El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha cerrado la transferencia de 149,67 millones de euros a las comunidades autónomas para reforzar las plantillas docentes de los campus públicos a través del programa María Goyri. De esta partida, la Universidad de Extremadura (UEx) recibirá dos millones de euros destinados a financiar la contratación de profesores ayudantes doctores, un paso clave para reducir la precariedad y renovar el personal docente e investigador en la región.

La aprobación del presupuesto en el pleno de la Conferencia General de Política Universitaria supone el desbloqueo definitivo de unos fondos paralizados desde el pasado mes de julio. En aquella ocasión, la ausencia en bloque de las autonomías gobernadas por el PP impidió celebrar la sesión aduciendo la crisis de los incendios forestales, un plante que retrasó la llegada del dinero a las aulas públicas.

En la sesión telemática celebrada este viernes, la distribución salió adelante con el respaldo de todas las comunidades autónomas a excepción de Illes Balears, que votó en contra. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, celebró el acuerdo recordando que “el bloqueo queda atrás” y que apoyar la universidad pública requiere “poner recursos y cuidar a quienes enseñan e investigan”. Por su parte, la Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) valoró el desbloqueo para garantizar la estabilidad institucional.

El acuerdo sienta además un precedente en la gestión presupuestaria educativa, al ser la primera vez que el Gobierno de España asume directamente el pago de salarios del profesorado universitario, una competencia totalmente transferida a las comunidades autónomas.

El plan María Goyri busca incorporar de forma progresiva a 5.638 profesores ayudantes doctores en toda España hasta 2028, lo que representa un incremento del 70 % respecto al curso 2023-2024. El Ejecutivo central asumirá el coste de 3.400 plazas durante seis años con una inversión de 900 millones de euros, mientras que las administraciones autonómicas cofinanciarán las 2.236 plazas restantes para completar el plan.

La Universidad de La Rioja ha abierto hoy el curso 2026-27 con 1.158 estudiantes y cinco titulaciones nuevas, tal y como ha destacado la rectora de la UR, Eva Sanz. Se trata de dos títulos de grado (Medicina y Tecnología del Lenguaje) y tres títulos de máster.

La Universidad de La Rioja ha convocado hoy, jueves 3 de septiembre, al Acto de Bienvenida a los estudiantes de nuevo ingreso que inician sus estudios de Grado este curso 2026-2027 en el Polideportivo Universitario. El nuevo curso académico 2026-2027 está marcado por la novedad de la implantación del Grado en Medicina y del Grado en Tecnología del Lenguaje.

Además, se añaden el Máster de Enseñanza del Español como Lengua Extranjera, Máster en Marketing y Emprendimiento Agroalimentario, “primer máster que se imparte íntegramente en inglés en la Universidad de La Rioja”, según ha destacado la rectora, Eva Sanz, y el Máster en Trabajo Social en el Ámbito Sanitario, el que ha considerado “tan necesario en la época que estamos viviendo”.

Del total de matriculados de la Universidad de La Rioja en un grado, el 69 por ciento son riojanos. En cuanto al Grado en Medicina, en el que ha dicho que aún habrá “movimientos” y, por tanto, ha pedido “prudencia”, ha indicado que, entre el 30 y el 40% de los estudiantes riojanos, como avanzo el presidente riojano en el Debate del Estado de la Región. La nota de corte, ha dicho, ha estado por debajo de Zaragoza o Navarra, pero por encima de País Vasco, Burgos y Cantabria. A finales de mes, ha indicado, se darán las listas finales, aunque, “en principio”, habría 33 alumnos matriculados.

Ha indicado que, entre todas las cifras de estudiantes que comienzan en la UR, hay cincuenta en las titulaciones de grado que han solicitado un traslado de expediente a esta universidad. En el grado de Tecnología del Lenguaje todavía quedan plazas disponibles; algo ante lo que ha invitado a tener en cuenta que es un grado “totalmente novedoso”. “Última comunidad autónoma en poner el Grado en Medicina y la primera universidad española en tener un Grado exclusivamente de Tecnología y Lenguaje, por lo tanto un año de contrastes pero un año de gran satisfacción”, ha indicado la rectora.

Las estudiantes de la primera promoción de Medicina y Tecnología del Lenguaje

“A mí la Lingüística me ha gustado y siempre he querido experimentar fuera de mi zona de confort”, asegura Jimena Jiménez, estudiante de la primera promoción del Grado en Tecnología del Lenguaje, una de las novedades académicas del curso 2026–2027 en la Universidad de La Rioja. La estudiante ha explicado antes del inicio del acto que le parece “muy interesante la versatilidad que ofrece esta carrera”, al unir dos disciplinas de ámbitos del conocimiento aparentemente dispares, aunque las considera “compatibles y con muchas salidas laborales”. Así, ha considerado que “tiene que haber profesionales que se encarguen de enseñar a hablar a la IA y que funcione prácticamente”.

Nerea Pérez Moreno, estudiante del Grado en Medicina, otra de las novedades del curso 2026–2027, ha explicado cómo, en su caso, su idea inicial era cursar el Grado en Enfermería en la Facultad de Ciencias de la Salud. “Pero en la PAU tuve buena nota, me salió bien y mi madre dijo: ”pues prueba a ver“”, ha contado. Entre los motivos por los que se decantó por la Universidad de La Rioja, Nerea Pérez ha destacado que “la Universidad de La Rioja tiene un gran prestigio en sus Grados y, sobre todo, en Enfermería”, titulación que comparte facultad con el nuevo Grado en Medicina. “Siempre he tenido la idea de quedarme en casa”, ha dicho. Así, encara sus estudios como integrante de la primera promoción del Grado en Medicina con “muchos nervios por conocer a gente, aprender desde el minuto uno y llevarme siempre satisfacción a casa”.

Acto de bievenida y programa mentor

El Acto de Bienvenida forma parte del Programa de Acogida que organiza la Universidad de La Rioja con el fin de que los nuevos estudiantes conozcan todos los servicios y oportunidades que les ofrece el campus. Una vez finalizado el acto de bienvenida en el Polideportivo de la UR, los nuevos universitarios se dirigen a sus facultades o escuelas, en donde han sido recibidos por los equipos decanales, que les han trasladado toda la información necesaria sobre las instalaciones en las que cursarán sus estudios universitarios.

Durante el Acto de Bienvenida el nuevo alumnado de la UR ha conocido el Programa Mentor, en el que un grupo de estudiantes, con experiencia en diferentes titulaciones, aconsejan a los recién llegados para que conozcan los diferentes servicios de la universidad, profesores, asignaturas e instalaciones. El jueves 3 de septiembre también es el primer día de clase del resto de cursos de los títulos de Grado de la Universidad de La Rioja.

Asturias contará con una cátedra dedicada al estudio de la soledad no deseada con la que el Gobierno autonómico y la Universidad de Oviedo/Uviéu quieren ahondar en el conocimiento especializado de sus causas, su prevalencia y su impacto para encontrar las herramientas necesarias encaminadas a combatir este fenómeno y contribuir a mejorar el bienestar físico y emocional de las personas que la sufren.

Esta cátedra va a estar adscrita al Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa. La persona que esté al frente de la dirección será nombrada por el rector, que tendrá en cuenta la propuesta del Principado, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, y saldrá elegida de entre el personal docente e investigador de la Universidad de Oviedo/Uviéu, con vinculación permanente y en servicio activo, y con reconocido prestigio profesional, técnico, científico y/o artístico.

La administración autonómica se compromete a aportar una dotación presupuestaria de 30.000 euros este año para la puesta en marcha de la cátedra, que será abonada bajo la forma de subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias. La universidad asume la puesta a disposición de personal, medios, documentación e instalaciones

La financiación

La administración autonómica se compromete a aportar una dotación presupuestaria de 30.000 euros este año para la puesta en marcha de la cátedra, que será abonada a la institución académica bajo la forma de subvención con cargo a los Presupuestos Generales del Principado de Asturias.

El convenio suscrito entre las dos partes contempla que la cantidad correspondiente a los restantes años de vigencia del mismo vendrá consignada en la adenda anual que se celebre.

Por su parte, la universidad se compromete a la puesta a disposición de personal, medios, documentación e instalaciones.

La vigencia

Este convenio fue suscrito el pasado 31 de julio entre el rector Ignacio Villaverde y la consejera de Salud del Principado, Concepción Saavedra, que en aquella fecha sustituía a la entonces consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco.

El documento que suscribieron ambas partes contempla una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2029. Anualmente se celebrará la correspondiente adenda donde se consigne la cuantía que aportará el Principado a la Universidad de Oviedo/Uviéu.

La puesta en marcha

Tras la dimisión de Marta del Arco y su relevo por Nerea Monroy al frente de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, le corresponderá ahora a la nueva titular su puesta en marcha.

El Principado de Asturias ha anunciado la creación de la Cátedra de Soledad No Deseada que se suma a la renovación de la Cátedra de Innovación Social: Los Retos Sociales del Bienestar, que continuará su actividad hasta 2029 y consolidará la colaboración entre ambas instituciones para impulsar la investigación aplicada al bienestar social.

La Cátedra de Soledad No Deseada nace para analizar un fenómeno que afecta a personas de todas las edades y tiene una incidencia especial entre las personas mayores, la juventud, las personas con discapacidad, quienes residen en zonas rurales y quienes asumen tareas de cuidado

Afecta a todas las edades

“La Cátedra de Soledad No Deseada nace para analizar un fenómeno que afecta a personas de todas las edades y tiene una incidencia especial entre las personas mayores, la juventud, las personas con discapacidad, quienes residen en zonas rurales y quienes asumen tareas de cuidado”, asegura la administración autonómica.

El proyecto contribuirá a generar conocimiento útil para orientar políticas y actuaciones frente al aislamiento social.

Un mismo modelo

Junto a esta nueva iniciativa, el Principado y la institución académica han acordado dar continuidad a la Cátedra de Innovación Social, creada en 2023 con financiación de los fondos europeos Next Generation. La consejería asumirá ahora su financiación con recursos propios, mediante una aportación de 30.000 euros para 2026, y reforzará sus líneas de trabajo en ámbitos como la digitalización de los servicios sociales o el fortalecimiento de las comunidades.

Ambos estudios compartirán un mismo modelo de funcionamiento. Así, estarán adscritas al Vicerrectorado de Transferencia y Relaciones con la Empresa de la Universidad de Oviedo, dispondrán de una comisión de seguimiento con representación de las dos instituciones y desarrollarán actividades de formación, investigación aplicada y divulgación dirigidas tanto a la comunidad universitaria como a profesionales de los servicios sociales y a la ciudadanía interesada.

En el BOPA

Los acuerdos los suscribieron el 31 de julio el rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra, en sustitución de la entonces consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Marta del Arco. Ambos convenios han entrado en vigor tras publicarse hoy en el BOPA.

El Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA), en su edición de este martes, recoge las resoluciones dictadas el pasado 26 de agosto por la Consejería de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo por la que se ordena la publicación de ambos convenios suscritos entre la Universidad de Oviedo/Uviéu y la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, para la creación de la Cátedra de Soledad No Deseada y el de la continuidad de la Cátedra de Innovación Social: Los Retos Sociales del Bienestar (CRIBS).

La apuesta por la innovación social

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar, Nerea Monroy, ha destacado la importancia de estas iniciativas para mejorar la respuesta de las administraciones a los retos sociales.

“Estas dos cátedras son la mejor prueba de que cuidar bien empieza por comprender bien la realidad. Seguimos apostando por la innovación social porque ha demostrado que investigar de cerca los retos del bienestar nos ayuda a tomar mejores decisiones, y damos un paso más con la creación de una cátedra específica sobre la soledad no deseada, un problema que merece toda nuestra atención y para el que es necesario generar más conocimiento”, subraya la nueva titular de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.

