A la mayor empresa de Europa en el negocio turístico de la multipropiedad (timesharing), el grupo Anfi, radicado en la isla de Gran Canaria, la última declaración del Impuesto de Sociedades, correspondiente al año 2018, le sale a devolver. En concreto, más de 600.000 euros de los que, sin embargo, no percibirá ni uno solo. La Agencia Tributaria ha ordenado retener la devolución de esa cantidad para destinarla a saldar deudas que mantiene con antiguos clientes en virtud de las sentencias judiciales que han condenado las prácticas irregulares del grupo fundado en los años ochenta por el empresario noruego Björn Lyng en la venta de los productos de aprovechamiento por turnos de inmuebles de uso turístico. 

Más de la mitad de esa cifra, aproximadamente 350.000 euros, servirá para que 22 exclientes del grupo Anfi representados por Canarian Legal Alliance (CLA), el despacho de abogados más activo en este tipo de procedimientos judiciales, recuperen su inversión.  A esa retención hay que sumarle otro reciente embargo procedente de los juzgados, en este caso de 47.000 euros. 

Según informa el bufete ubicado en la localidad turística de Arguineguín, las empresas de timesharing del grupo, Anfi Sales y Anfi Resorts, ya han tenido que pagar en el último mes cerca de 80.000 euros en ejecución de sentencias, mientras que se está a la espera de la tramitación de pago de notificaciones anteriores por un valor que ronda los 100.000 euros. La retención de Hacienda y los últimos embargos suman, por tanto, cerca de 600.000 euros. A finales del año pasado, CLA contabilizaba más de cien sentencias firmes del Supremo contra el emporio turístico por irregularidades en la venta de productos de multipropiedad por un valor estimado de 2,5 millones de euros. Las resoluciones que aún eran recurribles elevaban esa cifra hasta los 8.

La carrera de los clientes de Anfi para recuperar su inversión ha estado plagada de obstáculos. La empresa se ha negado a pagar de forma voluntaria las cantidades recogidas en las condenas judiciales. Además, las dos principales sociedades del grupo han vaciado sus cuentas corrientes desde que empezó la cascada de resoluciones judiciales en su contra, impidiendo de esta manera que los demandantes pudieran cobrar a través de los embargos por la vía de apremio.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas presentó en julio del año pasado una denuncia contra Anfi por ocultar sus bienes para evitar los embargos en los procedimientos de ejecución. El Ministerio Público investiga a la empresa desde hace más de un año, a raíz de sendos escritos presentados por los abogados Eva Gutiérrez, de CLA, y Miguel Rodríguez Ceballos, del despacho Ceballos y Navarro, por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y frustración en la ejecución, vinculados todos ellos a esas maniobras que, según los denunciantes, ha orquestado el grupo para dilatar o esquivar los pagos a sus antiguos clientes. 

La información patrimonial de la empresa revela que las dos sociedades del grupo dedicadas a la comercialización de este tipo de productos, Anfi Sales y Anfi Resorts, comenzaron a cerrar y vaciar sus cuentas poco tiempo después de que el Supremo dictara a principios de 2015 su primera sentencia firme sobre la materia, la que tumbó la venta de por vida de los derechos de uso por semanas de los establecimientos turísticos, la práctica en la que se había basado su política comercial, por contravenir la Ley 42/1998, que fijaba un periodo máximo de 50 años. 

El saldo en las cuentas corrientes de esas dos sociedades de Anfi superaba a finales de 2014 los 13 millones de euros. En apenas tres años, y sin que los antiguos clientes hubieran podido aún recuperar las cantidades reconocidas por vía judicial, el 96% de ese saldo había desaparecido. Entre 2016 y 2017 salieron de esas cuentas más de 6 millones de euros con destino desconocido. Los despachos de abogados que representan a los consumidores aseguran que durante ese periodo la empresa no ha justificado en sus memorias anuales una disminución de la actividad que explicase esa drástica pérdida de fondos que ha impedido cobrar a sus exclientes.

El Supremo ha anulado cientos de contratos de multipropiedad de Anfi por tres motivos fundamentales: la venta de por vida de los derechos; el cobro de anticipos durante el denominado periodo de reflexión, los diez días posteriores a la firma o tres meses en el caso de que la información aportada no sea suficiente, y la comercialización de las “semanas flotantes”, una fórmula que ha originado numerosos contratiempos a los consumidores en relación con la disponibilidad de los apartamentos contratados.  

El Grupo Anfi, fundado en el municipio de Mogán a finales de los años ochenta por el ya fallecido Björn Lyng, es propiedad en la actualidad del grupo Santana Cazorla y de Hoteles Ifa, división esta última que adquirió en septiembre de 2016 el 50% de las participaciones que pertenecían a los herederos del empresario noruego.

El emporio que el empresario británico Robert (Bob) Trotta erigió en el sur de Tenerife en los años ochenta en torno al negocio del timesharing o vacaciones compartidas entra en fase de liquidación. Después de vaciar sus cuentas y desprenderse de la mayor parte de su patrimonio en medio de un torrente de condenas judiciales por las irregularidades en la comercialización de este tipo de productos turísticos, la sociedad creada, ahora denominada Silverpoint Vacations, se ha declarado en concurso voluntario de acreedores (la antigua suspensión de pagos).

Investigada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por la venta masiva de propiedades a empresas instrumentales y por el desvío de fondos a sociedades del mismo grupo en el extranjero, la mercantil pasa ahora a manos de un administrador concursal. La declaración voluntaria se publicó el pasado 1 de febrero en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Tres meses antes, en noviembre, la empresa había dado un último y enigmático paso, la venta del 100% de sus participaciones a otra sociedad, Fios Bergan S.L., con sede social en A Coruña, dedicada a la fabricación de tejidos textiles, sin flujo de efectivo, con deudas acumuladas y con una capacidad para acceder a créditos “nula”, según un informe comercial al que ha tenido acceso esta redacción. El concurso de acreedores se había solicitado en septiembre.

La caída de Silverpoint comienza en enero de 2017, fecha en la que recae la primera sentencia firme en su contra por la venta de sus productos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico. El Tribunal Supremo anuló uno de estos contratos en los que los clientes invertían grandes sumas de dinero bajo la promesa de una reventa lucrativa de los derechos que nunca llegaba a materializarse. La cascada de condenas no ha cesado desde entonces. Un único despacho, Canarian Legal Alliance (CLA), especializado en timesharing, contabiliza reclamaciones en los juzgados por un montante superior a los diez millones de euros, de los cuales aproximadamente más de la mitad ya cuentan con sentencia. Una cantidad que se puede incrementar de forma considerable, puesto que el bufete tiene otro listado de expedientes pendientes de presentar con otros 160 clientes afectados.

A raíz de la primera resolución judicial firme, Silverpoint Vacations inició la enrevesada estrategia sobre la que ha puesto la lupa la Fiscalía, que investiga las maniobras de sus administradores para esquivar los pagos a los clientes que demandaron y obtuvieron una sentencia favorable. La empresa, que explotaba cuatro complejos turísticos en el sur de Tenerife, paralizó su actividad, dejó de ingresar, y volcó la gestión -y los trabajadores- en otras sociedades del mismo grupo que no habían firmado los contratos y contra las que, por lo tanto, no se habían formulado las demandas.

De forma paralela, Silverpoint Vacations comenzó a vaciar sus cuentas a través de fórmulas como el reconocimiento de deudas con empresas del mismo grupo (Signallia Marketing, encargada de las reservas, o Excel Hotels and Resorts, responsable de la gestión), así como mediante reclamaciones de esas mismas sociedades por la prestación de unos servicios que, a juicio de los denunciantes, pudieron ser simulados. Además, entre septiembre de 2018 y febrero de 2019 se despojó de 52 de los 76 inmuebles que poseía. El Ministerio Público investiga si estas operaciones responden a una estrategia orquestada con el único fin de evitar las responsabilidades civiles e impedir los embargos.

Un procedimiento en el Tribunal de Bancarrota de Estados Unidos (EEUU) para el distrito sur de Nueva York destapó recientemente que los complejos de Silverpoint en el sur de Tenerife eran la principal fuente de ingresos de un gigantesco entramado societario con ramificaciones en paraísos fiscales. La empresa matiz, Limora, fue constituida por el propio Robert Trotta en las Islas Vírgenes Británicas en el año 2008. De la investigación realizada por los dos administradores nombrados por el tribunal estadounidense, centrada en la actividad de Silverpoint en el sur de Tenerife, se desprenden transacciones “del todo sospechosas” en cuanto a los activos y las empresas de este grupo corporativo, presente en 16 jurisdicciones.

Cuando Silverpoint Vacations se declaró en concurso de acreedores, sus activos (bienes, derechos y recursos de la sociedad) ascendían a 14 millones de euros, aunque prácticamente la mitad corresponde a deudas a corto plazo, “ni siquiera es real”, según las fuentes consultadas. La deuda que hasta la fecha se ha podido computar es justo el doble, 28 millones de euros, aunque la cifra puede aumentar.

Con las cuentas de Silverpoint Vacations prácticamente vacías, los esfuerzos del despacho CLA, con la abogada Eva Gutiérrez al frente, se centran en tratar de vincular todas estas operaciones y sociedades para desenmarañar el complejo entramado, fruto de una estrategia que “hubiera sido imposible sin la participación de asesores”, y hacer aflorar el patrimonio que, a su juicio, ha salido de la empresa de forma fraudulenta con el objetivo de que los clientes que reclamaron y ganaron en los tribunales puedan recuperar sus inversiones tras años de batalla judicial.

Los cuatro clubes de Silverpoint Vacations siguen operando en actualidad. Tres de ellos son gestionados por Excel Hotels and Resorts y un cuarto, el Club Paradiso, el de mayor nivel, está en manos del administrador nombrado por el Tribunal de Bancarrota de EEUU.

El Grupo Anfi, empresa con sede en Gran Canaria que presume de ser la principal operadora de Europa en el modelo de negocio turístico de multipropiedad (timesharing), debe devolver más de 300.000 euros a una pareja de clientes por irregularidades en la venta de productos de aprovechamiento por turnos. La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia de San Bartolomé de Tirajana, Olga Martín, dictó el pasado 8 de octubre una sentencia que contiene, por montante, la mayor condena registrada contra el grupo fundado por el empresario noruego -ya fallecido- Bjorn Lyng desde que el Tribunal Supremo sentara doctrina sobre la materia. 

La cascada de resoluciones a favor de los consumidores comenzó en marzo de 2015, fecha en la que el alto tribunal declaró ilegales las ventas de por vida de derechos por turnos de inmuebles de uso turístico. El despacho de abogados más activo en defensa de los intereses de los clientes de timesharing en la isla, Canarian Legal Alliance, contabiliza más de 100 sentencias firmes del Supremo por un valor estimado de 2,5 millones de euros, una cantidad que se eleva hasta los 8 si también se computan aquellas que aún se pueden recurrir. 

A pesar de esta avalancha de condenas, el grupo Anfi se resiste a claudicar. No solo sigue recurriendo las sentencias en su contra, sino que, además, ha optado por no ejecutar los pagos de forma voluntaria y se ha mostrado reticente a la hora de aportar en los juzgados la documentación sobre los bienes susceptibles de embargo. Esta actitud “rebelde” de la empresa turística ha provocado que la Fiscalía Provincial de Las Palmas haya presentado una denuncia contra las dos sociedades del grupo dedicadas al negocio del timesharing, Anfi Sales y Anfi Resorts, al hallar en su conducta indicios de insolvencia punible. El Ministerio Público atribuye la falta de respuesta a los requerimientos sobre los bienes a una estrategia para dilatar o impedir el cobro de las cantidades por parte de los clientes que han ganado sus demandas. 

A estas trabas se le une el vaciado de las cuentas corrientes de las dos mencionadas empresas del grupo, que en cuestión de tres años han pasado de un saldo global superior a los 13 millones de euros a disponer de menos de medio millón, según la última información patrimonial. 

En el caso de la última sentencia conocida, la condena se produce como consecuencia de las irregularidades en tres contratos suscritos a principios del siglo XXI por un importe de 265.435 euros. La demanda, presentada por CLA, solicitaba la nulidad de estos contratos por su duración ilimitada (la Ley 42/1998 de aprovechamiento por turnos de inmuebles de uso turístico fija un máximo de 50 años), la falta de contenido mínimo en su redacción y el carácter abusivo de alguna de sus cláusulas. La jueza estima en su integridad las pretensiones de los consumidores.

