Seis estudiantes gazatíes, junto a una familia de cinco miembros, vienen en la tercera evacuación por parte del Ministerio de Exteriores de España, desde la Franja de Gaza, a través de Jordania. Cinco de los seis alumnos llegaron este martes, pasadas las tres y media de la tarde, al aeropuerto madrileño de Barajas, en vuelo regular y directo desde Amán (Jordania) y la última lo hará este miércoles a Barcelona. Esta tercera evacuación de universitarios hecha por el Gobierno español, desde 2024, se encuadra en el movimiento internacional de solidaridad con Palestina, dado el genocidio perpetrado contra su población por Israel, desde octubre de 2023. Un movimiento solidario en el que participan, ofreciendo plazas, diecisiete universidades españolas.

La primera evacuación, en diciembre de 2025, trajo a siete alumnos, la segunda, en junio de 2026, a seis. Ahora, con las tres alumnas y tres alumnos que llegan, serán 19 en tres años, mientras aún una treintena larga aguarda en Gaza, en una situación de desespero, hambre, miedo y tentaciones suicidas de las que dieron testimonio a elDiario.es en la noticia del 2 de julio.

La cantidad de gazatíes evacuados para estudiar en universidades españolas por el ejecutivo de Pedro Sánchez está muy alejada de los 113 universitarios llevados de Gaza a Reino Unido, en el curso 25-26, por el gobierno laborista de Keir Starmer y de los 229 incorporados a sus plazas italianas, ese mismo año académico, por el ejecutivo de la ultraderechista Giorgia Meloni. Un número también incomparablemente más pequeño del centenar de gazatíes enfermos y sus familias evacuados por otros ministerios del ejecutivo español: el de Sanidad, el de Migraciones y el de Defensa.

De los seis universitarios evacuados ahora a España por Exteriores, las tres mujeres irán a Barcelona para estudiar, en la Universidad de Barcelona, en la Autónoma y en la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), respectivamente. En cuanto a los hombres, dos se quedarán en Madrid, para estudiar uno en la Complutense y otro en la Escuela de Escritores, mientras que el tercero iniciará estudios en la universidad canaria de La Laguna (Tenerife).

Espiral de alegría, ansiedad y alivio

La pasada semana ha sido una espiral de alegría, desespero y alivio para el grupo de seis estudiantes gazatíes, sus familiares y amigos, así como para los miembros de entidades que los apoyan, como la Red Universitaria por Palestina (RUxP) y la asociación jordana “Ozwet Tulab Gaza” (“Apoyo, Orgullo y Protección para estudiantes de Gaza”).

Todo porque los comentarios que circulaban sobre una evacuación de estudiantes a España el lunes 13 de julio, que el Ministerio de Exteriores evitó confirmar a elDiario.es, se concretaron. El Consulado Español en Jerusalén avisó a los seis estudiantes de que debían acudir al punto de encuentro en Deir al-Balah, en el centro de la Franja, a unos catorce kilómetros al sur de Ciudad de Gaza.

Los seis estudiantes venían rumbo a España el lunes 13 de julio. Pero ya en el autobús hacia Amán (Jordania) quedaron devastados por el mensaje del Consulado de España en Jerusalén de que el viaje se cancelaba por el lanzamiento de misiles entre EEUU e Irán.

Hacia Deir al-Balah fueron desde sus lugares de residencia, casas o tiendas de campaña. Pero, cuando hacían la ruta en bus a Karam Abu Salen, para cruzar el puente de -según quien lo denomine- Allenby o el rey Hussein, recibieron comunicación telefónica consular diciéndoles que la evacuación se cancelaba por el recrudecimiento del choque EEUU-Irán.

“Se quedaron devastados”, explica una de las doce voluntarias jordanas de “Ozwet Tulab Gaza” que los recogen en frontera y ayudan en el tránsito. Para ella, si bien la cancelación fue acertada y prudente por seguridad, “habría sido importante cancelar con 48 o 24 horas de antelación, como hay precedentes, porque parar en pleno trayecto fue tremendo para ellos”.

Es el gobierno de Israel, informa esta voluntaria, quien, a través de su organismo el COGAT, cierra las fronteras cuando se recrudece el lanzamiento de misiles. “El espacio aéreo jordano sólo queda cerrado un par de horas”, explica, “luego vuelve a abrirse para todos los vuelos regulares, que son los que toman los estudiantes”. En efecto, la web del Ministerio de Exteriores de España, consigna en sus recomendaciones actualizadas sobre Jordania que “el espacio aéreo está abierto”, si bien “se aconseja aplazar el viaje hasta nuevo aviso”.

La decepción e incertidumbre llevaron a los estudiantes a preguntar, en el grupo de WhatsApp creado por el consulado, cuándo se retomaría la evacuación, pero las autoridades se limitaron a responder que ya avisarían. Los afectados aguardaron con paciencia, aconsejados por compañeros ya en España, que hablan de precedentes en los que el consulado ha acabado por cerrar el grupo de comunicación. Si bien, según Ahlam Howiti, llegada en junio a Jaén, en su caso, que luego explicaremos, el grupo no se cerró como forma de represalia, sino para montar un nuevo grupo ampliado cuando la evacuación se retomó tres meses después.

La actual evacuación, pospuesta el lunes 13, se ha retomado el lunes 20 y desembocado en los vuelos del 21 y 22 de julio. Vuelos pagados, en algunos casos, por las universidades, en otros, por los propios estudiantes o sus familiares. Igual que parte del transporte en bus y del regreso con sus familias tras el parón de la evacuación.

Opacidad en los criterios de prioridad

Dos de los seis estudiantes evacuados no figuraban hasta estas semanas en la lista de estudiantes a la espera de incorporarse a universidades españolas elaborada por la RUxP y por Juristas por Palestina (JxP) y puesta a disposición del Ministerio de Exteriores por ellos, para facilitar la gestión de los trámites.

Cierto que esa lista crece. De hecho, desde la publicación de la información en elDiario.es el 2 de julio a hoy, la lista de la RUxP ha pasado de 33 a 40, más los 2 que no figuraban. Por lo que, tras esta tercera evacuación, aún quedan 36 alumnas y alumnos pendientes de ser traídos por Exteriores, en julio o en agosto para empezar a tiempo el curso 2026-2027. Las entidades involucradas trasladan nuevos comentarios sobre la fecha de próxima evacuación: el 3 de agosto. De nuevo lunes, pues es el día de la semana fijado para las evacuaciones a todos los países.

Aún quedan 36 alumnas y alumnos gazatíes, según la Red Universitaria por Palestina, con plaza en universidades españolas a la espera de que Exteriores los traiga. En ciertos casos, aguardan desde el curso 24-25, pese a que entre los evacuados los hay que llevan menos tiempo en lista de espera.

Existe también consenso, entre las entidades, sobre la opacidad con que se conducen tanto el Consulado de España en Jerusalén como el Ministerio de Asuntos Exteriores. Una opacidad “que genera tensiones entre los estudiantes aún a la espera en Gaza, algunos de los cuales llevan esperando meses o años más que otros trasladados”, destaca David Peñafuerte, de la RUxP y técnico en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, a la que han llegado 7 de los 19, casi un tercio.

Tanto Peñafuerte, como “Ozwet Tulab Gaza”, y en su día JxP y la entidad internacional Gaza40+, reclaman transparencia sobre los criterios de prioridad y el orden de los traslados por parte de las autoridades españolas.

“Porque la opacidad permite casos arbitarios”, advierte Peñafuerte. Según él traslada, en el grupo de WhatsApp donde están los afectados, al trascender que algunos habían sido convocados para esta tercera evacuación, otros les han requerido explicaciones sobre por qué, qué pasos específicos han dado para ser los elegidos, y ha habido que mediar para evitar mayores desencuentros.

Requerimientos a Exteriores y a la UE

El Ministerio de Exteriores ha sido requerido para dar explicaciones y agilizar las evacuaciones pendientes, como ya explicamos, vía cartas, en reuniones, e incluso a través del Congreso de los Diputados, tanto por la treintena de alumnos gazatíes afectados, como por la RUxP, JxP, vicerrectores de las universidades y por el portavoz de Izquierda Unida en el parlamento, Enrique Santiago, y el de temas de Educación y coordinador general de IU Andalucía, Toni Valero.

También desde elDiario.es remitimos diez preguntas concretas al jefe de gabinete del ministro de Exteriores, Sergio Cuesta. Si bien sólo recibimos, del Gabinete de Comunicación, un correo aludiendo a “fuentes de Exteriores” que manifiesta “la posición (de España) basada en el compromiso con el Derecho Internacional, la humanidad y la paz”, que el Gobierno “destinará 150 millones en 2026 en ayuda humanitaria y cooperación para Gaza” y que, hasta ahora, “ha realizado numerosas evacuaciones desde Gaza, incluidas las de varios estudiantes”.

Tras la noticia del 2 de julio, la RUxP ha obtenido respuesta de la Comisión Europea a su escrito del 14 de junio sobre la imposibilidad de decenas de estudiantes gazatíes, algunos titulares de becas Erasmus+, para incorporarse a sus plazas. En la contestación, el Jefe de Unidad de la Dirección General de Educación, Juventud, Deporte y Cultura, Filip Van Depoele, deriva responsabilidades a los estados UE, como se lee en el documento íntegro.

“Compañeros en Gaza, paciencia y esperanza”

Si alguien sabe lo que están sufriendo las y los universitarios a la espera en Gaza es Ahlam Howiti. A sus 23 años era una de ellos, sobreviviendo, junto a sus padres, la mediana entre un hermano y otra hermana, en Tal Al-Hawa, barrio de Ciudad de Gaza. Hasta que, el 3 de junio llegó a España, en la segunda evacuación, que trajo a seis estudiantes, todas chicas. Vuelo desde Amán, con estala en la turca Estambul, hasta Madrid-Barajas y viaje en coche a Jaén, donde, desde entonces, vive. Ella y otra gazatí del mismo grupo, ambas ya convertidas en íntimas amigas.

Howiti y tres estudiantes iban a ser evacuadas a España a principios de marzo, pero dos días antes se canceló la operación por el conflicto estadounidense-iraní. “Sentí una mezcla de desesperanza y, a la vez, fe en que, al final, todo saldría bien”, cuenta por videollamada desde Jaén.

Pasados los meses, en junio, logró venir, en un grupo no de cuatro sino de seis alumnas, más una familia. El curso 25-26 ya había acabado al llegar a Jaén, pero desde entonces ha podido seguir clases de español en la universidad y se prepara para empezar en septiembre su Máster en Administración de Empresas, tras licenciarse en Gaza, en Derecho, impartido en inglés.

“Yo, que he vivido el proceso hasta llegar a España, puedo decir que es complicado y opaco. Pese a todo, para mí el gobierno de España es el mejor con Palestina. Así que, compañeros que aún esperáis en Gaza, paciencia y esperanza.

Ahlam Howiti — alumna gazatí en la Universidad de Jaén.