Como viene sucediendo en los últimos años, este curso empieza en la universidad pública con varios miles de ausencias. Faltarán, al menos, los 17.000 estudiantes que se han quedado fuera de alguno de los 15 ámbitos de estudio que tienen una nota de corte superior al 10 y que, a falta de plazas públicas, han tenido que acudir a un campus privado a buscar lo que no les ofrecía el Estado, según calcula el informe Cuándo, cómo y por qué: factores explicativos del crecimiento de la universidad privada en el sistema universitario español, elaborado por Juan Hernández Armenteros y José Antonio Pérez García, profesores de economía en las universidades de Jaén y Politécnica de València, respectivamente.

El estudio ofrece un exhaustivo repaso de la evolución del sector privado en la educación universitaria en España, que ha pasado de contar con menos de una decena de centros antes del año 2000 para rozar la cincuentena hoy. Entre sus aportaciones más novedosas quizá esté que los autores no se limitan a señalar el argumento recurrente de la falta de financiación de los centros públicos como el mal que todo lo explica en la progresiva privatización de este espacio educativo.

Hernández y Pérez, autores habituales de los informes anuales sobre el estado de la universidad en España que realiza la Conferencia de Rectores (CRUE), apuntan que también existe una parte de responsabilidad de los dirigentes universitarios y las dinámicas de los campus en esta eclosión de campus privados (en la que siempre actúan “de forma determinante las expectativas de rentabilidad que han impulsado la creación de nuevas universidades privadas”).

Porque, cuenta Hernández, los datos dicen que la universidad pública no responde a los deseos formativos de la población —ahí están los 17.000 que no encuentran acomodo en lo público— y eso está influenciado por la disponibilidad de fondos, limitados, pero también por las decisiones que se toman. Los departamentos presionan para defender sus intereses, explica el profesor, para ofertar más títulos y que su profesorado tenga horas de clase que impartir, y los recursos que se destinan a un título no se dedican a otro.

“El área de conocimiento de titulaciones que no están muy demandadas y no tienen potencialidad para ocuparse de sus profesores presionarán para que no se cree un determinado título [de otra área que sí está demandado] porque detrae recursos que podrían ser para ella. Está muy presente todavía ese carácter corporativo, es una realidad en toda la universidad pública que no puede cuestionar nadie. Es un lastre que está ahí”, cierra Hernández, con la experiencia de quien ha pasado por equipos directivos universitarios y asesorado en el Ministerio. También los colegios profesionales presionan para mantener las plazas limitadas, cuenta.

El resultado de estas políticas es que las universidades públicas ofrecen pocas plazas en titulaciones muy solicitadas y demasiadas en otras que no desea cursar mucha gente, explica el informe, ajenas en parte a lo que pide el estudiantado. Y eso, sostiene Hernández, es una dejación de funciones de los mandatarios políticos y los universitarios, responsables de planificar el sector. Hay factores externos que contribuyen al crecimiento de lo privado sobre los que los dirigentes no pueden actuar —el crecimiento de las rentas familiares o la concentración de la población—, pero sobre los internos, sí.

Un reparto desigual

La rigidez y falta de planificación en lo público se observa cuando se analiza el reparto de alumnado en titulaciones de alta demanda y se compara con cómo han actuado los centros privados en los últimos años a lo que piden los estudiantes en la última década.

El informe muestra que la oferta global en la universidad pública se ha mantenido estable desde el curso 2015/2016 al 24/25, último con datos asentados: entonces se ofrecían 237.884 plazas al año, hoy son 241.613, apenas un 2% más. Y las titulaciones que más se piden han visto un incremento de sus plazas, pero mucho más pequeño que el que ha realizado la privada, donde “los crecimientos se evidencian con rotundidad en los ámbitos que concentran la demanda efectiva”, escriben los profesores.

Informática ha mejorado su oferta un 25% en la pública en diez años mientras en la privada lo ha hecho un 250%. Enfermería, un 12% frente a un 69%, respectivamente. Otros estudios de Ciencias de la Salud se sitúan en un 11% en la pública y en un 38% en la privada, con Medicina, una de las joyas de la corona, registrando subidas de entre el 15% y el 47% según la red. Los centros privados han disparado su oferta en Economía, estudios diversos de ciencias sociales y del comportamiento, Administración y Dirección de Empresas o Arquitectura, mientras las 50 universidades públicas apenas han aumentado la suya.

Dejación de funciones

“No toda demanda social debe tener idéntica respuesta en el sistema universitario público”, escriben Hernández y Pérez, “es preciso que los responsables universitarios, al programar la oferta académica y su dimensión, actúen con criterios de rentabilidad social por el carácter mayoritariamente público de la financiación destinada a su provisión”, argumentan. Pero el Consejo de Universidades del Ministerio, órgano que junta a la administración con los rectores, no está haciendo ese trabajo estratégico de planificación de la oferta, sostienen.

“Hay titulaciones en las que esa planificación, competencia del Consejo, no se ha hecho nunca. Y eso perjudica a la pública y ha favorecido a la privada, que conoce la cautividad que tienen [las universidades públicas] en titulaciones en las cuales no hay demanda social e incluso la demanda productiva es escasa, y sin embargo mantiene una producción excedentaria frustrando las aspiraciones profesionales de estas personas”, explica Hernández.

Dicho de otra manera, sostiene, no tiene sentido que todas las universidades públicas ofrezcan todo tipo de estudios, aunque no los curse nadie o aunque la demanda esté claramente sobredimensionada y solo vaya a generar parados a futuro, sostiene el profesor. Hernández esgrime en este punto el ejemplo de la formación de maestros, que produce cada año muchos más profesionales de los que el sistema puede absorber. Pero el sector no admite estos discursos, lamenta el profesor, que recuerda “el gran revuelo” que se organizó entre los rectores cuando se le ocurrió sugerir en un informe, poco después de la pandemia, que sobraban plazas de formación de docentes.

Porque se puede argumentar el carácter social de los centros y su rol de servicio público para justificar esa política generalista, pero, reflexiona Hernández, también que hay que explicar que se está mandando a estudiantes a títulos sin salida profesional ni posibilidad de tenerla.

“Resulta difícil asumir que titulaciones que registran solicitudes de preinscripción en primera opción que cuadriplican la oferta, como Enfermería (con una demanda del 481% respecto a la oferta), hayan experimentado un crecimiento de la oferta de tan solo el 19,1% en el periodo 2015/2023. Medicina y Odontología presentan datos aún más explosivos, con índices de preferencia de 1.066,4% y 1.035%, respectivamente, al tiempo que su oferta de plazas sufre aumentos escasamente significativos (Medicina un 15,7%) o incluso anotan retrocesos (Odontología, -2,3%)”, escriben los autores.

Los autores calculan que crear plazas para esos casi 17.000 excluidos de los centros públicos supondría, con el actual coste por alumno en la universidades públicas, un total de 549,25 millones de euros al año. Apenas un 6,6% del total de la financiación autonómica en el año 2023.

Tres de las seis universidades públicas -Córdoba, Cádiz, Jaén, Granada, Sevilla y Málaga- con presencia en el ránking de Shanghái han salido en su última edición. Es el caso de Córdoba (UCO), Cádiz (UCA) y UJA (Jaén). En el resto de España, son cinco las universidades que salen del ránking por lo que “la repercusión es sensiblemente mayor en Andalucía que en el conjunto del territorio nacional”.

Así lo destaca la UJA, que enmarca su salida “en una tendencia sistémica de fuerte incremento presupuestario para la generación de conocimiento e innovación: no puede competir en la élite científica mundial con presupuestos de subsistencia”.

“La salida del ránking de Shanghái (ARWU) no obedece a una bajada en la calidad ni en la productividad investigadora de la institución, las cuales se mantienen en niveles elevados. Responde a la confluencia de varios factores: un cambio de escala global -fuerte empuje de universidades asiáticas y anglosajonas, que funcionan con presupuestos mucho mayores-; un sesgo metodológico propio de ARWU que margina la docencia y la transferencia local; y, fundamentalmente, a un problema de infrafinanciación estructural, es decir, a la evidente falta de recursos económicos que destinan las administraciones públicas”, arguye la UJA.

“Competir en la élite científica internacional exige inversión. La UJA mantiene su nivel de excelencia pero su capacidad se ve mermada por la escasez de recursos económicos. La institución cuenta con excelentes investigadores, docentes y grupos de investigación; pero la excelencia no puede sostenerse únicamente sobre el esfuerzo individual de quienes trabajan en la universidad. Necesita también de recursos y condiciones institucionales que la hagan posible”, explican fuentes de la UJA a Europa Press.

“Financiación justa”

El Rectorado jiennense también apunta a las “limitaciones” y el “sesgo metodológico” del ránking. “Esta clasificación evalúa prioritariamente la producción bibliométrica pura, premios Nobel/Fields e investigadores con citaciones masivas en grandes áreas de salud e ingeniería; ignora métricas fundamentales como la calidad docente, la empleabilidad, la inclusión y la transferencia directa al territorio. Esa circunstancia se traduce en una alta volatilidad en la cola de la clasificación: en los tramos finales (800-1000), las variaciones dependen de centésimas o fluctuaciones puntuales de citaciones”.

“La Universidad de Jaén seguirá exigiendo a todas las administraciones públicas una financiación justa y acorde con sus misiones docentes e investigadoras, es decir, recursos que garanticen su suficiencia financiera. De este modo, se podrían reforzar los programas específicos de captación de talento y de impacto científico. Es un buen momento para que, como sociedad, se abra un periodo de reflexión conjunta sobre la coyuntura actual del Sistema Universitario Público Andaluz”, concluye la institución.

Desde la UCA, explican que su salida del ránking era “un escenario previsible, dado que este tipo de clasificaciones refleja tendencias acumuladas y los indicadores ya apuntaban a cierta contracción de la producción científica”. “En todo caso, es importante contextualizar el dato: la producción científica de la UCA se ha reducido menos de un 1% respecto al año anterior”, ha apuntado la UCA que, además, recuerda que “otras siete universidades españolas han salido también del listado en esta edición”. “Por tanto, no hablamos de un descenso significativo de la actividad investigadora, sino de una evolución de los indicadores y de la posición relativa de las universidades en un ranking internacional altamente competitivo”, subrayan.

Utilidad de las clasificaciones

Desde Córdoba, la universidad señala que “para las universidades españolas de nuestra dimensión y escala, incorporarse y abandonar este ránking de forma intermitente en su listado general es el escenario esperable dada la estructura y los indicadores sobre los que se construye”.

“Cuando estén disponibles los resultados por áreas de trabajo se podrá analizar nuestro resultado, siendo conscientes de que, incluso los años en que ascendemos o nos incorporamos en áreas nuevas, no dejan de ser resultados relativos en un número fijo de 1.000 universidades a escala mundial, en el que, entre otros factores en los últimos años, la arrolladora actividad de universidades de China afecta enormemente la permanencia de universidades como la nuestra, las españolas de nuestra escala o, como también se ha visto, bastantes portuguesas”, argumenta la UCO.

“El interés del debate es cuán útiles son en nuestra realidad práctica estas clasificaciones y qué información relevante podemos, no obstante, como institución extraer para analizar y reflexionar estrategias de éxito científico, que es en el fondo lo realmente trascendente”, concluye.

Shanghai

Para elaborar el ranking de Shanghai global 2026, la consultora ShanghaiRanking Consultancy clasifica las 2.500 universidades puntuando los valores alcanzados por cada una de ellas en seis indicadores de forma ponderada. La calidad de la docencia (10%) se mide con el número de exalumnos de una institución que han sido premios Nobel o medallas Field en matemáticas. La calidad del profesorado se mide con el número de profesores que han obtenido premios Nobel o medallas Field en matemáticas (20%) y con el número de autores clasificados a nivel internacional como 'Highly Cited Researcher' (HCR altamente citados) (20%).