Según recoge la resolución judicial, Anfi trató de “confundir” en su estrategia de defensa al sostener que la normativa de aplicación en esta causa no era la mencionada Ley 42/1998, por estar derogada en el momento de interponer la demanda, sino la 4/2012, que permite establecer el régimen con carácter indefinido. La magistrada recuerda que la legislación en vigor cuando se firmaron los contratos era la primera de ellas y que la aplicación retroactiva de normas es contraria a los principios generales del derecho. 

La sentencia también reprocha al grupo turístico la indefinición del contrato, contrario al tenor de la ley, que establece que en él se deben hacer constar el alojamiento concreto del que se podrá hacer uso y su duración, los días y horas en los que el cliente podrá disfrutar de los apartamentos a tiempo compartido. “La falta de determinación en el contrato del alojamiento que constituye su objeto determina la nulidad del contrato”, señala la sentencia. 

Aparte de las irregularidades en la suscripción de la afiliación vacacional, los demandantes reclamaron la devolución por duplicado de los anticipos que abonaron durante el periodo de desistimiento del contrato, es decir, los tres meses inmediatamente posteriores a su firma, una práctica que prohíbe expresamente la Ley 42/1998. Frente a esta pretensión, Anfi se opuso alegando que no era procedente la restitución cuando “ha transcurrido un periodo considerable de tiempo desde que se efectuaron los pagos” y los usuarios han hecho uso de sus semanas en los complejos turísticos. 

La jueza resuelve la discrepancia a favor de los clientes, al considerar carente de fundamento la afirmación relativa al transcurso de los años y recordar que la norma expone que el consumidor “tiene derecho a exigir en cualquier momento la devolución de dicha cantidad (el anticipo) por duplicado”, con independencia de que ejecute su facultad para desistir del contrato. La sentencia remarca que la sanción prevista en la ley por el cobro de anticipos ilegales no está sujeta a ningún plazo de prescripción o caducidad. 

Para el cálculo de la condena, la jueza ha dividido el importe de cada uno de los tres contratos entre el periodo máximo fijado en la norma que regula el negocio del timesharing (50 años) y lo ha multiplicado por los años no disfrutados por los clientes (en torno a 30, ya que los contratos fueron suscritos sobre el año 2000). Por este concepto, Anfi deberá devolver 161.029 euros, una cifra a la que habrá de sumar los 150.089,9 euros correspondientes al duplo de los anticipos cobrados por el emporio turístico en contra de lo estipulado en la legislación de referencia. En total, 311.119,19 euros más intereses y costas en una resolución que es recurrible. 

Los complejos turísticos de multipropiedad (timesharing) que la empresa Silverpoint Vacations tiene en el sur de Tenerife constituyen la principal fuente de ingresos de un enorme entramado societario con ramificaciones en paraísos fiscales. Un procedimiento de liquidación en el Tribunal de Bancarrota de los Estados Unidos para el distrito sur de Nueva York ha destapado la existencia de un extenso grupo corporativo con más de cien entidades de 16 jurisdicciones diferentes. Gran parte de ellas, incluidas las situadas en la parte superior de la estructura, están radicadas en las Islas Vírgenes Británicas, uno de los principales centros internacionales de creación de empresas offshore. 

Esta red se nutre “primordialmente” de las rentas de Silverpoint Vacations, empresa multicondenada en los tribunales españoles por las irregularidades en la comercialización de este tipo de productos turísticos, e investigada por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife por sus maniobras para esquivar las sentencias que le obligan a devolver cuantiosas sumas de dinero. El socio único de Silverpoint es Tradeway Corporations, sociedad con sede en Panamá que, a su vez, está vinculada a Caribbean Overseas Holding, ubicada en las Islas Vírgenes Británicas. 

La empresa matriz del grupo es Limora Investments Limited, constituida en las Islas Vírgenes Británicas en 2008 por el empresario británico Robert Trotta, promotor de complejos de lujo, fallecido en 2017. Esta sociedad es, precisamente, la que se encuentra inmersa en el procedimiento de quiebra en el Tribunal de Bancarrota de EEUU. En diciembre de 2018, el grupo Limora contrató a la empresa Álvarez&Marsal para que investigara su posición financiera. Los dos liquidadores nombrados centraron su análisis en Tenerife, en las áreas de gestión de operaciones, y descubrieron no solo “la mala praxis” de estos equipos, sino además “transacciones del todo sospechosas” en cuanto al deudor (Limora), sus activos y sus empresas afiliadas. Además de los complejos en Canarias, el entramado tiene hoteles en Tailandia y Reino Unido y propiedades en Italia, así como una rama dedicada al alquiler de coches de lujo. 

Silverpoint Vacations, que dispone de cuatro clubes en el sur de Tenerife (Beverly Hills Club, Hollywood Mirage Club, Beverly High Club y Club Paramount), está siendo investigada por la Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife a raíz de una denuncia presentada por el despacho de abogados Canarian Legal Alliance (CLA) ante las enormes trabas con las que se están encontrando los exclientes de la empresa para recuperar sus inversiones a pesar de la existencia de decenas de sentencias firmes del Tribunal Supremo.  

Una de las vertientes de esta denuncia apunta al desvío de fondos de Silverpoint a sociedades instrumentales ubicadas en el extranjero. Un informe financiero desvela que el grueso del volumen de ventas de los complejos de timesharing del sur de Tenerife se destina a supuestas “inversiones” en mercantiles del grupo en el exterior. Las pesquisas deben dirimir si, como sostienen los afectados, estas operaciones o estrategias contables tienen por objetivo descapitalizar a la empresa condenada para evitar así el pago de las cantidades reconocidas en las resoluciones judiciales y, además, desvincularse de la jurisdicción española. 

La representación legal de Silverpoint aún no ha contestado a un requerimiento cursado por el Juzgado de Primera Instancia número 1 de Arona el pasado mes de marzo en relación con un apunte del mencionado informe financiero. En concreto, solicitaba que le informara del destino de una dotación realizada en 2016 por importe de algo más de diez millones de euros para “otras inversiones”, sin más detalle. Siete meses después, sigue sin ser atendido. 

Otra de las operaciones que ha levantado sospechas entre los clientes de timesharing afectados por las irregularidades de Silverpoint es el pleito que mantuvo el pasado año en los juzgados de Tenerife esta mercantil con Excel Hotels and Resorts a propósito de una supuesta deuda por un importe de 6,67 millones de euros. Excel es otra de las sociedades del grupo Limora. Su rastro societario conduce a la isla de Guernsey, en el Canal de La Mancha, a las Islas Vírgenes Británicas y a Dubai. Comparte socios, administradores y objeto social con Silverpoint. De hecho, su antigua denominación era Silverpoint Hotels and Resorts y sus representantes estuvieron presentes en los actos que aquella tuvo que realizar para adaptar los contratos al régimen del aprovechamiento por turnos tras la entrada en vigor de la Ley 42/1998. 

En marzo de 2018, ambas empresas firmaron un acuerdo por el que Silverpoint Vacations se allanaba a las pretensiones de Excel Hotels and Resorts, reconocía una deuda de 6,67 millones de euros y se comprometía a su pago. Este pacto, que aparece reflejado en otro informe financiero, incluía la transferencia del 72% de los certificados vacacionales propiedad de la supuesta deudora (valorados en 45.000 euros) y la cesión de su cartera de clientes (570.000 euros). Los denunciantes sospechan que este acuerdo en los juzgados responde a una maniobra de desvío de capital entre empresas del grupo con el mismo objetivo, esquivar el pago de las condenas, ya que Excel Hotels and Resorts no figura en los procedimientos civiles y la transferencia de fondos deja a Silverpoint con una evidente falta de liquidez. 

Ni insolvencia ni liquidación

Los clientes del Club Paradiso, uno de los complejos de esta empresa de timesharing en el sur de Tenerife, recibieron el pasado mes de julio una comunicación firmada por uno de los liquidadores de Limora, la empresa matriz del grupo, en el que reconocía la existencia de “un gran número de problemas” derivados de la gestión del anterior equipo directivo. En esta carta, se les informaba de una importante deuda y de los impagos a los proveedores de servicio, algunos de los cuales no permitían el acceso a los invitados al club. Además, anunciaba la suspensión durante 60 días de las reservas dentro del programa de afiliación (Silverpoint Vacations funciona con la fórmula de la membresía, la adhesión a un club de vacaciones). 

Sin embargo, trataba de tranquilizar los ánimos al afirmar que, aun así, había fondos suficientes y el club no estaba ni en fase de liquidación ni en situación de insolvencia. 

Las condenas acumuladas en los tribunales por Silverpoint Vacations están vinculadas con los productos ofertados a sus clientes, que incorporan la membresía y un paquete de inversiones. Además de la posibilidad de disfrutar del complejo durante un máximo de ocho días al año y cuatro personas, se les prometía una reventa lucrativa de derechos de aprovechamiento en diferentes semanas -no consecutivas-, temporadas, residencias y complejos. Sin embargo, esta venta no se llegaba a materializar. Llegado el momento de obtener rendimientos, la empresa les informaba de un atasco y les ofrecía un nuevo producto en alojamientos de mayor categoría, mayores perspectivas, pero mismo resultado. La imposibilidad de recuperar el dinero invertido llevó a cientos de clientes a demandar, sin suerte, en los juzgados ordinarios hasta que el Tribunal Supremo sentó doctrina en enero de 2017 al sentenciar que estos usuarios tenían la condición de consumidores y, por lo tanto, los contratos debían regirse por la Ley 42/1998, que exige un plus de información y transparencia por parte de la comercializadora.

A la principal empresa comercializadora de apartamentos turísticos a tiempo compartido (timesharing) en el sur de Tenerife, Silverpoint Vacations, se le acumulan los problemas judiciales. A los cientos de procesos de ejecución que se mantienen abiertos a raíz de sentencias que se han saldado con la anulación de los contratos firmados con los clientes por irregularidades en la venta, la sociedad heredera de la fundada en los años ochenta por el empresario británico Bob Trotta suma, desde hace unos meses, un nuevo frente. La Fiscalía de Santa Cruz de Tenerife investiga la presunta descapitalización de la firma a través de la venta masiva de inmuebles de su propiedad a empresas instrumentales o del desvío de fondos a sociedades del mismo grupo en el extranjero. Las pesquisas del Ministerio Público se abrieron como consecuencia de una denuncia interpuesta por el despacho de abogados Canarian Legal Alliance (CLA), que atisba en estas operaciones un claro propósito de Silverpoint Vacations de eludir las responsabilidades judiciales y evitar el pago de las condenas. Son cientos los afectados. 

Según los datos del bufete especializado en derechos turísticos de tiempo compartido, el patrimonio de la empresa se redujo en cerca de un 70% en apenas cinco meses, al vender 52 de los 76 inmuebles de su titularidad en el periodo comprendido entre septiembre de 2018 y febrero de 2019. Todo ello a través de lo que CLA define como una “burda maniobra”, consistente en la creación de una sociedad ad hoc para que la propiedad cambie de manos, al menos en apariencia, pero el dominio continúe en las mismas. La operación descrita es la siguiente: Silverpoint Vacations vende el inmueble a la empresa instrumental para, posteriormente, pasar a administrarla y conservar la explotación de las instalaciones a través de un acuerdo de cesión con la mencionada sociedad. 

Al gigante del timesharing del sur de Tenerife se le acusa además de desviar capital hacia otras empresas que, si bien son integrantes del mismo grupo, permanecen ajenas a las condenas judiciales y a sus correspondientes procesos de ejecución. Es el caso de Signallia Marketing, responsable de las reservas, o de Excel Hotels and Resorts, que se encarga de la gestión de los derechos vendidos por Silverpoint Vacations y cobra las cuotas de mantenimiento a sus clientes. La denuncia también alerta, a partir del informe financiero de la empresa, de dotaciones para inversión cuyo paradero se desconoce, del desvío al extranjero de los ingresos que sigue generando y de un “descenso importante” en los saldos de sus cuentas corrientes desde que, en el año 2017, comenzaran a recaer en su contra sentencias del Tribunal Supremo. 