“La palabra que mejor describe el proceso para venir a España es ”complicado“ –declara. ”Debemos llamar mil veces al consulado, mandarles nuestros documentos, en nuestras difíciles circunstancias. Y ellos son muy opacos cuando les requerimos cualquier información sobre nuestra situación“.

Con todo, Howiti celebra haber pedido plaza universitaria en España, “uno de los mejores países europeos, liberal, que respeta los derechos individuales, con ciudades como Jaén, donde me siento segura, como estudiante, como chica, y como palestina. Un lugar donde puedo seguir educándome, que para mí es lo principal, es por lo que vengo”.

Estando en el punto de destino con el que tantos colegas aún sueñan, Ahlam Howiti, quiere trasladarles un mensaje: “que sean pacientes y mantengan la esperanza. El proceso es duro, largo, complicado. Pero estoy segura de que pronto va a funcionar”, señala. “Así lo creo porque el gobierno español es el mejor en la defensa de Palestina, para los estudiantes gazatíes”, argumenta.

Frente a los datos que revelan que otros países europeos logran sacar de la Franja a más universitarios gazatíes responde: “No sé la razón, todo es complicado, no puedo culpar al gobierno de España. Sólo pedirle que nos siga ayudando porque seguimos necesitando toda su ayuda”.

En efecto, tras la llegada de 19 estudiantes en las tres evacuaciones realizadas desde el curso 2024-2025, los 36 alumnas y alumnos de la lista de RUxP -a la entidad internacional Gaza 40+ le constan 60 casos-, aún siguen esperando que Exteriores logre traerlos para empezar a tiempo el curso 2026-2027 este septiembre.

El debate sobre el futuro laboral de las nuevas generaciones nos obliga a mirar a largo plazo y con total objetividad. En plena era de la automatización y la inteligencia artificial, la actualización de los planes de estudio es insuficiente si no se aborda un cambio cultural más profundo, es decir, un compromiso colectivo que ayude a la juventud a romper con las dinámicas tradicionales y las barreras educativas que todavía condicionan sus decisiones académicas y profesionales.

Esta desconexión entre las preferencias universitarias de la juventud y la realidad del mercado de trabajo no es exclusiva de un territorio específico; se trata de una tendencia global que afecta a las principales economías occidentales, pero penaliza con mayor dureza a los entornos regionales.

En Castilla-La Mancha, la inercia del mercado genera una paradoja compleja, pues coexiste un exceso de perfiles en sectores saturados con vacantes tecnológicas que las empresas locales no logran cubrir por falta de personal cualificado.

En nuestra comunidad, la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) realiza una labor fundamental de vertebración social y territorial. Sin embargo, los datos de matriculación reflejan una inercia compleja. El área de Ciencias Sociales y Jurídicas sigue concentrando a más del 40% del alumnado, en contraste con las ramas de ingeniería y arquitectura, que apenas logran captar el 13% del total de estudiantes. La preferencia por las titulaciones jurídicas y de gestión responde a una fuerte tradición cultural.

El mercado ya no demanda administrativos clásicos, sino gestores capaces de interpretar datos y liderar entornos tecnológicos

El desafío actual no radica en restarle valor a estas disciplinas, cuya vertiente analítica, ética y de estrategia humana sigue siendo insustituible, sino en evitar que se queden ancladas en tareas puramente operativas. Son precisamente estos procesos de gestión básica y derecho contractual los que están más expuestos a la automatización, donde los entornos digitales ya resuelven las tareas rutinarias con una enorme eficiencia. El verdadero reto para estas carreras tradicionales pasa por una urgente hibridación digital: el mercado ya no demanda administrativos clásicos, sino gestores capaces de interpretar datos y liderar entornos tecnológicos.

El problema fundamental en la región no es la escasez de oportunidades, sino cómo se distribuye el talento. Las empresas buscan perfiles capaces de resolver problemas complejos, pero los modelos tradicionales de aprendizaje todavía arrastran una dinámica enfocada en conocimientos puramente teóricos que las herramientas digitales ya procesan de forma inmediata.

Esta brecha se hace evidente al contrastar la saturación de los grados en gestión clásica con la escasez de matrícula en las áreas técnicas y sostenibles.

Los mapas de empleabilidad del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, junto a los informes de la Fundación CYD, confirman este escenario en el plano nacional y autonómico. Mientras los graduados enfocados en la administración clásica presentan un desajuste laboral que afecta a casi la mitad de sus titulados, quienes terminan ocupando puestos por debajo de su nivel de cualificación académica debido a la saturación, las titulaciones tecnológicas vinculadas a los fondos estratégicos y al desarrollo industrial rozan el pleno empleo en la región, dejando puestos desiertos por falta de especialistas.

Esta realidad coincide plenamente con las proyecciones de los organismos internacionales. Si cruzamos los análisis de la OCDE con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, el mapa del empleo cambia por completo. Queda demostrado que la relevancia de una titulación ya no se mide por su arraigo tradicional, sino por su utilidad real para afrontar los retos globales apoyándose en la tecnología. La inversión y el empleo de calidad se mueven decididamente hacia sectores alineados con el trabajo decente (ODS 8) y la innovación industrial (ODS 9).

Ya no basta con evaluar aptitudes tradicionales; urge dotar a estos equipos de herramientas, métricas locales y datos del mercado actualizados para guiar al alumnado en un entorno laboral tan cambiante

Para la juventud castellanomanchega, el futuro con mayor proyección se encuentra en aquellos sectores estratégicos donde la tecnología no sustituye al profesional, sino que potencia su capacidad. Se trata de disciplinas clave como la ingeniería de transición energética, orientada a potenciar los recursos naturales y renovables de la región (ODS 13), la bioinformática aplicada a la salud (ODS 3) y al sector agroalimentario local (ODS 2), o la ciberseguridad industrial, crucial para blindar unas empresas cada vez más interconectadas (ODS 9).

Orientar el talento hacia estas disciplinas es una responsabilidad compartida que sitúa a la orientación educativa en la primera línea de respuesta. La labor de los departamentos de orientación en institutos y centros formativos es hoy más crucial que nunca. Ya no basta con evaluar aptitudes tradicionales; urge dotar a estos equipos de herramientas, métricas locales y datos del mercado actualizados para guiar al alumnado en un entorno laboral tan cambiante. Este verdadero cambio de rumbo no dependerá únicamente de la reestructuración de los grados universitarios, sino de este asesoramiento temprano y del apoyo de las familias, que deben perder el miedo a las disciplinas tecnológicas.

Solo mediante una estrategia conjunta que conecte a la comunidad educativa, los entornos familiares y el sector empresarial, lograremos transformar este desafío en una oportunidad real para que las nuevas generaciones impulsen el desarrollo tecnológico y económico de la región.

En definitiva, la viabilidad económica de Castilla-La Mancha no se encuentra estancada por falta de potencial industrial o empresarial, sino por la necesidad de sincronizar la vocación de su juventud con las demandas reales de su transformación productiva. El éxito de esta transición no se medirá por el volumen bruto de estudiantes universitarios, sino por la agilidad con la que transformemos el conocimiento en valor real, sostenible, competitivo y profundamente arraigado en el territorio.

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha aprobado por 37 votos a favor, cinco noes y una abstención la liquidación del ejercicio presupuestario de 2025. La Gerencia de la US ha detallado la auditoría externa del ejercicio 2025, que ha arrojado un déficit de 14,8 millones de euros, elevando el “déficit estructural” de las universidades andaluzas a unos 57 millones de euros en total.

La auditoría de la US apunta a las subidas salariales del sector público aprobadas por el Gobierno central -aumento del gasto en plantilla de casi un 7% y unas transferencias de la Junta que “no se acompasan con este crecimiento”-, el encarecimiento de los suministros y a las infraestructuras que está acometiendo la US.

El presupuesto inicial de 2025 fue de 634,4 millones de euros y el ejercicio cerró con un “déficit presupuestario ajustado” de 14,8 millones. La situación de la Universidad de Sevilla se agrava porque no dispone de remanentes de tesorería de libre disposición con los que compensar este desequilibrio. La Gerencia ha insistido en que la profusión de datos de la auditoría y la transparencia de la misma no puede convertirse en “algo contraproducente” de manera que se acabe “alarmando”.

Entre las voces contrarias a aprobar las cuentas de 2025, miembros del sector D han destacado la de sectores que han argumentado que “no podemos validar unas cuentas” que son consecuencia de la “infrafinanciación” de la Administración autonómica. A este particular, la rectora ha replicado que “no estamos votando si estamos a favor o en contra de unas cuentas; o si estamos a favor o en contra de la financiación autonómica. Estamos votando un informe técnico externo que refleja fielmente las cuentas” de la institución.

Déficit estructural

El déficit no es exclusivo de la Universidad de Sevilla. Las universidades públicas de Andalucía han cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 con un déficit superior a los 57 millones de euros. Una situación que achacan, fundamentalmente, a que la financiación que reciben de la Junta de Andalucía para abordar los pagos del capítulo 1 -gastos de plantilla- no cubre los costes, que se han disparado en los últimos años.

Por universidades, en el caso de la Universidad de Sevilla (US), el déficit es de 14,8 millones de euros; en la Pablo de Olavide (UPO), 2,542; en Málaga (UMA), 18,8; en Cádiz (UCA), 4,4; en Jaén (UJA), 2,3; en Córdoba (UCO), 4,4; en Granada (UGR), 5,03; en Huelva (UHU), 1,8; y en Almería (UAL), 3,4 millones. Según el sumatorio de los cierres presupuestarios elaborado por CCOO, el déficit global ronda los 38 millones de euros, y con el cómputo de la US, ascendería a los 57,4 millones.

Además de las auditorías que las universidades hacen todos los años, el sistema andaluz y la Junta de Andalucía pactaron la realización de un estudio pormenorizado universidad por universidad sobre los gastos de personal a fin de ajustar el modelo de financiación aprobado por unanimidad. El cambio de Gobierno mantiene esta medida en punto muerto. Será el consejero de Universidad, Industria, Energía e Innovación, Jorge Paradela, el que tenga que abordar este asunto.

El “déficit estructural” supone un punto de inflexión en el pulso que desde hace dos años mantienen los rectores con la Junta por el modelo de financiación. Las nueve universidades públicas llevan reclamando al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con los pactos firmados en materia de financiación desde 2024, advirtiendo de que, sin esos recursos, el sistema entraría en déficit. Los resultados presupuestarios de 2025 apuntan a que ese escenario ya se ha materializado.

La US valora cobrar por las visitas guiadas

El equipo de Gobierno de la Universidad de Sevilla (US) ha presentado este jueves al Consejo de Gobierno las líneas de trabajo de la Oficina de captación de fondos estratégicos e institucionales (OCFEI) para captar ingresos a fin de cumplir un objetivo concreto: en 2031, el 35% de los fondos de la US tienen que haber sido captados por la institución de manera individual.

