El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha acogido este jueves las declaraciones como testigos de Juana Rivas y de su hijo mayor de edad en el proceso judicial abierto contra la expareja de ésta y padre de sus dos hijos, Francesco Arcuri, por presunto maltrato a sus vástagos, narrando unos episodios que hicieron, han mantenido, que sus vidas se convirtieran en un “infierno”.

La sesión, prevista para las 10.00 horas, ha arrancado con retraso tras la finalización de la vista de un juicio previo, que han apuntado que la declaración de Rivas y su hijo se ha prolongado durante horas, sin que a las 14.30 horas hubiera terminado de declarar este último.

Estas mismas fuentes han incidido en el testimonio de él por ser, además de testigo una supuesta “víctima” por los cinco años viviendo con el padre antes de regresar a España con la madre, y por lo que habría vivido siendo niño y aún estaban juntos. La causa contra Arcuri se sigue por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia los dos hijos que tiene en común con la madre de Maracena (Granada).

“Pesadilla absoluta”

Rivas ha narrado episodios de malos tratos que al parecer le decían sus hijos que vivían con su padre, en una declaración en la que ha estado separado de Arcuri por un biombo. En similares términos, el hijo por su parte ha abundado en “la pesadilla absoluta y una situación de tortura permanente” en la que los vástagos “han vivido”, han abundado estas mismas fuentes.

Este joven ha apuntado a “vejaciones”, “amenazas de muerte”, y a “maltrato físico y psicológico continuado” en el marco de una “situación permanente de miedo y de terror” en el domicilio, han añadido estas mismas fuentes, que han aludido al “detalle” con que lo ha venido exponiendo ante el tribunal.

El juzgado ha dispuesto un calendario con las fechas en las que se escucharán los distintos testigos propuestos por las partes, el cual ha comenzado este jueves con las declaraciones de Rivas y su hijo mayor, y continuará en marzo, según detallaron a Europa Press fuentes del caso.

“Gravísimos hechos”

El equipo jurídico de Juana Rivas viene confiando en que “se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana” en esta causa, en el que se narran presuntos insultos y agresiones a los hijos. Este caso es independiente al que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada contra Juana Rivas por presunta sustracción de menores, tras la denuncia presentada por su expareja después de que el hijo pequeño no regresara a Italia en el plazo fijado por la justicia italiana tras pasar las vacaciones de Navidad con la madre en España.

El pequeño no regresó a Italia hasta el pasado 25 de julio tras un intenso cruce de acciones judiciales entre las partes. Juana Rivas declaró por este asunto el pasado 30 de octubre sin que hasta el momento el juzgado haya resuelto la petición de archivo por parte de sus abogados.

La madre de Maracena ya fue condenada por sustracción de menores a raíz de que en 2016 sacara a sus dos hijos de Italia sin consentimiento del padre alegando que huía de una situación de maltrato. Más tarde, en verano de 2017, permaneció un mes en paradero desconocido con los niños.

El Tribunal Supremo rebajó de cinco a dos años y medio de prisión la pena que le fue impuesta y el Gobierno le concedió el indulto parcial en 2021, a condición de que no cometiera el mismo delito en el plazo de cuatro años. Ello, desde la publicación del real decreto en el BOE, que es del 17 de noviembre de 2021, por lo que una hipotética condena podría afectar a la medida de gracia.

Juana Rivas ha vuelto a sentarse ante un tribunal por un delito de sustracción de menores. Ahora, como sucediera en 2018, la granadina ha comparecido para defender su inocencia en el marco de la denuncia que interpuso su expareja, el italiano Francesco Arcuri, por la presunta sustracción de su hijo Daniel, al impedir que el niño se marchase con él a Cagliari (Italia). Rivas ha comparecido este jueves ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada insistiendo en la tesis en que todo lo que ha hecho ha sido para proteger al niño, que ahora tiene 11 años.

La granadina, que solo ha respondido a las preguntas de sus abogados, ha llegado al tribunal pasadas las 10 de la mañana, en una declaración ante la jueza que ha durado menos de una hora. A la salida, Juana Rivas ha comparecido brevemente para mostrar su confianza en la justicia y su letrado ha insistido en que se debe escuchar al menor y en que existe base documental y pruebas suficientes que avalan las decisiones adoptadas por la granadina en los últimos meses y que demuestran la violencia a la que se habría sometido a su hijo.

Así, en esta causa, sus letrados basan su argumento legal en que Rivas ha cumplido en todo momento con lo dispuesto por los tribunales, recordando que si Daniel se quedó en Granada el pasado mes de enero es porque una jueza así lo dictaminó con una medida cautelar. Por ello, este viernes presentarán un escrito solicitando al archivo de la causa que pesa contra Juana.

Recorrido judicial en dos países

No en vano, la cronología de los acontecimientos respalda en parte la postura de Juana Rivas y sus abogados. En primer lugar por la medida cautelar que dictó la Justicia el pasado invierno evitando que Daniel se marchase a Italia tras escuchar al menor. Aquello permitió que el niño se quedara en Granada y fuese escolarizado, a la espera de que se adoptase una decisión definitiva. Una situación, la del menor, que empezó a complicarse cuando en febrero la Justicia italiana volvió a otorgarle la custodia en exclusiva a Francesco Arcuri. Esa decisión judicial ha estado rodeada de polémica por varias razones.

La primera es que, según la misma jueza que ordenó la cautelar, Cagliari no había sido informada de que Daniel estaba en España tras invocar el Convenio de la Haya y el interés superior del menor ante los indicios de presuntos malos tratos contra él. La segunda es que cuando en marzo Francesco Arcuri denunció a Juana Rivas por el delito de sustracción de menores por el que está imputada y ha comparecido ante el tribunal, no existe prueba documental de que Juana Rivas hubiese sido notificada de la decisión de Cagliari sobre la custodia.

A ese cruce de decisiones judiciales le siguieron varios episodios procesales más que, tras un intento de la propia jueza de salirse de la causa, finalmente acabó con el archivo de la denuncia en primera instancia el pasado mes de mayo. La magistrada entendía entonces que Rivas no había obrado al margen de la legalidad y que todas las decisiones adoptadas se ajustaban a las leyes y que, de hecho, si se habían cometido irregularidades habían sido a la hora de documentar las dos causas: la de la custodia en Italia y la de la denuncia en Granada. Además, recuerda en su auto de sobreseimiento que el tribunal italiano que decidió la custodia sigue basándose en el falso síndrome de alienación parental (SAP) que está prohibido en nuestro ordenamiento jurídico al carecer de base científica.

Una causa reabierta

Sin embargo, la Audiencia de Granada reabrió la causa en julio, justo en la semana en la que Juana Rivas y su hijo volvieron a estar en el foco mediático. En aquellos días en los que la presión social e institucional intentaba que Daniel no tuviese que irse a Italia al decaer la medida cautelar que le mantenía en Granada, la Audiencia volvió a imputar a Juana Rivas por la presunta comisión del delito de sustracción de menores por el que ha tenido que declarar ante el Juzgado de Instrucción 4. Daniel finalmente se marchó con su padre y Rivas volvió a recordar el peligro que presuntamente corre el menor por los episodios de violencia física y psicólogica que el niño habría descrito.

Invocando la protección de Daniel, la defensa de Rivas va a solicitar el archivo de nuevo. Porque, dicen, Rivas sólo ha buscado proteger a sus hijos. De hecho, los abogados se retrotraen al inicio de todo el caso cuando en 2016 la granadina presentó una denuncia por malos tratos que no fue tramitada cuando Juana ya había huido junto a sus hijos del domicilio que compartía con Arcuri en Italia. Según la defensa, todo lo que ha ocurrido después se explica por la ineficacia a la hora de dar curso a aquella primera querella, que no sirvió de nada porque Rivas acabó siendo condenada en 2018 a cinco años de prisión por la sustracción de sus dos hijos al no devolverlos hasta el verano de 2017 cuando pesaban diferentes órdenes judiciales para que lo hiciese. Rivas recibió entonces un indulto parcial que le devolvió la libertad.

Ahora, de nuevo, la estrategia de la defensa se basa en que se está cometiendo de nuevo un error al no escuchar a Daniel, ignorando el interés superior del menor ante la sospechas que pesan sobre Arcuri por presuntos malos tratos contra el niño. De hecho, el italiano está imputado en Italia por la presunta comisión de estos hechos y ya compareció en septiembre en el marco de la causa, que en todo caso puede dilatarse varios años.

“Daniel solamente ha sido escuchado una vez en España por una única jueza, que decidió otorgarle su protección. La ausencia de coordinación entre el Procedimiento Civil y Penal en Italia ha permitido una situación excepcional: que Daniel, con 11 años, sea el principal testigo/víctima del procedimiento por malos tratos impulsado por la Fiscalía Italiana contra su padre, pero que tenga que acudir al juicio de su mano y viviendo en su casa”, lamentan los letrados de Juana Rivas.

En todo caso, confían en que este procedimiento sea archivado y entienden que es un “error en la estrategia legal” de Francesco Arcuri porque les permite poner el foco en la protección del menor. “Juana por fin ha tenido la oportunidad de exponer en España una tras otra, las múltiples pruebas que acreditan la terrible violencia física y psíquica a la que Arcuri ha sometido a Daniel durante todos estos años”, sentencian su defensa.

“Los hechos no son constitutivos de delito ni tienen la proyección penal que se pretende. El denunciante se ha precipitado con la interposición de la denuncia, fruto seguramente del loable deseo de tener contacto con su hijo”, escribió en mayo la jueza titular del Juzgado de Instrucción 4 sobre la denuncia de Francesco Arcuri contra Juana Rivas por la presunta sustracción de su hijo Daniel. Según la magistrada, que archivaba así la causa, no existían entonces indicios para investigar a la granadina porque había una medida cautelar del mismo juzgado que la amparaba para que el niño se quedase en Granada. Pero, finalmente, la Audiencia de Granada reabrió la causa en julio y la granadina tiene que declarar este 30 de octubre como investigada.

Antes de que Juana Rivas tenga que sentarse ante el juzgado para defenderse de la presunta sustracción de menores que habría cometido, según la Audiencia, al impedir en enero que Daniel volviese a Italia con su padre Francesco Arcuri, fue el progenitor el que compareció ante el tribunal. Lo hizo a principios de octubre para insistir en que Rivas volvió a cometer el mismo delito por el que en 2018 fue condenada a 5 años de prisión en primera instancia por marcharse durante más de un año con sus hijos sin permiso del padre de estos. Sin embargo, a diferencia de aquel primer juicio, en esta ocasión la Justicia sí le dio la razón archivando en mayo una causa que no tenía indicios hasta que la Audiencia la reabrió justo en la semana en la que Daniel debía volver a Italia de manera definitiva.

La defensa de Juana alega ahora que, aunque fueron informados del archivo “definitivo” de la denuncia en primera instancia, no habían tenido acceso hasta ahora al auto que exponía los motivos por los que la jueza no veía delito en la actuación de la granadina. Y lo cierto es que el documento, al que ha tenido acceso este medio, deja poco margen para procesar a Juana Rivas ya que se ampara sobre todo en la medida cautelar que dictó la misma magistrada en enero para que el niño se quedase con su madre después de escucharle relatar su miedo a posible maltrato por parte de su padre.

La clave de la medida cautelar

El auto, firmado por la jueza Susana Álvarez Civantos, es extenso -29 páginas- y minucioso. En él desmonta la denuncia de Francesco Arcuri y argumenta que no se produjo ningún delito, ni siquiera en grado de tentativa. La magistrada escribió en mayo que otro juzgado y la Audiencia Provincial, durante la instrucción, reconocieron la existencia de la medida cautelar que suspendía la entrega del menor, por lo que Rivas estaba actuando bajo el amparo de una resolución judicial española.

Para entender esto es importante la cronología de lo sucedido en los últimos meses. En primero lugar, en enero la jueza que dicta la medida cautelar tras hablar con Daniel invoca el Convenio de La Haya alegando el interés superior del menor para que el niño se quede en Granada. Después, en febrero, el tribunal civil de Cagliari vuelve a darle la custodia en exclusiva de Daniel a Arcuri, pero sin tener constancia de que había una medida cautelar en España vigente y ratificada por otro juzgado para que el niño se quedara con Juana. Según la jueza, esto es clave porque Italia no puede revocar una medida española que ni siquiera conoce.

