Al menos seis personas murieron y una fue detenida tras un tiroteo en Misisipi, estado del sur de Estados Unidos, del que aún se desconocen los motivos, según informaron autoridades locales este sábado.

“Desafortunadamente, hemos lidiado con la tragedia en nuestra comunidad. Múltiples vidas inocentes se perdieron debido a la violencia. Tenemos en custodia al individuo (presunto responsable) y ya no representa una amenaza a nuestra comunidad”, informó el alguacil del Condado de Clay, Eddie Scott, en Facebook.

El oficial no detalló la identidad de las víctimas ni del supuesto atacante, al señalar que la investigación está en curso, pero medios locales reportaron que los disparos ocurrieron en tres distintos sitios entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

“Les pido que alcen sus oraciones para nuestras víctimas y sus familias. Los oficiales están ocupados investigando y difundirán una actualización tan pronto sea posible”, concluyó Scott.

Este suceso ocurre apenas días después de otro tiroteo en Utah que dejó al menos dos muertos y seis heridos el miércoles a las afueras de una iglesia mormona durante un funeral en Salt Lake City.

Estados Unidos ha registrado ya diez tiroteos masivos en lo que va de 2026, aquellos en los que al menos cuatro personas reciben disparos sin contar al atacante, según la organización civil Gun Violence Archive, que registró 408 de estos incidentes en 2025.

Unas 800 armas, entre fuego y blancas, han sido destruidas por la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil de Ciudad Real hace escasos días, en la que ha sido calificada como “una importante actuación” por el propio instituto armado. Las armas que se han destruido se almacenaban en depósitos judiciales de toda la provincia.

La procedencia es variada: algunas armas fueron utilizadas en la comisión de infracciones penales o adminstrativas, o habían sido incautadas, pero otras pertenecían a depósitos de particulares y habían sido entregadas voluntariamente por los ciudadanos que no querían seguir manteniéndolas. También por renuncia o revocación de su licencia. Todas las armas han sido acumuladas “conforme a la normativa vigentes”.

Mil armas eliminadas al año

Esta actuación forma parte del procedimiento periódico de eliminación de armas con el objeto de garantizar la seguridad ciudadana y evitar cualquier uso indebido de las mismas. La cadencia habitual que se realiza por esta Comandancia es de unas 1000 armas anuales, lo que evidencia el trabajo constante que se realiza en este ámbito.

La Guardia Civil ha informado de que la Intervención de Armas y Explosivos garantiza que la destrucción de estas armas se realice de forma efectiva y conforme a la normativa vigente, evitando así que puedan ser desviadas al mercado ilícito. De este modo se asegura que ninguna persona esté en posesión de armas sin la pertinente autorización, permitiendo un control exhaustivo de las mismas y contribuyendo de manera directa a la prevención de hechos delictivos y al refuerzo de la seguridad ciudadana.

La comisión de control de la Policía vasca, un órgano que analiza operativos con heridos tanto de la Ertzaintza como de los cuerpos locales, ha censurado una actuación de la Policía de Barakaldo en marzo de 2024 en la que un agente empleó un arma de fuego reglamentaria en un túnel estrecho y sin apenas iluminación. Los tres disparos que efectuó causaron “lesiones graves” a dos personas que pernoctaban en el lugar. O.G. recibió una bala en el cuello y otra en el pecho y I.R. tuvo el impacto en el hombro derecho, según el informe de septiembre al que ha tenido acceso este periódico.

Es el primer caso de empleo de armas de fuego resuelto por esta comisión presidida por el exmagistrado Juan Luis Ibarra. Hasta ahora había revisado operativos con detenidos -algunos incluso fallecidos- o con uso de proyectiles de 'foam', el material antidisturbios que ha sustituido a las pelotas de goma. Y, en sus conclusiones, se insiste en la necesidad del empleo “generalizado” de 'bodycam' o cámaras subjetivas pero también en que los funcionarios ejerzan una labor de “Policía comunitaria” y “de proximidad”, con una “gestión activa” del “respeto” a la “diversidad”. Los heridos eran personas extranjeras sin hogar.

Se da la circunstancia de que esta comisión acaba de elaborar también su memoria de actividades de los años 2023 y 2024 en la que constata falta de colaboración de variados organismos a la hora de esclarecer esos operativos. Se cita a Asuntos Internos de la Ertzaintza, al poder judicial y también al Ayuntamiento de Barakaldo y es precisamente en lo tocante a este caso. La resolución ha llegado muchos meses después por retrasos en la entrega de la documentación requerida.

Los hechos se remontan al 21 de marzo de 2024. Ese día Barakaldo recibía con honores al grupo Depeche Mode en el BEC pero, unas horas antes, a primera hora de la mañana, el Ayuntamiento quiso tapiar un agujero por el que se accedía a una especie de estancia bajo la autopista. Era un espacio ya cerrado en 2013 pero, aparentemente, en los dos meses anteriores se había tenido constancia de que varias personas habían logrado acceder a él y lo usaban para pernoctar. La obra menor se programó para esa jornada y los servicios municipales encargados pidieron apoyo a la Policía local. Se enviaron dos patrullas, una de dos y otra de tres agentes.

Los cinco policías llegaron al lugar sin “ninguna instrucción o protocolo” y fueron presa de la “improvisación”. No hubo un plan para garantizar un modo “coordinado, eficiente y seguro” la “eventualidad” de la “identificación” y el “desalojo” de los ocupantes de ese espacio. Al llegar, se limitaron a “dar gritos” y a “usar el silbato”. Como no hubo respuesta, y de nuevo “desde la más estricta improvisación”, accedieron al interior. El boquete era de como mucho 65 centímetros de altura y de 55 de alto. Por ello, tuvieron que quitarse otros elementos del uniforme diferentes a la pistola para poder pasar, incluido el chaleco antibalas. Y eso que el personal municipal tenía una maza para ampliar el agujero y facilitar la maniobra.

Una vez dentro, en un lugar de menos de tres metros de ancho y 21 de largo, ni tenían iluminación más allá de unas linternas de mano y la poca luz que entraba de la calle ni había elementos de grabación. Vieron basura y “residuos domésticos y confirmaron que el lugar estaba habitado, aunque se hallaba en ”completa oscuridad“. Había tres varones, O.G., A.K. e I.R. Todos ellos eran africanos. Nada les impidió a los agentes pedir una salida ”voluntaria“ o, por ejemplo, identificarles y dar parte a los servicios sociales. Tampoco se les facilitó información ”suficiente“ y ”comprensible“, dado que no dominaban el idioma. Es una obligación fijada por la ley.

En estas circunstancias, el agente con código progesional 327 alertó “de viva voz” que uno de los identificados “exhibió de forma amenazante” un cuchillo “de filo dentado”. Este policía le conminó “repetidamente” a que lo apartara. No tuvo éxito. Entonces empezó a pedir el desalojo del lugar con gritos de “¡Hay que salir! ¡Hay que salir!”. Tres de los cinco ya estaban fuera cuando se escucharon los tres disparos. Una segunda persona con otro cuchillo cayó herido en el acto y dejó un rastro de sangre, por ejemplo. Y otro de los presentes también resultó herido.

Para la comisión, las circunstancias descritas son claramente “obrar improvisado” y de resultados indeseados. “Contravino inequívocamente los principios deontológicos de congruencia y oportunidad”, estiman, entre otras consideraciones. El lugar era “angosto”, se produjo “tensión emocional” y “estrés” y, además, la huida de los policías taponó la poca luz existente, la de la entrada, incrementando el riesgo de los disparos a ciegas.

En su misión de emitir recomendaciones, la comisión plantea “reforzar la formación policial” sobre deontología y “relaciones con la ciudadanía”, porque el operativo “desatendió los principios básicos” de la praxis policial óptima. Y también toca “reforzar” el cometido “fundamental” de “protección de los colectivos especialmente vulnerables”. Eran personas “en situación de exclusión residencial grave” y se debió reaccionar con “recursos comunicativos” que garantizasen una información “suficiente y comprensible” de lo que allí estaba pasando. La Policía de Barakaldo tendrá que buscar “herramientas informáticas” de “interpretación y traducción” para dirigirse a personas que no conozcan alguna de las lenguas oficiales si esto no fuera posible por otras vías. La Policía, además, tiene que saber manejar “situaciones críticas en condiciones de seguridad, tanto para las personas implicadas como para los propios agentes”.

En cuanto a grabar los operativos, la Ertzaintza, por ejemplo, ya emplea cámaras subjetivas en diferentes actuaciones por recomendación de este organismo. En su primer, dictamen, en 2022, cuestionó una detención abusiva en Bilbao y planteó como elemento de prevención de excesos este tipo de grabaciones. Su implantación ha sido lenta, pero ya se han adquiridos esas denominadas 'bodycam'. Ahora, a la luz de este caso, se pide generarlizarlas a los cuerpos locales. Sobre todo en actuaciones en las que “resulte previsible o sobrevenida la necessidad en el uso de la fuerza”.

