No es solamente que no se haya cumplido la ley española, sino que no se han cumplido las garantías de derechos fundamentales. Estamos hablando de colectivos vulnerables, menores en situación de desamparo”, ha criticado el fiscal Narváez. “Lamentándolo mucho, es una situación muy desagradable, entiende que lo que procede es una sentencia desestimatoria”, ha zanjado.

Patricia Fernández Vicens, abogada de la Coordinadora de Barrios que representa a estos menores, ha pedido desestimar los recursos y confirmar la condena del Estado, acusando a España de actuar por la vía de hecho a la hora de devolveles a Marruecos. “No hubo ni una sola resolución. No se respetaron las garantías”, ha denunciado ante la sala. Que Marruecos se encargara de la repatriación, como ha defendido la Abogacía del Estado, es “una cesión de jurisdicción intolerable” para la letrada.

La letrada ha acusado al Estado de aportar de forma sorpresiva en estas última fase documentos “ad hoc para este procedimiento” y que existió un “riesgo relevante” para los niños. “Se omitieron todas las cautelas y esto colocó a los niños en una situación de riesgo”, ha denunciado. A la salida del tribunal, la abogada de Coordinadora de Barrios ha lamentado que, a día de hoy, estos jóvenes sean mayores de edad.

“Siempre llegamos tarde en la protección de los niños, los procedimientos son lentos y a veces nos llevan a una Justicia melancólica”, explica Fernández Vicens. “Algunos de los niños han cumplido ya los 18 años, algunos volvieron a entrar a España y tienen sus permisos, trabajan, cotizan, pero lamentablemente otros siguen en Marruecos en situación de calle muy deplorable”.

El Estado defiende las devoluciones: “Había una crisis diplomática”

El representante de la Abogacía del Estado, además, ha defendido que sí existió un procedimiento administrativo que salvaguardó los derechos de los menores. “No hay vía de hecho”, ha dicho aunque ha reconocido que en el verano de 2021 era “imposible” aplicar todo el procedimiento legal, dadas las circunstancias “extraordinarias” que se dieron esos días. El Abogado del Estado ha cargado directamente contra Marruecos: “Había una retirada de embajadores y crisis diplomática, la embajadora de Marruecos cogió las maletas y se fue a su país. Me recuerda a cuando no hay una declaración de guerra pero hay guerra”, ha dicho.

Los menores, ha reconocido, “ya son mayores de edad a estas alturas”, y ninguno de ellos, a día de hoy, “ha manifestado ninguna queja, crítica o manifestación desfavorable” de su situación actual en Marruecos. Pero, según el representante del Estado, los derechos de los menores se respetaron: “No retornó ningún menor que se opusiera, todo el procedimiento es mediante un pacto entre Marruecos y España”.

El representante legal de la ciudad autónoma de Ceuta también ha apuntado a la falta de colaboración de Marruecos en estos procedimientos. “A día de hoy no se ha logado concluir un solo procedimiento de repatriación de un menor desde Ceuta a Marruecos, ni uno solo, por un motivo: porque Marruecos no ha atendido ni una sola vez una petición”. Esos días, además, la situación en la ciudad era de emergencia: “No estamos hablando de un problemilla de orden público, era una situacion previa al pillaje y con intervención del Ejército. Estamos ante una auténtica invasión”, ha dicho parafraseando a la Fiscalía. “Los niños acabaron con sus familias”.

Reproches a la actuación de España

Tanto un juzgado de Ceuta como posteriormente el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía dieron la razón a los menores y declararon que la administración había actuado por vía de hecho, y sin darles por tanto ninguna opción a oponerse o al menos a informarse o poder recurrir algo. Las sentencias ordenado a la Delegación del Gobierno que “cesara en dicha actuación”, obligando a que adoptara las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados“.

Los jueces destacaron que la administración hizo “imposible” el seguimiento de la situación de estos menores y los puso en una “situación objetiva de riesto relevante para la integridad física o moral”. La entrada masiva de gente en 2021 a través de la frontera de Ceuta “en absoluto autorizaba al Reino de España excusar su sometimiento al imperio de la Ley”, reprochó el TSJ andaluz.

El caso llegó hasta el Tribunal Supremo en marzo de 2023, cuando la sala de lo contencioso-administrativo decidió admitir a trámite el recurso de la ciudad autónoma y de la Abogacía del Estado, anunciando que serviría para sentar jurisprudencia: si el acuerdo firmado en 2007 entre Madrid y Rabat obliga o no a tramitar un expediente administrativo para devolve a un menor de edad, y si eso contraviene alguna ley española.

La Audiencia Provincial de Cádiz ha ordenado reabrir la instrucción de la causa sobre la deportación de 55 menores marroquíes, en una operación que incumplió el procedimiento previsto en la Ley de Extranjería, en agosto de 2021, tras la llegada de alrededor de 10.000 migrantes durante la crisis diplomática hispano-marroquí. La Justicia, que procesó a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos (PSOE), y a la exvicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu (PP), ofrece la posibilidad de aportar un listado de llamadas y mensajes intercambiados entre su equipo y personal del Gobierno central, para estudiar si las dos encausadas contaron con la colaboración del Ejecutivo de Pedro Sánchez para expulsar a los niños.

Así, la Justicia ha estimado parcialmente un recurso de apelación de la acusación popular, la Red Española de Inmigración, para explorar si Mateos y Deud, sobre las que ya se ha ordenado la apertura de juicio oral, tuvieron colaboradores desde la Vicepresidencia Primera y los ministerios de Interior, Derechos Sociales y Asuntos Exteriores en la operación de retorno.

La Sala ha ordenado que se inste a Deu a aportar si quiere “los listados de llamadas con su duración y los mensajes intercambiados a través de aplicaciones de telefonía móvil con personas que actuaban por cuenta de la Vicepresidencia Primera del Gobierno de España y sus ministerios de Interior, Derechos Sociales y Agenda 2030 y Asuntos Exteriores”.

La exconsejera de Presidencia de Vivas, que no entró en la lista del PP para las municipales de mayo tras su procesamiento, aseguró en septiembre del año pasado como investigada que entre mayo de 2021 y agosto de ese mismo año habló casi “a diario” con representantes del Ejecutivo de Sánchez, sobre todo con la entonces jefa de Gabinete de Carmen Calvo, Isabel Valldecabres.

Mabel Deu también se reunió en Madrid con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, y su secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, para impulsar la devolución de los menores.

Ni la Fiscalía ni la jueza de instrucción atisbaron la posibilidad de extender la exigencia de responsabilidades más allá de Mateos y Deu, que se enfrentan a peticiones de hasta 15 años de inhabilitación absoluta y la “pérdida de los honores” asociados a sus cargos. La Audiencia, sin embargo, no opina lo mismo.

“No tenía razón de ser limitar las indagaciones a otros posibles responsables penales por haber cooperado o colaborado de una u otra forma con las dos investigadas para la realización de los hechos inicialmente comunicados a la autoridad judicial y, más en concreto, si los mismos se encontrarían dentro del círculo del Gobierno de España”, advierte el auto, a cuyo contenido ha tenido acceso elDiario.es.

Para la Audiencia “las indagaciones propias de la instrucción no debían limitarse forzosamente a la conducta que hubieran llevado a cabo las personas a las que directamente se atribuyó la condición de investigadas desde que se incoó la causa. Habría de tratar de esclarecer si hubiera otros posibles responsables, no por diferentes posibles actuaciones, eventualmente conexas o no, sino por cooperar o colaborar con ellas en las que realizaron en concreto las mismas, y quiénes podrían ser”.

A ojos de la Sala, “investigándose una repatriación de menores que se habrían llevado a cabo fuera de los cauces legales entre una delegada del Gobierno y una vicepresidenta de la Ciudad, esos otros posibles responsables podrían encontrarse, obviamente, entre quienes hubieran podido brindarles, no cualquier cooperación con ellas, sino la tendente a la ejecución de aquella subvirtiendo conscientemente la legalidad, ya integrasen o prestasen servicio para el ejecutivo nacional o el local”.

“Un mandato expreso” de Interior

Tanto Salvadora Mateos como Mabel Deu han recurrido ante la Audiencia Provincial de Cádiz el auto de procedimiento abreviado de la jueza instructora de la causa que, en noviembre, las abocó a sentarse en el banquillo por saltarse de forma “grosera” la legislación española. Según la instructora, las procesadas hicieron “absoluta dejación del deber de protección de los menores afectados que tenían en sus respectivas competencias, poniendo en riesgo la integridad física y moral de los menores y ocasionando un resultado materialmente injusto, sin que exista justificación para ello, ni siquiera la situación de excepcionalidad” que vivía Ceuta.

En su escrito solicitando el sobreseimiento del caso, todavía no resuelto, la defensa de Deu ha alegado que interpretó como “un mandato expreso y acabado” la misiva sin firma de la Secretaría de Estado de Seguridad que “rogó” efectuar los retornos. De acuerdo con su argumentario, su misión se limitó a “facilitar y posibilitar la ejecución de lo ya decidido”, aunque la carta incluía la coletilla de que se hiciese “protegiendo siempre los intereses de los menores implicados”.

La exvicepresidenta solicitó incluso durante la instrucción de la causa que tanto Marlaska como Pérez y Valldecabres fuesen citados a declarar como testigos, algo que rechazó la jueza al considerar que las gestiones “diplomáticas o administrativas” que hubieran podido llevar a cabo en favor de las deportaciones “no empecen ni sustituyen a los trámites administrativos previstos” que tendrían que haber cumplimentado las procesadas.

“Por mucha voluntad que tuviesen consejera y delegada en ejecutar retornos de menores a Marruecos, la decisión se adopta a otro nivel y de común acuerdo entre dos Estados soberanos”, razonó Deu en su recurso.

En el suyo, Mateos, que siempre ha evitado señalar con tanta claridad hacia el Ejecutivo de Sánchez, razona que “no hay delito cuando nos encontramos ante una interpretación errónea, equivocada o discutible, como tantas veces ocurre en el ámbito del Derecho”. “No puede apreciarse arbitrariedad ni conciencia o manifiesta voluntad de vulnerar la ley, ya que existía y existe una creencia legítima que dicha actuación fue legal y correcta, y así se está manteniendo y defendiendo en los procedimientos contencioso-administrativos por el Servicio Jurídico del Estado”, añade.

La sección cuarta del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de amparo interpuesto por tres ONG en contra del archivo del caso Tarajal, que investigaba la muerte de 14 personas en su intento de llegar a Ceuta a nado, respondido con pelotas de goma y botes de humo por parte de la Guardia Civil.