Ya en marzo es cuando Arcuri denuncia a Juana Rivas por sustracción de menores y dice en su escrito que la granadina ya había sido notificada oficialmente de la custodia por parte de Italia, pero la magistrada señala que no existe prueba documental de ello en los autos. Al mismo tiempo que presenta la denuncia, solicita medidas cautelares contra Rivas, pero se le deniegan. Días después, la Audiencia de Granada ratifica la medida cautelar, lo que sigue amparando a Juana Rivas para no estar cometiendo ningún delito de sustracción.

Por último, tras varios pasos procesales más en los que la jueza llega a solicitar salir de la causa e incluso Arcuri le recusa por haber dictado una medida en favor de Juana Rivas, finalmente la magistrada continúa con el procedimiento por orden de la Audiencia Provincial y firma en mayo el archivo definitivo del presunto delito de sustracción de menores alegando lo que se recoge en este auto. “La denunciada estaba protegida por una resolución judicial vigente que permanece en vigor para no retornar al menor a Italia”, señala la jueza, insistiendo en que ninguna autoridad italiana había revocado aquella orden, ya que incluso no se había informado correctamente de las resoluciones cruzadas entre ambos países.

Entonces, el razonamiento de la magistrada fue claro: no podía imputarse un delito de sustracción a una madre que seguía al pie de la letra lo ordenado por los tribunales de su país. Tampoco encontró indicios de malos tratos o de daño psicológico al menor, una acusación que el propio auto relaciona con el llamado síndrome de alienación parental, una teoría “sin aval científico” y expresamente prohibida por la Ley Orgánica 8/2021 de protección a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. En el escrito, Álvarez Civantos cita ese artículo de la ley que prohíbe que se tomen en consideración planteamientos de este tipo en sede judicial, recordando que no toda desavenencia familiar puede transformarse en un delito. Un síndrome que, sin embargo, sí se reconoce en Italia y que ha sido la base de la acusación de Arcuri durante todos estos años.

“La jurisdicción penal es la última ratio sancionadora”, apunta la magistrada, advirtiendo del riesgo de llevar por la vía penal asuntos que pertenecen al ámbito civil. Según su auto, no se puede hablar de incumplimiento ni de delito de sustracción si la madre nunca fue notificada oficialmente del decreto italiano que ordenaba la restitución del menor ni si seguía vigente una medida española de protección. De hecho, siempre según el auto, el Tribunal de Cagliari que ordenó la vuelta de Daniel no había comunicado al juzgado español que la suspensión hubiese sido levantada, por lo que el niño podía seguir en Granada.

Eso sí, la jueza sí decidió investigar una parte menor de la denuncia de Arcuri: la presunta falsificación documental y suplantación de identidad en el proceso de escolarización del niño. No en vano, Daniel estuvo acudiendo a una escuela de Granada desde enero y hasta final de curso. Por esa presunta falsificación, la Guardia Civil abrió una investigación sobre cómo se matriculó al menor y qué funcionarios intervinieron en el trámite. Una investigación paralela que avanza de manera discreta y no está relacionada con el delito por el que se investiga de nuevo a Juana.

Una causa reabierta

Pese a la contundencia del archivo dictado en mayo, la Audiencia Provincial ordenó reabrir las diligencias dos meses después, justo cuando se cumplía el plazo para el regreso definitivo de Daniel a Italia. Esa decisión, recurrida por la defensa, ha devuelto a Rivas a un escenario que creía cerrado: volver a declarar como investigada por sustracción de menores. Su defensa recuerda que el auto de mayo no sólo archivó la causa, sino que expuso con detalle que no existía base alguna para buscar delitos en la actuación de una madre que actuó amparándose en una orden judicial española y en defensa del interés superior de Daniel.

Por ello, los letrados de Juana Rivas también van a solicitar que tanto el propio Daniel como su hermano mayor Gabriel hablen en esta causa. Algo que, en todo caso, solo podrá suceder si la Audiencia admite la petición que tienen prevista hacer los letrados cuando se inicie la fase de recogida de pruebas que tendrá que suceder próximamente. La defensa de la granadina confía en que este procedimiento acabe volviéndose en contra de Arcuri, basándose en el archivo que se recoge en este auto de mayo.

El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha citado como testigos el próximo 26 de febrero a Juana Rivas y a su hijo mayor de edad en el proceso judicial que va a seguir por las denuncias por malos tratos a sus vástagos contra Francesco Arcuri, la expareja de la madre de Maracena (Granada). Ella, por su parte, tendrá que declarar a su vez el próximo 30 de octubre en sede judicial en la capital granadina, investigada por supuesta sustracción de menores tras la estancia con ella del hijo menor desde Navidad hasta finales de julio en España.

Según las fuentes del caso consultadas por Europa Press, en una vista celebrada este jueves, el juzgado italiano ha decidido también no nombrar a un tutor especial al cargo de la representación del menor en el proceso judicial (función que ejerce la propia Juana Rivas) hasta que pudiera surgir “un verdadero conflicto de intereses” y en función también de la evolución del proceso penal español en el que está siendo investigada por sustracción.

El inicio del proceso penal en Italia se aplazaba el pasado 18 de septiembre con la presentación de esta cuestión procesal previa por parte del equipo jurídico de Arcuri, sobre la que se volvía a emplazar a las partes para este 23 de octubre.

El juzgado ha dispuesto además este jueves un calendario con las fechas en las que se escucharán los distintos testigos propuestos por las partes, el cual comenzará a finales de febrero con las declaraciones de Rivas y su hijo mayor, y continuará en marzo, han detallado estas mismas fuentes.

Un juicio que puede durar años

Todo ello tras una audiencia que tenía como principal objeto la petición del equipo jurídico de Arcuri para examinar la pertinencia de que, en este proceso que se sigue contra él por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia sus hijos, el menor estuviera representado por un administrador especial y no por Rivas.

El juicio, según estas mismas fuentes, puede prolongarse durante años, conforme a la normativa italiana. El niño, de 11 años, volvía con el padre tras permanecer desde fechas navideñas con la madre en España, un asunto por el que ha de declarar en una causa aparte el 30 de octubre como investigada por la presunta comisión de un delito sustracción de menores en el edificio judicial de Caleta, en Granada capital, Rivas, que ya fue condenada previamente por este ilícito después de que en el verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.

El pasado septiembre, a raíz del inicio de la vista oral en Italia, el equipo jurídico de Juana Rivas se mostraba confiado en una nota de prensa en que “se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana”.

Una audiencia preliminar celebrada el pasado 17 de junio en Cagliari para el análisis de varias denuncias de Juana Rivas contra su ex y padre de sus dos hijos determinó que un nuevo tribunal de tres jueces analizara los hechos para “establecer la veracidad” de los mismos, según explicó en un comunicado la representación legal de Francesco Arcuri en nombre del italiano.

Mantiene la custodia

En la audiencia que daba lugar a la apertura de la vista oral que se ha producido este jueves no se decretaba “ninguna medida restrictiva, ni modificación de la custodia otorgada por el Decreto del Tribunal de Familia competente” al italiano sobre su hijo menor.

El 3 de diciembre anterior, la representación jurídica de Juana Rivas se congratulaba de que la Fiscalía italiana hubiera procesado por presuntos maltrato a los hijos comunes de ambos a Arcuri.

En un comunicado, expuso que el 14 de noviembre anterior, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari, responsable de la instrucción de las actuaciones contra Arcuri, había concluido las investigaciones y “presentado formalmente escrito de procesamiento” contra la expareja de Rivas.

Los letrados de Rivas proseguían lamentando que el hijo menor de edad, continuaba “estando obligado a vivir en Carloforte con su padre” mientras que el mayor, que tiene 19 años y vive en España, pedía “ayuda a la Fiscalía General de Cagliari” y expresaba “con rotundidad que su padre no es capaz de controlar su impulsividad y su ira”, viendo a su hermano “en gran peligro”, según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.

Acusada de sustracción de menores

En paralelo al proceso penal en Italia continúa en España la tramitación de la denuncia interpuesta por Arcuri contra la madre de Maracena por la presunta comisión de sustracción de menores respecto del niño menor.

“El próximo día 30 de octubre, Juana Rivas prestará declaración sobre estos hechos”, precisaron en septiembre sus abogados, que apuntaron que se producirá a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada “considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia”, ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.

La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia por lo que la investigación se reabría.

De este modo una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, y consultada por Europa Press, citaba a declarar a Rivas como investigada a las 10,00 horas del 30 de octubre en sede judicial. El pasado 8 de octubre Arcuri, citado como denunciante a través de su representación legal, ratificó su denuncia por vía telemática.

Vuelta suspendida de enero a julio

El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara “el terror” de regresar a su lado. La vuelta se producía el pasado 25 de julio tras un intento frustrado en el punto de encuentro familiar esa misma semana.

La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre.

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores en relación con los hechos del verano de 2017, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto, el 17 de noviembre de 2021.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha recibido este miércoles por videoconferencia desde Italia la ratificación por Francesco Arcuri de la denuncia que interponía contra su expareja y madre de sus dos hijos, Juana Rivas, en la investigación que se sigue contra ella por supuesta sustracción del más pequeño de ambos, menor de edad. En la citación de este miércoles se han acotado los términos en los que se limita la investigación, habiendo pedido la autoridad judicial discreción en el caso a las partes, según ha indicado a Europa Press el letrado de Arcuri Enrique Zambrano.

La citación tiene su origen en una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, en la que se cita a declarar a Rivas como investigada a las 10 horas del 30 de octubre en sede judicial. El 22 de septiembre se citaba a través de su representación procesal a Arcuri como denunciante, si bien fue aplazado a este 8 de octubre, según fuentes consultadas en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por “dificultades en la tramitación de la personación de sus representantes legales”.

Estas citaciones se producen a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada “considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia”, ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.

Dos juicios pendientes

La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia, que se producía por la no vuelta del niño a Italia tras el último receso navideño, cuando permaneció en Maracena con la madre.

El pasado enero la autoridad judicial suspendía en Granada de forma provisional el regreso a Italia del niño tras las vacaciones de Navidad. Lo hizo a raíz de que el menor declarara haber sufrido presuntos episodios de violencia física y psíquica por parte de su padre y narrara “el terror” de regresar a su lado. La vuelta se producía el pasado 25 de julio tras un intento frustrado en el punto de encuentro familiar esa misma semana.

La Audiencia de Granada confirmaba el pasado marzo el auto del Juzgado de Instrucción número 9 de la capital granadina que acordó en febrero la remisión del expediente judicial del hijo menor de Rivas a la corte de la ciudad italiana de Cagliari para que se siguieran investigando los presuntos malos tratos que denunció que el menor habría recibido de su padre. Hay una audiencia en este proceso fechada para el próximo 23 de octubre tras el aplazamiento que se producía este pasado jueves por una cuestión procesal presentada por Arcuri en relación con la representación del menor en este juicio.

Investigación por sustracción

En abril de 2021, el pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo confirmó la condena a Juana Rivas por delito de sustracción de menores en relación con los hechos del verano de 2017, pero reducía su pena de cinco años a dos años y seis meses de prisión al considerar que, aunque fueron dos los menores sustraídos, cometió un único delito y no dos.

Posteriormente un indulto del Gobierno rebajó la pena de prisión a un año y tres meses y conmutó la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad por una pena de 180 días de trabajos en beneficio de la comunidad, a condición de que no cometiera el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de cuatro años desde la publicación del real decreto, el 17 de noviembre de 2021.

Este pasado martes, la representación legal de Rivas anunciaba que pedirá la declaración del niño en el nuevo proceso abierto contra ella en el Juzgado de Instrucción 4 de la capital granadina, basado, señaló, en una “gravísima acusación” la cual “supone una excelente oportunidad para que Juana y sus hijos puedan escapar del laberinto jurídico en el que se encuentran atrapados”.

El Tribunal Penal de Cagliari (Italia) ha acogido en la mañana de este jueves el inicio del juicio penal por supuesto maltrato a sus hijos contra Francesco Arcuri con la presentación de una cuestión procesal previa por parte de su equipo jurídico sobre la que se ha vuelto a emplazar a las partes para octubre. En la audiencia no han estado presentes ni su expareja, la vecina de Maracena (Granada) Juana Rivas ni ninguno de sus dos vástagos.

