La Asociación de Vecinos de Los Remedios (AVLR) ha presentado ante el Defensor del Pueblo Andaluz más de 1.000 firmas de residentes y comerciantes del barrio, solicitando al Distrito que paralice la decisión de destinar los antiguos terrenos de Altadis a despachos y oficinas administrativas.

Entre las alternativas planteadas, la entidad vecinal propone la creación de un Centro de Participación Activa (CPA) que incluya sala de estudios y ludoteca, con el objetivo de atender a mayores, jóvenes y familias con niños del distrito. La AVLR considera que, al tratarse de uno de los escasos suelos municipales disponibles en Los Remedios, su destino debería definirse con la participación directa de los vecinos.

“Si en otros asuntos municipales, como la duración de la Feria, se ha recurrido a la consulta ciudadana, entendemos que un espacio estratégico como Altadis merece, como mínimo, el mismo nivel de participación”, señalan desde la asociación, que presentará este martes en la Junta Municipal del Distrito la petición formal para la elaboración de una consulta dirigida a los vecinos del distrito.

El presidente de la asociación de vecinos de Los Remedios, Juan Núñez Castaín, recuerda que “Altadis es prácticamente el único nuevo suelo municipal disponible en el barrio y hoy se encuentra vacío”. Por eso, exigen que se realice “una consulta vinculante para decidir si se destina a oficinas administrativas o a servicios públicos para mayores, jóvenes y familias con niños del distrito”.

Acuerdos de participación pendientes

La AVLR recuerda también que la Junta Municipal del Distrito ya aprobó formalmente la apertura de un proceso participativo para determinar el uso de los suelos de Altadis. Sin embargo, los vecinos conocieron posteriormente, a través de los medios de comunicación, la propuesta de instalar en este espacio las oficinas del Distrito, sin que conste la puesta en marcha de dicho proceso.

Asimismo, la asociación subraya que cualquier decisión definitiva debería contar con los informes técnicos exigidos por la normativa urbanística, en particular el informe de idoneidad previsto en el PGOU.

Los vecinos de Los Remedios explican, a su vez, que el barrio asume antes, durante y después de la Feria numerosas incomodidades, mientras que este evento genera importantes ingresos directos e indirectos para la ciudad. A juicio de la asociación, estos hechos justifican la necesidad de compensaciones sociales y dotacionales para el distrito, que, según apostillan desde la AVLR, se trata del barrio con menor dotación de equipamientos públicos de Sevilla.

En ese sentido, la entidad vecinal pide que no se traslade esta responsabilidad a otras administraciones como la Junta de Andalucía mediante propuestas de suelos inviables, sino que se aborde de forma directa y participativa contando con los vecinos del barrio.

Tras más de un año de denuncia pública y política, Izquierda Unida ha decidido pasar a la acción en cuanto al proyecto urbanístico VERA que se levanta en los suelos de Altadis, la antigua fábrica de tabacos en Los Remedios. Y lo hace presentando la misma denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción y la de Medio Ambiente, atribuyendo al Ayuntamiento de Sevilla varios delitos –que pivotan sobre el de prevaricación urbanística– por destruir una zona verde y, sobre todo, por no utilizar una fórmula urbanística con la que considera que la ciudad ha perdido más de 4.000 metros cuadrados para uso público precisamente en uno de los barrios con menos equipamientos.

VERA continúa con las obras a toda máquina tras años de tramitación administrativa, pero IU (la denuncia la firma su concejal Ismael Sánchez, aunque se hace bajo el paraguas del grupo municipal Podemos-IU) considera que esto ha sido posible gracias a que se le ha puesto una alfombra roja con la que se ha ahorrado tener que entregarle este terreno a la capital. En este sentido, señala que tenía que haber aportado el 10% de la parcela sobre la que se desarrolla el enorme complejo, que pivota alrededor de un hotel de gran lujo.

La denuncia apunta a la presunta comisión de delitos de prevaricación urbanística y administrativa, cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. A ello se añaden infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos, fraudes y exacciones ilegales y negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos y abusos en el ejercicio de su función. No se apunta a ningún autor o responsable concreto, centrándose en detallar el papel que han jugado políticos, directivos y técnicos.

Troceado y calificación del suelo

La madre del cordero está en la modificación puntual que se hizo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), la 54 en concreto, que aprobó el pleno hispalense en noviembre de 2022, con el socialista Antonio Muñoz como alcalde. Posteriormente, hace un año, el grupo municipal Podemos-IU solicitó al actual gobierno de José Luis Sanz (PP) que revisara el convenio urbanístico (aprobado un mes antes de su llegada a la Alcaldía, en mayo de 2023) con la promotora KKH Property Investors, para así incorporar una adenda que asegurase esta cesión del 10%.

La respuesta fue un 'no' rotundo por parte del PP, que ya desde el gobierno dio licencia de obras en 2024 y sacó adelante en el pleno del pasado mes de junio la aprobación definitiva del estudio de ordenación de la zona norte de la antigua fábrica de tabacos con el apoyo de PSOE y Vox y el voto en contra de Podemos-IU. Precisamente, a juicio de IU lo que se hizo para desbloquear el proyecto fue trocear el terreno en tres proyectos diferentes y, sobre todo, darle la clasificación de Suelo Urbano Consolidado, con lo que el fondo de inversión que impulsa la iniciativa se ha ahorrado esta cesión del 10% a la que habría estado obligada si la etiqueta hubiese sido la de Suelo Urbano No Consolidado.

Así lo establecía desde su punto de vista la normativa autonómica vigente en ese momento (la LOUA), con lo que la tramitación urbanística tendría que haber consistido en una reforma en sí del PGOU y no en una modificación puntual como se hizo. Esto habría aportado más garantías, más trámites y, sobre todo, la obligación de que le diese el visto bueno el Gobierno andaluz y no el pleno local, que fue el que lo rubricó.

Destrucción de una zona verde

El argumento que esgrime IU es que estamos ante una “transformación urbanística de equipamiento”, frente a la visión municipal de que se trata de una operación de edificación. Así lo demostraría que se ha tenido que proceder a una mejora considerable de los sistemas generales (agua, luz, gas...) porque las necesidades del complejo superaban con mucho a los servicios existentes.

Los vericuetos urbanísticos son la pata principal sobre la que se apoya la querella, que no obstante incluye otra denuncia como es la destrucción de los jardines Manuel Ferrand, una cuestión que generó una importante controversia vecinal y que también está judicializado. El impulsor en este caso es Ecologistas en Acción, que recientemente interponía tres recursos contencioso-administrativos ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), así como una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente.

En esta nueva denuncia, se incide en la construcción de un aparcamiento eliminando esta zona verde y talando arbolado. De hecho, resalta que la propia Gerencia de Urbanismo habría advertido internamente de que el fraccionamiento de la parcela de este espacio no estaba justificado, y se recuerda que los actos que infringen la ordenación de zonas verdes son nulos de pleno derecho. Por todo ello, se llega a solicitar la paralización de las obras en curso, a lo que se añade la crítica por cortar el acceso peatonal desde una calle, Virgen de la Fuensanta.

Más equipamiento público del que correspondería

En definitiva, la formación de izquierdas considera que se procedió a un fraccionamiento artificioso del proyecto para, de esta manera, evitar controles y eludir así la obligación de clasificar el suelo como Urbano No Consolidado. Y por ello considera que esta actuación es dolosa, porque se habría hecho a sabiendas de las irregularidades para beneficiar al promotor (KKH) a costa de las dotaciones del barrio.

Desde el gobierno local, el PP echa la responsabilidad en la espalda del PSOE, ya que apostó por la fórmula urbanística del estudio de detalle (en el que no es exigible la cesión obligatoria del 10% del suelo para equipamientos) en vez de hacerlo con un plan parcial o un plan de reforma interior. No obstante, considera que la promotora va a aportar usos y espacios libres que están por encima del 10% que se le podría haber exigido, incluyendo un espacio museístico y un gran parque público que conectará Los Remedios con el paseo de las Delicias.

La huelga general indefinida en la fábrica de Altadis en Cantabria se ha iniciado este lunes a las 6.00 horas sin incidentes y con un amplio seguimiento en la plantilla de producción, según el comité de empresa de la planta de Entrambasaguas (UGT, CCOO, USO y CSIF).