Tras el cierre definitivo de la causa por parte del Supremo en junio de 2022, las ONG Coordinadora de Barrios Asociación Pro Derechos Humanos de España y la Comisión Española de Ayuda al Refugiado acudieron al Alto Tribunal a través de una demanda de amparo por una supuesta vulneración del derecho a la vida y del derecho a la tutela judicial efectiva en el carpetazo de la investigación.

La demanda registrada por las ONG plantea al Constitucional un asunto “sobre el que aún no existe doctrina del Tribunal Constitucional: la obligación general del Estado de proteger por ley el derecho a la vida”, sostiene las organizaciones en un comunicado.

“Es una oportunidad para que se establezca doctrina constitucional que proteja el derecho a la vida de las personas migrantes en las fronteras”, han afirmado desde la ONG. “Confiamos en que, casi diez años después, se haga justicia y no se vuelvan a repetir hechos tan graves como los sucedidos aquel 6 de febrero de 2014”, añade Elena Muñoz, coordinadora del Área Jurídica de CEAR.

En junio del año pasado, el Supremo consideró que no cabía recurso de casación contra el auto de sobreseimiento libre de la Audiencia Provincial de Cádiz -con sede en Ceuta- porque se trataba de un procedimiento incoado por un Juzgado de lo Penal antes de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 5 de octubre de 2015.

La sentencia ratificó el cierre de un largo procedimiento, caracterizado por una sucesión de archivos de los juzgados ceutíes y reaperturas ordenadas por la Audiencia Provincial hasta que en 2020 los magistrados de este tribunal concluyeron que el operativo de la Guardia Civil, que disparó pelotas de goma y botes humo cerca de donde nadaban los inmigrantes, se realizó “con la utilización de medios de control de masas de forma adecuada y proporcional a las circunstancias del caso”.

La Corte descartó acusar de homicidio imprudente a todos los agentes imputados por una posible mala actuación de alguno de los miembros del Instituto Armado. “Sería descabellado atribuir a todos y cada uno” de los guardias civiles imputados, “la responsabilidad criminal por alguna hipotética desviación de algún miembro del grupo más descuidado o incluso malintencionado”.

El auto recalcó que la actuación fue llevada a cabo “por una fuerza militarizada bajo un mando” (el capitán responsable del operativo) “que si bien no dio una orden expresa para la utilización del material antidisturbios, llevó a efecto algunos lanzamientos y disparos para que sus subordinados lo emularan, de manera que al no existir dicho concierto de voluntades, tendría que haberse determinado qué actos concretos protagonizados por cada uno de los investigados provocaron” la muerte de 14 personas.

Sobre la denegación de auxilio a los migrantes que trataban de rodear el espigón a nado, la Audiencia Provincial descartó que los agentes imputados tuviesen el deber de auxiliarles. “Los guardias civiles que estaban en el espigón o la playa, no tenían obligación de socorrer a los nadadores”, sentenciaron los tres magistrados de la Sala. La Corte justificó que “no se ha acreditado que los mismos les hicieran algún requerimiento al respecto” ni “existe prueba alguna de que en su presencia, en la parte española, se estuviera nadie ahogando ni en peligro”.

Los jueces de la resolución ratificada mencionaron una serie de grabaciones que, según concluyeron, “corroboraban” que los guardias civiles de tierra como los del servicio marítimo, “mostraron en todo momento una actitud de ayuda a los inmigrantes que se encontraban en la zona española, rescatando desde la patrullera a todos los que no se dirigieron a la orilla”. La acusación popular sostiene que estas imágenes son posteriores al momento en que se produjeron los fallecimientos, cuando consideran que deberían haber sido auxiliados, mientras el grupo se encontraba acumulado en el agua mientras continuaban los disparos de pelotas de goma y botes de humo.

Hace dos años, un joven senegalés, Abdou, cayó exhausto en la orilla de la playa del Tarajal después de nadar desde Marruecos durante 20 minutos. Una voluntaria de Cruz Roja, Luna, empezó a atenderle en suelo español mientras, agotado, tosía y expulsaba parte del agua tragada durante el trayecto. Tiempo después, ya con ropa seca, el hombre rompió a llorar y abrazó a la chica en busca de consuelo, preocupado por un hermano del que desconocía su paradero. La imagen, que despertó ataques machistas y racistas de la extrema derecha, se convirtió en símbolo de la crisis migratoria de Ceuta de 2021 y empujó, bajo el lema de “Gracias Luna”, las reacciones de solidaridad de miembros del Gobierno. Al mismo tiempo, el Ministerio del Interior del mismo Ejecutivo devolvía en caliente a casi todas las personas que pisaban suelo español, incluido Abdou. 

El senegalés, apoyado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), denunció el año pasado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) su devolución en caliente a Marruecos, pero la Corte ha rechazado investigar el caso, según ha confirmado la ONG demandante a elDiario.es. Junto a la demanda, la organización había presentado las imágenes que recogen el retorno completo del joven desde la ciudad autónoma al lado marroquí de la frontera, realizado a plena luz del día y frente a la prensa nacional e internacional. Pero no fue suficiente.

Estrasburgo ha inadmitido la demanda apelando a la sentencia del caso N.T. y N.D., con la que la Gran Sala cambió de criterio en 2020 y avaló la devolución en caliente de dos jóvenes migrantes, practicada por la Guardia Civil en Melilla en 2014. Mientras el Tribunal reconoció entonces la falta de un estudio individualizado de cada caso, como exige la legislación comunitaria antes de retornar a cualquier persona, la Corte avaló las devoluciones bajo la premisa de que estas personas podrían haber pedido asilo por vías de acceso legal a España. 

Aunque en la legislación existen determinados mecanismos para pedir protección internacional desde los países de origen y tránsito, en la práctica no existen vías legales de entrada a España para quienes huyen de países africanos, por lo que estas personas se ven forzadas a migrar de forma irregular, según han constatado diversos organismos, como el Consejo de Europa o el Defensor del Pueblo. 

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado lamenta la decisión del tribunal europeo y recuerda que la sentencia de la Gran Sala se refiere al caso particular N.D. y N.T., por lo que solicita que siga estudiando casos de devoluciones en caliente desde Ceuta y Melilla. “Ya avisamos de que esta sentencia era muy decepcionante y suponía un retroceso en la defensa de los derechos humanos. Aquí tenemos un ejemplo”, sostiene Elena Muñoz, responsable jurídica de CEAR, en declaraciones recogidas por elDiario.es. 

Abdou, desesperado

Tras su entrada en suelo español y su posterior devolución, Abdou, de 27 años, continúa malviviendo en Casablanca, detalla CEAR. La ONG ha comunicado recientemente al joven senegalés la respuesta de Estrasburgo de rechazar el estudio de su caso. “Estaba esperando conocer la decisión para ver si había alguna posibilidad de llegar a Europa [de forma regular]. En Marruecos la situación es bastante complicada, mucha precariedad, y el hecho de que se le haya cerrado esta puerta le ha hundido”, explica Muñoz, quien ha hablado con el joven durante la última semana. “Está desolado y va a intentar otros medios menos seguros para intentar llegar a Europa. Es preocupante que le pueda suceder algo”. 

Hace casi dos años, CEAR localizó a Abdou en un hostal de Casablanca tras la intervención de la corresponsal de RTVE en Marruecos y su equipo, que lograron entrevistar al joven semanas después de la crisis migratoria de Ceuta. El senegalés estaba en una “situación de salud bastante terrible”. Según explicó la secretaria general de la ONG, Estrella Galán, Abdou “necesitaba una atención médica que no había recibido en su momento [antes de ser devuelto, a pesar de haber entrado a Ceuta]”. 

“No tuvo acceso a asistencia legal, ni médica, ni a intérprete que pudiese entender en su idioma, como marca todo el marco internacional y estatal para que se produzca ese rechazo en frontera”, explicó. Ninguna autoridad preguntó a Abdou, ni a tantos otros, por las razones que le habían empujado a cruzar el espigón fronterizo a nado, solo la voluntaria de Cruz Roja pudo ofrecerle agua, comida, ropa seca y un abrazo para, tiempo después de permanecer en la playa ceutí, ser retornado a Marruecos de manera automática, en un operativo compartido por la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Y esa falta de procedimiento individualizado incumple la normativa europea, recuerda la ONG que apoyaba a Abdou en el proceso. 

La devolución

Según el testimonio de Abdou, recogido por CEAR y enviado a Estrasburgo, el joven salió de Casablanca el 16 de mayo de 2021 hacia Tánger “después de escuchar que iban a abrir la frontera hispano-marroquí” por parte de las autoridades alauíes. Dos días más tarde, el 18 de mayo, nadó “unos 15 o 20 minutos” para llegar a Ceuta. El joven pisó la playa ceutí “a las ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde estuvo tirado en la playa”, explicó la ONG. “Estuvo nueve horas en suelo español”. 

Transcurrido ese tiempo en Ceuta, el senegalés “fue devuelto sin mediar procedimiento, identificación individual, sin asistencia letrada, sin asistencia de intérprete y sin ningún tipo de información por parte de las autoridades españolas”. La organización defiendió ante Estrasburgo que esta actuación viola el protocolo 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en lo que se refiere a la prohibición de toda expulsión colectiva. También apuntaba al incumplimiento del artículo 13 del Convenio Europeo para los Derechos Humanos, que garantiza la posibilidad de que cualquier persona forzada a retornar a su país pueda recurrir la decisión de manera efectiva. 

“La devolución inmediata de los extranjeros en Ceuta el 18 de mayo de 2021”, entre ellos Abdou, “se realizó sin procedimiento de identificación, que permita el análisis individualizado de la situación de cada uno, donde las personas extranjeras puedan exponer sus argumentos y la ausencia de resolución de expulsión que pudiera garantizar el acceso a un recurso efectivo”, expone por escrito la abogada de Abdou ante el tribunal. En una entrevista en RTVE.es, Luna, la voluntaria de Cruz Roja, reconoció sentirse culpable por no haber podido evitar su devolución y, según decía, no había tenido tiempo para conocer su situación particular y las razones que le empujaron a migrar.

El Gobierno de Mariano Rajoy intentó regular las devoluciones en caliente en 2014 mediante la Ley de Seguridad Ciudadana, a través de una nueva figura llamada “rechazo en frontera”, que no da carta blanca a este tipo de retornos inmediatos pues exige garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de derechos humanos. A pesar de las promesas para acabar con las devoluciones en caliente por parte del PSOE, el actual Ministerio del Interior ha defendido y mantenido este tipo de actuaciones en las fronteras de Ceuta y Melilla. 

