La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un procedimiento sancionador contra un directivo de TMB, la empresa pública que gestiona el metro y el bus en Barcelona, por la exposición de datos confidenciales de empleados en la intranet de la compañía que desveló elDiario.es en febrero de 2025.

La propuesta de sanción, todavía por determinar, podría alcanzar un máximo de 300.000 euros porque Antifraude considera “muy grave” la presunta infracción cometida, al haber vulnerado las garantías de confidencialidad y anonimato de una persona informante de la propia OAC.

Son varios los empleados de TMB que, durante los últimos años, han pedido amparo a Antifraude para obtener su protección como informantes de presuntos casos de corrupción. Algunos de ellos lo hicieron tras alertar de la propia brecha de seguridad en la intranet, otros tras denunciar o investigar a altos directivos por presunto acoso laboral.

La posible multa se dirige contra el director del área jurídica y de buen gobierno, también imputado en un juzgado penal junto al consejero delegado y otra directiva por presunto acoso laboral a la jefa que investigaba irregularidades internas.

La propuesta de sanción se suma a la cuantiosa multa que la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCat) pretende imponer a la compañía por los mismos hechos. En el caso de la APDCat, la sanción podría llegar a 15 millones de euros. 

Desde TMB señalan que el afectado presentará alegaciones ante la Oficina Antifraude, recuerdan que la brecha ocurrió hace más de un año, aseguran que lo pusieron en contacto de las autoridades, y achacan el fallo a un “error” del “proveedor externo” que se encargaba de la gestión del sistema informático.

Datos sensibles a la vista

Tal y como desveló este periódico hace un año, un error en la configuración de la intranet de TMB permitió que cualquiera de los casi 9.000 empleados de la compañía pudiera acceder, y descargar, cientos de gigas de información sensible de algunos de sus compañeros.

La información accesible, en algunos supuestos, era altamente confidencial e incluía expedientes de la propia Oficina Antifraude, denuncias al Canal Ético de la empresa, actas del Consejo de Administración, expedientes de Fiscalía, demandas laborales, informes de riesgos psicosociales, correos electrónicos…

También estaba expuesta otra información comprometedora del departamento de recursos humanos y del de compliance como por ejemplo grabaciones de testigos entrevistados durante la instrucción de un caso de acoso laboral.

Los empleados de TMB también podían consultar datos de familiares de los demás empleados, contratos de trabajo, solicitudes de baja, informes y diagnósticos médicos, denuncias policiales, sentencias judiciales, actas de conciliación en despidos o incluso convenios reguladores de regímenes de separación conyugal.

La propuesta de sanción de Antifraude supone un elemento más en la crisis de reputación que vive TMB: a los problemas derivados de la brecha de seguridad se le suma la imputación de hasta cinco altos directivos en juzgados penales por dos presuntos delitos de acoso laboral.

En las dos querellas por presunto acoso laboral que han presentado contra estos cinco directivos también se ha incluido la mencionada brecha de seguridad, ya que los datos de las dos denunciantes y toda la documentación de las investigaciones internas de sus casos estuvieron al descubierto durante meses.

La Agencia Antifraude ha resuelto la denuncia cursada el pasado 6 de mayo de 2024 por la portavoz adjunta de Compromís en les Corts Valencianes, Isaura Navarro, en relación con el uso indebido de recursos públicos por parte del entonces presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, “en sus redes sociales personales”, entre otros casos, en el vídeo que publicó en sus cuentas personales en el que entregaba las llaves de una vivienda pública “con terracita” a un afectado de la dana. Antifraude considera, entre cosas, que “en contextos de catástrofes o tragedias, la comunicación debe ser institucional y empática, nunca personalista ni apropiada para el lucimiento individual”.

Navarro denunció infracciones constantes de la Ley de Publicidad Institucional del año 2018 al utilizar su cargo como presidente para el lucimiento en su perfil personal en lugar del oficial de Presidencia de la Generalitat, poniendo como ejemplo “el discurso de Fin de Año de Mazón como presidente de la Generalitat”, que únicamente se pudo ver en sus cuentas personales de Instagram y TikTok.

Navarro considera en su denuncia que Mazón hace “uso de sus redes sociales como una plataforma de propaganda personal sufragada con recursos públicos, usando espacios institucionales, recursos técnicos y señalética de la Generalitat”, un comportamiento que “no solo es éticamente cuestionable, sino que infringe la legislación en materia de publicidad institucional”.

Uno de los casos más flagrantes recogidos en la denuncia es el del vídeo que publicó Mazón en sus redes personales de su visita a un bloque de viviendas públicas que se ponían a disposición de los afectados por la Dana, una actuación, la de entrega de llaves, prohibida explícitamente por la legislación vigente, según Navarro.

La resolución de la Agencia Antifraude, a la que ha tenido acceso elDiario.es, aunque reconoce que “en los casos de utilización simultánea de perfiles privados en redes sociales y perfiles de cuentas públicas, puede provocarse la confusión en los receptores de las comunicaciones, entre la persona física que desempeña el cargo y el propio cargo, lo que está vedado en la Ley 12/2018, de 24 de mayo, de publicidad institucional”, se procede al archivo de la causa, ya que “no se aprecian indicios de fraude o corrupción, y se considera un caso con escasa repercusión sobre los recursos públicos, por lo que no puede justificarse la apertura de la Fase de Investigación”.

Sin embargo, realiza una serie de recomendaciones, entre ellas, que “en contextos de catástrofes o tragedias, la comunicación debe ser institucional y empática, nunca personalista ni apropiada para el lucimiento individual”. Además, insta a “emplear fórmulas descriptivas y neutras (hoy se ha firmado un convenio, se han aprobado ayudas), en lugar de mensajes en clave de logro político”: También propone “evitar logotipos, banderas, atriles o espacios institucionales en publicaciones personales”, así como dar prioridad a los canales oficiales: “La comunicación institucional debe difundirse siempre en cuentas y medios oficiales de la Generalitat (web, redes institucionales, Gabinete de prensa)”. En cuanto a las cuentas personales, afirma que “es posible compartir únicamente el enlace o la publicación oficial, sin recrear el mensaje ni añadir tono personalista o de campaña de logros”.

L’Agència Antifrau ha resolt la denúncia cursada el 6 de maig de 2024 per la portaveu adjunta de Compromís en les Corts Valencianes, Isaura Navarro, en relació amb l’ús indegut de recursos públics per part del president de la Generalitat llavors, Carlos Mazón, “en les seues xarxes socials personals”, entre altres casos, en el vídeo que va publicar en els seus comptes personals en què donava les claus d’un habitatge públic “amb terrasseta” a un afectat de la dana. Antifrau considera, entre altres coses, que, “en contextos de catàstrofes o tragèdies, la comunicació ha de ser institucional i empàtica, mai personalista ni apropiada per al lluïment individual”.

Navarro va denunciar infraccions constants de la Llei de publicitat institucional de l’any 2018 pel fet d’utilitzar el seu càrrec com a president per al lluïment en el seu perfil personal en compte de l’oficial de Presidència de la Generalitat, posant com a exemple “el discurs de Cap d’any de Mazón com a president de la Generalitat”, que únicament es va poder veure en els seus comptes personals d’Instagram i TikTok.

Navarro considera en la seua denúncia que Mazón fa “ús de les seues xarxes socials com una plataforma de propaganda personal sufragada amb recursos públics, usant espais institucionals, recursos tècnics i senyalística de la Generalitat”, un comportament que “no sols és èticament qüestionable, sinó que infringeix la legislació en matèria de publicitat institucional”.

Un dels casos més flagrants recollits en la denúncia és el del vídeo que va publicar Mazón en les seues xarxes personals de la seua visita a un bloc de cases públiques que es posaven a la disposició dels afectats per la dana, una actuació, la del lliurament de claus, prohibida explícitament per la legislació vigent, segons Navarro.

La resolució de l’Agència Antifrau, a què ha tingut accés elDiario.es, encara que reconeix que “en els casos d’utilització simultània de perfils privats en xarxes socials i perfils de comptes públics, pot provocar-se la confusió en els receptors de les comunicacions, entre la persona física que exerceix el càrrec i el càrrec mateix, cosa que està vedada en la Llei 12/2018, del 24 de maig, de publicitat institucional”, s’arxiva la causa, ja que “no s’hi observen indicis de frau o corrupció, i es considera un cas amb escassa repercussió sobre els recursos públics, per la qual cosa no pot justificar-se l’obertura de la fase d’investigació”.

No obstant això, fa una sèrie de recomanacions, entre les quals que, “en contextos de catàstrofes o tragèdies, la comunicació ha de ser institucional i empàtica, mai personalista ni apropiada per al lluïment individual”. A més, insta a “emprar fórmules descriptives i neutres (hui s’ha signat un conveni, s’han aprovat ajudes), en compte de missatges en clau d’assoliment polític”: També proposa “evitar logotips, banderes, faristols o espais institucionals en publicacions personals”, així com donar prioritat als canals oficials: “La comunicació institucional ha de difondre’s sempre en comptes i mitjans oficials de la Generalitat (web, xarxes institucionals, gabinet de premsa)”. Quant als comptes personals, afirma que “és possible compartir únicament l’enllaç o la publicació oficial, sense recrear el missatge ni afegir-hi to personalista o de campanya d’assoliments”.

La jueza ha decidido dar carpetazo a la denuncia de prevaricación y falsedad documental contra el Ayuntamiento de Mataró (Barcelona, 130.000 habitantes) por el proceso de selección de puestos de trabajo en el consistorio, denunciados en 2023 ante la Fiscalía por una antigua empleada municipal.

La exempleada denunció el caso inicialmente ante la Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) que le concedió el estatus de persona protegida por ser denunciante de un presunto caso de corrupción.

La trabajadora, sin embargo, fue despedida del Ayuntamiento a pesar de tener ese estatus y a principios de 2024 la OAC incoó contra el Ayuntamiento, gobernado por el PSC, el primer expediente sancionador de su historia contra una administración por “represalias” a una denunciante, en un caso que desveló elDiario.es.

En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la magistrada del juzgado de instrucción 5 de Mataró considera que los hechos denunciados en la querella no tienen relevancia penal y ha decidido archivar el caso, en una decisión que es todavía recurrible. La querella afectaba a una decena de empleados y exempleados municipales.

Hay abierta, paralelamente, otra causa por presunto acoso laboral hacia esta antigua empleada pendiente de juicio así como el mencionado expediente sancionador de la OAC.

El Ayuntamiento de Mataró siempre defendió que el caso no era más que un conflicto laboral con la denunciante, una extrabajadora municipal que perdió su plaza en un proceso de estabilización de la plantilla tras varios años como interina. El Consistorio, de hecho, no figuraba en la querella —se dirigía hacia empleados municipales— pero decidió personarse en el caso. La denunciante no fue admitida como parte personada en el caso, en una decisión que está actualmente recurrida.

Antifrau identificó ocho “represalias” contra la empleada que denunció el caso, incluyendo el “vaciado de funciones”, el cambio de ubicación física de su puesto de trabajo o el hecho de no reconocer que durante 11 meses había trabajado a un nivel superior al de su plaza.

Más de un lustro de batalla legal

La persona protegida por Antifrau y el Ayuntamiento de Mataró han estado más de un lustro enfrascados en una batalla burocrática y administativa que ha incluido la presentación de una veintena de recursos administrativos, solicitudes de acceso a información pública y en materia de protección de datos. 

Según la denunciante, los problemas con el Ayuntamiento se iniciaron cuando en 2019 presentó una denuncia por presunto acoso laboral. El proceso fue desestimado y la resolución fue trasladada a una docena de empleados del departamento, que habían recogido firmas en contra de la denunciante. 

La Autoritat Catalana de Protecció de Dades consideró una “falta muy grave” que el Ayuntamiento de Mataró no hubiera garantizado la confidencialidad de sus datos en el transcurso del procedimiento por presunto acoso laboral.