Precisamente, según las fuentes del caso consultadas por Europa Press, la cuestión procesal previa ha tenido que ver con la petición al tribunal sobre la representación en el juicio del menor de ellos, de 11 años y que volvía con su padre, que tiene la custodia, el pasado julio a Italia. Fue tras permanecer desde fechas navideñas con la madre en España, un asunto por el que ha de declarar el próximo 30 de octubre como investigada por la presunta comisión de un delito sustracción de menores en el edificio judicial de Caleta, en Granada capital, Rivas, que ya fue condenada previamente por este ilícito después de que en el verano de 2017 pasara un mes en paradero desconocido con sus dos hijos incumpliendo las resoluciones judiciales que le obligaban a entregárselos al padre.

En Italia, este jueves, el equipo jurídico de Arcuri pide examinar la pertinencia de que, en este proceso que se sigue contra él por la presunta comisión de maltrato físico y psíquico habitual hacia sus hijos, el menor esté representado por un administrador especial y no por Rivas. La próxima audiencia es el 23 de octubre en un juicio, que según estas mismas fuentes, puede prolongarse durante años, conforme a la normativa italiana.

Este pasado miércoles, a raíz del inicio de la vista oral en Italia, el equipo jurídico de Juana Rivas se mostraba confiado en una nota de prensa en que “se demuestren los gravísimos hechos que constan en el escrito de imputación de la Fiscalía italiana”.

Una audiencia preliminar celebrada el pasado 17 de junio en Cagliari para el análisis de varias denuncias de Juana Rivas contra su ex y padre de sus dos hijos determinó que un nuevo tribunal de tres jueces analizara los hechos para “establecer la veracidad” de los mismos, según explicó en un comunicado la representación legal de Francesco Arcuri en nombre del italiano.

En la audiencia que daba lugar a la apertura de la vista oral que se ha producido este jueves no se decretaba “ninguna medida restrictiva, ni modificación de la custodia otorgada por el Decreto del Tribunal de Familia competente” al italiano sobre su hijo menor.

El 3 de diciembre anterior, la representación jurídica de Juana Rivas se congratulaba de que la Fiscalía italiana hubiera procesado por presuntos maltrato a los hijos comunes de ambos a Arcuri.

En un comunicado, expuso que el 14 de noviembre anterior, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari, responsable de la instrucción de las actuaciones contra Arcuri, había concluido las investigaciones y “presentado formalmente escrito de procesamiento” contra la expareja de Rivas.

Los letrados de Rivas proseguían lamentando que el hijo menor de edad, continuaba “estando obligado a vivir en Carloforte con su padre” mientras que el mayor, que tiene 19 años y vive en España, pedía “ayuda a la Fiscalía General de Cagliari” y expresaba “con rotundidad que su padre no es capaz de controlar su impulsividad y su ira”, viendo a su hermano “en gran peligro”, según un mensaje esgrimido por la representación de la madre.

En paralelo al proceso penal en Italia continúa en España la tramitación de la denuncia interpuesta por Arcuri contra la madre de Maracena por la presunta comisión de sustracción de menores respecto del niño menor.

“El próximo día 30 de octubre, Juana Rivas prestará declaración sobre estos hechos”, precisaron este pasado miércoles sus abogados, que apuntaron que se producirá a pesar de que el Juzgado de Instrucción número 4 de Granada “considerara que no eran delictivos, mediante una exposición razonada de los motivos para el archivo de la denuncia”, ante el que el equipo jurídico de Arcuri recurrió.

La Sección Segunda (Penal) de la Audiencia Provincial de Granada, en un auto del pasado 24 de julio, estimó parte del recurso planteado por el equipo de Arcuri contra el archivo de su denuncia por lo que la investigación se reabría.

De este modo una providencia del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, de fecha 30 de julio, y consultada por Europa Press, citaba a declarar a Rivas como investigada a las 10,00 horas del 30 de octubre en sede judicial, a la misma hora y en el mismo sitio que, el 22 de septiembre, se cita a través de su representación procesal a Arcuri como denunciante.

El italiano Francesco Arcuri, expareja de Juana Rivas y padre de sus hijos, comparecerá este jueves ante el Tribunal Penal de Cagliari (Italia) acusado de maltrato físico y psicológico habitual contra Daniel y Gabriel. Será la primera vez que Arcuri se enfrente a un proceso penal por presuntos malos tratos a los menores, después de años de denuncias archivadas y pese a la condena por violencia de género que ya recibió en Granada en 2009 por agredir a Juana.

De este modo, el inicio de un juicio que se puede demorar años supone un punto de inflexión en el caso Juana Rivas. Hasta ahora, la única que se había sentado en el banquillo por todo lo sucedido había sido la madre de Maracena. Sin embargo, Arcuri tendrá que responder por primera vez a lo que la defensa de la granadina señala como un caso de violencia de género que derivó, hace ya mucho tiempo, en violencia vicaria. Durante años, sostiene su equipo jurídico, los niños han sido víctimas directas de malos tratos en Carloforte (Italia), donde residían con su padre, y ahora la Justicia italiana tendrá que determinar si esas denuncias se sostienen con pruebas e indicios suficientes.

En todo caso, la vista oral arranca con un hecho paradójico de fondo: desde julio, Daniel, el hijo pequeño, vive en Italia con Arcuri, después de que el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ordenara su entrega forzosa. La defensa de Rivas considera que es una “anomalía jurídica y social” que una de las principales víctimas y testigos de la causa esté viviendo junto con la persona que está imputada precisamente por malos tratos. Además, recuerdan que el menor ya dijo en varias ocasiones que no quería volver con su padre y que incluso compareció el pasado 7 de enero ante el Juzgado de Instrucción 4 de Granada para pedir de permanecer con su madre.

De hecho, ese mismo juzgado archivó en mayo una denuncia por sustracción de menores interpuesta por Arcuri contra Rivas, aunque la Audiencia de Granada sí mantiene abierta la investigación, hasta el punto de que Juana Rivas tendrá que declarar por ese presunto delito el próximo 30 de octubre. En todo caso, en su auto de mayo, la magistrada del Juzgado de Instrucción 4 sostuvo que la cuestión de fondo no era de custodia, sino penal, y que correspondía al tribunal italiano.

El falso Síndrome de Alienación Parental

Además, la jueza dejó claro que la jurisdicción penal es siempre preferente a la civil, algo que, según la defensa de Rivas, ha sido sistemáticamente ignorado en este caso. El auto también desmontaba la base sobre la que Arcuri ha sustentado su estrategia procesal durante años, con el apoyo de la Justicia italiana: el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), un pseudodiagnóstico sin aval científico, prohibido en nuestro país, que ha sido empleado para desacreditar a madres que denuncian violencia.

A juicio de los abogados de Rivas, que Daniel viva con su padre, pese a estar imputado por presuntos malos tratos, ha hecho que Arcuri haya podido cumplir la amenaza que, según el equipo jurídico de la madre, le lanzó su pareja cuando se separaron: “Te quitaré a los niños y te haré la vida imposible”. No en vano, los letrados consideran que se ha producido una cadena de desprotección institucional que ha culminado con la entrega del niño a su padre, pese a la existencia de resoluciones penales que aconsejaban lo contrario. Hablan de violencia institucional, ya que entienden que las decisiones de los juzgados civiles en Granada y de la Corte de Apelación de Cagliari han dejado sin amparo al menor.

Eso sí, la Fiscalía de Cagliari aprecia indicios suficientes de malos tratos, lo que ha permitido que se instruya la causa por la que Arcuri tiene que comparecer. El tribunal deberá decidir a partir de ahora si el italiano es culpable de haber sometido a daño físico y psicológico de manera continuada a sus hijos, como sostienen los informes forenses y los testimonios de los propios menores. Gabriel, el mayor, que vive en Granada con su madre desde hace tres años, ya ha dicho públicamente en varias ocasiones que tanto él como su hermano fueron víctimas de malos tratos y humillaciones.

Por primera vez en casi una década de batalla legal, Arcuri se sienta en el banquillo para responder de las acusaciones que pesan sobre él. Para Juana Rivas y su defensa, el proceso representa un motivo de esperanza porque por primera vez existe la posibilidad de que la Justicia italiana reconozca la violencia que denuncian y siente las bases para que Daniel pueda regresar a España bajo la custodia exclusiva de su madre.

Ocho años de litigios

Al mismo tiempo, este nuevo capítulo procesal se suma a ocho años de litigios por la custodia de los menores. Desde que Juana Rivas decidió marcharse en la primavera de 2016 del domicilio que compartía en Italia con Arcuri y sus hijos, permanecer más de un año sin volver a dicha casa y estar un mes en paradero desconocido para no entregar a los menores, las denuncias no han dejado de cruzarse. La mayoría de ellas han caído del lado favorable al italiano y en contra de los intereses de Rivas, hasta ahora.

Juana llegó a ser condenada en primera instancia a cinco años de prisión y a la pérdida de la patria potestad sobre sus hijos, pero dos rebajas de condena, con indulto parcial del Gobierno incluido, dejaron a la granadina en libertad, pero con la advertencia de no poder delinquir de nuevo si no quería entrar en prisión. Pese a aquella condena y a que la relación entre Rivas y Arcuri ha sido inexistente en este tiempo, llegó a haber un régimen de visitas pactado que casi en cada ocasión se saldó con una nueva demanda de Juana contra su expareja por malos tratos sobre sus hijos. Demandas, todas ellas, archivadas hasta que la Fiscalía y el Tribunal Penal de Cagliari han decidido imputar ahora a Arcuri y que se siente este jueves en el banquillo.

En este tiempo, el hijo mayor, Gabriel, ya no es menor de edad, vive en Granada junto a su madre y es una de las figuras que más ha hablado pública y judicialmente en defensa de su hermano Daniel. El joven, que ya tiene 18 años, llegó a pedir incluso amparo a Juan Manuel Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, para que intercediese para que Daniel no tuviese que volver a Italia, como finalmente acabó pasando el pasado mes de julio.

No en vano, el niño viajó a Granada la pasada Navidad y se quedó gracias a una suspensión cautelar de la entrega dictada por parte de la Justicia española tras escucharle. Pasó más de medio año junto a su madre y su hermano, llegando a estar escolarizado. Todo con el objetivo de lograr que no se tuviese que ir a Italia y que la presión social y judicial liderada por los letrados de Juana Rivas permitiesen revisar la custodia del menor y que recayese sobre ella, teniendo en cuenta que Arcuri está imputado por malos tratos en un juicio que empieza ahora y que, según apuntan fuentes de la defensa del italiano, podría prolongarse varios años y acabar sin una resolución si se dilata demasiado. Para entonces, Daniel ya podría haber decidido voluntariamente, a partir de los 16 años -ahora mismo tiene 11-, volver a Granada o quedarse con su padre.

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada ha citado a declarar como investigada el próximo 30 de octubre a Juana Rivas, tras la denuncia presentada por su expareja, que la acusó de un delito de sustracción de menores por evitar que el menor de sus dos hijos regresase en enero a Italia con el padre, que tiene la custodia.

La providencia del juzgado instructor, a la que ha tenido acceso EFE, se produce después de que la Audiencia de Granada admitiera en julio un recurso de su expareja, el italiano Francesco Arcuri, al archivo de la causa.

Antes de esta cita declarará Arcuri, que acusó a Juana Rivas de incumplir la orden dictada por un tribunal italiano el pasado febrero para que el menor, que desde agosto vive con él en Italia, volviera a su domicilio habitual.

“Tendente a alterar el régimen de custodia”, según la Audiencia

Aunque inicialmente el juzgado instructor archivó la denuncia de Arcuri, la Audiencia de Granada admitió en julio de manera parcial el recurso presentado por el italiano y acordó investigarla por no haber facilitado la vuelta del menor a Italia. Este procedimiento deriva de la negativa de Juana Rivas a devolver al menor con su padre, niño que viajó a España para pasar las vacaciones de Navidad con la familia materna y que debió regresar a Italia el 2 de enero.

En esa semana, Rivas solicitó a un juzgado en funciones de guardia medidas cautelares, que suspendieron la vuelta del niño con el padre. Al final, esta se efectuó el pasado 25 de julio después de varios intentos del entorno y la representación legal de la madre de frenar la orden judicial que así lo determinaba.

En sus argumentos sobre el delito de sustracción de menores, la Audiencia de Granada apuntó en un auto fechado en julio que Juana Rivas es “tendente a alterar unilateralmente el régimen de custodia de su hijo Daniel”, a lo que añadió que lo hacía “reteniéndolo en su compañía con incumplimiento” de lo dictado por la justicia italiana.