A las 12:24 del mediodía el miércoles 10 de septiembre, justo un minuto después de que sonase un disparo en un encuentro con Charlie Kirk en la Universidad de Utah Valley que dejaría al joven activista ultra con una herida mortal en el cuello, sonó otro disparo a unos 729 kilómetros de distancia, en un instituto del pueblo de Evergreen, Colorado. El atentado de Colorado, que se produjo en el mismo condado que dio lugar, en 1999, a la masacre de Columbine, dejó en estado crítico a dos estudiantes y cobró la vida de otro: un chico de dieciséis años y el presunto autor de los disparos. Me enteré del primer atentado leyendo las noticias. Del segundo, gracias a mi pareja, que, al llegar a casa ese miércoles, me contó que una estudiante suya le había escrito esa tarde para decirle que no asistiría a clase al día siguiente por lo muy sacudida que estaba emocionalmente. La estudiante era exalumna del instituto de Colorado, donde todavía conservaba una gran parte de su vida: amigos, familiares y conocidos de la comunidad de unos nueve mil habitantes. Llevamos semanas hablando incesantemente del primer atentado. Del segundo no se ha dicho prácticamente nada. 

¿Por qué la diferencia? El primer atentado, como han afirmado prácticamente todos que se han pronunciado sobre el tema, se trata de violencia política. El segundo, de un tiroteo escolar. Uno excepcional, el otro común y corriente. Uno importante, el otro no tanto. El porqué tiene que ver con la llamada “violencia política.” La violencia política es para muchos politólogos, analistas y otros un índice clave del nivel democrático de un país. Cuanto menos violencia política haya, más posibilidades democráticas habrá.

Los tiroteos escolares, en cambio, son ajenos a la política, una forma de violencia que rompe vidas, familias y comunidades, pero no la democracia. Su importancia en el debate público, por lo tanto, se reduce a los escombros de una tragedia social. Aislar la violencia política es lo que nos permite estudiarla. Y en los últimos años, ese estudio nos ha llevado a afirmar que está en auge, e insistir en que algo deberíamos hacer para controlarlo, y justificar que, si no hacemos nada, la democracia se nos irá de las manos, esa que tanto nos tardó en consolidar y de la que tanto gozamos. Mientras tanto, la violencia cotidiana, como los atentados escolares —que en los Estados Unidos han llegado casi al medio centenar en lo que llevamos de año—, sigue en pie con un nivel de atención mediático más propio del cambio de las estaciones.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, habló el otro día de “violencia política.” Aunque él parece no tener una definición clara del término, hay muchos analistas que sí lo tienen, desde Ezra Klein en el New York Times a Federico Rampini en El Mundo. Entre estos últimos, se da casi por sentado el vínculo entre la violencia política y la democracia. No discrepo con esta afirmación. Pero sí con nuestra completa y autoimpuesta ceguera sobre lo que es, sin duda, la raíz de casi toda violencia en los Estados Unidos, tanto política como cotidiana. La raíz no es internet, ni su capacidad para radicalizar a los jóvenes. Ni tampoco lo es la polarización política, que ha llevado cierto sector de la ciudadanía estadounidense a deslegitimar el proceso democrático. Lo que comparten el asesinato de Kirk y el atentado de Colorado es algo mucho más básico: las armas de fuego, el derecho constitucional a tenerlas y su disponibilidad civil. Es algo que, en Occidente, prácticamente solo pasa en los Estados Unidos. Pero a pesar de ser una de las mayores diferencias entre la democracia estadounidense y las demás, el hecho de que tantos civiles estén armados o podrían estarlo no parece figurar en los índices de democracia. Es como si la violencia política no bebiera del acceso generalizado a las armas. No puede gozar de buena salud democrática un país donde es legal tener en casa un rifle Mauser 98, como el que usó el asesino de Kirk, o un revólver, como el que usó el presunto autor del atentado en Colorado.

Hace poco más de un año —el sábado 21 de septiembre de 2024— me interpeló la violencia cotidiana estadounidense por primera vez. Eran las tres de la tarde, un día nublado, rozaba los 27 grados. Estaba en mi coche, parado en un semáforo, segundo en la cola. Oí un disparo. De repente, la media docena de personas que deambulaba por el cruce se echó al suelo. Vi a un chaval de veintipico años, alto y flaco, con un anorak gris y un pañuelo rojo tapándole la cara de la nariz para abajo. Sujetaba un fusil automático, apuntándolo en nuestra dirección, pero no hacia nosotros sino hacia una de las esquinas del cruce. El chaval cruzaba la calle, disparando una y otra vez hasta que llegó a soltar una docena de tiros. Me quedé congelado. Mi pareja se había dado la vuelta para hablar con nuestros hijos —uno de casi dos años, el otro de casi ocho— que estaban sentados atrás con a mi padre, de 72 años. Cuando volvió a mirar para adelante, ella también se quedó congelada. Nuestro coche se volvió una celda. Nuestras vidas ya no estaban en nuestras manos.

Nuestra experiencia con un tiroteo no es única. Baltimore, la ciudad donde vivimos, suele encabezar la lista de ciudades norteamericanas con la tasa más alta de homicidios. En lo que llevamos de año, la ciudad ha sufrido 94 de ellos. Trump hasta ha amenazado con invadir la ciudad con la Guardia Nacional, supuestamente para combatir el crimen. El mismo día que asesinaron a Kirk, hubo por lo menos un homicidio y dos atentados documentados en Baltimore. En España u otros países del continente, casi todos los atentados son noticia nacional. En los Estados Unidos, la vasta mayoría no llegan a ser ni noticia municipal. Nuestra salud democrática no depende de las tasas de violencia política, sino de la cantidad de violencia que estamos dispuestos a tolerar de nuestros vecinos. En cuanto menos violencia cotidiana toleremos, más salud democrática habrá.

Una agente de la Guardia Civil ha reducido en San Sebastián de La Gomera con un disparo en el pie a un varón que había arremetido contra ella y contra un policía local esgrimiendo un objeto punzante.

Fuentes del Instituto Armado han señalado a EFE que la agente realizó varios disparos, uno de los cuales alcanzó a este hombre en una zona no vital.

Guardia Civil y Policía Local habían acudido a ese lugar a petición de un equipo sanitario que atendía al hombre, que alertó de que estaba muy alterado y que se había marchado a la carrera.

Cuando lo interceptaron, se produjo un forcejeo, en medio del cual sacó un objeto con el que atacó a los agentes, detallan las fuentes de la Guardia Civil.

Finalmente, la agente realizó varios disparos y uno de ellos impactó contra el detenido.

Un tiroteo ha dejado al menos tres heridos y al principal sospechoso, un adolescente de 17 años, detenido, después de que abriera fuego este sábado en Times Square en Nueva York, desatando el caos en uno de los principales puntos turísticos de la ciudad durante la madrugada.

El incidente, iniciado por una presunta disputa verbal, comenzó a las 1.20 horas (5.20 en España) en el cruce de la calle 44 y la séptima avenida, dejó heridos de bala a una mujer de 18 años y a dos hombres de 19 y de 65 años, según informó el Departamento de Policía de Nueva York a la prensa local.

El presunto tirador está bajo custodia de la policía mientras arranca la investigación, de la que aún no hay más detalles, mientras que los heridos se mantienen en condición estable.

Los disparos provocaron que cientos de personas en el área, en su mayoría turistas, huyesen del lugar, según videos compartidos en redes sociales por testigos.

El tiroteo ocurrió casi dos semanas después de otro incidente con armas de fuego que dejó cuatro muertos, entre ellos un policía, en Manhattan, donde el tirador Shane Tamura, que se quitó la vida, disparó en el interior de un rascacielos sede de empresas como el fondo buitre Blackstone o de las oficinas de la Liga Nacional de Fútbol Americano.

Pese a estos incidentes, la policía neoyorquina aseguró el lunes pasado que Nueva York tuvo el menor número de tiroteos en la historia en los primeros siete meses de 2025, con 412 incidentes y 489 víctimas, lo que supone una caída interanual del 26,4% en los asesinatos.

Tres hombres han sido detenidos en relación con la muerte violenta con arma de fuego de una persona de 36 años este pasado martes en la localidad malagueña de Humilladero (3.360 habitantes). Además, en el tiroteo una mujer resultó herida.

Según han señalado desde la Guardia Civil, la investigación continúa abierta para determinar la causa de los hechos, que tuvieron lugar este pasado martes poco antes de las 17.00 horas en la barriada Realenga de la citada localidad malagueña.

Al parecer, varias personas alertaron de que habían escuchado disparos, según indicaron desde el sistema Emergencias 112 Andalucía, que precisó que de inmediato se dio aviso a los efectivos sanitarios, a la Policía Local y a la Guardia Civil.

Desde el 112 confirmaron que en el suceso también resultó herida una mujer de 70 años, la cual fue trasladada al Hospital de Antequera (Málaga).