La producción científica se evalúa con el número de artículos publicados en las prestigiosas revistas Nature y Science (20%) y con el volumen de sus publicaciones dentro del grupo de producción de alta calidad indexados en Science Citation Index-Expanded y Social Science Citation Index (20%). Por último, se hace una valoración del rendimiento per cápita en función del número de profesores (10%). En la valoración por disciplinas publicada por el mismo ranking a finales del año 2025, la Universidad de Sevilla destacó en el TOP100 en el área de Automation & Control y en el TOP100-150 en Agricultural Sciences, seguidas de Electrical & Electronic Engineering, Food Science & Technology y Instruments Science & Technology en TOP 151-200.

Treinta universidades españolas, entre ellas la de La Laguna, figuran entre las mil mejores del mundo según el listado Shanghái 2026, frente a las 36 del año pasado, ya que se han caído ocho respecto de 2025, una de ellas la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

También se han caído de la clasificación universitaria más famosa, publicada este sábado, las de Cantabria, Baleares, Jaén, Lleida, Carlos III de Madrid, Cádiz, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria.

La Universidad de Valladolid ha vuelto a formar parte en este edición, tras desaparecer del listado el año pasado.

Algunos de estos centros universitarios mejoran su posición y otros la empeoran respecto a la clasificación mundial de 2025, en la que mantiene su liderato la de Barcelona, seguida de la Autónoma de Barcelona, la Complutense, Autónoma de Madrid y Granada.

España se encuentra en el puesto 23 en el listado por países, en el que desgrana la cantidad de universidades que hay en cada tramo del ranking: una entre las 200 primeras; tres entre las 300; siete entre las 400; 12 entre las 500, y 30 entre las 1.000.

Una vez más, ninguna universidad española aparece entre las cien mejores posicionadas en la lista dominada por EE.UU.

La clasificación, que se ha realizado entre más de 2.500 instituciones de educación superior, se ordena por tramos, en los que se posicionan por orden alfabético de acuerdo a sus iniciales en inglés.

La ULL, en la horquilla de las 701-800 mejores

En el caso concreto de la Universidad de La Laguna, repite en el intervalo 701-800, y se sitúa en el intervalo 15-18 entre las universidades españolas, mejorando su posición relativa con respecto a 2025, cuando se encontraba en el entorno del puesto 20 nacional.

En un comunicado, la ULL detalla que entre los indicadores utilizados por el ránking Shangái destaca especialmente el de publicaciones en Nature y Science, en el que la Universidad de La Laguna obtiene 10,8 puntos y se sitúa en la séptima posición entre las universidades españolas.

La ULL ocupa la vigésima cuarta posición nacional en volumen de publicaciones indexadas (PUB) y la undécima en rendimiento per cápita (PCP).

La Universidad de Barcelona, líder del listado español

Este año, el ranking de los centros educativos españoles ha experimentado algunos cambios respecto al anterior, pero la Universidad de Barcelona mantiene el estatus de los dos años anteriores al situarse entre los 200 primeros puestos, su mejor clasificación.

Entre las diez primeras, la Autónoma de Barcelona y la Complutense mejoran en ambos casos sus tramos (al de 201-300 de las mejores), mientras que en la horquilla 301-400 se mantienen la Autónoma de Madrid, Granada, País Vasco, a excepción de la de Valencia, que ha bajado a este rango del 201-300 del año pasado.

De este Top 10 español, en el rango 401-500 están la Politécnica de Valencia, la Pompeu Fabra -que ha bajado del 301-400- y la de Navarra, que ha subido del 501-600.

Del total, trece se sitúan en el mismo tramo, seis lo mejoran y nueve lo empeoran, con la caída más notable en el caso de la Universidad de Salamanca, del 501-600 al 801-900.

Las que mejoran son la Autónoma de Barcelona, la Complutense, Navarra, Zaragoza, la Politécnica de Madrid y Jaume I, frente a las que empeoran, como son los casos de la de Valencia, Pompeu Frabra, Murcia, Alcalá, Oviedo, Salamanca, Rovira i Virgili, Alicante y Vigo.

Se mantienen en el mismo tramo la de Barcelona, la Autónoma de Madrid, Granada, País Vasco, Politécnica de Valencia, Sevilla, Santiago Compostela, Politécnica de Cataluña, Extremadura, La Laguna, Málaga, Castilla-La Mancha y Girona.

Harvard a la cabeza una vez más

El listado está encabezado, al igual que el año pasado, por la Universidad de Harvard, desde hace 24 años de forma consecutiva, la Universidad de Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachussetts (MIT), y completan las diez mejores Cambridge, Berkeley, Princeton, Oxford, Columbia, la Universidad de Chicago y Caltech.

A nivel europeo, Reino Unido suma 57, Alemania 51, Italia 42, Francia 27, Países Bajos 13, Suecia 12, Austria 11, Suiza 9, Bélgica 8 Y Dinamarca 6, entre otras.

En Europa continental, París-Saclay es la primera y se mantiene como líder en el puesto 13, seguida de la ETH de Zúrich, en el 19.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), más conocido como la clasificación de Shanghái, se publica desde 2003 y la actualiza cada año la Universidad Jiao Tong, situada en esa misma ciudad china.

La lista analiza seis indicadores: número de alumnos que han ganado un Nobel o la Medalla Fields; profesores con Nobel o Fields; citas de investigadores; artículos en Nature y Science, rendimiento académico per cápita, y trabajos en el Science Citacion Index Expanded and Social Science Citacion Index.

La Universitat de Barcelona (UB) es la única universidad española entre las 200 mejores universidades del mundo, según el ranking de Shanghái.

El Academic Ranking of World Universities (ARWU), publicado este sábado por ShanghaiRanking Consultancy y también conocido como la clasificación de Shanghái, mantiene por delante a Harvard, Stanford y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), el mismo podio que en 2025.

España se encuentra en el puesto 23 en el listado por países, en el que desgrana la cantidad de universidades que hay en cada tramo del ranking: una entre las 200 primeras (la UB); tres entre las 300; siete entre las 400; y 12 entre las 500.

En conjunto, treinta universidades españolas figuran entre las mil mejores del mundo según el listado Shanghái 2026, frente a las 36 del año pasado, ya que se han caído ocho respecto de 2025, pero se han incorporado dos nuevas, la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y la de Valladolid.

La clasificación universitaria más famosa, publicada este sábado, ha revelado las bajas de la Universidad de Cantabria, Balears, Jaén, Lleida, Carlos III de Madrid, Cádiz, Córdoba y Las Palmas de Gran Canaria, que no figuran este año en el ranking. La Universidad de Valladolid ha vuelto a formar parte en esta edición, tras desaparecer del listado el año pasado.

España tiene este año doce centros entre las 500 mejores universidades del mundo. La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y la Universidad Complutense de Madrid se posicionan en la franja de las 201-300 mejores centros; la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Granada, la Universidad del País Vasco y la Universitat de València se quedan en el segmento 301-400, y la Universidad Politécnica de Valencia, la Universitat Pompeu Fabra, la Universidad de Navarra, la Universidad de Sevilla y la Universidad de Zaragoza, en el 401-500.

El ranking de Shanghái se elabora a partir del análisis de datos como el número de premios relevantes obtenidos por el alumnado y el profesorado; investigadores más citados y artículos publicados en publicaciones de referencia y la eficiencia académica en función de las dimensiones de la institución.

La rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, acompaña las preguntas del cuestionario del verano de Rioja2 con un cócter sin alcohol de El Hedonista. Le proponen una refrescante bebida con productos riojanos, como un puré de cerezas de Nalda y un mosto sin alcohol, de un toque de fruta pasión. Con este cóctel brinda con todos los estudiantes de la Universidad de La Rioja, a quienes espera el 3 de septiembre, el día más esperado de su verano. Pero hasta entonces, pide un verano con playa, familia y deporte, aunque confiesa que ni durmiendo se pone en modo avión.

¿Con quién le gustaría compartir esta copa?

Con todos los estudiantes de la Universidad de La Rioja que ya en estas fechas han terminado el curso y que han hecho un esfuerzo muy grande a lo largo de todo el año.

¿A quién no invitaría jamás a tomar algo?

La verdad es que no se me ocurre nadie con quien no me tomaría una copa. Porque yo creo que en un ambiente así es un ambiente muy bueno para dialogar con quienes tienen afinidad con nosotros y con quienes no. Con todo el mundo me tomaría una copa, no dejaría a nadie descartado.

¿Cuál es el día más esperado de este verano?

El día más esperado de este verano es ya el final del verano, el 3 de septiembre, el comienzo del curso académico 26-27 que comenzamos con dos nuevos grados, el grado en Tecnología de Lenguaje y el grado en Medicina. Así que es un momento muy ilusionante y que esperamos con muchas ganas.

¿Por qué le gustaría poder brindar antes de acabar el año?

Me gustaría brindar por todas aquellas personas que ante un problema lo primero que hacen es analizar cuál ha sido su responsabilidad o cómo han podido influir y cómo pueden aportar solución a ese problema. Por todas esas personas me gustaría brindar a final de año.

Si pudiera elegir un súper poder para estos meses de verano, ¿cuál elegiría?

Elegiría el superpoder de eliminar toda aquella información no contrastada o aquellas afirmaciones que en la sociedad hacemos sin tener evidencias o sin tener unos datos que refrenden esas afirmaciones.

Si existiera una IA que pudiera liberarle de una sola obligación este verano, ¿cuál elegiría?

Con las temperaturas que tenemos hoy en día, sin duda eliminaría la obligación de planchar.

Y si le pidiéramos a esa IA que diseñara sus vacaciones ideales con tres ingredientes, ¿cuáles elegiría si la tiene bien entrenada?

La inteligencia artificial yo creo que es una herramienta muy útil y que nos ayuda para muchas cosas, pero que para mis vacaciones ideales no me hace falta, porque mis vacaciones ideales tienen tres ingredientes que ya los tengo, que son playa, familia y deporte.

¿Es capaz de ponerse en modo avión en vacaciones o siempre hay un ratito para dar conexión al correo o redes sociales?

Yo creo que ni durmiendo tengo ese modo avión, no descanso ni durmiendo, la cabeza está constantemente pensando.

Si viene un amigo a visitar La Rioja, ¿cuál es el primer lugar al que le lleva?

Hay muchísimos rincones en La Rioja con un gran encanto, pero sin duda te voy a decir uno que he descubierto hace pocos meses y para mí se ha convertido en uno de mis preferidos, que es el Scriptorium de Albelda.

Un brindis para terminar...

Brindo por La Rioja, por los riojanos y por el producto generado aquí, el producto local.

Los rectores de las dos universidades públicas canarias han reiterado este jueves su rechazo a la propuesta de financiación plurianual presentada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura del Gobierno de Canarias, al considerar que el documento, remitido el pasado 28 de julio tras un año de espera, resulta insuficiente para garantizar el funcionamiento de ambas instituciones.

En un comunicado conjunto, Lluís Serra (ULPGC) y Francisco García (ULL) sostienen que la oferta del Ejecutivo autonómico perpetúa la infrafinanciación de las universidades públicas del Archipiélago, ya que los recursos previstos no compensan el incremento de los gastos estructurales acumulado en los últimos años, como los costes de personal, suministros, mantenimiento y reparación de infraestructuras.

De hecho, señalan que, desde agosto de 2025, los equipos de gerencia de las dos universidades públicas, tras varias reuniones técnicas con la Consejería, habrían remitido informes detallados en los que describían “una pérdida de unos 25 millones de euros” en el período 2022-2026 para afrontar sus gastos estructurales.

No incorpora los costes que vienen determinados por la normativa estatal

Concretamente, para 2027, las dos universidades públicas calculan 290,4 millones para garantizar su sostenimiento, y, sin embargo, advierten en el comunicado, la propuesta financiera plurianual de la Consejería “sólo contempla 286,9 millones de euros, por lo que sólo para el próximo año se estima un desfase de 3,5 millones de euros”.