El auto de la Audiencia recordó que Rivas incumplió en enero la devolución del menor con el padre y “provocó” que se dictara una resolución con medidas cautelares. Recalcó, además, que las medidas cautelares que frenaban la vuelta de Daniel había quedado sin efecto por una nueva sentencia de la Corte de Cagliari. También calificó de “incontestable” la documental que aportó en su denuncia Arcuri por la “gravedad” de la conducta de Juana Rivas, que forzó al padre a pedir por la vía civil la vuelta del menor.

El mismo delito por el que fue condenada

El Juzgado de Instrucción 4 de Granada tomará declaración a Rivas como investigada por el mismo delito por el que ya fue condenada a cinco años de prisión, una pena que el Tribunal Supremo redujo en 2021 a la mitad al interpretar que, aunque estuvo en paradero desconocido con sus dos hijos, solo era un delito.

El 16 de noviembre 2021, el Consejo de Ministros acordó el indulto parcial a Juana Rivas, una medida que redujo esa pena de prisión a un año y tres meses. La vigencia del indulto está condicionada a que no cometa el mismo delito por el que fue condenada en el plazo de 4 años.

Los hechos tuvieron lugar en el verano de 2017, cuando Juana Rivas estuvo un mes en paradero desconocido con sus hijos para no entregarlos al padre con el argumento de protegerlos de Arcuri.

“Todo ha ido mucho mejor de lo esperado. Una entrega bastante ágil, una vez que el elemento disruptor ha desaparecido del entorno”. Estas han sido las palabras del abogado de Francesco Arcuri tras ejecutarse una orden judicial que impone a un niño de 11 años abandonar el hogar en el que ha expresado querer quedarse –el de su madre, Juana Rivas– para ser trasladado a Italia con su padre.

Desde la lógica de los derechos de la infancia, esta frase encierra una violencia simbólica que no puede ser ignorada porque la decisión que toman los jueces ha pasado por encima de la voluntad del niño para deslegitimar su voz al sugerir, el abogado del padre, que está contaminada, manipulada, interferida por la madre. Una violencia machista que está dirigida, y esto es importante, contra el niño al negarle su capacidad para saber lo que quiere.

Esta es una práctica común y habitual: la de sembrar de sospecha el modo de actuar de la madre sobre los hijos que quiere proteger. Se sabe, se ha estudiado y hay distintas resoluciones relevantes que dejan en evidencia que este tipo de afirmaciones e ideas forman parte de una estrategia frecuente en los procesos de separación y divorcio conflictivos, especialmente cuando hay antecedentes o denuncias de violencia de género. En estos procesos no son pocos los hombres, que hasta entonces habían mostrado escaso interés real en ejercer la paternidad, reactivan su papel desde un lugar que no es el afecto, sino el control. Utilizando la patria potestad y el régimen de visitas como mecanismo para demostrar su poder y castigar la ruptura. Lo que está en juego para ellos no son los vínculos, sino la restauración de una autoridad perdida. Y, en ese escenario, la madre que decide proteger a sus hijos y no ceder se convierte en una amenaza: el “elemento disruptor”.

El caso de Juana Rivas pone en evidencia las grietas profundas de un sistema judicial que sigue tolerando esta instrumentalización del derecho de familia. Sabemos –quienes trabajamos cada día con madres, niñas y niños inmersos en este tipo de procesos– cómo se despliegan mecanismos institucionales que desgastan, castigan y culpabilizan. Mientras se da por buena la versión de estos padres con antecedentes penales por violencia de género o juicios pendientes por maltrato a sus hijos, se comprenden sin condiciones sus motivos y se minimiza su responsabilidad en el conflicto existente. Frente a ellos, la madre es el problema, la que “rompe el equilibrio”, la que impide el cumplimiento de lo previsto. ¿Qué es lo previsto? Aguantar hasta que la muerte los separe.

Y para el cumplimiento de lo previsto no cabe otra opción que la negación del derecho del niño o la niña a ser escuchada y protegida. Algo que va en contra de la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 145/2024, que establece con claridad que en contextos de violencia de género las decisiones judiciales sobre custodia y régimen de visitas no pueden tomarse de forma automática. Deben contar con una motivación reforzada que analice con rigor los derechos fundamentales en conflicto, valore el riesgo y tenga como eje el interés superior del menor. No basta con cumplir la ley; es necesario interpretarla desde el mandato de protección a las y los niños. La entrega de Daniel sin considerar su voluntad ni su seguridad vulnera este principio y perpetúa una lógica patriarcal que desoye las señales de alarma, que desoye a las infancias.

En lugar de ponderar la situación real del crío y cómo está siendo su vida ahora y si su entorno es positivo para él, el juzgado ha centrado su valoración en determinar si existía algún “elemento disruptor” que afectara a su voluntad –es decir, la madre–, y ha desechado cualquier otra variable. Una vez más no se ha escuchado a Daniel como establece la LOPIVI ni se ha contemplado su posible personación en la causa. Una vez más, son adultos, que él no ha elegido, quienes han decidido sin él y por él, anulando su derecho a expresarse, a ser creído, a ser protegido. Eso es violencia institucional, y no se ejerce solo contra las madres: también, y sobre todo en estos asuntos, contra las niñas y niños. Por favor, asumámoslo si queremos abordarlos. Desliguemos los derechos de la infancia a los derechos de sus progenitores.

Esta violencia institucional se cuela en los tribunales, en los informes psicosociales, en las decisiones que disfrazan de neutralidad lo que en realidad es la reproducción de un imaginario que coloca a las mujeres como sospechosas y a los hombres como víctimas de ellas por culpa del feminismo y las feministas. Cada vez que una madre interrumpe ese relato marcado por el orden patriarcal, se reactiva el estigma de la mala madre, de la bruja, de la fresca, de la interesada, de la manipuladora…. Juana Rivas no está siendo tratada por los tribunales como una mujer que protege, sino como una madre que manipula. Como una mujer peligrosa para el equilibrio del proceso. Como una transgresora. Esa es la otra sentencia que se dicta sobre ella cada vez que recibe un revés judicial. Redoble de condena.

En septiembre, el padre de este niño deberá comparecer en un juicio por presuntos malos tratos a su hijo. A pesar de ello –y de que la custodia concedida a Arcuri está recurrida ante el Tribunal Supremo italiano–, Juana Rivas solo podrá ver a su hijo en Cerdeña. Mientras tanto, el sistema judicial sigue sin asumir su deuda con las infancias: sin formación específica, sin perspectiva de género, sin mecanismos eficaces de escucha, sigue tomando decisiones desde la desconfianza hacia las madres y la indiferencia hacia los hijos. No es el vínculo materno lo que hay que eliminar del entorno. Es la violencia institucional la que urge interrumpir. Esa que se niega y se resiste a analizar, interpretar y valorar los hechos con un conocimiento rigurosos de los derechos de las infancias y de los instrumentos y normativas que los garantizan. Esto también lo dice una ley.

No hay vuelta atrás: Daniel se marcha a Italia con su padre. El hijo menor de Juana Rivas ha vuelto con su progenitor, el italiano Francesco Arcuri, después de que la granadina haya cumplido este viernes con la orden judicial que le obligaba a entregar al niño de 11 años de edad. La devolución se ha producido a pesar de los intentos por evitarlo que han protagonizado no solo desde el gabinete jurídico de Juana Rivas, sino incluso su hijo mayor, Gabriel, que vive con ella en Granada desde 2022. El joven, que ya tiene 19 años, ha enviado varias cartas e interpuesto una denuncia contra su padre por acoso contra su hermano.

La entrega del menor se ha producido después de que el pasado martes se aplazase durante una jornada que resultó muy tensa para el niño y las familias. Estaba previsto que Daniel se marchase el pasado 22 de julio, pero el niño se negó tajantemente tanto en la puerta del Punto de Encuentro Familiar (PEF) como ya en el interior. En todo momento alegó sentir miedo hacia su padre y temer por su integridad física. Una circunstancia que provocó que la justicia aplazase la entrega a este viernes para fijarla con nuevos criterios que expusiesen menos al menor.

Cabe recordar que Daniel tuvo que caminar durante varios metros escoltado por una avalancha de medios de comunicación mientras su madre, Juana Rivas, se mostraba abatida, hasta el punto de que tuvo que recibir asistencia médica. En este caso, no se han repetido escenas similares porque el tribunal encargado de ejecutar la orden de devolución del menor ha establecido que las partes se encontrasen en el interior de la Audiencia de Granada para evitar que se produjesen hechos similares a los del pasado martes.

La entrega se ha producido finalmente en la sede judicial de La Caleta, en Granada, bajo estrictas medidas de privacidad impuestas por el Juzgado de Primera Instancia 3. En un auto dictado el pasado 23 de julio, la magistrada denunció la “sobreexposición innecesaria y altamente nociva” que sufrió el menor durante el intento fallido de entrega anterior, cuando fue rodeado por medios de comunicación y obligado a enfrentarse a una situación emocionalmente desbordante.

Para evitar que se repitieran escenas similares, el tribunal ordenó que Daniel accediera por el garaje oficial del edificio, acompañado exclusivamente por su madre y su abogado, sin público ni cámaras, y con la asistencia de personal técnico especializado. La resolución insistía en que el cumplimiento de la orden de entrega dictada por la justicia italiana era “inevitable” y que debía ejecutarse sin más sufrimiento, en cumplimiento del Reglamento europeo 1111/2019, que obliga a los Estados miembros a colaborar en la ejecución de resoluciones de otros países de la UE.

Además, la marcha de Daniel se produce en medio de una maraña jurídica y mediática que vuelve a situar el caso Juana Rivas en el centro de la actualidad. Al igual que sucediese hace 8 años cuando Rivas estuvo un mes en paradero desconocido para evitar entregar a sus dos hijos a su padre para que se marchasen también a Italia, la granadina ha intentado por todos los medios que su hijo menor no volviese al país transalpino alegando que corre peligro por los presuntos malos tratos a los que se ha visto sometido. Incluso el Ministerio de Justicia se ha pronunciado recordando que el asunto está judicializado y que corresponde a los tribunales dirimirlo.

Daniel, que cumplió 11 años el pasado mes de enero, llevaba desde la pasada Navidad conviviendo en Granada con su madre y su hermano mayor, merced a una medida cautelar adoptada por la justicia española tras escucharle denunciar episodios de violencia física y psicológica por parte de su padre, Francesco Arcuri. Aquellas palabras, pronunciadas por el niño por primera vez en suelo español, hicieron que se adoptase una cautelar que le mantenía en España, pero que decayó hace tan solo unos días cuando el Juzgado de Instrucción 3 acordó cumplir con el requerimiento de Italia que le obliga a Juana a devolver a su hijo a su progenitor.

Custodia en exclusiva para el padre

Esto sucede porque Francesco Arcuri mantiene la custodia en exclusiva del menor, ratificada el pasado mes de febrero, al entender la justicia italiana que no ha habido hasta la fecha motivos para que Daniel deje de estar al cuidado de su padre. Pese a las numerosas denuncias presentadas por Juana Rivas por presuntos malos tratos, ninguna ha prosperado, salvo la última en la que la Fiscalía de Cagliari sí aprecia indicios de delito. Algo que hace que Arcuri deba sentarse en el banquillo de los acusados por estos hechos el próximo mes de septiembre en Cagliari.

A ese extremo es al que se agarraba el gabinete jurídico de Juana Rivas y el Gobierno central para pedir que Daniel no se marchase a Italia. Entienden que si hay un juicio pendiente por malos tratos contra su padre, hay indicios de peligro para que el menor no esté bajo su custodia, al menos de momento. Sin embargo, la justicia española entiende que carece de competencias para contradecir a la justicia italiana porque se basa en el principio de confianza al tratarse de otro estado miembro de la Unión Europea.

En todo caso, Italia se ha basado en el falso síndrome de alienación parental (SAP), que no reconocen organismos internacionales y que en España está en desuso y previsto para su prohibición en la próxima ley de infancia, para otorgarle la custodia al padre, asegurando que Juana Rivas ha manipulado a sus hijos durante todo este tiempo. Según la justicia de Cagliari, la granadina ha hecho que sus hijos estén en contra de su progenitor y la consideran incapaz de estar al cargo de ellos, mientras que de Francesco sí determinan que está capacitado para hacerse cargo ahora de Daniel.