Ya en la prehistoria, hace decenas de miles de años, se usaban la piedra primero y el hierro después para fabricar armas con las que batallar y hacer la guerra. Milenios después, en 1813, estalló en Vitoria una batalla entre fuerzas napoleónicas y una coalición entre británicos, portugueses y españoles que resultaría fundamental para el devenir de la guerra que asolaba a España. En esa misma ciudad, la colección de un museo, el de Armería de Álava, teje un hilo que conecta un punto con el otro y que repasa la evolución de las armas, desde espadas, hachas, sables y armaduras hasta pistolas y pólvora; desde los orígenes de la humanidad y sus rencores y enfrentamientos hasta comienzos del siglo XX, en un mundo que ya se asemejaba más al actual. Ese museo celebra este año el quincuagésimo aniversario, pues en 1975 fijó su residencia en su actual edificio, junto al palacio de Ajuria Enea. Unas 15.000 personas de todos los perfiles (aunque muchos de los curiosos son niños y jóvenes) se acercan cada año a apreciar las más de 1.500 piezas que se encuentran en exposición y que incluyen armas ofensivas y defensivas y todo tipo de elementos relacionados con ellos, como un abanico que tiene bordada una escena del 2 de mayo de 1808.

“Todas originales”, se recalca al entrar. Así se recibe al visitante que cruza sus puertas, que se sumerge en un recorrido de miles de años dipuesto en dos plantas. Un recorrido indicado con flechas lo conduce en un sentido cronológico. “Hay un poco de todo. Hay para todos los gustos. Es una evolución cronólogica desde la prehistoria hasta prácticamente el siglo XX. Tenemos piezas muy curiosas y muy interesantes”, explica Itziar Ruiz de Erentxun, técnica del museo.

La responsable considera que este 2025, cuando se celebran 50 años del museo, es un “reconocimiento” a la tarea que se viene llevando a cabo. “Viene de antes”, matiza. “Celebramos que llevamos cincuenta años en esta ubicación, pero ya desde 1941 se exhibía una parte de la colección en el Museo de Bellas Artes. Había una colección que recogía algunas piezas concretas, porque era Casa de Álava, un centro muy general. Había arqueología y había numismática. Esto es un reconocimiento a toda la trayectoria”, se congratula. En esa Casa de Álava había espadas, armaduras y ballestas de los siglos XV, XVI, XVII y XVIII, pero también arte y monedas. Unos años después, en 1963, coincidiendo con el 150.º aniversario de la batalla de Vitoria, se instaló una gran exposición en el edificio de El Portalón.

Aquella exposición temporal estaba compuesta por “un importante conjunto de armas, documentos y piezas” de la batalla de Vitoria, explica Ruiz de Erentxun. “Tuvo mucho éxito la exposición y se decidió seguir mostrando los fondos y se fueron incorporando más piezas”, abunda. Una porción importante de esas piezas procedía de un único mecenas, el coleccionista Félix Alfaro Fournier. Nieto de Heraclio Fournier, el fundador en la ciudad de la conocida fábrica de naipes, fue un relevante empresario, además de procurador en las Cortes franquistas. Entre otras iniciativas, impulsó la fabricación de mapas, billetes y sellos; de hecho, los primeros sellos de Franco en la Guerra Civil salieron de sus instalaciones de Vitoria.

Alfaro Fournier donó en 1966 toda su colección a la Diputación y eso permitió que se inaugurase el Museo de Armería en el Casco Viejo de Vitoria, en la casa armera de los Gobeo-Guevara-San Juan. “La falta de espacio se puso rápidamente de manifiesto y fue necesario buscar una nueva ubicación. Al adquirir la Diputación el edificio de Ajuria Enea para el Museo de Arte Vasco, se aprovechó una de las edificaciones anexas para acondicionar allí el nuevo Museo de Armería de Álava, la que se trasladan todos los fondos de la colección en 1975 y donde permanecen hasta la actualidad”, explica el museo. Sito en el paseo de Fray Francisco de Vitoria, es colindante con la residencia oficial del lehendakari y queda enfrente del Museo de Bellas Artes, al otro lado de la vía.

El recorrido, que lo disfrutan desde individuos que se acercan a las instalaciones en un momento cualquiera de la semana hasta estudiantes que acuden como parte de una asignatura, comienza en la prehistoria. “De la Edad de los Metales se exhiben los tipos básicos de armas blancas, fabricadas primero en bronce y luego en hierro, como las falcatas, un modelo de espada curva característico de la zona del Levante peninsular”, se explica. “El empleo del hierro constituyó una importante innovación técnica, ya que permitió desarrollar artefactos mucho más resistentes y duraderos”, dice un texto que acompaña a algunos de los artefactos más antiguos que se conservan en la galería.

Aún en la primera planta, el visitante llega a la época medieval, con ballestas que van relevando a un arco gracias a que son superiores tanto en alcance como en fuerza. “Tienen singular importancia el camisote, las espadas cortas y otras armas procedentes de las excavaciones realizadas en la parte alta de Vitoria y fechados a finales del siglo XII”, se explica en la presentación del museo. De esos siglos del medievo hay baberas, bufas, manoplones, sobreguardas, ventalles, escarcelas, guardabrazos, cofias, capacetes, tarjas, cañones, musleras, borgoñotas, arcabuces y rodelas. “Desde el punto de vista defensivo, la cota de malla acerada, utilizada a partir del siglo XII, constituye una pieza fundamental hasta la aparición de la armadura o arnés en el siglo XV”, abunda el museo. Se puede consultar en este enlace el catálogo completo del museo.

Otra de las piezas destacadas del museo es el revólver con el que el anarquista italiano Michele Angiolillo asesinó a Antonio Cánovas del Castillo, a la sazón presidente del Consejo de Ministros, en la localidad guipuzcoana de Mondragón. El 8 de agosto de 1897, como recuerda el cofre en el que se cedió la pistola, se encontraba Cánovas del Castillo en el balneario de Santa Águeda. Apenas dos semanas después, el anarquista sería ejecutado en Bergara.

La batalla de Vitoria, protagonista

Subiendo las escaleras se llega a la segunda planta, que tiene a la batalla de Vitoria, la de 1813, como protagonista destacado. Nada más dejar atrás los escalones, se aprecia una maqueta en la que con figurines se representa la lucha por el puente de Momario, que salva el río Zadorra a su paso por Mendoza, el 21 de junio de 1813, día del enfrentamiento. Un gran retrato del General Álava, que mandó las fuerzas aliadas contra los franceses ese día, corona la sala. Obra del pintor inglés Francis William Wilkin, “muestra el busto de Miguel de Álava, vestido con ropa civil y una amplia capa, abierta lo suficiente para mostrar su medalla de Waterloo, la condecoración otorgada a todos los soldados, oficiales y mandos aliados que participaron en la batalla que derrotó definitivamente a Napoleón en 1815”.

Hay, diseminadas por todo el espacio de la planta superior, varias maquetas en las que se representan diferentes acciones de aquella relevante jornada, que ahora se recuerda en la ciudad con el monumento de la plaza de la Virgen Blanca. Más allá del material bélico, lo simbólico cobra una gran importancia en la colección. El General Álava estuvo a las órdenes del duque de Wellington, que comandó a los aliados. En el museo puede verse un baúl de campaña para tomar el té que pertenecía al propio duque. Están las teteras, las tazas, los tenedores...

Se recoge también una carta que Napoleón le dirigió desde Tolosa a su hermano José, rey de España, que a la sazón se encontraba en Vitoria. “Saldré mañana a las cinco y llegaré a Vitoria de noche. Seguramente haré todo el trayecto a caballo. No deseo hacer más de cuatro o cinco leguas sobre el mismo caballo. Deseo llegar a Vitoria en absoluto incógnito. Por eso llegaré de noche y no deberá saberse hasta la mañana siguiente. A las nueve de la mañana podrán dispararse sesenta salvas de cañón”, le escribió. Años antes, en 1808, el emperador francés ya había pernoctado en Vitoria durante cuatro noches, en las que auxilió a su hermano José mientras se organizaba la contraofensiva. En esa ocasión, y acompañado el 'petit caporal' de sus generales más cercanos, fraguó operaciones y esbozó planes que luego conducirían a los franceses a cosechar victorias en Tudela, Gipuzkoa, A Coruña y Zaragoza.

La Ertzaintza ha detenido en la localidad guipuzcoana de Irura a tres hombres por un presunto delito de robo con fuerza de vehículo, tenencia ilícita de armas y presunta agrupación criminal, tras ser interceptados en la carretera GI-3650 a bordo de un coche que constaba como sustraído el pasado día 15 en Zaragoza y en el que portaban un bolígrafo-pistola, munición y dos armas blancas. El conductor suma además otro delito contra la seguridad vial al no disponer de permiso de conducción.

Según ha informado el Departamento de Seguridad, el vehículo fue parado en un control de la Unidad de Tráfico de Gipuzkoa de la Ertzaintza este pasado martes por la tarde en la carretera GI-3650, a la altura de Irura, debido a que uno de los ocupantes no llevaba colocado el cinturón de seguridad. En ese momento, al realizar las comprobaciones con el vehículo, los agentes vieron que había un señalamiento policial de vehículo sustraído el pasado 15 de febrero en la localidad de Zaragoza. El conductor tampoco presentó permiso de conducción alguno y, desde el Centro de Cooperación Policial y Aduanera de Hendaia (CCPA), se informó que dicha persona no había obtenido el citado permiso.