Entre las acciones específicas que se prevén para obtener recursos propios, la oficina, dependiente del Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Económica, tiene prevista una “optimización de la explotación” de las infraestructuras e instalaciones -entre las que se encuentra la Fábrica de Tabacos-; poner una entrada al futuro museo de la US; instalar energías renovables y estudiar la integración en una comunidad energética ciudadana; impulsar la tienda de la US; y cobrar por las visitas guiadas a los edificios “emblemáticos” de la Hispalense.

La nueva oficina mantendrá cuatro las líneas de trabajo: captación de fondos nacionales e internacionales; diseño de un plan estratégico de subvenciones; impulso de iniciativas de mecenazgo; y desarrollo de otras actuaciones orientadas a incrementar los recursos propios de la Universidad, en la que se enmarca el cobro de entradas de visitas guiadas, por ejemplo, que hasta la fecha son gratuitas.

Además, en el área de internacionalización, el Consejo de Gobierno ha aprobado las bases para el desarrollo de tres nuevas dobles titulaciones internacionales de grado con el Beijing Institute of Technology (BIT) de Pekín (China): la doble titulación internacional de Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería del Software; la doble titulación internacional de Grado en Ingeniería de Materiales, y la doble titulación internacional de Grado en Filología Hispánica.

El Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco ha retocado prácticamente un tercio articulado de su anteproyecto de ley de Universidades tras recibir medio millar de alegaciones. Así, se recoge el blindaje del término 'Universidad', es decir, se prohíbe el uso de la palabra 'universidad' o 'universitario' sin autorización expresa. En este sentido, cualquier entidad que opere bajo esta denominación sin cumplir los requisitos legales se enfrentará a sanciones graves, combatiendo directamente el intrusismo académico y los denominados “chiringuitos universitarios”.

“Los promotores de nuevas universidades y centros universitarios que quieran implantarse en Euskadi deberán acreditar el valor añadido que aportan al sistema. No se van a poder usar de forma impropia 'universidad' y 'universitario' para referirse en estos términos a lo que no lo es”, ha argumentado el consejero Juan Ignacio Pérez Iglesias, quien ha presentado este miércoles en Bilbao el estado actual del anteproyecto, una vez incorporadas las modificaciones derivadas del proceso de participación pública.

Acompañado por el viceconsejero de Política Universitaria, Xabier Aizpurua, y por la directora de Ordenación y Planificación Universitaria, Sara Urionabarrenetxea, el consejero ha explicado las principales aportaciones incorporadas al texto tras el análisis de las cerca de 500 alegaciones recibidas de parte de integrantes de la comunidad universitaria, sobre todo la EHU, el buque insignia del sistema vasco, ciudadanía, órganos consultivos y agentes sociales que, tal y como ha subrayado Pérez Iglesias, “han enriquecido el texto inicial y han permitido modificar 41 de sus 142 preceptos”.

Tras anunciar que el Departamento de Ciencia, Universidades e Innovación da por concluida la fase de participación pública del anteproyecto, Pérez Iglesias ha destacado que “todas las aportaciones se han analizado con la debida atención y estudiado con respeto, rigor y voluntad de escucha”. En este sentido, además de las cuestiones relacionadas con la creación de “chiringuitos” privados, la EHU ha solicitado y la reforma incluye un incremento del límite de profesorado asociado y el porcentaje máximo de personal sustituto en cada departamento. Asimismo, amplía de dos a cuatro años el plazo de adaptación al nuevo marco normativo para facilitar una implantación gradual.

Es decir, se dobla el límite de profesorado asociado del 5% propuesto al 10% y, en el caso del profesorado sustituto, se han ajustado los mecanismos de contratación para ganar agilidad en la cobertura de plazas, permitiendo que la gestión de las sustituciones sea más eficiente y menos burocrática durante los periodos de transición. En vez de un 2% que establecía el borrador original, la EHU podrá tener hasta un 5% de personal sustituto. “El anteproyecto dobla al 10% el porcentaje de profesorado asociado porque la EHU pidió subirlo para cubrir con esa figura determinadas áreas, al igual que la cuota de personal sustituto, un asunto controvertido que, tras haber sido fijado en el 2% del total de plantilla, ahora se eleva al 5%, aunque se mantiene la idea de cubrir los puestos con personal propio”, ha aclarado el consejero.

Sobre el “malestar” expresado por la EHU por el hecho se dejara vía libre a la creación de una nueva universidad pública, Pérez Iglesias ha desvelado que su departamento no contempla ninguna creación ni tiene en mente ninguna nueva universidad pública, pero que sí se mantiene el término 'centro universitario público' para, ha subrayado, “evitar suspicacias y a petición de la EHU”. En todo caso, aunque no se contempla ningún proyecto como universidad pública como tal, sí ha desvelado que en un plazo de un año, ya trabajan con la propia EHU en la creación de un centro de estudios avanzados centrado en estudios de posgrado. Se trataría, como ha explicado el consejero de un modelo similar al del centro superior de música, Musikene, con la presencia de personal procedente de otros ámbitos y fichajes puntuales, modelo con el que la EHU está de acuerdo porque “es parte del proyecto y se beneficia de que exista”.

En cuanto a la carrera académica, la nueva regulación es “más flexible para favorecer la captación y el cuidado de las personas de alta cualificación”, según ha expresado Pérez Iglesias. Para ello, se establecen vías alternativas de acceso basadas en el desempeño profesional excelente y se flexibiliza la exigencia de estancias internacionales (rango de 1 a 2 años en lugar de una cifra rígida). Y, al mismo tiempo se reduce la carga de la dación de cuentas para la universidad pública (EHU) al reconocer que el exceso de precisión burocrática estaba interfiriendo con el funcionamiento ordinario. Además, se refuerza la seguridad jurídica del contrato-programa, permitiendo que la financiación ordinaria pueda incrementarse según la captación de recursos externos (proyectos europeos, investigación competitiva), una vez garantizada la suficiencia financiera.

La ley elimina “ambigüedades” de los complementos retributivos adicionales del profesorado de la universidad pública, pero remite esta cuestión al posterior desarrollo reglamentario y a la negociación colectiva con los sindicatos. En cuanto a la conciliación, en el texto se integra la conciliación de la vida personal, buscando que la carrera investigadora, especialmente para las mujeres, sea compatible con la vida personal sin sacrificar la excelencia. “Algunas -de las alegaciones- se han incorporado al texto y otras han enriquecido el debate, pero todas han permitido un examen crítico del documento tras analizar el espíritu de las alegaciones y tratar de dar salida a las propuestas, no recogerlas tal cual. Lo importante es que contamos con un anteproyecto de ley mejor que el que iniciamos hace unos meses y con una base más sólida para afrontar el futuro de la actividad universitaria” ha remarcado el consejero, para añadir que “los cambios introducidos no modifican los fundamentos del anteproyecto ni la dirección que deseamos imprimir al sistema universitario, pero sí flexibilizan aspectos significativos del texto original”.

A modo de resumen, el consejero ha subrayado que el propósito del Departamento ha sido elaborar “una ley concebida en Euskadi para responder a los retos de las universidades vascas”, fruto del diálogo con la comunidad universitaria y orientada a fortalecer un sistema de calidad, al servicio de la sociedad vasca e internacional. El consejero ha explicado que tras los cambios, el Anteproyecto de Ley delimita “con mayor precisión” el ámbito del Sistema Universitario Vasco, de manera que la planificación del Gobierno vasco abarcará toda la actividad universitaria desarrollada en Euskadi, incluidos los centros dependientes de otras administraciones y las universidades extranjeras con presencia en el territorio.

Por su parte, desde la EHU indican a este periódico que en la presentación del anteproyecto han podido comprobar que algunas de sus alegaciones han sido recogidas en el nuevo texto, como las relacionadas con la carrera académica, el personal sustituto, la ética en la investigación, la creación -o no creación- de una Universidad pública, la internacionalización, etc. Pero deben estudiar el documento en su totalidad, algo que por el momento no han podido realizar al no haberlo recibido.

Una vez concluida la fase de participación pública, el anteproyecto continuará su tramitación ordinaria, que requiere la emisión de los informes y dictámenes preceptivos. Posteriormente, el Consejo de Gobierno deberá aprobar el texto antes de remitirlo al Parlamento Vasco para su tramitación. PNV y PSE-EE tienen mayoría absoluta y su aprobación en la legislatura, salvo sorpresa mayúscula, está garantizada.

“La Universitat de les Illes Balears (UIB) considera incompatibles amb els valors que inspiren la institució els discursos d'odi que posen en dubte la legitimitat o la representativitat de membres de la comunitat universitària per raó del seu origen, conviccions o qualsevol altra circumstància personal”. Amb aquestes paraules ha respost la universitat pública de les illes als missatges difosos a les xarxes socials pel diputat de Vox al Congrés Jorge Campos, qui va assenyalar a X una estudiant elegida com a representant de la seva promoció per pronunciar el discurs de graduació per portar hijab.

La alumna sobre la qual el parlamentari ha posat el focus és Khaoula Ikkene, de 22 anys, graduada en Enginyeria i resident a Manacor (Mallorca). Va ser l'estudiant elegida per adreçar-se en nom dels 1.375 titulats durant l'acte de graduació de la UIB, celebrat divendres passat a l'estadi de Son Moix. A més d'un destacat expedient acadèmic, ha complementat la seva formació amb certificacions oficials en ciberseguretat i aprenentatge profund, entre elles una expedida per l'NVIDIA Deep Learning Institute, i domina sis idiomes.

Després de la cerimònia, Campos, la trajectòria del qual està marcada per un bel·ligerant discurs contra la immigració, les identitats LGTBI+, les polítiques en favor de la llengua catalana i la memòria democràtica, va publicar una fotografia de l'alumna a X acompanyada del següent missatge: “S'han graduat 1.375 alumnes de la UIB i la catalanista universitat pública de Balears ha elegit aquesta representant dels alumnes perquè els adreci unes paraules...”.

La publicació va provocar una onada de crítiques. Entre elles, la del professor de Dret Constitucional Joaquín Urías, qui va destacar que Ikkene “domina sis idiomes, és enginyera informàtica, amb 22 anys ja ha treballat en diverses empreses de Balears... És una alumna brillantíssima”. Fent-se ressò del missatge de Campos, va afegir: “Aquest senyor és diputat de Vox (abans era del PP) i creu que la religió d'algú és més important que els seus mèrits. Escòria”.

També va reaccionar Toni Bennàssar, doctor en Dret Públic i DEA en Dret Constitucional, qui va recordar el cas de Teresa Comellas, la estudiant que aquest any ha obtingut la millor nota de la Selectivitat a Balears. Segons va assenyalar, ambdues joves “han estat objecte aquests últims dies de durs atacs a les xarxes socials per part de múltiples perfils afins a l'extrema dreta colonialista”. “Què tenen en comú aquestes dues noies? Són dones, joves, intel·ligents, catalanoparlants, brillants acadèmicament i professionalment, i han arribat on són gràcies al seu esforç i a un sistema educatiu públic que els ha donat oportunitats, no gràcies als talonaris dels seus pares”, va escriure.

