Para Manuel, un joven de 22 años afectado por una enfermedad neuromuscular degenerativa, el Real Racing Club es mucho más que un equipo de fútbol; es su “única ilusión” durante los largos meses de invierno cuando solo sale de casa para ir al campo. Lo mismo le ocurre a Miguel Ángel que, a sus 61 años, lleva 23 temporadas apoyando de forma incondicional al equipo, incluso cuando el racinguismo estaba en sus peores momentos. “Cuando empecé a ir al campo todavía caminaba con muletas”, recuerda. Ahora lo hace en silla de ruedas.

Sin embargo, el ansiado regreso del club a Primera División ha traído consigo una realidad amarga para ellos y otros cerca de 20 aficionados con movilidad reducida (PMR) con los que comparten emociones cada partido en los Campos de Sport de El Sardinero.

Lo que debería ser una temporada ilusionante se ha convertido en “una inesperada decepción” que Gisela Saiz, la madre de Manuel y presidenta de la Asociación Cántabra de Enfermedades Neuromusculares (Asemcan), trata de reconducir.

Saiz ha remitido una reclamación por escrito al club el pasado 23 de junio, a petición de ese pequeño colectivo de abonados PMR del Racing con los que ella y su hijo comparten habitualmente grada desde hace 15 años. “Cuando el equipo todavía estaba en Segunda B”, recuerda. El motivo: el cambio de política por el que se han visto sorprendidos al ir a renovar su abono para la temporada 2026-2027 y que consideran “insensible y excluyente”.

Desplazados al “relente” del Fondo Sur

Hasta ahora, este grupo de aficionados PMR se situaba en una esquina del Fondo Norte, una zona donde aunque “la visibilidad no era perfecta” estaban protegidos de las inclemencias del tiempo en las filas superiores, aseguran.

La nueva ubicación que el Racing les ha asignado se encuentra en el otro extremo del estadio de El Sardinero, en el Fondo Sur donde se ubican las aficiones de los equipos visitantes, a pie de campo y justo detrás de una de las porterías.

La preocupación principal es la exposición total al sol, el viento y, sobre todo, a la lluvia. Para aficionados como Manuel, mojarse no es solo una incomodidad, es un riesgo vital. “Si mi hijo se moja y coge un frío, a los tres días está en la UCI de Valdecilla por problemas respiratorios”, advierte Saiz, recordando que el joven ya pasó 12 días ingresado el año pasado por un resfriado.

Miguel Ángel comparte este malestar y no entiende por qué el club ha tomado esta decisión sin consultarles: “No han tenido en cuenta nuestras necesidades, nos han menospreciado”, afirma con rotundidad. “La mayoría de las personas tiene sillas eléctricas, con motores que si se mojan se pueden estropear, con el coste que eso supone”, añade.

La nueva zona es un espacio “al relente” y sin tejavana que lo cubra, lo que obligaría a los aficionados a utilizar paraguas de grandes dimensiones, dificultando la visión de los socios situados detrás.

Además de la meteorología, argumentan que la ubicación detrás de la portería conlleva un riesgo físico evidente. “Estamos justamente detrás de la portería; una persona ágil se aparta de un balonazo, pero nosotros no tenemos tiempo de reacción”, explica Miguel Ángel.

La presidenta de Asemcan contrasta esta situación con la de otros estadios como San Mamés o el Santiago Bernabéu, donde las zonas PMR están en tribunas elevadas y debidamente cubiertas. Es por ello que la respuesta telefónica recibida por parte del responsable de comunicación de la entidad, Roberto González —quien según Saiz se limitó a decir que “se mojarían como el resto”—, le ha parecido “increíble”.

“Soy sus brazos y sus pies”

De otro lado, y por primera vez, los acompañantes de las personas con movilidad reducida deberán pagar el 50% del precio de un abonado nuevo. Hasta la fecha, estos asientos estaban exentos de pago, reconociendo que la persona con movilidad reducida (PMR) no acude con un asistente por ocio, sino por necesidad vital.

Para Gisela, esta medida ignora la realidad de grandes dependientes como su hijo, quien tiene una discapacidad reconocida del 85% y requiere ayuda para realizar cualquier acción cotidiana, desde vestirse hasta beber agua o abrir un paraguas. “Yo soy una extensión de mi hijo; soy sus brazos y sus pies”, recalca, por lo que, en su opinión, cobrar por este asiento “penaliza doblemente a familias que ya soportan gastos elevados derivados de la discapacidad”.

Miguel Ángel pone cifras a este “hachazo” económico: ha pasado de pagar unos 116 euros por su carné a un total de 470 euros (299 por su abono y 171 por el de su acompañante). “Es el 50% de un nuevo abonado, no de lo que yo pago con mi descuento del 5% por antigüedad”, matiza con malestar.

Abono de acompañante nominativo

Además, advierten que a esto se suma la obligatoriedad de que el abono sea nominativo, lo que impide que diferentes familiares o cuidadores se turnen para asistir al estadio. “Mi hija de 16 años lleva toda su vida atendiendo a su hermano y lo hace perfectamente, pero ahora dicen que los menores no pueden entrar como acompañantes”, lamenta Gisela, calificando la medida de otra complicación “injustificada”.

Según relatan, el club les ha llegado a sugerir el uso de voluntarios -que proporcionaría el Racing- para atender a las PMR, una propuesta que la presidenta de Asemcan ha tachado de “locura”: “Un voluntario cualquiera no sabe cómo movilizar a mi hijo para llevarle al baño o cómo actuar ante una urgencia médica”.

“Discriminación cero” y mejor visibilidad, según el Racing

En respuesta a las preguntas de elDiario.es, desde el Real Racing Club, su director de comunicación y portavoz, Roberto González, ha negado que exista una queja formal de una veintena de socios, atribuyendo el escrito únicamente a la presidenta de Asemcan y negando que hubiera “siquiera 20 abonados PMR la pasada temporada”, pero sin especificar el número preciso.

De otro lado, según González, el cambio de ubicación responde a dos objetivos: “mejorar la visibilidad” y garantizar que “no exista ningún tipo de discriminación, ni positiva ni negativa” entre los abonados. “Ahora podrán vivir intensamente los partidos junto a todos los aficionados de Preferencia Sur. Desgraciadamente, y dependiendo del viento, un tercio de los asientos del estadio, todas las preferencias, están sujetas a las inclemencias de la lluvia. También la esquina en donde habían estado hasta ahora las personas con movilidad reducida”, alega.

Respecto al cobro a los acompañantes, González defiende que un descuento del 50% es “de lejos, el mayor de los existentes en el club”, comparándolo con el 15% que reciben los abonados Oro más antiguos del club. El portavoz racinguista asegura también que aquellas familias con dificultades económicas pueden solicitar ayudas a la Fundación Racing en la taquilla del estadio.

En cuanto a la obligatoriedad de que los carnés de acompañante sean nominativos, el portavoz explica que el sistema no permite abonos sin asignar, aunque sostiene que en los accesos “no se hacen controles de identificación” estrictos y que, “si la persona con movilidad reducida lo desea, excepcionalmente, puede solicitar poner los dos abonos, el suyo y el del acompañante, a su nombre”.

Conflicto entre el club y el Ayuntamiento de Santander

La accesibilidad del estadio de El Sardinero es un problema que va más allá de los asientos. Gisela y Miguel Ángel recuerdan la falta de ascensores y rampas adecuadas, así como el estado de los baños. Miguel Ángel teme que los baños compartidos de la nueva ubicación sean un foco de infección: “Si hay una cola y el baño de discapacitados está libre, entrará todo el mundo; el agua sucia que se forme en el suelo me la llevaré en las manos al mover mi silla, que es manual”.

El portavoz del Racing traslada la responsabilidad de estas mejoras estructurales al propietario de la instalación: el Ayuntamiento de Santander. “El Racing lleva años reclamando una actuación, ya que no solo las personas con movilidad reducida, sino cientos de nuestros abonados veteranos deben renunciar a acudir al estadio por las escaleras”, lamenta.

Según el club, existe un proyecto de renovación integral que incluye ascensores en las zonas Este y Oeste, pero “a pesar de la sensibilidad de ambas partes”, sigue siendo un “tema pendiente de resolver” dentro del convenio de mantenimiento con el Consistorio santanderino.

¿Qué dice la normativa?

Lo cierto es que la nueva política que ha decidido aplicar el club cántabro en su regreso a Primera División choca, en primer lugar, con su propio 'Reglamento Interno del Recinto Deportivo Campos de Sport de El Sardinero' aprobado en 2019 y que en su página 48 recoge lo siguiente:

Movilidad Reducida.- Se trata de un abono personal e intransferible exclusivamente para abonados/as con movilidad reducida que vayan en silla de ruedas. Ubicados en la zona asignada de preferencia norte-este, con acceso exclusivo por puerta 7. Para darse de alta por primera vez, es indispensable presentar el certificado de discapacidad correspondiente que en todo caso deberá ser superior al 65% de grado de discapacidad física. Cada abonado/a con movilidad reducida podrá acceder con un acompañante.

De otro lado, la legislación nacional más reciente, el Real Decreto 193/2023, de 21 de marzo, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación, establece en su artículo 11 que los asistentes personales o personas de apoyo tienen derecho a acompañar a la persona con discapacidad a los servicios de atención al público “siempre que esta así lo requiera, sin que ello suponga un sobrecoste para dichas personas”.

En cuanto a la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), aunque no regula los precios en Primera División (dejando libertad a cada club), sí establece para los eventos que organiza directamente (como la Copa del Rey o partidos de la Selección Española) que “la entrada para la persona usuaria de silla de ruedas incluye una invitación gratuita para el acompañante”.

Esta normativa refuerza la postura de Asemcan, desde donde inciden en que gran parte de los clubes de La Liga aplican la gratuidad total entendiendo el asiento como una “extensión” de la PMR. En consecuencia, a medida que se acerca el inicio de la liga, el próximo 15 de agosto, el malestar crece en el grupo de WhatsApp que comparten estos aficionados, que ya barajan medidas de protesta como acudir al primer partido del Racing con pancartas que denuncien su “exilio”.

“Solo pedimos que recapaciten; no es un capricho, es una cuestión de derechos básicos”, concluye Gisela. “Siento que nos han tratado bastante mal, no nos han querido escuchar y cuando se les ha preguntado hemos recibido muy malas contestaciones”, sostiene Miguel Ángel. “El Racing no se ha portado bien. Cuando estábamos en Segunda B íbamos cuatro pelagatos, pero ahora que el campo está lleno…”, sentencia.

El poeta romano Juvenal ha pasado a la historia por una frase muy reconocida: “Mens sana in corpore sano”, o sea, mente sana en un cuerpo sano. El deporte tiene un componente muy importante -también ligado a esta frase-, porque a veces no solo nos hace sentirnos activos, sino que igualmente puede 'darnos la vida' en cierto sentido.

Y así le ocurre a Isabel Fernández, toledana que a lo largo de más de treinta años ha cosechado multitud de éxitos en las disciplinas deportivas que ha practicado. Su último hito ha sido convertirse en campeona de Europa en tiro con arco paralímpico.

El deporte siempre ha formado parte de su existencia. Desde que era pequeña, Isabel recuerda que “no paraba” y que tanto en el colegio como durante el recreo siempre le gustaba estar moviéndose.

Descubrió el kárate gracias a sus vecinas, Marga y Jessi: “Les dije a mis padres que quería hacer ese deporte igual que ellas. La verdad es que me lo pasaba pipa”, señala.

Aunque Isabel Fernández nació en Medina del Campo (Valladolid) tuvo que mudarse a Toledo cuando a su padre, militar de profesión, le destinaron a la capital de Castilla-La Mancha.

Nos cuenta que una de las primeras cosas que hicieron al llegar fue buscar un sitio donde ella pudiese seguir entrenando. “No quería abandonar ese deporte, así que buscamos un sitio en el que pudiese seguir entrenando. Después empecé a competir, sobre los 11 o 12 años de edad”.