Además, si a ello añaden el incremento retributivo que exige la ley estatal, “este desfase se incrementaría en 11 millones de euros más, lo que supone un total de 15 millones”.

En el documento remitido a la consejera Migdalia Machín, ambas instituciones públicas recuerdan, asimismo, que las universidades comunicaron estos impactos de incrementos retributivos de 2025 y 2026 desde febrero de este año 2026, por lo ahora manifiestan su incomprensión con que se configure una propuesta de instrumento financiero “que no incorpore, al menos, estos costes, que vienen determinados por la normativa estatal”. Como resultado, ambas universidades han calculado que la financiación total para afrontar sus gastos estructurales en 2027 es de 307.780.422 euros.

Reducir dependencia

Entre otras cuestiones, los rectores han hecho especial mención a la necesidad de reducir la dependencia de las universidades de la comunidad autónoma en materia financiera, expresada por la consejera tras la presentación de su propuesta de financiación plurianual.

Los rectores recuerdan a la consejera que “la principal alternativa para reducir esta dependencia consiste en la elevación de los precios públicos de las enseñanzas, siendo esta una competencia del Gobierno de Canarias. En su escrito, sin embargo, los rectores también destacan que, al margen de la financiación autonómica, ambas universidades han demostrado ”una notable capacidad“ de captar recursos en convocatorias científicas competitivas estatales y europeas, así como en actividades de transferencia de conocimiento.

Sin embargo, agregan, esta financiación “no puede ser dedicada a los gastos estructurales de las instituciones”, puesto que “deben invertirse en los proyectos de investigación y cooperación que se aprobaron y deben desarrollarse a lo largo de varios años”.

Predisposición al diálogo

Por último, las dos universidades han mostrado su “sorpresa” por la introducción de penalizaciones en la propuesta del Gobierno canario, que pueden llegar hasta el 3,5% de la financiación básica, así como la abundancia de límites, reglas, auditorías e informes que se exigen. “Año tras año, cumplimos con el mandato de equilibrio presupuestario que nos impone la ley autonómica, las cuentas anuales y los informes de auditoría”, han puntualizado.

A pesar de las quejas y alegaciones expresadas al documento de la Consejería, los rectores han expresado a la consejera “su plena disposición al diálogo y análisis ampliado, realizando un detalle pormenorizado” de cada aspecto descrito en estas consideraciones.

Un equipo de investigación liderado por la Universidad de Extremadura (UEx) ha dado un paso de gigante en la búsqueda de nuevas alternativas para las personas que padecen alergias a las proteínas de la leche y el huevo. Coordinado por la profesora María Victoria Gil Álvarez, al frente del Grupo QUOREX, el trabajo abre la vía al desarrollo de estrategias de inmunoterapia oral más precisas, seguras y adaptadas a cada paciente, orientadas a minimizar la sensibilidad a estos alimentos y prevenir reacciones potencialmente mortales como la anafilaxia.

El estudio, financiado dentro del Plan Estatal de Investigación Científica, Técnica y de Innovación, destaca por su firme orientación hacia el impacto real en los pacientes. La propia investigadora principal conoce en primera persona las dificultades cotidianas de esta patología: en 2010 fundó la Asociación Extremeña de Alérgicos a Alimentos (AEXAAL), una entidad que hoy presta apoyo a más de 850 familias en la región. Esta experiencia directa ha servido de catalizador para orientar la labor de laboratorio hacia soluciones con transferencia clínica directa.

En el proyecto ha participado un equipo multidisciplinar que incluye al profesor Pedro Cintas Moreno (QUOREX), al investigador Jonathan Delgado Adame del Instituto Tecnológico Agroalimentario de Extremadura (INTAEX), así como a científicos de la Universidad Complutense de Madrid —dirigidos por el profesor Pastor Vargas en colaboración con la Fundación Jiménez Díaz— y de la Universidad de Salamanca, a través del profesor Nieto García.

Economía circular aplicada a la biomedicina

La investigación ha centrado su diana en las caseínas y la $\beta$-lactoglobulina, las principales proteínas causantes de la alergia a la leche de vaca. El equipo evaluó cómo actuaban sobre ellas distintos polifenoles naturales extraídos de cáscaras de limón y naranja, para analizar posteriormente si los anticuerpos IgE presentes en el suero de pacientes alérgicos continuaban reconociéndolas.

Los ensayos revelaron una notable disminución en la capacidad de unión de estos anticuerpos a las proteínas modificadas. Aunque se registraron diferencias individuales en los análisis, la protección fue patente y constante. Mediante avanzadas herramientas computacionales de modelización molecular, los científicos identificaron el motivo: los polifenoles se acoplan a regiones específicas de las proteínas, modificando las zonas que habitualmente desencadenan la alerta del sistema inmunitario.

Más allá del avance médico, la investigación de la UEx destaca por su compromiso ambiental. Al utilizar subproductos de la industria citrícola como fuente de compuestos bioactivos, el proyecto se convierte en un modelo de economía circular, transformando materiales de desecho agrícola en ingredientes con alto valor terapéutico.

Pese a lo prometedor de los resultados, los investigadores recuerdan que el estudio representa una prueba de concepto en fase inicial. Por el momento, la técnica está pensada para actuar como tratamiento coadyuvante de las inmunoterapias orales ya existentes —que habitualmente se combinan con anticuerpos monoclonales o alergoides—, aunque abre una puerta esperanzadora para constituirse, en el futuro, como una alternativa terapéutica por sí misma.

Durante este mes de julio, los campus de la Universidad de Castilla-La Mancha se han llenado de estudiantes universitarios procedentes de países europeos y americanos, y también de alumnos y alumnas procedentes de la Universidad de Nanchang, en China.

Por el campus de Toledo han pasado 51 participantes procedentes de ocho universidades de Lituania, Estonia, Croacia, Grecia, Polonia, Chipre, México y España para disfrutar de una iniciativa internacional financiada programa europeo Erasmus +.

Bajo el paraguas del Programa Intensivo Mixto (BIP) ‘Immediate Postpartum Care: Nutrition, Mental Health and Pelvic Floor’ han podido profundizar en la atención integral durante el posparto desde una perspectiva multidisciplinar, en una iniciativa organizada por la Facultad de Fisioterapia y Enfermería en Toledo.

“Ha sido un éxito, nos han llegado más solicitudes de las que podíamos atender”, explica Esmeralda Santacruz. Es enfermera y profesora de la UCLM y coordina el área de movilidad internacional en esta Facultad.

La iniciativa está dirigida a alumnos y alumnas de tercer y cuarto: estudiantes de Enfermería, Fisioterapia, Medicina, Matronas… La experiencia les permitirá tener una visión integral de los cuidados que reciben las madres y los bebés recién nacidos durante las primeras horas y días tras el parto. Y de paso disfrutan de un aprendizaje colaborativo y se favorece el intercambio de experiencias entre instituciones de educación superior europeas.

¿Qué es un BIP?

El Programa Intensivo Mixto (BIP) forma parte de la oferta académica de la Universidad de Castilla-La Mancha, a través del Vicerrectorado de Política Internacional y Alianzas Globales.

“Este tipo de programas se llaman así porque combinan una parte online con otra presencial en la universidad que lo organiza, uniendo lo académico con lo social y lo cultural”, explica Esmeralda Santacruz. Su duración mínima es de una semana y en ellos participan tanto estudiantes como profesores, vinculados a distintas disciplinas.

“No solo se trata de aprendizaje profesional. La convivencia permite conocernos e intercambiar aspectos de las costumbres o la cultura. Es algo que une a la gente y abre puertas a futuras colaboraciones y a nuevas ideas”.

Rocío Fernández Santos es decana de la Facultad de Farmacia de Albacete y coincide en esta apreciación. Hace ya tres años, fueron de los primeros en organizar este tipo de programas. “Cualquier facultad puede organizarlo. A veces actuamos como organizadores, a veces participamos en programas coordinados por otras universidades europeas”.

Este año, el Programa Intensivo Combinado (BIP) está centrado en el desarrollo de fármacos. Ha contado con la participación de universitarios de Eslovenia, Eslovaquia, Bulgaria, Italia y Polonia, además de otros 10 que se han sumado en formato online.

Lo dirige Carlos Alonso, catedrático y coordinador de Relaciones Internacionales de la Facultad de Farmacia. “Intentamos fomentar la internacionalización y que el alumno conozca otras universidades, cómo se dan las clases… Buscamos la interacción entre el alumnado de distintas nacionalidades”.

El balance es muy positivo. “Los alumnos están encantados porque además son actividades que se hacen al final de curso y están pensando ya en su futuro más próximo. Nosotros también lo aprovechamos, porque vienen profesores de otras universidades y estrechamos lazos. Sin lugar a dudas es una oportunidad”, afirma el profesor.

Study Abroad: la visita de la Universidad de Nanchang

Los llamados programas intensivos mixtos (BIP), en los que la Universidad de Castilla-La Mancha puede participar como organizadora o como colaboradora, están financiados por la Unión Europea.

A ellos se suman otro tipo de iniciativas como los Study Abroad, más allá de las fronteras europeas. Alumnos y profesores de la Facultad de Fisioterapia y Enfermería de Toledo viajarán el próximo curso a la Universidad de Connecticut, en Estados Unidos.

Mientras tanto, este verano, a los estudiantes de universidades europeas y americanas se ha sumado la visita de chicos y chicas procedentes de la Universidad de Nanchang (China).

“En estos programas participan no solo estudiantes de universidades europeas, sino que también tenemos invitados especiales”, explica Carlos Alonso, que también se ha ocupado de coordinar el Programa Study Abroad que ofrece la Facultad de Farmacia de Albacete.

Han participado 15 estudiantes chinos, dentro de una iniciativa que este año ha recibido financiación de las Cortes de Castilla-La Mancha, la Diputación de Toledo y el Ayuntamiento de Albacete.

Liao Zhangping, una de las responsables del grupo de China explica que el objetivo principal de la visita es “promover la comunicación y el intercambio entre nuestras dos universidades. Castilla-La Mancha y la Universidad de Nanchang siempre han mantenido una relación muy amistosa”, afirma. Una relación que se afianzó tras la apertura conjunta del Instituto Confucio. “En septiembre pasado, nuestra universidad recibió a su primer grupo de estudiantes de la Universidad de Castilla-La Mancha para un intercambio. Así que esta vez, les devolvemos la visita para profundizar nuestra comprensión, cooperación e intercambio”.

La elección de la UCLM no se produce al azar. “Sabemos que la Universidad de Castilla-La Mancha es una muy buena universidad pública en España, con excelentes logros en docencia e investigación” y este tipo de iniciativas, comenta, permiten que los estudiantes chinos “amplíen sus horizontes internacionales, que experimenten los métodos de enseñanza y los últimos avances en investigación aquí”.

Por otro lado, como docentes, esperan establecer colaboraciones e intercambios.

Gu Chenchen, otra de las participantes en el programa destaca lo interesante de que los estudiantes no solo amplíen su perspectiva internacional y mejoren sus habilidades comunicativas en el extranjero, sino que también visiten Castilla-La Mancha en España para conocer su cultura“.

En este tipo de programas se habla sobre todo en inglés. Así que lo habitual es tener conocimiento, al menos, del nivel B2 del idioma.

Los estudiantes europeos y chinos que han pasado por los campus de la UCLM de la mano de la Facultad de Farmacia han coincidido en actividades formativas, como la que les ha permitido conocer a fondo el desarrollo de un fármaco, pero también han disfrutado de tiempo para el turismo y el ocio: visitas guiadas en Cuenca y Toledo, al Jardín Botánico de Albacete o al paisaje quijotesco de los molinos, entre otras actividades.

Hay unas cinco horas diarias de clases, sí, pero, “además de aprender, también es importante la parte social, es decir, la interacción: que venga un alumno de Farmacia de China, que venga un alumno de Farmacia de Nápoles y que discutan sobre cómo se hace allí y cómo se hace aquí, que hagan amistad y… ¡Oye! Tal vez perdure de por vida”, aventura el profesor.