Posteriormente presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en 2021 incoó un expediente por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, si bien precisó que no se podía considerar acreditado que estos riesgos psicosociales estuvieran causalmente relacionados con los problemas de salud de la persona protegida, que desde 2018 causó diversas bajas laborales. 

El Tribunal de Cuentas Europeo alerta de que España presenta deficiencias en la supervisión del fondo europeo de recuperación y lagunas en los controles de contratación pública, y advierte de que el sistema antifraude del Mecanismo “no es plenamente eficaz y presenta insuficiencias” a escala comunitaria para garantizar una protección plena del presupuesto de la Unión Europea.

En su informe sobre la lucha contra el fraude en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los auditores concluyen que el marco establecido para prevenir, detectar y corregir el fraude “no es plenamente eficaz” y presenta carencias tanto en los Estados miembro como en la propia arquitectura diseñada por la Comisión Europea.

En el caso de España, el Tribunal subraya que el organismo de coordinación no ejerce un control activo sobre la aplicación de las medidas antifraude por parte de las entidades ejecutoras, lo que debilita la supervisión global del sistema. Además, señala que los controles vinculados a la contratación pública no cubren la totalidad de los contratos financiados por el mecanismo, limitando así la capacidad de verificación y deja espacios de riesgo.

No obstante, el informe reconoce avances tras las auditorías comunitarias y destaca como elemento positivo la existencia del canal nacional de denuncia 'Infofraude', gestionado por el Servicio Nacional de Coordinación Antifraude, que permite comunicar irregularidades de forma anónima y refuerza los mecanismos de alerta temprana.

Los requisitos demasiado generales, un problema europeo

Más allá del caso español, el Tribunal advierte de que los requisitos antifraude fijados en la normativa del Mecanismo de Recuperación, dotado con 650.000 millones de euros, son demasiado generales y no definen con suficiente precisión el alcance mínimo de las comprobaciones que deben llevar a cabo las autoridades nacionales.

Los auditores también alertan de la falta de criterios uniformes para notificar los casos de presunto fraude a la Comisión y de la existencia de datos incompletos e incoherentes entre países, lo que dificulta evaluar la magnitud real del problema y orientar de manera eficaz las medidas correctoras.

Otro de los puntos más sensibles del informe se refiere a la recuperación de fondos. A diferencia de otros programas europeos, los Estados miembro no están obligados a reintegrar al presupuesto comunitario los importes que recuperen de beneficiarios implicados en fraude, salvo que la Comisión considere insuficientes esas actuaciones.

Dado que una parte significativa de las inversiones se ejecutará en la fase final del instrumento, el Tribunal advierte del riesgo de que posibles casos de fraude se confirmen cuando el sistema de notificación ya haya concluido, lo que podría dificultar el seguimiento y la recuperación efectiva de fondos.

Según datos de la Fiscalía, desde la puesta en marcha del MRR se han investigado 307 casos de fraude vinculados a este instrumento, una cifra que, a juicio de los auditores, pone de relieve la necesidad de reforzar las salvaguardas en futuros programas europeos de gran volumen financiero.

La respuesta de la Comisión

La Comisión Europea ha acogido favorablemente el informe de los auditores y, aunque coincide en términos generales con las conclusiones, también discrepa de algunas valoraciones, y sostiene que los sistemas nacionales examinados están, en líneas generales, bien diseñados para detectar actividades fraudulentas y cuentan con políticas antifraude y canales de denuncia operativos.

En relación con la notificación de casos sospechosos, la Comisión reconoce que puede haber margen de mejora y anuncia que actualizará sus orientaciones para precisar el momento y la información que deben comunicar los Estados miembro, en el marco de las directrices sobre la fase final y el cierre del Mecanismo de Recuperación.

Sobre la recuperación de fondos, el Ejecutivo comunitario recuerda que los Estados miembro están legalmente obligados a corregir y recuperar los importes indebidamente utilizados y a notificar los casos sospechosos a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude y a la Fiscalía Europea, incluso después de la finalización formal del mecanismo.

Asimismo, la Comisión subraya que mantiene el derecho a efectuar verificaciones y auditorías durante un periodo de hasta cinco años tras el último pago y advierte de que, cuando un país no corrija adecuadamente casos de fraude, corrupción o conflicto de intereses, adoptará las medidas correctoras pertinentes, incluidas posibles reducciones financieras.

El Ayuntamiento de Madrid no indagará en las presuntas irregularidades de la Junta Municipal de Hortaleza, presidida por el polémico concejal David Pérez. Las informaciones publicadas por este periódico el pasado noviembre abordan la cuestionada adjudicación para organizar una cabalgata de Reyes a una empresa que no cumplía un requisito de la licitación, la ayuda concedida a una asociación que no respetó las bases de la convocatoria o la organización de actos en un auditorio después de que el lote de gestión de servicios en ese recinto quedara desierto. La Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no investigará ninguna de estas actuaciones, a tenor de la información y la documentación a la que ha tenido acceso Somos Madrid.

La entidad del Gobierno de Almeida solo entra a valorar la tercera de las cuestiones denunciadas por el abogado Javier Flores, ya que sobre las dos primeras manifiesta su falta de competencia. Pese a ello, fuentes del Ayuntamiento consideran que la Oficina Antifraude ve la gestión técnica “respaldada por la Intervención Municipal”. Desde el Ejecutivo de Cibeles hablan además de “titulares difamatorios” a partir de estas denuncias, así como de “una campaña de acoso personal que señaló al concejal de Hortaleza, David Pérez, como corrupto”. Según el Consistorio, “estos informes concluyen que la subvención fue legal y la cabalgata cumplió escrupulosamente la normativa”

“El Reglamento Orgánico de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción no configura a esta Oficina Municipal como un mecanismo de revisión sobre resoluciones adoptadas por los órganos que tienen competencia para dictarlas”, recoge el escrito en cuanto a la subvención de 3.100 euros a la Asociación de Vecinos Cárcavas San Antonio.

En una solicitud a las ayudas de la Junta Municipal de Hortaleza elevada el 18 de junio de 2024, esta entidad presentó un proyecto con un presupuesto de 12.000 euros. Apenas unas horas más tarde, dirigió una segunda solicitud en la que reducía la cantidad a 8.000 euros. En ambos casos, a tenor de las bases y de que no hubo más intentos de subsanación antes de que el plazo expirara, la propuesta debió ser rechazada al superar el límite de 6.000 euros por solicitud. Sin embargo, esto no sucedió y la agrupación recibió una aportación de 3.100 euros, la cifra a la que aspiraba y que es además la máxima financiación por entidad que las bases permitían. Otras agrupaciones que cumplían todos los requisitos no recibieron ni un euro “por falta de fondos”.

Sin competencias sobre la contratación en la cabalgata, pero recomendación de “una mayor igualdad”

El órgano de control rechaza igualmente analizar lo ocurrido en la cabalgata de Sanchinarro de 2024 con argumentos similares: “Esta Oficina Municipal no tiene competencia en materia de revisión de actos administrativos”. La Junta de Hortaleza se saltó los requisitos de su propia convocatoria para adjudicar un contrato por valor de 10.500 euros a la compañía Eventos Innovate Altea. El pliego de cláusulas administrativas particulares (PCAP), documento que establecía las bases, recogía en su cláusula 14 que las empresas beneficiarias debían cumplir, ya antes del inicio del proceso, un requisito indispensable: la inscripción o solicitud en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Estado (Rolece). Sin embargo, la agraciada no figuraba en ese registro en el momento de presentar su candidatura, pese a señalar que sí en la presentación de su oferta. De acuerdo a la documentación consultada por este periódico, la situación dio pie a un voto discrepante de la interventora del distrito, Aránzazu Ruiz Muguruza, una de las integrantes de la mesa de contratación. Consideró que la información aportada no eximía a la empresa de incumplir las condiciones de los pliegos.

Pese a descartar las pesquisas debido a una cuestión competencial, en este tema la resolución expresa más duda sobre la rigurosidad del procedimiento: “En el caso que nos ocupa el PCAP si establecía dicha exigencia. Por otra parte, el modelo de pliegos declarados de general aplicación en el Ayuntamiento de Madrid contiene la cláusula 14 en los mismos términos recogidos en el PCAP del contrato. Asimismo, y sin perjuicio de que se valore por el órgano competente para la aprobación de pliegos que no procede la solicitud de inscripción en el Rolece como requisito previo en futuros expedientes, contribuiría a dotar de una mayor igualdad en la concurrencia publica que esta cuestión quedara claramente expresada en los pliegos”.

La tercera cuestión tiene que ver con la organización de conciertos u homenajes a los mejores estudiantes de Hortaleza en el auditorio Pilar García Peña. Aunque el lote para labores de asistencia que incluyen la seguridad o la técnica no tuvo concurrentes y el Ayuntamiento de Madrid tampoco cerró contratos menores, el espacio acogió un concierto, actuaciones de un coro infantil o premios a cientos de niños. El Gobierno de Almeida argumenta que una contratación paralela, en un lote separado, “cubre la prestación integral” de estos servicios. La resolución de la Oficina Antifraude respalda esta postura: “De la lectura de los informes emitidos, tanto por Coordinación de Distrito como por el responsable del Contrato, se infiere que no quedan acreditadas las irregularidades que se afirmaban en la denuncia”.

La Oficina respalda a la Coordinación del Distrito por la “presunción de veracidad”

Según dichos informes, remitidos en diciembre de 2025, los conciertos en el auditorio Pilar García Peña “estarían enmarcados en la previsión de 3 actividades en dicho espacio contempladas en el lote 1 [el que sí fue adjudicado]”. La Oficina recalca que esos documentos “están dotados de una presunción de acierto y veracidad por la cualificación técnica de quienes los emiten y solo cabe frente a ellos una prueba suficiente de que son manifiestamente erróneos, de que vulneran el ordenamiento jurídico vigente”. Pero el organismo que los emite, la Coordinación del Distrito, es uno de los más criticados por asociaciones vecinales que denuncian la “persecución”, la “discriminación” o la “asfixia económica y burocrática” por parte de Pérez, sobre todo después de la cancelación de eventos con raigambre en el barrio a pocos días de su celebración.

Ocupa la coordinación del distrito Miguel Ángel López del Pozo, figura con un papel clave en otra importante controversia en Hortaleza, en lo que algunos vecinos y extrabajadores han calificado como “purga” de trabajadores en la Junta de Hortaleza. La Coordinadora de Entidades de Hortaleza cree que López del Pozo ha promovido recolocaciones y hostigamiento a funcionarios “por motivos ideológicos”: “Es un político camuflado que ha generado un ambiente irrespirable en la Junta Municipal, como denuncia la plantilla”.

“Nada de lo que está haciendo David Pérez figuraba en el programa del Partido Popular y nuestras críticas son compartidas por muchos de sus votantes en el distrito, también por representantes del partido en Hortaleza”, aseguraba también la Coordinadora, que lamenta la actitud “cómplice y protectora” del alcalde de Madrid. Precisamente el regidor, José Luis Martínez-Almeida, animó a presentar denuncias administrativas cuando comenzaron a trascender estas informaciones. Fuentes consultadas por este medio indican que el primer edil era ya consciente de que la prescripción del plazo para presentar recursos por parte de posibles perjudicados en los casos de la cabalgata y la ayuda a la asociación dificultaban la iniciación de cualquier procedimiento sancionador.

España, 1 de enero de 2026. Esta es la fecha límite para que miles de e-commerce en España se adapten a la Ley Antifraude VeriFactu. En este artículo, ponemos el foco en la frenética creación de módulos de PrestaShop para VeriFactu.

PrestaShop es el CMS de comercio electrónico de código abierto con mayor implantación en Europa y uno de los más usados en España.

La nueva ley, que exige el uso de Sistemas Informáticos de Facturación (SIF) certificados, ha abierto la veda a un mercado de módulos y soluciones y, según los expertos, “no todas ofrecen las garantías legales necesarias”.