Según la información que traslada la dirección a los clientes afectados, la empresa no sufre problema de liquidez ni se encuentra en una situación preocupante. A CLA le consta, además, que Silverpoint Vacations mantiene una “prolífica actividad”, con cientos de contratos vivos, y que, además, sigue comercializando productos turísticos y ha modificado las fórmulas de venta. “Lejos de cesar su actividad, se reinventa”, afirman desde el despacho de abogados para contradecir lo afirmado por la empresa investigada en los procesos judiciales en los que se encuentra inmersa, esto es, que no percibía ningún ingreso fruto de su actividad comercial. 

Al igual que ocurre con el grupo Anfi en la isla de Gran Canaria, Silverpoint Vacations se ha negado sistemáticamente a pagar de forma voluntaria a los clientes en los pleitos civiles en los que ha sido condenada y también se ha resistido a responder a los requerimientos de los juzgados para que informara de los bienes susceptibles de embargos. 

Según datos del despacho CLA, esta empresa adeuda a los afectados cerca de cinco millones de euros entre las sentencias firmes y las que se encuentran en fase de recurso. Los denunciantes hablan de una actitud “rebelde” de la empresa que se suma a la estrategia “dilatoria” en los procedimientos y las ejecuciones, al continuar recurriendo las resoluciones sobre un asunto que el Supremo ya ha resuelto en decenas de ocasiones desde su primera sentencia al respecto, de enero de 2017. 

Como consecuencia de esta manera de proceder, uno de los representantes de Silverpoint Vacations deberá responder próximamente a la acusación de un delito de obstrucción de la justicia y frustración en la ejecución, después de que un juez de Arona abriera contra él procedimiento abreviado, el paso previo al juicio oral. Otro juzgado del municipio sureño ha ordenado recientemente el embargo de tres fincas de la empresa para saldar una deuda de algo más de 62.000 euros con uno de sus clientes. 

Un juzgado de Arona ha ejecutado el primer embargo de propiedades de la principal empresa de timesharing o vacaciones a tiempo compartido que opera en el sur de Tenerife, Silverpoint Vacations, en cumplimiento de una de las cientos de sentencias que han recaído en su contra como consecuencia de sus irregulares prácticas en la comercialización de este tipo de productos turísticos. En concreto, son tres las fincas enajenadas para saldar una condena que ascendía a 62.000 euros, una cantidad que incluye el principal, los intereses y las costas. A este embargo se le ha unido en fechas recientes la devolución forzosa de cantidades indebidamente cobradas a otra pareja de clientes, en esta ocasión por un importe algo superior a los 30.000 euros.

No está siendo, sin embargo, un camino fácil para los clientes ni la tónica habitual en los procedimientos de ejecución contra el emporio creado en los años ochenta, bajo el nombre Resorts Properties, por el afamado y multimillonario empresario de origen británico Robert (Bob) Trotta, fallecido en 2017.

Al igual que ocurre con el grupo Anfi en la isla de Gran Canaria, Silverpoint Vacations no solo se ha negado de forma sistemática a abonar voluntariamente las cantidades fijadas en las condenas, obligando a los demandantes a reclamar por la vía de apremio, sino que, además, se ha mostrado reticente a la hora de informar a los juzgados de sus bienes embargables. Esta “actitud rebelde” ha dado origen, a raíz de una denuncia presentada por Canarian Legal Alliance, despacho de abogados especializado en timesharing, a la apertura de un procedimiento abreviado (paso previo al juicio oral) en un juzgado del sur de Tenerife por un presunto delito de obstrucción a la justicia, es decir, por esquivar sus obligaciones de pago a clientes que han logrado una sentencia favorable y firme del Tribunal Supremo.

La reforma de 2015 del Código Penal estipula, en su artículo 258, una pena de tres meses a un año de prisión o una multa de seis a 18 meses al deudor que deje de facilitar la relación de bienes susceptibles de embargo en un proceso de ejecución judicial o que presente información “incompleta y mendaz” con el propósito de dificultar, impedir o dilatar el cobro efectivo de las cantidades por parte de los acreedores. Se trata del artículo al que se ha acogido la Fiscalía Provincial de Las Palmas para presentar una denuncia contra el Grupo Anfi por insolvencia punible y obstrucción a la justicia.

Aunque guardan ciertas similitudes, los casos de Anfi y Silverpoint se diferencian en un elemento sustancial vinculado al modelo de negocio. Y es que en los procedimientos de la empresa radicada en el sur de Gran Canaria, propiedad de los Hermanos Santana Cazorla y de la cadena hotelera IFA, no se pone en duda la condición de consumidores de los demandantes, lo que sí ha ocurrido en los litigios del gigante del aprovechamiento por turnos de inmuebles de uso turístico en el sur de Tenerife.

La oferta de Silverpoint Vacations iba más allá de la adquisición del derecho de uso y disfrute de apartamentos a tiempo compartido (por un máximo de ocho noches al año y cuatro personas), de la fórmula tradicional comercializada por Anfi. Sus productos incluían una membresía (la incorporación a un selecto grupo de clientes) y un paquete de inversiones (en diferentes semanas -no consecutivas-, temporadas, residencias y complejos) bajo la promesa de una reventa lucrativa de derechos que nunca llegaba a materializarse. Según el relato de los clientes, cuando llegaba el momento de intentar obtener un rendimiento de esa inversión, la empresa les informaba de un atasco en el proceso de venta y, en contrapartida, les ofrecía la posibilidad de adquirir nuevos derechos en alojamientos de mayor categoría y, por tanto, con mayores opciones de beneficios. La bola de nieve se agrandaba con el pago de las elevadas cuotas de mantenimiento (hasta 600 euros por semana) de los apartamentos que no podían traspasar y, con ella, la percepción de engaño.

Ese supuesto ánimo inversor y afán especulativo de los compradores provocó que la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife rechazara sistemáticamente las demandas de los clientes contra la empresa. Hasta enero de 2017. En esa fecha se produce un punto de inflexión y las tornas cambian. El Tribunal Supremo infligió entonces el primer varapalo judicial a Silverpoint Vacations al reconocer la condición de consumidor de una jubilada que se adhirió al denominado Club Paradiso. A partir de ese momento, llegó la cascada de resoluciones favorables a los clientes. El despacho Canarian Legal Alliance contabiliza más de 200 procedimientos de ejecución y una cifra similar en fase de finalización. En total, cerca de nueve millones de euros reclamados.

La doctrina de la Sala establece que la mera posibilidad de invertir los ahorros para lucrarse con el alquiler o reventa de derechos no excluye la condición de consumidor del comprador, sobre todo si las cantidades no son excesivas y las operaciones no se realizan de forma habitual. El alto tribunal español ha enmarcado los contratos de Silverpoint en la Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamientos por turnos de bienes inmuebles turísticos, lo que confiere a los clientes una mayor protección y exige a la empresa un plus de transparencia a la hora de informar de las condiciones del producto.

El déficit de información es precisamente una de las razones de las condenas a las empresas de timesharing. Otras están vinculadas a la ausencia de requisitos esenciales en el contrato; a la venta de por vida de los derechos, cuando el máximo fijado en la mencionada norma es de 50 años; al cobro de anticipos prohibidos durante el periodo de desistimiento, es decir, en los tres meses posteriores a la firma; a la indeterminación de las cuotas de mantenimiento, o a las prácticas comerciales engañosas.

Los antiguos clientes del grupo Anfi siguen dando pasos en los juzgados para tratar de superar la resistencia de la empresa, líder europeo en el negocio de las vacaciones a tiempo compartido –timesharing-, a pagar lo que les debe en virtud de las numerosas sentencias que han ido recayendo en los últimos años en contra de este emporio radicado en el sur de Gran Canaria por las irregularidades cometidas en la venta de estos productos turísticos. Al menos tres ex propietarios de estos derechos han reclamado ya la intervención de un administrador judicial, una figura independiente que, por encargo del juez, tiene la misión de supervisar las cuentas de las empresas sobre las que pesan reclamaciones patrimoniales (embargos) y gestionarlas. Se trata de una fórmula poco conocida que guarda similitudes con la administración concursal.

Los denunciantes, representados por el despacho de abogados Canarian Legal Alliance (CLA), especializado en timesharing, han recurrido a esta vía para intentar recuperar su dinero tras agotar todas las opciones previas. Las dos sociedades del grupo Anfi dedicadas a la venta de estos productos turísticos, Anfi Sales y Anfi Resorts, no solo se han negado a pagar de forma voluntaria las cantidades adeudadas como consecuencia de los cientos de condenas que acumulan en los tribunales, sino que, además, han vaciado sus cuentas corrientes en los últimos años, impidiendo de esta manera los embargos por la vía de apremio.

La información patrimonial sobre esas dos sociedades revela una rápida descapitalización desde el año 2016, de manera que los saldos en sus cuentas, que superaban los 10 millones de euros, han quedado prácticamente a cero, a pesar de que la actividad de la empresa no ha cesado.

Solo en el caso de los pleitos con CLA, Anfi suma más de 500 condenas por un importe de 7,7 millones de euros, de las cuales más de 100 ya cuentan con sentencias firmes del Supremo que obligan a las sociedades a devolver 2,5 millones. El vaciado de cuentas ha dado origen a una investigación de la Fiscalía Provincial de Las Palmas tras las denuncias presentadas por los abogados Eva Gutiérrez, de CLA, y Miguel Rodríguez Ceballos, del bufete Ceballos Navarro, por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y frustración en la ejecución.

La fiscal Elena Herrera ya ha presentado una denuncia contra Anfi ante el juzgado decano de San Bartolomé de Tirajana por haber ocultado sus bienes en los procedimientos de embargos judiciales, un presunto delito de insolvencia punible.

Al margen de la vía abierta en el ámbito penal, los antiguos clientes de Anfi han seguido pleiteando en la jurisdicción civil para recuperar su dinero. Ante la negativa del grupo turístico a pagar voluntariamente y la imposibilidad de embargar las cuentas vaciadas, solicitaron que se les diera traslado de los frutos y rentas de las sociedades para lograr así que el grupo les informara del resultado de sus operaciones comerciales y, entre otras cuestiones, de cuáles son sus beneficios por los alquileres o por la venta de derechos de aprovechamiento por turnos.

Una nueva negativa de Anfi a rendir cuentas a sus antiguos clientes ha precipitado el último paso, el más severo en los procesos de ejecución por responsabilidad patrimonial, la petición de administración judicial. El grupo turístico desactivó la primera de las tres solicitudes presentadas hasta la fecha con el pago inmediato de la deuda. Sin embargo, las otras dos continúan su curso y el juzgado ya ha convocado para septiembre a los socios principales y a los denunciantes para tratar de alcanzar un acuerdo de pago o, en caso contrario, activar la opción del administrador judicial que propone la parte que reclama el embargo de las cuentas.

Para intentar paralizar esta acción, Anfi ha presentado un recurso que el juzgado ha rechazado. De ese escrito se desprenden las reticencias del administrador de hecho de la sociedad a informar al resto de socios y accionistas del estado de las cuentas y sus operaciones comerciales.

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha presentado una denuncia contra las dos sociedades del grupo Anfi dedicadas al aprovechamiento por turnos de inmuebles de uso turístico, Anfi Sales y Anfi Resorts, por haber ocultado sus bienes para evitar los embargos en los procedimientos de ejecución en los que se encuentran inmersas como consecuencia de las numerosas condenas judiciales por irregularidades en la comercialización de estos productos. El Ministerio Público ha apreciado indicios de un delito de insolvencia punible por parte de estas empresas del emporio turístico radicado en el sur de Gran Canaria, el líder europeo en esta modalidad de negocio, el denominado timesharing.

La fiscal Elena Herrera firmó el pasado 12 de julio el decreto que remite al juzgado decano de San Bartolomé de Tirajana las diligencias de investigación que abrió en enero, a raíz de un escrito presentado por el abogado Miguel Rodríguez Ceballos en representación de exclientes de Anfi que continúan reclamando la devolución de las cantidades indebidamente cobradas y reconocidas por sentencias, en muchos casos firmes. El procedimiento se repite en todos los casos. Ante la negativa del grupo turístico a abonar de forma voluntaria las cifras recogidas en estas condenas, el juzgado solicita una relación de sus bienes para poder trabar embargos. Y es en este punto donde se consuma el presunto delito, al no haber dado respuesta las empresas “a casi ninguno de los requerimientos”, obstaculizando de esta manera los embargos y frustrando la ejecución de los fallos judiciales.