La resposta de la UIB

El consell de direcció de la UIB va respondre aquest dilluns mitjançant un comunicat institucional en el qual va expressar el seu rebuig a “qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat o la igualtat de les persones”. En el seu comunicat, el consell de direcció va recordar que la graduació constitueix un acte acadèmic destinat a reconèixer “l'esforç, la dedicació i la constància” de l'alumnat i va aprofitar per lamentar les incidències organitzatives derivades de la celebració excepcional d'una única cerimònia conjunta, motivada per les obres a les instal·lacions on habitualment es desenvolupa aquest acte.

Més enllà d'aquestes qüestions organitzatives, la universitat fa èmfasi en el fet que desenvolupa la seva activitat conforme a principis com el pensament crític, la igualtat d'oportunitats, la cooperació, la solidaritat i el respecte a la pluralitat, i defensa que “la diversitat de persones, llengües, orígens, sensibilitats i conviccions” constitueix un element que enriqueix la institució i enforteix la convivència.

Així mateix, recorda en la nota que els estudiants que intervenen en les graduacions ho fan “en representació de tota una promoció” com a símbol d'una generació que ha compartit un mateix itinerari acadèmic. Per això, rebutja “qualsevol manifestació que qüestioni la dignitat o la igualtat de les persones”, asseverant que aquestes són “incompatibles amb els valors que inspiren la institució els discursos d'odi que posen en dubte la legitimitat o la representativitat de membres de la comunitat universitària per raó del seu origen, conviccions o qualsevol altra circumstància personal”.

La institució conclou reafirmant el seu compromís de continuar sent “un espai de llibertat acadèmica, de diàleg, de convivència i de servei públic”, així com amb la construcció “d'una societat oberta, plural i respectuosa amb la dignitat de totes les persones”.

Hores després, Campos, en un altre missatge publicat a X, va elevar el to de les seves crítiques: “La UIB s'ha molestat per no semblar-me correcte que una musulmana amb vel islàmic representi els alumnes de Balears”. El dirigent de Vox sosté que la seva publicació inicial constituïa una “crítica” i no un “assenyalament” contra l'estudiant, i considera que la reacció de la universitat demostra que la seva posició era “encertada”. El diputat va endurir a més les seves desqualificacions contra la institució acadèmica, a la qual arriba a definir com “una universitat convertida en el fangal on jeu la intolerància separatista, on es permeten actes en defensa de grups terroristes com ETA o Hamàs, o on es persegueix la llibertat lingüística”.

El diputat es va oferir així mateix a mantenir un debat públic amb la UIB sobre “dignitat, igualtat de les persones, diversitat, llengües, orígens, sensibilitats i conviccions” i va advertir que, si la universitat no respon a la seva proposta, això constituirà “una demostració més que el catalanisme separatista de la UIB també és porta d'entrada a la islamització”.

El discurs ultra de Jorge Campos

Entre els episodis de caràcter xenòfob protagonitzats per Campos es troben aquells en què no ha dubtat a vincular la “tassa de criminalitat de Balears” amb “l'augment constant d'immigrants il·legals”, manifestacions que, al setembre del 2022, li van valer el retret de l'aleshores presidenta del Govern, Francina Armengol: “No tot s'hi val en política. En política no val la mentida com a norma en les seves intervencions, no val el racisme ni val la xenofòbia que vostè aplica”, li va etzibar la dirigent socialista.

El passat mes d'octubre, Campos va instar el bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acollir MENES al seu palau” -reproduint la terminologia amb què l'extrema dreta al·ludeix de forma despectiva els menors migrants no acompanyats- després que el prelat fes una crida a la ciutadania i als responsables polítics per frenar els discursos d'odi contra les persones migrants: “Demanar-los delinqüents és una calúnia, una acusació molt greu contra gent que ha hagut de marxar de casa seva”, va proferir el bisbe.

El diputat ultra també va convertir el debat educatiu en camp de batalla ideològica, en acusar l'anterior Executiu d'esquerres “d'adoctrinar” als alumnes i prometre “treure de les escoles” als qui, segons ell, “ataquen a la nació”. Al seu judici, aquests docents havien de ser expulsats “per higiene democràtica”.

En un altre missatge en X, Campos, lluny de condemnar la crema d'una bandera LGTBI en un institut de Muro (Mallorca), va lamentar els fets en considerar que l'ensenya “embruta la paret” i “podrien haver-se ocasionat danys materials o personals”. “Què pinta aquesta tela multicolor, que representa una ideologia discriminatòria, en la paret d'un institut? Els centres educatius no han de ser murals on es pengin pancartes, banderes o símbols amb càrrega ideològica o política, com aquesta bandera multicolor. Únicament han de comptar amb les banderes oficials”, va manifestar.

Abans de fer el salt a la primera línia política, Campos es va donar a conèixer a Balears com a president i principal rostre visible de l'associació Círculo Balear, una entitat de caràcter ultraconservador fundada el 1999 i centrada a combatre el que denominava “pancatalanisme”. Des d'aquesta plataforma va impulsar durant anys campanyes contra les polítiques de normalització lingüística, l'ensenyament en català i l'ús institucional de la llengua pròpia de les illes. En contra del consens acadèmic i de les evidències filològiques, Círculo Balear defensava que a les illes no es parla català, sinó una llengua diferenciada, l'anomenat “balear”, considerant els dialectes insulars com a idiomes independents i no com a varietats del català.

“La Universitat de les Illes Balears (UIB) considera incompatibles con los valores que inspiran la institución los discursos de odio que ponen en entredicho la legitimidad o la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de su origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal”. Con estas palabras ha respondido la universidad pública de las islas a los mensajes difundidos en redes sociales por el diputado de Vox en el Congreso Jorge Campos, quien señaló, por llevar hiyab, a una estudiante elegida como representante de su promoción para pronunciar el discurso de graduación.

La alumna sobre la que el parlamentario ha puesto el foco es Khaoula Ikkene, de 22 años, graduada en Ingeniería Informática, nacida en Marruecos y residente en Manacor (Mallorca). Fue la estudiante elegida para dirigirse en nombre de los 1.375 titulados durante el acto de graduación de la UIB, celebrado el pasado viernes en el estadio de Son Moix. Además de contar con un gran expediente académico, ha complementado su formación con certificaciones oficiales en ciberseguridad y en inteligencia artificial, entre ellas la Fundamentals of Deep Learning, expedida por el NVIDIA Deep Learning Institute, con la que ha acreditado conocimientos en aprendizaje profundo (deep learning), una de las tecnologías fundamentales sobre las que se desarrollan los actuales sistemas de inteligencia artificial.

Ikkene ha compaginado además la carrera con unas prácticas en la energética Sampol, donde ha trabajado como soporte de ingeniería de control en un puesto centrado en sistemas de automatización industrial. Domina seis idiomas. Durante su discurso, la estudiante agradeció la labor de los profesores y la dedicación de las familias y manifestó que el conocimiento que han adquirido debe servir para contribuir a una sociedad mejor.

Tras la ceremonia, Campos, cuya trayectoria está marcada por un beligerante discurso contra la inmigración, las identidades LGTBI+, las políticas en favor la lengua catalana y la memoria democrática, publicó una fotografía de la alumna en X acompañada del siguiente mensaje: “Se han graduado 1.375 alumnos de la UIB y la catalanista universidad pública de Baleares ha elegido a esta representante de los alumnos para que les dirija unas palabras...”.

Al hilo de esta crítica, Vox Vecindario utilizó la foto de Ikkene para escribir en su página de Facebook: “El 9 de julio de 2026, se graduaron más de 1.400 alumnos de la Universidad de las Islas Baleares. Y la UIB no ha encontrado a nadie más representativo del alumnado balear para el discurso”.

Los mensajes difundidos han provocado una oleada de críticas dentro y fuera de Balears. Entre ellas, la del profesor de Derecho Constitucional Joaquín Urías, quien destaca que Ikkene “domina seis idiomas, es ingeniera informática, con 22 años ya ha trabajado en diversas empresas de Balears... Es una alumna brillantísima”. Haciéndose eco del mensaje de Campos, añade: “Este señor es diputado de Vox (antes era del PP) y cree que la religión de alguien es más importante que sus méritos. Escoria”.

También reaccionó Toni Bennàssar, doctor en Derecho Público y DEA en Derecho Constitucional, quien recordó el caso de Teresa Comellas, la estudiante que este año ha obtenido la mejor nota de la Selectividad en Balears. Según señaló, ambas jóvenes “han sido objeto estos últimos días de duros ataques en las redes sociales por parte de múltiples perfiles afines a la extrema derecha colonialista”. “¿Qué tienen en común estas dos chicas? Son mujeres, jóvenes, inteligentes, catalanohablantes, brillantes académica y profesionalmente, y han llegado donde están gracias a su esfuerzo y a un sistema educativo público que les ha dado oportunidades, no gracias a los talonarios de sus padres”, escribió.

“Es talentosa y brillante, y no se lo perdonan”

La Asociación Arena Marroquí también ha salido en defensa de la estudiante. “Khaoula Ikkene, 22 años, graduada en Ingeniería, habla cinco idiomas, pero a Vox no le parece suficiente: es magrebí”, señala la entidad en redes sociales. Tras enumerar su trayectoria académica y profesional, la entidad reprocha que, “para Vox, no son suficientes méritos como para representar a sus compañeros de promoción en el cierre del curso universitario”. “Eso es exactamente lo que define a Vox. No es cierto que solo rechacen a los inmigrantes irregulares o con antecedentes. Khaoula no es ni una cosa ni la otra; es algo peor para ellos: es talentosa y brillante, y no se lo perdonan”, asevera.

Del mismo modo, desde el colectivo Voces Palestinas Málaga destacan que la elección de Ikkene para pronunciar el discurso “no fue fruto de la casualidad, sino un reconocimiento a su excelente trayectoria académica y a sus destacados méritos. Un honor reservado para quienes demuestran esfuerzo, compromiso y excelencia”. “Sin embargo, en lugar de celebrar su logro y el camino que recorrió para alcanzarlo, algunas personas prefirieron centrar el debate en el hecho de que lleva hiyab, ignorando que el verdadero valor de una persona reside en sus conocimientos, su esfuerzo y sus logros, no en su apariencia o en su forma de vestir”, concluyen en un mensaje publicado en Instagram.

“Así son ellos: les toman fotos a las mujeres marroquíes en los parques infantiles y dicen que no aportan nada más que beneficiarse de las ayudas sociales. Y cuando ven a estudiantes brillantes y destacadas, las critican sutilmente diciendo: '¿Acaso la universidad no encontró a nadie más para representar a 1.400 estudiantes?'”, comenta un usuario a través de la página de Facebook de Comunidad Árabe de España. Hablan de integración... Pero cuando te integras y aportas un valor añadido a este país, te rechazan bajo el pretexto de dar prioridad a 'los nativos'“, prosigue la misma publicación, que celebra que, finalmente, ”la excelencia se impuso“. ”Ellos son solo una minoría; en cambio, los españoles reales y justos aplaudieron a la estudiante y reconocieron su mérito“.