El presidente del órgano sindical, Juan Antonio Martínez (UGT-FICA), ha indicado en un comunicado que, “sin contar los servicios mínimos, el seguimiento del paro es alto aunque desigual en el turno de mañana, con secciones como la de mantenimiento con un 100% y otras donde ha incidido menos la huelga”.

Martínez ha recordado que el comité de empresa de Altadis en Cantabria ha convocado una concentración de protesta en la portería de la fábrica a las 14 horas en coincidencia con la entrada del turno de tarde, tal y como ya hiciera la semana pasada con los cuatro días de huelga (del 7 al 10 de enero) convocados antes de que el paro se hiciera con carácter indefinido.

La huelga general de cuatro días, del 7 al 10 de enero, convocada inicialmente en la fábrica de Altadis en Entrambasaguas ha concluido este viernes con un amplio respaldo medio de un 90% de la plantilla de producción y pasará a ser de carácter indefinido desde el próximo 20 de enero, según ha informado el comité de empresa (UGT, CCOO, USO y CSIF).

El presidente del comité de Altadis en Cantabria, Juan Antonio Martínez (UGT-FICA), ha anunciado que los sindicatos registrarán este lunes 13 la convocatoria de huelga general indefinida que se iniciaría el día 20, en los plazos legales establecidos, tras una reunión de negociación de más de seis horas con la compañía tabaquera que ha concluido sin avenencia.

La negociación, convocada por el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), y el desacuerdo entre empresa y sindicatos precede a la huelga general indefinida y a dos asambleas informativas de trabajadores en la propia fábrica de Entrambasaguas el próximo lunes 13 (de 13 a 14 y de 14 a 15 horas) para los dos turnos de trabajo (mañana y tarde).

Martínez ha subrayado que la huelga general indefinida es “el último recurso que nos queda para poder negociar en serio con la empresa y llegar a un acuerdo que pasa por la contratación de más personal”.

Además, ha valorado “el gran apoyo de la plantilla” a los cuatro días de huelga general de esta semana y ha recalcado que “este apoyo mayoritario a la huelga responde a que todo el mundo está cansado de una sobrecarga de trabajo y de tareas que la empresa no quiere solucionar”.

El sindicalista ha reiterado la voluntad negociadora del comité de empresa por llegar a un acuerdo y evitar “un conflicto laboral más que justificado por el empeño de Altadis en no reforzar la plantilla y de imponer una modificación sustancial de condiciones de trabajo que nada soluciona”.

El segundo día de huelga general en la fábrica cántabra de Altadis en Entrambasaguas mantiene este miércoles un respaldo de la plantilla similar al de la primera jornada, cercano a un 90%, según informa el comité de empresa de la fábrica cántabra de Altadis (UGT, CCOO, USO y CSIF), que matiza que en algunos departamentos, como el de mantenimiento “ha llegado al 100%”.

El presidente del comité de empresa de Altadis en la planta productiva de Entrambasaguas, Juan Antonio Martínez (UGT-FICA), ha explicado que el seguimiento de la huelga “es alto porque la gran mayoría de la plantilla está cansada de las sobrecarga de trabajo y es consciente que hay que forzar a la empresa a contratar más personal”.

En un comunicado, el sindicalista ha recalcado el rechazo del comité de empresa a la modificación sustancial de trabajo “implantada sin acuerdo por Altadis” y que en su opinión “no sirve para solucionar el problema de una fábrica con una plantilla reducida en un centenar de trabajadores en los últimos años, con un volumen de producción creciente”.

“No se trata de modificar las tareas de trabajo, se trata de que hay poco personal y una sobrecarga de trabajo que sólo se soluciona con más plantilla”, ha reiterado el presidente del comité de empresa de Altadis en Cantabria.

Martínez ha instado a la empresa a retomar la negociación con los sindicatos, interrumpida poco antes del inicio de la huelga en una reunión de mediación convocada en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) el 2 de enero y en la que Altadis no compareció.

El reconocimiento por parte del alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, de que los cortes de luz en los barrios obreros no tienen como causa principal los cultivos de droga, como reitera una y otra vez la Junta de Andalucía en la que gobiernan sus compañeros del PP, no ha sido la única confesión que ha dejado el regidor en la sesión plenaria de este jueves. A ella ha añadido otra revelación imprevista: la pasarela peatonal del proyecto de Altadis, la antigua Fábrica de Tabacos en el barrio de Los Remedios, que ahora ha tumbado la Comisión de Patrimonio, en realidad no le genera entusiasmo, una afirmación que contrasta con el hecho de que en su programa electoral prometió un puente exactamente igual.

“A mí no me gusta”, ha apuntado lacónicamente Sanz cuando el PSOE le ha reprochado que no está moviendo un dedo en esta cuestión, y considera el alcalde que en esto coincide con más de uno porque “la pasarela no ha creado unanimidad”. No obstante, cuando la necesaria modificación del PGOU se llevó al pleno del pasado mes de abril, votaron a favor del viaducto PSOE (entonces en el gobierno local), PP, Ciudadanos y Vox, posicionándose en contra los tres concejales de Podemos-IU y la edil no adscrita.

Con lo que también choca frontalmente la afirmación del regidor es con lo que él mismo prometió en precampaña y en su programa, que fue nada más y nada menos que la construcción de cuatro nuevos puentes, incluido uno entre San Telmo y Altadis que es precisamente el que ahora ha tumbado la Comisión de Patrimonio. Este órgano, cuya criterio es vinculante, justifica su negativa con que el paso peatonal “supone una alteración a la percepción histórica del palacio de San Telmo desde el río”, a lo que añade que “genera una continuidad urbana injustificada del eje conformado por la Avenida de la Constitución más allá del cauce histórico”. El mismo efecto que, de hecho, generaría el puente que prometió el por entonces candidato justo una semana antes de que la cuestión llegara al pleno, ya que la ubicación y orientación que dibujó sobre el papel eran exactamente iguales.

A Zoido ya le pasó lo mismo

Sanz, no obstante, ha subrayado que él “no se ha cargado” la pasarela, como denuncia el grupo municipal socialista, que ha venido a sugerir que la oposición de la Comisión de Patrimonio (un organismo adscrito a la Junta de Andalucía, pero que está conformado por profesionales que actúan de manera independiente) es precisamente la respuesta que se da en connivencia con el escaso entusiasmo del alcalde por el proyecto. Por cierto, que al último regidor hispalense del PP, Juan Ignacio Zoido, Patrimonio también le tumbó una pasarela que iba a conectar con la Cartuja cerca de Torre Sevilla. Aquello fue en 2014 y en el Gobierno andaluz estaba Susana Díaz, a la que llegó a reclamarle “lealtad institucional” un Zoido que consideró “intolerable” el “bloqueo” del proyecto. El motivo que se esgrimió entonces fue el impacto que iba a tener en el monasterio de Santa María de las Cuevas y el pabellón de la Navegación.

La pasarela que ha puesto en entredicho la Comisión de Patrimonio era uno de los elementos más singulares del que es el principal proyecto urbanístico ahora en marcha en Sevilla, el que va a dar nueva vida a la antigua fábrica que cerró en 2007. La iniciativa la impulsa el grupo KKH Property Investors, que calcula en 500 los puestos de trabajo que generará y en 200 millones de euros el coste total. De esta cantidad, 4,5 millones eran para este paso peatonal, que se le había encargado al ingeniero Michel Virlogeux, que firmó junto a Norman Foster el viaducto de Millau (Francia), el más alto del mundo, además de otros puentes de referencia como el de Normandía, el tercero del estrecho del Bósforo en Estambul o el cuarto sobre el Canal de Panamá.

Durante la tramitación urbanística, el anterior gobierno socialista garantizó que los pasos se estaban dando de la mano de la Comisión de Patrimonio para evitar sorpresas como la que precisamente ahora ha surgido. De hecho, este órgano no había expresado una negativa tajante a la pasarela, limitándose a solicitar que se desarrollase “un estudio paisajístico de integración” y otro sobre los posibles “efectos” en las cabeceras. El nuevo viaducto se iba a situar entre otros dos puentes (el de San Telmo y el de Los Remedios) separados por apenas 700 metros.