Aunque el decreto de la Fiscalía no alude a ello, tanto Rodríguez Ceballos como la letrada Eva Gutiérrez, del despacho Canarian Legal Alliance, denunciaron a finales del año pasado, además de esta treta para esquivar los pagos, el vaciado de las cuentas de esas sociedades con el mismo objetivo. Lo hicieron tras constatar que desde finales de 2014 hasta la actualidad han desaparecido de esas cuentas corrientes millones de euros y que los saldos han quedado prácticamente a cero a pesar de que la actividad del negocio del timesharing ni ha cesado ni ha disminuido, según consta en las memorias anuales del grupo turístico.

La información patrimonial revela que Anfi Resorts y Anfi Sales acumulaban más de 13 millones de euros en las entidades financieras un mes antes de que el Supremo se pronunciara por primera vez y fijara doctrina sobre las ventas de por vida de semanas turísticas, una práctica que institucionalizó la empresa fundada por el noruego Bjorn Lyng a pesar de que la Ley 42/1998, de aplicación en el aprovechamiento por turnos, limitara su duración a 50 años. En diciembre de 2017 esos 13 millones habían quedado ya reducidos a 400.000 euros y en los últimos 18 meses la cifra ha disminuido más.

En lo que respecta a la ocultación de bienes, el motivo por el que ha presentado la denuncia, la Fiscalía recuerda en su decreto que la última redacción del Código Penal sanciona, en su artículo 258, a los deudores que dejen de facilitar esa información para dilatar, dificultar o impedir el cobro de las cantidades por parte de los acreedores. En este caso concreto, el denunciante aportó como ejemplos cinco casos en los que Anfi no ha abonado aún condenas de los años 2017 y 2018, en algunos casos de más de 200.000 euros, a pesar de la existencia de autos y decretos que instan a la empresa a la ejecución de las sentencias bajo apercibimiento de sanciones por desobediencia grave.

La Fiscalía solicita que se abran diligencias previas en los juzgados por estos hechos y que presten declaración en calidad de investigados los representantes legales de Anfi Sales y Anfi Resorts, los miembros de los consejos de administración de ambas sociedades en 2018, el responsable de los servicios jurídicos y la persona encargada de aportar la relación de bienes a los juzgados.

Información entre socios

Coincidiendo en el tiempo con la firma del decreto de la Fiscalía, la cadena IFA, propietaria a través del grupo Lopesan del 50% de las acciones de Anfi tras la compra de las participaciones a los herederos de Bjorn Lyng en septiembre de 2016 por 41 millones de euros, informaba en su reunión general anual, celebrada en la ciudad alemana de Duisburgo, que su socio, Santana Cazorla, no solo le ha impedido la participación activa en la toma de decisiones, sino que, además, está reteniendo información y ocultándosela a la otra parte del grupo.

Los hermanos Santana Cazorla, Santiago y Manuel, tienen la denominada acción de oro en Anfi, lo que significa que su voto es decisivo y vale el doble en caso de desavenencias entre socios.

Según informa el portal Inside Timehsare, Anfi ha reservado 15 millones de euros para hacer frente a las condenas por irrregularidades en la venta de estos productos turísticos. Canarian Legal Alliance cifra las cantidades reclamadas por este concepto en 57 millones de euros.

La Policía Nacional ha detenido a tres personas e imputado a otras seis por presuntamente estafar más de 130.000 euros a propietarios de viviendas compartidas. 

La Policía Nacional ha informado este miércoles en un comunicado de que la forma de actuar de los detenidos consistía en obtener listados de propietarios de viviendas compartidas que habían sido estafados al realizar la compra, o por alguna cuestión les habían surgido problemas con la empresa que les había vendido la propiedad.

Una vez obtenían el listado, en el mercado negro o a través de trabajadores desleales, comenzaban una operación de tele-marketing, con el fin de captar a la víctima, a la que se presentaban como un bufete de abogados especialistas en casos de estafas, le informaban que había sido ganado un juicio sobre la empresa que les había estafado o que por alguna circunstancia les había dejado sin la multipropiedad. 

Asimismo, les ofrecían la posibilidad de, mediante la contratación de ese bufete, obtener todo el dinero invertido en la compra del paquete de vacaciones en régimen de multipropiedad. 

Una vez accedían a que les representaran, les remitían diversos documentos falsos, que hacían pasar por oficiales, a la vez que les reclamaban distintas cantidades de dinero para continuar las gestiones. 

Todo ello con la promesa de que les sería devuelto todo lo invertido, agrega la nota, en la que se precisa que mediante esta remisión de documentos falsos; de juzgados, agencia tributaria y asesorías le daban a la estafa la apariencia legal, necesaria para que les siguieran ingresando distintas cantidades de dinero en cuentas bancarias que les facilitaban, hasta que se daban cuenta de la posible estafa. 

En total hasta la intervención policial el montante obtenido delictivamente asciende a más de 130.000 euros.

Las investigaciones por parte de la Policía Nacional comenzaron en el mes de febrero del año 2018, cuando se recibió la primera denuncia, posteriormente se recibieron dos denuncias más, todas de ciudadanos del Reino Unido.

Las diligencias practicadas consiguieron demostrar la forma de operar de la organización, así como la identificación de todos sus miembros. 

Según la Policía, la organización estaba distribuida en tres niveles jerarquizados, en el primero estaría el jefe de la organización, quien tomaba las decisiones y pasos a seguir.

En el segundo nivel estarían los trabajadores que realizaban las funciones prácticas de la organización; localización y contacto con las víctimas, tramitación de documentos, captación de personal que actuaría en el tercer nivel; titulares de cuentas bancarias para el ingreso de los pagos realizados por las víctimas. 

En tercer nivel se encontrarían los encargados de abrir las cuentas bancarias para la organización y de transferir los fondos a la cuenta del líder de la organización.

Una vez tramitado el atestado policial, junto con los detenidos, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

La investigación ha sido desarrollada por agentes de la Policía Nacional de la Brigada Local de Policía Judicial del Sur de Tenerife, en Adeje. 

Antiguos clientes del Grupo Anfi, el líder europeo en el negocio del timesharing o vacaciones a tiempo compartido, están viviendo una auténtica odisea para poder cobrar las cantidades que les adeudan dos de las principales sociedades de este emporio turístico radicado en el sur de Gran Canaria, Anfi Sales y Anfi Resorts, como consecuencia de las cientos de resoluciones judiciales, muchas de ellas firmes, que han anulado contratos firmados desde los años noventa a través de esta fórmula. Las dificultades llegan a tal extremo que dos de ellos apenas han logrado rascar dos y cuatro céntimos en los últimos embargos tras pedir la ejecución judicial de condenas de miles de euros.

A la negativa sistemática del grupo turístico a acceder al pago voluntario de las cantidades decretadas en los fallos de las sentencias y a informar de sus bienes embargables se le ha unido el vaciado y cierre de decenas de cuentas corrientes de las dos empresas de timesharing, una vertiginosa desaparición de saldos que está impidiendo que los demandantes puedan recuperar de forma íntegra el dinero que invirtieron en estos productos.

Así se desprende de oficios judiciales e información patrimonial a la que ha tenido acceso este periódico. Anfi Resorts y Anfi Sales acumulaban más de 13 millones de euros en los bancos a finales de 2014, tan solo un mes antes de que el Tribunal Supremo dictara su primera condena en firme por las irregularidades en la comercialización de sus productos y fijara doctrina al tumbar las ventas de por vida de semanas turísticas y limitar su duración a los 50 años, tal y como establece la normativa de aplicación, la Ley 42/1998.

Los últimos datos disponibles, correspondientes a diciembre de 2017, rebajan esa cifra en más de 12 millones y sitúan el saldo total en torno a los 400.000 euros, una cantidad que, según despachos de abogados especializados en este tipo de productos, siguió disminuyendo el pasado año a tenor de las numerosas experiencias frustradas de reclamación de ejecuciones de sentencias contra el Grupo Anfi. Tan solo de 2016 a 2017 se evaporaron más de 6 millones de euros de las cuentas de esas sociedades, con destino desconocido y sin que las memorias anuales de la entidad hayan recogido una disminución de la actividad económica que justifique esa pérdida de fondos.

El caso ya está en manos de la delegación de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, que ha admitido a trámite sendas denuncias interpuestas por los abogados Miguel Rodríguez Ceballos, del despacho Ceballos Navarro, y Eva Gutiérrez, del bufete Canarian Legal Alliance (CLA), por los presuntos delitos de alzamiento de bienes, insolvencia punible y frustración en la ejecución. Los letrados relatan en sus respectivos escritos las estrategias de Anfi para “dilatar” los procesos y “entorpecer e, incluso, impedir el efectivo cobro de las cantidades aprobadas judicialmente”.

Rodríguez Ceballos sostiene que existen “sospechas fundadas” de que Anfi Resorts y Anfi Sales se han descapitalizado para dar lugar a una situación de insolvencia y evitar los pagos. La denuncia remarca que los saldos no solo se han reducido de forma considerable, sino que además se han cambiado de entidad bancaria. El de mayor cuantía apenas supera los 100.000 euros, cuando hace cuatro años contaba con varias cuentas por encima del millón.

El letrado habla de una actitud “rebelde” por parte de la empresa turística, al negarse a facilitar su relación de bienes o patrimonio para pagar las cantidades objeto de reclamación “a pesar de las advertencias” recogidas en las resoluciones judiciales ante la falta de respuesta a los requerimientos, lo que, en su opinión, puede derivar en un delito de desobediencia.

Gutiérrez, por su parte, recuerda que el despacho en el que trabaja ya ha ganado más de 500 procedimientos judiciales contra Anfi por irregularidades en la venta de inmuebles a tiempo compartido, más de 100 con sentencia firme del Supremo. Ello se traduce en condenas por importe de 7,7 millones de euros, de los cuales 2,5 corresponden a resoluciones que no se pueden recurrir. A pesar de ello, los clientes a los que representa solo han podido cobrar “una ínfima parte” de lo invertido y siempre por procedimientos de ejecuciones forzosas.

La abogada remarca que el Grupo Anfi no tiene ningún problema de liquidez, no ha experimentado ninguna modificación sustancial en su negocio y sigue firmando contratos bajo la fórmula del aprovechamiento por turnos de inmuebles de uso turístico, un escenario que “hace impensable” que pueda operar con saldos “tan insignificantes”, más propios de una economía doméstica que de una empresa turística con una prolífica actividad.

Cuotas de mantenimiento

Otras conductas alimentan las suspicacias. Las dos empresas del grupo Anfi contra las que se dirigen las denuncias no tienen las cuentas depositadas al día, según las informaciones mercantiles recabadas. Las últimas corresponden a 2015. A ello se le une un cambio llamativo en relación con las cuotas de mantenimiento que, para los denunciantes, supone un “claro indicio” de desviación patrimonial. Y es que, a pesar de que los contratos de timesharing se firman a través de Anfi Resorts y Anfi Sales, esas cuotas han empezado a girarse a otras empresas del grupo, en concreto a Anfi Tauro Resorts y a Anfi Real States, según consta en cartas a las que ha tenido acceso este periódico.

A pesar de los cientos de procedimientos de ejecución y embargos contra esas dos sociedades, Anfi está solicitando el ingreso de las cuotas en otras empresas del grupo. El objetivo, según los abogados, es el mismo: evitar los pagos. El despacho Canarian Legal Alliance incide además en que estas órdenes de abono se realizan en cuentas abiertas en el extranjero, concretamente en Noruega, con el “afán de eludir el cumplimiento de las condenas”.

Las resoluciones judiciales del Tribunal Supremo que han declarado nulos los contratos del Grupo Anfi se han basado en tres motivos principales: la ya mencionada venta por plazo indefinido, la comercialización de las denominadas “semanas flotantes”, un producto indeterminado que ha originado graves incidencias en la práctica con respecto a la disponibilidad de los apartamentos, y el cobro de anticipos durante el periodo de reflexión fijado por la ley, que es de diez días ampliable a tres meses si falta información.

A pesar de las numerosas condenas que ha acumulado en los últimos tres años, Anfi sigue recurriendo, sin éxito, las sentencias desfavorables y oponiéndose a las demandas. Entre otros argumentos, esgrime normas que no estaban en vigor en el momento de la firma del contrato, cuestiona la interpretación del Supremo o acusa a los demandantes de un abuso de derecho.

El Grupo Anfi fue fundado en 1989 por el empresario noruego Bjorn Lyng. En la actualidad es propiedad del Grupo Santana Cazorla y Hoteles IFA, que compró el 50% de las participaciones a los herederos de Lyng en septiembre de 2016 por 41 millones de euros. La empresa turística no ha contestado a las preguntas formuladas por este periódico en relación con las denuncias.