La respuesta de la UIB

El consejo de dirección de la UIB respondió este lunes mediante un comunicado institucional en el que expresó su rechazo a “cualquier manifestación que cuestione la dignidad o la igualdad de las personas”. En su comunicado, el consejo de dirección recordó que la graduación constituye un acto académico destinado a reconocer “el esfuerzo, la dedicación y la constancia” del alumnado y aprovechó para lamentar las incidencias organizativas derivadas de la celebración excepcional de una única ceremonia conjunta, motivada por las obras en las instalaciones donde habitualmente se desarrolla este acto.

Más allá de estas cuestiones organizativas, la universidad hace hincapié en que desarrolla su actividad conforme a principios como el pensamiento crítico, la igualdad de oportunidades, la cooperación, la solidaridad y el respeto a la pluralidad, y defiende que “la diversidad de personas, lenguas, orígenes, sensibilidades y convicciones” constituye un elemento que enriquece la institución y fortalece la convivencia.

Asimismo, recuerda en la nota que los estudiantes que intervienen en las graduaciones lo hacen “en representación de toda una promoción” como símbolo de una generación que ha compartido un mismo itinerario académico. Por ello, rechaza “cualquier manifestación que cuestione la dignidad o la igualdad de las personas”, aseverando que éstas son “incompatibles con los valores que inspiran la institución los discursos de odio que ponen en duda la legitimidad o la representatividad de miembros de la comunidad universitaria por razón de su origen, convicciones o cualquier otra circunstancia personal”.

La institución concluye reafirmando su compromiso de seguir siendo “un espacio de libertad académica, de diálogo, de convivencia y de servicio público”, así como con la construcción de “una sociedad abierta, plural y respetuosa con la dignidad de todas las personas”.

Horas después, Campos, en otro mensaje publicado en X, elevó el tono de sus críticas: “La UIB se ha molestado por no parecerme correcto que una musulmana con velo islámico represente a los alumnos de Baleares”. El dirigente de Vox sostiene que su publicación inicial constituía una “crítica” y no un “señalamiento” contra la estudiante, y considera que la reacción de la universidad demuestra que su posición era “acertada”. El diputado endureció además sus descalificaciones contra la institución académica, a la que llega a definir como “una universidad convertida en el lodazal donde retoza la intolerancia separatista, donde se permiten actos en defensa de grupos terroristas como ETA o Hamas, o donde se persigue la libertad lingüística”.

El diputado se ofreció asimismo a mantener un debate público con la UIB sobre “dignidad, igualdad de las personas, diversidad, lenguas, orígenes, sensibilidades y convicciones” y advirtió de que, si la universidad no responde a su propuesta, ello constituirá “una demostración más de que el catalanismo separatista de la UIB también es puerta de entrada a la islamización”.

El discurso ultra de Jorge Campos

Entre los episodios de carácter xenófobo protagonizados por Campos se encuentran aquellos en los que no ha dudado en vincular la “tasa de criminalidad de Balears” con el “aumento constante de inmigrantes ilegales”, manifestaciones que, en septiembre de 2022, le valieron el reproche de la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol: “No todo vale todo en política. En política no vale la mentira como norma en sus intervenciones, no vale el racismo ni vale la xenofobia que usted aplica”, le espetó la dirigente socialista.

El pasado mes de octubre, Campos emplazó al obispo de Mallorca, Sebastià Taltavull, a “acoger MENAS en su palacio” -reproduciendo la terminología con la que la exprema derecha alude de forma despectiva a los menores migrantes no acompañados- después de que el prelado hiciese una llamada a la ciudadanía y a los responsables políticos para frenar los discursos de odio contra las personas migrantes: “Llamarles delincuentes es una calumnia, una acusación muy grave contra gente que ha tenido que marcharse de su casa”, profirió el obispo.

El diputado ultra también convirtió el debate educativo en campo de batalla ideológica, al acusar al anterior Ejecutivo de izquierdas de “adoctrinar” a los alumnos y prometer “sacar de las escuelas” a quienes, según él, “atacan a la nación”. A su juicio, estos docentes debían ser expulsados “por higiene democrática”.

En otro mensaje en X, Campos, lejos de condenar la quema de una bandera LGTBI en un instituto de Muro (Mallorca), lamentó los hechos al considerar que la enseña “ensucia la pared” y “podrían haberse ocasionado daños materiales o personales”. “¿Qué pinta esa tela multicolor, que representa una ideología discriminatoria, en la pared de un instituto? Los centros educativos no deben ser murales donde se cuelguen pancartas, banderas o símbolos con carga ideológica o política, como esa bandera multicolor. Únicamente deben contar con las banderas oficiales”, manifestó.

Antes de dar el salto a la primera línea política, Campos se dio a conocer en Balears como presidente y principal rostro visible de la asociación Círculo Balear, una entidad de carácter ultraconservador fundada en 1999 y centrada en combatir lo que denominaba “pancatalanismo”. Desde esa plataforma impulsó durante años campañas contra las políticas de normalización lingüística, la enseñanza en catalán y el uso institucional de la lengua propia de las islas. En contra del consenso académico y de las evidencias filológicas, Círculo Balear defendía que en las islas no se habla catalán, sino una lengua diferenciada, el llamado “balear”, considerando los dialectos insulares como idiomas independientes y no como variedades del catalán.

El sistema universitario público andaluz en su conjunto ha cerrado el ejercicio presupuestario de 2025 en números rojos. Los resultados de las cuentas dibujan un escenario de déficit generalizado que fuentes del ámbito universitario califican de “estructural”, al confirmar que la financiación que reciben de la Junta ya no basta para cubrir los costes fijos de funcionamiento, especialmente los derivados de la plantilla.

Según el sumatorio de los cierres presupuestarios elaborado por CCOO y contrastado por este periódico, y a falta de incorporar el dato definitivo de la Universidad de Sevilla (US), el déficit global ronda los 38 millones de euros, una cifra aún provisional que podría variar ligeramente cuando concluya la auditoría de la institución sevillana, cuyos resultados se esperan conocer en los próximos días.

Esta situación supone un punto de inflexión en el pulso que desde hace dos años mantienen los rectores con la Junta por el modelo de financiación. Las nueve universidades públicas llevan reclamando al Gobierno de Juanma Moreno que cumpla con los pactos firmados en materia de financiación desde 2024, advirtiendo de que, sin esos recursos, el sistema entraría en déficit. Los resultados presupuestarios de 2025 apuntan a que ese escenario ya se ha materializado.

Las causas de un déficit generalizado

Fuentes internas señalan que el déficit estructural en el que se encuentran ya todas las universidades públicas andaluzas –a excepción de la UNIA– es consecuencia de varios años sometidas a un estado de asfixia económica por parte de la Junta, ante el “incumplimiento reiterado” del modelo de financiación.

La principal causa, señalada en numerosas ocasiones por los rectores, es la falta de aplicación de la denominada cláusula de salvaguarda incluida en el modelo de financiación, aprobado en septiembre de 2023 para el periodo 2023-2027. El cometido de esa cláusula era garantizar la estabilidad financiera del sistema, obligando a que las universidades reciban, como mínimo, la misma financiación del ejercicio anterior más los incrementos retributivos aprobados para el personal del sector público.

Sin embargo, las universidades sostienen que esas cantidades no se han transferido en su totalidad, forzando a los campus a asumir con recursos propios el aumento del coste de las plantillas. El resultado ha sido un incremento continuado del capítulo 1 —el destinado a personal—, acompañado de un agotamiento progresivo de los márgenes presupuestarios acumulados durante ejercicios anteriores. Fuentes universitarias sostienen que, si el Gobierno andaluz hubiese aplicado íntegramente el modelo de financiación pactado, se podría haber evitado que el sistema entrara en déficit.

Este periódico ha contactado con la Consejería de Universidad para recoger su valoración. La consulta se produjo en plena constitución del nuevo Gobierno andaluz tras la remodelación anunciada por el presidente de la Junta el pasado jueves y el aplazamiento de la toma de posesión de los nuevos consejeros debido al trágico incendio declarado en Los Gallardos (Almería) el viernes. Fuentes del departamento indicaron que necesitan unos días para analizar la información antes de ofrecer una respuesta.

Plan de ajustes ante una financiación “claramente insuficiente”

Más allá del caso de la Universidad de Málaga, a la que el Gobierno andaluz inyectó en 2024 un crédito extraordinario de 48,5 millones de euros para rescatarla de una crisis “sin precedentes”, las señales de alarma comenzaron a hacerse extensibles a otros rectorados andaluces.

Uno de los casos más recientes ha sido el de la Universidad de Sevilla, que aprobó el pasado mes de abril un plan de ajuste para recortar 16 millones de euros del presupuesto, con medidas como la reducción de grupos docentes, el cierre del turno de tarde en algunas facultades o restricciones en la contratación de profesorado.

Semanas después, la propia Hispalense alertó de un desfase de casi 13 millones de euros entre el coste previsto de su plantilla para 2026 (462 millones) y la financiación asignada por la Junta en el último reparto de fondos autonómicos (449 millones), una diferencia que el Rectorado calificó de “claramente insuficiente”.

Las nueve universidades en números rojos

Otro caso representativo es el de la Universidad Pablo de Olavide (UPO), cuyo Consejo de Gobierno aprobó el pasado 30 de junio las cuentas anuales de 2025, arrojando un déficit de 2,5 millones de euros. Su rector, Francisco Oliva, explicó entonces que las causas de estas cifras se deben a “cuestiones completamente exógenas e incontrolables” para la propia institución, señalando a la administración autonómica como responsable.

Al presentar las cuentas, Oliva atribuyó ese desequilibrio al incremento obligatorio del gasto de personal —que cifró en 4,9 millones de euros— sin contar con la ayuda de la Junta, así como al “incumplimiento” de los compromisos económicos adquiridos por el Gobierno andaluz, como los 16 millones de euros que prometió el propio Moreno durante el acto de apertura del curso académico celebrado en la UPO.

Según el rector de la Olavide, si se hubieran transferido las cantidades previstas en el modelo de financiación y en los acuerdos pactados con la Junta, la universidad habría cerrado el ejercicio con un superávit de 700.000 euros.

Siguiendo el mismo patrón, la Universidad de Granada refleja en sus cuentas anuales un resultado presupuestario negativo superior a los cinco millones de euros. La única excepción dentro del sistema –formado por diez instituciones públicas– es la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), cuyo modelo resulta difícilmente comparable al resto por tratarse de una institución dedicada exclusivamente al posgrado y sin una plantilla docente propia.