Además, en las últimas horas la Audiencia de Granada ha decidido abrir una investigación por una nueva presunta sustracción de menores por parte de Juana Rivas, fruto de una denuncia precisamente del gabinete jurídico de Arcuri. El tribunal va a indagar si se ha producido ese hecho al considerar que ha habido posibles presiones por parte de la granadina para que el menor no regrese a Italia, aunque es cierto que le amparaba la medida cautelar adoptada por la justicia española que hacía que Daniel se quedase en España hasta ahora, que vuelve a Cagliari en cumplimiento de la orden judicial que le obliga a ello.

Desde el entorno de Juana Rivas consideran inconcebible que Daniel haya sido entregado “a su padre, condenado por violencia de género en España y acusado por la Fiscalía italiana por maltratamento in famiglia”, causa por la que será juzgado el próximo 18 de septiembre con los dos hijos, Daniel y Gabriel, como testigos principales. “Nos parece increíble que un niño de 11 años llegue al tribunal de la mano de su padre acusado de maltratarlo”, sostienen sus abogados, que anuncian que la lucha judicial se traslada ahora a Italia.

Recuerdan que la custodia concedida a Francesco Arcuri está recurrida ante el Tribunal Supremo italiano, el mismo que ya revocó una decisión anterior del Tribunal de Cagliari, y que solicitarán medidas de protección para el menor. “Con el tiempo, Daniel podrá contar en primera persona todo el sufrimiento que le ha generado esta situación, como ya hizo su hermano cuando alcanzó la mayoría de edad”, afirman los letrados de Rivas.

“Las circunstancias”. Con esta expresión, una jueza de Granada decidía el pasado martes aplazar hasta este viernes la entrega del hijo pequeño de Juana Rivas, Daniel, a su padre, Francesco Arcuri. Lo hacía después de horas de tensión, fuera y dentro del punto de encuentro que había sido fijado como lugar para hacer esa entrega. Allí, según varios informes que han trascendido, el menor se resistió fuertemente a marcharse con su padre, y expresó un estado grave de ansiedad y angustia. Esas eran las “circunstancias” a las que se refería la jueza, que añadió: “Es absolutamente descartable que se emplee en la entrega del menor ningún tipo de fuerza física o coacción”.

Sin embargo, salvo giro de última hora, este viernes Daniel tendrá que irse con su padre para cumplir, así, la decisión de un juzgado italiano que la justicia española ha ejecutado. Lo hará mientras el equipo jurídico de su madre trata de agotar todas las vías, y en medio de un cruce de acusaciones y denuncias: mientras que su hermano mayor, Gabriel, ha hecho varias peticiones de auxilio a diferentes instancias y ha interpuesto una querella por coacciones contra su padre y una psicóloga que estaba en el punto de encuentro; la Audiencia de Granada aceptaba este jueves parcialmente una denuncia de Francesco Arcuri contra Rivas en la que la acusa de haber retenido a su hijo estos últimos siete meses.

El último episodio de esta historia que dura ya ocho años comenzó en diciembre: el hijo menor de Juana Rivas, Daniel (el mayor, Gabriel, ya es mayor de edad y hace dos años, cuando pudo decidir, quiso vivir con su madre), volvía a Granada para pasar las vacaciones. Mientras, en Italia, la Fiscalía formalizaba un escrito de acusación contra Francesco Arcuri por maltrato físico y psicólogo habitual y por vejaciones contra sus hijos. En septiembre, las partes están citadas en Italia para continuar con este proceso.

Esa acusación formal sirvió para que el equipo jurídico de Rivas argumentara el peligro que Daniel corría en el caso de volver a Italia con su padre. In extremis, un juzgado granadino paralizó su marcha y escuchó, por primera vez, al niño: la magistrada determinó que su relato era “serio y convincente” en relación al “miedo, angustia y terror” que sentía “ante la idea de volver con su padre”. Durante este tiempo, los juzgados italianos han vuelto a decidir que la custodia debe tenerla en exclusiva Arcuri, a pesar del proceso penal abierto contra él porque consideran que no existe un riesgo grave para el niño. Esa era la decisión que trataba de ejecutarse este martes.

Escuchar al menor

Durante este tiempo, Juana Rivas y su entorno han acudido a distintas instancias para alertar del riesgo que corre el menor y para reclamar que su testimonio se escuche y se tenga en cuenta. Ese trabajo se ha intensificado en las últimas semanas con especial protagonismo de Gabriel, el hijo mayor, que ahora tiene 19 años. Gabriel ha escrito cartas, grabado vídeos y relatado de distintas maneras situaciones vividas por él y su hermano con su padre.

En su última carta, publicada este jueves y dirigida a “cualquier autoridad competente de España”, Gabriel pide ayuda para que su hermano no sea entregado “como hicieron conmigo hace ocho años”. “No se defendieron mis derechos, no me escucharon y me entregaron a él. A partir de ahí fueron 5 años de abuso y de maltrato, hasta que tuve el valor de defenderme a los 16”. También este jueves, el joven presentaba una querella contra su padre y una piscóloga presente en el punto de encuentro por coacciones a su hermano por la manera en que se dirigieron a él para convencerle de que se marchara con Arcuri.

Francesco Arcuri, por su parte, también ha seguido su estrategia: intentar mostrar a Rivas como una mujer desquiciada y manipuladora, y denunciarla, de nuevo, por sustracción de menores, por estos últimos siete meses, a pesar del entramado de decisiones, en Italia y España, que permitían al menor quedarse provisionalmente con su madre. Este jueves, la Audiencia de Granada admitía en parte su denuncia e investigará a Rivas por estos hechos.

El momento en que Arcuri ha presentado la denuncia es significativo: en noviembre de 2021, el Gobierno le concedió a la mujer el indulto parcial con la condición de no volver a delinquir sobre estos hechos durante los siguientes cuatro años. Ese plazo termina en unos meses.

Un caso que dura ocho años

El caso comenzó hace justo ahora ocho años. En julio de 2017, Juana Rivas desapareció durante un mes con sus hijos para evitar cumplir la orden de un juzgado italiano que había dictaminado que sus hijos tenían que volver con su padre. Unos meses antes, la mujer había abandonado con sus hijos el domicilio familiar en Italia y se había marchado a Granada. Una vez allí, denunció a Arcuri por violencia de género. Él, la denunció a ella por sustracción de menores.

En España, en 2018, un año después de desaparecer con sus hijos, Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores cuando su denuncia por violencia de género ni siquiera había sido investigada ni enviada con la diligencia debida a la justicia italiana.

Esto quiere decir que durante los últimos ocho años, tanto Gabriel como Daniel han pasado la inmensa mayoría de su tiempo con su padre: ha sido con él, con Francesco Arcuri, con quien han convivido, mientras que durante los últimos años su madre ha tenido derecho de visitas fines de semana y permisos durante las vacaciones. Es en esos periodos -frente a la convivencia diaria con su padre- en los que, según la defensa y el entorno de Arcuri, Juana Rivas habría ejercido una manipulación de tal calibre que ha hecho que sus dos hijos, uno de ellos ya mayor de edad y que hace dos años decidió vivir con ella, rechacen a su progenitor y le acusen de malos tratos.

La manipulación juega un papel clave en todo este caso, desde sus inicios hasta este punto. En sus decisiones, la Fiscalía y los tribunales italianos han aplicado sistemáticamente el falso Síndrome de Alienación Parental (SAP), esto es, una teoría sin evidencia científica que, en España, el Poder Judicial rechaza.

En 2021, varios relatores de Naciones Unidas lanzaron un comunicado en el que alertaban de que el sistema judicial español no protege suficientemente a los menores de “padres abusivos” y señalaban que existe un “sesgo discriminatorio” que hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble que el de los hombres, aun teniendo pruebas de haber sufrido maltrato. Advertían también de la aplicación del falso síndrome de alienación parental que “refleja la idea de que cuando un niño o niña teme o evita a su padre o madre, se debe a la influencia del otro progenitor, más que a las propias experiencias del niño”.

“Las investigaciones han demostrado que en varios países, entre ellos España, las madres han sido acusadas regularmente de recurrir a la alienación parental, acusando a los padres de sus hijos erróneamente de cometer abusos contra ellos en los litigios por la custodia”, proseguían. En 2023, la ONU volvió a interpelar a España por el uso de este falso síndrome contra madres que, después de denunciar violencia o abusos de los padres a sus hijos, terminaban sin la custodia e incluso condenadas.

La Audiencia de Granada ha admitido parcialmente el recurso presentado por Francesco Arcuri contra el archivo de la denuncia en la que acusó a su expareja, Juana Rivas, de un delito de sustracción de menores y ha acordado investigarla por no haber facilitado que el menor de sus hijos vuelva a Italia.

El auto de la Sección Segunda de la Audiencia, notificado este jueves y al que ha tenido acceso EFE, admite el recurso presentado por Arcuri contra la decisión del Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que, el pasado mayo, archivó su denuncia contra Juana Rivas por sustracción de menores y maltrato habitual en el ámbito familiar, que también presentó en enero en Italia.

La Audiencia ha acordado investigar el delito de sustracción de menores al entender que Juana Rivas está incumpliendo la orden dictada por un tribunal italiano el pasado febrero de que su hijo menor, de 11 años, vuelva con su padre, que tiene la custodia.

No ha admitido el recurso en lo referido a un delito de maltrato al interpretar que si el menor ha sufrido daño psicológico, no ha sido provocado de manera intencionada por la madre.

Querella por supuestas coacciones

Al tiempo, el hijo mayor de Juana Rivas ha presentado una querella contra su padre y una psicóloga a la que éste, según mantiene en la denuncia, habría instado a que “compareciera” en el punto de encuentro familiar de Granada el pasado martes para “doblegar” la voluntad de su hermano menor de edad “y que admitiera de buen grado irse a Italia para vivir con él”, interesando como medidas cautelares urgentes orden de alejamiento y suspensión de la entrega de éste, ya que el progenitor tiene la custodia, la cual se pospuso por orden judicial a este viernes en un lugar que garantice la intimidad del niño.

Según el resumen de hechos de la querella, a la que ha tenido acceso Europa Press, el menor habría sido sometido el martes por la profesional a “un durísimo interrogatorio en el que le conminaba a volver con su padre pese a que este había expresado claramente su voluntad de no hacerlo”, generando al parecer, prosigue, “la lógica ansiedad y desasosiego en el niño que repetidamente expresó su malestar, llegando a llorar y suplicar que lo dejaran en paz en varias ocasiones”.

Pese a la “petición desgarradora” para que la profesional se ausentara, y la demanda del querellante de que “ayudaran a su hermano, nadie hizo nada al respecto”, unos hechos de los que la denuncia especifica que habrían sido testigos los profesionales del punto de encuentro. A su vez, el hermano mayor “fue expulsado de la sala, impidiéndole continuar junto a su hermano, pese a pedir” el menor que “no lo echaran”, indica la querella.

Fuentes del caso conocedoras del caso apuntaron a Europa Press que la actitud del querellante también habría sido puesta en entredicho en el punto de encuentro, situado en el centro de Granada capital, al haberse al parecer extralimitado en lo que corresponde a un familiar que no es el padre ni la madre en una operación de este tipo.

Sea como sea, el hijo mayor pide en su querella ante el Juzgado de Guardia de Granada en la que recaiga por reparto que se tomen de manera urgente como medidas cautelares orden de protección para el menor de tal modo que se impida al padre a “comunicarse con él por cualquier medio o aproximarse al mismo a menos de 200 metros”.

Igualmente “se solicita que se deje sin efecto la orden de entrega del menor” prevista para este viernes por el supuesto “gravísimo padecimiento psicológico que las presiones psicológicas para que acepte marcharse a Italia” estarían “provocando” en el niño.

Refiere en este punto al relato de “forma detallada” de “los malos tratos físicos y psíquicos que le inflige su padre, en su declaración de 7 de enero de 2025 prestada ante el Juzgado de Guardia de Granada, y que además ha manifestado en múltiples ocasiones y ante distintas autoridades, su voluntad de permanecer en su casa de Maracena con su madre y con su hermano por el miedo que tiene”.

Esta querella se produce después de escribir una carta a “cualquier autoridad competente de España” este jueves para que eviten la entrega de su hermano menor, de 11 años, al padre, que tiene pendiente un proceso judicial por supuestos malos tratos en el ámbito familiar en Italia.