Mi mundo se vino abajo, cuando los dos pilares más importantes de mi vida como era mi trabajo y mi pasión no podía seguir haciéndolos. Es lo que pensé en ese momento, pero luego quedó claro que no

Conforme fue creciendo, Isabel tenía claro que ella quería trabajar en un sitio en el que “estuviese físicamente activa”, de tal manera que comenzó a opositar a diferentes carreras profesionales como bombero. Tampoco descartó ser parte de la Policía Nacional. “También salieron plazas en el Ejército. Mi padre me sugirió que me presentase, porque tras congelarse las oposiciones durante dos años, justo habían vuelto a abrirlas”, explica. Siguiendo el ejemplo de su progenitor, consiguió acceder: “Yo había crecido en una casa-cuartel en Medina del Campo, pero no me imaginaba que me iba a gustar tanto. Siempre digo que los cuatro meses de instrucción fueron los más divertidos de toda mi vida. Me lo pasé en grande allí”.

Fernández nos cuenta convencida que la disciplina adquirida en el kárate también le fue útil en el Ejército. “Me lo dijo mi sargento primero, que los karatekas vienen con la disciplina de casa y eso se nota mucho”.

Una enfermedad degenerativa la hizo reinventarse, pero no rendirse

Sin embargo, Isabel notó durante la instrucción que algo no iba bien. Con poco más de treinta años sufría un enorme dolor en las rodillas y debía recibir “inyecciones de corticoides para bajar la inflamación y poder pasar el periodo de instrucción”.

Ella creía que se debía a una lesión debido a los síntomas que padecía, pero recalca que “fue bastante complicado” cuando recibió el diagnóstico: tenía una enfermedad degenerativa -artrosis- que comenzó en sus rodillas, impidiéndole caminar y teniendo que valerse de una silla de ruedas para desplazarse.

Tras una operación, los médicos le dijeron que su carrera pendía de un hilo. Y así, parecía que su puerta hacia el deporte y el Ejército estaba cerrada: “Mi mundo se vino abajo cuando los dos pilares más importantes de mi vida, como era mi trabajo y mi pasión, no podía seguir haciéndolos. Es lo que pensé en ese momento, pero luego quedó claro que no”, expresa.

En cuanto a su trabajo, le adaptaron el puesto para poder seguir en el Ejército en un puesto de oficina, donde estuvo hasta 2024. Por otro lado, comenzó a probar deportes adaptados como baloncesto, ciclismo o piragüismo, pero también regresó al kárate. En este último cosechó varios éxitos, al proclamarse tres veces campeona mundial en la modalidad de kárate en silla de ruedas y otros cuatro títulos como campeona de Europa. A pesar de ello, tuvo que dejarlo finalmente porque sentía mucho dolor: “Lo pasaba mal, cuando entrenaba, la noche después del entrenamiento no podía dormir”.

No obstante, a raíz del empeoramiento de su patología tuvo que dejar de competir en kárate. “En una visita a mi médico nos planteamos qué deportes podría practicar, porque yo necesito seguir haciéndolo. Probé la natación y no podía. Mi médico me dijo que estaban promocionando el tiro con arco y en cuanto lo probé me sentí muy cómoda. No me dolía como en kárate”. Tras dos meses practicando decidió que el tiro con arco iba a ser su nuevo deporte y comenzó a buscar un club en Toledo. Encontró refugio en el Club Águila Imperial.

La toledana considera que el tiro con arco es un deporte “muy técnico y muy difícil, pero solo desde la ignorancia del primer momento. Coges el arco, abres y tiras, sencillo, pero después he ido aprendiendo técnica y a día de hoy sigo mejorando”.

Su próximo objetivo: competir en los Juegos Olímpicos

Isabel destaca que con su empeño ha tenido “una progresión bastante rápida” en los deportes que ha practicado. “En tiro con arco no llevaba ni un año haciéndolo y pude clasificarme a nivel regional. Meses después también a nivel nacional y europeo. Mi entrenador me dice que a la hora de aprender patrones motores y gestos de técnica tengo mucha capacidad. Considero que es algo innato, pero la disciplina, la constancia y el sacrificio también tienen que ver”, expresa.

Y todo ello tiene razón de ser. Isabel entrena de lunes a sábado, parte técnica y parte física: “La parte de musculación es muy importante para mí, alternamos gimnasio con tiro con arco, cada uno un día. Mi cuerpo me permite entrenar máximo dos horas o dos horas y media por día, aunque llevo una semana de reposo absoluto y este fin de semana no he podido competir. Pero lo vamos adaptando”.

Con este tesón y constancia, Isabel Fernández se convirtió el pasado mes de mayo en campeona de Europa en tiro con arco paralímpico.

Le preguntamos si cree que puede ser un referente en este deporte o también un reflejo para que otras personas en su situación, con un gran amor por el deporte, pero que tengan ciertas dificultades para practicarlo, se animen. Isabel se ríe y señala que ella solo hace lo que le gusta: “Me lo han dicho a veces y es muy gratificante, pero yo solo hago lo que me gusta. Hay gente que me contacta por redes sociales para decirme que gracias a mí se han animado a volver a practicar ese deporte que tenían en mente o que van a probar uno nuevo y es muy bonito escucharlo y leerlo”, concluye.

En la actualidad, Isabel Fernández se está preparando en esta modalidad para participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Isa y Norma se abrazan cada una desde su silla de ruedas tras la manifestación en Bilbao que han protagonizado frente a la sede de Euskal Trenbide Sarea (ETS), el administrador ferroviario vasco. Exigen un acceso “universal” a todos los trenes, pero en especial a los de la línea C3 Bilbao-Orduña, cuyo servicio de Cercanías gestiona el Ejecutivo vasco autonómico desde enero de 2025, aunque siga estando operado por Renfe.

En el caso de Isa, vive en Urban, Barakaldo, a un minuto de la estación de tren de Cercanías. Sin embargo, se ve obligada a ir con su silla de ruedas a más de un kilómetro para llegar hasta el Metro de Bilbao, donde sí que puede viajar sin restricciones en la mayoría de las estaciones. “Con mi silla hay problemas de espacio y de altura. Si los trenes tuvieran una rampita se podría solucionar, pero no nos dan ninguna alternativa, nos tenemos que buscar la vida. La solución sería colocar en todos los trenes rampas como en los autobuses o crear vagones para personas con movilidad reducida”, explica Isa tras una pancarta en la que se lee el mensaje “Trenes accesibles ya”.

Norma vive a 50 metros de la estación Ametzola, pero critica que los problemas a la hora de acceder a la estación los tenía incluso antes de usar silla de ruedas. “Cuando utilizaba muletas y podía moverme un poco más, bajaba las escaleras, pero eran tan empinadas que era muy incómodo. Ahora tenemos un ascensor que se estropea cada dos por tres y muchos problemas para acceder a los trenes, así que en lugar de Renfe, si quiero viajar a algún sitio, voy a la estación de metro de Abando, a 20 minutos de mi casa”, reconoce.

Javi es otra de las personas con movilidad reducida que ha acudido a la manifestación en Bilbao. En su caso, lleva 15 años en una silla de ruedas y exige que se haga justicia con las personas que, como él, ven imposible acceder al transporte público. “La falta de acceso universal al transporte público limita nuestra movilidad y, por tanto, limita nuestra autonomía personal. Nos impide tener una vida plena. Y en nuestro caso puede que seamos de los que más afectados estamos, pero no solo nos afecta a nosotros, también a las personas mayores, a personas con una incapacidad temporal o a cualquiera que pueda llegar a tener problemas de movilidad de cualquier tipo. Lo que pedimos no es un capricho, es una necesidad”, lamenta.

Exigimos que traigan trenes que tengan una rampa incorporada. No es un capricho, es una necesidad

Tras la manifestación, en la que se han reunido una decena de personas con movilidad reducida junto a cientos de pensionistas vascos que han apoyado su causa, Agurtzane Stoch, representante de la Plataforma de Accesibilidad de la Línea C-3, creada para solicitar el acceso a los trenes de esa línea que une Bilbao con Orduña, tratado de entregar una carta con sus peticiones en la sede de ETS. Sin embargo, no se la han aceptado. “Exigimos que traigan trenes que tengan una rampa incorporada para que podamos entrar las personas con discapacidad por nuestros propios medios, y también que haya una atención específica para las personas con baja visión o personas ciegas. No queremos parches, queremos medidas dignas”, detalla la afectada.

Según reconoce, existen trenes con rampa en servicios como en líneas de Gipuzkoa, y, aunque no son todos y tienen que estar pendientes del horario en el que el tren accesible pasará, supone una solución para las personas con movilidad reducida. “Llevamos desde noviembre pidiendo estas mejoras concretas en la Línea C-3, pero muchos años con la lucha de que todos los transportes públicos sean accesibles para todas las personas. Por el momento, desde las instituciones no nos han recibido, aunque sabemos que están teniendo reuniones con otros colectivos. Si no hay cambios tras esta manifestación, volveremos a las calles más fuertes para conseguir que el transporte público sea de todos”, argumenta.

El pasado enero, el Consejo de Gobierno, a propuesta de la consejera de Movilidad Sostenible, Susana García Chueca, acordó encomendar a ETS, que cuelga de su departamento, la implantación de las soluciones que se consideren adecuadas en materia de accesibilidad de la línea C-3 de del núcleo de Bilbao, la que tiene como destino Orduña.

En este sentido, informan de que se pondrá en marcha el proyecto piloto, que ya se encuentra previamente autorizado por Adif (titular de la infraestructura), para realizar un “recrecido parcial de los andenes que permita salvar la diferencia de altura entre los andenes y la plataforma de los trenes existente en la actualidad”. “Esta prueba se realizará en las estaciones de Orduña y Abando (Bilbao), ambas cabeceras de la línea. El recrecido de andenes es una actuación que el Ejecutivo autonómico ha trabajado desde que recibiera el 1 de enero de 2025 la competencia de la gestión del servicio ferroviario de cercanías, habida cuenta de los problemas de accesibilidad existentes, especialmente en la línea C3. La iniciativa se realiza en coordinación con Adif, administrador ferroviario estatal propietario y responsable del mantenimiento de la red ferroviaria, y con Renfe, operador del servicio de cercanías. La solución que será estudiada a través de esta encomienda complementa, a corto plazo, a otras medidas que se implantarán a medio y largo plazo y que han sido previamente acordadas con Renfe, como la llegada de trenes con coches accesibles, y con Adif, como la realización de obras de mejora de la accesibilidad en la infraestructura”, informan, sin especificar las fechas de dichas actuaciones.

En 2024, Laura fue diagnosticada de un trastorno neuromuscular no especificado, miastenia gravis y tirotoxicosis, lo que equivale a una discapacidad reconocida del 38%, algo que desde entonces le ha impedido trabajar. Su marido, su cuidador principal, se encarga de cuidarla a ella y a sus dos hijos, de 11 y 16 años. Esto ha llevado a la familia a una situación de vulnerabilidad social, puesto que viven con una renta de garantía de ingresos (RGI) de 1.495,55 euros al mes, pero de la que cobrarán 1.090,24 euros durante los próximos tres años por haber cobrado antes ingresos indebidos que Lanbide obliga a devolver. Aunque estos ingresos indebidos a menudo provienen de desajustes en la actualización de rentas, conllevan la obligación de reintegro. Dada la situación y las dificultades que tienen para hacer frente al alquiler del piso de Vitoria en el que viven, han solicitado un aplazamiento del desahucio que está previsto para el próximo viernes, 13 de febrero. Sin embargo, la Sección Civil del Tribunal de Instancia de Vitoria ha denegado la suspensión del desahucio alegando que no existe forma de comprobar la vulnerabilidad económica de la familia.

“A pesar de que concurra vulnerabilidad social, no concurre vulnerabilidad económica conforme a la documentación presentada y que obra en el expediente. De hecho, se especifica en el informe remitido en fecha de 19 de enero de 2026 que no es posible valorar si existe vulnerabilidad económica, ya que, a pesar de habérselo requerido según procedimiento establecido, no han presentado documentación para la realización de dicha valoración económica. Asimismo, se reseña en el informe que no ha sido posible proporcionar una solución alternativa tendente a proporcionar una solución habitacional debido a que no existe un plan de intervención con la familia por la falta de colaboración de esta con los Servicios Sociales. Por ello, no procede acordar la prórroga de la suspensión, debiendo ser mantenido el lanzamiento señalado para el día 13 de febrero de 2026 a sus 10.30 horas”, señala el auto al que ha tenido acceso este periódico.