Una vez que se ha sabido el bloqueo del paso peatonal, el gobierno municipal ha incidido sobre todo en respetar el criterio de la Comisión de Patrimonio y no ha expresado mayor preocupación por su decisión. Durante el pleno, desde las filas del PP se ha venido a decir que la pasarela sólo es un elemento más en el proyecto para Altadis, pero no determinante. Para el PSOE, principal impulsor de la iniciativa cuando estaba en el gobierno, lo que va a ocurrir con este paso peatonal, unido a los planes del Consistorio en Tablada y Santa Justa, hacen de Sevilla “una ciudad poco atractiva”.

El de Altadis, la antigua Fábrica de Tabacos en el barrio de Los Remedios, es el principal proyecto urbanístico ahora en marcha en Sevilla, ya que supone recuperar la última gran parcela de suelo de la ciudad que mira al Guadalquivir. El acuerdo para echar a andar esta iniciativa se dio a conocer hace un par de años, todavía con Juan Espadas (PSOE) como alcalde, su sucesor (el también socialista Antonio Muñoz) presentó el diseño paisajístico en febrero y ahora el actual regidor, José Luis Sanz (PP), se ha encontrado con un giro inesperado de los acontecimientos: no se aprueba la pasarela peatonal que iba a cruzar el río para conectar con el casco antiguo a la altura del palacio de San Telmo, sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Y ha sido precisamente un organismo autonómico, la Comisión de Patrimonio, la que ha dicho que 'no' a este nuevo puente, que no es clave para el proyecto urbanístico en sí (que pivota alrededor de un hotel de gran lujo) pero que sí iba a ser uno de sus hitos más reconocibles, además de permitir un paseo peatonal desde Los Remedios hasta el centro de la ciudad. ¿El motivo de esta prohibición? Pues que “supone una alteración a la percepción histórica del palacio de San Telmo desde el río”, a lo que añade que “genera una continuidad urbana injustificada del eje conformado por la Avenida de la Constitución más allá del cauce histórico”.

Por ello, la Comisión de Patrimonio (cuyo dictamen es vinculante) informa desfavorablemente sobre la construcción de esta pasarela, al menos en la ubicación propuesta. De esta manera, rechaza la modificación de la ordenación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y el cambio también del Plan Especial de Protección del sector del puerto que se iban a acometer para autorizar este viaducto, que tenía previsto discurrir entre los puentes de San Telmo y el de Los Remedios.

¿Esto supone la paralización definitiva del proyecto? No tiene por qué, ya que la pasarela se suponía que era un elemento para integrar la zona de Altadis con el otro lado del río, pero no implica en sí un elemento capital de la iniciativa. El Ayuntamiento hispalense tiene también la posibilidad de, junto con los promotores, presentar una nueva propuesta que pueda chirriarle menos a Patrimonio, aunque en principio parece complicado que se pueda encontrar una solución alternativa dado el estrecho margen que hay entre los dos puentes ya existentes.

Está por ver también la intensidad de la batalla que pueda presentar actual alcalde, José Luis Sanz, con un proyecto heredado. Eso sí, en numerosas ocasiones ha lamentado que la solución alcanzada por el gobierno socialista era un calco de la que ya diseñó el anterior regidor popular, Juan Ignacio Zoido, hasta el punto de que acusaba a Espadas de haber guardado la iniciativa en un cajón para sacarla sin grandes cambios años después.

Encargado a un prestigioso ingeniero

El proyecto para llenar de contenido la ubicación de la antigua fábrica, que cerró en 2007, lo impulsa el grupo KKH Property Investors, para lo que ha contratado a todo un Dream Team inernacional de arquitectos y paisajistas, liderado por Carlos Ferrater, autor de la Terminal Olímpica del aeropuerto de Barcelona y de la Ciudad de las Ciencias de Granada. La pasarela sobre el Guadalquivir se le había encargado al ingeniero Michel Virlogeux, que firmó junto a Norman Foster el viaducto de Millau (Francia), el más alto del mundo, además de otros puentes de referencia como el de Normandía, el tercero del estrecho del Bósforo en Estambul o el cuarto sobre el Canal de Panamá. La inversión estimada en este paso peatonal es de 4,5 millones de euros.

En la presentación del proyecto se calculó que la inversión rondará los 200 millones de euros, lo que convierte a esta iniciativa en la principal ahora en marcha en la ciudad. Con la previsión de generar unos 500 puestos de trabajo, las miras se habían puesto en poder inaugurar la mayor parte del complejo para finales de 2024.

Reproches cruzados entre PSOE y PP

Con todos estos elementos sobre la mesa, los socialistas tienen claro que Sanz no está especialmente entusiasmado con lo que está previsto en Altadis, y le acusan directamente de “cargarse” la pasarela. “No ha defendido este proyecto estratégico, y así no se defiende la ciudad”, ha señalado la portavoz adjunta del PSOE, Sonia Gaya, que insta al gobierno local a que “resuelva el bloqueo” que ha decidido la Comisión de Patrimonio “sin que Sanz haya rechistado”. Y eso pese a que cuando la cuestión se debatió en el pleno salió adelante con el respaldo de los populares, que unieron sus votos a PSOE, Ciudadanos y Vox.

El gobierno local, por su parte, no reaccionó al anuncio de la paralización, pero sí a las críticas socialistas, poniendo el acento en que no ha paralizado ni bloqueado el puente, acusando de paso al PSOE de atacar los criterios técnicos y profesionales de la Comisión de Patrimonio. “Estamos haciendo justo lo contrario y es impulsar proyectos importantes para el avance de nuestra ciudad”, ha asegurado el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, que no ha perdido la ocasión de lanzar un dardo al subrayar que están trabajando en “agilizar y conceder las licencias necesarias para el avance de este proyecto, algo que, casualmente no hizo el anterior equipo de gobierno socialista, que lo único que hizo fue anunciar un desbroce”.

La cuestión se vendió como una operación con la que se iba a clonar en Sevilla el efecto del museo Guggenheim en Bilbao, aunque aquí el protagonismo era para los suelos propiedad de Altadis en los que se levantó la antigua fábrica de tabacos, en el barrio de Los Remedios. ¿El resultado? Un proyecto que pivota en torno a un hotel y que supone la renuncia a hacer públicos los mejores terrenos que quedan sin uso (no hay actividad desde 2007) en el corazón de la ciudad, asomados al Guadalquivir y al palacio de San Telmo, que se levanta en la orilla contraria. Así es como lo ve Podemos y un grupo de entidades conservacionistas y vecinales, que en un último intento por frenar el proceso han presentado alegaciones para al menos darle aunque sea un barniz público a la iniciativa que impulsa el grupo KKH y en la que invertirá más de 200 millones de euros.

A estas formaciones que se oponen a cómo se están desarrollando las cosas en Altadis le puso voz este lunes la concejal Susana Serrano, que en esta ocasión hablaba como secretaria general de Podemos en Sevilla y no en nombre del grupo municipal Adelante Sevilla, que integra el partido morado junto a IU. Seguir adelante con el actual proyecto “sería un error histórico”, resumía, un “auténtico despropósito” fruto de que el gobierno local no ha luchado por una iniciativa 100% pública “como en otras zonas de España”.

El Consistorio, por su parte, alega que se generarán hasta 500 empleos, que no saldrá un euro de las arcas municipales y que el resultado será un complejo hotelero de máxima calidad y relevancia internacional, además de incidir en que toda la tramitación está saliendo adelante en el pleno municipal por la mayoría rotunda que suman PSOE, PP, Ciudadanos y Vox. Para Serrano, todo esto no deja de ser la “salida fácil de que te pongan el dinero encima de la mesa y malvender la joya de la corona de Sevilla”. “Desde el Ayuntamiento sólo se hacen hoteles y una apuesta por el turismo, un sector al que respetamos pero que goza de muy buena salud”, apostillaba, al tiempo que lamentaba la oportunidad perdida para un equipamiento relacionado con las nuevas tecnologías, la ciencia, la tecnología o el desarrollo verde.

Reutilizar el Puente de Hierro

Entre las alegaciones a la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que convierte en terciarios los suelos industriales de la fábrica, Podemos ha incluido la falta de participación ciudadana en el proceso, incumplimientos de la normativa urbanística y el previsible crecimiento del tráfico que se producirá, ya que se prevé la construcción de un aparcamiento con 450 plazas. De paso, cuestiona el impacto económico del proyecto, ya que frente a los anunciados 200 millones de euros de inversión se incide en que, según los cálculos del estudio de viabilidad, no alcanza los 60 millones. La diferencia es nada menos que de 140 millones, superior al 300%.