Por todo ello, con el apoyo de agentes de la comisaría de Oria, desplazados al lugar, se procedió al registro preventivo en el vehículo, localizándose en la guantera un cuchillo y una navaja. Por otra parte, en el suelo de las plazas traseras se ocupó un pequeño dispositivo cilíndrico, objeto susceptible de ser utilizado como un arma, conocido también como bolígrafo-pistola y una cartera con munición detonadora o de fogueo. El objeto ha sido trasladado a la Policía Científica de la Ertzaintza para confirmar si se trataría de un arma prohibida y su estado de operatividad.

Los tres ocupantes del coche, de 41, 25 y 25 años de edad, fueron detenidos por un presunto delito de robo con fuerza de vehículo, además de imputarle al conductor un presunto delito contra la seguridad vial. También concurre un presunto delito de tenencia ilícita de armas y, tras nuevas indagaciones sobre las identidades de las tres personas, se ha comprobado que cuentan con diversos antecedentes por robos con fuerza y hurtos, siendo investigados así mismo por pertenencia a grupo criminal. Se ha contado con la colaboración de la Policía Foral de Navarra para el esclarecimiento de los hechos. Los tres arrestados han sido puestos en este viernes por la mañana a disposición del Juzgado de Guardia de la localidad guipuzcoana de Tolosa.

La Guardia Civil ha desarticulado una asociación ilícita asentada en la provincia de Cáceres, concretamente en la capital y en las localidades de Jaraíz de la Vera y Hervás, acusada de estafar más de un millón de euros a más un centenar de víctimas y de emplear parte de ese dinero en la compra de armas. De hecho, en la operación, denominada 'Hervasio', los agentes se han incautado más de 80 armas y numerosa munición.

Hay tres personas detenidas y ocho investigadas, en las provincias de Cáceres, Toledo, Córdoba y Pontevedra, por asociación ilícita y estafa. El principal responsable de la organización también habría cometido los delitos de amenazas, coacciones, apropiación indebida, lesiones y administración desleal.

La investigación se inició el año pasado a raíz de varias denuncias interpuestas en Jaén por exmiembros de la asociación desmantelada, que habrían sido víctimas de las acciones del principal líder, quien les convenció para vender sus bienes y entregar las ganancias a la organización. Según la Guardia Civil, gran parte del dinero recaudado estaba siendo invertido en armas, ya que los investigadores han cifrado en 42.000 euros el dinero invertido en compras de armamento de diversas características. Además, los responsables del grupo persuadían a sus principales colaboradores para la obtención de todas las licencias de armas posibles, especialmente para armas cortas de tiro deportivo.

La estafa habría superado el millón de euros, a través de los ingresos realizados en cuentas bancarias de la asociación y el dinero era desviado inmediatamente a otras cuentas privadas de familiares de los investigados.

En los seis registros llevados a cabo, la Guardia Civil ha encontrado más de 80 armas -con un valor total de 73.000 euros-, entre las que se encuentran armas ilegales, armas de guerra inutilizadas y armas de aire comprimido. También han hallado silenciadores de armas largas y 7.600 cartuchos metálicos de diferentes calibres.

En el interior de los domicilios también se han localizado más de 64.000 euros en metálico y material informático (teléfonos móviles, tablets y ordenadores), valorados en unos 20.000 euros. Asimismo, hay bloqueadas numerosas cuentas bancarias de la asociación y de particulares investigados.

La Guardia Civil ha identificado plenamente más de un centenar de víctimas, aunque no descarta que el número aumente, por existir más afectados y personas vinculadas a esta organización que por miedo o temor no hayan denunciado los hechos con anterioridad.

La operación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Plasencia (Cáceres), ha sido llevada a cabo por el grupo de Información de Jaén, en coordinación con la jefatura de Información y el grupo de Información de Cáceres, con el apoyo de los grupos de Información de Toledo, Córdoba y Pontevedra.

Un menor de edad ha sido detenido tras la grave reyerta acontecida la madrugada de este lunes en el Polígono Sur de Sevilla y saldada con un fallecido y dos personas heridas, según ha informado el delegado del Gobierno central en Andalucía, Pedro Fernández.

En declaraciones a los medios de comunicación en Torredonjimeno (Jaén), Pedro Fernández ha informado de que la persona detenida por la Policía Nacional a cuenta de estos hechos es un menor de edad, si bien “la investigación sigue abierta” y no se descartan nuevas detenciones.

Pedro Fernández ha precisado que la citada reyerta ha dejado en total cuatro heridos por arma de fuego y dos por arma blanca, es decir seis personas heridas, todas ellas evacuadas al hospital Virgen del Rocío y entre las cuales figura el fallecido.

Según el 112, sobre las 00,10 horas de la madrugada de este lunes los servicios de urgencias recibían más de una quincena de avisos informando de una “pelea multitudinaria entre vecinos” en plena vía pública, en la calle Victoria Domínguez Cerrato del Polígono Sur, alertando del uso de armas blancas y de que se habían escuchado detonaciones de arma de fuego.

Fueron movilizados efectivos de la Policía Nacional, de la Policía Local y del 061, dando cuenta el 112 de tres heridos, en concreto una menor de edad y un adulto que fueron evacuados por sus propios familiares al hospital, --el más cercano es el Virgen del Rocío--, y otro herido más trasladado por agentes de la Policía Nacional, que de su lado ha confirmado la muerte de una persona por estos hechos que derivarían de rencillas entre familias de la zona, así como una detención a cuenta del asunto.

Problemas de impunidad en la zona

La Plataforma Nosotros También Somos Sevilla, que aglutina a diversos colectivos del Polígono Sur, ha lamentado los hechos, advirtiendo de que comportamientos así derivan del “un problema sistemático de impunidad” que pesa en la zona como consecuencia de la “dejadez” de las autoridades.

La portavoz de la plataforma, Rosario García, ha manifestado a Europa Press que este grave suceso debe ser entendido desde el “problema de impunidad” que arrastra esta zona de Sevilla, que resulta ser el barrio de menor renta neta media anual por habitante de toda España, algo que “no se termina con una actuación puntual” cada cierto periodo de tiempo, según ha alertado.

En ese sentido, Rosario García ha querido “poner mucho acento en la impunidad que hay” en el Polígono Sur, considerando que “las Administraciones siguen dejando a ciertas personas hacer lo que les dé la gana”, ante lo cual ha llamado a reaccionar, reclamar medidas a los poderes y no consentir que aspectos como “las revueltas” o las reyertas sean “normalizadas” por el conjunto de la sociedad del Polígono Sur.

A su entender, las Administraciones están demostrando que, por “dejadez”, “no son capaces de coger el toro por los cuernos” y combatir de manera efectiva las situaciones de violencia en el polígono Sur. “Llevamos ya 41 años avisando de que hay falta de actuaciones” contra los violentos, ha enfatizado García.

La Guardia Civil ha detenido a nueve personas pertenecientes a una organización criminal dedicadas a cometer robos en viviendas de lujo en Finestrat (Alicante). Se han recuperado 22.000 euros en efectivo, seis relojes valorados entre 200.000 y 400.000 euros cada uno, joyas y varios dispositivos digitales. También se han intervenido once vehículos a motor de alta gama (cinco turismos y seis motocicletas) utilizados por la organización para sus propios desplazamientos y cometer los robos.

Además, han sido intervenidos tres drones, 28 réplicas de armas de fuego cortas y de guerra, una pistola eléctrica incapacitante y una defensa extensible.

La investigación se inició en agosto del pasado año, cuando los agentes tuvieron conocimiento de la posible existencia de una organización criminal asentada en la provincia de Alicante, presuntamente dedicados a cometer robos violentos en domicilios de lujo en la Marina Baixa.  

Se trataba de un grupo del este de Europa que había perpetrado varios robos con violencia en domicilios de Finestrat causando lesiones de consideración a los moradores de las viviendas asaltadas. A los presuntos autores les constaban numerosos antecedentes por delitos similares en sus países de origen, además de tráfico de drogas. Incluso, a uno de los principales colaboradores del líder le constaba un delito de asesinato cometido en Ucrania en el año 2018 dentro de las actividades realizadas en la organización criminal de la que era miembro.

Locales comerciales, varios talleres y un salón de juegos online

Los miembros del grupo residían en las localidades de Alicante, Calpe, Finestrat y La Nucía. En Alicante contaban además con varios locales comerciales, varios talleres y un salón de juegos online, utilizados para el blanqueo del capital procedente de la actividad criminal.

El líder del grupo, un hombre de 28 años de nacionalidad ucraniana que residía en Finestrat, llevaba un alto nivel de vida en España y se desplazaba en vehículos de alta gama acompañado de una comitiva que hacía las funciones de seguridad personal, viajando constantemente y hospedándose en hoteles de lujo de la provincia. Se alojaba en un chalé propio en esta localidad, con vigilancia personal permanente y con un circuito de cámaras de última tecnología y lectores de placa de matrícula a la entrada al recinto. Durante el registro, los agentes localizaron una sala de control donde los “vigilantes” analizaban todos estos datos captados por los dispositivos de control.