Laura insiste en que en ningún momento se han negado a la realización de la valoración económica y que han colaborado con servicios sociales. “Hemos hecho todo lo que nos han pedido, entregado la documentación y atendido a las citas de servicios sociales, pero la respuesta ha sido esa. Solo pedimos una vivienda digna y asequible”, reconoce la afectada, que ha elevado una queja ante la defensoría vasca del pueblo (Ararteko) que a su vez ha solicitado a través de un escrito al Ayuntamiento de Vitoria “la recomendación de que revise su decisión de no formular una solicitud de adjudicación directa de vivienda de protección pública para la familia”, dado que se encuentran dados de alta como demandantes de vivienda pública en el Servicio Vasco de Vivienda, Etxebide.

“A la vista de la documentación que obraba en el expediente no aprecia argumentación o motivación alguna que justificara la negativa del Ayuntamiento de Vitoria a formular la solicitud prevista para la tramitación del procedimiento de adjudicación extraordinario regulado en la normativa y en el Convenio de colaboración suscrito entre el Consejo del Poder Judicial, la Administración General de la CAE y la asociación de municipios vascos (EUDEL) en la atención a personas de especial vulnerabilidad, con ocasión del lanzamiento de la vivienda familiar, para posibilitar la adopción de medidas de carácter social y de vivienda. La unidad convivencial afectada forma parte del colectivo de especial necesidad de vivienda al que se refiere la normativa y el Convenio mencionado”, detalla el escrito del Ararteko entregado al Ayuntamiento, que a día de hoy no ha recibido contestación del Consistorio.

“Nos sentimos abandonados por las instituciones, no nos han dado soluciones desde que empezamos. No queremos dinero, lo único que solicitamos es una vivienda digna y poder empezar de cero. No es cuestión de echarle la culpa a la propietaria de la casa, consideramos ella no ha hecho nada malo, pero las instituciones no nos han dado una respuesta, todo el mundo se lava las manos. Estamos intentando hacer bien las cosas y luchar por una vivienda digna, pero vemos que el viernes los cuatro nos vamos a tener que separar. Mi marido y yo tendremos que ir a un albergue, mientras mis hijos no sé dónde irán, quedarán en manos de servicios sociales que en lugar de ayudarnos nos han dificultado la situación”, reconoce Laura.

Este periódico ha solicitado información relativa a este caso al Ayuntamiento de Vitoria y concretamente al área de Servicios Sociales, que informan de que “para hacer el informe de vulnerabilidad económica las profesionales les solicitan a la persona/familia la documentación de la situación económica”. “Con esa documentación el economista del Departamento hace la valoración económica según los criterios que establece el Juzgado, no son criterios de Servicios Sociales”, explican a este periódico, alegando la falta de la documentación aportada por la familia, algo que Laura niega rotundamente.

“Desde el año 2024 tienen toda la información que han solicitado. Hemos acudido a todas las citas y tenemos justificantes de todos los documentos entregados. Se aferran a que falta información para no darnos el informe de vulnerabilidad económica, cuando saben de sobra que no somos solventes y así lo hemos demostrado con documentos”, lamenta la afectada, a la espera de que la Administración pública ofrezca a su familia una alternativa a la calle para el próximo viernes, 13 de febrero, cuando tengan que marcharse de su hogar.

Vila-real, amb una població de poc més de 50.000 habitants, disposa d'unes 300 places reservades per a persones amb mobilitat reduïda d'ús privatiu. És a dir, únicament estan autoritzats per estacionar en aquest lloc la targeta i el vehicle assignats a cada plaça. A aquestes cal afegir les habituals per a persones amb mobilitat reduïda en les quals pot aparcar qualsevol vehicle que dispose de la corresponent targeta acreditativa de discapacitat.

Segons l'article 14 de l'ordenança municipal aprovada en el seu moment per l'Ajuntament, entre els requisits per accedir a aquesta reserva de places es troben: que l'usuari estiga empadronat a Vila-real, que siga titular de la targeta d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda, no disposar de plaça de garatge en propietat, tindre un grau de discapacitat superior al 65% i comptar amb un certificat del metge de capçalera que determine dificultats de mobilitat que requerisquen ajuda per al seu desplaçament “mitjançant l'ús de cadira de rodes de caràcter permanent o que depenga absolutament de dues crosses, bastons o de caminador”.

Tal com denuncia un veí de la localitat, Josep Gallego, aquesta proliferació de places d'aparcament en ple carrer per a particulars concrets és una anomalia que no es dóna en altres ciutats. Segons ha pogut comprovar elDiario.es, en municipis de més població, com Sagunt (amb més de 70.000 habitants), no existeix cap plaça d'aquestes característiques; el mateix succeeix a València, amb prop de 850.000 habitants. Des d'ambdues consistoris expliquen que totes les places existents per a persones amb mobilitat reduïda estan a disposició de qualsevol ciutadà que reunisca els requisits legals.

Gallego, amb una discapacitat del 33% després de ser operat d'un tumor cerebral i usuari de la targeta d'aparcament per a persones amb mobilitat reduïda, va sol·licitar inicialment una plaça privativa: “Em van dir que la demanara i ho vaig fer, i me la van denegar amb raó, ja que no complisc els requisits. Per això, i vistes les dificultats per aparcar per la gran quantitat de places reservades per a ús privatiu, vaig reclamar que s'habilitaren més places genèriques en lloc de les d'ús exclusiu”. També en va sol·licitar una a les proximitats de casa seua, “però es van negar; fins i tot des de l'Ajuntament em van dir que em buscara una plaça de garatge, fins que fa uns dies se'm va comunicar que s'havia disposat una a uns cent metres”.

Però aquesta no és la solució que reclama Gallego. Per a ell, el necessari no és una plaça a prop del seu domicili, sinó que s'òbriguen aquelles que són d'ús exclusiu: “No té sentit que en un carrer com Ausiàs March, de tot just cent metres de longitud, hi haja una desena de places reservades, de manera que no es pot aparcar en més de la meitat del vial”. A més, explica que ha parlat amb el regidor i amb l'inspector de la Policia Local responsable de mobilitat: “Li vaig dir que acudiria als tribunals i em va respondre que no sabia els diners que em costaria recórrer a la justícia. No és just que es privatitzen les places d'aparcament a la via pública”, sosté.

L'ordenança municipal que regula aquestes places a Vila-real va ser revisada el 2020 a instàncies d'Acudim i la Federació d'Associacions de Veïns per garantir l'“ús correcte” d'aquestes reserves. L'actual normativa, tal com ha confirmat el regidor de Policia i Serveis Socials, Toni Marí, s'estén fins al 2027; afegeix, a més, que amb aquest reglament no s'han concedit tantes places d'aquestes característiques com les que s'atorgaven amb anterioritat.

L'ordenança actual és més restrictiva que l'anterior. No obstant això, concedia una moratòria de quatre anys a les places existents: “Quan decaiga, revisarem les places actuals i se'ls tornarà a demanar la documentació pertinent als usuaris beneficiaris baix els criteris de la nova ordenança. Aquesta situació ja se li ha explicat a Josep Gallego”, indica el regidor.

Vila-real, con una población de poco más de 50.000 habitantes, dispone de unas 300 plazas reservadas para personas con movilidad reducida de uso privativo. Es decir, únicamente están autorizados para estacionar en dicho lugar la tarjeta y el vehículo asignados a cada plaza. A estas hay que añadir las habituales para personas con movilidad reducida en las que puede aparcar cualquier vehículo que disponga de la correspondiente tarjeta acreditativa de discapacidad.

Según el artículo 14 de la ordenanza municipal aprobada en su día por el Ayuntamiento, entre los requisitos para acceder a esta reserva de plazas se encuentran: que el usuario esté empadronado en Vila-real, que sea titular de la tarjeta de estacionamiento para personas con movilidad reducida, no disponer de plaza de garaje en propiedad, tener un grado de discapacidad superior al 65 % y contar con un certificado del médico de cabecera que determine dificultades de movilidad que requieran ayuda para su desplazamiento “mediante el uso de silla de ruedas de carácter permanente o que dependa absolutamente de dos muletas, bastones o de andador”.

Tal y como denuncia un vecino de la localidad, Josep Gallego, esta proliferación de plazas de aparcamiento en plena calle para particulares concretos es una anomalía que no se da en otras ciudades. Según ha podido comprobar elDiario.es, en municipios de mayor tamaño, como Sagunt (con más de 70.000 habitantes), no existe ninguna plaza de estas características; lo mismo sucede en València, con cerca de 850.000 habitantes. Desde ambos consistorios explican que todas las plazas existentes para personas con movilidad reducida están a disposición de cualquier ciudadano que reúna los requisitos legales.

Gallego, con una discapacidad del 33 % tras ser operado de un tumor cerebral y usuario de la tarjeta de aparcamiento para personas con movilidad reducida, solicitó inicialmente una plaza privativa: “Me dijeron que la pidiera y lo hice, y me la denegaron con razón, ya que no cumplo los requisitos. Por ello, y vistas las dificultades para aparcar por la gran cantidad de plazas reservadas para uso privativo, reclamé que se habilitaran más plazas genéricas en lugar de las de uso exclusivo”. También solicitó una en las proximidades de su casa, “pero se negaron; incluso desde el Ayuntamiento me dijeron que me buscara una plaza de garaje, hasta que hace unos días se me comunicó que se había dispuesto una a unos cien metros”.

Pero esa no es la solución que reclama Gallego. Para él, lo necesario no es una plaza cerca de su domicilio, sino que se abran aquellas que son de uso exclusivo: “No tiene sentido que en una calle como Ausiàs March, de apenas cien metros de longitud, haya una decena de plazas reservadas, de forma que no se puede aparcar en más de la mitad del vial”. Además, explica que ha hablado con el concejal y con el inspector de la Policía Local responsable de movilidad: “Le dije que acudiría a los tribunales y me respondió que no sabía el dinero que me iba a costar recurrir a la justicia. No es justo que se privaticen las plazas de aparcamiento en la vía pública”, sostiene.

La ordenanza municipal que regula estas plazas en Vila-real fue revisada en 2020 a instancias de Acudim y la Federación de Asociaciones de Vecinos para garantizar el “uso correcto” de estas reservas. La actual normativa, tal y como ha confirmado el concejal de Policía y Servicios Sociales, Toni Marín, se extiende hasta 2027; añade, además, que con este reglamento no se han concedido tantas plazas de estas características como las que se otorgaban con anterioridad.

La ordenanza actual es más restrictiva que la anterior. No obstante, concedía una moratoria de cuatro años a las plazas existentes: “Cuando decaiga, revisaremos las plazas actuales y se les volverá a pedir la documentación pertinente a los usuarios beneficiarios bajo los criterios de la nueva ordenanza. Esta situación ya se le ha explicado a Josep Gallego”, indica el concejal.

La Consejería de Fomento ha ampliado las ayudas destinadas a la mejora de la accesibilidad en las viviendas de Castilla-La Mancha y que podrán solicitarse hasta el 29 de diciembre.

Hasta mediados de diciembre se habían recibido 387 solicitudes de actuaciones de accesibilidad y, según este departamento del Gobierno de Castilla-La Mancha la ampliación del crédito tiene como fin para poder atenderlas todas, a la espera de que puedan presentarse más.

Este viernes, el Diario Oficial de Castilla-La Mancha publica una resolución por la que se añade un importe adicional de medio millón de euros al crédito inicial, lo que eleva la actual convocatoria de ayudas a 1.750.000 euros que se imputarán a las partidas presupuestarias correspondientes, del Presupuesto General de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tanto de 2025 como de 2026.

¿Quiénes pueden beneficiarse?

Las subvenciones se dirigen a quienes hayan realizado reformas adaptativas en la vivienda, propietarios o usufructuarios con permiso del propietario, entre los años 2022 y 2025.

En el destino de las subvenciones se encuentran, entre otros, la instalación de salvaescaleras, rampas y mecanismos motorizados para la apertura de puertas o bien dispositivos de apoyo como grúas o sistemas de guiado tecnológico.

También se pueden usar para instalar videoporteros y elementos de comunicación electrónica (señales visuales y auditivas), sistemas de domótica para favorecer la autonomía de personas mayores o con discapacidad o reformas interiores en baños y cocinas, así como la ampliación de espacios de circulación.

Por contra se especifica que no será subvencionable la instalación de ascensores. Además, las viviendas deben haber sido finalizadas antes del año 2006 y contar con un proyecto técnico o memoria justificativa de la actuación.