Además del programa Study Abroad de la Facultad de Farmacia, durante el curso académico 2025-2026 se celebraron otras cuatro iniciativas asociadas a este programa. La Escuela de Caminos de Ciudad Real lo organizó dirigido a los estudiantes franceses de la Escuela de Transporte Público de París (ETSP).

Mientras, la Facultad de Humanidades de Albacete celebró otro para los estudiantes de la Universidad Ciencia y Tecnología de Macao y el Vicerrectorado de Política Internacional y Alianzas Globales organizó también un Curso de Derecho Público y Privado para estudiantes y profesionales de la Universidsd de Ibagué (Colombia).

COIL o Internacionalización en Casa

Por cierto, para quien no quiera moverse de su país, o de su universidad, también existe el Programa Collaborative Online International Learning (COIL) o internacionalización en casa.

Esta propuesta permite disfrutar de experiencias internacionales en formato online, coordinados por el profesorado de dos universidades asociadas, con trabajos colaborativos durante el curso académico.

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, no ha aclarado por qué no fue a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) con el Ministerio de Universidades a pesar de que la cita era telemática y se preveía una duración de media hora. Fernández Carriedo ha defendido que alguna comunidad autónoma tenía dificultades para conectarse y ha garantizado que el Ejecutivo autonómico está “siempre dispuesta” a la coordinación.

Este miércoles la Junta de Castilla y León no acudió ni al CGPU —online— ni a la reunión Sectorial de Educación —presencial en Madrid— y atribuyó esta última ausencia a la gestión de los incendios forestales. Sin embargo, el gobierno autonómico sí se reunió en la Sectorial de Transportes del día previo. Fernández Carriedo no ha aclarado qué ha cambiado entre ambas fechas. El PSOE ayer denunció un “boicot” por parte de las comunidades del PP en materia educativa.

La reunión del CGPU pretendía iniciar el procedimiento administrativo para transferir los fondos del programa María Goyiri a las comunidades, puesto que el reparto de fondos ya estaba aprobado. A través de este programa, el Gobierno cofinancia la contratación de 3.500 profesores universitarios en toda España. Para el Ministerio de Universidades, las ausencias de las comunidades 'populares' no tienen justificación: “No había ninguna negociación pendiente, no había ningún desacuerdo sobre el reparto y no había ninguna votación política pendiente”, explicó este miércoles un portavoz a elDIario.es.

La Sectorial de Educación, de la que también se ausentaron las comunidades del PP, preveía abordar la distribución territorial de 31,3 millones de euros para la FP, el estudio y aprobación del Plan Estratégico de Educación Inclusiva y se iba a informar sobre la reforma de la educación de 0 a 3 años.

200.000 euros para las Cámaras de Comercio

Además, el Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves 200.000 euros para reforzar la colaboración entre la Formación Profesional y las empresas. Esta cantidad irá destinada al Consejo de Cámaras de Comercio, que desarrollará actuaciones de prospección empresarial, identificará nuevas entidades colaboradoras, impulsará la participación de las empresas en la FP Dual y facilitará la creación de redes de empresas comprometidas con la formación.

El consejo de gobierno de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha aprobado este miércoles por unanimidad conceder su Medalla de Oro a la Universidad de La Laguna (ULL), con motivo de su centenario en la etapa contemporánea, tras reabrir en 1927.

Aunque la ULL se fundó en 1792 de manera oficial, durante distintos periodos del siglo XIX fue clausurada, para reabrir nuevamente en 1927, de tal manera que el próximo año se cumplirá el primer centenario de actividad ininterrumpida.

Con motivo de esta efeméride, el rector de la ULL, Francisco García, ha invitado a su homólogo de la ULPGC a formar parte del Comité Honorífico del centenario.

Según ha explicado la universidad en un comunicado, el rector Lluís Serra destaca que esta propuesta de otorgar uno de los máximos reconocimientos de la ULPGC a la Universidad de La Laguna se formula en un “momento especialmente significativo de hermanamiento institucional entre ambas universidades”.

Además, recuerda que la ULL ya distinguió a la ULPGC con su Medalla Oro en el año 2019. “Ese reconocimiento, profundamente apreciado por la ULPGC, puso de manifiesto una relación basada en el respeto, la colaboración y la conciencia compartida de servicio público”, subraya Lluís Serra.

Así, y después de reconocer la historia y su contribución decisiva a la educación superior y a la ciencia en Canarias, el rector de la ULPGC solicitó al Consejo de Gobierno su aprobación a la Medalla de Oro a la ULL “como expresión solemne del hermanamiento entre ambas instituciones y del compromiso compartido de seguir trabajando, desde la universidad pública, por Canarias y para Canarias”.

Por otra parte, el Consejo de Gobierno ha dado el visto bueno a la constitución de 82 grupos de innovación educativa, tras el aumento de once grupos que se dio durante el año 2025, acogiendo el trabajo e investigación de aproximadamente a 800 personas.

El vicerrector Luis Hernández Calvento informó, como novedad, de la creación de una nueva aplicación informática que permite la búsqueda y consulta de todos los grupos de innovación educativa constituidos en la ULPGC, a través del siguiente enlace.

Igualemente, la vicerrectora de Formación Permanente y Empleabilidad, Soraya García, informó al Consejo de Gobierno de la creación para el próximo curso de nuevas microcredenciales universitarias en cuestiones aeronáuticas o sostenibilidad tecnológica, así como de los criterios y el baremo para los concursos de estabilización del profesorado a tiempo parcial de la institución académica, proceso que se desarrollará durante el próximo año académico.

También se ha aceptado la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) para la promoción de profesores titulares y catedráticos acreditados en el año 2025, de modo que se ha aprobado la convocatoria de 48 plazas para profesores titulares de universidad y 23 plazas para catedráticos.

Por último, el Consejo de Gobierno también autorizó nombrar como profesor emérito a Jordi Freixinet, y renovar esta condición a los profesores Sergio Ruiz, Fernando Bruquetas, Marcos Antonio Sarmiento y Pedro Ramón Almeida.

Plantón del PP al Gobierno. Las comunidades autónomas gobernadas por el PP no han acudido este miércoles ni a la Conferencia General de Política Universitaria (CGPU) ni a la Conferencia Sectorial de Educación, bloqueando de esa manera el reparto de 181 millones de euros para diversos programas.

En el lado universitario, la ausencia de los populares deja paralizada la financiación del programa María Goyri, por el que el Gobierno cofinancia la contratación de 3.500 profesores universitarios en toda España, según ha denunciado el departamento que dirige Diana Morant. Por el lado de Educación, la imposibilidad de celebrar la sectorial bloquea 31 millones para la Formación Profesional y la educación inclusiva.

Algunas consejerías de Educación populares, como la de Castilla y León, han explicado que no han acudido por estar centradas en los incendios. Ayer se celebró una reunión similar entre las comunidades y el Ministerio de Transportes y el PP sí acudió. Las dos reuniones eran telemáticas.

“La reunión no ha podido celebrarse exclusivamente por la decisión de varias comunidades autónomas de no asistir, lo que ha impedido alcanzar el quórum necesario para adoptar el acuerdo”, ha informado el ministerio de Universidades esta mañana. “El reglamento de la Conferencia establece que para constituir de forma válida el pleno se necesita la presencia de la mitad más uno de las comunidades autónomas”, cifra que no se ha dado.

Según Universidades las ausencias no tienen justificación: “No había ninguna negociación pendiente, no había ningún desacuerdo sobre el reparto y no había ninguna votación política pendiente”, explica un portavoz. Además, añade, “la reunión era telemática, su duración prevista no superaba los treinta minutos, el orden del día constaba únicamente de dos puntos, el reparto ya había sido acordado por unanimidad y el Reglamento permite expresamente que la consejera o consejero sea sustituido por otro alto cargo de su departamento cuando no pueda asistir”. Pero nadie del PP se ha conectado.

Lo mismo ha sucedido en la cita en Educación, programada para las 13 horas. Alguna comunidad, dice el ministerio, ha avisado de que no iba a acudir una hora antes de que la reunión empezase. Desde el ministerio que dirige Milagros Tolón no se explican la ausencia con el argumento del fuego. “El Gobierno de España está volcado en la lucha contra los incendios. Está dirigiendo directamente la emergencia y mantiene también un amplio despliegue de medios estatales para apoyar las tareas de extinción y protección de la población. Mientras tanto, continúa ejerciendo con normalidad las responsabilidades que tiene encomendadas para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos y el desarrollo de las políticas que afectan al conjunto de la ciudadanía”, sostiene el departamento.

A las reuniones sí han acudido las comunidades donde no manda el PP: País Vasco (PNV), Catalunya, Principado de Asturias, Castilla-La Mancha, Navarra (PSOE las cuatro) y Canarias (Coalición Canaria).

Creup, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas, ha manifestado también su “profundo malestar” por la decisión del PP, que ha calificado de “inaceptable”. “Nos resulta difícil entender que no haya sido posible por parte de las consejerías competentes en universidades dedicar apenas media hora a una reunión telemática para ratificar un acuerdo que ya contaba con el consenso de todas las administraciones. Más aún cuando ni siquiera era imprescindible la asistencia de los propios consejeros y consejeras, al poder delegar su representación. La paralización de estos fondos genera una incertidumbre que dificulta la planificación de las plantillas y pone en riesgo la incorporación o la nómina de miles de docentes previstos para el próximo curso”, ha comunicado a través de una nota la principal organización de estudiantado universitario del país.

Un trámite de media hora

La reunión en Universidades era prácticamente un trámite, según el ministerio, y además telemático y corto. El reparto estaba aprobado y se trataba de iniciar el procedimiento administrativo para transferir los fondos a las comunidades. Ahora todo queda bloqueado, el reparto de dinero no se pone en marcha y el profesorado no podrá ser contratado por el momento.

“Quienes han decidido no asistir sabían perfectamente que estaban bloqueando el inicio de ese procedimiento y la consecuencia es clara: se retrasa la llegada de 150 millones de euros destinados a financiar los contratos María Goyri”, explican desde el ministerio. “Las consecuencias recaen sobre las propias comunidades autónomas y, en última instancia, sobre las universidades públicas y el profesorado beneficiario del programa”.

El programa María Goyri es una iniciativa del Ministerio de Universidades para cofinanciar la contratación de profesorado ayudante doctor en las universidades públicas españolas, una exigencia derivada de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) que los centros no pueden afrontar con sus propios medios. Ante esta evidencia, el departamento que dirige Morant ofreció cofinanciar esas contrataciones los primeros años, una medida insólita dado que las competencias universitarias pertenecen a las comunidades autónomas y el Gobierno central no ha financiado contrataciones docentes desde que se traspasaron.

Pero algunas comunidades, especialmente la madrileña, protestaron porque sostienen que la cofinanciación está muy bien, pero que a los seis años el Ejecutivo central se retira y son ellas las que deberán hacerse cargo de ese personal. Pero todas firmaron sin mayores problemas, excepto Madrid. La discusión entre Morant e Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, fue pública y agria. Madrid finalmente cedió y se incorporó al programa a regañadientes. Ahora ha decidido no acudir a una reunión convocada y el proceso de contratación se paraliza. Este periódico ha preguntado a esa y otras consejerías por qué se ha ausentado de la cita, pero no ha obtenido respuesta.

La catedrática de derecho internacional privado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura (UEx) Mercedes Sabido ha anunciado su intención de concurrir a las próximas elecciones al Rectorado de esta institución, previstas para el último trimestre del año. Lo hará con un proyecto “centrado en las personas, en menos burocracia, en un mayor apoyo a la investigación y en una gestión basada en datos y transparencia”, según ha informado este viernes en una nota.

Bajo el lema 'Un nuevo impulso para la UEx', su candidatura plantea “una alternativa al actual equipo rectoral basada en el diálogo, la participación y una gestión más ágil y transparente”.