Otra de las propuestas que se hace es la recuperación del Alfonso XIII, el Puente de Hierro desmontado en 1998, para usarlo como la pasarela peatonal prevista que conectará las dos orillas del río. En esa cuestión se centra también específicamente Planuente, la plataforma ciudadana que lleva todo este tiempo batallando por dar un nuevo uso a una infraestructura desmontada y abandonada, y cuyo portavoz, Carlos Fernández, reivindicaba la oportunidad que supone esta pasarela (presupuestada en 4,5 millones de euros) para resucitar el Alfonso XIII. “La recuperación del puente es una promesa hecha a la ciudadanía hace más de 23 años”, de hecho la aprobación de su desmantelamiento se condicionó a que volviera a estar en uso.

Además de Planuente, otras entidades que han presentado alegaciones al proceso, coincidentes en buena parte, son la Asociación Histórica Retiro Obrero (AHRO), la Asociación de Profesorado Ben Baso para la difusión y protección del patrimonio histórico y la Asociación Vecinos Ecologistas 41011 Parque de Los Príncipes. Todas coinciden que el proyecto, en sus actuales términos, supone una oportunidad perdida para Sevilla y sobre todo para un barrio, el de Los Remedios, “que carece casi absolutamente de servicios públicos”.

“Destrucción de patrimonio industrial”

En la puesta de largo de estas reivindicaciones también estuvo presente el experto en patrimonio industrial Julián Sobrino, vocal del Comité Internacional para la Conservación y Defensa del Patrimonio Industrial (Ticcih, por sus siglas en inglés), que se mostraba especialmente crítico con una propuesta que va a ocupar “el mejor suelo de Sevilla y de Europa” al desarrollarse en una parcela estratégica. A su juicio, algunas de las propuestas conducen “a la destrucción o desaparición de patrimonio industrial”, a lo que se une una propiedad en manos privadas y que no está garantizado que pase a manos públicas ni los jardines incluidos en el diseño.

Sobrino, que lamentó que alegaciones anteriores no han sido ni siquiera contestadas, incidió en que el proyecto en desarrollo es fruto de “uno de los peores acuerdos con Altadis que se han firmado en España”, que liquidó las 11 fábricas que tenía repartidas en otras tantas ciudades. “De la plusvalía que consiguió no ha invertido ni un céntimo en Sevilla, ha sido el mejor negocio inmobiliario de la vida de Altadis tras quedarse todo el patrimonio de Tabacalera”, remachó.

Sevilla fue sede de la primera fábrica de tabacos del mundo, un vínculo de más de cuatro siglos que se rompió en 2007 con el cierre de la factoría de Altadis. Ahora, 14 años después, por fin se cierra la herida urbanística que dejó este complejo fabril en la única zona del paseo del Guadalquivir en la capital en la que todavía se puede actuar, y lo hará gracias a una inversión de 200 millones de euros y a la actuación de un equipo internacional de arquitectos que el grupo KKH (impulsor del proyecto) define como un Dream Team.

El presidente de KKH, Josep María Farré, ha garantizado este martes “excelencia y máxima calidad” para una iniciativa que dejará un nuevo parque urbano en Sevilla, un paseo peatonal y que conectará el barrio de Los Remedios con el centro histórico a través de una nueva pasarela sobre el río. El conjunto pivotará alrededor de una gran plaza pública y un centro de servicios terciarios con “un hotel de primer nivel internacional” con 200 habitaciones, completándose con un edificio principal (el actual Cubo de la fábrica) de equipamientos culturales, de innovación y de emprendimiento, así como dotaciones públicas como un aparcamiento históricamente reclamado en este entorno.

El equipo de arquitectos

KKH ha confirmado que del diseño se encargará ese Dream Team de arquitectos, liderado por Carlos Ferrater, autor de la Terminal Olímpica del Aeropuerto de Barcelona y de la Ciudad de las Ciencias de Granada. De dibujar los equipamientos se encargará el japonés Kengo Kuma, responsable del Estadio de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mientras que Guillermo Vázquez Consuegra (autor entre otras obras del Palacio de Congresos de Sevilla) asume la dirección del paisajismo. La pasarela sobre el Guadalquivir la asumirá el ingeniero Michel Virlogeux, que firmó junto a Norman Foster el viaducto de Millau, el más alto del mundo, además de otros puentes de referencia como el de Normandía, el tercero del estrecho del Bósforo en Estambul o el cuarto sobre el Canal de Panamá.

500 empleos y tres años de trabajos

Las previsiones apuntan a un año de tramitación administrativa, ya que ahora hay que modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para recalificar unos suelos (32.000 metros cuadrados en total) que pasarán de tener la consideración de industria singular a la de equipamientos y servicios terciarios. Con la ya apuntada inversión de 200 millones de euros, se prevé la creación de 500 puestos de trabajo y la apertura de la mayor parte del complejo para finales de 2024.

Además de conectar el futuro Jardín de las Cigarreras con las zonas verdes ya existentes en los alrededores (Manuel Ferrand y Alférez Provisional), se derribará el muro de la fábrica, se mantendrá el uso de la capilla por parte de la hermandad de las Cigarreras y se mostrará al río una nueva fachada que sustituya la imagen degradada que ofrece el conjunto tras 14 años de abandono. Está previsto también un espacio de memoria sobre la fabricación de tabaco en la ciudad, y se recupera la instalación mural creada por Delhy Tejero, artista española cuya obra forma parte de la colección permanente del Museo Reina Sofía en Madrid.

La mejor zona de la ciudad

Un complejo de máxima calidad, se ha insistido una y otra vez este martes en la presentación del mismo, en “la mejor zona que queda disponible en la ciudad, un lugar único y emblemático de gran potencia”, ha subrayado el alcalde, Juan Espadas (PSOE). Para evitar problemas, se ha seleccionado la idea “más cautelosa y conservadora” en la ocupación de los espacios de entre todas las que se presentaron, a lo que se une los pasos previos que el gobierno local ya había dado para blindar el proyecto: cuenta con un dictamen previo de la Comisión de Patrimonio que indica lo que se puede y lo que no se puede hacer, y obtuvo el respaldo mayoritario del pleno municipal, lo que explicaba la presencia de representantes de PP, Cs y Vox en el acto.

“Una propuesta equilibrada, ambiciosa y valiente para la ciudad”, ha incidido Espadas, que ha destacado tres elementos: la recuperación del paseo peatonal del río, la pasarela que conectará el enclave con el palacio de San Telmo al otro lado del Guadalquivir y la apuesta por los equipamientos. “Es el mayor proyecto que se pone en marcha en Andalucía tras la pandemia”, ha resaltado, mientras que el presidente de KKH ha garantizado un nivel de excelencia que permitirá “ver a Sevilla en todas las revistas de diseño y turismo”. 

El grupo municipal Adelante Sevilla votará contra el documento sobre las bases reguladoras del uso de los terrenos de Altadis que presentó hace una semana el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, y la directora jurídica de la empresa, Rocío Ingelmo. La letra pequeña de este documento dista mucho, según la interpretación de Adelante, del anuncio público que realizó el regidor el pasado martes cuando presentó el proyecto como un ‘efecto Guggenheim’ para la ciudad. El uso y las modificaciones de edificabilidad que prevé el convenio en el edificio central conocido como El Cubo son “inaceptables” para el grupo que lidera Susana Serrano.

El mismo día del anuncio del esperado acuerdo entre el Ayuntamiento y la tabacalera, tanto el grupo de Ciudadanos como el del PP confirmaron su respaldo al mismo. Adelante valoró entonces el avance en la negociación, pero optó por la cautela y prefirió esperar a leer con detenimiento las bases del convenio que les fue remitido varios días después. Este martes han comparecido en rueda de prensa la portavoz, Susana Serrano, acompañada del arquitecto y experto en patrimonio industrial Julián Sobrino para anunciar su oposición, que ratificarán en la próxima reunión de la Comisión de la Gerencia de Urbanismo que se celebra este viernes, y posteriormente en el pleno municipal previsto el jueves día 20 de este mes.