El objetivo apoyar a personas con necesidades especiales de movilidad, ya sea por discapacidad o edad, permitiéndoles eliminar barreras arquitectónicas en sus hogares.

La ayuda puede llegar a cubrir hasta el 80% del coste de la obra con límites específicos según el tipo de inmueble.

Quienes se beneficien de las ayudas deben tener nacionalidad española o de un estado miembro de la Unión Europea. Los extranjeros no comunitarios deben tener residencia legal en España para recibir las ayudas.

Además, la vivienda debe ser el domicilio habitual y permanente del solicitante y quien las pide no debe estar en procesos que le prohíban recibir subvenciones públicas, como deudas con la Seguridad Social o Hacienda.

En el caso de ser usufructuario, se debe contar con el acuerdo expreso del propietario para realizar las obras.

La cuantía de las ayudas

Para las viviendas unifamiliares el importe máximo de subvención es de 15.000 euros. Para viviendas en edificios colectivos es de 6.000 euros como máximo.

Si el beneficiario ejerce actividades económicas o comerciales, la ayuda se considera de minimis, lo que implica que el total de ayudas recibidas en los últimos 3 años no puede superar los 300.000 euros.

La concesión de los fondos se gestiona mediante un procedimiento simplificado, priorizando las solicitudes por su orden de registro hasta agotar el crédito disponible. Estas ayudas se enmarcan en el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Fomento 2024-2026.

Manuel Cuartero Insa lleva 25 años acudiendo a su segunda residencia en Calaceite, un pequeño municipio de Teruel. Cuartero, que utiliza silla de ruedas, ha solicitado al Ayuntamiento que traslade la plaza de aparcamiento para personas con movilidad reducida a una ubicación más próxima a su domicilio. Según explica, la plaza actual se encuentra en una cuesta “demasiado empinada” para acceder solo al vehículo, lo que le obliga a depender de ayuda externa. El Ayuntamiento sostiene que se trata de un problema burocrático porque la ubicación que solicita no está oficialmente habilitada como aparcamiento.

“Con la edad, ya no puedo acceder yo solo y siempre necesito ayuda”, explica: “Normalmente cuando subo voy con mi mujer, que también tiene dolor de huesos, y entre los dos nos apañamos, pero no es la situación. Yo lo veo fácil: hay un sitio plano al lado de mi casa donde aparcan los coches, siempre están, yo pienso que ahí se puede dejar la plaza de movilidad reducida”.

Cuartero ha lanzado una petición en change.org dirigida a sus vecinos y al Ayuntamiento, en la que solicita la creación de una plaza accesible, sin inclinación y lo más cercana posible a su hogar. En la petición, Manuel explica que la falta de un espacio adecuado no solo afecta su capacidad para realizar tareas cotidianas, como ir al médico o al supermercado, sino también su vida social y su independencia.

“Soy una persona con movilidad reducida y dependo de una silla de ruedas. A pesar de los desafíos que esto implica, trato de ser lo más independiente posible, pero la falta de un espacio de estacionamiento accesible añade una carga significativa a mi vida diaria”, señala en la petición. Además, hace referencia a la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que garantiza el acceso a infraestructuras que faciliten una vida digna e independiente.

El alcalde de Calaceite, Juan Miguel Monclús (Teruel Existe), reconoce que se trata de un problema de burocracia. La ubicación que solicita Cuartero no está oficialmente habilitada como aparcamiento, aunque muchos vecinos la utilizan. “Miraremos las normativas en un pleno para ver si dentro de nuestra predisposición hay una norma que nos permita hacerlo”, señala, y añade que le genera “confusión” que Cuartero no utilice la plaza habilitada a tan solo siete metros de su vivienda.

A esto, Manuel responde que antes era más joven y podía utilizar la plaza. “No entiendo cuál es el problema del cambio o que pongan dos. Lo único que quiero es poder llegar y entrar en casa”, asegura. También lamenta que en fines de semana largos no pueda aparcar cerca de su domicilio y tenga que depender de ayuda para desplazarse.

Según explica, ya ha mantenido reuniones con el Ayuntamiento, pero la respuesta ha sido negativa. “La negativa es del alcalde. La vida en silla de ruedas ya es difícil de por sí y te la ponen más difícil. No considero que esté pidiendo un privilegio, simplemente quiero poder entrar en mi casa”, concluye.

Anda Carolina Castro estos días por su Cudillero con una sonrisa medio nerviosa, es la que le sale sola, una mezcla de agradecimiento e ilusión, que mantiene desde que hace unos días se diese a conocer que es ella es “Mujer Rural de Asturias 2025”, un premio que otorga la Red Asturiana de Desarrollo Rural (Reader) y que recogerá este medio día en La Benéfica, en Piloña.

El reconocimiento le llega a Carolina por ser promotora de TuriTaxi en Cudillero, donde ofrece viajes a las brañas y a los lugares más bonitos del concejo, por poner en marcha el primer taxi adaptado en el concejo, pero quizás además de su proyecto, haya detrás mucha admiración por esa forma de ser de Carolina, esa manera suya de encarar la vida con aplomo y coraje y esa apuesta decidida por volver al pueblo desde Madrid. Darle una oportunidad a los orígenes: los vaqueiros y sentir que ahora, junto a su familia, está en el lugar que quiere estar.  “Mi madre ya se fue de aquí con 11 años a estudiar y mi padre con 19 a trabajar”. El matrimonio asentó su vida en Madrid y allí nació Carolina, en el barrio de Aluche, que por aquel entonces era un barrio, barrio. Avelino, su padre, tocaba la gaita por las tardes y sonaba desde la otra punta.

Era feliz en la cuadra

En aquel segundo piso, los asturianos, naturales de los pueblos de El Faedal y La Arbiera, iban cuadrando los calendarios para regresar a sus pueblos: volvían para hacer la matanza, para recoger la hierba seca en verano, para guardar la leña y para recoger la miel. Y Carolina explicaba a sus compañeros del cole que tenía que subir a Asturias para hacer todas esas cosas y que además su padre, era gaitero. “Les parecía todo muy exótico”, explica sonriente. En cada visita a casa de sus abuelos se enamoraba Carolina más de sus orígenes, de aquellos dos pueblos que le permitían una vida en conexión con el campo, con la naturaleza y entre las vacas. “Yo en El Faedal era feliz en la cuadra”, relata.

Fue ese amor por los animales gestado en la aldea lo que la llevó a estudiar veterinaria, en una ciudad que cada vez la asfixiaba más y que le hacía correr sin saber muy bien ni hacía dónde ni porqué. “El metro, las prisas, la despersonalización de la ciudad, incluso del barrio que cambió mucho con los años, ya ni te saludas con el vecino…” así se sentía Carolina, que decidió entonces que en cuanto terminase la carrera, ella iba ser veterinaria en un pueblo. Así que con el objetivo claro se instaló Carolina en Asturias, ¿primer destino? Quintueles. Con ella, siempre y desde que se enamoraron tocando la gaita en Madrid, su marido, que dejó una plaza en el Jardín Botánico para instalarse con ella aquí. “Mi abuela se acaba de ir con mis padres a Madrid y decidimos volver a La Arbiera, me quedé embarazada y fue una forma de poder dedicarme a mis hijos. Era la casa familiar y mi marido había conseguido un trabajo de jardinero, nos ajustamos y tiramos para adelante”, concreta.

Trabajo en el aeropuerto

Con dos hijos y una vida en el pueblo que le aportaba mucha tranquilidad, y que además le permitía verlos crecer en los mismos escenarios en los que ella había sido tan feliz, a Carolina le llegó el momento de volver a trabajar. “Me fui al aeropuerto a trabajar en una empresa de alquiler de coches. Para volver a la veterinaria tenía que reciclarme, y si trabajaba en una clínica me iban a pagar muy poco”. Y fue ahí, un día, apoyada en el mostrador desde el que entregaba las llaves a quienes venían a visitar Asturias, cuando vio su proyecto.

“Llegaban los taxistours, que funcionaban muy bien, y resulta que en Cudillero, uno de los concejos más turísticos de Asturias, no teníamos nada”. En ese ir y venir constante de clientes frente a sus narices, Carolina volvió a dibujar su futuro. “En enero de 2020 quedaba libre una licencia en Cudillero, y era una inversión asumible. Pedí cita en la antena de la Cámara de Comercio de Luarca y les expliqué mi proyecto: un taxi con recorridos turísticos por el concejo, con paradas en los lugares más emblemáticos y rutas hechas a medida. Me dijeron que estaban a punto de salir las ayudas del Plan Leader y que quizá podría optar a ellas”, repasa.

Taxi adaptado

Así, el proyecto de Carolina Castro pasó de ser una idea nacida en un mostrador del aeropuerto a convertirse en una realidad. Compró una furgoneta de nueve plazas, adaptada para personas con movilidad reducida, el primero que ofrecía este servicio en el concejo, comenzó a trabajar como taxista y a ofrecer visitas guiadas. Además, brinda otros servicios imprescindibles en la zona rural, como llevar a los jóvenes a las fiestas de prao. En 2021 amplió el negocio: otro taxista se jubilaba y así pudo hacerse con una segunda plaza.

“Yo ya estaba dando trabajo a otros compañeros, así que creímos que era el momento. Este segundo coche lo conduce mi marido”, quien esta vez no solo apoyó a Carolina en su proyecto, sino que decidió unirse a él. Y es que sus capacidades como emprendedora resultaron muy acertadas: supieron ver el negocio en una necesidad real, los viajes turísticos hechos a medida. De todas las rutas que ofrece Carolina, hay una que le hace especial ilusión: la ruta vaqueira, que no deja de ser un camino hacia sus orígenes, hacia sus abuelas. “Este premio es para ellas. Estarían orgullosísimas de mí, pero ellas sí que fueron mujeres rurales capaces de sacar adelante a sus familias”, dice, mientras sus ojos se mojan de emoción y se tornan verde, verde braña, verde vaqueiro.

Este premio, al que ella no presentó candidatura, le llega en un momento dulce, con sus hijos de 13 y 10 años, criados en el pueblo; con su negocio funcionando y con las gaitas que le resuenan en su cabeza de fondo cuando piensa en que este es un reconocimiento a su vuelta a Asturias, a su apuesta decidida a emprender en el pueblo y a lograr el objetivo pensando. La ruta vaqueira de Carolina por la que tantas veces lleva a los turistas era esta. Enhorabuena.

Coger un taxi en Logroño es complicado y casi una misión imposible para las personas con alguna discapacidad y movilidad reducida. En estos momentos en Logroño hay una docena de taxis adaptados, aunque solo la mitad están operativos. “Los seis que había antes de septiembre de 2024 y otras seis licencias concedidas después y que están a punto de empezar a dar servicio”. Así lo asegura el concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Logroño, Ángel Andrés, en una conversación con Rioja2, un número insuficiente para las personas usuarias aunque la capital riojana cumpla el cupo exigido por ley.

Primero tuve que esperar unos 25 minutos a que mi llamada fuera atendida en la centralita, desde entonces y hasta la llegada del taxi adaptado pasaron otros 50 minutos

Javier Muñoz — Secretario general de CERMI

Jueves 3 de julio a las 23:20. El taxi adaptado de Javier Muñoz llegó 75 minutos después de haberlo solicitado por teléfono. “Primero tuve que esperar unos 25 minutos a que mi llamada fuera atendida en la centralita, desde entonces y hasta la llegada del taxi adaptado pasaron otros 50 minutos”. Más de una hora durante la que Muñoz esperó “como un buen espartano” ironiza. Félix Fuertes ha aprendido a ser previsor y contratar el servicio de taxi con días de antelación aunque también es consciente de que esto no siempre es posible. “Si alguna vez tenemos una urgencia médica que no requiera ambulancia estamos vendidos porque no tenemos cómo ir al hospital”.

Una situación que se recrudece y agrava por la noche. “Ninguna corporación ha metido mano a este gremio que trabajan con licencias concedidas por los ayuntamientos, no hay vocación de servicio público”, asevera el secretario general del CERMI, Javier Muñoz Y aunque reconoce que este también es un problema en otras comunidades autónomas, siente que aquí “se agrava más”.