Logroño se suama a las concentraciones convocadas este jueves en apoyo de Daniel Arcuri Rivas, el hijo de Juana Rivas. En la capital riojana, la cita será a las 19:15 frente a la Delegación del Gobierno en La Rioja en el Paseo del Espolón. La iniciativa circula ya en redes con el hashtag #EscuchenADaniel y pide la palabra para el hijo de Juana Rivas, que rechaza volver a Italia junto a su padre, Francesco Arcuri, quien tiene un proceso abierto por maltrato continuado contra Daniel y su hermano.

Una veintena de ciudades de todo el país, incluida la capital riojana, acogerán este jueves, 24 de julio, concentraciones frente a juzgados y lugares significativos para pedir una justicia con mayúsculas, una donde prime el “interés superior” de Daniel Arcuri Rivas, permitiéndole permanecer con su madre en Maracena, en su entorno seguro y libre de violencia.

Convocadas por madres protectoras y profesionales comprometida/os con la erradicación del maltrato infantil, a través de asociaciones, colectivos y entidades defensoras de los derechos de la mujer, la infancia, la adolescencia y los derechos humanos, la cita comenzará 19:15 y culminará con la lectura unánime de un Manifiesto que recordará que en toda España hay miles de menores sufriendo violencia vicaria y violencia institucional.

La violencia vicaria la ejerce el progenitor “sobre la desobediente que osó dejarlo, la castiga con lo que más le duele, arrancándole a sus hijos, llegando, en los casos más extremos, a suprimir la vidas de sus propios hijos. La segunda la ejerece la judicatura otorgando custodias compartidas y hasta exclusivas a maltratadores, convitiéndose así en complice y responsible del mayor daño de madres y de sus criaturas”.

Bajo el lema ‘Escuchen a Daniel’, esta iniciativa de la sociedad civil exige a la titular del juzgado nº 3 de Granada que escuche a este niño y deje de violar el derecho que la LO de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia (Lopivi), vigente desde 2021, le garantiza a Daniel y a toda/o menor: ser escuchada/o. Y que se tenga en cuenta su deseo de permanecer con su madre y familia en Maracena. La jueza aplazó hasta el viernes 25 su marcha con Arcuri, condenado en España por violencia de género y actualmente procesado en Italia por malos tratos. El pasado martes, en la entrada del Punto de Encuentro Familiar (PEF) Daniel manifestó entre lágrimas su negativa a irse con Arcuri y su miedo a que le asesine.

El caso de Daniel ha conmocionado a la opinión pública y a miembros del Gobierno nacional, pero “no es ni mucho menos un caso aislado”. Miles de menores en todo el país atraviesan situaciones similares: sentencias y resoluciones judiciales que incumplen el Código Civil y la normativa de protección a la infancia obligándoles a relacionarse y convivir con padres denunciados y/o condenados por violencia de género y por violencia y abuso contra ellos mismos, exponiéndoles a grave riesgo para su bienestar físico y emocional, incluso a que sus vidas sean suprimidas. A día de hoy, 66 niñas y niños han sido asesinados por sus progenitores.

En este contexto, multitud de voces críticas señalan la mala praxis e irresponsabilidad de Judicatura y Fiscalía de Menores, además de su frecuente incumplimiento de la Lopivi, vigente desde 2021, al desproteger en la práctica a las y los menores e ignorar su sufrimiento.

Las concentraciones se celebrarán en numerosas ciudades, entre ellas, Gijón, Tarragona, Barcelona, Boltaña (Huesca), Zaragoza, Córdoba, Jaén, Cádiz, Sevilla, Málaga, León, Salamanca, Murcia, Navarra, Lugo, Logroño y Ourense.

Un nuevo informe psicológico pone en el foco la presión que padeció Daniel, el hijo menor de Juana Rivas, el pasado lunes en el acto por el que debía marcharse junto a su padre, Francesco Arcuri, a Italia. El niño, de 11 años y sobre el que pesa la orden de regreso porque la justicia italiana dicta que la custodia la mantiene en exclusiva su progenitor -que tiene un juicio por malos tratos pendiente para el próximo mes de septiembre- se vio sometido a mucha presión en ese momento, según describe la psicóloga que le acompañó al Punto de Encuentro Familiar (PEF) en el que se tenía que producir la entrega.

El escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía, es tajante en cuanto a la situación que vivió Daniel. De acuerdo con la psicóloga que acudió al encuentro, el niño mostró en todo momento su rechazo a irse con su padre alegando miedo a ser maltratado, una situación que acabó provocando el aplazamiento de la entrega hasta este próximo viernes. Según los letrados de su padre, Francesco Arcuri, y según él mismo, Daniel acudió a la entrega sin maletas y “manipulado” por el entorno de Juana Rivas para que dijera que no quería marcharse. Sin embargo, el informe psicológico describe una mañana muy tensa y de una alta presión sobre el menor.

Según el testimonio de la psicóloga que acompañó a Daniel ese día, y que firma el informe como integrante de la Asociación Damos la Cara, el niño expresó desde el primer momento un rechazo rotundo a marcharse. En la misma puerta del Punto de Encuentro Familiar dijo que no quería irse, verbalizó su miedo a “que le matara” si regresaba con su padre y aseguró: Lllevo muchos años intentando estar aquí y no me deja en paz“. Ya dentro del centro, ante la psicóloga y la trabajadora social del PEF, insistió llorando en que no podía volver con ”un maltratador“ y gritó que ”ha estado siete años pegándome“ y que no aguantaba más. ”Me va a matar si vuelvo, me va a matar“, repetía, en medio de un episodio de fuerte angustia emocional.

La situación, lejos de calmarse, fue a peor. Aunque en un primer momento se indicó que Daniel podría quedarse acompañado por su hermano mayor, Gabriel, se introdujo en la sala a una psicóloga externa que, según el informe, fue facilitada por el propio Francesco Arcuri. Esta profesional, de acuerdo con el relato recogido, tomó el control de la intervención con el menor, intentando convencerlo de que irse a Italia era una buena opción y cuestionando su versión de los hechos, pese a la insistencia de Daniel en que sufría malos tratos. En ese momento, el niño llegó a pedirle que saliera de la sala porque “no le estaba ayudando”, pero ella no lo hizo.

Desde el exterior, según la profesional firmante, se escucharon los gritos desesperados del niño: “Ayuda, ayuda, ayuda… me estáis arruinando la vida… me estáis matando”. A pesar de la intensidad del momento, ninguna de las personas presentes acudió a ver qué ocurría. Incluso cuando se solicitó permiso para entrar en la sala, este fue denegado por los agentes policiales. El hermano mayor también pidió poder estar con él, sin éxito, y llegó a ser amenazado con posibles consecuencias legales si insistía en acompañarlo.

El informe también recoge que, pese a la negativa expresa de Daniel, se permitió al padre entrar a la sala a solas con él mientras Gabriel se encontraba fuera. Además, el menor llegó a pedir asistencia médica en un momento de dificultad para respirar, pero le contestaron que “aunque viniera el médico no iba a cambiar nada”, por lo que no se atendió su petición.

A lo largo del documento, la psicóloga denuncia un proceso marcado por la presión, la falta de escucha activa al menor y decisiones que, en su opinión, ignoraron su bienestar emocional. Asegura que se le pidió incluso que intentara convencer a Daniel de ceder o que su hermano saliera de la sala, algo a lo que se negó al considerar que el niño había expresado su voluntad de forma clara y desgarradora.

Más peticiones de auxilio

Este informe psicológico se suma a las peticiones de auxilio que ha realizado en las últimas horas Gabriel, el hermano mayor de Daniel. El joven, que tiene 19 años y que vive en Granada junto a su madre desde 2022, ha solicitado ayuda a diferentes estamentos como la ONU o Amnistía Internacional. También al ministro de Justicia, Félix Bolaños, al que pide amparo para evitar que el niño acabe marchándose a Italia junto a su padre. Una vez más, Gabriel describe su temor por los episodios de malos tratos a los que se podría exponer Daniel, recordando que la justicia italiana le juzgará por ello en septiembre.

En todo caso, la entrega de Daniel a Francesco Arcuri sigue en curso y pendiente de producirse este viernes de nuevo en Granada. Esta vez, para evitar el revuelo mediático y la presión a la que se vio sometido el menor, no trascenderá el punto de entrega y se evitará que el niño tenga que vivir de nuevo lo que ya padeció al pasado lunes, cuando fue el protagonista de unas escenas en las que incluso su madre, Juana Rivas, tuvo que ser atendida por una ambulancia merced a un desvanecimiento. Si bien los letrados de la granadina siguen trabajando para lograr apoyo institucional para que Daniel no se vaya, hasta el momento no hay nada que frene la entrega. No obstante, desde el Ministerio de Juventud e Infancia insisten en que van a agotar todas las vías que estén a su disposición para evitar que el niño se vaya.

Las resoluciones judiciales no son necesariamente la justicia, pueden llegar a ser exactamente lo contrario: la injusticia. Consciente de ello, la humanidad se ha dotado milenariamente de la posibilidad de corregirlas y hasta anularlas. A través de recursos ante instancias superiores, a través de los mecanismos del indulto o la amnistía por parte del legislativo o el ejecutivo. Solo los fanáticos atribuyen a los tribunales la consideración de palabra de Dios, te alabamos Señor.

Lo estamos viviendo trágicamente en Gijón y en Granada durante este verano de 2025. Primero, con el encarcelamiento de las seis de La Suiza, decretado por un juez de la horca manifiestamente hostil al sindicalismo. Ahora, con los esfuerzos de nuestro sistema judicial por complacer a sus colegas italianos y entregar a un niño de once años a un padre presuntamente maltratador. Acusado de violencia contra su madre, Juana Rivas, y los dos hijos que tuvo con ella.

El caso del pequeño Daniel nos está rompiendo el corazón. Daniel no quiere irse a Italia con su padre, Francesco Arcuri, que será juzgado en Cagliari el próximo mes de septiembre, precisamente por supuesto maltrato a sus hijos. Daniel quiere quedarse en Granada con su madre, Juana Rivas, y su hermano mayor, Gabriel, que, al cumplir los dieciocho años, logró zafarse de la custodia de su progenitor. Todos hemos podido escucharlo entre lloros: “Me va a matar como vuelva”.

Tras un paso en falso desde el punto de vista judicial, retener a sus hijos en Granada en 2017, Juana Rivas decidió escuchar el consejo de gente bienintencionada que le recomendaba confiar en “la justicia”, es decir, aquellos que visten con togas y puñetas. Sin embargo, “acudir a la justicia no ha marcado una gran diferencia para Rivas y sus hijos, al menos hasta el momento”, escribió ayer Ana Requena Aguilar en este periódico. “La cascada de decisiones que ha llevado el caso Rivas a este punto”, añadió la periodista, “ha ignorado sistemáticamente la palabra de los niños, su derecho a ser escuchados, y ha aplicado, con igual constancia, estereotipos de género”.

Kafka ya nos contó con maestría en 'El proceso' que la justicia no es lo mismo que eso que adopta ese mismo nombre y se refiere a las leyes y las personas e instituciones encargadas de hacerlas cumplir. En el caso que ahora nos ocupa existe una evidente contradicción entre el deseo expreso de un niño y la telaraña jurídica, entre el principio que otorga la primacía a la protección del menor y la necesidad de cumplir tales o cuales resoluciones judiciales italianas o españolas.

Pero los niños tienen derecho a ser escuchados. Daniel tiene derecho a ser escuchado. Yo le creo, creo que su sufrimiento es real, creo que su angustia es sincera, creo los jueces deben tenerla muy en cuenta, creo que, si los jueces no lo hacen, la sociedad española debería hacerlo. No sé cómo hacer esto último, lo confieso. Tampoco el Josef K. de 'El proceso' sabía cómo salir de la pesadilla.

Me duele la violencia institucional que se está ejerciendo contra Juana Rivas y sus dos hijos. Sé que podría ejercerse contra mí, contra cualquiera de nosotros. Un golpe de mala suerte, una acusación falsa y un juez a lo Peinado, y mi vida, y la de cualquier otro, podría convertirse en un infierno. Durante años y años.

El gran argumento del sistema judicial español para entregar al pequeño Daniel a un padre al que teme es la existencia de una vieja resolución italiana que concede a Francesco Arcuri la custodia de los dos chavales. Una resolución que no se ve afectada por el hecho de que Arcuri vaya a ser juzgado en septiembre por presuntos malos tratos contra ellos. No es lógico, no lo es. Y, sobre todo, no es humano. Daniel se siente tremendamente inseguro con su padre, le cree capaz incluso del asesinarle. ¿Es esto la protección del interés superior del menor?