Hablamos con Carlos Gallego, CEO y fundador de InFoAL, uno de los desarrolladores clave en esta adaptación, que ha desarrollado una solución para los dueños de tiendas online con este CMS para desvelar la cruda realidad del cumplimiento de VeriFactu en PrestaShop.

La conversación con Carlos Gallego: ética, ingeniería y ley

P: Carlos, InFoAL se encuentra en la primera línea de la adaptación tecnológica que exige la Ley Antifraude. Antes de sumergirnos en los detalles técnicos, ¿cómo ves esta convergencia entre la innovación tecnológica y la responsabilidad social que implica el cumplimiento de una ley?

R: Es la esencia de nuestro trabajo. Hoy en día, ser programador o desarrollador va mucho más allá de escribir código funcional. Estamos creando sistemas que tienen un impacto directo en la legalidad y la economía de miles de empresas. El cumplimiento de VeriFactu no es solo una función técnica, es un ejercicio de ética profesional y transparencia con los clientes y con la Agencia Tributaria.

La ley nos exige que los sistemas informáticos de facturación garanticen que cada factura emitida sea inalterable, trazable y se comunique de inmediato a Hacienda. Y estos sistemas deben nacer con la garantía de que son legales de principio a fin, sin atajos. Eso es lo que hemos llevado a cabo con nuestro módulo de PrestaShop para VeriFactu.

P: En las últimas semanas vemos una enorme cantidad de noticias en los medios sobre VeriFactu, ¿ha habido alguna novedad últimamente que ha provocado prisas en el sector?

R: En 2021 se aprobó la Ley Antifraude, por lo que esto no debería haber pillado a nadie por sorpresa. Pero en nuestro país somos muy dados a dejarlo todo para el último momento, empezando por la propia AEAT, que tardó dos años y medio en aprobar el reglamento técnico para explicarnos a los desarrolladores qué debíamos hacer exactamente.

Además, la primera semana de noviembre de este año fue el momento elegido por la AEAT para enviar una notificación electrónica a todos los empresarios de España avisando de la obligatoriedad de cumplimiento en enero. Parece obvio que deberían haberla enviado muchísimo antes. También hay que mencionar el triste papel que están teniendo muchos gestores y asesores en este asunto que lógicamente les atañe. Muchos no han informado a sus clientes hasta el último momento, y ahora muchas empresas necesitan cambiar sus sistemas en un plazo imposible.

Y todavía hoy seguimos con la desinformación a poco más de un mes de la fecha límite. La semana pasada todos los periódicos publicaban noticias donde el propio Colegio Oficial de Gestores Administrativos decía, literalmente, que “la mayoría de empresas no deberán adaptarse a VeriFactu”, refiriéndose a que quienes emitan facturas con papel y boli no estarán obligados.

¿Qué porcentaje de empresas emitirán facturas de esta manera en 2026, sin ningún tipo de programa? Te aseguro que no son la mayoría, según algunos estudios probablemente sean menos del 20%. Pero ese titular ahonda en el problema: en lugar de incentivar a los empresarios a modernizarse y mejorar su gestión, se les anima a seguir utilizando métodos obsoletos.

P: ¿Qué implica esta ley para un dueño de tienda online y por qué el SIF es clave?

R: El problema no es usar una tienda online, sino que esta dependa de un sistema de código abierto. La mayoría de e-commerce que hay en España son así: Woocommerce, PrestaShop, Drupal, Magento… hablamos de entre 50.000 y 100.000 tiendas.

Nosotros hemos elegido un nicho, PrestaShop, un sistema concreto que dominamos y en el que nos hemos especializado tras más de 15 años de trabajo con él, pero los problemas son los mismos para todos los sistemas de código abierto: WordPress, Magento, Drupal....

La ley exige que el sistema garantice que las facturas no se puedan alterar una vez emitidas, pero eso es técnicamente imposible en un sistema de código abierto, es una característica estructural, no hay solución. Por muchos módulos que le añadas a una web, no vas a poder eludir esto. Hacienda lo sabe, y ha encontrado una solución para no dejar directamente fuera de la ley a todas las tiendas online: que un módulo certificado legalmente por su desarrollador se encargue de toda la parte técnica de la ley (transmisión a la AEAT, QR ...), y que todo el resto de cumplimiento legal sea responsabilidad del propietario. El SIF es la tienda en su conjunto y el propietario es su responsable legal.

P: ¿Entonces, la AEAT certifica y homologa módulos que cumplen con VeriFactu?

R: No, en absoluto, la AEAT ni certifica ni homologa nada. La fórmula que han elegido se llama 'Declaraciones responsables'. No se trata de otra cosa que de una especie de 'juramento' emitido por la empresa responsable de cada sistema donde esta 'certifica' o, mejor dicho, 'da su palabra' de que cumple la ley. Es así de sencillo, un documento firmado, con validez legal, publicado en la web, donde cada uno de sus dueños se compromete a no defraudar. Esa aparente sencillez, ha hecho que muchos se hayan lanzado al desarrollo de 'soluciones para cumplir VeriFactu', cuando realmente lo importante es la responsabilidad legal que hay detrás de esos documentos firmados.

Todo el mundo debe tenerlo claro: VeriFactu no se cumple instalando un módulo en la tienda y listo. VeriFactu impone requisitos técnicos, legales y operativos… desde los módulos solo podemos hacernos cargo de la parte técnica, el resto solo puede ser “certificado” por el propietario de la tienda.

P: El mercado está saturado de soluciones. Tú aseguras que muchas de ellas son directamente ilegales. Es una declaración muy fuerte. ¿A qué te refieres exactamente?

R: Es fuerte, pero es la realidad que hemos detectado tras meses analizando la normativa, y tras varias aclaraciones de la AEAT. Hay dos motivos fundamentales por los cuales muchas soluciones que se han creado, incluso algunas desarrolladas con buena fe, instalan al cliente en una situación de ilegalidad. Vayamos a cada uno de esos motivos.

P: ¿Te refieres a la declaración responsable?

R: Sí. La ley es clara y un primer problema es la ausencia de la declaración responsable. Cualquier sistema que envíe facturas a VeriFactu tiene que tener la Declaración Responsable (DR) del productor. Pensemos en la Declaración Responsable como la ITV de tu software. Puedes tener un módulo que funciona, pero si no tienes la DR, es ilegal usarlo para emitir facturas.

No hay más vuelta de hoja y la AEAT ya ha dicho que el uso de una solución sin DR implica multas directas de 50.000 euros por cada ejercicio en que se hayan estado utilizando… Multas para el propietario de la tienda, pero además, es que estos desarrolladores, en cuanto empiecen las inspecciones, se exponen a 150.000 euros de multa directa por cada sistema que hayan vendido.

La ley es clara y un primer problema es la ausencia de la declaración responsable. Cualquier sistema que envíe facturas a VeriFactu tiene que tener la Declaración Responsable (DR) del producto

P: ¿Y hay soluciones en el mercado que no ofrecen una cosa tan básica?

R: Aunque parezca mentira, así es. Muchos de esos sistemas (que no voy a nombrar), exponen directamente en sus condiciones que no dan esta declaración responsable. Con esto, supuestamente se 'lavan las manos', cobrando por una solución que, en términos legales, es incompleta e ilegal.

Lo que deberían hacer es explicar claramente que estas soluciones solo son aptas para que un desarrollador se las instale, las estudie, adapte el código fuente a sus necesidades, y que sea cada desarrollador el que firme su propia DR una vez se las haya 'hecho suyas' y pueda emitir esa DR (que el desarrollador original no da). Pero en lugar de eso las están vendiendo a los propietarios de tiendas como soluciones que 'cumplen sin más', y nada más lejos de la realidad, y todos se están exponiendo a enormes multas. No importa que funcionen, estoy seguro de que 'funcionan', pero no cumplen la ley.

Segundo problema: La temeridad con el certificado digital

P: El otro punto crítico es la gestión del certificado digital del cliente. ¿Por qué esto es un problema?

R: Imagina que eres un desarrollador, y ves en la llegada de la Ley Antifraude la oportunidad para crear un módulo de PrestaShop para VeriFactu para el cumplimiento legal y venderlo. Te lees la normativa y ves que “la transmisión de los registros a la AEAT debe ir firmada digitalmente”. Entonces buscas cómo se realiza técnicamente esa firma, lo pruebas, y funciona. El problema, y lo que muchos no han entendido, es que la AEAT en ningún momento ha dicho que esa firma deba realizarse con el Certificado Digital de cada cliente.

Es más, la AEAT hace muchos años que creó la figura del Certificado de Colaborador Social, un representante legal que puede actuar en nombre de terceros. Los profesionales colegiados (gestores administrativos, asesores fiscales, etc….) ya disponen de estos certificados especiales, ellos pueden realizar gestiones ante la AEAT a nombre de sus clientes sin tener que estar pidiendo el certificado digital de cada uno. Pero el programador que desconoce este hecho, simplemente se da cuenta de que la firma con el certificado digital del cliente “funciona”, y plantea la solución técnicamente más fácil: “Sube tu certificado digital y lo usamos para firmar”... sin darse cuenta de los enormes riesgos que esto conlleva.

P: ¿Y cuál es el riesgo de hacer esto?

R: A nivel de seguridad técnica, esto es una absoluta temeridad, porque estás entregando la llave maestra de tu empresa a un tercero. Es como ir dejando tu DNI para que otras personas lo tengan y puedan utilizarlo cuando quieran y para lo que quieran. Tanto a nivel español como europeo, almacenar y gestionar Certificados Digitales de clientes requiere de unas altísimas medidas de seguridad y del cumplimiento de una larguísima lista de requisitos técnicos y legislativos, y eso está al alcance de muy pocos. El Certificado Digital es la firma del empresario, es personal e intransferible. Un negocio ético y profesional nunca debería pedirle ese nivel de acceso.

El Camino legal y la solución InFoAL

P: Entonces, ¿cuál es el camino que InFoAL ha seguido para garantizar el 100% de cumplimiento?

R: No hay atajo, tenemos profesionales colegiados en plantilla, y por eso operamos como Colaborador Social de la AEAT. O sea, que nosotros usamos nuestro propio certificado y el dueño de la tienda no tiene que cedernos el suyo. Y nuestro módulo y nuestra API cumplen todos los requisitos técnicos que la AEAT impone (lo cual nos permite emitir nuestra Declaración Responsable). Es la única forma de dar una solución completa y ética.

Conclusión y guía práctica para el cliente

P: La Ley Antifraude es compleja. Si tuvieras que resumir, para guiar a aquellas personas que están buscando cumplir la legalidad con sus tiendas online construidas con PrestaShop en el marco de la Ley Antifraude ¿cuáles son las preguntas clave que todo dueño de e-commerce o agencia debe hacer a su proveedor de un módulo de PrestaShop VeriFactu para asegurar que no corre riesgos?

R: La clave principal siempre debe ser la transparencia. Hay que poner el foco en la propiedad legal del software y en la seguridad de los datos.

A esos usuarios que buscan adquirir un addon de PrestaShop para VeriFactu yo les invitaría a hacer estas preguntas a sus proveedores:

1. ¿Disponen de la Declaración Responsable (DR) del productor y pueden entregarla por escrito? Si la respuesta es no, o si le dicen que toda la responsabilidad técnica y legal es del propietario, están ante un software que es legalmente incompleto. Hay que exigir la Declaración Responsable del productor.

2. ¿Cómo gestionan la comunicación con Hacienda y dónde reside el Certificado Digital? Si le piden subir su certificado a un servicio SaaS, o a su propio servidor de hosting… deberían huir. Ese certificado es su firma empresarial; su uso debe ser intransferible. La única respuesta correcta del proveedor es que usen un Certificado de Colaborador Social propio, para actuar en su nombre con la autorización de Hacienda, protegiendo así su seguridad.