Padecen los problemas de la escasez de taxis adaptados y plantean soluciones: aumentar los servicios y las licencias. Javier Lacalzada Serna es técnico de accesibilidad en La Rioja sin Barreras y explica que aunque Logroño cumple el reglamento, las incidencias de las personas con discapacidad continúan llegando a la entidad en forma de quejas. Antes de septiembre de 2024 explica que en Logroño había 95 licencias de taxis de los que 6 eran adaptados. El Real Decreto 1544 regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los medios de transporte, reglamento que marca que el 5 por ciento deben ser taxis adaptados. Y en Logroño se cumple. “En septiembre del pasado año, el Ayuntamiento de Logroño sacó 15 nuevas licencias, todas ellas preferentes para taxis adaptados y se presentaron 7 solicitudes. De estas 7 se admitieron 4. En febrero de este año se realizó otro proceso de concesión de estas once licencias restantes y ahí están... ”. Y es que uno de los motivos por los que estas licencias para taxis adaptados se queden sin adjudicar sugiere que son los requisitos que deben cumplir.

Así, y tal y como recoge el Real Decreto, los vehículos que presten servicio de taxi o autotaxi deben satisfacer los requisitos recogidos en la norma UNE y sus posteriores modificaciones. El vehículo deberá estar acondicionado para que pueda entrar y salir, así como viajar en el mismo, una persona en su propia silla de ruedas, todo ello con comodidad y seguridad. Para ello, dispondrá de los medios homologados y o la transformación o reforma de importancia necesarios. Estará dotado de un habitáculo que permita viajar a este pasajero de frente o de espaldas al sentido de la marcha, nunca transversalmente. Y llevará un respaldo con reposacabezas fijo (unido permanentemente a. estructura del vehículo) dispondrá de anclaje de la silla de ruedas y un cinturón con seguridad de al menos tres puntos de anclaje para su ocupante. Estos dos últimos dispositivos será obligación del taxista colocarlos, si el usuario lo desea. Igualmente, los taxis adaptados deberán llevar las tarifas escritas en sistema braille. Y será un vehículo tipo furgoneta con capacidad igual a 9 plazas, incluido el conductor.

La nueva ordenanza tratará de organizar el trabajo para que siempre haya un número de taxis disponibles en Logroño

Ángel Andrés — Concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Logroño

El borrador de la nueva ordenanza estará lista este año

Rigidez en los requisitos, pero además desde La Rioja sin Barreras también reclaman una ordenanza que regule este servicio, “se supone que se está trabajando en un ordenanza para la regulación de los taxis desde hace mucho tiempo”, apunta el técnico en accesibilidad. Se está trabajando y “el borrador estará listo este 2025” calcula el concejal de Movilidad. El nuevo texto “tratará de organizar el trabajo para que siempre haya un número de taxis disponibles en Logroño, organización del trabajo que también incluye a los taxis adaptados para las personas con discapacidad”, asegura Ángel Andrés. Y además, esta nueva ordenanza también contempla la instalación de videovigilancia para “que los taxistas trabajen con seguridad y se está estudiando la posibilidad de que los taxis estén geo localizados mientras trabajan”.

Los turistas con discapacidad que nos visitan están vendidos

Félix Fuertes — Vicepresidente de CERMI

Desde el otro lado, las personas con discapacidad y usuarias de los taxis adaptados añaden una serie de puntos a esa ordenanza. Que las carreras se cobren en función de lo que marque el taxímetro es uno de ellos porque cuentan que “muchos taxis de la ciudad tienen establecido un precio fijo para ir al Hospital y a mí que vivo cerca me cuesta lo mismo que una persona que vive al otro lado de Logroño”, censura Muñoz. Y más peticiones. Porque desde La Rioja Sin Barreras reclaman la existencia de un taxi adaptado y localizado las 24 horas y ya no solo para el vecindario de Logroño. “Nosotros, visto lo visto, tenemos más o menos unos taxistas de referencia porque nos han obligado a ser previsores, pero los turistas con discapacidad que nos visitan, están vendidos. Y eso que presumimos de ser una ciudad turística”, afea Fuertes.

Vivimos las ciudades y las viviendas con el cuerpo y la mente. Una escalera mal diseñada, un pasillo poco iluminado, estancias insuficientemente ventiladas o una plaza de asfalto sin bancos ni árboles nos recuerdan a cada paso que damos que los espacios no siempre responden a las necesidades de quienes los habitan.

Las personas convivimos con una arquitectura que trasciende su función original para impactar en nuestra salud. Desde escuelas en barracones hasta edificios centenarios sin rampas de acceso ni ascensores. Los ejemplos son infinitos para constatar que la arquitectura se convierte en contexto. En conjunto, las construcciones determinan cómo nos desplazamos, cómo respiramos, cómo nos relacionamos o cuál es la calidad de nuestra concentración cuando estudiamos o trabajamos.

Las personas respondemos a los lugares. Podemos hacerlo con fatiga, con ansiedad, con dolor crónico, con falta de motivación o con una tristeza difusa que no siempre aparece en los diagnósticos. Pero también podemos responder con bienestar, con vitalidad para ejercer una vida saludable, si el entorno nos acompaña.

Esto sucede cuando los espacios construidos se convierten en espacios de vida y no de obstáculo. Las ciudades y las viviendas son escenarios, sí, pero también son agentes activos. A veces nos enseñan, a veces nos limitan. Y hay momentos en los que, sencillamente, nos dejan fuera. Es justamente en ese punto donde la arquitectura tiene un papel vital. Como recuerda el arquitecto Peter Zumthor, “la arquitectura puede ser una herramienta para enriquecer y mejorar la calidad de vida de las personas, generando espacios que inspiren y promuevan el bienestar”.

Desde la Atención Primaria se constata cada día: personas mayores que pierden autonomía porque no pueden salir solas de su casa, madres que renuncian a las revisiones pediátricas porque no pueden subir el cochecito por tres tramos de escalera, adolescentes con ansiedad agravada por entornos que no invitan al encuentro ni al movimiento. Y esto no se resuelve solo con más horas de visita en el centro de salud.

Los barrios, los edificios y los hogares también deben formar parte del plan de cuidados. Una escalera comunitaria a la que no se puede acceder con una silla de ruedas puede tener tanto impacto sobre la salud como una pauta de medicación incorrecta. Está demostrado que los espacios abiertos, verdes y transitables reducen el cortisol, que las salas de espera sin ventanas pueden generar ansiedad o que las ventanas con vistas al exterior disminuyen el estrés de los hospitalizados. Así, el aislamiento puede ser tanto emocional como arquitectónico.

Las enfermeras de familia y comunitaria, en su rol de visitadoras a domicilio, se encuentran con espacios pequeños, desordenados o no higiénicos, viviendas no adaptadas a la movilidad reducida o que limitan el uso de dispositivos sanitarios tecnológicos. El espacio público es una barrera invisible entre la persona atendida y la comunidad que también impacta en la enfermera: tiempo adicional de atención por persona, planificación de la visita en función de la conexión del paciente o pérdida de agilidad en las atenciones.

Las enfermeras, en estos casos, no solo tratan enfermedades y promueven la salud, sino que son testigos de cómo la arquitectura, el urbanismo y la economía influyen en la autonomía, el envejecimiento y la salud mental de las personas atendidas. Ante estas barreras, las enfermeras tienen un papel clave en la derivación a servicios sociales, en la activación de recursos de ayuda técnica o en la demanda de cambios estructurales en las viviendas.

Este artículo nace de un diálogo interprofesional ante una problemática que no debería producirse en un país como el nuestro, con códigos de accesibilidad vigentes y financiación europea. Se trata de una conversación entre quienes diseñan espacios y quienes cuidan de las personas en todas las etapas de su vida.

Y es que enfermeras y arquitectos compartimos misión: trabajamos por la calidad de vida y el bienestar de todas las personas, independientemente de sus condicionantes. Es necesario que todos los actores que forman parte del engranaje de las viviendas y las ciudades ejerzan una mirada integral, holística y a largo plazo para descifrar y abordar la relación entre salud y espacios construidos.

Més de 120.000 cotxes retirats. 800.000 tones de residus, 160 quilòmetres de carreteres afectades, 350 instal·lacions municipals, un centenar de passarel·les i ponts o 123 depuradores

Aquests són alguns de les dades més cridaneres que mostren la magnitud de la devastació que va causar la DANA que el passat 29 d'octubre va arrasar gran part de la província de València, deixant 228 persones mortes i 75.000 més afectades de manera directa.

Per exemple, en el cas de les reparacions d'ascensors, segons la Conselleria per a la Recuperació Econòmica, es calcula que més de 10.000 van resultar danyats arran de la riuada del 29 d'octubre, dels quals, segons l'Associació d'Empreses d'Ascensors de la Comunitat Valenciana (Ascencovl), entre 2.000 i 3.000 segueixen fora de servei, tot afectant 309 persones amb mobilitat reduïda que no poden eixir de casa seua de manera autònoma. Això suposa que han estat reparats més del 70% dels ascensors, una xifra que evidencia que s'ha fet molt, però que segueix sent insuficient

En aquest sentit, des del departament que dirigeix el vicepresident Francisco José Gan Pampols han arribat a un acord amb Ascencoval per a prioritzar la reparació d'aquells ascensors situats en edificis habitats per persones amb mobilitat reduïda.

En aquesta línia, el president del Col·legi d'Administradors de Finques de València i Castelló, Sebastián Cucala, ha explicat que el principal problema per a agilitzar aquests treballs és que les empreses especialitzades no tenen capacitat suficient per a atendre una demanda de tanta magnitud en tan curt espai de temps. Així, ha explicat que les reparacions de menor entitat són les primeres que s'han anat escometent, però les de més abast que impliquen fins i tot la instal·lació d'un nou ascensor són les que més temps porten. Tot i això, ha destacat que s'està fent un esforç important per formar i incorporar personal a les empreses i també per part d'entitats financeres que ofereixen crèdits a les comunitats de veïns amb dos anys de cadència perquè puguen afrontar les despeses fins que es cobren les indemnitzacions del Consorci d'Assegurances.

Pel que fa a la neteja de garatges, la Diputació de València va acabar entre finals de febrer i principis de març els 362 aparcaments i baixos que tenia assignats, unes faenes per les quals finalment abonarà 21 milions d'euros, tres vegades més del previst degut a l'augment del preu de la mà dobra i del lloguer de la maquinària.

D'altra banda, la vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge, Susana Camarero, ha explicat recentment que l'Institut Valencià de l'Edificació (IVE) ha registrat fins aquest moment 14.739 edificacions, de les quals 8.685 ja han estat completament revisades, tot arribant a la conclusió que 67 han de ser enderrocades, de les quals 61 són unifamiliars i sis plurifamiliars. A més, s'han fet més de 200 apuntalaments.

Aules massificades i 13 col·legis per reconstruir

Sis mesos després de la DANA, molts xiquets i xiquetes segueixen patint-ne les conseqüències i no tenen tot el suport que necessiten. Des de l'ONG d'infància i educació Educo, insisteixen en la importància de l'escola com a referent, motor de cohesió, espai de protecció i lloc de retrobament on se'ls assegura molt més que el dret a l'educació. Tot i això, i malgrat que han tornat a classe, són moltes les assignatures pendents.

“Tenim xiquets i xiquetes desplaçats en centres educatius que no són els seus, assistint a classe en aules massificades. Altres els han instal·lat en barracons. L'alumnat que ha d'anar a una altra escola que no és la seua moltes vegades arriba tard a classe perquè el transport ni és l'adequat ni els porta a temps; res està funcionant com ho hauria de fer, explica Pilar Orenes, directora general d'Educo. ”Així, és molt difícil que puguen tenir una educació de qualitat, que és el seu dret. Això és especialment alarmant en el cas dels nens i les nenes més vulnerables. Si és tan complicat anar a l'escola, augmenta el risc d'abandonament escolar“

Des d'Educo també alerten de la manca d'informació que tenen les direccions dels centres educatius. No han estat informats de com i quan es reconstruiran les escoles, fet que està generant molt de desgast emocional, ansietat i estrès en el professorat, que també ha patit en primera persona la tragèdia de la DANA. La inquietud també es viu en les famílies, que no saben si el centre on anaven els seus fills i filles abans de les inundacions estarà obert al setembre.

Davant d'aquesta situació Educo demana a la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana un pla concret de reconstrucció dels 13 centres educatius que han quedat totalment destruïts, amb un calendari clar, i que aquesta reconstrucció es faça en terrenys segurs i preparats per a futures catàstrofes. Així mateix, reclama més recursos econòmics i de personal per millorar el benestar del professorat i l'alumnat, que baixe el nombre de xiquets i xiquetes a les aules i que es preste una atenció especial a la infància en situació de vulnerabilitat.