Interior sostiene que este tipo de devoluciones están amparadas por la sentencia de 2020 del Tribunal del Europeo de Derechos Humanos, que tras haber condenado a España en primera instancia por uno de estos casos documentados de retornos inmediatos la exculpó finalmente en la Gran Sala. Sin embargo, organismos internacionales continúan condenando la aplicación de los retornos sin procedimiento dado que, entre los migrantes retornados, puede haber personas que necesitan pedir protección.

Salvadora Mateos, exdelegada del Gobierno en Ceuta, era la autoridad competente en aplicar la repatriación de menores en agosto de 2021, cuando 55 chavales fueron retornados sin seguir ningún procedimiento administrativo. Pero en su declaración como investigada por un posible delito de prevaricación, celebrada en un juzgado ceutí el pasado 5 de octubre, transmitió no haber tomado apenas decisiones en la puesta en marcha del operativo. Aunque a lo largo de su intervención intentó hacer de cortafuegos y evitó dar detalles sobre directrices concretas enviadas por sus superiores del Ministerio del Interior –de los que depende en materia migratoria–, Mateos acabó admitiendo haber recibido órdenes.

El caso sobre las expulsiones de menores desde Ceuta, abierto en el juzgado de instrucción número 2 de la ciudad tras la denuncia presentada por la Fiscalía, investiga por lo penal a la ya exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos; y la vicepresidenta de la ciudad, Maribel Deu, por un posible delito de prevaricación. Mateos, quien actualmente se encuentra en tratamiento oncológico, fue destituida el pasado 31 de octubre. Tras su declaración, la Abogacía del Estado ha solicitado al juzgado que no tenga en cuenta su testimonio, debido a la enfermedad que padece.

A lo largo de su declaración, adelantada por El Confidencial y a la que ha accedido elDiario.es, la exdelegada insistió en varias ocasiones en la supuesta imposibilidad de aplicar la Ley de Extranjería para retornar a los menores llegados durante la crisis migratoria de mayo del año pasado. Su declaración evidenció, como ya lo habían hecho las testificales recogidas por el Ministerio Público en su investigación previa, la arbitrariedad y falta de control con la que actuaron el Ejecutivo central y el Gobierno de Ceuta para retornar a los niños y adolescentes. 

La exdelegada defendió que “no se podía aplicar” la normativa estatal porque “nunca se había” hecho, así como por el enfriamiento de las relaciones entre España y Marruecos, por lo que se debía acudir al acuerdo hispanomarroquí de 2007. Ante la insistencia de las preguntas de la jueza acerca de qué impedía el cumplimiento de la legislación estatal, la entonces representante del Gobierno en la ciudad respondió: “Me dijeron que no se podía aplicar y que lo que se iba a aplicar era el acuerdo”. Posteriormente, Mateos aseguró no recordar quién se lo dijo.

“Recibo una orden”

Ante la insistencia de las preguntas de la jueza y la fiscal, Mateos describió con brocha gorda cómo se activaron las repatriaciones de menores. “Yo no decido que los niños salgan. Recibo una orden”, dijo la delegada. La fiscal entendió entonces que se refería al correo electrónico enviado el 10 de agosto de 2021 por la secretaria del secretario de Estado de Seguridad a la Delegación del Gobierno de Ceuta. “Dada la importancia del asunto, se insta se proceda a cumplir lo previsto en el escrito desde hoy mismo”, rezaba el email, en referencia a una instrucción sin firma que activó de facto las repatriaciones de niños y adolescentes migrantes en base al acuerdo hispano-marroquí.

Como dicha orden sin rúbrica incluía la indicación de “respetar” los “intereses y derechos” de los menores, algo que no se respetó en la práctica, la fiscal insistió en preguntar a la investigada por el origen de las decisiones sobre la manera en que se llevaron a cabo las repatriaciones: sin seguir ningún procedimiento, sin emitir ninguna resolución y sin cumplir las garantías establecidas por la legislación española. 

El 11 de agosto, las autoridades españolas y marroquíes celebraron una reunión en la frontera para cerrar los detalles de la repatriación. Según la exdelegada, que no asistió al encuentro por ser positivo en COVID, aquel día “había autobuses” en el lado marroquí de la frontera, preparados para llevarse a los primeros niños, aunque finalmente las devoluciones comenzaron dos días después. “El mecanismo ya estaba pactado”, zanjó Mateos, sin concretar quién se encargó de decidirlo. La delegada fue informada por su secretario, quien la sustituyó. 

El Ministerio del Interior fue el encargado de acordar la activación del pacto con Marruecos para llevar a cabo la repatriación de los menores. Sin embargo, desde la cartera de Grande-Marlaska han defendido que el detalle de su tramitación es competencia de la Delegación del Gobierno. Mateos no llegó a aclarar este extremo. 

“Las órdenes venían de donde venían”

Tras la reunión del 11 de agosto, Mateos habló por teléfono con el secretario de Estado de Seguridad, a quien le trasladó las conversaciones mantenidas durante el encuentro en la frontera: “Le expliqué que habíamos tenido un encuentro en la frontera, que había estado Marruecos. Que entregaríamos a los menores de 15 en 15, para podérselos entregar a sus padres y tratarlos con detenimiento”. 

“¿Obra creyendo que esa decisión de cómo llevar a los niños a Marruecos es la correcta?”, insistió la fiscal. “No había otra forma de llevarla a cabo. Era consciente de que no se aplicaba la Ley de Extranjería. Nos habíamos acogido ambos gobiernos al acuerdo de 2007. Lo que se estaba aplicando es lo que dice el acuerdo”, reiteró Mateos, a pesar de que dicho pacto incluye la obligación de respetar la legislación nacional. 

Ante tal incoherencia, la fiscal preguntó a Mateos si pidió “asesoramiento jurídico” sobre la forma de aplicar el pacto hispano-marroquí en lo referente a las repatriaciones de menores. Y la investigada respondió: “No, porque las órdenes me venían de donde venían. Me decían: hemos llegado a este acuerdo y hay que ponerlo en marcha”. 

Estudio de vulnerabilidad

En varios momentos a lo largo de la declaración, la magistrada incide en sus preguntas sobre la forma en que la Delegación del Gobierno controló que las repatriaciones garantizasen los derechos de los menores. Mateos habla de un supuesto análisis individualizado de la situación de los menores realizado por una ONG (Samu), pero admite que no comprobó que esos informes se hubiesen realizado. Esta organización, sin embargo, advirtió por escrito que no podía asegurar que entre los chavales devueltos no hubiese perfiles vulnerables. La exdelegada habla así de conjeturas y señala a la vicepresidenta de la ciudad, la otra investigada del caso, como responsable de realizar esta función. Según dijo, “confió plenamente en que se hubiese hecho” porque sabía que “la vicepresidenta primera es meticulosa en todo lo que hace”.

Mateos destacó que tenía la “garantía verbal” del jefe de gabinete de Rincón, una autoridad marroquí, de que los chavales serían trasladados a un centro de menores y, desde allí, buscarían a sus familiares. La delegada añadió que llamó al cónsul de España en Tetuán para confirmar que el mencionado edificio “existía” y contaba con las condiciones adecuadas. Este se lo confirmó, dijo.

En representación de Mateos, la Abogacía del Estado ha registrado un escrito al juzgado, al que ha accedido elDiario.es, para solicitar que la magistrada dé “mayor verosimilitud” a la declaración ofrecida a la Fiscalía. Según expone, el tratamiento oncológico al que está sometida la paciente generan episodios de “desmemoria”.

Después de que las ONG Coordinadora de Barrios y Fundación Raíces denunciasen estos retornos en los tribunales, la Justicia frenó, como medida cautelar, la devolución de nueve menores marroquíes. La decisión del juzgado ceutí desencadenó la suspensión temporal del operativo hasta que meses después, el tribunal ordenó el cese definitivo de este tipo de expulsiones de menores y ordenó el retorno a España de los adolescentes trasladados a Marruecos durante aquellos días.

La titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Ceuta admitió a trámite la denuncia formulada contra ambas al entender que “omitieron de forma voluntaria y consciente las disposiciones legales y el procedimiento establecido en el ordenamiento jurídico vigente sin verificar la concurrencia de los presupuestos legales que así lo permitieran en un Estado de Derecho”. Deu y Mateos están citadas a declarar el próximo 7 de septiembre. La Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado –que, junto a la Asociación para el Desarrollo Integral L' Escola AC, conforma la acusación popular en la investigación judicial– ha recordado este miércoles que el sumario del caso desprende que el Gobierno de España “a través de varios ministerios conoció, impulsó, aprobó y acordó con Marruecos esta actuación”.

El ministro del Interior atraviesa el momento más complicado desde que entró en política. La Fiscalía, el Defensor del Pueblo, las ONG, su socio de Gobierno, los aliados parlamentarios y la oposición cercan a Fernando Grande-Marlaska por su gestión de la crisis migratoria en la valla de Melilla que acabó con la muerte de, al menos, 23 personas. Obligado a comparecer de nuevo en el Congreso para dar más explicaciones, la figura de Marlaska empieza a evidenciar signos de un desgaste político del que tampoco se libra de puertas hacia adentro. Esta semana varios compañeros del Consejo de Ministros salieron en tromba a respaldarlo, seguramente la muestra más fidedigna de que se enfrenta a sus horas más bajas. 

En público, la consigna del Ejecutivo es no regalarle al PP la posibilidad de cobrarse ninguna pieza política, y de ahí el llamamiento a ensalzar el trabajo del titular de Interior frente a la petición diaria de los de Núñez Feijóo de que dimita o sea cesado. “Absolutamente”, contestó Pedro Sánchez a la pregunta de si seguía respaldando a Marlaska en una entrevista el jueves en laSexta en la que también negó que fuera a cesarle. Antes, ministros como Félix Bolaños, María Jesús Montero, Reyes Maroto o José Manuel Albares también le habían mostrado su aliento. Pero en la Moncloa no ignoran que la tragedia de Melilla se ha acabado traduciendo en un severo debilitamiento de la figura de su ministro, que ya tuvo muchas papeletas para salir del Ejecutivo en la profunda remodelación que llevó a cabo Pedro Sánchez en julio de 2021 y de la que, finalmente, se acabó librando.

Dentro de la parte socialista del Ejecutivo, Fernando Grande-Marlaska es considerado como uno de los ministros de perfil más conservador y de los que menos simpatías despierta entre la izquierda. Un perfil labrado durante una trayectoria judicial cercana siempre a la órbita del PP. Nombrado en su día vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta de los populares, su nombre también salió como candidato a Fiscal General del Estado de mano de la derecha. Aunque acabó siendo ministro del PSOE. 