La formación rechaza el aumento de la edificabilidad del edificio central, El Cubo, que, según lo establecido en el convenio, puede pasar de los 14.000 metros cuadrados actuales, a 26.000. Según estos cálculos, frente a la promesa del regidor relativa a que el 85% del suelo iba a ser público, la formación asegura que este proyecto prevé que un 75% de la superficie edificada quedará en manos privadas. Una operación que se va a llevar a cabo en “los terrenos más valiosos de toda Sevilla y de su área metropolitana”.

Este incremento en la edificabilidad del inmueble implicaría además, sostiene Adelante, cubrir los patios interiores o aumentar las alturas del edificio. Serrano cree que “un lugar tan emblemático y valioso requiere de un auténtico proceso de participación e incluso de un concurso internacional de ideas”. Y ha advertido que tal y como está redactado el convenio, existe la posibilidad de que se privatice esa zona del río.

La otra crítica principal consiste en el uso que se le dará a este edificio que, como anunciaron en su momento el alcalde, Juan Espadas, y la responsable de la empresa, será calificado de uso terciario. Esta calificación engloba equipamientos SIPS (Servicios de Interés Público Social) en todas sus modalidades (socio cultural, deportivo, salud o de economía social. También incluye la posibilidad de albergar pequeño y mediano comercio, usos hoteleros, oficinas, usos recreativos y de espectáculos públicos, según detallan desde el Ayuntamiento.

“Abren la puerta de una manera evidente a que el uso de este edificio emblemático se convierta en un hotel”, ha denunciado el arquitecto Julián Sobrino. “No se puede mentir a la ciudadanía diciéndole que aquí va a haber un Guggenheim, porque un hotel o un Mercadona no es un Guggenheim”, añadió.

Oportunidad perdida ante el “monocultivo” del turismo

La portavoz de la formación, Susana Serrano, ha lamentado lo que en su opinión, es una apuesta por la construcción de un nuevo hotel “como tantos otros que se han ido anunciando, en ese monocultivo del turismo que no da respuestas a las necesidades de nuestra ciudad”, ha criticado. La edil de Adelante ha lamentado que el Gobierno municipal no haya seguido los ejemplos de otras ciudades “como San Sebastián, Málaga o Gijón para transformar esas fábricas tabaqueras en espacios de innovación”.

Por su parte, Sobrino ha advertido de “la pérdida de diversidad productiva que sufre Sevilla en la que el sector secundario ha ido desapareciendo paulatinamente” “Con Altadis nos encontramos con el final de este proceso”, ha dicho. Asimismo, considera que el acuerdo no cumple con los objetivos de desarrollo sostenible que el documento de la ONU 2030 tiene en cuenta respecto a la energía, la movilidad, la resiliencia, la participación, la Igualdad y los trabajos justos y equitativos.

El experto en patrimonio industrial también ha recordado que el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico reservaba un espacio para un museo sobre la historia y la fabricación del tabaco. Sin embargo, ha asegurado que ese proyecto no se contempla en las actuales bases “pese a que Sevilla fue la primera ciudad en el mundo en tener una fábrica de tabacos, que en el siglo XVII se estableció en la antigua Plaza de San Pedro”, ha explicado.

Adelante también ha criticado que con usos previstos en las casas de ingenieros como equipamiento de barrio, la singularidad arquitectónica de estas viviendas desaparecería al transformarse en “un centro cívico”.

Tras más de una década de parálisis y desencuentro, tras 12 años de espera, el alcalde socialista de Sevilla, Juan Espadas, ha presentado este martes un acuerdo marco con Altadis que aspira a reproducir en la ciudad el “efecto” del museo Guggenheim en Bilbao en los antiguos terrenos de la fábrica de tabacos sin que ello implique un euro de gasto para las arcas municipales, asegura. Espadas ha presentado este acuerdo, que ha calificado de “histórico”, junto a la directora jurídica de Altadis, Rocío Ingelmo, quien también ha marcado distancias con las formas y contenidos de anteriores negociaciones, en referencia a las encabezadas por el anterior alcalde del Partido Popular, Juan Ignacio Zoido.

Las líneas maestras de este acuerdo contemplan que Altadis encuentre un gran inversor al que venderle el terreno ubicado en el barrio de Los Remedios –en total casi 30.000 metros cuadrados de superficie- y los edificios que alberga: un conjunto arquitectónico singular industrial, entre los que destaca por su valor patrimonial el edificio conocido como El Cubo, que es el que pasaría a tener –de salir finalmente adelante el proyecto-, una calificación de uso terciario y, por tanto un aprovechamiento de titularidad privada, y sobre el que pivota cualquier salida adelante.

Los dos principales requisitos impuestos en este acuerdo a Altadis a la hora de vender los terrenos son, por un lado, que el comprador financie toda la transformación de estos suelos. Y además, el inversor ganador del proyecto deberá también costear la transformación y rehabilitación de las edificaciones que albergarán el equipamiento de ciudad, y de su propio proyecto privado en El Cubo. El Ayuntamiento, por su parte, asumirá el coste de la transformación y adaptación de los edificios destinados a equipamiento de barrio (para lo que se va a abrir un proceso participativo).

En busca de “singularidad”

 La otra premisa clave consiste en que el aprovechamiento privado previsto en El Cubo tenga un componente de singularidad y genere un gran impacto en la ciudad, que el alcalde comparó en términos económicos por volumen de inversión y rentabilidad social con el que tuvo en su momento el Museo Guggenheim en Bilbao. Además, ha subrayado Espadas, su uso final debe ser “coherente” con los usos de los edificios destinados a equipamiento de ciudad.

En todo caso, la directora jurídica de Altadis no ha adelantado qué tipo de uso se le dará a El Cubo, cuya futura calificación en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como uso terciario abarca desde pequeño y mediano comercio, uso hotelero, oficinas, usos recreativos, hasta espectáculos públicos. “Vamos a presentar un proyecto inversor. Hay interés de varios inversores, pero vamos paso a paso para ver qué proyecto es el mejor”, dijo Ingelmo.

El acuerdo respeta el conjunto de la antigua fábrica de tabacos definido en el informe del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico que fue ratificado por la Comisión Provincial de Patrimonio. De modo que el proyecto conservará la imagen de conjunto. Además, prevé el diseño, una reordenación completa del entorno que implica un acceso abierto de Los Remedios al río con espacios libres, zonas peatonales y áreas de coexistencia que integra los Jardines de Manuel Ferrand y Álferez Provisional con los espacios libres y zonas verdes.

Seis meses para encontrar un inversor

El próximo día 14 de febrero, el Consejo de la Gerencia de Urbanismo someterá a votación este acuerdo que, de salir adelante, se debatirá en el Pleno municipal del día 20. Juan Espadas confía en contar con el respaldo de los grupos de la oposición. De momento, el grupo municipal de Ciudadanos ya ha avanzado su apoyo.   

Una vez ratificado en el Pleno, Altadis dispondrá de seis meses para presentar al Ayuntamiento un proyecto que cumpla los requisitos pactados y esperar el visto bueno del Consistorio. Comenzará entonces una nueva fase de tramitación para modificar el PGOU y, a partir de ahí, se iniciarían los trámites de concesión de las correspondientes licencias. Es decir, que como mínimo, hasta dentro de un año no comenzaría a ejecutarse. 

En el proyecto presentado este martes, se abre la posibilidad de la construcción de una pasarela peatonal con la otra orilla del río, así como un aparcamiento subterráneo si las características del proyecto ganador lo requieren.

El alcalde destacó el aumento de metros cuadrados de espacio público que supone este acuerdo respecto al suscrito en 2014 por Juan Ignacio Zoido. Si entonces se reservaban hasta 39.000 metros cuadrados de edificabilidad para la explotación privada, en el proyecto presentado esta superficie desciende hasta los 26.000 metros cuadrados previstos para El Cubo.

Los edificios destinados a equipamiento de barrio y ciudad tendrán una edificabilidad de hasta 10.000 metros cuadrados. En el caso de la dotación de barrio, los responsables del Ayuntamiento avanzaron que habrá un proceso de participación ciudadana dirigido a los vecinos de Los Remedios a la hora de decidir qué infraestructuras y servicios se ubican, si bien, no se ha decidido aún la fórmula. De cualquier manera, habrá que esperar al menos seis meses, para comprobar si el aprovechamiento público de los terrenos de la tabacalera de Los Remedios finalmente superan el desbloqueo.  