El metro recuperarà la normalitat aquest estiu

Pel que fa a transport públic, el metro segueix sense arribar a les poblacions afectades de l'Horta Sud, una situació que es preveu revertir entre els mesos de juny i juliol.

El president del Govern valencià, Carlos Mazón, va posar en valor recentment que abans del període estival, “els usuaris del metro i tramvia podran desplaçar-se com ho feien anteriorment pels 36 municipis pels quals circula el servei i recuperar així la mobilitat al complet”.

En aquest sentit, ha destacat que “actualment Metrovalència circula per 127 de les seues 147 estacions, baixadors i parades que conformen la xarxa, per la qual cosa falten per obrir-ne 20, les compreses en el tram Paiporta-Castelló de la Ribera, de 50 quilòmetres de longitud”.

Així, ha posat en valor que la Conselleria d'Infraestructures, Medi Ambient i Territori “des del primer dia va habilitar serveis alternatius d'autobús i llançadores mentre s'anaven recuperant les línies habituals, aconseguint que en dos mesos, el 80% dels usuaris de Metrovalencia recuperaren la connectivitat tornant a la normalitat prèvia”. Totes les línies substitutives de la zona sud continuaran en funcionament fins que es recupere el servei.

Els afectats demanen 318 ajuts al dia

Tot i que ja han passat sis mesos des de la riuada, l'índex de sol·licituds d'audes del Govern central segueix sent elevada. En concret, des del 29 d'octubre s'han registrat 416.915 sol·licituds de les diferents línies habilitades, 8.587 més de les que hi havia el 31 de març, fet que significa que des de començament d'abril se n'han demanat una mitjana de 318 al dia.

Dels 16.600 milions mobilitzats per l'executiu de Pedro Sánchez s'han pagat fins ara 5.064 milions, incloent-hi les indemnitzacions del Consorci de Compensació d'Assegurances, és a dir, un 30% del total.

Más de 120.000 coches retirados. 800.000 toneladas de residuos, 160 kilómetros de carreteras afectadas, 350 instalaciones municipales, un centenar de pasarelas y puentes o 123 depuradoras.

Estos son algunos de los datos más llamativos que muestran la magnitud de la devastación que causó la DANA que el pasado 29 de octubre arrasó gran parte de la provincia de Valencia, dejando 228 personas fallecidas y 75.000 más afectadas de forma directa.

Seis meses después de la tragedia, cuya gestión se investiga en un juzgado de Catarroja, la situación ha mejorado en las poblaciones afectadas, pero está lejos de la pretendida vuelta a la normalidad, tal y como reflejan algunos datos que tienen que ver con situaciones que afectan directamente a los ciudadanos en su día a día.

Por ejemplo, en el caso de las reparaciones de ascensores, según la Conselleria para la Recuperación Económica, se estima que más de 10.000 resultaron dañados a raíz de la riada del 29 de octubre, de los cuales, según la Asociación de Empresas de Ascensores de la Comunitat Valenciana (Ascencovl), entre 2.000 y 3.000 siguen fuera de servicio, afectando a 309 personas con movilidad reducida que no pueden salir de sus casas de forma autónoma. Esto supone que han sido reparados más del 70 % de los ascensores, una cifra que evidencia que se ha hecho mucho, pero que sigue siendo insuficiente.

En este sentido, desde el departamento que dirige el vicepresidente Francisco José Gan Pampols han llegado a un acuerdo con Ascencoval para priorizar la reparación de aquellos ascensores situados en edificios habitados por personas con movilidad reducida.

En esta línea, el presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia y Castellón, Sebastián Cucala, ha explicado que el principal problema para agilizar estos trabajos es que las empresas especializadas no tienen capacidad suficiente para atender una demanda de semejante magnitud en tan corto espacio de tiempo. Así, ha explicado que las reparaciones de menor entidad son las primeras que se han ido acometiendo, pero las de más alcance que implican incluso la instalación de un nuevo ascensor son las que más tiempo llevan. Con todo, ha destacado que se está haciendo un esfuerzo importante por formar e incorporar personal a las empresas y también por parte de entidades financieras que ofrecen créditos a las comunidades de vecinos con dos años de cadencia para que puedan afrontar los gastos hasta que se cobren las indemnizaciones del Consorcio de Seguros.

En cuanto a la limpieza de garajes, la Diputación de Valencia finalizó entre finales de febrero y principios de marzo los 362 aparcamientos y bajos que tenía asignados, unas laboras por las que finalmente abonará 21 millones de euros, tres veces más de lo previsto por el aumento del precio de la mano de obra y del alquiler de la maquinaria.

Por su parte, la vicepresidenta primera y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, explicó recientemente que el Instituto Valenciano de la Edificación (IVE) ha registrado hasta este momento 14.739 edificaciones, de las que 8.685 ya han sido completamente revisadas, concluyendo que 67 deben ser demolidas, de las cuales 61 son viviendas unifamiliares y seis plurifamiliares. Además, se han efectuado más de 200 apuntalamientos.

Aulas masificadas y 13 colegios por reconstruir

Seis meses después de la DANA, muchos niños y niñas siguen sufriendo sus consecuencias y no tienen todo el apoyo que necesitan. Desde la ONG de infancia y educación Educo, insisten en la importancia de la escuela como referente, motor de cohesión, espacio de protección y lugar de reencuentro en el que se les asegura mucho más que su derecho a la educación. Sin embargo, y a pesar de que han vuelto a clase, son muchas las asignaturas pendientes.

“Tenemos a niños y niñas desplazados en centros educativos que no son los suyos, asistiendo a clase en aulas masificadas. A otros los han instalado en barracones. El alumnado que tiene que ir a otra escuela que no es la suya muchas veces llega tarde a clase porque el transporte ni es el adecuado ni los lleva a tiempo; nada está funcionando como debiera”, explica Pilar Orenes, directora general de Educo. “Así, es muy difícil que puedan tener una educación de calidad, que es su derecho. Esto es especialmente alarmante en el caso de los niños y niñas más vulnerables. Si es tan complicado ir a la escuela, aumenta el riesgo de abandono escolar”

Desde Educo también alertan de la falta de información que tienen las direcciones de los centros educativos. No han sido informados de cómo y cuándo se van a reconstruir las escuelas, lo que está generando mucho desgaste emocional, ansiedad y estrés en el profesorado, que también ha sufrido en primera persona la tragedia de la DANA. La inquietud también se vive en las familias, que no saben si el centro al que iban sus hijos e hijas antes de las inundaciones estará abierto en septiembre.

Ante esta situación Educo pide a la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana un plan concreto de reconstrucción de los 13 centros educativos que han quedado totalmente destruidos, con un calendario claro, y que esta reconstrucción se haga en terrenos seguros y preparados para futuras catástrofes. Asimismo, reclama más recursos económicos y de personal para mejorar el bienestar del profesorado y el alumnado, que baje el número de niños y niñas en las aulas y que se preste especial atención a la infancia en situación de vulnerabilidad.

El metro recuperará la normalidad este verano

En lo que a transporte público se refiere, el metro sigue sin llegar a las poblaciones afectadas de l'Horta Sud, una situación que se prevé revertir entre los meses de junio y julio.

El presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, puso en valor recientemente que antes del periodo estival, “los usuarios del metro y tranvía podrán desplazarse como lo hacían anteriormente por los 36 municipios por los que circula el servicio y recuperar así la movilidad al completo”.

En este sentido, destacó que “actualmente Metrovalencia circula por 127 de sus 147 estaciones, apeaderos y paradas que conforman su red, por lo que faltan por abrir 20 de ellas, las comprendidas en el tramo Paiporta-Villanueva de Castelló, de 50 kilómetros de longitud”.

Así, ha puesto en valor que la Conselleria de Infraestructuras, Medio Ambiente y Territorio “desde el primer día habilitó servicios alternativos de autobús y lanzaderas mientras se iban recuperando las líneas habituales, consiguiendo que en dos meses, el 80% de los usuarios de Metrovalencia recuperaran la conectividad volviendo a la normalidad previa”. Todas las líneas sustitutivas de la zona sur seguirán en funcionamiento hasta que se recupere el servicio.

Los afectados piden 318 ayudas al día

A pesar de que ya han pasado seis meses desde la riada, el índice de solicitudes de ayudas del Gobierno central sigue siendo elevada. En concreto, desde el 29 de octubre se han registrado 416.915 solicitudes de las diferentes líneas habilitadas, 8.587 más de las que había el 31 de marzo, lo que significa que en lo que va de abril se han pedido una media de 318 al día.

De los 16.600 millones movilizados por el ejecutivo de Pedro Sánchez se han abonado hasta ahora 5.064 millones, incluyendo las indemnizaciones del Consorcio de Compensación de Seguros, esto es, un 30% del total.

La Policía Local de Ávila ha denunciado a una vecina de la ciudad, de 64 años, por un uso indebido de la tarjeta de Personas de Movilidad Reducida (PMR), cuya propietaria era su madre, fallecida en el año 2015.

Los hechos, conocidos ahora, se produjeron a las 17.30 horas de este lunes, como consecuencia de un control sobre el uso de este tipo de tarjetas en zonas destinadas a personas con movilidad reducida, según ha informado en nota de prensa el Ayuntamiento de la capital abulense.

En ese momento, los agentes observaron que en un vehículo que se encontraba estacionado en una de estas plazas no tenía el título habilitante correspondiente, por lo que formularon la correspondiente denuncia por estacionar en un lugar reservado y señalizado con placas para el servicio PMR.

Poco después se personó en el lugar una mujer que se identificó como la conductora del vehículo y afirmó que disponía de la tarjeta, que mostró a los agentes.

Sin embargo, los policías comprobaron que la titular de la tarjeta no era la conductora, quien señaló que era su madre y que en ese momento no se encontraba con ella.

Finalmente, los agentes comprobaron que la tarjeta llevaba caducada desde febrero de 2016, realizaron un acta de intervención por un uso indebido y además comprobaron que la titular de la tarjeta había fallecido en el año 2015.

Los ascensores, espacios que a menudo se consideran meramente funcionales, esconden en su diseño detalles que buscan mejorar la experiencia del usuario. Uno de estos elementos es el espejo, una característica que, aunque parece simple, cumple varias funciones que van más allá de lo estético.

Si bien los espejos se han convertido en una presencia casi omnipresente en muchos ascensores, su inclusión responde a razones prácticas que incluyen la percepción de mayor espacio, la comodidad psicológica y la accesibilidad, entre otras.

Sin embargo, no todos los edificios optan por incluirlos, y su presencia o ausencia puede estar determinada por una serie de factores, desde el diseño arquitectónico hasta las necesidades específicas de los usuarios.

El uso de espejos en los ascensores, aunque común, ha generado diversas interpretaciones y debates sobre su funcionalidad. Mientras que en algunos contextos se busca crear una sensación de amplitud o confort, en otros se consideran un accesorio innecesario o incluso inapropiado. La clave está en entender por qué y cuándo los arquitectos deciden integrar este elemento y cuáles son las razones que llevan a algunos edificios a prescindir de él.

Seguridad

La presencia de espejos en los ascensores no solo responde a consideraciones estéticas o de confort, sino que también cumple una función en términos de seguridad. En algunos casos, los espejos permiten a los usuarios ver a otras personas en el interior del ascensor, lo que puede ser útil para detectar situaciones inusuales o identificar rápidamente la presencia de alguna persona que pueda estar en peligro.

Claustrofobia

Los ascensores suelen ser espacios pequeños, y muchas personas experimentan sensaciones de incomodidad o claustrofobia cuando viajan en ellos, especialmente en los de mayor capacidad o aquellos en horas de mayor afluencia. Aquí es donde los espejos juegan un papel crucial al proporcionar un efecto visual que amplifica el espacio.

Al reflejar el entorno, los espejos contribuyen a que el espacio interior se perciba como más grande de lo que realmente es, disminuyendo la sensación de confinamiento. Esta ilusión óptica ayuda a aliviar la ansiedad que algunos usuarios pueden sentir, mejorando su experiencia al viajar entre pisos y reduciendo el estrés asociado con espacios cerrados.