Detención ilegal e intento de homicidio a uno de los miembros de la organización

En el transcurso de la operación, los agentes comprobaron que la organización había detenido de forma ilegal e intentado matar a uno de los miembros del grupo al que le atribuían “haber traicionado al líder”.

Por tal motivo, se registraron cinco domicilios ubicados en Alicante, Calpe, Finestrat y la Nucía, y tres locales comerciales ubicados en la capital. De estos comercios, dos de ellos eran supuestos talleres mecánicos y el tercero un salón de videojuegos ubicado en el centro de la ciudad de Alicante con una insignificante actividad comercial.

A los detenidos se les imputan los delitos de robos con violencia e intimidación, lesiones, tenencia ilícita de armas, pertenencia a organización criminal, además de detención ilegal y tentativa de homicidio a uno de los miembros del grupo.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Patrimonio de la Unidad Orgánica de Policía Judicial y el Grupo de Información de la Guardia Civil de Alicante y dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm.

La Guardia Civil, en el marco de una investigación denominada operación 'Blackmamba', ha interceptado en dos registros domiciliarios realizados en la Cuenca de Pamplona 190 armas de fuego y más de 17.000 cartuchos de diversos calibres. En la operación ha sido investigada una persona por los delitos de tenencia ilícita de armas y depósito de municiones.

Según han informado desde la Guardia Civil de Navarra, entre las 190 armas de fuego se encuentran armas cortas, escopetas, rifles, fusiles, subfusiles y ametralladoras de gran calibre, aparentemente inutilizadas. Asimismo, se han intervenido más de 12.800 cartuchos metálicos, más de 5.000 cartuchos no metálicos, varias granadas (de mano, de mortero y de fusil), en estado inerte.

Igualmente, se han interceptado piezas fundamentales de armas, repuestos de ametralladora, cargadores para varias armas, un silenciador artesanal y una mira antiaérea, todos ellos compatibles con alguna de las armas intervenidas. Algunas de las armas y municiones incautadas tienen la consideración de armas y municiones de guerra.

La investigación se inició a finales del 2023, cuando se produjo el hallazgo fortuito de un arma de fuego en estado activo que figuraba en el Registro Nacional de Armas (RNA) como inutilizada. Una vez que los agentes determinaron la trazabilidad del arma se pudo constatar que su propietario era también titular de otras tres armas inutilizadas, que habían sido incautadas.

Por ello, los agentes consultaron en el Registro Nacional de Armas sobre la persona investigada, pudiendo constatar que poseía “gran cantidad de armas titularizadas a su nombre, muchas de ellas inutilizadas”. Por tal motivo, se procedió a la entrada y registro en dos domicilios ubicados en la Cuenca de Pamplona.

De las 190 armas de fuego incautadas, 136 no figuran en el Registro Nacional de Armas, es decir, se encontraban fuera de control administrativo. Las piezas de estas armas “podrían ser utilizadas para reactivar o reparar otras armas que hubieran sufrido un proceso de inutilización”.

La gran mayoría de las armas que estaban inutilizadas “eran muy básicas y podían ser fácilmente activables con la sustitución de una sola pieza”, como el caso de las tres ametralladoras incautadas, ya que “estarían en perfecto estado de funcionamiento solo con la sustitución de su cañón”. Con esta operación, según la Guardia Civil, “se ha evitado la posible salida al mercado ilícito de dichas armas de fuego y cartuchos”.

Mercado negro de armas

Ante “el endurecimiento, tanto a nivel nacional como europeo”, de la normativa que afecta al control de las armas convencionales, “muchas de las armas que alimentan el mercado negro en España proceden de la rehabilitación (reactivación) de armas de fuego inutilizadas (desactivadas), para que de nuevo puedan efectuar fuego real”.

Actualmente se ha podido constatar que “muchos de los ilícitos penales que se producen en España relacionados con armas de fuego han sido perpetrados utilizando armas que figuraban como inutilizadas y que posteriormente habían sido rehabilitadas para hacer fuego real”.

La operación ha sido desarrollada por el Servicio de Información de la Guardia Civil en la Comunidad Foral de Navarra con el apoyo de la Jefatura de Información UCE 3, la Intervención de Armas y Explosivos de la Guardia Civil, el Grupo de Desactivación de Artefactos Explosivos y Defensa NRBQ de la Guardia Civil (GEDEX) y la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia de Pamplona (USECIC). La investigación ha estado coordinada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Pamplona (Navarra).

La Ertzaintza va a investigar en calidad de Policía judicial la intervención con arma de fuego de agentes locales de Barakaldo este jueves y en la que resultaron heridas dos personas, una de ellas de gravedad y que continúa hospitalizada en Cruces. Asimimo, la alcaldesa de Barakaldo, Amaia del Campo (PNV), se ha dirigido por escrito a la comisión de control y transparencia de la Policía vasca confirmando estos hechos. Este órgano abrirá también otra investigación, la primera de su historia por el empleo de armas de fuego.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 8.30 horas en una zona de túnel bajo el puente de Rontegi, que une ambas márgenes de la ría del Nervión-Ibaizabal, y que se iba a tapiar, por lo que tocaba proceder al desalojo. En un escueto comunicado, la Policía autonómica ha indicado que los agentes de Barakaldo arrestaron a tres personas “por un presunto delito de atentado a agentes de la autoridad” y que dos de ellos han pasado ya a disposición judicial. El tercero -se indica- “continúa ingresado”. La alcaldesa Del Campo, en el primer informe sobre los hechos, no ha ocultado la “gravedad” del varón que resultó peor parado.

La investigación ha pasado a la Ertzaintza “dado que en el transcurso de los hechos un agente de la Udaltzaingoa -policía local- utilizó el arma reglamentaria”. Las pesquisas son dobles. Por un lado, se analizarán como tal las acusaciones contra estos tres hombres. Se les decomisaron dos armas blancas “en el lugar de los hechos”. Sindicatos policiales manifestaron a la Cadena Ser que el uso de la pistola vino motivado por un intento de agresión con un cuchillo: “Era una ratonera”. Pero, por otro lado, “paralelamente se han abierto diligencias para esclarecer las circunstancias que concurrieron en la actuación policial”.

A esa investigación se sumará la del organismo externo creado en la reforma de la ley de Policía en 2019 y que está dirigido por Juan Luis Ibarra, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Se trata de un órgano de control y transparencia relativamente nuevo, pero en los últimos meses está adquiriendo gran protagonismo. La alcaldesa Del Campo se ha dirigido a él porque tiene competencias para intervenir tanto en operativos con heridos graves o controvertidos de la Ertzaintza como de los cuerpos municipales, como es el caso. Con todo, el edil de Seguridad de Barakaldo, Ángel Madrazo, que es de la parte del PSE-EE de la coalición de Gobierno, ha interpretado ya que la operación fue “correcta”, según recogió EiTB.

La gran novedad es que será la primera vez que revise una intervención con armas de fuego, que son excepcionalísimas aunque precisamente se acaba de aprobar un nuevo decreto para armar a todos agentes de Policía local, con un período de adaptación más largo para los más pequeños. El borrador lo adelantó este periódico en agosto, se aprobó a principios de marzo y ahora está ya en vigor tras haber aparecido en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). En concreto, habrá un año de plazo para que los municipios compren las pistolas y la munición y adapten sus comisarías para hacer uso de las armas con seguridad en caso de que no lo tengan ya. Pero serán cinco para pueblos de menos de 5.000 habitantes. Los cuerpos locales tienen unos 3.000 agentes en Euskadi y unos 2.600 ya trabajan con armas de fuego, como la Ertzaintza, la Guardia Civil y la Policía Nacional. Más en detalles, de 82 municipios con su propia Policía, 42 la tienen armada y 40 no. Los que no son más pequeños y la mayoría están en Gipuzkoa. Muchos son gobernados por EH Bildu, que ha criticado esta medida prevista también en la ley de Policía de 2019.

La comisión también ha recibido este mismo año, en el que de nuevo se ha puesto en el centro del debate el modelo policial vasco en puertas de unas autonómicas, sus primeros casos de heridos por otro tipo de munición, el 'foam' empleado en las cargas antidisturbios. En concreto, hubo un menor lesionado en Tolosa durante el Carnaval y una mujer con un impacto del proyectil en la parte de trasera de su cabeza en el contexto de los altercados previos a un partido de la Real Sociedad. El grueso de sus revisiones han sido sobre actuaciones de la Ertzaintza, pero también hay abierta una investigación por una detención de un menor en Vitoria que iba en patinete a cargo de agentes municipales y que fue grabada y difundida en redes sociales.

Al menos una persona ha fallecido y otras 14 han resultado heridas en un tiroteo ocurrido tras las celebraciones de los Kansas City Chiefs con motivo de su victoria en la Super Bowl, según ha informado el servicio de bomberos de la ciudad. El tradicional desfile celebrado este miércoles en la ciudad de Kansas (Misuri), ha terminado con escenas de caos, policía y ambulancias, después de que se escucharan disparos de arma de fuego.

Las autoridades han detenido a dos personas armadas. Entre los heridos se encuentran tres personas en estado crítico, cinco en estado grave y una más está siendo tratada por heridas que no ponen en peligro su vida. Además hay otras cinco personas heridas pero se desconoce si es por impacto de bala o no.