Dos años de tensiones entre los rectores y la Junta

El cierre en negativo de las cuentas de 2025 constituye el culmen de dos años de tensiones entre los rectores y el Gobierno andaluz. El punto álgido del conflicto se produjo en 2024, cuando las universidades públicas llegaron a amenazar con acudir a los tribunales al considerar que la Junta mantenía una deuda cercana a los 50 millones de euros derivada del incumplimiento del modelo de financiación.

Aquella confrontación abrió la puerta a varios meses de negociaciones que desembocaron en una tregua en marzo de 2025, con un acuerdo extraordinario para financiar parcialmente determinados complementos retributivos del personal universitario.

Sin embargo, nueve meses más tarde, las universidades públicas volvieron a denunciar que el reparto de fondos para 2025 seguía sin cubrir la totalidad de la cláusula de salvaguarda, reabriendo el conflicto y planteando de nuevo la posibilidad de emprender la vía judicial para garantizar el cumplimiento del modelo.

Ahora, el cierre del ejercicio presupuestario certifica el desenlace del que los rectores habían alertado en numerosas ocasiones. Hasta este año, las universidades habían logrado absorber el incremento de los costes de personal recurriendo a remanentes y márgenes presupuestarios acumulados durante ejercicios anteriores. Pero esos recursos se han ido agotando hasta el punto de que los fondos autonómicos ya no permite cubrir el gasto estructural del sistema.

La situación recuerda a la vivida tras la crisis financiera de 2008, cuando las universidades andaluzas se vieron obligadas a aplicar severos planes de ajuste para contener el gasto. La diferencia, subrayan fuentes del sistema universitario, es que aquellos recortes respondían a un contexto de profunda recesión económica, mientras que el actual escenario coincide con unos presupuestos autonómicos en máximos históricos.

Este jueves se han publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) las bases reguladoras de las subvenciones para que la primera matrícula de universidad sea gratuita para los residentes en Castilla y León.

A continuación, recogemos algunas preguntas y respuestas para conocer esta ayuda, si se cumplen los requisitos para recibirla y cómo solicitarla.

¿Quién la puede pedir?

Esta nueva subvención es para aquellas personas que estén empadronadas en Castilla y León que vayan a matricularse en primer curso y por primera vez en una carrera universitaria (grado o doble grado) en una universidad pública de Castilla y León. El empadronamiento deberá cumplirse antes de que termine el plazo de presentación de solicitudes.

Además, deben cumplir con los requisitos generales para toda subvención como estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones tributarias y no estar incurso en situaciones que impidan acceder a la condición de beneficiario.

La bases señalan que las solicitudes que cumplan los requisitos serán ordenadas en función de la calificación de acceso al grado universitario, aunque el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha asegurado que se trata de una formalidad y que nadie que cumpla los requisitos se quedará fuera de estas ayudas.

¿Cuándo se abrirá el plazo?

Aún no se sabe exactamente, aunque la previsión es que el plazo se abra a principios de setiembre y se pueda pedir también durante de octubre. Se ha establecido un plazo máximo de resolución de seis meses y las ayudas se abonarán mediante transferencia bancaria.

¿Cómo hago la matrícula?

Con normalidad. Se deberá abonar la matrícula tal y como establezca cada universidad. En un trámite distinto (a través de la sede electrónica o de manera presencial) se debe solicitar la ayuda de la Junta de Castilla y León.

¿Cuánta gente va a recibirla?

En un principio se han consignado 12 millones de euros, con los que pretenden atender las peticiones de 15.500 estudiantes, aunque Fernández Carriedo ha garantizado que todos aquellos que cumplan las condiciones establecidas recibirán la ayuda, y que se ampliará el presupuesto si es necesario.

¿Por qué no se han modificado las tasas universitarias?

Ese cambio requeriría de un trámite parlamentario que no podría tener efecto en el curso 2026/2027 y este método se rige por el régimen de concurrencia. De esta manera, la Junta pretende dar cumplimiento a una de las promesas electorales de Alfonso Fernández Mañueco. El Ejecutivo ha asegurado que “buscará el cauce” de colaboración con las universidades para que el trámite sea “lo más fácil posible”.

La Universidad de La Rioja, que ha recibido un total de 5.567 solicitudes en primera opción durante el período ordinario de admisión, ha publicado este jueves 9 de julio las listas de admitidos en los estudios de Grado del curso académico 2026-2027. Pueden consultarse a través de https://www.unirioja.es.

A partir de mañana, viernes 10 de julio, y hasta el miércoles 15 de julio, todos los admitidos podrán formalizar su matrícula a través de la web de la Universidad de La Rioja.

Además, mañana viernes se abre el plazo extraordinario de admisión, que se extenderá hasta el lunes 20 de julio y cuya lista de admitidos se publicará el jueves 23 de julio. Las solicitudes se realizan a través de la web de la Universidad de La Rioja.

Más de 5.000 solicitudes para 1.100 plazas

La Universidad de La Rioja ha registrado 5.567 solicitudes de admisión para las 1.100 plazas de nuevo ingreso en estudios de Grado. Este ha sido el periodo de admisión con mayor número de peticiones de los últimos años para estudiar uno de los 21 grados que oferta la UR, cabe destacar la implantación de los nuevos Grados en Medicina y Tecnología del Lenguaje, con una oferta de 30 y 25 plazas respectivamente. En términos porcentuales, la Universidad de La Rioja ha recibido para el próximo curso, un 15,33 % más de solicitudes que el curso pasado (4.821).

De todas ellas, la titulación con más demanda es el nuevo Grado en Medicina, con 2.105 solicitudes, siguiéndole el Grado en Enfermería con 1.326 solicitudes y a distancia el Grado en Educación Primaria con 402 solicitudes; en el resto de los Grados se detecta un leve incremento en Trabajo Social y Lengua y Literatura Hispánica.

Hay que tener en cuenta que el curso pasado hubo un ascenso notable de las solicitudes recibidas para cursar estudios de Grado, pasando de 3.925 solicitudes para el curso 2024-2025 a 4.821 para el curso 2025-2026.

Las enseñanzas de Grado más demandadas han sido las de Medicina (2.105), Enfermería (1.326), Educación Primaria (402), Administración y Dirección de Empresas (222), Derecho (202), Ingeniería Mecánica (173) Educación Infantil (173), Matemáticas (159), Ingeniería Informática (154) y Química (152).

Por sexo, entre las solicitudes de preinscripción hay mayoría de mujeres.

En cuanto a la procedencia de las preinscripciones, los grados que oferta la Universidad de La Rioja siguen despertando el interés de los alumnos de otras comunidades.

La tendencia de solicitantes de otras comunidades autónomas crece levemente, del 71,40 por ciento del curso anterior, al 73,94 por ciento este curso. Por comunidades autónomas el mayor número de solicitudes recibidas corresponde a País Vasco 749, Navarra 720, Andalucía 573, Castilla-León 462, Aragón 294 y Valencia 223.

Estas son las notas de corte

Las titulaciones con una mayor nota de corte han sido el Grado en Medicina (13.219), Matemáticas (11,812), Enfermería (11,636), Derecho (9,529), Química (9,084), Educación Primaria (8,656), Ingeniería Informática (8,624) e Ingeniería Electrónica Industrial y Automática (8,071). Las notas de corte que se desprenden de esta primera fase del proceso de admisión no son, en todo caso, las definitivas de los grados de la UR, ya que la admisión y matrícula es un proceso dinámico. No todos los alumnos que han logrado plaza realizan su matrícula, por lo que se realizan diferentes bajadas de listas, que se extienden hasta el mes de septiembre, en las que son admitidos estudiantes que en primera instancia no lograron una plaza, de forma que la nota de corte se reduce.

El proceso de matrícula que comienza mañana, viernes 10 de julio, es un proceso dinámico en el que los futuros universitarios pueden encontrar la oportunidad de matricularse en la carrera que desean.

Un primer periodo de matrícula se desarrollará entre el 10 y el 15 de julio. Tras la primera bajada de listas, se abrirá un nuevo proceso de matrícula entre el del 17 al 22 de julio. Idéntico proceso tendrá lugar en los siguientes periodos: 24 al 27 de julio (2ª bajada), 28 al 30 de julio (3ª bajada), 21 al 24 de agosto (4ª bajada), 25 al 28 de agosto (5ª bajada) y durante el mes de septiembre.

Por otro lado, la Universidad de La Rioja abrirá mañana, 10 de julio, un periodo de admisión extraordinaria que finalizará el 20 de julio, publicándose en este caso las listas de admitidos el 23 de julio y debiéndose realizar la matrícula entre el 24 de julio y el 28 de julio. Se abrirá un nuevo período de matrícula extraordinario del 29 al 30 de julio, tras publicarse las listas definitivas y la primera bajada de lista de espera.

A inicios del presente siglo, cuando se planteaba la creación de un Comisionado para el Polígono Sur y se preparaba el Diagnóstico para el Plan Integral, documento en el que pude colaborar, se hablaba del interés que podría tener para el barrio una iniciativa similar a la que se había llevado a cabo en el valenciano barrio de La Coma, en Paterna. Aunque la inspiración en el histórico “Movimiento Settlement” resultaba evidente, recuerdo que el libro de Javier García Roca, de 2002, “Jóvenes, Universidad y Compromiso Social”, en el que se describen los detalles de aquel proyecto del Colegio Mayor Universitario de La Coma, podía ser un referente cercano y muy apropiado para una residencia de estudiantes en el Polígono Sur de Sevilla. Y así fue afortunadamente…, pero fue así gracias a que las nuevas viviendas construidas junto a la Avda. de La Paz (Giralda Sur) no fueron destinadas finalmente al realojo de chabolistas del Vacie, como se había previsto por el Ayuntamiento, sino que dio cobijo a esta otra esperanzadora propuesta que nacía con el impulso de Rosario Valpuesta, primera rectora de la Universidad Pablo de Olavide. Las presiones en este sentido de la plataforma Nosotros También Somos Sevilla (NTSS) habían tenido resultado.

Lo que sucede después es otra cuestión y tiene que ver con que la Residencia Flora Tristán (“La Flora”), a pesar de sus objetivos originales y su consolidación, con distintas orientaciones, en todos estos años, solo ha podido constituir uno de los pequeños oasis existentes en un desierto de intervenciones realmente transformadoras. Al poco tiempo de su nacimiento y del propio Comisionado, tuvo lugar la desastrosa gestión municipal para la erradicación del asentamiento chabolista de Bermejales, lo que generó nuevas tensiones en el vecindario, reyertas e incluso tiroteos mortales, agudizando un estigma que perdura hasta la actualidad; llegaron planes urbanísticos, reformas y rehabilitaciones que no mejoraron suficientemente la imagen conjunta del barrio; llegaron programas sociales que, en muchos casos, cayeron en saco roto como ayudas puntuales o intermitentes y bajo dinámicas asistencialistas; nunca se soterró el ferrocarril de Sevilla-Cádiz (recordemos que esto estaba previsto según la revisión del PGOU); nunca las naves y nuevos usos que separan del Cerro del Águila lograron articular la comunicación y encuentro con esa otra parte; y, más allá de la propia Flora, ningún centro o equipamiento con un pretendido rango ciudad ha conseguido permeabilizar verdaderamente esta área urbana, admitamos que Factoría Cultural no ha logrado tal propósito; como destaca por otro lado NTSS, se han eliminado la oficina de Correos y la Comisaría, no hay metro y resulta muy deficiente el servicio de autobuses. En definitiva, las distancias físicas y simbólicas continúan siendo inquebrantables.