Accesibilidad

Un aspecto fundamental de los ascensores es su accesibilidad para personas con movilidad reducida o discapacidades. Los espejos en los ascensores también juegan un papel importante en este sentido. Al permitir que las personas se vean a sí mismas al ingresar o salir, los espejos facilitan la visualización de los botones de control o cualquier obstáculo en el interior del ascensor.

Esto es particularmente útil para personas en sillas de ruedas, ya que les permite ver y acceder a los botones de manera más eficiente sin la necesidad de girarse o realizar movimientos incómodos. Además, los espejos facilitan que los usuarios puedan comprobar que el ascensor está vacío y acceder a él con mayor seguridad.

Estética, entretenimiento y distracción

En muchos edificios, los espejos en los ascensores no solo son funcionales, sino que también cumplen una función estética. Se utilizan como elementos decorativos que mejoran la apariencia del ascensor, especialmente en espacios de lujo, como hoteles de cinco estrellas o edificios corporativos de alto nivel.

Los espejos grandes o con marcos elaborados pueden dar una sensación de amplitud y sofisticación, haciendo que el ascensor se perciba como un lugar más lujoso y cómodo. En estos casos, los espejos no solo cumplen su función práctica, sino que también son una declaración de estilo y diseño, contribuyendo al ambiente general del edificio y haciendo que los usuarios disfruten más de su experiencia al interior del ascensor.

Además, los espejos proporcionan entretenimiento al ofrecer a los usuarios la oportunidad de distraerse durante su trayecto. Al revisar su apariencia, ajustar su ropa o simplemente observar los reflejos, los pasajeros pueden aliviar la monotonía del ascensor.

Esta pequeña distracción resulta útil especialmente en trayectos largos o cuando el espacio está lleno. Los espejos permiten a los usuarios desconectarse momentáneamente de su entorno, creando una experiencia más relajada y menos incómoda mientras esperan llegar a su destino.

¿En qué edificios nunca tienen espejos los ascensores?

Aunque los espejos son comunes en muchos ascensores, existen ciertos inmuebles donde se opta por no incluirlos. Esto ocurre, sobre todo, en ascensores más grandes o exteriores, aquellos con cristaleras que no requieren de un espejo para crear una sensación de amplitud. En estos casos, el espejo pierde su función, ya que el espacio parece más abierto y la percepción visual es naturalmente más amplia.

En ciertos edificios como hospitales, centros de salud o algunas instalaciones gubernamentales, la seguridad y la privacidad son fundamentales, por lo que se opta por no incluir elementos decorativos como los espejos. En este contexto, los espejos se prescinden por completo, asegurando que el ascensor mantenga un enfoque puramente práctico y directo.

Para él fue la gota que colmó el vaso. El día que Juan se interpuso entre un autobús y su vía de salida admite que le pudo la rabia. “Y sin embargo, fue de las pocas veces que me hicieron caso”, rememora. Este domingo esperaba como cada fin de semana al interurbano que conecta su pueblo (Colmenar de Oreja) con Madrid, la ciudad en la que vive y trabaja de lunes a viernes. Cuando el vehículo llegó se repitió una historia que le era sobradamente conocida: no podría subir porque la rampa de acceso no funcionaba.

Juan Díaz Riquelme padece una parálisis cerebral que afecta a sus funciones motoras, por lo que va en silla de ruedas y para entrar o salir necesita de una pendiente que los medios de transporte público están obligados a tener. De hecho, el propio portal web de la Comunidad de Madrid especifica que su flota de autobuses, tanto urbanos como interurbanos, son “100% accesibles”. Algo con lo que Juan se muestra totalmente en desacuerdo.

“Me condiciona la vida no saber si llegaré pronto al pueblo aunque me organice, o si los domingos pasará algún bus que me lleve de vuelta para trabajar”, resume. Aunque goza de cierta independencia es habitual que, al acabar la semana, vuelva con su familia para tener cerca a alguien que le acueste, le levante o le atienda en caso de urgencia. El episodio del 2 de febrero fue la “enésima vez” que le ocurría algo parecido: o bien la rampa estaba estropeada, o demasiado desgastada como para aguantar el peso de una silla, o no había ni rastro del mando a distancia que permite desplegarla.

Esa vez terminaron llamando a la Guardia Civil. En un informe sobre la actuación, al que ha accedido Somos Madrid, la Benemérita deja constancia de que Juan accedió “voluntariamente” a retirarse y dejar que el autobús continuara la ruta. También confirman que la rampa de acceso estaba “averiada” por una “pieza defectuosa de fábrica” –según la explicación que dio el conductor– y que “la empresa mandaría otro vehículo para recogerle”. Es lo que figura en el acta policial, con fecha del mismo día. De acuerdo con el testimonio de Juan, ese coche nunca llegó y tuvo que esperar al siguiente autobús.

Los interurbanos como este enlazan distintos puntos de la comunidad y están asociados al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, una sociedad pública tutelada por el Gobierno autonómico. Es esta entidad la que, en última instancia, supervisa que las empresas privadas que ponen sus vehículos a disposición pública cumplen las normas de accesibilidad vigentes, reflejadas en leyes como la 8/1993 del 22 de junio (que promueve la accesibilidad en el transporte) o el decreto 79/1997 del 3 de julio, que lo adapta a un más reglamento específico para la Comunidad de Madrid y concreta las condiciones que deben tener, por ejemplo, las rampas tanto en empresas públicas como privadas.

La respuesta de la empresa

Más recientemente, en 2007, el Ministerio de Presidencia elaboró otro Real Decreto con las condiciones mínimas de accesibilidad en el transporte público que impone en su artículo 9 “establecer al menos un recorrido practicable para las personas con discapacidad [...] en los accesos a las instalaciones mediante rampas, elevadores u otros mecanismos similares”. En el caso de La Veloz S.A., también han de regirse por estos marcos normativos. La empresa, consultada por Somos Madrid, confirma tener constancia del problema dado que Juan es “un pasajero habitual” de la línea 337.

Fuentes de la compañía corroboran, además, que este “llama muchas veces con antelación” para informar de la hora a la que tiene pensado coger un autobús y solicitar que acuda un vehículo adaptado a sus necesidades de accesibilidad. “Es algo a lo que ya estarían obligados, pero sé que si no lo recuerdo me arriesgo a quedarme en tierra”, considera, por otro lado, el pasajero. En La Veloz se muestran “dispuestos a todo” y justifican este tipo de percances aludiendo al peso de la silla de ruedas, que en este caso es de tipo eléctrico. Lo consideran incompatible con algunas de sus rampas, de las que a fecha de publicarse este artículo no han especificado la capacidad de carga.

Las rampas que utiliza la línea 337 son del tipo PMR, una opción para las escaleras no aptas para ciertas discapacidades físicas ya que permite eliminar las barreras arquitectónicas. Están hechas de material resistente y facilitan la accesibilidad sin necesidad de establecer otro tipo de mecanismos más elaborados y costosos, como ascensores o sistemas electrónicos. Por lo general pueden soportar entre 200 y 300 kilos de peso, mientras que una silla de ruedas eléctrica (la que usa Juan) ronda los 155 kilos más el peso del usuario, entre 50 y 60 kilos.

Consultados por esta cuestión, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que, en el caso de la Comunidad de Madrid, en los autobuses “pueden viajar en ellos todos aquellos usuarios con movilidad reducida que usen sillas motorizadas del tipo escúter o similar siempre que el dispositivo y su propietario no superen los 300 kilogramos de peso y su propulsión, de tenerla, sea eléctrica”.

La historia de personas con problemas de movilidad en los interurbanos rara vez se remontan a un único episodio. Hace dos viernes, el 24 de enero, tuvo que intervenir una dotación de bomberos para sacar a Juan de un autobús en Colmenar de Oreja. El vehículo –numerado como 1692– salió a las 17.30 desde Conde de Casal (Madrid ciudad) y ya el pasajero, mientras se extendía la rampa, se percató de que la maniobra “iba más lenta que de costumbre y temblaba el material”. Aunque con cierta inconsistencia esa vez pudo subir. Pero bajar fue más difícil.

Una dotación de bomberos para bajarle del autobús

La pendiente no volvió a desplegarse cuando llegaron al pueblo y le era imposible aterrizar en su parada. Esto ralentizó la ruta y fue el propio usuario, según explica, quien tuvo que llamar a Bomberos para que pudieran liberarle. “Ellos fueron rápidos, pero tardamos entre media hora y 45 minutos en volver a salir”, relata Juan. Aunque destaca la intención e insistencia del conductor por revertir la situación llegando a “intentar arreglar la rampa por su cuenta sin ser el responsable de la situación”, no hubo manera sin recurrir a los efectivos, que llegaron desde Aranjuez. “Los autobuseros no tienen la culpa de su empresa negligente”, considera.

Reclamaciones que quedan a la deriva

En una de las respuestas que La Veloz S.A. ofreció ante una de las reclamaciones interpuestas en enero, con fecha del día 22 aunque referente a una incidencia del 12, aseguran que la rampa del autobús funcionaba en el momento de los hechos. Dicen haberse puesto en contacto con el conductor de la línea, al que días después del incidente “no le consta o recuerda incidencia de funcionamiento irregular” de la pendiente. No obstante fue durante ese período, el 17 de enero, cuando los bomberos tuvieron que intervenir para bajar a Juan tras bloquearse la rampa.

“Es agotador poner reclamaciones, sobre todo porque las respuestas del Consorcio [Regional de Transportes de Madrid] tampoco indagan más allá de preguntar a la empresa si hubo problemas. Y si ellos dicen no, es que no”, concluye este usuario, que se siente dispuesto a iniciar una batalla por todas las vías que sean precisas para obtener una solución: “Sé que es un problema pequeño y no seremos muchos los afectados, pero es precisamente por eso por lo que hay que hacer ruido. No solo por mí, sino por todos los que vendrán después”.

Iker es un niño de 11 años que cursa sexto de Primaria en el colegio el Barranquet de Godella y padece una enfermedad rara degenerativa, el síndrome de Emery-Dreyfus, que es una distrofia muscular de cintura que se caracteriza por la debilidad y la atrofia de los músculos esqueléticos específicos, la contractura articular temprana y la enfermedad cardíaca. La debilidad muscular generalmente comienza en la infancia y se desarrolla de forma lenta pero progresiva. Iker tiene movilidad reducida a causa de esta patología y camina con dificultad, ya que le cuesta mantener el equilibrio (en ocasiones, incluso necesita de una silla de ruedas para poder desplazarse).

La enfermedad, que cada día le afecta más a su movilidad, le ha ido dificultando su día a día, también en el colegio. Su clase se encuentra en el primer piso del centro, que no dispone de ascensor y está pendiente de una rehabilitación integral desde hace seis años. Y no solo el aula, en esa planta también se encuentran la sala de informática o la biblioteca, así como tampoco están adaptados espacios como los aseos o los vestuarios. Las obras fueron delegadas al Ayuntamiento de Godella en 2020, pero el proceso se ha ido retrasando por diferentes motivos.

Idalina es la tutora legal de Iker y se encuentra en pleno proceso de adopción del niño -ambos son oriundos de Paraguay y la tramitación se está realizando en el país sudamericano, a pesar de que ambos residen en España desde hace ocho años-. “El colegio no está adaptado para personas con movilidad reducida, porque hoy es Iker, pero mañana puede entrar otro alumno con problemas de movilidad o puede haber un niño que tenga un percance y necesitar muletas o una silla de ruedas”, se lamenta Idalina.

La tutora de Iker explica que desde el centro se propuso bajar la clase a la planta baja y que ellos lo descartaron: “Él no quiere condicionar a sus compañeros, y sabe lo que supone estar en el primer piso para los mayores respecto a los más pequeños; Desde luego, del colegio no tenemos ninguna queja”. No obstante, el niño debe enfrentarse cada día a los esfuerzos de tener que subir y bajar las escaleras con ayuda, “no tiene fuerza en los músculos, por lo que requiere de asistencia, pero eso no quiere decir que no lo pueda hacer; el fisioterapeuta nos dijo que no había problemas en que subiera y bajara las escaleras, que no es contraproducente”.