La experiencia de la legislatura demuestra que la Moncloa es favorable a andarse con pies de plomo en un departamento especialmente delicado por la gestión de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Sin embargo, nadie es capaz de descartar que si la crisis de Gobierno que debe convertir a las ministras Carolina Darias y Reyes Maroto en candidatas a las municipales es algo más profunda, Marlaska pueda ser relevado. “Si ha hecho gala de algo es de un cumplimiento estricto de la legalidad y de su empatía con la dimensión humana de la migración”, se limitó a comentar Sánchez en laSexta.

Las imágenes

Pero el drama migratorio del pasado 24 de junio en Melilla está aún lejos de dejar de ser un quebradero de cabeza para el ministro del Interior. Cuatro meses después de la tragedia, aún no se han difundido de forma íntegra las grabaciones oficiales a pesar de las críticas por la gestión de Interior en la valla y tras las informaciones publicadas que contradicen la versión de Marlaska y las fuerzas de seguridad españolas. 

Esta misma semana la Fiscalía le daba un nuevo revés e indicaba que las imágenes remitidas no estaban completas tras detectar saltos temporales en el vídeo, algunos de ellos en momentos “relevantes” y que impiden ver con claridad lo que sucedió, por lo que exige el envío de todas ellas para poder llevar a cabo los trabajos de investigación. Desde el departamento de Marlaska han respondido al Ministerio Público que ya había sido enviado “todo el material audiovisual” recogido sobre los hechos. “El material del que no disponen es sencillamente porque no existe”, aseguran.

Las pesquisas abiertas en la Fiscalía se iniciaron con el objetivo de esclarecer y buscar posibles responsabilidades sobre lo ocurrido en la frontera el pasado 24 de junio. El caso nació con dificultades para prosperar dado que los fiscales españoles no pueden investigar hechos ocurridos en otro país y, aunque existen dudas sobre el lugar donde se produjo una parte de la avalancha, todos los cuerpos sin vida de las víctimas se encuentran en Marruecos. No obstante, el fiscal podría decidir judicializarlo, lo que ampliaría la capacidad para conocer más detalles sobre cómo y dónde se produjeron las muertes.

Son varias las cuestiones clave pendientes de resolver sobre lo ocurrido el 24 de junio en el lado español de la frontera. Y su esclarecimiento pone a prueba la imagen de Marlaska, que ha defendido desde el inicio que todos los hechos “importantes” de la tragedia ocurrieron en Marruecos. Pero la emisión íntegra de las imágenes puede aclarar si una parte de la avalancha mortal, en la que varias personas perdieron la vida, tuvo lugar en suelo español.

La falta de asistencia sanitaria a los migrantes, la mayoría refugiados sudaneses, que se encontraban unos sobre otros, formando un embudo, en la puerta que conecta Marruecos con España es otro de los aspectos que deben ser analizados en las grabaciones oficiales. Según los medios que han tenido acceso a estos vídeos (El País y la Cadena SER), una parte de los hechos que derivaron en los fallecimientos habría tenido lugar en suelo melillense y las autoridades españolas no prestaron asistencia sanitaria a personas en riesgo. Interior lo niega.

Crítica de los diputados

Aunque Fernando Grande-Marlaska insiste en que no ocurrió “ningún hecho trágico” en suelo español durante aquel salto masivo, la mayor parte de miembros de la comisión de Interior que viajaron esta semana a Melilla opinan justo lo contrario. “La avalancha se produjo en territorio español al romperse la puerta de entrada de acceso controlado por las autoridades españolas. Hemos visto en las imágenes gente y cuerpos en el suelo, desconocemos si muertos o heridos, pero en territorio español”, cuenta el diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, tras el viaje a la frontera. “El Gobierno no puede seguir actuando como la avestruz, se debe facilitar por los partidos que apoyan al Gobierno la creación de una comisión de investigación para dilucidar por qué ocurrió esa tragedia y para tomar medidas para que algo así no se pueda volver a repetir”, añade. Una postura que respaldan otros socios como Unidas Podemos, ERC, Compromís o Más País.

Para el PP, que no parece dispuesto a apoyar esa comisión de investigación, sí existen, en cambio, razones sobradas para que Marslaka salga del ministerio. “Marlaska debe irse por dignidad hoy mejor que mañana y, si no lo hace, Sánchez debe cesarlo inmediatamente”, dijo esta semana la portavoz popular de Interior, Ana Belén Vázquez. Los de Feijóo sí han exigido una nueva comparecencia del ministro porque, a su juicio, “mintió en sede parlamentaria” durante su comparecencia del mes de septiembre, así como que ponga a disposición de los diputados las imágenes de seguridad de aquel fatídico día. 

El Defensor y las ONG

Hace menos de un mes fue el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el que dio un severo varapalo a Marlaska. En un informe hecho público el 23 de octubre concluyó de forma preliminar que el Ministerio de Interior incumplió la legalidad en las 470 devoluciones realizadas por la Guardia Civil durante el salto de la valla de Melilla. Aquel día, los migrantes retenidos en el lado español de la alambrada fueron retornados por los agentes en una actuación defendida por el ministro del Interior. El equipo de Ángel Gabilondo recordó al Ejecutivo que los “rechazos en frontera”, conocidos como devoluciones en caliente, deben seguir un procedimiento individualizado. Según contaron una decena de supervivientes de la tragedia a elDiario.es, entre las personas retornadas, la mayoría refugiados sudaneses, había heridos y menores de edad.

El organismo sigue investigando lo sucedido en la frontera y, como la Fiscalía, solicitó a la Secretaría de Estado de Seguridad más grabaciones oficiales de la tragedia, al considerar que las imágenes aportadas contenían saltos temporales. Sus futuras conclusiones, aunque no son vinculantes, también podrán arrojar luz sobre las contradicciones existentes entre la versión de Interior y las últimas informaciones publicadas.

A las críticas se ha unido un grupo de reconocidas organizaciones -entre las que se encuentran la Coordinadora Española de ONGD para el Desarrollo, Amnistía Internacional, Coordinadora de Barrios o la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)-, que esta semana han enviado una carta al presidente del Gobierno para exigir una “investigación independiente” de la tragedia de Melilla. “El hecho de que las operaciones en la frontera se hayan realizado por los cuerpos de seguridad de los dos países no debe obstaculizar la necesaria rendición de cuentas y atribución de responsabilidades”, sostiene la misiva.

La investigación de Ceuta

No solo el caso de la tragedia de Melilla ha colocado a Grande-Marlaska en el foco de las críticas por los abusos vinculados a su política migratoria. Si bien Pedro Sánchez, a su llegada a la Moncloa, utilizó una serie de medidas sobre inmigración -la acogida del barco de rescate Aquarius, la supuesta recuperación de la sanidad universal y la retirada de las concertinas de las alambradas- como golpe de efecto para intentar transmitir un cambio con respecto a las políticas del pasado, pronto regresó la mano dura a la gestión fronteriza. El giro en el enfoque de estas políticas, lideradas por Interior, empezó a ser notable en cada pico de llegadas de migrantes y refugiados -excepto en el caso de los ucranianos-. Desde Interior se practicaron y se defendieron las mismas devoluciones en caliente que el PSOE se había comprometido a erradicar. Atrás quedó el dispositivo humanitario ejemplar activado en Valencia para recibir a los rescatados del buque de la ONG Médicos Sin Fronteras cuando, dos años después, los migrantes desembarcados en Canarias eran recibidos en el llamado “campamento de la vergüenza”, en el puerto de Arguineguín, en condiciones insalubres.

Pero si Marlaska ya llegaba tocado a la tragedia de Melilla por su respuesta a la crisis migratoria de Ceuta, cuando más de 10.000 personas entraron en España sin encontrarse oposición de las autoridades marroquíes. El operativo de expulsión de menores de la ciudad de agosto de 2021 es otro de los grandes escándalos que aún pesa sobre el ministro. Un juzgado ceutí investiga a la ya exdelegada del Gobierno, Salvadora Mateos; y a la vicepresidenta de la ciudad, Mabel Deu, por un posible delito de prevaricación continuada por no cumplir con lo establecido por la Ley de Extranjería en el dispositivo de retorno, pactado entre Interior y Marruecos para devolver a los menores llegados a la ciudad autónoma en mayo de 2021.

Los chavales fueron expulsados sin ningún procedimiento y sin atender sus posibles vulnerabilidades. El ministro defendió a ultranza la expulsión de estos menores, aunque ha intentado quitarse toda la responsabilidad sobre la aplicación del operativo, que vulneró las garantías de la normativa de infancia. Según Interior, el Ministerio se limitó a acordar el retorno de los menores y apunta que la Delegación del Gobierno -que depende de Interior- y el Ejecutivo de la ciudad fueron quienes lo llevaron a la práctica.

No obstante, de las declaraciones recogidas por la Fiscalía se desprende que el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado de Seguridad, fue conocedor de las decisiones ligadas a las expulsiones y fue advertido de la irregularidad de cualquier retorno de un menor que no cumpliese con la Ley de Extranjería.

Un joven senegalés, Abdou, cae derrotado en el suelo después de nadar durante 20 minutos para rodear el espigón fronterizo del Tarajal. Luna, voluntaria de Cruz Roja, le atiende mientras expulsa, fatigado, parte del agua tragada durante el trayecto. Tiempo después, ya con ropa seca, el hombre rompe a llorar y abraza a la chica en busca de consuelo. La imagen, que despertó ataques machistas y racistas de la extrema derecha, se convirtió en símbolo de la crisis migratoria de Ceuta de 2021 y empujó, bajo el lema de “Gracias Luna”, las reacciones de solidaridad de miembros de un Gobierno que, a su vez, devolvía en caliente a todo aquel que pisase suelo español. También a Abdou. 

Más de un año después, su caso ha llegado a Estrasburgo. El senegalés, apoyado por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), ha denunciado ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) su devolución inmediata a Marruecos. El pasado 16 de mayo, la corte confirmó por escrito a la ONG que el expediente será “sometido a examen del tribunal tan pronto como sea posible”, según ha confirmado elDiario.es. Junto a la demanda, la organización ha presentado imágenes que recogen el retorno completo del joven desde la ciudad autónoma al lado marroquí de la frontera, realizado a plena luz del día y frente a la prensa nacional e internacional. 