La candidata ha destacado que la UEx cuenta con un enorme potencial humano, de gestión, docente e investigador, y ha subrayado que su compromiso es crear las condiciones “upara que ese potencial se desarrolle plenamente y generar una nueva dinámica volcada en el fortalecimiento de la UEx como servicio público extremeño de educación universitaria”. A su juicio, el cambio en la UEx “es imprescindible para romper ciertas inercias consolidadas”, de ahí que presente este proyecto.

Un proyecto que cuenta con diversos ejes, como 'Una universidad conectada con Extremadura', basado en reforzar la coordinación entre centros, campus y servicios, y una presencia más activa de la UEx en el desarrollo social, cultural y económico de la comunidad autónoma, consolidando su posición como eje vertebrador de su desarrollo territorial.

Por su parte, el eje 'Menos burocracia' centra los esfuerzos en la calidad y en la mejora continua de la UEx “para simplificar los procesos internos que dificultan el día a día del personal docente, técnico y de administración y estudiantado”, y avanzar con un gobierno participativo y dialogante hacia una gestión más digital, coordinada y cercana.

Con 'Más apoyo a la investigación y a la transferencia del conocimiento' reforzará el acompañamiento administrativo en este ámbito y con 'Gestión basada en datos' buscará sustentar las decisiones estratégicas en indicadores públicos y conocidos de antemano por la comunidad universitaria, para poder evaluar resultados y rendir cuentas.

Mercedes Sabido cuenta con más de 25 años de experiencia docente e investigadora en la Universidad de Extremadura y su trayectoria en gestión universitaria incluye los cargos de vicedecana de Estudiantes y Relaciones Institucionales de la Facultad de Derecho y de directora del Departamento de Derecho Privado, responsabilidad que ejerce en la actualidad.

Las universidades públicas andaluzas han confirmado que el sistema en su conjunto cerró el ejercicio 2025 con un déficit ajustado de 44 millones de euros, certificando así la entrada en un escenario de déficit estructural que los rectores venían advirtiendo desde hace dos años. “No estaríamos en déficit si se hubiera cumplido con el modelo de financiación”, defiende el portavoz de las universidades públicas, Francisco Oliva, que lleva desde 2024 denunciando el “incumplimiento reiterado” de los acuerdos alcanzados por parte del Gobierno de Juan Manuel Moreno.

Tras hacer público el balance definitivo de las cuentas de 2025, los rectores han vuelto a reclamar una solución “urgente” para evitar que el desequilibrio se agrave en 2026. Las esperanzas están puestas ahora en el dictamen que salga de la comisión técnica constituida junto con la Consejería del ramo para determinar la “infrafinanciación” real del sistema y fijar las cantidades que corresponden a las universidades conforme al modelo de financiación antes de la elaboración de los presupuestos de 2027.

“Ya no hablamos de una negociación política sobre cuánto dinero se da o no a las universidades, lo que se está analizando es cuál es la estructura real de gasto y cuál es la diferencia entre lo que pagamos y lo que se nos financia para cumplir el modelo”, explica Oliva. Por el momento, este camino entierra la vía judicial que los rectores barajaron emprender hace dos años, cuando amenazaron con acudir a los tribunales por el incumplimiento del modelo de financiación aprobado por la Junta de Andalucía en 2023.

Ahora las universidades públicas andaluzas confían en el “compromiso” que les ha trasladado el nuevo consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, tras la primera reunión mantenida recientemente con el portavoz de los rectores. “Reconoce el problema y también está esperando los resultados de la comisión técnica”, traslada Francisco Oliva. El objetivo es que ese trabajo concluya entre finales de septiembre y principios de octubre. La fecha es importante porque permitirá que las universidades elaboren los presupuestos de 2027 sin reproducir el desequilibrio de los últimos ejercicios.

“Borrón y cuenta nueva”

Los rectores se muestran así confiados en que la Junta acate las resoluciones de la comisión: “Tienen que aceptarse sí o sí, es inimaginable plantear el escenario de que la Junta reconozca la deuda y no haga nada”, apostilla el también rector de la Universidad Pablo de Olavide.

“Si sale bien la comisión, querrá decir que se nos va a pagar a las universidades lo que se nos debe según el modelo de financiación, que dice que se nos tienen que pagar unas cantidades y no se nos está pagando”, recuerda Oliva, quien resume la situación con estas palabras: “Nueve universidades públicas están en déficit, esto quiere decir que es culpa de la infrafinanciación que llevamos dos años anunciando, pero no se nos escuchó”.

El déficit, subrayan los rectores, refleja que los ingresos que reciben las universidades se sitúan ya por debajo de sus gastos estructurales, especialmente en el capítulo 1 destinado a las nóminas del personal y el 2, relativo a las contratas (luz, limpieza o seguridad de los campus). Una situación que, advierten, dificulta no solo el desarrollo de proyectos estratégicos, sino que amenaza incluso la capacidad de atender con normalidad las obligaciones más básicas si se mantiene en el tiempo. “No estaríamos en déficit si se hubiera cumplido el modelo de financiación”, sostiene el portavoz de AUPA.

El cierre en negativo de las cuentas de 2025 constituye el culmen de dos años de tensiones entre los rectores y el Gobierno andaluz. El punto álgido del conflicto se produjo en 2024, cuando las universidades públicas llegaron a amenazar con acudir a los tribunales al considerar que la Junta mantenía una deuda cercana a los 50 millones de euros derivada del incumplimiento del modelo de financiación.

Pese a la “gravedad” de la situación, los rectores creen que la constitución de la comisión técnica abre una oportunidad para reconducir el conflicto con la Junta. “Queremos hacer borrón y cuenta nueva, resolver correctamente los pagos de 2025, 2026 y 2027”, expresa el representante de los rectores andaluces.

Hasta entonces, las universidades mantienen la alerta: el déficit previsto para 2026 será aún mayor si no se corrige la infrafinanciación. “Es imprescindible que la Junta intervenga inmediatamente”, concluyen desde AUPA, confiados en que el dictamen de la comisión técnica sirva para zanjar definitivamente las discrepancias sobre la financiación del sistema universitario andaluz.

Seis estudiantes gazatíes, junto a una familia de cinco miembros, vienen en la tercera evacuación por parte del Ministerio de Exteriores de España, desde la Franja de Gaza, a través de Jordania. Cinco de los seis alumnos llegaron este martes, pasadas las tres y media de la tarde, al aeropuerto madrileño de Barajas, en vuelo regular y directo desde Amán (Jordania) y la última lo hará este miércoles a Barcelona. Esta tercera evacuación de universitarios hecha por el Gobierno español, desde 2024, se encuadra en el movimiento internacional de solidaridad con Palestina, dado el genocidio perpetrado contra su población por Israel, desde octubre de 2023. Un movimiento solidario en el que participan, ofreciendo plazas, diecisiete universidades españolas.

La primera evacuación, en diciembre de 2025, trajo a siete alumnos, la segunda, en junio de 2026, a seis. Ahora, con las tres alumnas y tres alumnos que llegan, serán 19 en tres años, mientras aún una treintena larga aguarda en Gaza, en una situación de desespero, hambre, miedo y tentaciones suicidas de las que dieron testimonio a elDiario.es en la noticia del 2 de julio.

La cantidad de gazatíes evacuados para estudiar en universidades españolas por el ejecutivo de Pedro Sánchez está muy alejada de los 113 universitarios llevados de Gaza a Reino Unido, en el curso 25-26, por el gobierno laborista de Keir Starmer y de los 229 incorporados a sus plazas italianas, ese mismo año académico, por el ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni. Un número también incomparablemente más pequeño del centenar de gazatíes enfermos y sus familias evacuados por otros ministerios del ejecutivo español: el de Sanidad, el de Migraciones y el de Defensa.

De los seis universitarios evacuados ahora a España por Exteriores, las tres mujeres irán a Barcelona para estudiar, en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma y en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), respectivamente. En cuanto a los hombres, dos se quedarán en Madrid, para estudiar uno en la Complutense y otro en la Escuela de Escritores, mientras que el tercero iniciará estudios en la universidad canaria de La Laguna (Tenerife).

Espiral de alegría, ansiedad y alivio

La pasada semana ha sido una espiral de alegría, desespero y alivio para el grupo de seis estudiantes gazatíes, sus familiares y amigos, así como para los miembros de entidades que los apoyan, como la Red Universitaria por Palestina (RUxP) y la asociación jordana “Ozwet Tulab Gaza” (“Apoyo, Orgullo y Protección para estudiantes de Gaza”).

Todo porque los comentarios que circulaban sobre una evacuación de estudiantes a España el lunes 13 de julio, que el Ministerio de Exteriores evitó confirmar a elDiario.es, se concretaron. El Consulado Español en Jerusalén avisó a los seis estudiantes de que debían acudir al punto de encuentro en Deir al-Balah, en el centro de la Franja, a unos catorce kilómetros al sur de Ciudad de Gaza.

Los seis estudiantes venían rumbo a España el lunes 13 de julio. Pero ya en el autobús hacia Amán (Jordania) quedaron devastados por el mensaje del Consulado de España en Jerusalén de que el viaje se cancelaba por el lanzamiento de misiles entre EEUU e Irán.

Hacia Deir al-Balah fueron desde sus lugares de residencia, casas o tiendas de campaña. Pero, cuando hacían la ruta en bus a Karam Abu Salen, para cruzar el puente de -según quien lo denomine- Allenby o el rey Hussein, recibieron comunicación telefónica consular diciéndoles que la evacuación se cancelaba por el recrudecimiento del choque EEUU-Irán.

“Se quedaron devastados”, explica una de las doce voluntarias jordanas de “Ozwet Tulab Gaza” que los recogen en frontera y ayudan en el tránsito. Para ella, si bien la cancelación fue acertada y prudente por seguridad, “habría sido importante cancelar con 48 o 24 horas de antelación, como hay precedentes, porque parar en pleno trayecto fue tremendo para ellos”.

Es el gobierno de Israel, informa esta voluntaria, quien, a través de su organismo el COGAT, cierra las fronteras cuando se recrudece el lanzamiento de misiles. “El espacio aéreo jordano sólo queda cerrado un par de horas”, explica, “luego vuelve a abrirse para todos los vuelos regulares, que son los que toman los estudiantes”. En efecto, la web del Ministerio de Exteriores de España, consigna en sus recomendaciones actualizadas sobre Jordania que “el espacio aéreo está abierto”, si bien “se aconseja aplazar el viaje hasta nuevo aviso”.

La decepción e incertidumbre llevaron a los estudiantes a preguntar, en el grupo de WhatsApp creado por el consulado, cuándo se retomaría la evacuación, pero las autoridades se limitaron a responder que ya avisarían. Los afectados aguardaron con paciencia, aconsejados por compañeros ya en España, que hablan de precedentes en los que el consulado ha acabado por cerrar el grupo de comunicación. Si bien, según Ahlam Howiti, llegada en junio a Jaén, en su caso, que luego explicaremos, el grupo no se cerró como forma de represalia, sino para montar un nuevo grupo ampliado cuando la evacuación se retomó tres meses después.

La actual evacuación, pospuesta el lunes 13, se ha retomado el lunes 20 y desembocado en los vuelos del 21 y 22 de julio. Vuelos pagados, en algunos casos, por las universidades, en otros, por los propios estudiantes o sus familiares. Igual que parte del transporte en bus y del regreso con sus familias tras el parón de la evacuación.

Opacidad en los criterios de prioridad

Dos de los seis estudiantes evacuados no figuraban hasta estas semanas en la lista de estudiantes a la espera de incorporarse a universidades españolas elaborada por la RUxP y por Juristas por Palestina (JxP) y puesta a disposición del Ministerio de Exteriores por ellos, para facilitar la gestión de los trámites.