Cuando el conocido estafador británico John Goldfinger Palmer apareció muerto el 24 de junio de 2015 en el jardín de su chalet en Brentwood, en el condado de Essex, al este del Reino Unido, tan solo habían transcurrido trece días desde que la Fiscalía Anticorrupcíón pidiera para él quince años y cuatro meses de cárcel y una multa de dos millones de euros en un escrito de acusación que le describe como el ideólogo de un fraude a gran escala en el negocio del timesharing (aprovechamiento por turnos de bienes turísticos) desde el sur de Tenerife, isla en la que se había asentado a mediados de los años 80.

Aunque los informes iniciales vinculaban el fallecimiento a causas naturales, a complicaciones derivadas de una operación cardíaca a la que se había sometido, una segunda autopsia reveló que Palmer había recibido en el pecho dos disparos con un arma de un calibre tan pequeño que los orificios ni siquiera fueron detectados en el primer reconocimiento visual. Según la policía británica, “un golpe profesional” aún por esclarecer.

Tres años y medio después de aquel suceso, diez colaboradores y/o secuaces de la organización que Palmer dirigía desde Tenerife se han sentado en el banquillo de los acusados para responder ante la Audiencia Nacional de los delitos de asociación ilícita, estafa, blanqueo de capitales y tenencia ilícita de armas. Tanto en el origen de la causa como en su inminente resolución (ya está vista para sentencia tras la celebración del juicio entre el 21 de enero y el 4 de febrero), el factor tiempo ha desempeñado un papel crucial. En su inicio porque era precisamente eso, tiempo, lo que vendía la red tejida por Dedo de oro. En concreto, el derecho de uso, por semanas, de apartamentos turísticos. Un periodo vacacional que, según el relato de la Fiscalía, “rara vez” lograban disfrutar las víctimas, turistas de nacionalidad extranjera, a pesar de haber pagado para ello miles de euros.

También es el tiempo, concretamente los 19 años que han transcurrido desde que el juez Baltasar Garzón iniciara las diligencias en 2000 hasta la celebración del juicio, el que ha diluido el procedimiento judicial hasta dejarlo reducido a las exiguas penas que ha pedido el fiscal en su informe final, que implican que, en caso de ser declarados culpables, todos los acusados, a excepción de uno de ellos, se librarán de pisar la cárcel al no superar los dos años de condena de prisión y carecer de antecedentes penales computables.

Las penas solicitadas en el escrito de calificación oscilaban entre los 8 y los 15 años de cárcel. Sin embargo, al término de la vista oral, el representante del Ministerio Público aplicaba a los procesados el atenuante de dilaciones indebidas para rebajar de forma considerable su petición. Solo para uno de ellos, Darren Morris, sobrino de Palmer, reclama una condena superior a los dos años. En concreto tres, porque une a los delitos de los otros acusados el de tenencia ilícita de armas, ya que durante el registro a su domicilio se incautó una pistola parabellum de 9 milímetros con el número de serie borrado y un cargador con nueve cartuchos, en correcto estado de funcionamiento, que era propiedad de su tío.

Además de la reducción de penas por las dilaciones indebidas de una causa que tuvo a cuatro jueces instructores en quince años (además de Baltasar Garzón intervinieron el actual ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y los magistrados del caso Gürtel, Pablo Ruz y José de la Mota), el fiscal ha retirado los cargos contra tres de los acusados: Crhistine Ketley, Ramón Solano y Jorge Gallart.

En el caso de los dos primeros lo hizo en la sesión inicial del juicio, al entender que sus delitos habían prescrito. Ketley, que era la pareja de Palmer y que el pasado verano llegó a ofrecer 100.000 libras a quien diese información sobre la identidad de su asesino, ya fue condenada en 2001 por el Tribunal Penal Central de Inglaterra y Gales, conocido como Old Bailey, a dos años de cárcel por estafar a 20.000 clientes de timesharing desde Tenerife. Cuando Goldfinger ingresó en prisión por la misma causa tras ser condenado a ocho años (cumplió aproximadamente cinco), Ketley se situó en la cúspide del negocio y se hizo cargo de las sociedades junto a Richard Cashman, considerado el lugarteniente de Palmer.

El abogado tinerfeño Ramón Solano, por su parte, era el asesor legal y financiero de Palmer. Según la Fiscalía, su mano derecha, una persona primordial en la gestión de sus sociedades y partícipe en el diseño del entramado de empresas con el que la organización introducía en el circuito legal los fondos obtenidos de actividades ilícitas. A Solano lo sustituyó en estas funciones Gallart, que años antes, en 1986, ya había ejercido de testaferro del jefe del clan.

De los otros siete procesados solo una, la holandesa Jacoba Visscher, ha reconocido los hechos y, por tanto, su culpabilidad. Visccher dirigía las oficinas de dos empresas, Dinastia Resort y Nagalti Services, vinculadas a la red de estafas de 'timesharing' de Palmer. La petición de penas de cárcel de Anticorrupción se ha reducido para ella de ocho años a diez meses.

Así operaba la maquinaria de Palmer

Las primeras denuncias contra la organización de John Palmer se remontan a 1993. Las víctimas identificadas, turistas de nacionalidad extranjera, ascienden a 205, aunque se cree que la cifra puede ser mucho mayor. Las primeras detenciones se produjeron en junio de 2002, tan solo unos meses después del ingreso en prisión de Dedo de Oro, apodado así tras ser acusado por Scotland Yard de ser el cerebro del denominado robo del siglo, cometido en diciembre de 1983 cerca del aeropuerto de Heathrow, un espectacular asalto a mano armada para sustraer más de tres toneladas de oro en lingotes, un botín de 30 millones de euros. Las barras de oro fueron fundidas en el jardín de Palmer, quien, no obstante, acabaría siendo absuelto al no poder demostrarse su participación en el robo.

Tras ese episodio, Palmer, que entonces ejercía como joyero, llegó a Tenerife en 1985, huyendo de Reino Unido. Y fue en el sur de esta isla donde se asentó y construyó lo que la Fiscalía define como “una maquinaria ad hoc para realizar estafas en la venta de apartamentos a tiempo compartido. A través de este y otros negocios, Goldfinger llegó a amasar una fortuna que en el año 2004 se cifraba en 600 millones de euros.

La organización de Palmer comenzó su “mecánica de engaños” con la venta a las víctimas de una o varias semanas de vacaciones al año, en complejos, principalmente en Tenerife, propiedad de sus sociedades, algunas radicadas en la Zona Franca de Madeira, considerada un paraíso fiscal. Tras la entrada en vigor en España, en 1998, de la ley que regulaba la multipropiedad, la red cambió su operativa para eludir denuncias por incumplimientos e implantó el sistema de adhesión a un club de vacaciones. Para captar a los clientes, además de aplicar agresivas técnicas comerciales,  prometían una lucrativa reventa del derecho de uso y ocupación del inmueble turístico a cambio del ingreso en ese club, que ofrecía como gancho supuestos descuentos en billetes de avión o alquileres de coches.

Los compradores pagaban dos veces. Una primera, tras la firma del contrato en las oficinas de Canarias, con un cargo en la tarjeta de crédito. Posteriormente, desde sus países de origen, con una transferencia a cuentas radicadas en la isla de Man. Además tenían que abonar unos honorarios anuales en concepto de gastos de mantenimiento. Si no lo hacían, se les imponían intereses coercitivos.

Según el relato de la Fiscalía, la organización de Palmer vendía “humo”. Los clientes nunca llegaban a disfrutar de esas semanas de vacaciones adquiridas. Cuando las solicitaban, las empresas del entramado se las negaban con la excusa de que en ese momento los apartamentos no estaban disponibles y les ofrecían, a cambio de más dinero, modificaciones de fecha que tampoco cumplían. “Se aprovechaban del miedo de los clientes a perder toda la inversión”, explica el representante del Ministerio Público en su escrito de acusación.

A este modo de operar se le añaden otros engaños, como la venta en “complejos residenciales inexistentes” entre 1993 y 1997 (entre ellos los de Montaña Vista, en Tenerife, o Gomera Palm Beach, en la isla colombina, que nunca llegaron a construirse), las subidas constantes en las cuotas de mantenimiento con la amenaza de perder la titularidad de la propiedad compartida en caso de impago o la promesa de una reventa o alquiler que nunca se llega a materializar.

A partir de 1998, el clan transforma el negocio hacia la fórmula del club de vacaciones (Dream Work Vacation Club), consistente en la supuesta venta de un paquete de “uso y disfrute durante cierto tiempo (semanas) de apartamentos y hoteles en zonas turísticas de todo el mundo”, si bien la red de Palmer solo ofrecía a los clientes sus complejos en Canarias. En el momento de la firma del contrato, las víctimas entregaban una cierta cantidad de dinero a cambio de un cheque. La organización les hacía creer que ese cheque podría ser cobrado, por un importe superior, transcurrido un periodo de tiempo (59 semanas o más).

Blanqueo de capitales

La organización vendía los paquetes de vacaciones a través de sus empresas españolas, que eran las que figuraban en los contratos de compraventa. El primer pago de los clientes, realizado en las oficinas en Canarias, servía a la red para hacer frente a los gastos corrientes y declarar los ingresos ante Hacienda.

Sin embargo, las transferencias que los clientes realizaban desde sus países de origen, una vez firmados los contratos, llegaban a cuentas que la organización tenía abiertas en paraísos fiscales a nombre de sociedades extranjeras, iniciando el proceso de blanqueo de dinero. Cada oficina de ventas operaba de forma autónoma, cada una con su cuenta, aunque todas ellas con las mismas entidades bancarias. El objetivo, según el fiscal, era “evitar que se pudiera establecer una conexión entre ellas” y ocultar los mecanismos de blanqueo.

Ese dinero en paraísos fiscales, obtenido mediante actividades ilícitas, se introducía en el circuito legal a través de dos mecanismos. Por un lado, las transferencias bancarias a cuentas de terceras personas. Paul y Edward Murray, sobrinos de Palmer, eran titulares en España de las cuentas bancarias de no residentes que recibían esas transferencias del exterior y obtenían el dinero en efectivo en divisas españolas que después reintegraban. Por otra parte, la organización compraba inmuebles en el país a través de sociedades pantalla creadas en paraísos fiscales, fundamentalmente en Madeira, o acciones de sus propias empresas españolas, con lo que lograba introducir divisa extranjera bajo la tapadera de una inversión.  

El entramado financiero del clan de Palmer, que llegó a acumular decenas de sociedades y cuentas, se completaba con la creación de empresas, a través de testaferros, para comprar terrenos en los que posteriormente edificaban complejos de apartamentos o centros comerciales, enmascarando su verdadera titularidad.

Los sueldos de los trabajadores en otros negocios que abrió Palmer con el dinero del timesharing (restaurantes, boleras...) se pagaban con dinero de la cuenta que la organización tenía en la isla de Man, lo que, a juicio de los investigadores, demostraba que sus actividades “legales” no generaban los beneficios suficientes.

Las demandas por irregularidades en la comercialización de productos de timesharing, el aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles de uso turístico, continúan ocasionando quebraderos de cabeza a Anfi, líder europeo en este modelo de negocio. El grupo, participado al 50% por los hermanos Santana Cazorla y, desde septiembre de 2016, por la cadena IFA (tras la compra de la mitad de las acciones a los herederos del empresario noruego Björn Lyng), sigue acumulando derrotas judiciales.

Según datos facilitados por el principal despacho de abogados especializado en tiempo compartido en la isla de Gran Canaria, Canarian Legal Alliance, Anfi ya ha pagado 1,35 millones de euros a clientes de timesharing en ejecución de cerca de cincuenta sentencias firmes y mantiene abiertos en los juzgados pleitos en los que se reclama un total de 27 millones. En concreto son 395 los casos que siguen vivos en los tribunales. De ellos, más de cien ya cuentan con sentencia favorable a los clientes. Algunas son firmes pero aún no han sido ejecutadas de forma definitiva y otras han sido recurridas ante el Supremo por Anfi.

En los últimos tres años han sido 32 las resoluciones judiciales del alto tribunal español que han dado la razón a los clientes en sus demandas contra el potente grupo turístico afincado en la isla de Gran Canaria, con un montante total de 844.204,27 euros. Las últimas sentencias dictadas por el Supremo se encuentran aún en fase de ejecución, por lo que la cifra de 1,35 millones de euros aumentará de manera notable en los próximos meses. El nuevo socio del Grupo Anfi, la cadena hotelera IFA, ya ha expresado en documentos internos cierta preocupación por la alta ligitiosidad en el ámbito del aprovechamiento por turnos.