Acabo de escuchar en TVE a un juez sensato sentenciar que, en este asunto, “los jueces son los que tienen que decidir”. Es, insisto, un magistrado sensato, uno de los que no siempre comulgan corporativamente con las decisiones atrabiliarias de tantos de sus colegas. Supongo que tiene razón, que las cosas solo pueden ser así ateniéndose a la legalidad vigente. Pero les juro que la mera enunciación de esta idea me da repelús. Preferiría que fuéramos los ciudadanos los que decidiéramos, quizá a través de un jurado popular.

No entiendo las prisas por efectuar la entrega de Daniel a su padre ahora mismo. ¿No podría, como mínimo, aplazarse esta crueldad hasta después de septiembre, hasta la sentencia del juicio que afronta Francesco Arcuri? Si, como tantas otras cosas, las leyes no tienen prevista semejante eventualidad, se confirma que no son palabra de Dios, son perfectibles y hay que seguir luchando por mejorarlas.

El hijo menor de edad de Juana Rivas, cuya entrega al padre, el italiano Francesco Arcuri, está fijada para este viernes en un sitio que la autoridad judicial ha dictaminado preservar para facilitar las condiciones para la materialización de la misma, ha pedido ayuda en cartas manuscritas al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, Aministía Internacional y Save the Children.

En las misivas, en los mismos términos, y a las que ha tenido acceso Europa Press, el niño suplica ayuda para quedarse en España. La solicitud se produce después de que el equipo jurídico que lleva el caso haya solicitado formalmente al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que active la aplicación de la excepción del Convenio de La Haya para impedir la entrega, según han confirmado fuentes de estos letrados a los medios.

Las cartas firmadas por el niño señalan que su padre le “pega” y “trata muy mal”, y que si vuelve con su progenitor corre “peligro”, y están dirigidas a Philip D. Jaffé, del Comité de los Derechos del Niño, al director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, y a la directora general de Save the Children España, Isla Ramos, con la narración de distintos supuestos casos de malos tratos físicos y psíquicos. “Nadie me escucha, ya tengo once años y sé lo que quiero para mi vida”, apuntan.

“Ayer lo pasé muy mal, durante horas pedí gritando ayuda y le decía a las psicólogas que no me podía ir a Italia”, especifican las cartas en relación con las alrededor de dos horas y media que pasó el niño en compañía de su hermano, mayor de edad y residente en España, en el punto de encuentro familiar de Granada en el que lo esperaba el progenitor a fin de, en ejecución de la resolución judicial italiana pendiente en virtud de la custodia que tiene otorgada sobre el menor, volver al país alpino.

Finalmente el padre se marchó sin el niño después de que la madre, tras haberlo dejado en el punto de encuentro familiar saliera para ser trasladada en ambulancia por una crisis de ansiedad. La autoridad judicial daba en una providencia tres días para que las partes, como han hecho en la mañana de este miércoles en una reunión fijada en ese mismo escrito por el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada, aborden la forma de ejecutar la sentencia el próximo viernes en términos de privacidad y sin que se repitan los condicionantes que pudieron llevar a que este pasado martes la entrega no se llegara a producir.

Corría 2017 y era, como ahora, finales de julio. Juana Rivas desaparecía con sus dos hijos, entonces de 3 y 11 años, para evitar cumplir la resolución de un juzgado, que había decidido que debían volver con su padre, Francesco Arcuri, a Italia, de donde había huido. Sobre él pesaba una denuncia por violencia de género que Rivas había interpuesto al llegar a España, y también una condena previa por el mismo motivo. Nada de eso evitó la decisión del juzgado italiano de conceder la custodia a Arcuri.

La huida de Rivas duró un mes y marcó un punto de inflexión: tras reaparecer, los niños se marcharon con su padre, y ella comenzó un tortuoso camino judicial que terminó en condena por sustracción de menores, indulto parcial, y en el intento de demostrar, mediante partes médicos y denuncias, que los niños sufrían malos tratos por parte de su padre.

Acudir a la justicia no ha marcado una gran diferencia para Rivas y sus hijos, al menos hasta el momento. Finalmente, en diciembre de 2024, la Fiscalía italiana acusaba a Arcuri de maltrato físico y psicológico habitual a sus hijos. El hombre se sentará en el banquillo el próximo septiembre. Los hijos de Rivas, Gabriel y Daniel, que hoy ya tienen 19 y 11 años, respectivamente, han manifestado su deseo de permanecer con su madre y han relatado algunas de las situaciones vividas con su padre. Nada de eso ha hecho que la historia cambie sustancialmente, al menos de momento. Este julio, ocho años después de aquella huida, el Tribunal de Apelación de Cagliari insistía en que Daniel debía volver con su padre a Italia, aun contra su voluntad y así lo ha acatado la justicia española. Aunque este martes la jueza aplazaba la entrega hasta el viernes, la decisión de fondo no ha cambiado. El hijo mayor, Gabriel, permanece con su madre desde que hace dos años, a los 16, pudo decidir.

Dos jurisdicciones implicadas

El caso es complejo porque hay dos jurisdicciones implicadas, la italiana y la española, pero también porque la cascada de decisiones que se han ido produciendo parecían ajenas las unas de las otras: el procedimiento civil sobre la custodia de los hijos y la patria potestad ha estado desconectado de las denuncias, primero, y de la acusación formal y próximo juicio, ahora, contra Francesco Arcuri. En España, en 2018, un año después de desaparecer con sus hijos, Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores cuando su denuncia por violencia de género ni siquiera había sido investigada ni enviada con la diligencia debida a la justicia italiana.

Por cierto, desde entonces, magistrados del Tribunal Supremo, abogadas, y la reciente fiscal de sala de violencia sobre la mujer, Teresa Peramato, han alertado de la necesidad de repensar y de aplicar el delito de sustracción de menores con perspectiva de género. Peramato pidió a los fiscales investigar si, en los casos de sustracción de menores por parte de la madre, las mujeres han actuado en un contexto de violencia machista y analizar la posibilidad de aplicar circunstancias eximentes. También recordaba la obligación de escuchar a los menores en este tipo de procedimientos.

Silencios y estereotipos

Sin embargo, la cascada de decisiones que ha llevado el caso Rivas a este punto ha ignorado sistemáticamente la palabra de los niños, su derecho a ser escuchados, y ha aplicado, con igual constancia, estereotipos de género: durante estos años, tanto en Italia como en España, los juzgados han dado por hecho que Juana Rivas era una mujer manipuladora y mentirosa, cuyas acciones estaban guiadas por intenciones oscuras. Esos prejuicios, insisten expertas, relatoras de la ONU y organismos internacionales, influyen en las decisiones de los tribunales e impiden que la justicia sea eficaz y proteja adecuadamente a mujeres, niños y niñas.

En su sentencia condenatoria por sustracción de menores, el juez Manuel Piñar se inmiscuía en la denuncia por violencia de género de Rivas al hacer afirmaciones como que la mujer “explotó el argumento del maltrato” con “la malcalculada creencia de que así obtendría ventajas a su favor”. Otras frases de esta sentencia, que ignoraban todo el conocimiento existente sobre cómo opera la violencia machista, fueron: “Pudo haber denunciado [la violencia de género] en su momento”, “No explicó ni se comprende que si fue maltratada en Italia entre 2012 y 2016, al nivel que ella dijo, de tortura y terror, no denunciara allí al momento” o que ella perjudica a sus hijos por su “incapacidad de salir de papel de víctima de violencia”.

En 2021, varios relatores de Naciones Unidas lanzaron un comunicado en el que alertaban de que el sistema judicial español no protege suficientemente a los menores de “padres abusivos” y señalaban que existe un “sesgo discriminatorio” que hace que el testimonio de las mujeres se perciba como menos creíble que el de los hombres, aun teniendo pruebas de haber sufrido maltrato. “Incluso en los casos en los que existen antecedentes de violencia doméstica o pruebas de maltrato, las decisiones judiciales a menudo favorecen a los padres varones, incluso en aquellos casos en los que existen motivos razonables para sospechar que abusan hacia los niños y sus madres”, decían.

Los expertos también advertían de la aplicación del falso síndrome de alienación parental que, aunque carece de apoyo científico, “refleja la idea de que cuando un niño o niña teme o evita a su padre o madre, se debe a la influencia del otro progenitor, más que a las propias experiencias del niño”. “Las investigaciones han demostrado que en varios países, entre ellos España, las madres han sido acusadas regularmente de recurrir a la alienación parental, acusando a los padres de sus hijos erróneamente de cometer abusos contra ellos en los litigios por la custodia”, proseguían. En 2023, la ONU volvió a interpelar a España por el uso de este falso síndrome contra madres que, después de denunciar violencia o abusos de los padres a sus hijos, terminaban sin la custodia e incluso condenadas.

Violencia institucional

En estos ocho años han pasado muchas cosas. El de Juana Rivas ha sido el más mediático, pero por el camino hemos conocido muchos otros casos en los que las mujeres se ven atrapadas en un callejón institucional sin salida, presas de procesos llenos de prejuicios, omisiones, indefensión, de la falta de investigación en profundidad de sus denuncias por violencia de género (en muchas ocasiones, las denuncias solo recogen episodios puntuales y las investigaciones no ahondan en el maltrato continuado) o de la falta de esa denuncia porque optaron por abandonar esa relación mediante el divorcio y evitar el trago -y todas las dificultades asociadas- de acudir a lo penal.

Hay un nombre que define este callejón sin salida, este peregrinaje por administraciones sin lograr amparo sino todo lo contrario; desprotección, revictimización: violencia machista institucional, un concepto cada vez más visible y respaldado y la ley catalana de violencia de género reconoce ya oficialmente.

Reconocer que el caso de Juana Rivas ha llegado a este punto como consecuencia de una suma de decisiones en las que han influido sesgos de género, prejuicios, adultocentrismo, y normas y técnicas jurídicas muchas veces ajenas a cómo opera la violencia de género es necesario para abordar no solo este procedimiento, sino todos los demás, presentes y futuros, que no tienen ni tendrán este eco mediático.

Mientras, un niño de once años se levantaba un 22 de julio sin saber si esa noche dormiría con su madre o con su padre. Lloraba y se resistía a las puertas de un punto de encuentro, hasta el punto de que la jueza paralizaba la entrega a su padre. Pero solo unos días. 'Denuncia, confía en la justicia' es un eslogan bonito y esperanzador que, eso sí, debería ir acompañado de la práctica.

Daniel se queda, de momento, en España. Pese a que esta mañana Juana Rivas había entregado a su hijo menor en un punto de encuentro a su padre Francesco Arcuri para viajar a Italia, finalmente, según fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia, Daniel no saldrá del país. La jueza ha aplazado al viernes esta entrega definitiva.

Este giro inesperado de los acontecimientos lo es todavía más porque esta misma mañana el Tribunal Constitucional había avalado la entrega del menor a su padre, aduciendo que la via judicial no había quedado agotada todavía. Con esta decisión, el alto tribunal cerraba la última vía urgente que la familia había activado a contrarreloj para evitar un regreso que consideran traumático y peligroso.

La entrega del niño, ordenada por la Corte de Apelación de Cagliari, llegó a producirse poco antes de las 11 de la mañana, cuando expiraba el plazo previsto por la orden judicial. Llorando, a las puertas del punto de encuentro, antes de encontrarse con su padre, el niño ha manifestado, también en presencia de su hermano, ya mayor de edad y residente en España, el miedo que le producía la vuelta por que le pudieran “matar”, informa Europa Press.

La defensa había presentado un recurso de amparo ante el Constitucional y ante la Audiencia Provincial de Granada, que habían sido rechazados. En ese recurso, se alegaban riesgos graves para la integridad física y psicológica del menor, en base al procedimiento penal abierto contra el padre, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos, y al testimonio directo del hermano mayor, Gabriel, que en los últimos días ha pedido públicamente ayuda para proteger al niño. Ninguna de esas razones había sido asumida por los tribunales como base suficiente para frenar la ejecución inmediata, pero finalmente la jueza ha cambiado de opinión.