Después de su entrada en suelo español y su posterior devolución, Abdou, de 27 años, continúa malviviendo en Marruecos, según CEAR. “Le localizamos en un hostal, con una situación de salud bastante terrible”, dice a elDiario.es Estrella Galán, secretaria general de la organización, que contactó con el chico a través de la intervención de la corresponsal de RTVE en Marruecos y su equipo. “Necesitaba una atención médica que no había recibido en su momento [antes de ser devuelto, a pesar de haber entrado a Ceuta]. Ni tuvo acceso a asistencia legal, ni médica, ni a intérprete que pudiese entender en su idioma, como marca todo el marco internacional y estatal para que se produzca ese rechazo en frontera”, continúa Galán. 

Ninguna autoridad preguntó a Abdou, ni a tantos otros, por las razones que le habían empujado a cruzar el espigón fronterizo a nado, solo la voluntaria de Cruz Roja pudo ofrecerle agua, comida, ropa seca y un abrazo para, tiempo después de permanecer en la playa ceutí, ser retornado a Marruecos de manera automática, en un operativo compartido por la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas. Y esa falta de procedimiento individualizado incumple la normativa europea, recuerda la ONG que apoya a Abdou en el proceso. 

“Nueve horas en España”

Según el testimonio de Abdou, recogido por CEAR y enviado a Estrasburgo, el joven salió de Casablanca el 16 de mayo de 2021 hacia Tánger “después de escuchar que iban a abrir la frontera hispano-marroquí” por parte de las autoridades alauíes. Dos días más tarde, el 18 de mayo, nadó “unos 15 o 20 minutos” para llegar a Ceuta. El joven pisó la playa ceutí “a las ocho de la mañana y hasta las cinco de la tarde estuvo tirado en la playa”, explica Paloma Favieres, coordinadora jurídica de la ONG. “Estuvo nueve horas en suelo español”.

Transcurrido ese tiempo en Ceuta, el senegalés “fue devuelto sin mediar procedimiento, identificación individual, sin asistencia letrada, sin asistencia de intérprete y sin ningún tipo de información por parte de las autoridades españolas”. La organización defiende que esta actuación viola el protocolo 4 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, en lo que se refiere a la prohibición de toda expulsión colectiva. También apunta al incumplimiento del artículo 13 del Convenio Europeo para los Derechos Humanos, que garantiza la posibilidad de que cualquier persona forzada a retornar a su país pueda recurrir la decisión de manera efectiva. 

“La devolución inmediata de los extranjeros en Ceuta el 18 de mayo de 2021”, entre ellos Abdou, “se realizó sin procedimiento de identificación, que permita el análisis individualizado de la situación de cada uno, donde las personas extranjeras puedan exponer sus argumentos y la ausencia de resolución de expulsión que pudiera garantizar el acceso a un recurso efectivo”, expone por escrito la abogada de Abdou ante el tribunal. En una entrevista en RTVE.es, Luna, la voluntaria de Cruz Roja, reconoció sentirse culpable por no haber podido evitar su devolución y, según decía, no había tenido tiempo para conocer su situación particular y las razones que le empujaron a migrar.

El Gobierno de Mariano Rajoy intentó regular las devoluciones en caliente en 2014 mediante la Ley de Seguridad Ciudadana, a través de una nueva figura llamada “rechazo en frontera”, que no da carta blanca a este tipo de retornos inmediatos pues exige garantizar el cumplimiento de la legislación en materia de derechos humanos. A pesar de las promesas para acabar con las devoluciones en caliente por parte del PSOE, el actual Ministerio del Interior ha defendido y mantenido este tipo de actuaciones en las fronteras de Ceuta y Melilla. 

Interior sostiene que este tipo de devoluciones están amparadas por la sentencia de 2020 del Tribunal del Europeo de Derechos Humanos, que tras haber condenado a España en primera instancia por uno de estos casos documentados de retornos inmediatos la exculpó finalmente la Gran Sala. Sin embargo, organismos internacionales continúan condenando la aplicación de los retornos sin procedimiento dado que, entre los migrantes retornados, puede haber personas que necesitan pedir protección. 

Las devoluciones continúan

En el último salto a la valla de Melilla, en el que fallecieron al menos 23 personas –37 según las ONG–, la Guardia Civil “rechazó en frontera” a al menos un centenar de personas, según fuentes policiales. elDiario.es documentó el caso de una decena de personas devueltas 'en caliente' por España a Marruecos, entre ellas, menores, heridos y uno que asegura que estaba inconsciente. Todos eran sudaneses, una nacionalidad cuya tasa de reconocimiento de protección internacional en España llega ya al 90%. Todos querían pedir asilo en Europa y aseguraban huir de la violencia e inestabilidad de su país. Pero, como Abdou, no les preguntaron por el lugar del que escapaban, ni por su nacionalidad, sino que fueron retornados sin procedimiento previo. 

“Hemos sido testigos de la masacre en Melilla y se han repetido devoluciones irregulares que denominan ”rechazo en frontera“, sin asistencia letrada, sin acceso al procedimiento, sin acceso a pedir protección internacional y eso sigue siendo una vulneración de todo el marco jurídico que tiene que ver con la Convención de Ginebra”, recalca Estrella Galán. “Es importante llegar al Tribunal de Derechos Humanos porque tenemos que seguir demostrando que esto sigue, y que las devoluciones ilegales continúan en la frontera sur”.

Abdou es huérfano y viajaba con su hermano, según contó el senegalés a RTVE semanas después de la crisis de Ceuta. Marruecos era un paso previo a España, donde sueña con llegar algún día “para empezar una nueva vida, una vida digna”, decía entonces. El veinteañero rompió en lágrimas a su llegada a la playa ceutí después de ver a su hermano inconsciente en la orilla. Tras su devolución, pasó semanas preocupado sin saber nada de su familiar, pero finalmente lograron reencontrarse en el país vecino. Él también fue devuelto, según CEAR.

Desde Marruecos, Abdou ya ha conocido la confirmación de Estrasburgo sobre el estudio de su solicitud. Sus abogadas evitan generarle grandes expectativas sobre que el caso pueda tener una consecuencia directa en su situación, mientras mantiene su objetivo de llegar a Europa. Su llegada a Estrasburgo sí logra recordar la otra cara de aquella foto que conmovió a España, pero desvió el foco de las vulneraciones de derechos humanos documentadas por la prensa durante aquellos días.

Los sueños infantiles de Farid, Monaim, Oussama, Nossair y otros 51 menores migrantes solos se volvieron pesadilla en un minibús entre el 13 y el 16 de agosto del año pasado. Entonces las autoridades españolas, “a sabiendas de hallarse infringiendo el ordenamiento jurídico”, según la Fiscalía, acordaron su devolución exprés desde Ceuta a Marruecos, donde todos ellos han alcanzado la mayoría de edad en los últimos meses. Sus esperanzas de estudiar cocina, peluquería o mecánica han vuelto a ser mañanas, tardes y noches de “playa y 'pasillo”, como llaman al tiempo perdido en el zoco sin dinero mientras esperan encontrar una rendija para regresar.

La primera la hallaron en mayo del año pasado, durante las 48 horas largas en las que Marruecos alentó o consintió la entrada irregular en territorio español de unos 12.000 nacionales, entre ellos al menos un 10% niños, la mayoría solos.

“Me fui porque toda la juventud aquí piensa en otro futuro… No hay posibilidades para evolucionar, tener una vida propia, mantenerse. Todos los chicos piensan en emigrar y eso pensé en mayo: irme y buscarme la vida”, cuenta Monaim El Maimouni a elDiario.es. No lo hizo solo. El joven, sentado en un café de la ciudad marroquí de Rincón [M’Diq en árabe], desde donde Ceuta parece al alcance de la mano, cree que durante los tres días que duró la crisis migratoria unos 300 adolescentes y jóvenes de su ciudad tomaron el mismo camino. Uno de ellos fue Oussama Ahadoche, de casi dos metros de altura y todavía con acné juvenil. Se conocieron en el polideportivo Santa Amelia, uno de los precarios alojamientos de emergencia acondicionados a la carrera por el Gobierno de Ceuta con literas militares. Cumplió los 17 años en las naves del Tarajal, el primer espacio habilitado por las autoridades locales para agrupar a los menores recibidos.

Nossair El Ghobili, que salió hacia Ceuta desde Tánger, recuerda haber estado también allí, a escasos metros de la frontera, mejor atendido por Cruz Roja que en la infraestructura deportiva donde se les enclaustró mientras la vicepresidenta de la Ciudad, Mabel Deu, y la delegada del Gobierno, Salvadora Mateos, negociaban con Interior y el país vecino su expulsión apelando a un acuerdo bilateral de 2007 cuyo articulado literal se saltaron, según la Fiscalía que les ha denunciado por prevaricación continuada a expensas de que la titular del Juzgado de Instrucción número 2 local decida o no abrir diligencias penales.

“Inventaron una historia de que nos iban a vacunar”

El Maimouni fue repatriado en el primer contingente, por sorpresa. “Nos despertamos, inventaron una historia de que nos iban a vacunar, nos metieron en un autobús y nos llevaron a Marruecos”, dice. Según el Ministerio Público, pasaron apenas 30 minutos entre que los directores generales de la Consejería de Presidencia activaron el operativo y la Policía consumó su traslado a pesar de que el Área de Menores de la Ciudad y la Fundación SAMU habían avisado verbalmente y por escrito que se estaba vulnerando “el ordenamiento jurídico nacional e internacional”. 

Ahadoche y El Ghobili, que fueron expulsados al día siguiente, recuerdan que los vigilantes de seguridad blindaron el polideportivo, que ya tenía todos sus ventanucos enrejados, y aplicaron mano dura para evitar fugas una vez conocidos los planes oficiales.

Mateos y Deu, que actuaron con el respaldo de Interior pese a que el Ministerio ha dicho que solo “rogó” que se hiciera la repatriación, han defendido siempre que actuaron velando “por el interés superior” de los menores, una visión que contrasta con la de voces autorizadas como la ONU, el Defensor del Pueblo, la Abogacía Española y organizaciones de defensa de los derechos humanos. Según Mateos y Deu, los jóvenes no podrían estar peor con sus familias, por pobres que sean, que hacinados, ya que además una entidad pública marroquí, L’Entraide Nationale, les garantizaría un aterrizaje adecuado en su entorno.

Los chicos discrepan. Ahadoche, que durante 90 días vio factible reunirse con su padre, albañil, en Ibiza, lamenta con una mueca que para su madre fue “un disgusto” recogerle en el centro de Martil, cerca de Tetuán, adonde fueron trasladados los 55 expulsados. Tampoco se alegraron los progenitores de El Maimouni, pescador en paro y ama de casa, que tienen a otros dos chicos de 14 y 16 años y una casa en alquiler.