Anfi acumuló al menos cuarenta derrotas judiciales por asuntos relacionados con la multipropiedad en 2017, dos de ellas en el Supremo. El grupo turístico fundado en 1989 por el empresario noruego Björn Lyng, ya fallecido, tramitó el año pasado el pago más elevado tras una condena por cobrar anticipos a un cliente durante el periodo que la ley establece para reflexionar sobre las condiciones contractuales. Un cliente nórdico no sólo recuperó el dinero abonado por duplicado, unos 105.000 euros, sino que, además, mantuvo los derechos adquiridos y la vigencia del contrato firmado.

Según ha explicado a este periódico Eva Gutiérrez, del departamento jurídico de Canarian Legal Alliance, el Supremo ha consolidado la jurisprudencia sobre el timesharing con más de 80 sentencias a favor de los clientes, no sólo del Grupo Anfi. En el caso de este emporio turístico, en el que los hermanos Santana Cazorla mantienen el 50% de las acciones y el voto de calidad, tres han sido los motivos principales de las condenas: las ventas de por vida de los alojamientos turísticos a tiempo compartido, la comercialización de las llamadas semanas flotantes y el cobro de anticipos durante el periodo de reflexión, incluso a través de terceras empresas, las denominadas fiduciarias.

El Supremo fijó doctrina sobre las ventas por plazo indefinido en el negocio del timesharing en una sentencia dictada a principios de 2015. Esta resolución condenó a Anfi por vender productos a perpetuidad cuando la ley en vigor, la 42/1998, impone que la duración de los contratos debe oscilar entre los tres y los cincuenta años.

A pesar de que, desde entonces, los pronunciamientos de los tribunales han dado la razón sistemáticamente a los clientes sobre este particular, Anfi sigue recurriendo las sentencias desfavorables y oponiéndose a las demandas al entender que el alto tribunal se equivoca en su interpretación. Los abogados del grupo turístico se agarran a una disposición transitoria de la ley, la segunda, que contemplaba un plazo de dos años para que los regímenes preexistentes, los anteriores a 1998, se pudieran adaptar a los cambios normativos. El apartado tres de esta disposición permitía la posibilidad de formular en el escrito de adaptación “la declaración expresa de continuidad por tiempo indefinido o plazo cierto”.

La Sala de lo Civil del alto tribunal español refuta este argumento cada vez que dicta una nueva sentencia o auto y recuerda a Anfi, aludiendo al apartado dos de la misma disposición transitoria, que los contratos de multipropiedad que habían sido vendidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 42/1998 sí podían tener una duración de por vida si se justificaba en el escrito de adaptación, pero no así las nuevas ventas, las realizadas a partir de ese año. Para el Supremo, la empresa turística se ha amparado “en una norma que no le daba suficiente cobertura, por lo que, al comercializar, estando ya en vigor la nueva Ley, los turnos aun no transmitidos sin respetar el régimen temporal establecido en la norma del referido artículo, lo infringió”.

La venta del llamado flouting -o semana flotante- constituye la otra gran causa de nulidad de los contratos del Grupo Anfi. Se trata de un sistema flexible, una especie de afiliación a un club vacacional por el que los clientes no conocen ni el apartamento concreto ni la semana exacta sobre la que recae su derecho a usar el alojamiento turístico. Según Eva Gutiérrez, del departamento jurídico de Canarian Legal Alliance, este modelo ha ocasionado “graves incidencias de disponibilidad en la práctica”. El Supremo considera que la fórmula de las semanas flotantes limita el derecho real de los usuarios e incumple requisitos fundamentales de los contratos, como definir de forma clara su duración, el objeto o las contraprestaciones.

El alto tribunal también se ha pronunciado sobre el cobro de anticipos durante el periodo reflexivo fijado por la ley, que está fijado en diez días, ampliable a tres meses si se acredita falta de información. El Supremo no sólo ha anulado estos pagos, sino que, además, ha aclarado que está prohibido tanto si se tramita directamente a través de la empresa comercializadora del producto de timesharing como si se hace a través de un tercero que cobra en su nombre, un fiduciario, que es la fórmula que ha adoptado el Grupo Anfi.

Gutiérrez recuerda que la ley pretendía desvincular la decisión de adquirir un producto de timesharing de un pago, el de los anticipos, “hecho en caliente sin la adecuada reflexión, asumiendo que la contratación se hace en un ambiente poco reflexivo como son las vacaciones, y avivada por unas técnicas de venta conocidas por su agresividad”.

Anfi ha pretendido imputar “un abuso de derecho” a los clientes que presentan reclamaciones años después de firmar los contratos, al apreciar en esta conducta mala fe. Canarian Legal Alliance, por su parte, recuerda que esta postura va en contra del sentido de “la nulidad radical, que es una acción que no se somete a plazos porque la ley considera que protege al usuario ante incumplimientos graves”.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado en apenas diez días, los transcurridos entre el lunes 10 de julio y el jueves 20, un total de ocho sentencias en contra de la empresa Silverpoint Vacations por irregularidades en la venta de alojamientos turísticos por semanas en los municipios de Arona y Adeje, en el sur de Tenerife. El alto tribunal ha anulado numerosos contratos comercializados por la mercantil a través de esta variante del timesharing, la modalidad de negocio turístico de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles.

El montante de esas operaciones, con devoluciones por duplicado de los anticipos cobrados por la empresa incluidas, asciende a 450.000 euros. Sin embargo, no será esa la cifra exacta que deberá devolver Silverpoint, ya que a esa cantidad habrá que restarle en algunos casos los años en los que los consumidores disfrutaron de los servicios ofertados y sumarle intereses legales y costas procesales. La representación legal de la empresa advierte, además, de que para realizar los cálculos se deberá tomar en consideración el valor actual del alojamiento adquirido en su momento.

Según el despacho de abogados Canarian Legal Alliance, que representa a los demandantes, la empresa acumula ya 18 sentencias del Supremo en contra en lo que va de año.

El patrón se repite en todos los procedimientos. Los clientes ganan en primera instancia, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife da la razón a la empresa tras el primer recurso y el Supremo vuelve a posicionarse del lado de los demandantes en sus alegaciones.

A diferencia del timesharing tradicional, la fórmula comercializada por Silverpoint Vacations se basa en la membresía, en la adhesión a un club que otorga a los compradores no sólo un derecho vacacional anual, por un máximo de ocho noches y cuatro personas en alguno de los alojamientos de la mercantil, sino también la posibilidad de obtener un rendimiento económico a través de la reventa de ese derecho transcurridos dos años. Sin embargo, los turistas denunciaron que, en la práctica, esta promesa de reventa lucrativa no se traducía en realidad. Cumplido ese plazo, la empresa alegaba, siempre según la versión de los demandantes, que el mercado había experimentado cambios para renovar el derecho y, por tanto, las cantidades.

El debate jurídico se ha centrado, en síntesis, en dos cuestiones, en determinar si este tipo de contratos se enmarca en la Ley 42/1998 (modificada en 2012, con posterioridad a la firma de la adhesión a los clubes) sobre derechos de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles turísticos y si los compradores encajan en el concepto de consumidor, una figura que goza de especial protección y exige mayor concreción a la hora de informar sobre las condiciones del contrato.

En consonancia con lo defendido por la empresa comercializadora, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife entendía que los demandantes no tenían la condición de consumidores, puesto que el producto “resulta más bien dirigido a comerciar y obtener una ganancia”. Además remarcaba que los compradores habían dado su consentimiento a la operación.

El Supremo, en cambio, recuerda que la doctrina de la Sala atribuye la cualidad de consumidor a “pequeños inversores que, en el ámbito de la actividad privada, tratan de obtener un rendimiento económico con ocasión de la adquisición de un producto”. Para el alto tribunal, el ánimo de lucro que movió a los clientes a adherirse a esos clubes “no excluye necesariamente” su condición de consumidor, máxime si no realizaban estas operaciones de venta con asiduidad.

En relación a la normativa de aplicación, la Audiencia Provincial sostenía que el contrato no se vincula al aprovechamiento por turnos, sino a un producto vacacional, a una membresía. Ante esta tesis, el Supremo responde: “Si bien es cierto que la Ley 42/1998 no regulaba expresamente los contratos de producto vacacional, ello no significa que quedasen al margen de la regulación del fenómeno, pues como dijimos regulaba los aprovechamiento por turnos o ”similares“.

La Sala de lo Civil remarca que Silverpoint Vacations ofrecía el uso periódico de una semana de vacaciones, en los turnos previamente adquiridos, en alojamientos susceptibles de uso independiente, con pago de una “notable cantidad” por la compra del derecho y con gastos de mantenimiento anuales, además de la posibilidad de “desistimiento, reventa o intercambio”, condiciones todas ellas que, según el Supremo, se integran en el ámbito objeto de regulación de la Ley 42/1998 sobre el timesharing.

Al estar sujeta a esta normativa, el alto tribunal concluye que la empresa incurrió en una serie de incumplimientos a la hora de formalizar estos contratos. Entre ellos, no proporcionar información básica sobre sus condiciones, no fijar su contenido mínimo, ni la descripción precisa del alojamiento, ni su situación, ni el límite temporal del contrato (el derecho de aprovechamientos por turnos es temporal, de tres a 50 años). Además imponía a los compradores el pago de un depósito, una práctica que está prohibida tanto en la normativa de 1998 como en la posterior de 2012.

Para el Supremo se trata, por lo tanto, de una “falta de cumplimiento sistemático de la ley” que conlleva la nulidad de los contratos y la devolución de cantidades que oscilan entre los 12.000 y los 130.000 euros por cliente.

Los abusos a usuarios del sector turístico de las vacaciones a tiempo compartido, o timesharing, llegaron a su fin con la innovadora sentencia de enero de 2015 del Tribunal Supremo. Las empresas dedicadas a esta actividad no pueden contratar de por vida con sus clientes, ni reclamarles adelantos. Y así están devolviendo grandes cantidades de dinero obtenidos irregularmente durante años si en los contratos no figuran el tiempo compartido del que se disfrutará, entre 3 y 50 años.

Uno de los artífices de este goteo constante de sentencias favorables a clientes de complejos turísticos de timesharing es el despacho Canarian Legal Alliance, radicado en Arguineguín, en el sur de Gran Canaria. La firma de abogados acumula ya más de 200 sentencias favorables en diferentes instancias, y ahora amplía su actuación a la Península con la apertura de una oficina para atender al mercado nacional en la Avenida Boulevard 8 de Arroyo de la Miel, en Benalmádena.

De hecho, CLA ha obtenido recientemente una nueva victoria judicial en la Costa del Sol, al aplicar la Audiencia Provincial de Málaga la jurisprudencia que marca la innovadora sentencia del Tribunal Supremo de enero de 2015, en el caso de una pareja que pleiteó contra la empresa del complejo turístico Club La Costa, ubicado entre Fuengirola y Torremolinos.

La Sección Cuarta de la audiencia malagueña ha dado la razón a los clientes de Club La Costa, declarando nulo el contrato suscrito entre las partes y con la obligación al resort de devolver a sus clientes 28.635, 91 euros por el precio del mismo, menos los días que hubieran disfrutado, además de 19.738, 24 euros, el doble del dinero que anticiparon irregularmente, según recoge la sentencia de 22 de junio de 2017.

El despacho de abogados especialistas en timesharing CLA se instala de este modo en otro gran polo turístico español como es la Costa del Sol, donde operan resort de tiempo compartido como Club La Costa, Marriots o Diamond Resorts, con los que ya ha abierto litigios en defensa de clientes como los que en Canarias vienen recuperando sus adelantos e inversiones irregulares de por vida.

Hasta la fecha, CLA ha conseguido 52 sentencias firmes en el Tribunal Supremo, 69 favorables en audiencias provinciales, 101 en juzgados de primera instancia y en el caso de Canarias mantiene abiertos 257 procedimientos contra el Grupo Anfi y 919 en total contra todos los resorts que no han corregido los contratos de por vida a un tiempo entre 3 y 50 años, como fija la sentencia de 2015 que ha sentado doctrina.