Ya han pasado 12 años desde que la antigua tabacalera cerró sus puertas en Sevilla. A partir de ese momento y aunque desde Altadis, la multinacional que dirige la fábrica, se sigan produciendo cigarrillos, la intención es reformar este espacio y ofrecer una alternativa para los sevillanos.

La Real Fábrica de Tabacos, que funcionaba en lo que hoy es la sede del rectorado de la Universidad de Sevilla, se encuentra en Los Remedios desde 1954. En 2007 la industria tabacalera, con más de 400 años de historia, echó el cerrojo por el descenso de este tipo de producciones.

Desde entonces, el futuro de unos terrenos 40.000 metros cuadrados en total, ha pasado por dimes y diretes políticos, y hasta la fecha los ciudadanos desconocen y están a la espera de lo que se hará en un lugar emblemático por su historia fabril e industrial, pero también por su ubicación, estratégica para un proyecto urbanístico de envergadura.

Tiempos de crisis

En 2008, el entonces alcalde Alfredo Sánchez Monteseirín asomaba propuestas al Consistorio para la remodelación de la antigua fábrica de tabacos, que fueron rechazadas con contundencia por parte de sus opositores, además por ser inviable cualquier reforma ya que la recesión económica se hacía cada vez más fuerte y no era una prioridad para la ciudad en ese momento.

Después, en el Gobierno de Juan Ignacio Zoido (2011-2015), se escuchó al alcalde hablar y proponer el desbloqueo de los suelos. La intención era que la zona fuera aprovechada para uso comercial, cultural y un centro de día para los vecinos. Para ello necesitaba la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y la aprobación o permiso de uso de los suelos que la Junta de Andalucía le negó.

Ya en el 2015, en el primer periodo del socialista Juan Espadas, anuló los acuerdos firmados entre el Ayuntamiento de Sevilla y Altadis por considerarlos contrarios a las necesidades de la ciudad.

Culminando el primer período de Espadas, concretamente en el mes de febrero de 2018, se firmó el Protocolo de Intenciones para la Recuperación del Complejo de la Fábrica de Tabacos, conocido como protocolo de actuación.

Desbloqueo

Este acuerdo, después de tres meses de diálogo entre representantes de la alcaldía y la multinacional, representa el primero de muchos pasos para lograr desbloquear la situación de la vieja tabacalera de la calle Juan Sebastián Elcano.

Además las buenas relaciones entre representantes de ambas instituciones alejan por completo la posibilidad de expropiación, medida que le corresponde al Ayuntamiento de Sevilla, pero que está descartada según fuentes municipales.

En el documento se estableció que el proyecto debe ser arquitectónicamente atractivo, “patrimonialmente respetuoso y enfocado desde criterios de sostenibilidad urbana, revitalización económica y social de esta margen de la dársena urbana del Guadalquivir. Así, ambas partes acuerdan en este protocolo que el convenio y la modificación del PGOU deben integrar el complejo de la fábrica de tabacos en la ciudad y especialmente en Los Remedios, abriendo al río la fachada urbana, articulando zonas verdes, espacios libres de uso público y garantizando la continuidad peatonal y acceso público a la ribera fluvial, en un ámbito hasta ahora inaccesible para la ciudadanía”.

En este protocolo también se garantiza, “los usos sociales vinculados a la capilla y los espacios asociados de la Hermandad de Las Cigarreras y la cesión a la ciudad de Sevilla de los terrenos y edificaciones destinados a equipamientos públicos, espacios libres de dominio y uso público y las superficies destinados a viarios, así como el edificio de la capilla y la edificabilidad lucrativa correspondiente”.

Otro paso igual de importante e imprescindible para el avance de cualquier proyecto o iniciativa que se pudiera dar en los terrenos de la antigua tabacalera ha sido el Informe sobre los Valores Patrimoniales de la Antigua Fábrica de Tabacos Altadis en Sevilla, elaborado por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico (IAPH), en el cual se ha instado a la multinacional a proteger el 87 % de estos espacios.

Ya los vecinos del sector fueron convocados a mesas de trabajo y se escucharon las diversas propuestas que surgieron en jornadas especiales para ello, esto como una de las fases a cumplir en el protocolo de actuación.

¿Qué falta ahora? La respuesta de fuentes municipales es muy concreta: “La modificación del PGOU ya que es una zona industrial y la única propuesta de negocio que se puede desarrollar allí es industrial. Por eso se prevé cambiar y con ello que el uso de los suelos o de las tierras sea terciario”.

Espadas busca un proyecto de firma

Espadas explica que el avance con Altadis va en la línea de concretar “qué tipo de proyecto constructivo se puede hacer allí. Y avanzó que no será ni la edificabilidad ni las características de proyecto constructivo que se concibieron en el convenio urbanístico firmado por el Gobierno del anterior alcalde, por tanto no estamos en esa hipótesis. Hay que ir por algo más pequeño y más ajustado a una realidad de preservación del parque, la accesibilidad y el paseo al río. Esto sólo se podrá saber si hay inversores interesados en comprar a Altadis lo que se puede hacer allí”.

“Hasta que no tengamos garantía de qué y cómo se puede hacer ese tipo de proyecto, nosotros no vamos a llevar una modificación de planeamiento al pleno. Los concejales deben conocer lo que se va a realizar allí, todos los sevillanos queremos conocerlo”, indica.

El uso de las tierras debe ser terciario y como indica el gobernante, dentro de lo terciario caben muchas cosas. “Lo mismo que hemos dicho que allí no haya viviendas, tampoco un gran centro comercial, porque no es el proyecto que necesita la ciudad”.

Destaca el primer edil que no sólo se quieren desbloquear los suelos, sino que lo que haya ahí “debe ser emblemático para Sevilla. Debe ser un proyecto de referencia para la ciudad. Que haya una construcción acorde con el patrimonio industrial y con la máxima calidad en el mundo arquitectónico e incluso con un nombre de referencia en el mundo de la arquitectura”.

Cerrar el convenio

Lo cierto es que desde la multinacional Altadis S.A., hay la intención de hacer de la antigua tabacalera un espacio útil y de provecho para los sevillanos.

“Ahora lo que nos corresponde es cerrar el convenio, que debe debatirse en el Pleno Municipal. Después de que esto ocurra y se firme, será el Ayuntamiento de Sevilla el que decida y dé el visto bueno en las obras a ejecutar en la antigua tabacalera”, manifiesta fuentes de Altadis, pero además no confirman que la propuesta esté asociada a un espacio comercial u hotel: “no vamos a comentar los proyectos que manejamos. Pero a Altadis no nos concierne construir”.

Tampoco hubo respuestas concretas sobresi ya están recibiendo esas iniciativas por parte de posibles inversores y si pasarán un abanico de propuestas, o si elegirán una entre varias, que será la que se debata en el Pleno Municipal.

Lo que queda ahora por parte de la empresa es trasladar las propuestas que reciban de los inversores a la alcaldía de la capital andaluza.

Proyectos en los que inspirarse

La Asociación para la Defensa del Patrimonio Histórico y Artístico de Andalucía (Adepa) ha publicado un documento en su portal web, el cual titulan Ideas para Altadis.

En este documento analizan cuatro proyectos que pueden servir de referencia y punto de partida en cuanto a propuesta, para la utilización de las tierras y de los bienes inmuebles de la antigua fábrica de tabacos.

Los cuatro precedentes de transformación de arquitectura industrial son: la fábrica de cerámica de Pickman en La Cartuja, convertida en Pabellón Real durante la Expo '92; la fábrica de cervezas El Águila en Madrid; una antigua central eléctrica de Londres y el complejo SESC Pompeia en Sao Paulo (Brasil).

Una biblioteca, un museo de arte moderno, un centro de ocio y factoría, son ejemplos de éxito urbanísticos y arquitectónicos en los cuales el foco de atención está en los ciudadanos más que en las estructuras.

Así lo explica Joaquín Egea, representante de Adepa, quien agrega sobre la situación de la antigua factoría que “el sitio es interesante porque se encuentra pegado al río. Pero ha sido un tema parado incluso por la crisis. Apoyaría la transacción que se pueda hacer, siempre que se piense primero en la ciudadanía”.