El imberbe Farid El Amri, que ahora dedica los días a cuidar las ovejas de su padre en un descampado a las afueras de Rincón, envidia a su hermano Mohamed, que sigue tutelado en Ceuta junto a otros 218 menores extranjeros no acompañados. El número es seis veces menor que hace un año. En lo que va de 2022 solamente se han registrado 78 entradas de presuntos menores (40 de origen marroquí y 38 subsaharianos, de ellos 34 considerados adultos en las pruebas de edad ósea).

El pequeño pastor, que sale adelante gracias al apoyo de familiares y vecinos, fue el número 2 de la lista de 145 niños que se quiso llevar a Marruecos de una tacada el 13 de agosto, aunque Rabat finalmente solo aceptó 15 al día, rutina que se aplicó hasta que cuatro días después la Justicia ordenó suspender un procedimiento que ya sido condenado en primera y segunda instancia con exigencia expresa de devolver a España a los denunciantes por una actuación “exenta de las mínimas garantías procedimentales exigibles” que “conjuró una situación objetiva de riesgo relevante para la integridad física o moral de los menores afectados por las medidas de devolución”. A las administraciones aún les queda, como están valorando hacer, el recurso ante el Supremo.

“Por supuesto que volvería”

“Yo solamente pienso en volver... Cuando mi madre me recogió en Martil no estaba nada contenta... No me arrepiento de haberlo intentado y lo volvería a hacer”, afirma El Ghobili. Le secunda Ahadoche: “Por supuesto que volvería si pudiera”. A Hisham Laniri, al que todos conocen del locutorio que gestiona junto al paseo marítimo y ejerce de traductor, no le extraña.

Este trabajador autónomo, que en mayo vio partir también hacia Ceuta a “una novia”, pone contexto: “Aquí vive quien tiene dinero y puede comprarlo todo, pero si quieres empezar de cero y hacer una vida no hay manera, sobre todo para la juventud. No se entusiasman, cada día se levantan con la pierna mala y sin solución...”.

Aunque las organizaciones que judicializaron las devoluciones por la vía contenciosa (Fundación Raíces y Coordinadora de Barrios) mantienen contacto con muchos jóvenes expulsados, en el grupo de M’Diq solamente El Maimouni tiene conocimiento, “a través de un abogado marroquí”, de su primera victoria judicial, en la que ninguno figura como beneficiario. “¿Hay alguna esperanza de que podamos volver?”, pregunta Ahadoche.

“En el caso de que la sentencia deviniese firme en el mismo sentido, estimando el recurso interpuesto y ordenando ‘adoptar las medidas necesarias para el retorno de los menores de edad repatriados’, el resto de los perjudicados por la misma actuación podrían solicitar la extensión del veredicto a sus casos y la Delegación tendría que ‘intentar’ su vuelta, pero el hecho de que se encuentren en Marruecos, un país donde los enlaces judiciales para asuntos relacionados con la ciudad autónoma nunca han operado, lo hace prever muy complicado…”, explica una fuente jurídica.

“El plan de la juventud es cruzar cuanto antes, aunque haya que pagar 10.000 ó 15.000 euros o jugarse la vida, y las familias también se ilusionan: se va a ir a España, va a conseguir cosas, nos va a ayudar… No hay sueños aquí para prosperar, no se puede”, dice Laniri que comprende el peso de la incertidumbre para los jóvenes expulsados.

Las autoridades marroquíes han respondido por primera vez a una petición formal de información cursada por España para Ceuta sobre las circunstancias sociofamiliares en origen de menores extranjeros no acompañados llegados a territorio español. Desde finales de agosto del año pasado, cuando la Justicia obligó a cumplir a rajatabla la legislación vigente en España, la Delegación del Gobierno en la ciudad autónoma ha cursado “más de 700” peticiones a la representación diplomática del Reino alauita a través de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, que acaba de recibir 75 respuestas, según han confirmado todas las instituciones involucradas a elDiario.es.

Fuentes policiales han precisado que se trata de dictámenes “individualizados” -como marca la legislación española- y “bastante cumplimentados”, pero han advertido de que “se desconoce si cubrirán las exigencias de la normativa a aplicar y la Fiscalía de Menores”. En la Delegación del Gobierno y el Ejecutivo de Ceuta no tienen constancia de “nada” más allá de la existencia de esa cifra de documentos remitidos por Rabat, que siempre ha evitado cualquier trato administrativo oficial, rogatorias judiciales incluidas, relacionado con las dos ciudades autónomas, cuya soberanía reclama al considerarlas “ocupadas”.

Tras la crisis de mayo del año pasado, cuando Marruecos consintió la entrada irregular en Ceuta de alrededor de 12.000 nacionales en menos de 72 horas, algo pareció cambiar. El 11 de agosto, autoridades del Reino alauita aceptaron reunirse con representantes de la Ciudad Autónoma y del Gobierno en dependencias de la frontera del Tarajal para coordinar el “retorno asistido” de los más del mil niños solos que habían entrado en Ceuta tres meses antes.

El presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), valoró políticamente la mera celebración de aquella cita como un reconocimiento implícito sin precedentes de la legitimidad de las autoridades locales y las tres partes acordaron apelar a un acuerdo bilateral firmado en 2007 que nunca se había puesto en marcha y devolver a 15 menores cada día al margen del procedimiento establecido en el Reglamento de la Ley de Extranjería. El apaño duró cuatro días: los que tardaron los juzgados locales en exigir de manera cautelarísima, cuando ya se había expulsado a 55 chavales, que se respetase la normativa nacional e internacional.

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta puso en febrero la puntilla a las devoluciones de menores realizadas contra la opinión del Área de Menores de la Ciudad y la Fiscalía. “No es que se omitiese alguno de los trámites del procedimiento, es que se omitieron todo: ni existió incoación, ni petición de informes, ni fase de alegaciones, ni trámite de audiencia, ni fase de prueba, ni siquiera resolución acordando la repatriación de los menores”, detallaban las sentencias.

La Delegación y el Gobierno regional han recurrido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) los fallos que obligan a la primera a “adoptar las medidas necesarias” para retornar a España al menos a 14 de los expulsados. Después del primer varapalo judicial, la ciudad autónoma y el Ejecutivo central impulsaron los recursos para intentar expulsar a los menores llegados a Ceuta en la crisis de mayo, esta vez con las condiciones impuestas por la legislación española. La Oficina de Extranjería local se reforzó con 12 funcionarios y la Ciudad contrató a ocho intérpretes y 12 trabajadores sociales cuyos contratos expiran este marzo para gestionar con “la mayor celeridad” la repatriación de los chavales por el cauce ordinario, que nunca se ha utilizado en Ceuta. Este mecanismo solo se ha aplicado de forma esporádica en el conjunto de España, entre otras razones, por las trabas que a menudo impone Marruecos para cumplir con las garantías exigidas por la normativa española.

Antes de incoar formalmente ningún expediente, la Delegación debe tener un informe “sobre las circunstancias familiares” de cada menor de su país de origen. El Gobierno ha enviado desde septiembre a Marruecos 700 requerimientos de información en los que incluye el nombre del niño y de sus padres, sus profesiones, dirección y teléfono. De ellos, solamente ha contestado en seis meses a 75 solicitudes, que equivalen a un 5% de los menores filiados en Ceuta durante los días, semanas y meses posteriores a la crisis de mayo.

En aquellos días, 1.343 menores (1.256 niños y 87 niñas) fueron registrados en total, una vez que el Gobierno local detectó a algunos de los que se habían refugiado en casas de amigos o familiares. Son el equivalente a dos generaciones completas de una de las regiones más jóvenes de España, donde en 2021, con la frontera cerrada, nacieron menos de 700 bebés.

Además de la información solicitada a Marruecos, la Delegación del Gobierno también debe recabar “cualquier información” sobre su situación “de la entidad que tenga atribuida la tutela legal, custodia, protección provisional o guarda”, es decir, del Servicio de Protección a la Infancia de la Ciudad. A esta entidad se le han pedido 585 expedientes, de los cuales un 90% ya han sido tramitados. El resto se terminará “antes de abril”.

Con ambos dictámenes sobre la mesa, la delegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, que siempre ha defendido que “lo mejor” para esos más de 1.300 niños sería volver a sus casas, tendrá que decidir si promueve o no su repatriación formal, en cuyo caso deberían pronunciarse de nuevo tanto el Área de Menores como la Fiscalía, así como dar audiencia a los chavales (todos tendrán letrado de oficio, para lo que el Colegio de Abogados desarrolló con Save The Children unas jornadas específicas de formación) y designar a defensores judiciales imparciales. Todas las fuentes consultadas coinciden en que, por mucho que Mohamed VI dijese tras la reprimenda de la UE que quería de vuelta a los niños, es improbable o imposible que vuelva ninguno.

Las trabas de Marruecos

Cuando, en mayo, el Gobierno intentó facilitar a “cinco menores” el reencuentro con sus familiares de manera voluntaria, las Fuerzas de Seguridad del país vecino no lo permitieron en las condiciones que pedían los técnicos españoles, que exigían ser testigos del momento en que se producía el reencuentro para darle su visto bueno. “A los niños no se les puede devolver como si fueran chorizos, que es lo que se quiso hacer”, apunta una funcionaria con experiencia. Hoy, tres de esos cinco niños “ya no quieren regresar” y dos han dejado de estar bajo la tutela de la Ciudad, como muchos otros, por cumplir la mayoría de edad.

Bajo la tutela de la administración autonómica, que sigue recibiendo un menor migrante solo cada dos días de media, solamente hay en estos momentos 344 niños. Es habitual ver en el puerto, viviendo en la calle, a los que rechazan la atención institucional.

“Tras las expulsiones de agosto, cuando había unos 900 acogidos en los distintos equipamientos de emergencia habilitados, muchos huyeron por temor a ser expulsados e hicieron ‘riski’ para cruzar el estrecho irregularmente en barcos o camiones, otros han ido cumpliendo los 18...”, explican fuentes de las organizaciones no gubernamentales que siguen de cerca su devenir. “Decenas” han dejado de acudir también a los institutos de la ciudad y a las clases organizadas por el MEFP en Piniers, donde se invirtió casi un millón en aulas prefabricadas para los chicos con entre 16 y 18 años.

El Gobierno de Ceuta ha trasladado a 199 menores a otras autonomías gracias al acuerdo alcanzado por el Ministerio de Derechos Sociales para el reparto de los que ya había en la ciudad antes de la avalancha y, además, ha reubicado a decenas con perfiles “extremadamente vulnerables” en distintos puntos de la península y reagrupado a otra parte con familiares asentados en territorio europeo.