El Tribunal Supremo (TS) ha dictado durante el mes de enero hasta cinco sentencias en contra del timesharing y su variante comercializada por la empresa Silverpoint Vacations S.L., que opera en Canarias, además de en otros enclaves turísticos. Los casos, que provienen de los Juzgados de Primera Instancia de Arona y posteriormente de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, rondan los 169.000 euros que tendrá que devolver la entidad a los denunciantes.

La primera de las sentencias aborda una variante del aprovechamiento por turno de bienes inmuebles ofertada por la empresa, que suponía la adhesión del cliente al denominado Club Paradiso. El acuerdo proporcionaba un derecho vacacional anual, con una duración máxima de ocho noches, para un máximo de cuatro personas, que podía disfrutarse en cualquiera de los destinos disponibles del Club, repartidos por distintas zonas del globo, entre las que se encontraba Tenerife.

Las siguientes cuatro sentencias fueron dictadas apenas unos días después y su fundamento es similar. Los denunciantes de la más cuantiosa, que condena a Silverpoint Vacations S.L. al pago de casi 62.500 libras esterlinas – unos 72.300 euros – suscribieron diversos contratos durante varios años comprendidos entre 2003 y 2008 en el Club Paradiso, Beverly Hills Club y Hollywood Mirage, los dos últimos dedicados al timesharing tradicional.

Entre otros aspectos, alertaban del cobro de cantidades por anticipado y de que las cláusulas y condiciones recogidas en los envíos de información por parte de los complejos donde se ubicaban los apartamientos, no habían sido negociados de forma individualizada. Motivo por el que solicitaban la nulidad de los contratos, además de que se restituyesen los pagos por mantenimiento.

Al igual que ocurriera con la primera sentencia al respecto, el Supremo considera que la variante del timesharing practicada en el Club Paradiso debe regularse a través de la Ley 42/1998 de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles. La norma establece la “nulidad de pleno derecho” para fórmulas que “se construyan al margen de la ley y ello para evitar el fraude legal”, como considera que es el caso.

La Audiencia Provincial negó la condición de consumidores a los demandantes, representados por Canarian Legal Alliance, al considerar que realmente eran inversores que querían obtener una rápida rentabilidad a través de la reventa. Sin embargo, el TS cree que “la mera posibilidad de que pudieran lucrarse con el traspaso de sus derechos no excluye su condición de consumidores”, dado que no se dedicaban profesionalmente a este tipo de operaciones. 

En cuanto a los contratos suscritos en Beverly Hills Heights, el Supremo se muestra tajante al afirmar que “en nada respetan los dictados de la Ley 42/1998, pues no se recoge el contenido mínimo”. Además de que “se exigen anticipos que el contrato denomina depósito. Es decir, más que incumplimiento parcial de la ley, estamos ante una falta de cumplimiento sistemático de la misma”.

El Supremo declara la “nulidad radical” de los susodichos contratos y precisa que “tan clara es la elusión por parte de la demandada [Silverpoint] que en el contrato no se transcriben los arts. 10, 11 y 12 de Ley, ni menciona, como era obligado, el ”carácter de normas legales aplicables al contrato“, por lo que el adquiriente no podía conocer cuál era el régimen legal de su contrato”.

Los motivos por los que el Alto Tribunal condena a la empresa a devolver a otros tres clientes 10.400, 17.994 y 28.715 libras son similares a los esbozados en el anterior caso.

“No compartimos el criterio mantenido por el Tribunal Supremo”

La representación legal de Silverpoint Vacations S.L. asegura no compartir el criterio del Tribunal Supremo puesto que en su opinión “las personas que compran un producto turístico con intención de revenderlo y sin intención de disfrutarlo no deben ser considerados consumidores y usuarios”.

A su juicio, “no es correcto sostener que, en el sector turístico, una persona que adquiere un producto sin intención de disfrutarlo deba ser considerada consumidora. Es decir, carece de sentido dotar del plus de protección jurídica que otorga la condición de consumidor a quien compra con la única intención de lucrarse con la reventa del producto adquirido”. Un criterio que, recuerda, ha sostenido la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife y uno de los magistrados del Supremo que emitió un voto particular que “nosotros consideramos más ajustado a la normativa de la Unión Europea sobre aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles”.

Respecto al Club Paradiso, por el cual “se atribuye el derecho a disfrutar de unas ventajas y descuentos combinados con estancias en establecimientos turísticos por distintos países del mundo”, entiende que “no resulta aplicable la Ley 42/1998 sobre derechos de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles de uso turístico ya que este producto se reguló, por vez primera, en fecha posterior a la suscripción de los contratos a los que se refieren las sentencias”.

Por tanto, considera que “o bien se está aplicando retroactivamente una norma posterior a la suscripción de los contratos o bien se está aplicando una norma a un supuesto que ni regula, ni prevé”. “En nuestra opinión, la decisión adoptada vulnera el principio de irretroactividad de las normas, el derecho a la libertad de empresa, constitucionalmente consagrado, y las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión Europea”, apostilla.

En referencia a los derechos de aprovechamiento por turnos transmitidos, cree que la interpretación que le da el Supremo a la Ley 42/1998 “no es correcta, tal y como ha manifestado la Dirección General de Registros y del Notariado en su Resolución de fecha 8 de febrero de 2016, dictada con posterioridad a que el Tribunal Supremo fijara su criterio sobre este particular”.

“Lo cierto es que nunca fue intención del legislador que los regímenes constituidos con anterioridad a la entrada en vigor de esa Ley, quedaran afectados en lo que se refiere a su plazo de duración por una norma posterior que establece expresamente que la adaptación de estos regímenes se realizaría respetando la configuración de los derechos preexistentes. De hecho, la actuación de todo el sector fue idéntica y estaba respaldada por el criterio de los registradores de la propiedad. Nos parece contrario al principio de seguridad jurídica que casi veinte años después de la entrada en vigor de la norma se pueda llegar a concluir que todo el sector actuó de forma contraria a esa norma y que el control de legalidad realizado en aquel momento por los registradores de la propiedad fue erróneo”, puntualiza.

En definitiva, “dicho sea con los debidos respetos, no compartimos el criterio del Tribunal Supremo que se pone de manifiesto en las sentencias de las que se trata y, por ello, se agotarán todas las vías de recurso frente a esas sentencias, tanto a nivel nacional como a nivel comunitario”.

A juicio de la representación legal de Silverpoint Vacations S.L., “lo que subyace a esta cuestión es que bajo el amparo formal de una norma, que no resulta de aplicación, se está dando cobertura a peticiones de nulidad de contratos por motivos de mera oportunidad, con las graves consecuencias que ello ocasiona al sector turístico español y con manifiesta lesión al principio de seguridad jurídica. Y es que, cuando un contrato ha sido voluntariamente cumplido durante años lo que resulta abusivo es pretender desvincularse del mismo por mera conveniencia alegando supuestas carencias de información en el momento de la contratación que no fueron puestas de manifiesto en su momento y que, en cualquier caso, habrían sido sobradamente subsanadas por el tiempo transcurrido”.

El Tribunal Supremo (TS) ha dictaminado la primera sentencia firme que condena a la empresa Silverpoint Vacations S.L., dedicada a comerciar una variante del timesharing en Tenerife, a pagar a la denunciante más de 31.000 euros.

Según la demanda, la empresa vendía alojamientos turísticos por semanas como productos de inversión de alta rentabilidad, con la promesa de una reventa lucrativa. Si el régimen de tiempo compartido suele tener lugar en un único alojamiento, el contrato firmado en 2008 por la denunciante del presente caso suponía su adhesión como miembro del denominado Club Paradiso.

El acuerdo proporcionaba a la afectada un derecho vacacional anual, con una duración máxima de ocho noches, para un máximo de cuatro personas, que podía disfrutarse en cualquiera de los destinos disponibles que el Club ofrecía. Dichas estancias se encontraban entre los municipios tinerfeños de Arona y Adeje.

Al cabo de dos años, Silverpoint Vacations S.L. prometía al comprador ganar más dinero del invertido con la reventa del derecho que había adquirido. Sin embargo, una vez cumplido el plazo, la entidad alegaba cambios en el mercado para no solo quedarse con la cifra pactada, sino hacer que el interesado renovara el contrato por una nueva cantidad.

Al ver que no se cumplía lo estipulado, la jubilada, representada por Canarian Legal Alliance, denunció el caso ante la Justicia, donde solicitó la devolución del dinero. Además, requirió que se declarase la improcedencia de una serie de cobros anticipados y que se condenara a la empresa a ingresar la cantidad por duplicado, es decir, unos 14.000 euros.

Aunque la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absolvió a la entidad demandada, el Supremo da la razón a la afectada al considerar que el contrato debe cumplir la Ley 42/1998, por la que se rige el timesharing, a pesar de que se intente operar “bajo la apariencia de apartarse de la figura del derecho de aprovechamiento por turno de bienes inmuebles”.

Entre los incumplimientos, se encuentra el deber del contenido mínimo del contrato y la necesidad de que exista una descripción precisa del edificio, su situación y del alojamiento sobre el que recae el derecho; además del pago de anticipos.

Motivos por los que “se anuda la consecuencia jurídica de nulidad de pleno derecho del contrato en cuestión”. Sobre el ánimo de lucro del consumidor, el TS indica que no se puede tratar a la denunciante como una empresaria, dado que no realizaba la operación de venta asiduamente. “La mera posibilidad de que pudiera lucrarse con el traspaso o reventa de sus derechos no excluye su condición de consumidora, considerándola por tanto como tal”, explica.

La sentencia, dictada por los 12 magistrados del Supremo, cuenta con un voto particular que no considera acreditado que existiera “dolo ni engaño” por parte de la empresa.

De esta forma, el TS marca un precedente, puesto que es la primera vez que se posiciona en firme sobre el caso de Silverpoint Vacations S.L., que ha generado una oleada de denuncias en la isla tinerfeña. De momento, alrededor de 50 de las resoluciones dictadas en primera instancia han sido favorables a las familias representadas por Canarian Legal Alliance.

Una nueva sentencia de la Sala de lo Civil del Supremo, fechada el 28 de septiembre, eleva a 20 las condenas que acumula en el alto tribunal español el Grupo Anfi, líder europeo de timesharing -aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles-, por irregularidades en los contratos formalizados bajo esta modalidad de negocio turístico. De ellas, 16 fueron dictadas en 2016.

En lo que va de año la Justicia ha obligado a la empresa fundada en Gran Canaria en 1989 por el noruego Björn Lyng a devolver a sus clientes cerca de 1,5 millones de euros, de los que el grupo turístico ya ha hecho efectivo el pago de más de un millón, según datos facilitados por Canarian Legal Alliance (CLA), despacho de abogados especializado en tiempo compartido con sede en la localidad grancanaria de Arguineguín.

Anfi ha recibido en los primeros nueve meses de 2016 más de 50 sentencias en contra por demandas de usuarios representados por el mencionado bufete, que en años anteriores ya había ganado más de 120 pleitos contra la empresa.

Además, CLA mantiene en los juzgados unos 200 casos activos contra Anfi, en los que se reclaman más de 8 millones de euros, una cantidad que, según sus propias estimaciones, puede ascender a los 20 millones cuando se formalicen las cerca de 300 demandas que el despacho de abogados ya prepara y cuyos expedientes se encuentran en diferentes fases de tramitación.

La última resolución del Supremo sobre el negocio del tiempo compartido anula dos contratos suscritos en 2004 y 2009 y obliga a Anfi a devolver a la pareja demandante cerca de 50.000 euros. La sentencia incide en la doctrina jurisprudencial del alto tribunal español en relación a la falta de determinación del objeto y la duración de los contratos. En este caso, los clientes compraron un “derecho de asociación” a un club para el uso de un apartamento por turnos sin fijación de plazos.

Se trata del denominado sistema de semanas flotantes, en el que la empresa no concreta ni el apartamento ni la semana exacta sobre la que los clientes tienen derecho a su uso y disfrute. Un modelo que fue comercializado con el aliciente de la flexibilidad, pero que, en la práctica, ha ocasionado problemas en la reserva de las semanas. El Supremo entiende que el derecho real de los usuarios era, por lo tanto, “limitado”, en la línea de pronunciamientos anteriores que consideran que este tipo de contratos no cumple con los requisitos fundamentales porque no define de forma clara ni el objeto ni las contraprestaciones.

Como los demandantes pudieron disfrutar durante seis años de las prestaciones derivadas del primer contrato, suscrito en 2004, la sentencia concluye que Anfi debe pagarles una cantidad proporcional al tiempo que restaba de vigencia, es decir, 44 años, ya que la duración legal máxima es de 50.