Los hechos físicos, económicos y sociales, también los institucionales y políticos, continúan enquistando la segregación y marginación que se vive en Polígono Sur, pero me detengo en un dato significativo que de algún modo encuentra relación con la necesidad incidir en el factor educativo y formativo, tal como se reclama, desde hace años, por la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados (AABI). A pesar de la lucha contra el absentismo y el fracaso escolar en los centros educativos, a pesar de la voluntad de un profesorado vocacional y de recursos específicos puestos a disposición, a pesar de la existencia de dos universidades públicas y de la dotación de becas, sigue habiendo amplios sectores del Polígono, concretamente los más desfavorecidos de Murillo y Martínez Montañés, en los que las cifras de población con estudios superiores siguen estando por debajo del 5%, algo que solo se repite, dentro de la ciudad, en la parte más oriental de Torreblanca.

En este marco, proyectos sociales como el planteado por la Residencia Flora Tristán resultan irrenunciables: ¿qué puede significar que niños y jóvenes, también personas mayores, en circunstancias familiares y ambientales como las señaladas, interactúen cotidianamente a través de distintas entidades con estudiantes universitarios de distintas disciplinas, procedentes de muy distintos países y que viven en su mismo barrio? ¿Qué implica para todos ellos y ellas, que estos estudiantes, decenas de ellos, no solo colaboren en actividades sociales, culturales, festivas…, sino que además compartan panadería, farmacia, pista de baloncesto o parada de autobús? ¿Cuánta inspiración pueden representar -mutuamente- estos contactos? ¿No es esta una manifestación conspicua de ese compromiso social que deben desarrollar nuestras universidades? Una residencia así, que homenajea con su nombre a esta ilustre escritora franco-peruana, pionera de un socialismo feminista, es todo un orgullo para la Pablo de Olavide.

Esta situación no puede comprenderse sin observar el marco de infrafinanciación de las universidades públicas y la apuesta por un modelo educativo -y no solo educativo- en el que se trata de limitar lo público y los derechos de ciudadanía que implican, para favorecer su sustitución paulatina por la gestión empresarial privada y sus beneficios particulares

Y es este el contexto en el que podemos situar el conflicto generado en estas semanas en relación a la residencia Flora Tristán, los graves problemas del edificio en que se ubica y las dificultades para mantener su desempeño en la misma línea en que venía produciéndose. En la propia UPO, según la percepción de una parte importante de la comunidad universitaria, se ha echado de menos mayor transparencia y apertura en este sentido por parte del rectorado, es decir, se ha incidido mucho en que se debía haber expuesto, con mayor detalle, cuál era la situación que venía sufriendo el edificio desde hace años, saber hasta qué punto esto ponía en riesgo el mantenimiento de su uso residencial y social, y conocer, especialmente, la forma en que se ha tratado de abordar este problema derivando la gestión hacia una fundación ajena a la universidad, teóricamente sin ánimo de lucro. Las reacciones que se han producido desvelan claramente el modo en que la UPO ha interiorizado el valor emblemático de La Flora, su dimensión social en este contexto del Polígono Sur, y el de su objetivo propiamente residencial, aspecto que, dada la situación de la vivienda, termina obteniendo un doble valor social.

Pero siendo así lo anterior, tengo la impresión, y buscando de nuevo un paralelismo con aquel Colegio Mayor Universitario de La Coma, que terminó cerrándose en 2012 a causa de la crisis y los recortes de la Generalitat Valenciana, que lo que aquí sucede implica también directamente a las administraciones públicas, a la Junta de Andalucía y Ayuntamiento. Es más, no se entiende que el Comisionado del Polígono Sur no defienda públicamente, con rotundidad, el mantenimiento y diría fortalecimiento y mayor desarrollo de esta iniciativa y otras similares. Esta situación no puede comprenderse sin observar el marco de infrafinanciación de las universidades públicas y la apuesta por un modelo educativo -y no solo educativo- en el que se trata de limitar lo público y los derechos de ciudadanía que implican, para favorecer su sustitución paulatina por la gestión empresarial privada y sus beneficios particulares.

Todo ello no puede comprenderse además sin percatarnos de la injustificable perpetuación de la desigualdad social y urbana que sufre Polígono Sur y otros barrios en la ciudad, siempre situados en la lista de los barrios “más pobres” de España (véase el V Informe del Observatorio de Desigualdad de Andalucía). Podríamos ejemplificarlo de diversas formas, pero insisto en la trascendencia del dato ofrecido anteriormente: ni nuestras universidades, ni nuestro sistema educativo al completo, ni las políticas urbanas, ni las ayudas sociales, han permitido que se incrementen, como cabría esperar, los niveles formativos de la población. Aunque estos -sabemos- no constituyen ya, per se, ninguna garantía de promoción sociolaboral, sí suponen una desventaja que podríamos calificar de estructural, que es síntoma y causa de una marginación social persistente. Frente a ello, una iniciativa como la de la Residencia Flora Tristán, con sus estudiantes, trabajadoras y proyectos sociales (“joya de la corona” para la UPO en palabras de su exdirector, Juan Blanco) debe mantenerse en Polígono Sur como un espacio más del campus universitario y como un bloque más de viviendas donde residen vecinos y vecinas con ganas de colaborar, de enseñar y de aprender. Debe mantener así el carácter que le dio origen hace más de veinte años y seguir representando la semilla de la esperada transformación.

El Gobierno vasco ha aprobado este martes la convocatoria de becas universitarias y otros estudios superiores, dotada con 28,56 millones de euros, para el curso 2026-2027 con una ampliación del umbral de renta, por lo que 1.500 estudiantes más podrían beneficiarse de las ayudas. Esto es posible debido a que se ha creado un nuevo umbral complementario de renta situado un 10% encima del actual. “Esta medida permitirá incorporar a familias cuyos ingresos superaban ligeramente los límites establecidos hasta ahora, pero que afrontan dificultades para hacer frente al coste de los estudios superiores. Las personas cuyas unidades convivenciales se sitúen dentro de este nuevo umbral tendrán derecho a percibir las mismas cuantías que las contempladas para el actual umbral 3. De este modo, pequeñas diferencias en el nivel de ingresos dejarán de suponer la pérdida del derecho a la beca”, ha informado el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación, Juan Ignacio Pérez Iglesias, durante el Consejo de Gobierno.

Con la ampliación de los umbrales de renta, el tope máximo de ingresos para acceder a las ayudas se sitúa ahora en 17.124 euros para unidades convivenciales de un solo miembro y alcanza los 65.119 euros para familias de ocho miembros. “Esta convocatoria responde a un objetivo claro: que ningún estudiante vea limitado su acceso a la educación superior por razones económicas. Ampliamos el sistema de becas para adaptarlo mejor a la realidad de las familias y ofrecer una respuesta más justa y flexible”, ha añadido Pérez Iglesias.

Durante el curso 2025-2026, un total de 8.915 estudiantes recibieron alguna de estas ayudas por un importe cercano a los 21 millones de euros. Con la incorporación del nuevo umbral de renta, se estima que la próxima convocatoria beneficiará a unas 1.500 personas más y consolidará un “sistema de becas más amplio y equitativo”, ha recalcado.

Otra de las novedades de la nueva convocatoria es que se flexibiliza la compatibilidad entre la ayuda por residencia y la ayuda por desplazamiento interurbano cuando la necesidad de residir fuera del domicilio familiar se limite a un periodo concreto del curso, permitiendo percibir ambas ayudas de forma proporcional. Asimismo, ya no será necesario que el centro de estudios esté ubicado en Euskadi. A partir del próximo curso, quienes residan en la Comunidad Autónoma Vasca y deban desplazarse a diario a un centro situado a una distancia máxima de 200 kilómetros podrán acceder a esta ayuda con independencia de la comunidad autónoma en la que curse sus estudios. Es decir, podrán recibir la ayuda quienes estudien en Burgos, Cantabria o Navarra.

También se flexibilizan en esta nueva convocatoria los requisitos académicos para acceder a determinadas ayudas. Quienes inicien por primera vez estudios de grado u otros estudios superiores podrá acceder a la cuantía básica ligada al aprovechamiento académico con una nota de acceso a la universidad de 5, frente al 6,5 exigido hasta ahora. Del mismo modo, la nota media necesaria para acceder a la cuantía básica vinculada a la renta familiar se reduce de 6 a 5, ampliando las posibilidades de acceso a las becas.

La convocatoria también refuerza el apoyo al estudiantado con discapacidad. Los estudiantes con un grado de discapacidad de entre el 25% y el 64% podrán reducir hasta un 25% su carga lectiva sin perder los componentes de la beca y dispondrán de un año adicional para seguir beneficiándose de la ayuda, lo que favorecerá la finalización de sus estudios en condiciones de mayor equidad.

El Gobierno de España y la Junta de Andalucía han acordado iniciar las negociaciones para intentar evitar que la nueva Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) acabe en el Tribunal Constitucional. El acuerdo, publicado este lunes en el BOJA y en el BOE, abre formalmente la vía de diálogo prevista en la legislación para resolver las discrepancias detectadas por el Ejecutivo central antes de presentar un recurso de inconstitucionalidad.

Este paso da continuidad al procedimiento activado por el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado mes de mayo, cuando inició los trámites para impugnar la norma impulsada por el Ejecutivo de Juan Manuel Moreno, como adelantó entonces elDiario.es. En un informe jurídico previo al recurso, el Ministerio de Política Territorial apreciaba posibles “injerencias” en la autonomía universitaria consagrada en la Constitución y advertía de “incompatibilidades constitucionales” en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza.

La publicación del acuerdo se ha producido al día siguiente de la toma de posesión de Moreno como presidente de la Junta tras su pacto de gobierno con Vox. No obstante, fuentes de la Consejería de Presidencia consultadas por este periódico señalan que el Ejecutivo andaluz continúa en funciones y sitúan la puesta en marcha de las conversaciones una vez se constituya el nuevo Gobierno, previsiblemente el próximo jueves o viernes.

La vía para evitar el recurso

El acuerdo publicado este lunes es el paso previo a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Antes de impugnar la ley en cuestión, el Estado y la comunidad autónoma afectada deben abrir un proceso de negociación para tratar de “resolver las discrepancias” detectadas. Para ello, el procedimiento contempla la convocatoria de la Comisión Bilateral de Cooperación, el órgano de negociación entre ambas administraciones.