Cierto que esa lista crece. De hecho, desde la publicación de la información en elDiario.es el 2 de julio a hoy, la lista de la RUxP ha pasado de 33 a 40, más los 2 que no figuraban. Por lo que, tras esta tercera evacuación, aún quedan 36 alumnas y alumnos pendientes de ser traídos por Exteriores, en julio o en agosto para empezar a tiempo el curso 2026-2027. Las entidades involucradas trasladan nuevos comentarios sobre la fecha de próxima evacuación: el 3 de agosto. De nuevo lunes, pues es el día de la semana fijado para las evacuaciones a todos los países.

Aún quedan 36 alumnas y alumnos gazatíes, según la Red Universitaria por Palestina, con plaza en universidades españolas a la espera de que Exteriores los traiga. En ciertos casos, aguardan desde el curso 24-25, pese a que entre los evacuados los hay que llevan menos tiempo en lista de espera.

Existe también consenso, entre las entidades, sobre la opacidad con que se conducen tanto el Consulado de España en Jerusalén como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una opacidad “que genera tensiones entre los estudiantes aún a la espera en Gaza, algunos de los cuales llevan esperando meses o años más que otros trasladados”, destaca David Peñafuerte, de la RUxP y técnico en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, a la que han llegado 7 de los 19, casi un tercio.

Tanto Peñafuerte, como “Ozwet Tulab Gaza”, y en su día JxP y la entidad internacional Gaza40+, reclaman transparencia sobre los criterios de prioridad y el orden de los traslados por parte de las autoridades españolas.

“Porque la opacidad permite casos arbitarios”, advierte Peñafuerte. Según él traslada, en el grupo de WhatsApp donde están los afectados, al trascender que algunos habían sido convocados para esta tercera evacuación, otros les han requerido explicaciones sobre por qué, qué pasos específicos han dado para ser los elegidos, y ha habido que mediar para evitar mayores desencuentros.

Requerimientos a Exteriores y a la UE

El Ministerio de Exteriores ha sido requerido para dar explicaciones y agilizar las evacuaciones pendientes, como ya explicamos, vía cartas, en reuniones, e incluso a través del Congreso de los Diputados, tanto por la treintena de alumnos gazatíes afectados, como por la RUxP, JxP, vicerrectores de las universidades y por el portavoz de Izquierda Unida en el parlamento, Enrique Santiago, y el de temas de Educación y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero.

También desde elDiario.es remitimos diez preguntas concretas al jefe de gabinete del ministro de Exteriores, Sergio Cuesta. Si bien sólo recibimos, del Gabinete de Comunicación, un correo aludiendo a “fuentes de Exteriores” que manifiesta “la posición (de España) basada en el compromiso con el Derecho Internacional, la humanidad y la paz”, que el Gobierno “destinará 150 millones en 2026 en ayuda humanitaria y cooperación para Gaza” y que, hasta ahora, “ha realizado numerosas evacuaciones desde Gaza, incluidas las de varios estudiantes”.

Tras la noticia del 2 de julio, la RUxP ha obtenido respuesta de la Comisión Europea a su escrito del 14 de junio sobre la imposibilidad de decenas de estudiantes gazatíes, algunos titulares de becas Erasmus+, para incorporarse a sus plazas. En la contestación, el Jefe de Unidad de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, Filip Van Depoele, deriva responsabilidades a los estados UE, como se lee en el documento íntegro.

“Compañeros en Gaza, paciencia y esperanza”

Si alguien sabe lo que están sufriendo las y los universitarios a la espera en Gaza es Ahlam Howiti. A sus 23 años era una de ellos, sobreviviendo, junto a sus padres, la mediana entre un hermano y otra hermana, en Tal Al-Hawa, barrio de Ciudad de Gaza. Hasta que, el 3 de junio llegó a España, en la segunda evacuación, que trajo a seis estudiantes, todas chicas. Vuelo desde Amán, con estala en la turca Estambul, hasta Madrid-Barajas y viaje en coche a Jaén, donde, desde entonces, vive. Ella y otra gazatí del mismo grupo, ambas ya convertidas en íntimas amigas.

Howiti y tres estudiantes iban a ser evacuadas a España a principios de marzo, pero dos días antes se canceló la operación por el conflicto estadounidense-iraní. “Sentí una mezcla de desesperanza y, a la vez, fe en que, al final, todo saldría bien”, cuenta por videollamada desde Jaén.

Pasados los meses, en junio, logró venir, en un grupo no de cuatro sino de seis alumnas, más una familia. El curso 25-26 ya había acabado al llegar a Jaén, pero desde entonces ha podido seguir clases de español en la universidad y se prepara para empezar en septiembre su Máster en Administración de Empresas, tras licenciarse en Gaza, en Derecho, impartido en inglés.

“Yo, que he vivido el proceso hasta llegar a España, puedo decir que es complicado y opaco. Pese a todo, para mí el gobierno de España es el mejor con Palestina. Así que, compañeros que aún esperáis en Gaza, paciencia y esperanza.

Ahlam Howiti — alumna gazatí en la Universidad de Jaén.

“La palabra que mejor describe el proceso para venir a España es ”complicado“ –declara. ”Debemos llamar mil veces al consulado, mandarles nuestros documentos, en nuestras difíciles circunstancias. Y ellos son muy opacos cuando les requerimos cualquier información sobre nuestra situación“.

Con todo, Howiti celebra haber pedido plaza universitaria en España, “uno de los mejores países europeos, liberal, que respeta los derechos individuales, con ciudades como Jaén, donde me siento segura, como estudiante, como chica, y como palestina. Un lugar donde puedo seguir educándome, que para mí es lo principal, es por lo que vengo”.

Estando en el punto de destino con el que tantos colegas aún sueñan, Ahlam Howiti, quiere trasladarles un mensaje: “que sean pacientes y mantengan la esperanza. El proceso es duro, largo, complicado. Pero estoy segura de que pronto va a funcionar”, señala. “Así lo creo porque el gobierno español es el mejor en la defensa de Palestina, para los estudiantes gazatíes”, argumenta.

Frente a los datos que revelan que otros países europeos logran sacar de la Franja a más universitarios gazatíes responde: “No sé la razón, todo es complicado, no puedo culpar al gobierno de España. Sólo pedirle que nos siga ayudando porque seguimos necesitando toda su ayuda”.

En efecto, tras la llegada de 19 estudiantes en las tres evacuaciones realizadas desde el curso 2024-2025, los 36 alumnas y alumnos de la lista de RUxP -a la entidad internacional Gaza 40+ le constan 60 casos-, aún siguen esperando que Exteriores logre traerlos para empezar a tiempo el curso 2026-2027 este septiembre.

El debate sobre el futuro laboral de las nuevas generaciones nos obliga a mirar a largo plazo y con total objetividad. En plena era de la automatización y la inteligencia artificial, la actualización de los planes de estudio es insuficiente si no se aborda un cambio cultural más profundo, es decir, un compromiso colectivo que ayude a la juventud a romper con las dinámicas tradicionales y las barreras educativas que todavía condicionan sus decisiones académicas y profesionales.

Esta desconexión entre las preferencias universitarias de la juventud y la realidad del mercado de trabajo no es exclusiva de un territorio específico; se trata de una tendencia global que afecta a las principales economías occidentales, pero penaliza con mayor dureza a los entornos regionales.

En Castilla-La Mancha, la inercia del mercado genera una paradoja compleja, pues coexiste un exceso de perfiles en sectores saturados con vacantes tecnológicas que las empresas locales no logran cubrir por falta de personal cualificado.

En nuestra comunidad, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) realiza una labor fundamental de vertebración social y territorial. Sin embargo, los datos de matriculación reflejan una inercia compleja. El área de Ciencias Sociales y Jurídicas sigue concentrando a más del 40% del alumnado, en contraste con las ramas de ingeniería y arquitectura, que apenas logran captar el 13% del total de estudiantes. La preferencia por las titulaciones jurídicas y de gestión responde a una fuerte tradición cultural.

El mercado ya no demanda administrativos clásicos, sino gestores capaces de interpretar datos y liderar entornos tecnológicos

El desafío actual no radica en restarle valor a estas disciplinas, cuya vertiente analítica, ética y de estrategia humana sigue siendo insustituible, sino en evitar que se queden ancladas en tareas puramente operativas. Son precisamente estos procesos de gestión básica y derecho contractual los que están más expuestos a la automatización, donde los entornos digitales ya resuelven las tareas rutinarias con una enorme eficiencia. El verdadero reto para estas carreras tradicionales pasa por una urgente hibridación digital: el mercado ya no demanda administrativos clásicos, sino gestores capaces de interpretar datos y liderar entornos tecnológicos.

El problema fundamental en la región no es la escasez de oportunidades, sino cómo se distribuye el talento. Las empresas buscan perfiles capaces de resolver problemas complejos, pero los modelos tradicionales de aprendizaje todavía arrastran una dinámica enfocada en conocimientos puramente teóricos que las herramientas digitales ya procesan de forma inmediata.

Esta brecha se hace evidente al contrastar la saturación de los grados en gestión clásica con la escasez de matrícula en las áreas técnicas y sostenibles.

Los mapas de empleabilidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto a los informes de la Fundación CYD, confirman este escenario en el plano nacional y autonómico. Mientras los graduados enfocados en la administración clásica presentan un desajuste laboral que afecta a casi la mitad de sus titulados, quienes terminan ocupando puestos por debajo de su nivel de cualificación académica debido a la saturación, las titulaciones tecnológicas vinculadas a los fondos estratégicos y al desarrollo industrial rozan el pleno empleo en la región, dejando puestos desiertos por falta de especialistas.

Esta realidad coincide plenamente con las proyecciones de los organismos internacionales. Si cruzamos los análisis de la OCDE con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, el mapa del empleo cambia por completo. Queda demostrado que la relevancia de una titulación ya no se mide por su arraigo tradicional, sino por su utilidad real para afrontar los retos globales apoyándose en la tecnología. La inversión y el empleo de calidad se mueven decididamente hacia sectores alineados con el trabajo decente (ODS 8) y la innovación industrial (ODS 9).

Ya no basta con evaluar aptitudes tradicionales; urge dotar a estos equipos de herramientas, métricas locales y datos del mercado actualizados para guiar al alumnado en un entorno laboral tan cambiante

Para la juventud castellanomanchega, el futuro con mayor proyección se encuentra en aquellos sectores estratégicos donde la tecnología no sustituye al profesional, sino que potencia su capacidad. Se trata de disciplinas clave como la ingeniería de transición energética, orientada a potenciar los recursos naturales y renovables de la región (ODS 13), la bioinformática aplicada a la salud (ODS 3) y al sector agroalimentario local (ODS 2), o la ciberseguridad industrial, crucial para blindar unas empresas cada vez más interconectadas (ODS 9).

Orientar el talento hacia estas disciplinas es una responsabilidad compartida que sitúa a la orientación educativa en la primera línea de respuesta. La labor de los departamentos de orientación en institutos y centros formativos es hoy más crucial que nunca. Ya no basta con evaluar aptitudes tradicionales; urge dotar a estos equipos de herramientas, métricas locales y datos del mercado actualizados para guiar al alumnado en un entorno laboral tan cambiante. Este verdadero cambio de rumbo no dependerá únicamente de la reestructuración de los grados universitarios, sino de este asesoramiento temprano y del apoyo de las familias, que deben perder el miedo a las disciplinas tecnológicas.

Solo mediante una estrategia conjunta que conecte a la comunidad educativa, los entornos familiares y el sector empresarial, lograremos transformar este desafío en una oportunidad real para que las nuevas generaciones impulsen el desarrollo tecnológico y económico de la región.