“No se sabe si las 75 respuestas de Marruecos”, apuntan desde los juzgados, “corresponden a niños que siguen en Ceuta o ya están en otras autonomías, en cuyo caso sería la Delegación de cada territorio la competente para decidir sobre su posible repatriación”. Solamente en Madrid se ha registrado la aparición de cerca de 70 de los llegados en mayo.

La expansión del reconocimiento facial y la vigilancia de personas con inteligencia artificial ha quedado muy acotada en las ciudades europeas, después de que la UE señalara estos sistemas como de alto riesgo y la ONU avisara de que son una amenaza para los derechos humanos. Sin embargo, las fronteras exteriores del continente se rigen por otras normas. España, por ejemplo, utiliza el reconocimiento facial para registrar la cara de las personas que atraviesan los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla y rastrear sus movimientos. El Ministerio del Interior lo denomina “frontera inteligente”.

Ante la posible reapertura de la frontera terrestre con Marruecos tras la crisis sanitaria, más de 40 ONG y asociaciones de apoyo a las personas migrantes piden al Gobierno que no reactive este tipo de sistemas peligrosos. “La aplicación de la 'frontera inteligente' como un elemento de lucha contra el terrorismo supone un peligro de discriminación y criminalización y la convierte en un nuevo dispositivo racista dentro del Estado Español”, denuncian en una carta publicada este jueves a la que ha tenido acceso elDiario.es.

Las organizaciones recuerdan que los algoritmos de reconocimiento facial bajan su efectividad cuando trabajan con personas no caucásicas, debido a que son minoría en las bases de datos con las que se entrenan estas inteligencias artificiales. Un mayor porcentaje de falsos positivos en los sistemas de vigilancia fronteriza “podría suponer graves consecuencias para personas identificadas erróneamente como sospechosas de actos terroristas”, avisan.

La petición, rubricada por Oxfam Intermon, Rights International o Caminando Fronteras, también destaca que este tipo de controles vulneran el derecho a la privacidad de las personas que cruzan la frontera, que ven como los datos de su cara o sus huellas dactilares se recogen y almacenan en ficheros sobre los que no tienen control. “Los datos biométricos son datos intrínsecos a las personas. Su recopilación sin pasaporte europeo no cumple con el principio de proporcionalidad”, avisa la carta.

Transparencia

Para evitar estos efectos perniciosos, las organizaciones piden al Gobierno que habilite mecanismos de transparencia y control externo. Estos deben permitir tanto a las personas afectadas como a organizaciones de la sociedad civil evaluar si los algoritmos de Inteligencia Artificial funcionan como las autoridades publicitan o, por el contrario, “suponen un peligro de vulneración de derechos humanos, discriminación, criminalización y violación de la privacidad” para los que cruzan las fronteras de Ceuta y Melilla.

A su vez, solicitan la “incorporación sistemática de observadores de derechos humanos en las actuaciones en frontera” que puedan dar cuenta de lo que sucede en las tripas de esos sistemas de vigilancia, así como eliminar de las normas europeas la excepción que permite utilizar el reconocimiento facial en contextos de seguridad.

Vigilar a la máquina vigilante

La Inteligencia Artificial aplicada a contextos de vigilancia de personas queda cada vez más en entredicho. Desde hace dos años se han producido movimientos sociales destinados a sacarla de circulación por los problemas de sesgo y efectividad que lleva aparejados. Uno de los primeros se desencadenó en las protestas en torno a Black Lives Matter y consiguió que se impusieran moratorias a la venta de esta tecnología a la policía por parte de las empresas que la desarrollan, como Amazon o IBM.

Este tipo de reclamaciones se basan en el trabajo de especialistas como Cathy O'Neal (en su libro Armas de destrucción matemática) o Virginia Eubanks (en La automatización de la desigualdad), que alertaron de cómo la Inteligencia Artificial se reviste de una “falsa neutralidad matemática” y esquiva el escrutinio al que sí se somete a las decisiones humanas. La realidad, avisaron, es que puede ser tan racista, machista o clasista como las empresas o programadores que la desarrollan.

España ha tomado cartas en este sentido con una Agencia para la Supervisión de la Inteligencia Artificial que se creará este 2022 tras ser incluida en los presupuestos. Su misión es auditar el funcionamiento de estos sistemas. No obstante, como explicaron algunos expertos a este medio, uno de sus mayores retos será aplicar esta lógica de transparencia a los algoritmos que utiliza la administración pública y que, como en el caso de las fronteras de Ceuta y Melilla, pueden ser tan opacos como los que usan las empresas privadas.

La consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha afirmado que desde el Ejecutivo ya han contactado con Ceuta para “hacer inmediatamente el traslado” de los seis menores extranjeros no acompañados que acogerá la comunidad foral, en el marco del acuerdo alcanzado entre las ccaa y el Gobierno central.

En respuesta a una pregunta de Podemos en comisión parlamentaria, Maeztu ha valorado “muy positivamente” la medida adoptada por parte del Ministerio de Derechos Sociales al ser “la primera vez que se cuenta con unos criterios solidarios de distribución homogénea entre todas las comunidades autónomas, de modo que todas hagamos frente a este reto humanitario y también de inclusión social”.

Según ha indicado, la propuesta que hizo el Ministerio, y que fue finalmente aprobada por todas las ccaa, salvo Madrid, “obedece a criterios claros” para el reparto de estos menores extranjeros no acompañados, como son “la población de cada comunidad, la renta per cápita y la tasa de desempleo, y el número de menores que cada comunidad tenga acogidos en los últimos seis meses”.

Ha valorado, además, la consejera navarra que la propuesta del Gobierno central “vaya acompañada también de un esfuerzo presupuestario que asciende a 5 millones y que será repartido también de acuerdo con los criterios establecidos”.

“Es la primera vez que se produce este reparto solidario”, ha incidido Maeztu, quien también ha valorado el “compromiso” por parte de todas las ccaa y el propio Ministerio de “seguir mejorando el sistema de acogida con la idea también de la corresponsabilidad de todas las partes”.

A su juicio, “la situación que vive Ceuta, como la reciente de Canarias y otras anteriores, ponen de manifiesto la necesidad de contar con una estrategia estable que no requiera estudiar una reacción diferente en cada caso, sino criterios consensuados y estables de derivación, protocolos de traslado y un modelo compartido por todas las ccaa”. Un modelo, ha agregado, que “asegure la corresponsabilidad de todos en la atención de estos niños y adolescentes que llegan solos a España”.

Por su parte, el parlamentario de Podemos Mikel Buil también se ha felicitado por que “el reparto de estos menores sea en función de cuestiones socioeconómicas de los propios territorios, algo que venía demandando el Defensor del Pueblo”. Y ha destacado que este esquema de reparto “tiene en cuenta las necesidades de los territorios” y “debería ser aplicable en todos los procesos migratorios”.

Asimismo, se ha mostrado “profundamente alarmado” por “la reacción que ha tenido la ultraderecha y la derecha en el sentido de fomentar el odio al inmigrante y hablar de una invasión de un país extranjero, cuando lo que ha sido es el uso de la llave que tiene Marruecos para presionar en relación a un asunto político”.

La madre de Ali, dice, solo quiere oír la voz de su niño. “No se llega a creer que se haya ido a Ceuta, mi mujer no come, no duerme, cree que ya lo ha perdido”, lamenta su padre, atropellado por teléfono desde Ued Lau (Marruecos). El pequeño no encontró en España lo que creía. Ha pasado tres días en la calle, ha sido agredido, ha pasado frío y hambre, cuenta su padre. Ahora “quiere volver”, su familia le espera, pero la vuelta a casa con una frontera de por medio no es tan sencilla.

Al pequeño y otros dos amigos, de entre 14 y 11 años, se los encontró Youssef en las calles de Ceuta “desaliñados y agotados”. El vecino ceutí se los llevó a casa y, después de que descansasen, comiesen y se duchasen, los trasladó a la nave del polígono del Tarajal donde son alojados temporalmente y reseñados los niños. Horas después de que Youssef lograse contactar con la familia de Ali, sus padres ya estaban plantados al otro lado de la frontera.

A la mañana siguiente de recibir el mensaje con la foto de su pequeño a través de una página de Facebook, recorrieron las tres horas que separan su ciudad del límite con España. “Ya estamos aquí”, le dijeron a Youssef. El vecino ceutí se desplazó al polígono donde había dejado a los niños la tarde anterior para avisar de que sus padres estaban reclamando a su niño en el paso fronterizo del Tarajal.

El proceso de reagrupación familiar, sin embargo, requiere más trámites, pues todas las garantías deben ser salvaguardadas. La confusión en la información ofrecida por la Policía Nacional a los allegados que se acercan a la nave en busca de un menor, además, aumenta el dolor de quienes aguardan el reencuentro con sus hijos. Marruecos, como es habitual, tampoco lo pone nada fácil.

“Entregué ayer al niño y ahora sus padres han venido a buscarlo. Están en la frontera”, le dice Youssef a los agentes de la UIP que custodian la nave, a donde se dirigió en cuanto recibió la llamada de los familiares del muchacho, de 14 años. Los policías le solicitan que espere en el exterior del recinto mientras realizan algunas comprobaciones. Le piden el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del adolescente.

“Correcto. El menor está aquí”, confirman minutos después. Con un pequeño papel, escrito a mano, con los datos del menor, un policía se acerca en varias ocasiones a preguntar algunas cuestiones a Youssef. “¿Cómo se llaman sus padres?”, “¿dónde viven?”. Los agentes le dicen que este es el protocolo establecido para comprobar el vínculo afectivo entre las personas que reclaman a los niños antes de ofrecer información sobre el menor y proceder a su entrega a Marruecos, no obstante, el procedimiento en realidad exige muchas más salvaguardas.

Las trabas de Marruecos

Fuentes de la Ciudad Autónoma, encargada de la protección de los menores tutelados, explican que se ha intentado realizar la reagrupación familiar de una niña por los canales oficiales, pero fue rechazada por Marruecos. La menor tuvo que regresar al centro de acogida a pesar de haber estado frente a sus padres durante unos minutos, como informó la Cadena Ser. Para entregar a un niño migrante tutelado a su familia es necesario cumplir con una serie de trámites establecidos en la legislación: cotejar la documentación (con fotografía), a través de un procedimiento filioparental desarrollado en coordinación del Ministerio Fiscal, que incluye preguntar al niño y sus padres sobre su deseo de reagruparse. Para cumplir con todas las garantías, la devolución de un menor siempre ha de ser voluntaria. Es habitual que el proceso se retrase, con el objetivo de asegurarse de que en la decisión prime el interés superior del menor.