Y es que la norma que regula en la actualidad el negocio de la multipropiedad, la Ley 42/1998, establece que los contratos deben tener una duración de entre 3 y 50 años. A principios de 2015, el alto tribunal español fijó doctrina sobre las ventas de por vida en timesharing y declaró ilegales los contratos a perpetuidad, una práctica habitual en el modelo de negocio del Grupo Anfi.

La resolución también hace referencia a otro de los conceptos que suelen aparecer en los fallos contra este emporio turístico, la ilegalidad de los anticipos cobrados a los clientes durante el periodo en el que tienen derecho a desistir de los contratos, en los tres primeros meses tras su firma. La jurisprudencia del Supremo dictamina que son contrarios a derecho incluso cuando se cobren a través de una tercera empresa fiduciaria, aunque existen discrepancias sobre si se deben devolver por duplicado o no.

La mayor parte de los clientes de tiempo compartido del Grupo Anfi procede de países escandinavos, el Reino Unido y Alemania.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo (TS) ha emitido dos sentencias en las que anula varios contratos turísticos sellados en el sur de Gran Canaria y enmarcados en el timesharing – aprovechamientos por turnos de los bienes inmuebles - por no respetar el plazo máximo de 50 años previsto según la ley y vender en perpetuidad.

Se trata de dos nuevas resoluciones judiciales que fijan la ilegalidad de las ventas de por vida en este tipo de contratos de multipropiedad, una de las cuales se centra en el municipio de Mogán, pese a no tener que ver en esta ocasión con los casos registrados por el emporio turístico Anfi Sales.

La particularidad que une a ambos casos es que las empresas comercializadoras vendían una participación indivisa, lo que en opinión del TS “en absoluto se ajusta a lo dispuesto por dicha Ley con el carácter imperativo que le es propio, pues la misma se propone eliminar la aplicación de cualquier idea que suponga «multipropiedad»”.

El Supremo dicta la primera de las sentencias contra las mercantiles Vista Amadores S.L., Puerto Calma Marketing S.L. y Puerto Rico S.A., que hace menos de cinco años eran titulares y explotadoras del Grupo Puerto Calma, que disponía de cinco complejos ubicados en la localidad de Puerto Rico. Dichos complejos fueron vendidos posteriormente al grupo extranjero Holiday Club Resorts.

El demandante solicitó la nulidad de los contratos suscritos con las entidades mencionadas por infracción procesal y de casación y denunció, además, la improcedencia del cobro anticipado que había satisfecho. Demanda que desestimó en un primer momento el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana y posteriormente la Audiencia Provincial.

Sin embargo, el Supremo entra en el fondo del asunto y considera que “resulta indiscutido que en los contratos litigiosos no se fijó la duración máxima legal del régimen de aprovechamiento por turno, pese a que el mismo está fijado en 50 años, transcurrido el cual la propiedad queda libre de todo compromiso”.

Motivo por le que condena a las mercantiles a devolver al demandante un importe superior a las 230.000 libras (más de 265.000 euros), además de conceder la nulidad de un cobro anticipado superior a los 3.500 euros y los intereses desde la interposición de la demanda, que según ha podido saber este periódico pueden rondar los 45.000 euros.

La segunda sentencia, en la que el Supremo aplica los mismos criterios que la anterior – infracción en la duración del régimen y por el cobro de cantidades anticipadas - se dicta contra Tasolan SL, titular del complejo Palm Oasis en Playa del Inglés. Condena a la empresa a devolver 171.380 coronas suecas por el contrato y 73.000 más por pagos anticipados, cantidad que ronda los 25.400 euros.

El Grupo Anfi, participado al 50% por los herederos del empresario noruego Björn Lyng y por los hermanos Santana Cazorla, se enfrenta en los tribunales a la devolución de hasta 13 millones de euros por irregularidades en contratos suscritos con clientes de timesharing, el negocio turístico del aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles. El despacho de abogados Canarian Legal Alliance (CLA), con sede en Arguineguín, mantiene activas en los juzgados más de 200 reclamaciones de clientes de Anfi que rondan los 7 millones de euros, una cantidad a la que habría que sumar aquellas demandas que se encuentran aún en fase de preparación, unas 140 según el bufete, que estima que en los nuevos procesos se podrían recuperar hasta 6 millones.

El goteo de sentencias contra este emporio turístico del sur de Gran Canaria ha sido incesante en los últimos tiempos. Los clientes de CLA ya han recibido más de 700.000 euros por resoluciones judiciales firmes, aunque desde el despacho afirman que la cifra aumentará en breve, ya que en algunos casos los consumidores están esperando a que finalice la tramitación burocrática para recuperar el dinero y en otros, a que la Audiencia Provincial o el Tribunal Supremo se pronuncien sobre los recursos presentados por el Grupo Anfi contra sentencias que les han dado la razón en primera o segunda instancia.

Marzo de 2015 fue clave para el devenir judicial de los procedimientos contra el modelo de negocio seguido por Anfi y otros operadores de tiempo compartido. De las más de 140 sentencias favorables que ha obtenido Canarian Legal Alliance en esta materia, prácticamente la mitad se ha dictado a partir de ese mes. Y es que en esa fecha el Tribunal Supremo fijó doctrina sobre uno de los aspectos más controvertidos de los contratos de timesharing: las ventas de por vida. Lo hizo, precisamente, a raíz de una sentencia que condenaba al Grupo Anfi a devolver cerca de 40.000 euros a unos clientes noruegos que firmaron dos contratos a perpetuidad en 2000 y 2001, años después de que entrara en vigor la Ley 42/1998, que obliga a vender tiempo compartido entre 3 y 50 años.

A partir de ese momento, la Sala de lo Civil del alto tribunal español unificó el criterio y declaró ilegales las ventas de por vida, rechazando los argumentos defendidos por Anfi. Desde el despacho de abogados CLA señalan que la cada vez más extensa jurisprudencia a favor de los consumidores de multipropiedad ha retraído a las empresas a la hora de apelar las sentencias, por lo que prevén que se agilicen los procesos y, por lo tanto, la devolución de las cantidades abonadas.

Tampoco parece haber ya discrepancias entre los jueces en relación a la ilegalidad de los anticipos cobrados a los clientes de timesharing en el denominado periodo de desistimiento, dentro de los tres meses posteriores a la firma del contrato. El Tribunal Supremo también se ha pronunciado en diversas ocasiones a este respecto y ha recalcado que estos depósitos están prohibidos incluso cuando se paguen a un tercero fiduciario y no directamente a las empresas de multipropiedad. Sin embargo, aunque los consumidores están recuperando estos anticipos, los magistrados no están interpretando que los complejos deban devolver esas cantidades por duplicado, como prevé el artículo 11 de la Ley 42/1998.

Pero hay más. El alto tribunal español ha notificado recientemente a CLA la primera sentencia firme contra Anfi por la venta mediante el sistema de semanas flotantes, esto es, sin concretar el número de apartamento ni la semana exacta en la que el propietario tiene derecho a disfrutar del inmueble. El Supremo ha anulado el contrato suscrito por el grupo turístico con dos clientes al entender que el documento no cumplía con requisitos fundamentales porque no definía de forma clara su objeto ni las contraprestaciones entre las partes. La sentencia equipara el modelo de Anfi al de otros complejos de timesharing a quienes el Supremo ya había condenado anteriormente por este motivo, a pesar de que la empresa fundada por Lyng defendía que eran casos diferentes.

Según explica el despacho de abogados CLA, este sistema pretende dar una flexibilidad a los clientes para que puedan acudir al complejo cuando deseen sin problemas con las reservas. Sin embargo, en la práctica, no les garantiza la disponibilidad del apartamento. “Tienen que hacer reservas con entre 12 y 18 meses de antelación y ni así consiguen lo que quieren”, afirma el bufete, que añade que los propietarios también reclaman por la falta de información a la hora de suscribir los contratos, las “agresivas técnicas de venta” o “los engaños” con respecto al supuesto aumento del valor de la multipropiedad o de la posibilidad de recompra por parte del complejo.

Aproximadamente tres de cada cuatro clientes de CLA son ingleses. En el caso de los propietarios de timesharing vinculados al Grupo Anfi, uno de cada tres es escandinavo. La mayor parte de las reclamaciones oscila entre los 25.000 y los 40.000 euros, según las mismas fuentes.

La avalancha de sentencias contra los complejos de timesharing llevó al Diputado del Común, Jerónimo Saavedra, a expresar su preocupación por “la situación de inseguridad jurídica entre los titulares y el ”grave quebranto“ que puede suponer para la Hacienda Pública la anulación de los contratos”. 

De los 302 complejos de tiempo compartido que hay en España, 128 están en Canarias. En la totalidad del Estado hay cerca de 715.000 titulares, de los que aproximadamente 623.000 son extranjeros.

La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha dictado recientemente la primera sentencia firme contra el Grupo Anfi, propiedad de los herederos del empresario noruego Björn Lyng y de su socio grancanario, Santana Cazorla, por el denominado sistema de semanas flotantes en el negocio turístico del aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles -timesharing-.

El alto tribunal español ha condenado a Anfi del Mar a devolver a dos clientes británicos 6.974 libras esterlinas (8.764 euros) por la falta de definición del objeto y de la duración del contrato suscrito por ambas partes en agosto de 1999. La resolución revoca un pronunciamiento anterior de la Audiencia Provincial de Las Palmas que sólo había obligado a la empresa a reintegrar las 1.788 libras (2.246 euros) que recibió como anticipo.

Al igual que otros complejos de multipropiedad, Anfi ha impulsado un sistema, el de las semanas flotantes, pensado para otorgar una cierta flexibilidad a los clientes. Canarian Legal Alliance (CLA), despacho de abogados especializado en timesharing y representante de los demandantes en este proceso, explica que en estos contratos no se especifica ni el apartamento ni la semana concreta sobre los que recae el derecho de uso de los compradores. Esto permite, según las empresas de tiempo compartido, que los propietarios puedan acudir al mismo cuando deseen. Los clientes, en cambio, denuncian que en la práctica no les garantiza la disponibilidad, que les obliga a reservar con mucho tiempo de antelación y que, incluso haciéndolo así, se encuentran con dificultades.

El Supremo, que ya se había pronunciado con anterioridad en el mismo sentido con otros complejos, confirma ahora la ilegalidad de estas prácticas ejercidas por el Grupo Anfi. La Sala precisa que el objeto del contrato ha de ser un alojamiento concreto, con mención de sus datos registrales y del turno, con indicación de los días y horas en los que se inicia y termina. En este caso, los clientes firmaron un contrato denominado “de asociación de compra de memebresía de club”, que les daba derecho a usar un apartamento en el Club Monte Anfi en la temporada calificada como “Super Red”.

El alto tribunal remarca que ya ha fijado como doctrina jurisprudencial que la falta de determinación en el contrato del alojamiento que constituye su objeto es causa de nulidad.

En este proceso, la defensa del Grupo Anfi calificó de “sorprendente” que los clientes “hayan estado disfrutando del derecho de aprovechamiento por turnos para después intentar desligarse de los mismos”. Y es que los demandantes hicieron uso de estos apartamentos durante once años y suscribieron otro contrato en 2003. Para la empresa de los herederos de Lyng y Santana Cazorla, los propietarios ejercieron “un abuso de derecho” con la pretensión de “enriquecerse injustamente”, puesto que no interpusieron de foma previa ninguna queja o reclamación.

Aunque la Ley 42/1998 de aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles establece que en caso de nulidad del contrato debe ser devuelta la totalidad de las cantidades satisfechas, los magistrados interpretan, atendiendo el “espíritu y finalidad” de la norma, que en este caso el reintegro no debe ser completo, sino proporcional al tiempo que resta de vigencia, teniendo en cuenta que el máximo de duración legal de los contratos (no especificado) es de 50 años. Los demandantes reclamaban 8.941 libras (11.231 euros), pero la Sala obliga al Grupo Anfi a pagar 6.974 (8.764 euros), al restarle a esas cinco décadas los once años en los que disfrutaron del complejo de multipropiedad.

El Supremo no estima, sin embargo, la pretensión de los clientes con respecto a otro contrato, firmado en noviembre de 1998, puesto que en ese momento no estaba en vigor la Ley 42/1998. Por este reclamaban 9.514 libras (11.951 euros).