El suceso ha tenido lugar en las inmediaciones de Union Station, la estación central de ferrocarriles de Kansas City, según ha informado el departamento local de Policía, que había servido de escenario para la celebración.

“Hubo disparos al oeste de Union Station, cerca del garaje, y varias personas han resultado heridas”, ha informado la Policía.

Un vídeo publicado por un periodista local muestra a numerosos agentes de policía corriendo hacia el interior de la estación, frente a la que estaba colocada el escenario donde se ha celebrado el homenaje a los jugadores.

Entre las personas evacuadas se encuentra la Gobernadora del Estado de Kansas, Laura Kelly, así como el de Misuri, Mike Parson. Kelly ha informado que ha tenido que abandonar la celebración y se encuentra fuera del peligro. “Pido a todos los asistentes que sigan las instrucciones de la policía”, ha escrito en X.

Las autoridades han desalojado la estación central mientras trabajan en determinar “el número de víctimas del tiroteo” y han solicitado a todos los asistentes que “abandonen la zona lo antes posible para facilitar la asistencia a las víctimas”.

Miles de personas habían salido este miércoles a las calles de Kansas City para celebrar con su equipo el Super Bowl LVIII que ganaron el domingo en un partido frente a los San Francisco 49ers.

Minutos antes del suceso, un autobús en el que viajaban los jugadores del equipo ganador había recorrido las calles de la urbe para celebrar con los aficionados su tercer título de la NFL en cinco años. 

El vicelehendakari y consejero de Seguridad, Josu Erkoreka, tiene ya listo un decreto que obligará a “todo el personal” de todos los cuerpos locales de Euskadi, 81 en total, a portar un “arma de fuego corta” del calibre “9 mm parabellum” con capacidad mínima para 13 disparos. Los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes tendrán un año desde que se publique esta reglamentación en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV) para dar cumplimiento a estas instrucciones y los más pequeños cinco años. Según datos de febrero de 2023, de 3.177 agentes locales 560 trabajaban desarmados, el 17,62%. Casi todos eran de las localidades más pequeñas de Gipuzkoa, aunque en la lista hay municipios más grandes de ese territorio como Tolosa, Arrasate-Mondragón o Zarautz, así como Ondarroa en Bizkaia.

Erkoreka aprobó el pasado 21 de julio el borrador del decreto que ahora tendrá que pasar por el Consejo de Gobierno. El punto central de esta “Reglamentación del armamento y de otros medios técnicos y de defensa y dotación de las Policías locales de la comunidad autónoma de Euskadi”, a la que ha accedido este periódico, es precisamente el establecimiento de unos mínimos en cuanto a la dotación de todos los funcionarios, incluidas las pistolas. Sin embargo, es el desarrollo lógico de la reciente reforma de la Ley de Policía, que ya avanzaba esta voluntad. Además, había habido pronunciamientos en el mismo sentido del Parlamento Vasco y de la comisión de coordinación de la Udaltzaingoa, que es como se conoce en euskera al conjunto de cuerpos municipales. Eso sí, en el camino ha habido críticas de EH Bildu, la principal fuerza de la oposición.

La propuesta de Erkoreka recoge que “cada entidad local que cuente con Policía local dispondrá y dotará individualmente para su servicio, a todo el personal de la Policía local de su entidad local, de los medios técnicos y defensivos” prefijados. Éstos son “arma de fuego corta”, “funda del arma”, “munición”, “chaleco de protección policial antibalas, corte y punzón”, “grilletes”, “defensa personal” -porras rígidas o extensibles-, “silbato” y “guantes anticortes”. Hay una ficha detallada de cada uno de esos elementos. Asimismo, “cada Policía local podrá disponer de armas cortas de reserva que podrán ser asignadas provisionalmente al personal de sus policías locales en caso de avería, destrucción, pérdida, sustracción o por cualquier otra circunstancia que impida portar, y/o en su caso hacer uso del arma de fuego reglamentariamente asignada, sin perjuicio, en su caso, de las responsabilidades disciplinarias a que hubiere lugar. La propiedad de los medios técnicos y defensivos, incluidas las armas de fuego de dotación reglamentaria, tanto las individuales como las de reserva, así como la de los elementos complementarios especiales que las integran, la funda del arma y su munición, es de la entidad local respectiva, correspondiendo su utilización en exclusiva al personal de la Policía local de la entidad local correspondiente”, se abunda.

Se indica que “corresponde a cada jefatura de Policía local determinar el tipo de munición que mejor se adecúe a las armas de fuego de que la entidad local les haya dotado”. Hay un artículo específico que habla de cómo se regula la “obligación de portar el armamento”. “El personal funcionario de las Policías locales portará el armamento y demás medios técnicos y de defensa determinados. Los servicios de Policía de seguridad en la vía pública y los de seguridad y custodia se prestarán con armamento. No obstante, la persona titular de la Alcaldía podrá decidir de forma motivada, previo informe de la jefatura de la Policía local, aquellos otros servicios que se presten sin armamento, siempre que no comporten un riesgo racionalmente grave para la vida o integridad física del personal funcionario o de terceras personas”. ¿Cuáles pueden ser? “Labores de oficina”, “enseñanza, charlas o cursos”, “actos protocolarios” o similares.

Seguridad avisa, en todo caso, de que esos informes para eximir del manejo de pistolas deberán tener en cuenta los datos de criminalidad. En concreto, se valorará permitir más flexibilidad cuando se dé “la constatación de una tendencia y evolución plurianual favorable en la minoración del índice delincuencial y de riesgo potencial de generación de incidentes en el municipo, demarcación o zona de prestación del servicio, así como en aquellos tipos delincuenciales de alta itinerancia que puedan darse en la comunidad autónoma de Euskadi, especialmente los que supongan un riesgo para la integridad de las personas y de sus hogares, que permita estimar la escasa probabilidad de riesgo alguno para agentes y ciudadanía”. En la actualidad, esas tasas están generalmente en ascenso.

El decreto establece también protocolos para la custodia segura de las pistolas -incluida una “zona fría” para probar la munición en condiciones de no riesgo- y unas pautas para su empleo en la calle. “No se deberán utilizar las armas salvo que exista un riesgo racionalmente grave para su vida o integridad física o las de terceras personas, o en aquellas circunstancias en que concurra un grave riesgo para la seguridad ciudadana, y de conformidad con los principios de adecuación, necesidad y proporcionalidad. El uso de armas de fuego se considerará como medida extrema, no debiendo emplearse salvo que se les ofrezca resistencia armada o se ponga en peligro de algún otro modo su vida o la de terceras personas, y no pueda detenerse o reducirse al agresor o agresora mediante otro tipo de medidas. En ningún caso estará permitido el uso intimidatorio del arma de fuego mediante la realización de disparos al aire, para proceder a la detención de una persona que emprende la huida”, indica Seguridad en el borrador del decreto.

Está también prohibido portar el arma fuera de servicio. Y se impedirá que tengan acceso a las pistolas personas de “comportamiento impulsivo”, con “falta de movimientos en la mirada” o lentitud en el habla, agentes con “agresividad verbal o física”, que no aguanten en el mismo sitio cinco minutos, personas con manifestaciones suicidas o que tengan sospechas de sentirse perseguidos. Todo ello deberá estar acreditado en informes médicos. “En el caso de que una persona integrante de la Policía local considere [...] que el uso o tenencia del arma de fuego puede suponer un riesgo para sí misma o para terceras personas, lo deberá comunicar a su mando superior jerárquico, con la finalidad de evitar males innecesarios”, se añade.

Sobre el resto de elementos de la dotación mínima, se apunta a que “el uso del chaleco de protección policial antibalas, corte y punzón está supeditado al servicio concreto a realizar por personal funcionario policial, debiendo ponderar éste las situaciones de riesgo a las que se enfrenta en cada momento para hacer uso del mismo, salvo que la persona que ejerza la jefatura de la Policía local, determine su uso obligatorio, atendiendo a criterios objetivos de necesidad, seguridad y riesgo”. Se recuerda que el uso de los grilletes es siempre “temporal” y que está prohibido llevar una porra comprada y que no sea la reglamentaria. En este caso, también se faculta a los agentes de paisano a llevar esta “defensa”.

Hay también un listado de materiales que sí o sí deben introducirse en los coches-patrulla de los cuerpos locales. Son mantas y guantes “ignífugos”, manta “térmica”, extintor, dos linternas “de al menos 200 metros de alcance”, botiquín, conos de señalización, cinta balizadora con la leyenda “Udaltzaingoa”, guantes y mascarillas. Desde hace años ya se vienen impulsando también otras medidas para ir homogeneizando los uniformes y rotulación de los vehículos. Ciudades como Vitoria sí se han sumado a ello más decididamente pero Bilbao, por ejemplo, mantiene una imagen corporativa más diferenciada e incluso sobrevive la txapela roja en su dotación y sus coches son grises “como los de muchos países europeos”.

Días después de un sangriento tiroteo masivo en un suburbio de Dallas, las familias de otra horrible matanza en Texas se dieron cita en el capitolio de este estado para exigir una reforma de la legislación sobre armas del estado, conocida por su permisibilidad.