En definitiva, la viabilidad económica de Castilla-La Mancha no se encuentra estancada por falta de potencial industrial o empresarial, sino por la necesidad de sincronizar la vocación de su juventud con las demandas reales de su transformación productiva. El éxito de esta transición no se medirá por el volumen bruto de estudiantes universitarios, sino por la agilidad con la que transformemos el conocimiento en valor real, sostenible, competitivo y profundamente arraigado en el territorio.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado por 37 votos a favor, cinco noes y una abstención la liquidación del ejercicio presupuestario de 2025. La Gerencia de la US ha detallado la auditoría externa del ejercicio 2025, que ha arrojado un déficit de 14,8 millones de euros, elevando el “déficit estructural” de las universidades andaluzas a unos 57 millones de euros en total.

La auditoría de la US apunta a las subidas salariales del sector público aprobadas por el Gobierno central -aumento del gasto en plantilla de casi un 7% y unas transferencias de la Junta que “no se acompasan con este crecimiento”-, el encarecimiento de los suministros y a las infraestructuras que está acometiendo la US.

El presupuesto inicial de 2025 fue de 634,4 millones de euros y el ejercicio cerró con un “déficit presupuestario ajustado” de 14,8 millones. La situación de la Universidad de Sevilla se agrava porque no dispone de remanentes de tesorería de libre disposición con los que compensar este desequilibrio. La Gerencia ha insistido en que la profusión de datos de la auditoría y la transparencia de la misma no puede convertirse en “algo contraproducente” de manera que se acabe “alarmando”.

Entre las voces contrarias a aprobar las cuentas de 2025, miembros del sector D han destacado la de sectores que han argumentado que “no podemos validar unas cuentas” que son consecuencia de la “infrafinanciación” de la Administración autonómica. A este particular, la rectora ha replicado que “no estamos votando si estamos a favor o en contra de unas cuentas; o si estamos a favor o en contra de la financiación autonómica. Estamos votando un informe técnico externo que refleja fielmente las cuentas” de la institución.

Déficit estructural

El déficit no es exclusivo de la Universidad de Sevilla. Las universidades públicas de Andalucía han cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un déficit superior a los 57 millones de euros. Una situación que achacan, fundamentalmente, a que la financiación que reciben de la Junta de Andalucía para abordar los pagos del capítulo 1 -gastos de plantilla- no cubre los costes, que se han disparado en los últimos años.

Por universidades, en el caso de la Universidad de Sevilla (US), el déficit es de 14,8 millones de euros; en la Pablo de Olavide (UPO), 2,542; en Málaga (UMA), 18,8; en Cádiz (UCA), 4,4; en Jaén (UJA), 2,3; en Córdoba (UCO), 4,4; en Granada (UGR), 5,03; en Huelva (UHU), 1,8; y en Almería (UAL), 3,4 millones. Según el sumatorio de los cierres presupuestarios elaborado por CCOO, el déficit global ronda los 38 millones de euros, y con el cómputo de la US, ascendería a los 57,4 millones.

Además de las auditorías que las universidades hacen todos los años, el sistema andaluz y la Junta de Andalucía pactaron la realización de un estudio pormenorizado universidad por universidad sobre los gastos de personal a fin de ajustar el modelo de financiación aprobado por unanimidad. El cambio de Gobierno mantiene esta medida en punto muerto. Será el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, el que tenga que abordar este asunto.

El “déficit estructural” supone un punto de inflexión en el pulso que desde hace dos años mantienen los rectores con la Junta por el modelo de financiación. Las nueve universidades públicas llevan reclamando al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con los pactos firmados en materia de financiación desde 2024, advirtiendo de que, sin esos recursos, el sistema entraría en déficit. Los resultados presupuestarios de 2025 apuntan a que ese escenario ya se ha materializado.

La US valora cobrar por las visitas guiadas

El equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha presentado este jueves al Consejo de Gobierno las líneas de trabajo de la Oficina de captación de fondos estratégicos e institucionales (OCFEI) para captar ingresos a fin de cumplir un objetivo concreto: en 2031, el 35% de los fondos de la US tienen que haber sido captados por la institución de manera individual.

Entre las acciones específicas que se prevén para obtener recursos propios, la oficina, dependiente del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Económica, tiene prevista una “optimización de la explotación” de las infraestructuras e instalaciones -entre las que se encuentra la Fábrica de Tabacos-; poner una entrada al futuro museo de la US; instalar energías renovables y estudiar la integración en una comunidad energética ciudadana; impulsar la tienda de la US; y cobrar por las visitas guiadas a los edificios “emblemáticos” de la Hispalense.

La nueva oficina mantendrá cuatro las líneas de trabajo: captación de fondos nacionales e internacionales; diseño de un plan estratégico de subvenciones; impulso de iniciativas de mecenazgo; y desarrollo de otras actuaciones orientadas a incrementar los recursos propios de la Universidad, en la que se enmarca el cobro de entradas de visitas guiadas, por ejemplo, que hasta la fecha son gratuitas.

Además, en el área de internacionalización, el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases para el desarrollo de tres nuevas dobles titulaciones internacionales de grado con el Beijing Institute of Technology (BIT) de Pekín (China): la doble titulación internacional de Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software; la doble titulación internacional de Grado en Ingeniería de Materiales, y la doble titulación internacional de Grado en Filología Hispánica.

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco ha retocado prácticamente un tercio articulado de su anteproyecto de ley de Universidades tras recibir medio millar de alegaciones. Así, se recoge el blindaje del término 'Universidad', es decir, se prohíbe el uso de la palabra 'universidad' o 'universitario' sin autorización expresa. En este sentido, cualquier entidad que opere bajo esta denominación sin cumplir los requisitos legales se enfrentará a sanciones graves, combatiendo directamente el intrusismo académico y los denominados “chiringuitos universitarios”.

“Los promotores de nuevas universidades y centros universitarios que quieran implantarse en Euskadi deberán acreditar el valor añadido que aportan al sistema. No se van a poder usar de forma impropia 'universidad' y 'universitario' para referirse en estos términos a lo que no lo es”, ha argumentado el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha presentado este miércoles en Bilbao el estado actual del anteproyecto, una vez incorporadas las modificaciones derivadas del proceso de participación pública.

Acompañado por el viceconsejero de Política Universitaria, Xabier Aizpurua, y por la directora de Ordenación y Planificación Universitaria, Sara Urionabarrenetxea, el consejero ha explicado las principales aportaciones incorporadas al texto tras el análisis de las cerca de 500 alegaciones recibidas de parte de integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo la EHU, el buque insignia del sistema vasco, ciudadanía, órganos consultivos y agentes sociales que, tal y como ha subrayado Pérez Iglesias, “han enriquecido el texto inicial y han permitido modificar 41 de sus 142 preceptos”.

Tras anunciar que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación da por concluida la fase de participación pública del anteproyecto, Pérez Iglesias ha destacado que “todas las aportaciones se han analizado con la debida atención y estudiado con respeto, rigor y voluntad de escucha”. En este sentido, además de las cuestiones relacionadas con la creación de “chiringuitos” privados, la EHU ha solicitado y la reforma incluye un incremento del límite de profesorado asociado y el porcentaje máximo de personal sustituto en cada departamento. Asimismo, amplía de dos a cuatro años el plazo de adaptación al nuevo marco normativo para facilitar una implantación gradual.

Es decir, se dobla el límite de profesorado asociado del 5% propuesto al 10% y, en el caso del profesorado sustituto, se han ajustado los mecanismos de contratación para ganar agilidad en la cobertura de plazas, permitiendo que la gestión de las sustituciones sea más eficiente y menos burocrática durante los periodos de transición. En vez de un 2% que establecía el borrador original, la EHU podrá tener hasta un 5% de personal sustituto. “El anteproyecto dobla al 10% el porcentaje de profesorado asociado porque la EHU pidió subirlo para cubrir con esa figura determinadas áreas, al igual que la cuota de personal sustituto, un asunto controvertido que, tras haber sido fijado en el 2% del total de plantilla, ahora se eleva al 5%, aunque se mantiene la idea de cubrir los puestos con personal propio”, ha aclarado el consejero.

Sobre el “malestar” expresado por la EHU por el hecho se dejara vía libre a la creación de una nueva universidad pública, Pérez Iglesias ha desvelado que su departamento no contempla ninguna creación ni tiene en mente ninguna nueva universidad pública, pero que sí se mantiene el término 'centro universitario público' para, ha subrayado, “evitar suspicacias y a petición de la EHU”. En todo caso, aunque no se contempla ningún proyecto como universidad pública como tal, sí ha desvelado que en un plazo de un año, ya trabajan con la propia EHU en la creación de un centro de estudios avanzados centrado en estudios de posgrado. Se trataría, como ha explicado el consejero de un modelo similar al del centro superior de música, Musikene, con la presencia de personal procedente de otros ámbitos y fichajes puntuales, modelo con el que la EHU está de acuerdo porque “es parte del proyecto y se beneficia de que exista”.

En cuanto a la carrera académica, la nueva regulación es “más flexible para favorecer la captación y el cuidado de las personas de alta cualificación”, según ha expresado Pérez Iglesias. Para ello, se establecen vías alternativas de acceso basadas en el desempeño profesional excelente y se flexibiliza la exigencia de estancias internacionales (rango de 1 a 2 años en lugar de una cifra rígida). Y, al mismo tiempo se reduce la carga de la dación de cuentas para la universidad pública (EHU) al reconocer que el exceso de precisión burocrática estaba interfiriendo con el funcionamiento ordinario. Además, se refuerza la seguridad jurídica del contrato-programa, permitiendo que la financiación ordinaria pueda incrementarse según la captación de recursos externos (proyectos europeos, investigación competitiva), una vez garantizada la suficiencia financiera.

La ley elimina “ambigüedades” de los complementos retributivos adicionales del profesorado de la universidad pública, pero remite esta cuestión al posterior desarrollo reglamentario y a la negociación colectiva con los sindicatos. En cuanto a la conciliación, en el texto se integra la conciliación de la vida personal, buscando que la carrera investigadora, especialmente para las mujeres, sea compatible con la vida personal sin sacrificar la excelencia. “Algunas -de las alegaciones- se han incorporado al texto y otras han enriquecido el debate, pero todas han permitido un examen crítico del documento tras analizar el espíritu de las alegaciones y tratar de dar salida a las propuestas, no recogerlas tal cual. Lo importante es que contamos con un anteproyecto de ley mejor que el que iniciamos hace unos meses y con una base más sólida para afrontar el futuro de la actividad universitaria” ha remarcado el consejero, para añadir que “los cambios introducidos no modifican los fundamentos del anteproyecto ni la dirección que deseamos imprimir al sistema universitario, pero sí flexibilizan aspectos significativos del texto original”.

A modo de resumen, el consejero ha subrayado que el propósito del Departamento ha sido elaborar “una ley concebida en Euskadi para responder a los retos de las universidades vascas”, fruto del diálogo con la comunidad universitaria y orientada a fortalecer un sistema de calidad, al servicio de la sociedad vasca e internacional. El consejero ha explicado que tras los cambios, el Anteproyecto de Ley delimita “con mayor precisión” el ámbito del Sistema Universitario Vasco, de manera que la planificación del Gobierno vasco abarcará toda la actividad universitaria desarrollada en Euskadi, incluidos los centros dependientes de otras administraciones y las universidades extranjeras con presencia en el territorio.

Por su parte, desde la EHU indican a este periódico que en la presentación del anteproyecto han podido comprobar que algunas de sus alegaciones han sido recogidas en el nuevo texto, como las relacionadas con la carrera académica, el personal sustituto, la ética en la investigación, la creación -o no creación- de una Universidad pública, la internacionalización, etc. Pero deben estudiar el documento en su totalidad, algo que por el momento no han podido realizar al no haberlo recibido.

Una vez concluida la fase de participación pública, el anteproyecto continuará su tramitación ordinaria, que requiere la emisión de los informes y dictámenes preceptivos. Posteriormente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto antes de remitirlo al Parlamento Vasco para su tramitación. PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y su aprobación en la legislatura, salvo sorpresa mayúscula, está garantizada.