3. ¿El precio incluye la garantía del cumplimiento a futuro? Esto parece mundano, pero el coste de una multa por incumplimiento es infinitamente superior al de una solución profesional. Hay que pagar por la tranquilidad de que, cuando la AEAT pida modificaciones del software, el que ha adquirido el usuario se va a actualizar.

No podemos, ni queremos, ni debemos actuar como un asesor legal para los clientes, no es nuestra responsabilidad, nosotros somos desarrolladores. Pero sabemos que la enorme complejidad de la normativa de la que hablamos está provocando mucha desinformación y mucha confusión entre los propietarios. Por ello, les ayudamos en lo que podemos, transmitiendo toda la información de la que disponemos.

Hace unos días publicamos en nuestra web un checklist para adaptar tu tienda PrestaShop a VeriFactu: una lista de 30 puntos organizados en 10 categorías, de comprobaciones a realizar para que, cuando llegue el día 1 de enero y se implante VeriFactu, puedan estar tranquilos.

P: Para finalizar, en un mundo tecnológico donde la velocidad y el low cost (bajo coste) parecen primar, ¿qué reflexión general te deja la implementación de una ley como VeriFactu en el ecosistema digital español?

R: El año que viene, después de VeriFactu, todos deberemos adaptarnos a la Ley Crea y Crece, y al uso de facturas electrónicas. Vienen tiempos de muchos cambios y hay que aprovechar para modernizar nuestros procedimientos y avanzar hacia una gestión más inteligente y automatizada.

La tecnología es un medio, no un fin. Como ingenieros y como empresarios, tenemos la responsabilidad de no buscar el beneficio a corto plazo con soluciones incompletas, siempre es mejor fidelizar, y que los clientes se mantengan y crezcan contigo a lo largo de los años. El mercado está lleno de “profesionales” que ofrecen atajos, pero la sostenibilidad de un negocio, especialmente en un e-commerce, se basa en el trabajo bien hecho, la honestidad y la transparencia.

Nuestro compromiso en InFoAL es demostrar que la ética profesional es siempre la mejor estrategia de negocio, sobre todo cuando se trata de cumplir la ley. No aceptes atajos que pongan en riesgo años de trabajo en tu tienda online.

El juez de Barcelona que investigaba al exdirector del Servicio Meteorológico de Catalunya (Meteocat) Oriol Puig, hermano del exconseller de Convergència Felip Puig, ha archivado el caso al concluir que no existen suficientes indicios para proseguir con la causa penal en la que estaba acusado de promover un cártel de empresas de radares.

En su auto, el juez Santiago García atiende en su totalidad los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción, y da carpetazo a la causa al valorar que “no resulta debidamente justificada la perpetración del delito”. En su comparecencia como investigado, Puig negó haber promovido un cártel y enmarcó el envío de un correo a una empresa ante un concurso en una práctica habitual del Meteocat.

La denuncia de la Fiscalía derivaba de un informe de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) que alertaba de irregularidades en las adjudicaciones de radares y estaciones meteorológicas entre los años 2011 y 2019, etapa en la que Puig dirigió el organismo. También estaban investigados los directivos de dos empresas.

La denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se basó en un informe de la Autoridad Catalana de la Competència (ACCO) que en 2019 sancionó a Puig y a las empresas ADASA y MCV por constituir un cártel que se habría repartido las adjudicaciones de las estaciones meteorológicas. Después, la OAC envió los expedientes a la Fiscalía Anticorrupción tras apreciar indicios de delito.

En una exhaustiva investigación, la ACC concluyó que Puig “jugó un papel de impulsor y facilitador” del cártel entre las dos empresas. Según la ACC, Puig participó de forma “directa” en el establecimiento de las prácticas anticompetitivas desde el año 2011 hasta 2018, cuando fue relevado al frente del Servicio Meteorológico de Catalunya. Los tribunales anularon la sanción administrativa impuesta a Puig por cuestiones formales, sin cuestionar el fondo de las pesquisas.

Tras analizar decenas de correos electrónicos entre los implicados y todos los concursos, Competència concluyó que Puig “promovió la colaboración” entre las dos empresas. La primera firma, según la ACC, recibió “indicaciones” de Puig para que “compartiera” el negocio de las estaciones, al tiempo que el entonces director “suministraba información privilegiada” de las licitaciones del servicio meteorológico catalán a los directivos investigados antes de que fueran publicadas oficialmente. Insuficiente, sin embargo, para proseguir con la vía penal.

L’Agència Valenciana Antifrau torna a reclamar la nul·litat d’una permuta de Policia Local arran d’una nova denúncia per compra de les places. En una resolució publicada el 29 de novembre, corresponent a una denúncia del 2023, l’organisme certifica que no es donen els criteris perquè les resolucions siguen vàlides.

L’organisme de prevenció del frau continua sense entrar en el moll de l’assumpte, si va haver-hi intercanvi monetari o no, pel fet de no tindre competències per a requerir aquesta informació als agents denunciats. Es limita a abordar la validesa dels acords de dos ajuntaments, que tampoc s’identifiquen. Segons l’escrit, es rep denúncia sobre una “presumpta retribució econòmica entre els agents implicats quan, a més, es dona la circumstància que un d’ells està a punt de jubilar-se” i sobre un “presumpte frau de llei per ometre’s en els informes tècnics la normativa corresponent”.

L’ens constata que les administracions locals no van aplicar les previsions recollides en l’article 76.5 del Decret 3/2017 del 13 de gener, del Consell “sense que, a més, conste en els acords la motivació d’acudir a aquest sistema excepcional i les raons concretes d’interés públic i del desenvolupament correcte del servei”, és a dir, ni informes sobre la trajectòria dels agents ni justificació de la necessitat de canviar les places.

A més, afig Antifrau, constata “l’absència de l’informe preceptiu favorable de la secretària municipal en els expedients de permutes referits regulat en l’article 76.5 i incompliment del requisit de permanència recollit en l’article 76.3 del Decret 3/2017 pels funcionaris permutants que es van jubilar immediatament després de la presa de possessió en els municipis de destinació”. Les permutes han de justificar-se i els agents, complir requisits, com no haver participat en una permuta en els últims 10 anys i mantindre’s un any en actiu després del trasllat.

El cas és molt similar a un altre de recent en l’Ajuntament de València, on la venda de places de policies pròxims a la jubilació ha sigut una constant. El consistori dirigit pel PP i Vox, amb María José Catalá al capdavant, ha decidit limitar les permutes a casos de conciliació familiar, després de denúncies sobre el mercat negre de places. No obstant això, el consistori va rebutjar revisar les permutes qüestionades per Antifrau i va considerar que, si s’haguera produït un pagament, és un assumpte entre particulars.

La Agencia Valenciana Antifraude vuelve a reclamar la nulidad de una permuta de Policía Local tras una nueva denuncia por compra de las plazas. En una resolución publicada el 29 de noviembre, correspondiente a una denuncia de 2023, el organismo certifica que no se dan los criterios para que las resoluciones sean válidas.

El organismo de prevención del fraude sigue sin entrar al grueso del asunto, si hubo intercambio monetario o no, al no tener competencias para requerir esta información a los agentes denunciados.

Se limita a abordar la validez de los acuerdos de dos ayuntamientos, que tampoco se identifican. Según el escrito, se recibe denuncia sobre una “presunta retribución económica entre los agentes implicados cuando además se da la circunstancia de que uno de ellos está a punto de jubilarse” y sobre un “presunto fraude de ley por omitirse en los informes técnicos la normativa correspondiente”.

El ente constata que las administraciones locales no aplicaron las previsiones recogidas en el artículo 76.5 del Decreto 3/2017 de 13 de enero, del Consell “sin que además conste en los citados acuerdos la motivación de acudir a dicho sistema excepcional y las concretas razones de interés público y del correcto desarrollo del servicio”, es decir, ni informes sobre la trayectoria de los agentes ni justificación de la necesidad de cambiar las plazas.

Además, añade Antifraude, constata “la ausencia del informe preceptivo favorable de la secretaria municipal en los expedientes de permutas referidos regulado en el artículo 76.5 e incumplimiento del requisito de permanencia recogido en el artículo 76.3 del Decreto 3/2017 por los funcionarios permutantes que procedieron a la jubilación inmediata tras la toma de posesión en los municipios de destino”.

En activo, al menos un año tras el traslado

Las permutas han de justificarse y los agentes cumplir requisitos, como no haber participado en una permuta en los últimos 10 años y mantenerse un año en activo después del traslado.

El caso es muy similar a otro reciente en el Ayuntamiento de València, donde la venta de plazas de policías próximos a la jubilación ha sido una constante. El consistorio dirigido por PP y Vox, con María José Catalá al frente, ha decidido limitar las permutas a casos de conciliación familiar, después de denuncias sobre el mercado negro de plazas. Sin embargo, el consistorio rechazó revisar las permutas cuestionadas por Antifraude y consideró que, de producirse un pago, es un asunto entre particulares.

“Al final es mejor dar la cara aunque te la partan”. A Oriol Camacho se le ha agotado la paciencia. Testigo de un caso que investiga varios delitos relacionados con la Federación Catalana de Fútbol (FCF), recibió como un mazazo la decisión de la Oficina Antifraude de Catalunya (OAC) del pasado 30 de julio de retirarle la protección como alertador de corrupción.

En la resolución, firmada por el director de la OAC, Miguel Ángel Gimeno, se acuerda cerrar el expediente por el que se le otorgó la condición de persona informante o protegida (reconocida por la ley que intenta evitar posibles represalias a los alertadores de corrupción) al aducir que Antifraude “no puede llevar a cabo más actuaciones de protección” a Camacho. Consultada por elDiario.es, la OAC ha declinado comentar el caso por razones de confidencialidad.

“Me siento desamparado por la Oficina Antifraude”, denuncia Camacho, que, si bien reconoce que durante el tiempo en que ha contado con protección no ha tenido represalias laborales (estaba de baja), lamenta que la OAC “no ha hecho nada” ante el “acoso” de sus antiguos jefes en la Federación Catalana de Futbol.

El caso de Camacho pone de manifiesto la distancia que existe entre una normativa que desde 2023 brinda protección y apoyo a los denunciantes de corrupción (fruto de una directiva europea que España tardó más de cuatro años en trasponer) y el día a día de los alertadores. “Todos los alertadores que conozco estamos fatal de salud mental”, alerta este jurista.

Al miedo a terminar sin trabajo (a menudo los denunciados son los jefes) se le suman los problemas psicológicos derivados del estrés como los que sufre Camacho (tiene reconocida una incapacidad temporal como accidente laboral y está a la espera de si se prolonga o le obligan a volver a la FCF). “Si tengo que volver a trabajar allí, lo pasaré mal”, advierte Camacho.

Árbitro desde 1998, Camacho empezó a trabajar en la FCF hasta convertirse en su secretario general en 2020. La entidad, sin ánimo de lucro e históricamente un remanso de paz con una plantilla estable, entró en ebullición después de la pandemia, con conflictos laborales, elecciones anuladas y dos facciones de directivos enfrentadas. El mal ambiente y los rumores de chanchullos ascendieron a causa penal a inicios de 2024.

Los Mossos registraron en marzo la sede de la entidad por una supuesta falsificación en las actas de delegación de voto de varios clubes. La causa permanece abierta, con la instrucción a punto de terminarse y con la cúpula de la FCF investigada. Camacho es uno de los testigos clave del caso, y fue interrogado por los investigadores de Anticorrupción de la policía catalana el 5 de marzo 2024.

Apenas ocho días después, y tras la petición de Camacho a los Mossos, la OAC le otorgó la condición de persona “informante o denunciante protegida”, y requirió formalmente a la Federación Catalana de Fútbol que se abstuviera de llevar a cabo “represalias” contra el jurista. También informó de la condición de Camacho al juzgado de Sabadell (Barcelona) que lleva a cabo la investigación.