Había pasado casi un año desde que un joven armado mató a tiros a 19 alumnos y a dos profesores en una escuela primaria de la ciudad de Uvalde. La policía llegó a la escuela primaria Robb pocos minutos después de que empezara el tiroteo pero tardó más de una hora en entrar y enfrentarse al tirador y matarlo. Desde la masacre, las familias de las víctimas no han dejado de presionar a los legisladores de Texas para que aprueben medidas que garanticen un control más estricto de las armas.

El pasado 6 de mayo se produjo otra matanza en Texas, en un centro comercial de la ciudad de Allen. Las familias de Uvalde no tardaron en darse cita en el capitolio para pedir a los legisladores que aprobaran, al menos, la medida que consideran prioritaria: elevar de 18 a 21 años la edad mínima para que los tejanos puedan comprar armas de fuego semiautomáticas. Se alinearon en los pasillos mientras los legisladores se dirigían a la Cámara de Representantes, sosteniendo pancartas y coreando el lema “subid la edad”, que, en parte, hace alusión al autor del tiroteo de Uvalde, que había cumplido 18 años pocos días antes de cometer la matanza.

La lucha de las familias por cambiar la ley

“Si este proyecto hubiera sido ley en el estado de Texas hace un año, ese joven no habría podido [comprar] el arma semiautomática que utilizó para asesinar a nuestra hija”, declaró Kimberly Mata-Rubio, cuya hija Lexi murió en la escuela de Uvalde. “Nuestros corazones pueden estar rotos, pero nuestra determinación nunca ha sido más fuerte”, agregó durante una audiencia del comité de la Cámara de Representantes de Texas.

Lo cierto es que la fuerte determinación de las familias de Uvalde no se ha traducido en grandes avances legislativos en el último año, obstaculizados por la mayoría republicana en la asamblea y un gobernador afín que se ha opuesto incluso a las medidas más insignificantes de control de armas.

“Decepción no es una palabra lo suficientemente fuerte para referirse a la pasividad de la asamblea legislativa”, afirma Nicole Golden, directora ejecutiva de Texas Gun Sense, que aboga por leyes de control de armas en el estado: “Seguimos dando pasos en esa dirección, conscientes de que tenemos mucho camino por delante”.

En Washington, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó un proyecto de ley federal un mes después del tiroteo de Uvalde, introduciendo algunos cambios en las medidas de control de armas del Congreso. En Texas, esta primavera se han presentado más de 300 proyectos de ley relacionados con las armas de fuego, pero sólo unos pocos se aprobarán. Los que se aprueben probablemente no reducirán significativamente el acceso a las armas en ese estado, y algunos incluso pueden hacerlas aún más accesibles.

Un año después de la masacre

La respuesta del Gobierno federal al tiroteo de Uvalde −del que se cumple un año esta semana− fue rápida. El presidente Biden se apresuró a exigir al Congreso la aprobación de amplias medidas de control, como la prohibición de las armas de asalto. Aunque la mayoría de los republicanos se han posicionado en contra de un control de armas más estricto, el senador estadounidense John Cornyn, republicano de Texas, ha liderado las negociaciones para que se aprueben ligeros ajustes.

Concretamente, se ha resuelto una laguna legal, conocida como “la laguna del novio”, una normativa que prohibía poseer un arma de fuego a las personas condenadas por delitos de violencia doméstica. Anteriormente, la prohibición sólo afectaba a los cónyuges o parejas que viven juntas o tienen un hijo en común. La nueva ley amplía esa definición para incluir a los novios.

La aprobación ha supuesto un hito importante para los defensores del control de armas. El Congreso no había aprobado ninguna medida similar de control de armas en casi 30 años. “En un momento en que parece imposible conseguir nada en Washington, estamos haciendo algo importante”, dijo Biden cuando firmó la ley.

Desde entonces, se han registrado más de 650 tiroteos masivos en EEUU, según el recuento de la organización no partidista Gun Violence Archive, que define un tiroteo masivo como aquel en el que mueren o resultan heridas cuatro o más personas.

Tras esta serie de masacres, Biden ha vuelto a reclamar la prohibición de las armas de asalto y otras medidas más estrictas de control de armas. El presidente estadounidense ha calificado la falta de respuesta de los republicanos de “indignante e inaceptable”. En gran medida, esa actitud pasiva se debe a los legisladores de Texas. A nivel estatal apenas se ha puesto remedio a los tiroteos masivos, aparte de las promesas tangenciales de mejorar la asistencia psicológica y otras medidas provisionales.

El escollo de Texas

La asamblea legislativa del estado de Texas sólo se reúne cinco meses cada dos años, por lo que esta primavera acudieron al capitolio de Austin grupos de presión que apoyan el control de armas y otros que, por el contrario, apoyan un mayor acceso a las armas de fuego.

Muchas de las medidas se han estancado en el capitolio de Texas. Entre ellas se incluyen las de intervención en casos de violencia comunitaria, los requisitos de comprobación de antecedentes y el aumento de la edad mínima para poseer un arma de fuego, así como las leyes de bandera roja, también conocidas como órdenes de protección de riesgo extremo, ya que permiten a las autoridades confiscar de manera temporal armas de fuego a personas que un juez considere que representan una amenaza.

La directora ejecutiva de Texas Gun Sense señala que los legisladores acordaron asignar 500.000 dólares en los próximos dos años para la campaña Keep 'Em Safe Texas, que enseña a los propietarios de armas el almacenamiento seguro y adecuado de las armas de fuego, para prevenir suicidios, homicidios y tiroteos masivos como el de hace cinco años en una escuela secundaria de Santa Fe, Texas.

En cuanto a las principales medidas, ni siquiera el tiroteo masivo más reciente en este estado estadounidense −la masacre en el centro comercial de Allen− parece ser suficiente para sacudir a los republicanos. El autor del tiroteo mató a ocho personas, entre ellas tres niños, antes de ser abatido por un policía.

Sin embargo, el tiroteo ha hecho avanzar un proyecto de ley en Austin: el proyecto de ley 2744 de la Cámara de Representantes, que elevaría la edad para comprar armas semiautomáticas de 18 a 21 años, se había estancado en un comité de esa cámara. Solo dos días después de los sucesos de Allen se estableció una fecha límite para que fuera aprobado o rechazado. Pocos esperaban que pasara al pleno.

Después de que las familias de Uvalde abarrotaran el capitolio del estado, coreando “aumentad la edad”, mientras los legisladores se dirigían al hemiciclo, el comité de la cámara sobre seguridad comunitaria convocó rápidamente una reunión y aprobó la medida por ocho votos a favor y cinco en contra, con dos republicanos a favor. La sala, llena de familias de Uvalde, estalló en aplausos. Algunas lloraron.

“Vemos tantas tragedias con niños que reciben disparos en escuelas. Este es un modesto cambio que podemos hacer para dar tranquilidad a muchas personas y proteger a los niños”, dijo entonces al Dallas Morning News el republicano Sam Harless, que se unió a los demócratas para impulsar el proyecto de ley. “No me presenté a este cargo para decantarme por el voto fácil”, agregó.

Golden subraya que la votación supone un hito importante para la política de armas de Texas: “No tiene precedentes en el capitolio en general. La gente se quedó atónita”. “No quiero quitarle mérito al paso que se ha dado”, dice. Sin embargo, esa victoria para los defensores del control de armas duró poco.

Al día siguiente, no se cumplió otro plazo crítico y no se programó una votación del pleno. Los demócratas dicen que seguirán impulsando la medida, pero es poco probable que se apruebe. “Pasamos de la euforia a la decepción con una rapidez abrumadora”, reconoce Golden. “Hay que dar pasos adelante, celebrarlos y valorar su importancia”.

El reciente asesinato de tres niños y tres adultos en una escuela de Nashville, en Tennessee, ha reavivado una vez más el recurrente debate sobre la necesidad de imponer un mayor control de las armas de fuego en Estados Unidos.

Pero, ¿qué lleva a una persona a entrar en un sitio público y ponerse a disparar? Después de décadas de tiroteos masivos en EEUU tenemos algunos datos, pero la respuesta sigue siendo complicada. Casi todos los atacantes eran hombres y muchos compartían el ánimo de vengarse por alguna injusticia, real o ficticia. Todos tenían fácil acceso a armas de fuego, lo que no es raro viviendo en ese país. Más allá de ahí, la evidencia se vuelve compleja.

Hablemos, por ejemplo, de salud mental. Sí, es cierto que es habitual que los perpetradores de grandes tiroteos hayan experimentado problemas de salud mental, pero no parece que se pueda hablar de ello como una causa. Según un estudio de casi 200 grandes tiroteos desde los años 60, solo en uno de cada diez casos la enfermedad tuvo una influencia muy clara en el crimen. Alrededor del 30% de los que dispararon padecían algún tipo de psicosis, pero solo el 10% estaban sufriendo una alucinación o un delirio en el momento del crimen.