Los agentes policiales le dieron a entender a Youssef que se trataría de una gestión rápida. Escasos minutos después, tras varias comunicaciones con la frontera, la Policía le confirma frente a elDiario.es que se procederá a la entrega del menor si Marruecos da luz verde. “Llame a los padres y dígales que deben personarse en la frontera y mostrarle los documentos que demuestran que son sus hijos”. El vecino ceutí cumple con las indicaciones.

Han pasado más de 18 horas desde que los supuestos progenitores de Ali se plantaron en la frontera para recoger al niño, pero el menor nunca fue entregado. El pequeño ha sido trasladado a un centro de menores de la ciudad autónoma.

Su familia permaneció durante horas frente al paso fronterizo, hasta que tuvieron que regresar a su ciudad, Wad Law. Su padre se cogió dos días libres para encontrar a su pequeño, pero los trámites son más largos de lo que esperaba. Aún no entiende qué es lo que tiene que hacer para reencontrarse con su hijo. Los agentes de la nave le indicaron que “hasta que Marruecos no abra la frontera, no podrán devolverle”. Ha llamado, tanto él como Youssef, decenas de veces al teléfono habilitado (956 51 24 13) por el Gobierno local para localizar a las familias separadas durante la crisis de Ceuta, pero se encuentra saturado y aún no han podido contactar. Según los datos de la Ciudad, ya han recibido más de 4.400 llamadas.

“¿Por qué no nos dijeron desde el principio cuál era el procedimiento? Le dije a los padres que se iban a reunir esa tarde con su hijo y ahora me dicen que se tiene que hacer de otra manera diferente”, se queja Youssef. “Yo no entiendo nada... Estamos desesperados”, lamenta agitado el padre del menor desde Marruecos.

La respuesta que se encuentran los familiares de los niños alojados en la nave del Tarajal cuando acuden a preguntar por ellos depende en ocasiones del agente de turno. El viernes, Mohaila, de 16 años, se acercó al polígono para buscar a una amiga suya. “Me llamó la madre desesperadamente diciendo que su hija estaba aquí y quiere que vuelva”, cuenta la adolescente. La niña desapareció y su familia no sabía dónde se encontraba hasta que reconocieron su rostro entre las muchas imágenes de la playa del Tarajal difundidas en televisión en los últimos días. 

Mohaila se va del recinto como volvió. “Aquí hay muchas niñas, ahora es imposible buscarla. Aquí está cuidada”, le respondió en presencia de elDiario.es. No le preguntó ninguna información sobre la menor. La vía activada por la Ciudad para poner en contacto a los niños con sus familias tampoco ha resuelto sus preguntas: “Es imposible contactar a través de ese número. Lo hemos intentado muchas veces”, dice la adolescente, una situación que coincide con lo trasladado por otras dos familias a elDiario.es

El regreso del primo de Safah

Safah (nombre ficticio) no deja de mirar el reloj, aunque no le importa tanto como aparenta. Tiene un compromiso en una hora, pero la joven ceutí pospone el momento de marcharse. Se pregunta qué va a pasar con tres mujeres que llevan 12 horas en la frontera rogando sin éxito volver a Marruecos, a las que ayuda a entenderse con los agentes de frontera. Ella, vecina del barrio de El Príncipe, entregó a su primo este viernes.

El pasado lunes, Safah estaba en casa cuando alguien tocó a la puerta. “Era mi primo, empapado, descalzo y con un calzoncillo. Tiene 13 años, es un niño muy bueno, jamás pensamos que él fuera a cruzar la frontera así”, dice la joven. “Mi madre corrió hacia él y se puso a llorar. ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué lo has hecho?’, le preguntaba mientras lo abrazaba”. El niño le respondió que estaba en la playa y empezó a ver que todo el mundo se metía en el agua para nadar hasta Ceuta. Él les siguió. “Quería verte, te echaba de menos, por eso vengo”, le respondió a su tía. 

Tras varios días en la casa de su familia en la ciudad autónoma, su tía le dijo que era el momento de volver a casa. “Él no quería. El niño quería que le llevásemos al centro de menores, para poder estudiar y trabajar en España, pero nosotras pensamos que ese no es un buen lugar para él”. La madre del adolescente prefería que, por su futuro, su hijo se quedase en el centro, cuenta Safah. “Pero nosotras conocemos cómo es el centro, y pensamos que es mejor que vuelva a Marruecos”.  

A regañadientes, el pequeño fue trasladado a la frontera por sus dos primas. Lo colocaron en la fila, mientras él buscaba un lugar por donde escapar. Safah le vigilaba desde un extremo de la cola. Su hermana, en otro. “Intentó salirse dos veces, pero al final entró”. El niño iba con unas zapatillas nuevas y una bolsa de gominolas. Tras atravesar la frontera, cuenta su prima, iba descalzo y sin chucherías.

El nunca bien llorado don Francisco Javier Girón y Ezpeleta debe de estar revolviéndose en su tumba al ver en qué le han convertido la Guardia Civil tras 177 años de excelsa historia: en una oenegé dedicada a rescatar menas en el mar y traerlos a España para que chupen de nuestros impuestos y abusen de nuestras mujeres. 

Desde la gloriosa rebelión de Viriato, que alumbró la Nación española, nunca había estado tan invertida nuestra escala de valores como lo está en estos momentos, gracias a las campañas de adoctrinamiento que desarrollan los progres desde las escuelas sin que nadie les ponga freno. Los héroes ya no son quienes ofrendan sus vidas en defensa de las fronteras patrias, sino los que contribuyen a que esas fronteras sean burladas impunemente por quienes solo albergan el deseo de sojuzgarnos y destruirnos. La foto de un miembro del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Benemérita salvando de las aguas a un mena era lo que nos faltaba para certificar nuestra decadencia como sociedad. 

Este proceso degenerativo no comenzó hoy. Fue el nefando Rodríguez Zapatero quien allanó el camino al desastre cuando dijo hace unos 15 años aquella solemne estupidez de que había que adaptar el Ejército para los nuevos escenarios de paz. Lo que sucedió a continuación ya es historia: de aquella soldadesca gallarda que luchó con pundonor en Cuba y Filipinas y liberó Perejil al alba con fuerte viento de Levante, todo lo que queda es una asociación de caridad que ya ni sabe cómo se carga un cetme. Ahora le ha llegado el turno a la Guardia Civil. Cuando el delincuente Luis Roldán eliminó el tricornio de la indumentaria cotidiana del cuerpo armado, hace más de tres décadas, algunos advertimos de que se trataba tan solo del primer paso dentro de un plan de mucho mayor alcance para desmontar en el futuro la Benemérita. Tristemente, el tiempo nos ha dado la razón. Aquel proceso que comenzó con un cambio aparentemente anecdótico de sombrero llega ahora a su desenlace con la foto de Juanfran, como lo llaman con camaradería los medios sanchistas, sosteniendo al mena en el mar.

Días atrás, la internacional buenista se conmovió hasta las lágrimas por un vídeo que mostraba a una voluntaria de la Cruz Roja abrazando maternalmente a un joven subsahariano que acababa de entrar de modo ilegal en nuestro país. Resulta que, mientras los incautos celebraban la imagen guay que según ellos se transmitía de España al mundo, la acuciosa investigadora Cristina Seguí descubrió, al examinar las imágenes, que el inmigrante ilegal se restregaba con lubricidad contra los senos turgentes de su benefactora. El eurodiputado Hermann Tertsch describió la escena en un brillante tuit que me trajo a la memoria los tiempos, lamentablemente idos, en que los políticos se expresaban con elegancia y profundidad intelectual: “La víctima y la salvadora o el abusador y la idiota. Toda una representación de Europa haciendo el gilipollas”. 

Pues bien: yo me he tomado el trabajo de analizar minuciosamente la foto de Juanfran y el mena, con el soporte de las herramientas digitales más sofisticadas del mercado, y he llegado a algunas conclusiones no menos interesantes de las que arrojó el estudio científico de mi admirada Seguí. La primera es que el mena es mucho mayor de lo que parece. Sería irresponsable por mi parte aventurar su edad precisa, pero estoy en capacidad de afirmar que la perspectiva con que fue captada la imagen –un ‘picado’, como se denomina en el argot cinematográfico- acentúa la impresión de pequeñez del personaje, lo que seguramente buscaban los progres para manipular las fibras emocionales de la opinión pública. En la foto también se puede observar con claridad cómo el mena agarra con fiereza la mano del guardia civil, como si le dijera: “Me llevas a España o nos hundimos juntos”. Seguramente Seguí o Tertsch, que son personas doctas, sabrán interpretar con más tino que yo la escena, como lo hicieron con maestría en el caso de la voluntaria de la Cruz Roja. Por último, nótese cómo, en el preciso instante en que se toma la foto, el chico baja la vista, intentando evidentemente que la gente no se quede con su rostro. 

¿Estoy sugiriendo que el tal Juanfran debió permitir que el mena se ahogase? ¡Jamás! En derechos humanos a mí nadie me va a dar lecciones, menos unos bolcheviques de salón. Lo que debió hacer fue amarrarlo al flotador que vemos en la foto y esperar el momento en que las corrientes marinas fueran propicias para orientar el salvavidas hacia la costa marroquí. La naturaleza, siempre sabia, se habría encargado de llevarlo sano y salvo de vuelta a su hogar, que es donde debe estar un menor de edad. Haberlo traído a España es un mensaje de debilidad que pagaremos muy caro en un futuro no muy lejano. Tiempo al tiempo. Miren a Londres, donde la alcaldía ya cayó en manos de los paquistaníes.

Gracias a la presión de Vox, Sánchez ya ha devuelto a algunos de los ilegales. Esperamos que en las próximas semanas los haya devuelto a todos, incluso a los que llevan tiempo viviendo entre nosotros, como lo evidencian las alarmantes cifras de delincuencia. Pero el problema no se resolverá definitivamente mientras tengamos un presidente débil, prisionero de sus socios extremistas, que tema frenar en seco al sátrapa Mohamed VI, como lo hizo Aznar sin vacilaciones en la cruenta Guerra de Perejil. España no puede seguir aceptando los chantajes de un reyezuelo africano que, cada vez que se siente molesto con nosotros, nos manda una remesa de menas. Demostrémosle que no le tememos a sus bravuconadas. ¿Que toda esta crisis obedeció a un acceso de ira del tirano porque un hospital español atendió de COVID al líder polisario Brahim Gali? Pues operémoslo también de la próstata, con un par de cojones. Y si el tal Mohamed nos vuelve a inundar de menas, que la Guardia Civil obre en consecuencia, pero, eso sí, con el espíritu bravío que le insufló en su origen el segundo Duque de Ahumada. Y evitando las fotos en picado que tanto gustan a los progres.