Dos meses después, la propia OAC deja sin efecto la protección a Camacho, que recurre y vuelve a obtenerla. El pasado 30 de julio, sin embargo, la OAC decide retirársela al considerar que ya no puede llevar a cabo “ninguna otra actuación concreta de protección”.

Según Antifraude, corresponde ahora al juzgado de instrucción de Sabadell que investiga el caso de la FCF (una causa que ya estaba abierta cuando la OAC otorgó la condición de persona protegida a Camacho), la adopción de medidas de protección “sin perjuicio de la asistencia” que le pueda prestar la OAC.

Pese a retirar la condición de persona protegida al jurista, la OAC “se ofrece” al juzgado para “toda la asistencia que puedan precisar” si la magistrada decide que Camacho precisa de protección. No consta que a día de hoy el juzgado haya decidido medidas para evitar represalias al denunciante.

“La resolución no comporta que el solicitante quede desprotegido ante posibles actos de represalia, sino que como hay procesos judiciales pendientes, se dan por finalizadas de forma provisional las actuaciones de la OAC y queda en manos de la Fiscalía y el juez competente la aplicación de medidas de apoyo”, resuelve Antifraude.

La OAC y Camacho coinciden en que el periodo de protección ha evitado una represalia en forma de despido, pero disienten en que las declaraciones públicas del presidente de la FCF, Joan Soteras, contra Camacho y el bloqueo del correo corporativo del jurista supongan una represalia al denunciante.

En su resolución, la OAC menciona una única reunión en persona con Camacho para tratar su caso. El denunciante también echa en falta más “empatía” por parte de la Oficina. “En este tiempo me hubiera venido bien una llamada para saber cómo estaba”, lamenta.

Camacho relata que en los últimos años en los que ostentó el cargo, la directiva encabezada por Soteras (uno de los investigados del caso) le aplicó un “vaciado de competencias” en asuntos económicos, de recursos humanos y de administración. El clima laboral, admite, estaba enrarecido tras un conflicto interno con un grupo de trabajadores que lo enfrentó a Soteras y empezó a realizar algunas grabaciones “por seguridad”.

“Me llegaron a pedir cosas ilegales, como que accediera al correo electrónico del anterior asesor jurídico”, afirma. El sufrimiento que narra Camacho pareció atenuarse cuando se lo contó todo a los Mossos d'Esquadra. “Me sentí liberado y escuchado por los mossos, que me trataron sin condescendencia aunque sabían que lo estaba pasando muy mal”, recuerda. “Y me avisaron de que si encontraban algo en mi contra lo pondrían igual en el atestado, como tiene que ser”, agrega. Más de un año después, Camacho sigue siendo testigo y Soteras imputado en el caso.

L’Ajuntament de València congela les permutes de la Policia Local després de les investigacions de l’Agència Antifrau per un ‘mercat’ de places entre agents de la capital i altres municipis. L’organisme autonòmic que treballa en la prevenció del frau i la corrupció ja està anys amb perquisicions sobre aquests procediments i ha rebut denúncies per compravenda de llocs en l’Administració, segons les quals agents de municipis menuts paguen a veterans en la capital per a intercanviar la plaça.

L’Agència Antifrau, que inicialment va apreciar tres delictes en la seua última investigació, no va poder acreditar el pagament per la plaça, encara que va concloure que l’acte administratiu no complia el que es preveu en la llei i hauria de declarar-se nul, perquè un dels agents es va jubilar immediatament després del canvi. Antifrau va acabar recomanant que en els acords de permutes s’“exterioritzen les raons d’interés públic que aconsellen la seua utilització o que no hi ha raons o necessitats del servici que la desaconsellen”. El consistori va rebutjar obrir una investigació sobre aquest cas pel fet de considerar que, si s’haguera produït un pagament per la plaça entre els dos agents, seria “un pretés fet que pretesament s’ha produït entre particulars”.

Tot i això, les investigacions d’Antifrau van generar un gran renou en el cos, els sindicats i el consistori que han portat a un bloqueig en les permutes. En els últims anys, apunten fonts policials, s’havia produït un augment notable d’aquesta fórmula, mitjançant la qual policies a punt de jubilar-se a la ciutat canviaven la seua plaça amb agents més joves d’altres municipis, agents amb ganes de progressar. Els pagaments per les places han sigut vox populi, apunten aquestes fonts, que deixen caure que no s’ha donat només en agents de base. 

L’Ajuntament de València reconeix en un informe remés al Síndic de Greuges la paralització de les permutes amb caràcter general, i apunta que únicament es tramitaran les permutes sol·licitades per motius de conciliació de la vida familiar i professional. En el document, que se cita en una resolució del defensor del poble, es dona compte de “les incidències esdevingudes” en el procés de permutes. L’informe, remés el 2 de juliol passat, és el resultat de la queixa d’un agent, que va acudir al Síndic després de preguntar al consistori per la tramitació de la seua permuta i no obtindre resposta. 

Segons apunta la queixa a l’òrgan estatutari, l’agent va preguntar per l’estat de tramitació del procediment de concessió de permutes i les causes concretes de la seua demora. Es va presentar al procés convocat per l’Ajuntament el gener del 2024 i el mes de novembre d’aquest any mateix va deixar de rebre informació. El mateix agent apunta que la plantilla municipal va ser informada per diversos sindicats de la batussa d’actuacions investigadores fetes per Antifrau i per la sol·licitud de dictamen al Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Segons es desprén del text, el consistori no va tornar a comunicar-li cap tràmit.

La queixa, que es basa en la falta de resposta de l’Ajuntament a l’agent, recorda al consistori el seu deure de donar resposta a les sol·licituds, les reclamacions i/o els recursos que presenten els interessats en tota mena de procediments. En un escrit posterior, datat el 12 de setembre, l’Ajuntament es compromet a adoptar la resolució del seu expedient de permuta, parat des de fa un any.

El Ayuntamiento de València congela las permutas de la Policía Local tras las investigaciones de la Agencia Antifraude por un 'mercado' de plazas entre agentes de la capital y otros municipios. El organismo autonómico que trabaja en la prevención del fraude y la corrupción lleva años con pesquisas sobre estos procedimientos y ha recibido denuncias por compra-venta de puestos en la Administración, según las cuales agentes de municipios pequeños pagan a veteranos en la capital para intercambiar su plaza.

La Agencia Antifraude, que inicialmente apreció tres delitos en su última investigación, no pudo acreditar el pago por la plaza, aunque concluyó que el acto administrativo no cumplía lo previsto en la ley y debería ser declarado nulo porque uno de los agentes se jubiló inmediatamente después del cambio. Antifraude terminó recomendando que en los acuerdos de permutas se “exterioricen las razones de interés público que aconsejan su utilización o de que no existen razones o necesidades del servicio que la desaconsejen”. El consistorio rechazó abrir una investigación sobre este caso al considerar que, de haberse producido un pago por la plaza entre los dos agentes, sería “un supuesto hecho que supuestamente se ha producido entre particulares”.

Con todo, las investigaciones de Antifraude generaron un gran revuelo en el Cuerpo, los sindicatos y el consistorio que han llevado a un bloqueo en las permutas. En los últimos años, apuntan fuentes policiales, se había producido un aumento notable de esta fórmula, mediante la que policías a punto de jubilarse en la ciudad cambiaban su plaza con agentes más jovenes de otros municipios, agentes con ganas de progresar. Los pagos por las plazas han sido vox populi, apuntan estas fuentes, que deslizan que no se ha dado solo en agentes de base.

El Ayuntamiento de València reconoce en un informe remitido al Síndic de Greuges la paralización de las permutas con carácter general, y apunta que únicamente se tramitarán las permutas que solicitadas por motivos de conciliación de la vida familiar y profesional. En el documento, que viene citado en una resolución del defensor del pueblo, se da cuenta de “las incidencias acaecidas” en el proceso de permutas. El informe, remitido el pasado 2 de julio, es el resultado de la queja de un agente, que acudió al Síndic después de preguntar al consistorio por la tramitación de su permuta y no obtener respuesta.

Según apunta la queja al órgano estatutario, el agente preguntó por el estado de tramitación del procedimiento de concesión de permutas y las causas concretas de su demora. Se presentó al proceso convocado por el Ayuntamiento en enero de 2024 y en el mes de noviembre de ese mismo año dejó de recibir información. El mismo agente apunta que la plantilla municipal fue informada por varios sindicatos de la pendencia de actuaciones investigadoras realizadas por Antifraude y por la solicitud de dictamen al Consell Juridic Consultiu de la Comunitat Valenciana. Según se desprende del texto, el consistorio no volvió a comunicarle ningún trámite.

La queja, que se basa en la falta de respuesta del Ayuntamiento al agente, recuerda al consistorio su deber de dar respuesta a las solicitudes, reclamaciones y/o recursos que presenten los interesados en toda clase de procedimientos. En un escrito posterior, fechado el 12 de septiembre, el Ayuntamiento se compromete a adoptar la resolución de su expediente de permuta, parado desde hace un año.

La denúncia de l'Agència Valenciana Antifrau sobre el títol fals de l'excomissionat del Govern per a la dana José María Ángel Batalla que la Diputació de València va remetre a la Fiscalia i que ara investiga Anticorrupció es va gestar a una velocitat inusitada, però a més podria estar plena d'irregularitats. La investigació, que parteix d'una denúncia anònima, i va ser dirigida pel director de l'entitat dependent de les Corts Valencianes, Eduardo Beut, no va tindre en compte les mínimes garanties legals per als investigats. Ángel Batalla ni va ser informat de l'obertura de les perquisicions sobre ell ni molt menys li va ser donada audiència per a poder defensar-se i explicar els dubtes que sobre el seu currículum tenien els investigadors. Tampoc als altres dos funcionaris esguitats pel procediment.

L'Agència Antifrau va realitzar tota la investigació contra Ángel Batalla i dos funcionaris entre el 9 d'abril i el 7 de maig de 2025 sense informar els afectats com marca l'article 10 de la mateixa llei de l'entitat dependent de les Corts Valencianes. Només l'últim dia, el 7 de maig i amb la investigació ja acabada on assegurava haver detectat un “il·lícit administratiu disciplinari”, va ser quan el director de l'agència, Eduardo Beut, va demanar un informe sol·licitant “el diferiment del tràmit d'audiència a les persones implicades”, és a dir, que la investigació haguera sigut secreta per als afectats.

Beut va demanar aquest informe sobre el secret de la causa a l'Àrea de Prevenció, Protecció al Denunciant i Assessorament, que li va contestar el mateix dia 7 de maig justificant que no s'hi haguera ni informat ni donat audiència als investigats. Aquell mateix dia, tot l'expedient va ser remés a la Diputació de València a la qual Antifrau emplaçava a donar audiència als investigats. Tres mesos i mig després, l'única cosa que ha fet la Diputació de València ha sigut iniciar un procés de restitució dels diners presumptament cobrats irregularment i denunciar el cas a la Fiscalia. Ni audiència per a defensar-se als funcionaris de la institució ni per al comissionat, que va dimitir de tots els seus càrrecs 36 hores després de publicar-se l'informe d'Antifrau en els mitjans de comunicació.

Les mínimes garanties de presumpció d'innocència s'han d'aplicar segons recull la pròpia llei de l'Agència Valenciana Antifrau en l'article 10. Així, l'article 10.1 de la norma planteja que el reglament de funcionament i règim interior de l'agència regularà el procediment per a dur a terme les funcions inspectores i investigadores de manera que es garantisquen “el dret a la defensa i el dret a la presumpció d'innocència de les persones investigades”. En el seu article 10.2, la llei d'Antifrau és molt clara i no dona peu a interpretacions laxes: “Quan l'agència determine la possibilitat de la implicació individual en un fet que és objecte d'investigació, informarà immediatament la persona afectada i li donarà tràmit d'audiència”.