Indica además que cualquier construcción que se quiera hacer allí, afecta directamente al río y eso se debe cuidar. De igual forma se debe conservar la vegetación natural: “Estamos en pleno Siglo XXI y todos los avances tecnológicos que se puedan hacer para ello serán bienvenidos”.

Sobre la traba en la antigua fábrica de tabacos manifiesta que “no hay definición de uso. No hay nada especificado. Y cuando eso pasa en Sevilla, se termina construyendo viviendas pero no espacios culturales. Al final esto sólo lo beneficia a los propietarios”. Destaca que el lugar es un patrimonio industrial e histórico. Y explica que Los Remedios no tienen espacios culturales, no hay cines, ni salas de reuniones o conferencias y tampoco teatros. Pero que el plan director y la propuesta deben estar definidos por el Ayuntamiento de Sevilla y Altadis.

“La propuesta debe servir además para que la ciudad recupere un espacio icónico. Sevilla es la ciudad de los proyectos que nunca culminan. Lo que al sevillano no le gusta es la venta de humo. Queremos saber qué uso se le dará, con qué dinero se realizará esto y cómo se va a mantener en el tiempo. Hasta ahora interrogantes sin resolver en el caso de la tabacalera”, destaca Joaquín Egea.

Porque, aunque el asunto parece que tiene visos de haber sido desbloqueado, lo cierto es que no hay plazos ni fecha para ver en qué se convierte la antigua tabacalera.

Altadis –única empresa tabacalera en España y propiedad de Imperial Tobacco– modificó en 2016 el funcionamiento de los objetivos de ventas y retribución de toda su plantilla de comerciales. El cambio se comunicó a los empleados por parte de los jefes de venta, de forma verbal, en las reuniones periódicas con cada equipo de trabajadores, sostiene la sentencia emitida por el Tribunal Supremo. 

UGT y CSIF, representantes sindicales de los empleados, denunciaron a la empresa por considerar esta decisión “unilateral” y, tras una primera sentencia de la Audiencia Nacional, en la que se reconoce el derecho de los trabajadores a mantener las mismas condiciones de incentivos que tenían anteriormente, ahora el Supremo ratifica esa decisión tras el recurso interpuesto por ambas partes, declarando una “modificación sustancial de las condiciones de trabajo de ámbito colectivo”.

Altadis, por su parte, asegura que “no se llevó a cabo ningún cambio en las condiciones de los trabajadores comerciales, únicamente se planteó”, cuestionando de esta manera la sentencia del Tribunal Supremo. Los trabajadores destacan en esta materia que “no hubo ningún período de consultas” con sus representantes sindicales, “este cambio se aplicó en 2016 y sigue vigente”.

El convenio colectivo establece las condiciones sobre los incentivos de los comerciales, en función de los objetivos alcanzados sobre el volumen de ventas, la ejecución y la distribución del producto en los estancos. Además, también podían obtener beneficios si mantenían las marcas más vendidas en los estancos, así como si conseguían introducir algunas nuevas o si incrementaban la presencia de las marcas de menor salida en los establecimientos.

En una reunión de equipo de noviembre de 2016, la empresa comunica de forma verbal a sus trabajadores la eliminación de estas condiciones. A partir de ese momento, únicamente se considera objetivo a conseguir el “incremento neto sobre la distribución del mes anterior”. Es decir, la dificultad de lograr los objetivos de ventas aumenta de esta manera, ya que la distribución de productos se tiene que mantener en el estanco mes tras mes sin que perciban un incentivo por ello“, constata la sentencia.

“Cobramos por cuota de mercado y por distribución de producto en los estancos y ahora nos cambian las condiciones”, indica un comercial de Altadis. Explica a eldiario.es que el nuevo sistema de objetivos por cada establecimiento les perjudica. “No es lo mismo distribuir en un estanco en la Gran Vía de Madrid donde se venden una gran variedad de productos, que uno en la periferia, donde el flujo de usuarios es menor”, argumenta. 

El trabajador añade que dejaron de cobrar incentivos en relación a los estancos que tenían asignados y comenzaron a regirse por los que la empresa les asignaba. “Cobrábamos el 90% del objetivo antes de la imposición de las nuevas condiciones y ahora no llegamos ni al 30%”, sostiene uno de los comerciales que además asocia este cambio a un “ahorro de costes” por parte de Altadis.

El dictamen del Supremo también revela que con este nuevo método, lograr el objetivo marcado en base a la distribución suponía una pérdida entre un 10% y un 12% del total del salario medio del comercial. Lo que implica una diferencia salarial de 2.500 a 3000 euros al año que podía perder el empleado con la nueva forma de medir los incentivos. 

El ajuste laboral firmado por la compañía Altadis con las organizaciones sindicales ha dejado en la calle a casi medio centenar de trabajadores eventuales de la fábrica que la multinacional tabaquera tiene en el municipio cántabro de Entrambasaguas. Estos empleados, que ocupaban sus puestos desde hace más de un lustro, deben dejar paso a las 152 personas que recalarán en la comunidad autónoma a lo largo de los próximos meses procedentes de Logroño, una de las medidas más polémicas de la reestructuración que se ha puesto en marcha.

Este plan de recolocación, que se hará efectivo a partir del 31 de diciembre de este año -fecha prevista para el cierre de la planta de cigarrillos en el polígono de 'El Sequero' de Agoncillo-, conlleva el despido de un grupo de más de 40 personas que desde hace varios años -entre cinco y siete- trabajaban como eventuales en Cantabria. Sin embargo, este colectivo no tira la toalla y tiene previsto incrementar sus movilizaciones en los próximos días con el objetivo de conservar unos puestos de trabajo que desempeñaban con la promesa de integrarse en la plantilla lo antes posible.

Según ha podido saber eldiario.es, el casi medio centenar de trabajadores despedidos por la multinacional en Cantabria ha emprendido acciones legales contra la compañía, en forma de demanda laboral, y este martes mantendrán un encuentro institucional con responsables de la Dirección General de Industria del Gobierno autonómico en busca de una intermediación con la empresa y un mayor apoyo institucional ante una situación que califican de “desemparo”.

De hecho, en declaraciones a este diario, un portavoz del colectivo ha afirmado que se sienten “defraudados” con la dirección de la fábrica y con el comité de empresa, porque durante todo este tiempo les habían asegurado que se incorporarían como fijos cuando se produjeran prejubilaciones o jubilaciones.

“Hemos trabajado sin rechistar, sin poner una pega a nada, esperando año tras año esas jubilaciones que nunca acababan de llegar. Y ahora que por fin llega el día tan esperado, que se crean en Cantabria casi 150 puestos de trabajo, trasladan a la gente de Logroño y esa gran ilusión pasa a ser la peor decepción”, explican.    

En esta línea, se muestran muy críticos con la delegación sindical, a la que acusan de haberse “vendido” y “reído” de ellos. “Hemos estado desamparados, sin ninguna ayuda del comité, que no quiere saber nada de nosotros. Hemos sido totalmente invisibles”, denuncian.

Del 'riesgo cero' a los despidos

Los sindicatos habían mantenido en un primer momento que el plan de reestructuración de Altadis no afectaría a la fábrica que esta empresa tiene en la localidad de El Bosque, que será la única del Grupo Imperial Tobacco en Europa dedicada a la producción de puros y cigarros.

Así lo apuntó el secretario de Política Industrial de la Federación Agroalimentaria de Comisiones Obreras, Jorge Tomé, quien subrayó durante las negociaciones con la multinacional que la factoría cántabra -cuya plantilla está compuesta por unos 230 trabajadores- “no corre peligro”.

Según la compañía, el objetivo del plan de reestructuración es “evitar la pérdida de eficiencia y competitividad” ante la “compleja situación” que atraviesa el mercado del tabaco en España y en otros mercados. En nuestro país, concretamente, ha sufrido una caída de ventas en volúmenes de cigarrillos de más del 45% en los cinco últimos años.

La tabaquera achaca este descenso, fundamentalmente, a la influencia de dos factores que se han agravado en ese período: la presión regulatoria sobre el tabaco y el considerable aumento del comercio ilícito, provocado en gran medida por la situación de crisis económica y cuyo índice se estima actualmente en el 10,6% de las ventas legales.