Algunos de los estudios más serios sobre la psicología de los autores de tiroteos masivos concluyen simplemente que no existe una sola explicación de por qué alguien acaba haciendo algo así. Hay algunos rasgos comunes, como que muchos habían experimentado una pérdida o un rechazo recientemente y ya eran de por sí particularmente sensibles ante las ofensas de los demás. Sin embargo, el mejor indicador para saber si estaban preparando una matanza no era su situación psicológica, sino que la gran mayoría de ellos ya había empezado a anunciar lo que iba a hacer.

La investigación de 134 tiroteos mortales en colegios concluye que el 80% de sus autores había informado públicamente de sus planes. Además, sobre todo en este tipo de matanzas, la elección del escenario del crimen no parece casual: más del 90% eran o habían sido alumnos del colegio en cuestión y la edad media del autor estaba en 18 años. Se considera que alrededor de un 50% había sufrido bullying, pero el acoso escolar es una realidad tan común en EEUU que muchos expertos no tienen claro su impacto en este asunto.

Parte de la dificultad de hacer un perfil psicológico de estas personas es que la gran mayoría están muertas: no pueden ser entrevistadas, hay que fiarse de testimonios familiares o documentos. El 60% de los autores de grandes tiroteos muere en el lugar de los hechos, ya sea a manos de la Policía o por suicidio. Cuatro de cada diez se intenta quitar la vida nada más terminar la matanza y uno de cada tres ya lo había intentado antes.

La prevalencia del suicido entre estas personas pone en cuestión muchas de las medidas que se proponen contra los tiroteos masivos. El endurecimiento de penas o la presencia de guardas armados puede no ser efectiva para lidiar con unos autores que ya cuentan con no salir vivos. De hecho, los ataques en colegios que cuentan con personal armado tienen casi el triple de víctimas y un estudio ha relacionado el perfil de estos atacantes con el de los terroristas suicidas.

La politización de las matanzas

Si no funcionan, ¿por qué entonces se sigue insistiendo en soluciones como armar a los profesores o poner guardias de seguridad en los colegios? Sencillamente, porque esas medidas, aunque ineficaces, cuentan con el apoyo del poderoso lobby de las armas. La Asociación Nacional del Rifle (NRA) está dispuesta a apostar por cualquier solución que no restrinja en lo más mínimo el acceso a las armas de fuego. Mejor todavía si esa “solución” se basa en el usar todavía más armas, ya que, según sus argumentos, “lo único que detiene a un malo con un arma es un bueno con un arma”.

Esta realidad política afecta enormemente a cualquier debate sobre cómo solucionar el problema. Es evidente que la gran diferencia entre EEUU y muchos otros países ricos donde estos tiroteos masivos son inexistentes está en el acceso a las armas, pero asociaciones como la NRA y sus aliados han logrado bloquear la financiación pública para cualquier investigador que quiera estudiar las consecuencias de tener un arma en casa.

El lobby de las armas y muchos de sus aliados republicanos prefieren culpar a cualquier cosa que no sea la disponibilidad de armas de fuego. Un argumento que usan una y otra vez es la supuesta influencia de los videojuegos violentos o la abundancia de “familias desestructuradas”. Ambas “explicaciones” han sido generalmente desacreditadas por los investigadores, pero eso no ha impedido que su conveniencia para determinados discursos políticos conservadores haga que nunca pasen de moda en EEUU.

Aunque el número de delitos violentos ha bajado claramente en las últimas décadas, los tiroteos masivos se han vuelto más comunes y más mortíferos. Eso es doblemente preocupante porque está demostrado que muchos perpetradores actúan por imitación. La única luz al final del túnel es que la parálisis política ha disminuido un poco: el pasado verano, a raíz de la muerte de 19 niños y varios adultos en un tiroteo en un colegio de Texas, los demócratas y un puñado de republicanos lograron aprobar una modesta ley de control de armas centrada en los más jóvenes, la primera en 30 años. Un paso insuficiente, pero un primer paso.

Un tiroteo en una universidad en Michigan (EEUU) en la noche del lunes ha dejado al menos tres muertos y cinco heridos, según han informado las autoridades locales. El sospechoso del ataque, un hombre de “baja estatura” y que portaba “una máscara”, también ha fallecido.

La Policía ha informado que se ha quitado su propia vida de un disparo y que fue hallado fuera del campus, de donde había huido a pie tras el tiroteo. La universidad ha informado durante el suceso que los disparos se habían escuchado en dos zonas distintas del campus.

“Hay al menos cinco víctimas, todas ellas fueron transportadas a un hospital local y varias de ellas tienen heridas potencialmente letales”, ha declarado el sheriff encargado de la policía de la universidad, Chris Rozman, en una conferencia de prensa.

“La información que hay hasta ahora es preliminar y nuestra prioridad es la seguridad del campus y de los estudiantes”, ha agregado. Las autoridades universitarias han pedido a los estudiantes que no acudan al centro durante las próximas 48 horas.

En su cuenta de Twitter, la policía de la universidad ha confirmado que el ataque ha dejado al menos tres muertos y cinco heridos y ha difundido dos imágenes del sospechoso.

Las autoridades han pedido a los estudiantes y trabajadores del campus, donde se reportaron ataques en dos edificios, que se resguardaran mientras se controlaba la situación.

La gobernadora del estado, Gretchen Whitmer, ha sido alertada de la situación. “Agentes de policía y personal de primeros auxilios ya están en la zona”, ha comunicado la política en su cuenta de Twitter.

La universidad, localizada en la ciudad de East Lansing, es una de las más grandes del país, con más de 50.000 estudiantes.

La Brigada Provincial de Información de la Policía Nacional investiga la intervención de un individuo armado con lo que parece una pistola para hacer frente a la protesta contra la conferencia que pronunció el pasado miércoles la embajadora israelí en la Universidad Complutense, según informan a elDiario.es fuentes policiales. En las grabaciones realizadas por los propios manifestantes, uno de los hombres que intentó detener el acceso de la protesta al salón de la conferencia empuñó un arma corta.

Identificado como agente israelí

La Policía finalmente ha identificado al hombre como un agente israelí, miembro del servicio de seguridad de la Embajada de ese país en España, según han informado a elDiario.es fuentes policiales. Lo que esgrimió fue un arma corta de fuego, según recoge el atestado remitido por la Brigada de Información al juzgado de guardia junto a otros extremos del incidente.

El paraninfo de la Facultad de Filología de la Complutense acogió los pasados 7 y 8 de febrero un ciclo denominado ‘Acuerdos de Oslo: una conmemoración’. La primera jornada contó con la participación del embajador palestino en España. Al siguiente día estaba anunciada la participación de la jefa de la delegación diplomática israelí en Madrid, Rodica Radian-Gordon. Grupos estudiantiles y propalestinos habían anunciado una protesta que derivó en enfrentamientos entre estos y el personal de seguridad de la universidad a los que se sumaron, según denuncian los manifestantes, agentes israelíes. 

El choque provocó la intervención de la Unidad de Intervención Policial (UIP), que acabó con el arresto de dos mujeres, una de ellas de 22 años y otra de 44, que quedaron en libertad imputadas por varios delitos tras ser puestas a disposición judicial. Según la Policía, en la protesta resultó herido leve el jefe de seguridad de la Facultad de Filología. 

Una de las manifestantes ha relatado a este medio que varias personas se inscribieron para poder estar presentes en la conferencia de la embajadora israelí, pero que aún así no se les permitió el acceso. Esto, según el mismo relato, provocó que un grupo de los manifestantes intentaran penetrar en el salón de actos frente a la resistencia de personal de seguridad privada y otros individuos que iban de paisano y que no se identificaron. Uno de ellos, entre empujones, empuña la citada pistola, pese a que ninguno de los manifestantes iba armado, según adelantó El Salto Diario. 

Las fuentes policiales consultadas por elDiario.es aseguraban que cinco días después de los incidentes desconocían quién era el individuo que aparece en las imágenes y si lo que portaba era un arma de fuego. A preguntas de elDiario.es, un portavoz de la Embajada de Israel explicó que la delegación diplomática “no hace comentarios sobre los temas relacionados con la seguridad de la embajadora”. 

“Estamos conmocionados por la violencia de los activistas anti-israelíes y su intento de asalto al salón de actos, dirigido contra la embajadora. Agradecemos a la decana su valiente liderazgo que hizo posible establecer un diálogo, académico, abierto y equilibrado”, aprovechó para decir este portavoz. 

En un comunicado tras los incidentes, los colectivos Frente de Estudiantes, Estudiantes en Movimiento y La Chispa expresaron su condena de “la represión ejercida a los asistentes a la concentración”. “Denunciamos la presencia de la Policía en nuestros campos universitarios. De nuevo, tras el vergonzoso despliegue policial del pasado 24 de enero en el marco de las protestas contra el nombramiento de Isabel Díaz Ayuso como Alumna Ilustre, la UCM ha amanecido tomada por furgones de policía”, añadieron en un comunicado. La Jefatura Superior informa de que en la protesta participaron unos sesenta activistas. Los grupos implicados reducen esa cifra a la mitad. elDiario.es intentó recabar este lunes la versión de la Universidad Complutense, que no respondió a ninguno de los requerimientos de información.

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