Els investigadors d'Antifrau i el seu director, triat per majoria simple per PP i Vox, ni van informar el ja excomissionat, com va denunciar el mateix José María Ángel, ni molt menys li van permetre defensar-se o explicar per què va aparéixer un títol fals en el seu expedient de funcionari de la Diputació de València. En aquest cas, l'excomissionat sempre ha defensat que en desconeix l'origen. Només amb aqueixa declaració, els investigadors haurien d'haver-se aplicat un poc més a fons i intentat demostrar la procedència del títol i no despatxar la investigació en 15 dies hàbils, 29 naturals amb la Setmana Santa de 2025 pel mig. En democràcia, i així ho reflecteix la llei de l'Agència Valenciana Antifrau, l'obligació de prova la té qui acusa.

La Llei d'Antifrau en el seu article 10.3 obri la possibilitat de decretar investigacions secretes, però l'agència havia d'haver donat comunicació i tràmit d'audiència “en diferit”. “En cap cas l'agència podrà formular o emetre conclusions personalitzades ni fer referències nominals en els informes i les exposicions raonades, si la persona afectada no ha tingut prèviament la possibilitat real de conéixer els fets, de manera que puga formular al·legacions i aportar els documents que considere oportuns, els quals s'incorporaran a l'expedient”, estableix aquest article de la norma d'obligat compliment en l'agència que dirigeix Beut. Una obligació que es van saltar amb la justificació d'un informe sol·licitat i elaborat el 7 de maig, quan l'agència ja havia conclòs que hi havia irregularitats.

I en el seu article 10.4, la norma emfatitza que aqueixa audiència i el dret de defensa no es pot saltar malgrat que l'investigat siga un càrrec públic, com era el cas d'Ángel Batalla quan va ser investigat, i s'ha d'informar també els seus superiors. “Si les investigacions de l'agència afecten personalment alts càrrecs, funcionaris, directius o empleats públics o privats, s'informarà la persona responsable de la institució, òrgan o ens de què depenguen o en el qual presten serveis, excepte els casos que exigisquen el manteniment d'un secret absolut en benefici de la investigació, en els quals aquesta comunicació s'haurà de diferir”, indica. En aquest cas la Diputació de València va ser informada i va aportar la documentació requerida, però es desconeix si va ser informat el Ministeri de Política Territorial, on exercia el càrrec Ángel Batalla.

En aquests moments, la denúncia d'Antifrau que va acabar en els mitjans de comunicació i que va motivar la dimissió del comissionat està des del mes de maig en la Fiscalia Anticorrupció, com ha publicat elDiario.es. El fiscal que instrueix la causa haurà de donar audiència a José María Ángel i als dos caps de Recursos Humans que van avalar el currículum de l'excomissionat i als qui també va denunciar Antifrau. De moment, el Ministeri Públic ha obert diligències sobre el cas, però no ha citat als denunciats per Antifrau.

Una altra situació cridanera d'aquesta investigació va ser el ràpid inici de les investigacions i la velocitat en què van tancar les perquisicions i es va remetre l'informe a la Fiscalia. La denúncia anònima inicial contra José María Ángel es va presentar en Antifrau el 9 d'abril del 2025. El 15 d'abril, sis dies després, el director d'Antifrau va autoritzar els funcionaris de l'agència a personar-se en la Diputació i en la Universitat de València per acarar l'autenticitat del títol de diplomat que constava en l'expedient de funcionari del comissionat per a la dana. El 16, un dia després, ja es va alçar la corresponent acta d'inspecció.

Les perquisicions presencials es van realitzar per part dels funcionaris d'Antifrau el 29 d'abril a la Universitat de València, mentres que la contestació de la Diputació de València va arribar el 23 d'abril. Des del requeriment inicial no van passar ni deu dies per a la seua contestació. El 7 de maig, menys d'un mes després de la denúncia inicial, l'Agència Antifrau ja tenia elaborat l'informe previ en què va concloure que podrien haver-se comés il·lícits penals. En aquell moment, es va realitzar la resolució per a derivar el cas a la Diputació de València i que obrira un procediment disciplinari contra els investigats.

Una velocitat inusitada que contrasta amb unes altres, com la realitzada al policia local marit de la portaveu del PP a l'Ajuntament de Benidorm, que porten més de dos anys en inspecció.

Aqueixa investigació de l'Agència Antifrau, que es podria haver fet pública el 8 de maig —les conclusions són del 7 de maig— no va eixir a la llum pública fins al dia 29 de juliol, just el dia que es complien nou mesos de la dana. Quasi dos mesos i mig després i quan ja estava en mans de la Fiscalia Anticorrupció.

La velocitat en l'actuació també posa en dubte si l'Agència Antifrau es va saltar altres denúncies anònimes o amb nom i cognom per a investigar al comissionat. La llei 39/2015, de Procediment comú de les Administracions Públiques, en el seu article 71.2 fixa que en el despatx dels expedients “es guardarà l'orde rigorós d'incoació en assumptes d'homogènia naturalesa, llevat que pel titular de la unitat administrativa es done ordre motivada en contra, de la qual quede constància”.

La denuncia de la Agencia Valenciana Antifraude sobre el título falso del excomisionado del Gobierno para la dana José María Ángel Batalla que la Diputación de Valencia remitió a la Fiscalía y que ahora investiga Anticorrupción se gestó a una velocidad inusitada, pero además podría estar repleta de irregularidades. La investigación, que parte de una denuncia anónima, y fue dirigida por el director de la entidad dependiente de las Corts Valencianes, Eduardo Beut, no tuvo en cuenta las mínimas garantías legales para los investigados. Ángel Batalla ni fue informado de la apertura de las pesquisas sobre él ni mucho menos le fue dada audiencia para poder defenderse y explicar las dudas que sobre su currículum tenían los investigadores. Tampoco a los otros dos funcionarios salpicados por el procedimiento.

La Agencia Antifraude realizó toda la investigación contra Ángel Batalla y dos funcionarios entre el 9 de abril de 2025 y el 7 de mayo de 2025 sin informar a los afectados como marca el artículo 10 de la propia ley de la entidad dependiente de las Corts Valencianes. Solo el último día, el 7 de mayo y con la investigación ya acabada donde concluía haber detectado un “ilícito administrativo disciplinario”, fue cuando el director de la agencia, Eduardo Beut, pidió un informe solicitando “el diferimiento del trámite de audiencia a las personas implicadas”, es decir, que la investigación hubiera sido secreta para los afectados.

Beut pidió este informe sobre el secreto de la causa al Área de Prevención, Protección al Denunciante y Asesoramiento, que le contestó el mismo día 7 de mayo justificando que no se hubiera ni informado ni dado audiencia a los investigados. Ese mismo día, todo el expediente fue remitido a la Diputación de Valencia a la que Antifraude emplazaba a dar audiencia a los investigados. Tres meses y medio después, lo que ha hecho la Diputación de Valencia ha sido iniciar un proceso de restitución del dinero presuntamente cobrado irregularmente y denunciar el caso a la Fiscalía. Ni audiencia para defenderse a los funcionarios de la institución ni para el comisionado, que dimitió de todos sus cargos 36 horas después de publicarse el informe de Antifraude en los medios de comunicación.

Las mínimas garantías de presunción de inocencia se deben aplicar según reza la propia ley de la Agencia Valenciana Antifraude en su artículo 10. Así, el artículo 10.1 de la norma plantea que el reglamento de funcionamiento y régimen interior de la agencia regulará el procedimiento para llevar a cabo las funciones inspectoras e investigadoras de manera que se garanticen “el derecho a la defensa y el derecho a la presunción de inocencia de las personas investigadas”. En su artículo 10.2, la ley de Antifraude es muy clara y no da pie a interpretaciones laxas: “Cuando la agencia determine la posibilidad de la implicación individual en un hecho que es objeto de investigación, informará inmediatamente a la persona afectada y le dará trámite de audiencia”.

Los investigadores de Antifraude y su director, elegido por mayoría simple por PP y Vox, ni informaron al ya excomisionado, como denunció el propio José María Ángel, ni mucho menos le permitieron defenderse o explicar por qué apareció un título falso en su expediente de funcionario de la Diputación de Valencia. En este caso, el excomisionado siempre ha defendido que desconoce su origen. Solo con esa declaración, los investigadores tendrían que haberse aplicado un poco más a fondo e intentar demostrar la procedencia del título y no despachar la investigación en 15 días hábiles, 29 naturales con la Semana Santa de 2025 de por medio. En democracia, y así lo refleja la ley de la Agencia Valenciana Antifraude, la obligación de prueba la tiene quien acusa.

La Ley de Antifraude en su artículo 10.3 abre la posibilidad de decretar investigaciones secretas, pero la agencia tenía que haber dado comunicación y trámite de audiencia “en diferido”. “En ningún caso la agencia podrá formular o emitir conclusiones personalizadas ni hacer referencias nominales en los informes y las exposiciones razonadas, si la persona afectada no ha tenido previamente la posibilidad real de conocer los hechos, de manera que pueda formular alegaciones y aportar los documentos que considere oportunos, los cuales se incorporarán al expediente”, fija este artículo de la norma de obligado cumplimiento en la agencia que dirige Beut. Una obligación que se saltaron con la justificación de un informe solicitado y elaborado el 7 de mayo, cuando la agencia ya había concluido que existían irregularidades.

Y en su artículo 10.4, la norma enfatiza que esa audiencia y el derecho de defensa no se puede saltar pese a que el investigado sea un cargo público, como era el caso de Ángel Batalla cuando fue investigado, y se debe informar también a sus superiores. “Si las investigaciones de la agencia afectan personalmente a altos cargos, funcionarios, directivos o empleados públicos o privados, se informará a la persona responsable de la institución, órgano o ente de que dependan o en el que presten servicios, salvo los casos que exijan el mantenimiento de un secreto absoluto en beneficio de la investigación, en los que esta comunicación se deberá diferir”, fija. Es este caso la Diputación de Valencia fue informada y aportó la documentación requerida, pero se desconoce si fue informado el Ministerio de Política Territorial, puesto en el que desempeñaba el cargo Ángel Batalla.

En estos momentos, la denuncia de Antifraude que acabó en los medios de comunicación y que motivó la dimisión del comisionado está desde el mes de mayo en la Fiscalía Anticorrupción, como ha venido contando elDiario.es. En este caso, el fiscal que instruye la causa deberá dar audiencia a José María Ángel y a los dos jefes de Recursos Humanos que avalaron el currículum del excomisionado y a quienes también denunció Antifraude. De momento, el Ministerio Público ha abierto diligencias sobre el caso, pero no ha citado a los denunciados por Antifraude.

Otra situación cuanto menos llamativa de esta investigación fue el rápido inicio de las investigaciones y la velocidad en que cerraron las pesquisas y se remitió el informe a la Fiscalía. La denuncia anónima inicial contra José María Ángel se presentó en Antifraude el 9 de abril de 2025. El 15 de abril, seis días después, el director de Antifraude autorizó a los funcionarios de la agencia a personarse en la Diputación y en la Universitat de València para cotejar la autenticidad del título de diplomado que constaba en el expediente de funcionario del comisionado para la dana. El 16, un día después, ya se levantó la correspondiente acta de inspección.

Las pesquisas presenciales se realizaron por parte de los funcionarios de Antifraude el 29 de abril en la Universitat de València, mientras que la contestación de la Diputación de Valencia llegó el 23 de abril. Desde el requerimiento inicial no pasaron ni diez días para su contestación. El 7 de mayo, menos de un mes después de la denuncia inicial, la Agencia Antifraude ya tenía elaborado el informe previo en que concluyó que podrían haberse cometido ilícitos penales. En ese momento, se realizó la resolución para derivar el caso a la Diputación de Valencia y que abriera un procedimiento disciplinario contra los investigados.

Una velocidad inusitada que contrasta con otras, como la realizada al policía local marido de la portavoz del PP en el Ayuntamiento de Benidorm, que llevan más de dos años en inspección.