La decisión del Constitucional había sido tajante: el recurso de amparo fue inadmitido por “falta de agotamiento de la vía judicial previa” y por “carecer de especial trascendencia constitucional”. La demanda había sido considerada prematura porque la resolución impugnada aún no era firme al estar pendiente de apelación en la Audiencia Provincial de Granada. Además, el Constitucional, que se ha limitado este lunes a rechazar la cautelarísima solicitada para evitar que el menor se marchase, alegando un principio de falta de competencia y de confianza en la jurisdicción de otro estado miembro de la Unión Europea como lo es Italia.

El Constitucional sostiene que las cuestiones planteadas por la defensa de Rivas no superan el umbral de relevancia constitucional, al tratarse de asuntos de legalidad ordinaria ya resueltos en la justicia ordinaria. Dicho lo cual, el fallo, votado por unanimidad en el seno del alto tribunal cierra de forma definitiva cualquier posibilidad de frenar judicialmente la entrega del menor, aunque no las vías legales para que en el futuro Daniel regrese.

Sin margen judicial en España

Con todo, la resolución del Constitucional ha llegado tras 24 horas frenéticas en los que la defensa de Juana Rivas ha intentado por todos los medios frenar la entrega. Primero, presentando un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada, que fue estudiado de urgencia por la Sección Quinta y rechazado en un auto emitido este lunes. El tribunal entendió que los jueces españoles actúan en este caso como órgano de ejecución de una resolución firme dictada por un Estado miembro de la UE, y que no tienen margen legal para suspenderla por el mero hecho de que haya un procedimiento penal abierto. “No podemos compartir el argumento de que el retorno del menor aboca a una desprotección total”, sentenció el tribunal, apelando al principio de confianza mutua entre sistemas judiciales europeos.

Con esa negativa sobre la mesa, la defensa esperaba al recurso de amparo presentado ante el Constitucional como solución a la entrega de Daniel. Pero el resultado ha sido el mismo. Ni el riesgo penal ni el arraigo generado por el menor desde enero en Granada -donde ha vivido, ha estado escolarizado y ha retomado vínculos familiares- han bastado para paralizar el mandato de devolución.

Gabriel, el hermano de Daniel, también se ha pronunciado en defensa del menor. En una carta dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, advertía de que su hermano “corre un peligro real” si es devuelto a su padre. “No puedo permitir esta barbaridad e incoherencia”, escribió. “Nadie ha tenido en cuenta sus derechos”. En su carta, recordaba también que él mismo tuvo que huir de Italia por miedo y que su padre está procesado por malos tratos, con un juicio penal señalado para el próximo 18 de septiembre.

Las palabras de Gabriel se suman a las de su madre, Juana Rivas, que ha mantenido en todo momento que el regreso del menor supondría revivir una situación de violencia. La defensa también ha señalado que el auto judicial ignora la evolución del niño durante estos meses de estancia en Granada, donde ha generado vínculos, ha recibido apoyo psicológico y ha expresado su voluntad de quedarse.

Arcuri acusa a Rivas de “manipulación”

Por otro lado, el propio Francesco Arcuri ha dicho tener “ganas de abrazar” a su hijo y escuchar su voz después de varios meses sin contacto alguno. Mientras, el equipo jurídico de Francesco Arcuri ha cargado contra Juana Rivas acusándole de “manipular” a sus hijos, incumplir resoluciones judiciales y construir un relato falso. Sostienen que el menor no está en peligro, que desea vivir con su padre y que todo lo que rodea esta causa es una instrumentalización interesada. “No se puede invocar la protección del menor mientras se vulneran, una tras otra, las resoluciones dictadas precisamente para salvaguardar su bienestar”, afirman.

Los letrados de Arcuri recuerdan que Juana Rivas fue condenada por sustracción de menores y que el indulto que se le concedió es parcial y condicionado. También señalan que la Fiscalía de Menores italiana ha descartado que el menor corra riesgo alguno en Italia y que, por el contrario, ha advertido sobre los efectos perjudiciales que tendría para él seguir expuesto al entorno materno, al que acusa de inducirle a declarar falsamente.

Aunque ya no hay margen y Daniel vuelve a Italia tras siete meses en Granada junto a su madre, la defensa de Juana Rivas ha confirmado que seguirá adelante con las acciones legales y políticas. Durante estos días, se han dirigido también al Ministerio de Juventud, al Defensor del Pueblo y a la Junta de Andalucía para pedir su implicación, aunque sin éxito.

Bolaños: “La imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo”

Félix Bolaños y Ana Redondo, titulares de las carteras de Justicia e Igualdad respectivamente, se han referido tras el Consejo de Ministros a la entrega de Daniel. “Es un asunto que nos duele, empatizamos con esa familia que está sufriendo, con ese niño”, ha dicho Redondo. “Les confieso que a mí la imagen del niño llorando me ha dejado muy mal cuerpo y entiendo la angustia y la preocupación de la madre, la familia y gran parte de la sociedad española al ver esas imágenes”, ha asegurado Bolaños.

Rivas ha llevado este mediodía a su hijo menor al punto designado para entregárselo a Arcuri, que fue condenado por maltrato en 2009 y a quien tanto ella como su hijo mayor acusan de violencia machista, después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado suspender la entrega de forma cautelar. “El asunto sigue judicializado y, por tanto, no solo respeto, sino también precaución, sigue judicializado tanto en España como en Italia”, ha explicado también el ministro de Justicia, informa Alberto Pozas.

La defensa de Juana Rivas ha movido ficha a contrarreloj para intentar frenar la entrega de su hijo menor, Daniel. Este mismo lunes ha presentado un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Granada y otro ante el Tribunal Constitucional contra el auto que obliga a devolver al niño a Italia, a pesar del riesgo que denuncian para su integridad física y psicológica por los episodios de malos tratos que describen. La solicitud incluía, además, la petición expresa de suspender la ejecución de esa resolución mientras se resolvía el recurso. La vida del menor, insistían, no podía quedar a merced de un trámite sin garantías. Pero la Audiencia ya ha rechazado esa suspensión.

El tribunal granadino se ha pronunciado esta misma tarde y ha denegado expresamente la suspensión cautelar solicitada. La Sección Quinta de la Audiencia ha desestimado el argumento de la defensa, que pedía frenar la entrega de Daniel mientras se resolvía un procedimiento penal abierto en Italia contra el padre del menor, Francesco Arcuri, por presuntos malos tratos. La sala entiende que la ejecución de la orden dictada en Cagliari no puede ser paralizada por ese motivo, dado que la ley europea no contempla la existencia de una “prejudicialidad penal” como causa para frenar la cooperación judicial entre Estados miembros.

La solicitud de suspensión había sido presentada como medida cautelarísima: una última barrera antes de que el niño sea entregado en el Punto de Encuentro Familiar este martes a las 10 de la mañana. Pero, tras analizar el recurso, la Audiencia ha considerado que no existen fundamentos legales para impedir la ejecución y ha rechazado intervenir en una decisión que, según la resolución, compete exclusivamente a la autoridad judicial italiana. “No podemos compartir el argumento de que el retorno del menor aboca a una desprotección total”, señala el auto, que apela al principio de confianza mutua entre Estados de la Unión Europea.

Además del recurso ante la Audiencia, la defensa ha planteado también un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que sí ha sido admitido. La estrategia busca agotar todas las vías posibles para proteger al menor. Porque, más allá de los formalismos judiciales, está en juego -como denuncian la defensa, su hermano Gabriel y su madre, Juana- la seguridad y el bienestar de un niño que, según ellos, ha sido amenazado por su padre y que no quiere regresar con él. Las próximas horas siguen siendo determinantes.

Una lucha contra el reloj

La defensa de Juana Rivas sigue librando una batalla legal y emocional para evitar que Daniel tenga que regresar a Italia junto a su padre, Francesco Arcuri. Alegan que el niño corre peligro por los presuntos malos tratos a los que se expone con él, hasta el punto de que Arcuri deberá enfrentarse a un juicio en septiembre por ese motivo. Además, Daniel permanece en Granada desde enero, ha estado escolarizado y ha comenzado a construir un arraigo que su entorno no quiere que vuelva a romperse.

En todo caso, si finalmente nada logra impedir la entrega, los abogados de Rivas ya han anunciado que acatarán la resolución del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada, que reconoce la custodia a Francesco Arcuri. Aun así, aunque Daniel tenga que volver a Italia, los letrados aseguran que seguirán agotando todas las vías legales disponibles. Entre ellas, ya han llamado a las puertas del Ministerio de Juventud, que encabeza Sira Rego, y del presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno.

Gabriel, hijo mayor de Juana Rivas, ha vuelto a pedir auxilio a las instituciones. En una carta (a la que ha tenido acceso este periódico) dirigida al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, alerta de la situación desesperada que vive su hermano pequeño, Daniel, a quien una orden judicial obliga a regresar este martes con su padre a Italia, a pesar de las denuncias por maltrato y del riesgo evidente que, según Gabriel, corre su vida. Esta misiva se suma a la redactada por el propio Daniel a la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, el pasado viernes para pedir ayuda.

La carta la envía a menos de 48 horas de que Daniel tenga que marcharse a Italia con Francesco Arcuri y después de que el Juzgado de Instrucción 3 de Granada decidiera la semana pasada que el niño ha de volver a Italia porque la custodia la tiene el padre. Por ello, Gabriel, que ya es mayor de edad y vive en Granada con su madre desde 2022, relata en el texto los hechos por los que pide que su hermano no tenga que irse.

Recuerda que él también fue víctima directa de violencia por parte de su progenitor y denuncia que la Justicia está ignorando los derechos y el testimonio de Daniel. “Nadie ha tenido en cuenta sus derechos”, escribe Gabriel, recordando que su padre está procesado en Italia por agresiones graves contra ambos menores y que deberá sentarse en el banquillo de los acusados este mismo septiembre.

Gabriel no entiende por qué, con ese procedimiento penal abierto y con los antecedentes denunciados, se obliga ahora a su madre a entregar a Daniel precisamente a la persona que lo maltrató. También lamenta que, mientras una jueza en Granada protegió al menor en enero tras escuchar su testimonio, ahora se ignore su palabra incluso después de haber sido amenazado de muerte por su padre si hablaba.

“Le pido por favor, ayúdeme a que mi hermano tenga una infancia feliz, la cual yo no he podido tener”, suplica Gabriel al presidente de la Junta. Le insta a actuar con urgencia, al considerar que su hermano corre un peligro real e inminente. “Disponemos solamente de dos días para impedirlo”, subraya. Y le recuerda que el Punto de Encuentro Familiar donde debe realizarse la entrega depende directamente de la Junta. “Por favor, haga lo posible antes de que sea demasiado tarde”.

“Estoy desesperado”

El joven no escribe como un experto en leyes, sino como un hermano mayor que relata haber vivido en carne propia el miedo, el castigo y la huida. Detalla que regresó a España huyendo de su padre, del mismo padre al que ahora pretenden devolver a su hermano pequeño. “Estoy desesperado y sé que usted nos va a ayudar”, dice en la carta, en un intento de agarrarse a cualquier esperanza institucional que impida lo que define como una barbaridad.

Gabriel recuerda que su padre no sólo ha sido denunciado, sino que está procesado en Italia, con un juicio señalado para el 18 de septiembre. Pese a ello, ni ese procedimiento penal ni las denuncias previas parecen haber pesado lo suficiente como para frenar una decisión judicial que Gabriel no puede comprender. “¿Cómo, siendo esto así, la Justicia obliga a mi madre a entregarle el martes a mi hermano, que es su víctima principal?”, pregunta.

También pone el foco en el silencio institucional. Asegura que Daniel fue escuchado en enero por una jueza en Granada y que entonces se dictaron medidas para protegerlo, pero que ahora todo parece haberse deshecho sin explicación. “Corre más peligro que nunca”, advierte Gabriel, que afirma que el niño ha recibido amenazas directas de su padre, entre ellas desaparecer con él para siempre si hablaba. A pesar de eso, nadie parece querer oírle esta vez.

Testimonios que el menor ya dio tanto ante la Fiscalía de Cagliari, que es la que mantiene abierta la investigación contra su padre por malos tratos, como ante la jueza granadina que dictó la medida cautelar que le mantenía en Granada desde enero. Además, a esos episodios, hay que sumar que Juana Rivas lleva años insistiendo que el mal trato psicológico es continuo por parte de Arcuri y que, durante la pasada Navidad, la acosó a llamadas telefónicas para amedrentarla.