Ante esta situación, la compañía ha cerrado en los últimos 16 años un total de 12 fábricas en España, incluyendo la anunciada este martes, lo que ha supuesto la salida de unos 6.000 trabajadores.

La ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y el consejero delegado de Altadis, Juan Arrizabalaga, han firmado este lunes en la sede del Ministerio en Madrid un convenio de colaboración cuyo objeto principal es la producción española de tabaco de calidad.

En virtud del acuerdo, que surtirá efecto hasta el 31 de mayo de 2017, Altadis se compromete a mantener la compra de tabaco en rama español, en condiciones de libre competencia, durante las tres cosechas de los años 2014, 2015 y 2016, lo que permitirá a la firma seguir contribuyendo al sostenimiento del sector tabaquero español.

Actualmente, la producción de tabaco en rama genera en España unos 6.900 puestos de trabajo directos y 3.400 puestos adicionales indirectos, dedicándose a su cultivo unos 2.000 agricultores, la gran mayoría en Extremadura.

Por su parte Agricultura promoverá la colaboración para alcanzar el objetivo común de mejorar la calidad y eficiencia de la producción de hoja de tabaco español, y garantizar así la sostenibilidad de su cultivo y procesado.

A la firma de este convenio ha asistido el presidente de Extremadura, José Antonio Monago, región tabaquera por excelencia y cuyo Parlamento aprobó unánimemente, con fecha 6 de septiembre de 2012, una declaración institucional sobre la importancia estratégica del cultivo, apremiando a actuar en su defensa.

El acto contó también con el presidente de Cetarsa, Javier Gómez Darmendrail, que adquiere directamente el tabaco a los agricultores para su procesamiento inicial y en la que Altadis tiene una participación del 20%.

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sevilla, en vigor desde 2006, describe la antigua fábrica tabacalera de Altadis, a orillas del Guadalquivir, como un “valioso ejemplo de arquitectura industrial con importantes hallazgos formales que la convierten en referente dentro del paisaje del río”. La factoría está clausurada desde 2007 y ahora el Ayuntamiento de Sevilla ha conseguido cerrar un convenio con la multinacional para recalificarla y permitir usos comerciales y hoteleros. El caso es que este convenio cerrado por el alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), y el consejero delegado de la multinacional, Juan Arrizabalaga, ha quebrado la unanimidad de había en el Ayuntamiento de Sevilla para evitar “usos especulativos” en la antigua planta de esta empresa que deslocalizó en 2007 su producción.

El proyecto de convenio ha sido respaldado sólo por el PP, mientras que el PSOE e IU lo han rechazado. Contrasta esto con lo ocurrido en 2003 cuando Altadis comenzó a anunciar su retirada de la ciudad y las cuatro formaciones con representación entonces (PSOE, PP, PA e IU) adoptaron el acuerdo que blindaba de usos especulativos la fábrica para evitar lo que había ocurrido en otras industrias de la ciudad que iban marchándose -dejando a sus trabajadores en paro- y convirtiéndose en solares donde brotaban viviendas con el boom inmobiliario. Esta ruptura, entre otras cuestiones, es la que ha llevado al sindicato CCOO de Sevilla a organizar unas jornadas con expertos que este miércoles debaten sobre el futuro de Altadis y sobre la manera de gestionarlo.

Para entender la trascendencia de este proyecto hay que recordar que se habla de una superficie de más de 25.000 metros cuadrados, enclavada en el barrio de Los Remedios y ligada a la historia de las últimas décadas de la ciudad (se construyó en 1954). La ficha del PGOU de esta edificación incide en su valor como muestra de “la pervivencia de una actividad ligada a Sevilla durante casi cuatro siglos”. Y dice expresamente que “el alcance del nivel de protección exigido”, con un grado de C, se refiere a “la totalidad del conjunto”. Recoge en “obras permitidas” las siguientes: “conservación, acondicionamiento, restauración y consolidación”, por un lado, y “reforma interior que no altere el sistema estructural, la composición espacial, las fachadas y los tipos de cubierta”, por otro.

El convenio, por su parte, contempla que la parcela, de 26.177 metros cuadrados, sería dividida entre 15.585 que quedarían a modo de espacios libres de dominio público, toda vez que el Ayuntamiento de Sevilla contaría además con el edificio principal y la capilla que usa la Hermandad de las Cigarreras. Altadis se quedaría con el resto: 8.176 metros cuadrados divididos en dos parcelas con una edificabilidad de 8.000 y 3.000, respectivamente, donde no podrá haber usos residenciales, pero sí terciarios. Una recalificación que, en todo caso, está pendiente de que la Junta de Andalucía la autorice y por eso el propio alcalde se ha reunido con la presidenta, Susana Díaz, para intentar desbloquearlo.

De espaldas a la ciudadanía

El presidente del Colegio de Geógrafos de Sevilla, Enrique Hernández Martínez, uno de los invitados, subraya que con esta decisión “tomada detrás de la cortina” se hurta el derecho a la ciudad, es decir, a la participación ciudadana para decidir sobre la misma. Este concepto, que no es nuevo porque “viene de mayo del 68”, se está implantando en muchos países. Se ha incorporado por ejemplo a las constituciones de Ecuador o Brasil, y hay países europeos que están trabajando en ello, junto organismos como la Unesco. Tiene dos vertientes: por un lado, recibir todos los servicios que son inherentes a una ciudad y, por otro, la participación ciudadana para determinar cómo se transforman éstas.

“No es sólo Altadis. En el caso de Sevilla está luego la Gavidia, la Alameda de Hércules y otras importantes intervenciones que modifican el modelo de ciudad y por tanto influyen en sus habitantes ya sea de manera positiva o negativa”, recalca. De este modo, independientemente de que no comparte lo que se está eligiendo para Altadis porque supone volver a un modelo “obsoleto de recalificaciones en función sólo de la lógica del mercado”, insiste en que lo “más grave” es que se hace de espaldas a la ciudadanía y se está modificando un PGOU que “por primera vez se elaboró con importante participación ciudadana”. En su opinión, cuando la ciudadanía está exigiendo otra forma de hacer política, es un “retroceso” volver a estas fórmulas.

En este sentido, otro de los participantes en el foro, Julián Sobrino, profesor de Historia y Teoría Arquitectónica de la Universidad de Sevilla, apunta: “Claro que está protegido. Está un catálogo de patrimonio que no se había cuestionado, pero de la noche a la mañana hay un giro de 180 grados”. Tras precisar que no ha trascendido todavía cuál es el proyecto completo, para conocer la envergadura de la intervención, sí muestra su temor por lo que supondrá sobre este patrimonio. Por eso, destaca la celebración de estas jornadas, pero recalcando que “debería ser una práctica habitual y que los grandes proyectos pudieran debatirse”.

Desde CCOO de Sevilla reconocen que la situación de crisis obliga a una reflexión general, y el urbanismo no debe ser ajeno a esto, pero no comparte que ninguna administración local pueda modificar “por decreto” el principal instrumento de planificación a largo plazo. Entienden por ello que es lógico pensar que no habrá industria manufacturera en ese espacio, pero sí abogan por opciones productivas. La industria del siglo XXI ofrece ejemplos en ciudades europeas de reutilización de estos espacios en clave industrial (I+D+i, centros de investigación, conexión con las universidades...).

Reniegan de “negociaciones privadas con empresas o grupos de interés”, en lugar de abrirse espacios de debate público. “Altadis cerró su empresa dejando en la calle a mucha gente. Hubo un acuerdo ratificado con los grupos municipales de mantener la calificación de suelo industrial, precisamente para impedir que Altadis hiciera una operación de especulación que encima le generara enormes plusvalías. Hoy calculamos que la plusvalía sería de más de 35 millones de euros”, apunta el responsable de Acción Sindical, Carlos Ollero. Paradójicamente, el PP firmó el año pasado el Acuerdo en Defensa de la Industria Sevillana impulsado por los sindicatos y que precisamente comprometía a los partidos a no facilitar estas operaciones a las empresas que cerraran.

Las jornadas serán la tarde del miércoles 28 de mayo en la Facultad de Ciencias del Trabajo de Sevilla (calle Enramadilla, s/n) a partir de las 19.00 horas.