Esa investigación de la Agencia Antifraude, que se podría haber hecho pública el 8 de mayo —las conclusiones son del 7 de mayo— no salió a la luz pública hasta el día 29 de julio, justo el día que se cumplían nueve meses de la dana. Casi dos meses y medio después y cuando ya estaba en manos de la Fiscalía Anticorrupción.

La velocidad en la actuación también pone en duda si la Agencia Antifraude se saltó otras denuncias anónimas o con nombre y apellido para investigar al comisionado. La ley 39/2015, de Procedimiento común de las Administraciones Públicas, en su artículo 71.2 fija que en el despacho de los expedientes “se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario, de la que quede constancia”.

El instructor del 'caso Koldo' en el Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, ha ordenado unir a la causa dos informes remitidos por la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) relacionados con supuestas “irregularidades” referentes, por una parte, al sobrecoste de un millón de euros en una obra impulsada por Fomento y Adif en Albal (Valencia) y, por otra, a la ausencia de la aprobación de las cuentas en diversos ejercicios de la fundación Fiadelso.

En una providencia fechada este martes y consultada por Europa Press, el magistrado manda entregar copia del escrito y documentos a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para que, en la medida en que resulten de interés para la investigación, puedan ser tomados en cuenta.

Desde el organismo valenciano se remitió al magistrado, tras tener conocimiento de la realización de las actuaciones, dos expedientes por si pudiesen ser de interés para el procedimiento judicial.

En primer lugar, informa de que la Agencia tramitó un expediente relativo a la construcción de la estación de ferrocarril de Albal (Valencia). El origen de la construcción de la estación de ferrocarril se remonta al Protocolo de Colaboración para la implantación de una Estación de Cercanías en Albal, firmado en mayo de 2011 cuando era ministro de Fomento el socialista José Blanco.

Posteriormente, se celebró el convenio celebrado por el Ayuntamiento y entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en 2019 que fue firmado por el alcalde y la entonces presidenta del administrador ferroviario, Isabel Pardo de Vera, siendo ya ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

En el expediente se pusieron de manifiesto “diversas irregularidades” --apunta el organismo de control-- en la tramitación y ejecución del convenio que supusieron un pago por parte del Ayuntamiento de Albal a Adif en “un importe superior en más de un millón de euros por encima del coste real de la obra y justiprecio de las expropiaciones”, fundamentalmente por el importe del contrato que se adjudicó a la empresa encargada de las obras.

Según explica Antifraude, este contrato se adjudica siendo ministro Ábalos, en parte con fondos de la Unión Europea. Entre las “principales irregularidades” detectadas en la tramitación destaca que “no se cumplió con todas las determinaciones del Patricova, el Plan de Acción Territorial de Carácter Sectorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunidad Valenciana.

Añade que la trascendencia deriva de que no se llegó a inaugurar en el plazo inicialmente previsto debido a los efectos causados por la riada derivada de la dana en otoño del año 2024, que se produjo el mismo día de recepción de las obras.

Teniendo en cuenta que en marzo del año 2025 se encuentra pendiente de aprobar la certificación final de obra, se plantea la duda al investigador de la corrección de la recepción de la obra en fecha 29 de octubre de 2024 por incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley de ordenación de la edificación.

En febrero de 2025, tras las reparaciones realizadas con posterioridad a la barrancada, se inauguró la estación de tren de Albal. La Agencia no ha podido analizar la forma en que se adjudicó y ejecutó la obra porque eso implicaba revisar actuaciones de responsables que exceden de su competencia subjetiva (Adif).

Por esa misma razón, tampoco examinó si los modificados del contrato, que sumaron más de 800.000 euros al coste, fueron correctamente justificadas.

Fundación Fiadelso

Por otro lado, la AVAF informa al juez de un segundo expediente, que tiene por objeto la fundación Fiadelso y se concluye que incurre en causa de disolución por no haber sido aprobadas las cuentas de la fundación de los años 2016, 2017, 2018, 2019,2020 por el Patronato de la fundación.

A la vista de los elementos probados en el expediente no se realizaron actuaciones de investigación adicionales por considerar que tendrían el carácter de prospectivas, pero se consta en el expediente identificación de los miembros del Patronato de Fiadelso (presidente, vicepresidente, secretario y vocales) desde el 31/12/1992.

Se considera que este expediente puede permitir a los investigadores conocer la evolución de la fundación en estos años y de los cargos de patronos en el periodo comprendido desde 1992 a 2023.

El Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha registrado una denuncia en la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción contra el consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta, Jorge Paradela, por entender que pudiera haber cometido actos “constitutivos de fraude, corrupción, conflicto de intereses o actividad ilegal”, al hilo de su vinculación con Heineken España, empresa en la que trabajó antes de pasar a formar parte del Gobierno andaluz en julio de 2022.

La denuncia, adelantada por El País, está fechada este pasado jueves 24 de julio y viene firmada por la portavoz, María Márquez, y los 29 restantes diputados del Grupo Socialista. En el escrito, se solicita que la Oficina Antifraude “dicte el acuerdo expreso y motivado previsto en el artículo 16.3 de la Ley 2/2021 de junio, de Lucha Contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía para el ejercicio de las potestades de investigación e inspección para el esclarecimiento” de los hechos que describe.

En concreto, la denuncia socialista comienza relatando que, “según certificación del Registro Mercantil de Sevilla de fecha 28 de mayo de 2025, consta que la empresa Heineken España, S.A. otorgó un poder general a favor” de Jorge Paradela “mediante escritura pública en el año 2014, el cual fue formalmente revocado en 2015, si bien no se procedió a su cancelación registral efectiva hasta mayo de 2025”.

“En consecuencia, dicho apoderamiento continuó figurando como vigente en el Registro Mercantil durante toda su etapa como consejero de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía”, advierte la denuncia del PSOE-A, que subraya que “este extremo ha sido reconocido expresamente por la propia empresa en su nota pública de 27 de marzo de 2025, en la que admite que la revocación no fue inscrita por un 'error administrativo', y que solo fue corregido tras las consultas realizadas en el presente año”.

Frente a la denuncia del PSOE, el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, ha defendido este viernes la “trayectoria profesional intachable” que, en su opinión, ha protagonizado su compañero de gabinete, el titular de Industria, Energía y Minas, y ha acusado al Grupo Socialista en el Parlamento andaluz de “ausencia absoluta de escrúpulos” tras presentar una denuncia contra él en la Oficina Andaluza Antifraude.

Sin constar en el Portal de Transparencia

También señala la denuncia que el consejero “ha declarado retribuciones por rendimientos del trabajo durante los ejercicios 2022 y 2023 superiores a las correspondientes a su cargo público, sin que conste en el Registro de Altos Cargos ni en el Portal de Transparencia la identificación de la empresa pagadora, el concepto de las cantidades abonadas, ni la duración o naturaleza de la relación económica mantenida”.

El Grupo Socialista detalla en su denuncia las iniciativas que a través del Parlamento ha registrado solicitando información y documentación sobre este asunto, desde la premisa de que, aunque dicha “relación contractual” del consejero “sea inicialmente de carácter privado, su impacto en la transparencia, rendición de cuentas y posible concurrencia de causas de incompatibilidad convierte dicha información en relevante para el interés público y objeto legítimo de control parlamentario y ciudadano”.

Además, explica que, el pasado 11 de julio, el Grupo Socialista recibió respuesta de la Consejería de Industria, Energía y Minas a su solicitud de “copia íntegra de las declaraciones de actividades, bienes e intereses patrimoniales” de Paradela, que fue denegada con el argumento de que dicha información “se encuentra publicada para su consulta en el Portal de Transparencia' de la Junta de Andalucía”.

Desde el PSOE-A replican que “no se encuentran accesibles en formato completo” en el Portal de Transparencia, “ni las declaraciones originales ni sus sucesivas actualizaciones, especialmente en lo relativo a posibles relaciones contractuales o patrimoniales con la empresa Heineken España S.A., pese a haber sido una de las cuestiones expresamente requeridas”.

Retribuciones

Asimismo, explican en la denuncia que, en su respuesta, la Consejería “reconoce” que Paradela “percibió durante los años 2021, 2022 y 2023 retribuciones privadas acordadas con la citada empresa multinacional por cese de su actividad como directivo, lo que debería haber sido reflejado de forma detallada en las correspondientes declaraciones de intereses y actividades, cuya accesibilidad pública es esencial para el control de posibles situaciones de incompatibilidad”.

Según detalla la denuncia, “a día de hoy, no consta en el Portal de Transparencia” ni “la autoliquidación del IRPF del año 2021, previa a su nombramiento”, ni “información alguna sobre retribuciones complementarias percibidas” por Paradela, “pese a que dichas cantidades constan en su declaración de IRPF como rentas del trabajo”.

Además, desde el PSOE-A denuncian que, “en la declaración de bienes presentada con motivo del nombramiento como consejero en fecha 26 de julio de 2022, no aparecen reflejadas las cuantías correspondientes a los ingresos realizados por la empresa Heineken conforme a lo establecido en la guía informativa sobre incompatibilidades y obligaciones de las personas altos cargos y otros cargos públicos de la Administración de la Junta de Andalucía”.

Así las cosas, el Grupo Socialista entiende que, “de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 2/2021 de junio, de Lucha Contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía”, los hechos descritos en su denuncia “pudieran ser constitutivos de fraude, corrupción o conflicto de intereses”, por lo que ve “procedente” y solicita que la Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción actúe con sus “potestades de investigación e inspección para el esclarecimiento de los hechos”.

Posible infracción del régimen de incompatibilidades

Para el PSOE-A, “existen indicios razonables de la posible responsabilidad” de Jorge Paradela “por infracción del régimen de incompatibilidades y transparencia previsto en la Ley 3/2005, de 8 de abril”; en particular, “por omitir información relevante en sus declaraciones de actividades y bienes, mantener una apariencia registral de vinculación societaria incompatible con su cargo público, percibir retribuciones privadas sin identificación clara ni justificación documental en sede administrativa, y por la falta de publicación en el Portal de Transparencia y el BOJA de las declaraciones actualizadas de actividades, bienes y variación patrimonial”.

En este contexto, el PSOE-A considera “especialmente pertinente analizar si la conducta” del consejero, “consistente en la omisión en la declaración de actividades e intereses económicos relevantes –entre ellas, su vinculación ejecutiva con Heineken España, S.A. y la persistencia registral de un poder no cancelado durante el ejercicio del cargo–, así como la falta de reflejo en el Registro de Actividades y en el Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía, pudiera constituir una infracción grave o muy grave a efectos del régimen sancionador previsto en la Ley 3/2005, de 8 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Junta de Andalucía, así como en la Ley 2/2021, de 18 de junio, de Lucha contra el Fraude y la Corrupción en Andalucía”.

Posibles sanciones

En tal caso, “correspondería” a la Oficina Antifraude “valorar la procedencia de elevar al Consejo de Gobierno o al Parlamento de Andalucía la propuesta de adopción de las medidas oportunas para garantizar la legalidad, la transparencia institucional y la exigencia de las responsabilidades que en derecho procedan”, abunda la denuncia.

Detalla que, “de conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley 3/2005, las omisiones en las declaraciones, la no cancelación de poderes vigentes vinculados a actividades privadas incompatibles con el cargo, y la posible existencia de un conflicto de intereses material no declarado, pueden constituir infracciones graves o muy graves”.

Entre las sanciones contempladas en la legislación figuran las de “pérdida del cargo público; inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas entre tres y diez años; apercibimiento; suspensión temporal del cargo hasta un año e inhabilitación de hasta tres para ejercer como alto cargo”, según concluye la denuncia.