“Un problema que viene de lejos”

El alcalde de Godella, José María Musoles (PP), asegura en declaraciones a elDiario.es que este problema “viene de lejos”, desde hace seis años: “Desde que entramos nosotros en el gobierno municipal -en junio de 2023-, cogimos el testigo de Edificant, que estaba parado con el anterior equipo de gobierno (PSPV, Compromís y Unides Podem), y el proyecto ya está en la conselleria, pendientes de conseguir la autorización”. El objetivo que se plantearon, sostiene Musoles, era resolver cualquier problema que hubiera en los dos colegios públicos del Municipio, el Ceip Cervantes y el Ceip El Barranquet.

El alcalde confía en que las obras en el centro en el que cursa sus estudios Iker, que tienen un presupuesto cercano a los dos millones de euros, puedan comenzar en junio de 2025 y espera que puedan ejecutarse durante el próximo curso escolar para afectar lo menos posible a la comunidad educativa.

Desde la Conselleria de Educación explican a elDiario.es que la delegación del Edificant del CEIP El Barranquet de Godella está firmada por Vicent Marzà como conseller el 30 diciembre de 2020: “Sin embargo, el Gobierno del Botànic no hizo nada y ha sido el actual gobierno quien ha adjudicado el proyecto a Sanjuan arquitectura en febrero 2024; el ascensor está incluido en esta obra de reposición”, y añaden que al departamento que dirige José Antonio Rovira no le constan quejas de los padres ni del centro a este respecto.

Situación burocrática de Iker

Iker no dispone de permiso de residencia en España por su situación de acogida, por lo tanto no tiene reconocida la discapacidad: “Se solicitó, pero le fue denegada al no tener tarjeta de residente, a pesar de llevar ocho años residiendo en España y estar escolarizado aquí”, explica Idalina. Esto se traduce en que debe costear gran parte del material ortopédico que requiere, “Si tuviera reconocida la discapacidad, la Seguridad Social se haría cargo de una parte mayor de los gastos que provoca la enfermedad”.

El parque infantil ha incorporado nuevos elementos inclusivos, como un columpio de asiento, señalética braille y bancos adaptados. “Estamos dando un paso importante hacia la creación de un entorno más accesible para todos los pequeños. Creemos firmemente que cada niño merece disfrutar de su infancia sin barreras”, ha destacado el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, en una visita al parque.

Escobar ha estado acompañado de la concejala de Políticas de Familia, Sociales y Discapacidad, Patricia Sainz, representantes de Fundación ONCE; Asociación de Personas Sordas de la Rioja; CERMI La Rioja (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) y de la Asociación Vecinal La Cava-Fardachón.

En concreto, el parque cuenta ahora con un columpio de asiento adaptado, con lo que se pretende no aislar a los niños con alguna limitación y que puedan compartir juegos en el parque infantil con el resto de niños y niñas; señalética táctil Braille, para mejorar la accesibilidad e inclusión de niños y niñas con discapacidad visual; un panel con alfabeto dactilológico, el alfabeto que usan las personas sordas con la representación manual de las letras que componen el alfabeto de la lengua oral y bancos adaptados para facilitar su uso por personas con movilidad reducida. Este parque tiene una fácil accesibilidad a través de su itinerario peatonal, del transporte urbano municipal y del servicio de alquiler de bicicletas Bicilog.

Durante la visita, el alcalde ha subrayado que “un parque infantil es un lugar donde nuestros niños y niñas juegan, aprenden, se relacionan y crecen juntos”, y ha añadido que “es fundamental que todos se sientan incluidos y bienvenidos”.

Además, este parque está muy cerca de la Ludoteca ‘La Peonza’ y, tal como ha añadido el alcalde de Logroño, “estos nuevos elementos que se han incorporado crean un ambiente que fomenta la diversidad y la inclusión, de tal forma que todos los niños que acuden a la ludoteca empiecen a normalizar este entorno integrador”. Escobar ha agradecido a todos los que han trabajado “codo a codo para hacer posible esta transformación. Este proyecto lo ha materializado el ayuntamiento, pero no habría sido posible sin la colaboración de Fundación ONCE, Asociación de Personas Sordas y el CERMI”.

Por último, el alcalde ha subrayado “queremos que este parque se convierta en un modelo a seguir en otros espacios infantiles de nuestra ciudad porque es fundamental seguir trabajando juntos para implementar medidas que hagan de Logroño una ciudad cada día más inclusiva donde todos los niños y adultos puedan disfrutar sin limitaciones”.

La celebración del Dos de Mayo en Camargo estará adaptada para personas sordas y con movilidad reducida y además incluirá 'La Hora Silenciosa' para personas con autismo y TDH.

Una apuesta por la accesibilidad que va a permitir “que todos disfrutemos plenamente de la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde”, ha manifestado el alcalde, Diego Movellán, que ha anunciado este martes las medidas adoptadas desde la Concejalía de Cultura y Festejos para que las personas con accesibilidad “participen de forma inclusiva” en los actos programados con motivo del Dos de Mayo.

Movellán ha explicado que el Ayuntamiento quiere abrir “a los ciudadanos en condiciones de igualdad” esta fecha “importante para los camargueses y para todos los españoles” y “emblema” de la promoción del patrimonio cultural e histórico de Camargo.

“Por primera vez, las fiestas en homenaje a nuestro héroe local van a ser accesibles para todos aquellos que quieran ser parte de las mismas”, ha asegurado regidor, que ha llamado la atención acerca de las medidas adoptadas en dos de los actos centrales de la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde.

En concreto, se ha referido a las recreaciones que van a tener lugar en la céntrica Plaza de la Constitución: la primera de ellas, el viernes, día 26 de abril, a partir de las 21.00 horas, en la que se recrearán los fusilamientos del 3 de mayo y se pondrá en escena el micromusical 'Muero por España'. La segunda recreación, el estreno absoluto del espectáculo 'Yo que lo viví', que tendrá lugar en este emplazamiento tras el Gran Desfile de la Guerra de Independencia, que comenzará a las 20.30 horas del sábado, día 27.

En ambas, el Ayuntamiento ha contado con COCEMFE y FESCAN para seguir sus recomendaciones con el objetivo de que las personas con movilidad reducida, así como las personas sordas, puedan disfrutar de los espectáculos. En este sentido, el escenario de la Plaza de la Constitución dispondrá de una plataforma “para garantizar la visibilidad” y, por otro lado, “facilitar a aquellos que tengan dificultades para sostener un paraguas el estar a cubierto en caso de lluvia”, ha referido el alcalde.

Asimismo, la organización de la Fiesta ha reservado una zona, también sobre este mismo escenario de la Plaza de la Constitución, con el fin de que las personas con discapacidad auditiva dispongan de una traductora en lengua de signos para que sigan el curso de los textos que interpreten tanto los actores como los cantantes.

En esta misma línea, las personas sordas también van a contar con un total de diez plazas reservadas en la visita teatralizada al Museo Pedro Velarde que tendrá lugar el martes, día 29 de abril, a las 16.00 horas, en la que los visitantes dispondrán de un servicio de traducción de lengua de signos.

Las personas sordas que quieran formar parte de la visita teatralizada deben inscribirse a través del correo electrónico visitaetnograficocantabria@gmail.com, indicando que forman parte del grupo que participa acompañado de traducción a lengua de signos.

Por otro lado, y en cuanto a la accesibilidad al Mercado Goyesco, se ha habilitado 'La Hora Silenciosa'. “Queremos que las personas con autismo y TDH, que presentan una sensibilidad negativa a los estímulos sonoros se sientan seguras para acceder a este espacio”, ha explicado Movellán, quien ha adelantado que“todos los días, de 17.00 a 18.00 horas, el Mercado Goyesco será transitable sin música ni efectos sonoros de ninguna clase.

Por último, y en relación a los actos institucionales que se celebrarán el Dos de Mayo, se dispondrá, en el exterior del Museo Pedro Velarde, de un servicio de traducción a lengua de signos para las personas sordas que deseen seguir las intervenciones institucionales.

El alcalde ha reiterado que“esta es una primera experiencia en la que Camargo ”es un municipio pionero en materia de accesibilidad en este tipo de eventos“, por lo que ha pedido la ”colaboración activa“ de las personas con discapacidad para que se sumen a estas jornadas festivas, de modo que ”entre todos logremos mejorar las medidas introducidas edición tras edición“.

Al respecto, se ha habilitado un correo electrónico, autonomiapersonal@aytocamargo.es, para que, una vez finalizada la Fiesta Homenaje a Pedro Velarde, se envíen sugerencias de mejora en materia de accesibilidad.

Se puede andar deprisa, se puede chutar, se puede regatear pero no se puede correr. Es decir, uno de los dos pies tiene que estar siempre en suelo. El balón no se puede elevar por encima de la cabeza y tampoco están permitidos los contactos, para así evitar el riesgo de lesiones. Si eso sucede, es falta.

Eso es el 'Walking Football', es decir, el 'fútbol andando'. Se trata una modalidad de este deporte que está ganando adeptos en España, aunque en Reino Unido es sobradamente conocido y en Europa ya cuenta con su propia Liga.

Jugar al fútbol andando está pensado para personas mayores o aquellas que tienen movilidad reducida. Y pueden practicarlo hombres y mujeres juntos en equipos mixtos. Es una forma de que no tengan que renunciar a realizar un deporte activo e igual competitivo que el balompié de toda la vida.

La Fundación Coliseé informa de que tiene un impacto positivo sobre la salud física, mental y social de las personas que lo practican. Así se viene demostrando desde que surgiera hace una década en el Reino Unido, concretamente el Chesterfield FC Communit Trust buscada una iniciativa que ayudara a fomentar el deporte entre sus aficionados más mayores y dio con la tecla.

Actualmente la WFA (Asociación de Walking Football en sus siglas en inglés) engloba a 1.150 clubes con, aproximadamente, 40.000 jugadores registrados; siendo el club más grande del mundo el Birmingham, que tiene 500 miembros, entre ellos 50 mujeres.

En España, Fundación Getafe CF, Real Betis y FC Cartagena son algunos de los clubes que están promoviendo esta iniciativa entre sus aficionados y aficionadas más mayores. Eso a nivel de competición. Porque en el terreno de los partidos amistosos y sin jugar campeonatos hay muchos equipos más. Por ejemplo, también está registrado el denominado WABOL, juego antes conocido como Walking Footbal Union para promocionar este deporte en el país.

Al 'fútbol andando' quiere apuntarse el municipio de Quer, municipio de unos 800 habitantes de la provincia de Guadalajara. Su concejal de Deportes, Edgar Delgado, que también es realizador y tiene una productora de televisión, cubrió el torneo que se jugó en España en el campo del Getafe y allí pudo conocer el 'Walking Football'.

Lo que vio le gustó tanto que propuso al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Quer que probaran a abrir inscripciones para crear un equipo en la localidad.   

“Me pareció muy interesante el ambiente que se respiraba ahí y la deportividad de todas las personas. Me quedé alucinado de la cantidad de equipos de primera división que había. Ahora queremos intentar replicar esto y por eso hemos abierto la posibilidad en nuestro municipio”, explica.

Equipos de cinco personas y en campos más pequeños

Detalla el edil que entre las diferencias más importantes con el fútbol tradicional, además de las mencionadas, se encuentra el hecho de los equipos son más pequeños: se juega de cinco en cinco. El campo también es más pequeño, aproximadamente una cuarta parte del tamaño estándar. Es más, esta modalidad no cuenta con la figura del portero. “Algún jugador puede quedarse en la portería para evitar el gol, pero no puede pararla con la mano”.

Al concejal le gusta especialmente que son equipos mixtos “sin ninguna restricción”. Y destaca, de hecho, que en la competición a la que acudió en Getafe había muchas entrenadoras. Ángela Macáis, por ejemplo, es la entrenadora del propio Getafe CF.

Según Edgar Delgado, los grandes equipos como el Real Madrid y el Barça están estudiando ya incorporar esta modalidad, que también está apoyando la Federación Española de Fútbol, retransmitiendo en sus canales los partidos amistosos que se juegan en toda España.

“En el Ayuntamiento de Quer estamos haciendo una captación de personas interesadas para intentar formar nuestro equipo y poder empezar a entrenar y a jugar”, precisa. Las condiciones son: ser mayor de 50 años y/o tener movilidad reducida.

La propuesta de Quer pasa por iniciar los entrenamientos en el Polideportivo Municipal de La Dehesa, si hay un número suficiente de inscritos, y, a partir de los primeros entrenamientos, buscar, en fines de semana, la disputa de partidos amistosos con otros equipos tanto en la Castilla-La Mancha como en Madrid.