Desmantelado el Comité Ético de Antifraude. Así es como el PP y Vox destituyeron a Manuel Villoria Mendieta, junto a dos expertos en la materia, Marisa Cuerda y Antonio Penadés, quienes integraban este órgano encargado de investigar las denuncias internas de la agencia. El comité funcionaba como una especie de defensor del pueblo, con el objetivo de evitar que los casos de abusos y corrupción de la entidad quedaran impunes. Además de estos tres miembros, un trabajador de la agencia, elegido directamente por el personal, formaba parte de este comité.

Ahora, el Consejo de Ministros ha nombrado a Villoria como nuevo presidente de la Autoridad independiente de protección del informante, una especie de organismo fiscalizador encargado de garantizar la protección de quienes denuncien posibles actos de corrupción ante la Justicia, así como de aquellas personas que contribuyan al esclarecimiento de estos hechos o colaboren en la lucha contra el fraude. Una iniciativa que se incluye dentro del Plan de Acción por la Democracia, un amplio paquete, aprobado en septiembre de 2024, y que recoge medidas en materia de transparencia gubernamental, la protección de la libertad de expresión o quién financia a los medios de comunicación.

En este sentido, el ente actuará con total independencia, y recibirá las denuncias a través de un canal seguro, realizando la comprobación y, si procede, remitiéndolo a la Fiscalía. El denunciante estará salvaguardado bajo el anonimato y “el organismo ofrecerá medios de apoyo a las personas informantes, como el asesoramiento, la asistencia jurídica o el apoyo psicológico o financiero”.

¿Quién es Villoria?

Manuel Villoria Mendieta es catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Actualmente dirige el Observatorio en Buena Gobernanza y es director del Máster de Alta Dirección Pública del Instituto Universitario Ortega y Gasset-UIMP y del Máster en Gestión de la Seguridad, crisis y emergencias IUOG-URJC. También es doctor en Ciencia Política y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, licenciado en Derecho por esta misma universidad y en Filología por la Universidad de Barcelona.

Durante su paso por la administración pública, Villoria ha ocupado el cargo de subdirector de personal en la Dirección General de Tráfico o secretario general técnico de Educación y Cultura en la Comunidad de Madrid, y ha sido miembro del consejo rector de la Agencia Estatal de Evaluación de Políticas y Calidad de los servicios (AEVAL). En estos momentos, es miembro del consejo científico del organismo internacional CLAD, presidente del comité de ética del Comité Olímpico Español (COE), y miembro del comité de ética del Ayuntamiento de Bilbao, y vocal del consejo asesor de la Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción de Madrid.

Con más de 200 publicaciones entre libros y artículos científicos, el catedrático ha escrito sobre la corrupción en el territorio español con obras como ‘Ética pública y corrupción: curso de ética administrativa’, ‘Dirección y gestión de recursos humanos en las Administraciones Públicas’ o ‘La corrupción política’.

La batalla entre el Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el popular Toni Pérez, y la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) se ha saldado, de momento, con una sentencia que anula parte del reglamento de la entidad, actualmente dirigida por Eduardo Beut, y que afecta de plano a sus investigaciones.

Antifraude concluyó en 2022, tras una larga investigación, que hasta nueve hoteles de la conocida localidad de la comarca de la Marina Baixa carecían de licencia. Fue tal la resistencia previa por parte del ayuntamiento a entregar la documentación que la AVA sancionó al entonces secretario municipal, Esteban Capdepón (actualmente jubilado) con una multa de 5.001 euros por desoír durante un año los requerimientos de la agencia. El consistorio, por su parte, denunció por los presuntos delitos de falsedad en documento oficial y usurpación de funciones judiciales a los cinco funcionarios de la AVA que, tras varias negativas, acudieron a las dependencias municipales, acompañados por agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana, para ejecutar el requerimiento de la información solicitada para las pesquisas sobre las licencias de los hoteles. La Audiencia Provincial de Alicante, en un auto de 2023, confirmó el sobreseimiento libre (en la práctica, una absolución) del procedimiento contra los funcionarios de Antifraude. Por otro lado, la sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) avaló en una reciente sentencia, de la que informó elDiario.es, la sanción al exsecretario municipal.

Sin embargo, la batalla no acabó ahí. La misma sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ-CV, ha estimado un recurso del Ayuntamiento de Benidorm contra la decisión de la agencia de alargar las pesquisas sobre las licencias, anulando además las conclusiones del informe de la AVA, al declarar la caducidad del procedimiento de investigación.

Además, la sentencia del pasado 27 de diciembre, declara la nulidad de parte del reglamento de la agencia, concretamente de un artículo del texto que alude a imposibilidad, para la parte investigada por la AVA, de recurrir las “comunicaciones o requerimientos que se realicen en el marco del procedimiento de investigación”. La sentencia del alto tribunal autonómico no es firme. La agencia, pese a los reiterados intentos de este diario, no ha contestado las preguntas sobre si el fallo ha sido recurrido.

La anulación de ese fragmento del reglamento de la AVA supondría un cambio de calado en su modo de encarar las investigaciones ya que abre la puerta a que las entidades sobre las que Antifraude despliega sus pesquisas, puedan retrasar los requerimientos de información, generalmente relativos a procedimientos complejos desde el punto de vista administrativo. 

El Ayuntamiento de Benidorm recurrió la desestimación por parte de la agencia de su solicitud de caducidad del expediente instruido sobre las licencias de hoteles. También amplió su recurso a las conclusiones de la investigación, que detectó hasta nueve hoteles con irregularidades en las licencias.

Por un lado, el consistorio argumentaba que su actuación fue “plenamente ajustada a derecho en cuanto al control del funcionamiento de los hoteles de Benidorm” y reprochaba a la agencia una actuación “contraria a la autonomía local”. En definitiva, el Ayuntamiento de Benidorm lamentaba “una fiscalización tan exhaustiva como la llevada a cabo” por Antifraude.

La agencia, entonces dirigida por Joan Llinares, alegaba que las resoluciones recurridas eran “actos de trámite” y que su informe final de investigación se limita a formular “simples recomendaciones” que no serían susceptibles de recurso. Antifraude consideraba “obvio” que las resoluciones recurridas eran “perfectamente ajustadas a derecho” y que actuó “dentro de sus competencias” asignadas por la normativa.

“Se han acreditado las irregularidades denunciadas y, gracias a las recomendaciones de la agencia, el Ayuntamiento de Benidorm ha emprendido las acciones necesarias para corregir las anomalías en el funcionamiento de los establecimientos de hostelería que se han apreciado”, sostenía la AVA. 

Por el contrario, la sentencia del TSJ-CV concluye que el informe de la investigación de Antifraude “excede de lo que se podría entender como una recomendación que siempre dejaría en manos del sujeto al que se dirige la opción de seguirla o no según su propia voluntad”. “Es evidente que estamos ante un mandato claro y terminante que no deja opciones o alternativas al sujeto al que se dirige, sino solo una voluntad clara y resolutiva de que lo que se decida se cumpla”, agrega el fallo.

Antifraude cuenta con varias opciones para concluir sus investigaciones: archivar el procedimiento, remitir la información a la Fiscalía si detecta indicios de delito o, lo más común, formular recomendaciones de actuaciones. En caso de incumplimiento de sus recomendaciones, la entidad investigada aparece catalogada como 'insumisa' en los informes anuales que la agencia presenta ante las Corts Valencianes. Lo cual, según el TSJ-CV, “a pesar del nombre que se le quiera dar, produce consecuencias negativas para el interpelado”. 

Así, no se trata de “simples recomendaciones” sino de una resolución que “contiene juicios concluyentes y definitivos de valor”. “En este sentido debemos entender que nos encontramos ante un requerimiento que por su propia naturaleza de mandato legal es recurrible en vía contencioso administrativa”, apostilla la sentencia.

Antifraude consideraba que la ampliación de su investigación sobre las licencias de los hoteles por un plazo suplementario de seis meses por la “negativa” del consistorio a entregar la documentación. Por el contrario, el TSJ-CV recuerda que “el ejercicio por la Administración de sus potestades de intervención está sujeta a límites, uno de ellos es el establecimiento de un plazo máximo para resolver los procedimientos”. Tampoco admite el alto tribunal autonómico “como razones para no apreciar la caducidad del expediente la supuesta complejidad del asunto”.

La Oficina Andaluza contra el Fraude y la Corrupción (OAAF) ha observado “un vicio de nulidad” en la adjudicación de un contrato menor de marketing, de 14.000 euros, para el diseño del proyecto 'Caminos del Rocío' suscrito entre la entidad Caminos de Andalucía, S.L., impulsada por el cantante José Manuel Soto, con la Junta de Andalucía para la “poner en valor una red de caminos procedentes desde todas las provincias de Andalucía que vayan confluyendo en los caminos tradicionales”.

El asunto había sido denunciado desde el grupo parlamentario Por Andalucía en septiembre de 2023, poniendo también de manifiesto la falta de actividad de la Fundación Destino Rocío, también vinculada a Soto y perceptora una subvención pública de 275.000 euros por parte de la Junta. En este punto, la OAAF acordó en el inicio del procedimiento archivar la denuncia respecto a ese hecho al “no apreciar indicio alguno de irregularidad”.

Pero en la formalización del contrato menor con la entidad Caminos de Andalucía, S.L. la OAAF acuerda dar traslado a la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior para que “proceda, en su caso, a la revisión de oficio del mismo al haber analizado la cuestión sobre la capacidad de la mercantil adjudicataria para la suscripción del contrato.

Argumenta la OAAF que, según nota informativa mercantil expedida en mayo de 2024, el objeto social de la empresa adjudicataria es “promoción, organización y realización de toda clase de actividades artísticos musicales” y también “la promoción, fomento y gestión de servicios y estructuras relativas al fomento del patrimonio cultural”, entre otros.

La empresa “no contaba” con dicho marco de actuación/objeto social desde su origen ya que es el 16 de diciembre de 2022, casi un año después de la ejecución del contrato, cuando “modifica el artículo 2 de los estatutos de la misma, ampliando su objeto social y añadiendo a las actividades” relativas al patrimonio cultural.

“Siendo el objeto social de la empresa contratista, en el momento de la formalización y ejecución del contrato 2021/921166, la promoción, organización y realización de toda clase de actividades artísticos musicales, parece que la mercantil carecía de capacidad para actuar en el tráfico mercantil en actividades ajenas a este ámbito. O, dicho de otra forma, que la prestación del contrato estaría fuera del ámbito de su capacidad de actuación, de lo que se colige una posible falta de idoneidad y capacidad de dicha entidad, que comportaría un vicio de nulidad en la adjudicación del contrato”, concluye la OAAF.

Más planimetría que márketing o gestión cultural

Además, la OAAF aprecia “cierta indeterminación y confusión en la descripción del objeto/prestación contractual”. En ese sentido dice que la contratación abarcaba “actuaciones que son más propias de una entidad que desarrolle funciones de planimetría, diseño y gestión de caminos (integradas en la prestación de servicios de empresas de ingeniería) más que de marketing o de gestión cultural”.

A ello añade que, “aparentemente, la prestación va más allá de servicio de marketing englobando también la realización de estudios orográficos, de situación y de redacción de proyectos, que se enmarcan en el ámbito de las ingenierías de montes (actual gestión forestal) o de caminos, canales y puertos, por el desarrollo de las competencias que ello conlleva y por el espacio protegido en el que se encuentran (Parque Nacional de Doñana y Pre-parque)”.

Este fue el objeto textual del contrato, al menos en su parte principal: “La contratación del servicio técnico de marketing para diseño del proyecto 'Caminos del Rocío', mediante el cual la Junta de Andalucía pondrá en valor una red de caminos procedentes desde todas las provincias de Andalucía que vayan confluyendo en los caminos tradicionales del Rocío, ya en las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla, para terminar uniéndose en la aldea del Roció, así como la propuesta de los elementos necesarios para la conformación de esta red de caminos como un producto cultural, turístico, innovador en su implementación y vertebrador de Andalucía, que sirva como reactivador de las economías rurales y como potenciador de la imagen de marca territorial de Andalucía como un destino medioambiental, digital y sostenible”.