En este caso, las conversaciones se centrarán en 26 artículos y tres disposiciones adicionales de la ley universitaria andaluza, aprobada el pasado mes de febrero con el voto en solitario del PP y el rechazo de toda la oposición. Se trata de los mismos preceptos recogidos en el informe jurídico elaborado por el Ministerio de Política Territorial previo al recurso, en el que advertía de que la norma podría incurrir en “injerencias” sobre la autonomía universitaria e invadir competencias exclusivas del Estado.

El acuerdo prevé ahora la constitución de un grupo de trabajo encargado de proponer “la solución que proceda” a la Subcomisión de Seguimiento Normativo, Prevención y Solución de Controversias de la Comisión Bilateral de Cooperación. La negociación tiene de plazo hasta finales de diciembre, según fuentes de la Consejería de Presidencia. Hasta entonces, el Estado y la Junta tratarán de alcanzar un acuerdo que permita evitar la impugnación de la ley ante el Tribunal Constitucional.

No sería la primera vez que ambas administraciones evitan la vía judicial mediante un acuerdo. En 2022, el Estado y la Junta alcanzaron un pacto sobre la Ley de Impulso para la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (LISTA), después de que el Gobierno andaluz aceptara modificar varios aspectos que el Ejecutivo central consideraba invasivos de competencias estatales.

Ley cuestionada también por los rectores

La LUPA ha sido una de las principales apuestas legislativas del Gobierno de Moreno, aunque desde su tramitación ha recibido fuertes críticas tanto de los sindicatos como de las diez universidades públicas andaluzas. Los rectores ya alertaron de que la ley rozaba lo inconstitucional y pusieron “en entredicho su legalidad”, aunque no recurrieron la norma ante el Tribunal Constitucional por carecer de competencias para ello, según el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Paco Oliva.

Con todo, los rectores denunciaron durante la tramitación parlamentaria que la norma incurría en “una injerencia injustificada de la administración pública en el ejercicio de la autonomía universitaria” y advirtieron de que “vulnera” artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU). En esa misma línea, el informe jurídico del Ministerio de Política Territorial analiza la LUPA y argumenta posibles incompatibilidades con la normativa estatal y con la Constitución Española.

Entre los preceptos cuestionados figuran algunas de las principales novedades de la ley impulsada por Moreno, como es el caso del requisito obligatorio de graduarse con un nivel B2 en inglés (artículo 13 de la LUPA) o los requisitos generales para la creación y reconocimiento de universidades (artículo 116). Cabe recordar que la ley andaluza otorga por primera vez capacidad de voto a las universidades privadas en el diseño del sistema académico andaluz a través de la nueva composición del Consejo Andaluz de Coordinación Universitaria –antiguo Consejo Andaluz de Universidades (CAU)–.

“Discrepancias” detectadas en la norma andaluza

El Ministerio también negociará el artículo que recoge la creación de una figura contractual (profesor ayudante no doctor) “no prevista en el catálogo tasado de la LOSU con posible invasión de la competencia exclusiva del Estado en materia laboral”, así como la figura del interventor, al considerar que “restringe el acceso al puesto al cuerpo de interventores de cualquiera de las administraciones públicas, condicionado la autonomía organizativa y económica financiera universitaria sin cobertura en la LOSU, que no impone tal restricción”.

Hay discrepancia igualmente con el hecho de que la LUPA “obligue a las universidades y centros adscritos privados” a destinar “al menos” el 3 % de su presupuesto a becas y ayudas, “afectando a la autonomía económica y financiera y potencialmente alterando el esquema de la LOSU, que prevé el establecimiento del sistema de becas como facultad de cada universidad”, según sostiene la cartera que dirige Ángel Víctor Torres.

Las disposiciones adicionales sobre las que el Ejecutivo central muestra recelos son la segunda (referida a la Universidad Internacional de Andalucía, sobre la que tampoco ve claro su papel como coordinadora de las políticas de internacionalización), la undécima (conciertos entre universidades e instituciones sanitarias y docentes no universitarias) y la duodécima (convenios para la cotización del personal de las universidades).

El informe del Ministerio sostiene, en resumen, que la LUPA introduce una regulación excesivamente intervencionista, que limita la capacidad de autoorganización de las universidades públicas andaluzas. Por eso, “con objeto de evitar cualquier posible tacha de inconstitucionalidad”, propone reformar la norma, ya sea mediante una solución negociada o, en su defecto, impugnando judicialmente los artículos que puedan vulnerar el orden constitucional.

Ante este escenario, las universidades públicas andaluzas han optado por ser “lo más prudente” posible en la adaptación de sus estatutos a la nueva ley universitaria autonómica. El secretario general de la Universidad de Sevilla explicó al Consejo de Gobierno que el recurso del Ministerio coloca al sistema universitario público andaluz en una situación “inédita”, al tener la “obligación” de adaptarse en el plazo de un año a una ley “cuya constitucionalidad está cuestionada”. El proceso de negociación abierto entre el Gobierno central y la Junta conduce a las universidades, según el cargo de la US, a una situación de “incertidumbre jurídica”.

La Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja, a través de la Consejería de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo, desarrollarán durante el 2026 un amplio programa de actuaciones en el marco del convenio de colaboración para la creación de la Cátedra de Trabajo y Prevención de Riesgos, una iniciativa orientada a reforzar la calidad de las condiciones de trabajo, la prevención de riesgos laborales y la promoción de relaciones laborales más justas, inclusivas y sostenibles.

Para la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz Arazuri, “esta Cátedra resulta especialmente referente porque hace partícipes a estudiantes de variadas titulaciones jurídicas, sociales, técnicas y científicas en la búsqueda de soluciones a retos sociales, impulsando desde su interdisciplinariedad tanto la igualdad de oportunidades como la prevención de riesgos laborales».

En la misma línea, la consejera de Economía, Innovación, Empresa y Trabajo Autónomo del Gobierno de La Rioja, Belinda León, ha destacado en la presentación de la Cátedra que permitirá “formar, investigar y proponer soluciones en cuestiones clave como la mediación en los conflictos laborales, la igualdad en el trabajo o la prevención de riesgos”. La programación de actividades para el segundo semestre del año se articula en torno a tres grandes ejes: la formación y la transferencia de conocimiento, la investigación e innovación y la sensibilización social.

Estas actuaciones responden a los retos del mercado de trabajo y se alinean con las prioridades recogidas en la Ley 7/2023, de 20 de abril, de igualdad efectiva de mujeres y hombres de La Rioja, y la Estrategia Riojana de Seguridad y Salud en el Trabajo 2025-2028, prestando especial atención al impacto de la digitalización, la incorporación de la perspectiva de género en la prevención de riesgos laborales, la protección de los colectivos más vulnerables y la consolidación de una cultura preventiva en las organizaciones.

Formación especializada en mediación laboral

Uno de los proyectos más relevantes es el impulso de una segunda edición de la Microcredencial ‘Mediación en el conflicto laboral’, que ofrecerá formación especializada tanto a estudiantes universitarios y egresados como a profesionales del ámbito laboral, empresarial, sindical y de la Administración Pública.

Este programa busca fomentar una adecuada gestión de los conflictos laborales y contribuir a la capacitación de futuros mediadores, incorporando contenidos sobre el diálogo social, los sistemas de resolución de conflictos, las técnicas de mediación y las experiencias prácticas vinculadas al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), con el que la Universidad de La Rioja dispone de un acuerdo de colaboración.

De manera paralela, la Cátedra de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales impulsará diferentes iniciativas de investigación y transferencia de conocimiento orientadas al tejido empresarial y laboral para ofrecer respuestas prácticas a los desafíos del mundo del trabajo. Entre ellas, destaca la creación de una guía de recomendaciones para elaborar planes de igualdad y cláusulas tipo destinadas a promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación por razón de sexo en La Rioja.

Asimismo, se realizará un estudio comparado sobre reglamentos internos de seguridad en laboratorios universitarios nacionales e internacionales coordinado por el Instituto de Investigación en Química de la Universidad de La Rioja (IQUR) con el propósito de identificar buenas prácticas que puedan trasladarse al contexto riojano y contribuir a mejorar los entornos de trabajo y aprendizaje.

Además, se convocarán los Premios Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales 2026 para reconocer los mejores trabajos académicos relacionados con las relaciones laborales y la prevención de riesgos laborales realizados por estudiantes de Grado y Máster de la Universidad de La Rioja.

Como novedad, junto al alumnado de los Grados en Derecho y en Relaciones Laborales y Recursos Humanos, y del Máster en Acceso a la Abogacía y la Procura, también podrá concurrir el alumnado de último curso de los grados impartidos en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería, y de los grados en Ingeniería Química, en Ingeniería Agrícola o en Enología, entre otras titulaciones.

La entrega de premios se celebrará a lo largo del segundo semestre del año y servirá además para visibilizar los trabajos más destacados desarrollados por el estudiantado universitario.

Encuentros de expertos y jornadas especializadas

La programación también contempla la organización de diversos foros de debate y reflexión sobre cuestiones de actualidad laboral y preventiva, entre los que destacan los Encuentros Derecho Social y Empresa, así como las jornadas especializadas sobre aspectos laborales de interés para el alumnado y los profesionales de las relaciones laborales.

A estas actividades se añaden distintas jornadas técnicas sobre riesgos laborales específicos asociados a distintas titulaciones universitarias, entre ellos el riesgo eléctrico, los riesgos en la construcción, los riesgos biológicos y químicos o los vinculados a la actividad agrícola y de laboratorio.

Una apuesta por la difusión y la cultura preventiva

La Cátedra Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales desarrollará, además, una estrategia de comunicación destinada a acercar sus actividades a la comunidad universitaria, a las empresas, a los agentes sociales y a la ciudadanía. Para ello se creado una página web específica desde la que se difundirá toda la actividad desarrollada, y servirá de repositorio de documentos para los alumnos y las personas que puedan tener interés en conocer estos foros de debate.

La iniciativa contempla, igualmente, la elaboración anual de una memoria de actividades con indicadores de seguimiento y evaluación, publicaciones y actuaciones de difusión, reforzando la transparencia y la rendición de cuentas de las acciones desarrolladas.

Con este programa de actuaciones, la Universidad de La Rioja y el Gobierno de La Rioja consolidan un espacio estable de colaboración destinado a promover el empleo de calidad, la igualdad de oportunidades, la resolución dialogada de los conflictos laborales y una cultura preventiva capaz de contribuir al bienestar de las personas trabajadoras y a la competitividad del tejido productivo riojano.

El encarecimiento de la vivienda, en alquiler o propiedad, continúa agravándose ante la falta de actuaciones concretas con impacto real. Hasta ahora se ha puesto el foco en la falta de oferta de nueva construcción y el aumento del parque de pisos turísticos como grandes argumentos que justifican el desmadre de precios. Sin embargo, hay otros ámbitos que también mueven el mercado y que están fuera del radar, como es el caso del efecto que tienen los universitarios en el coste del alquiler, especialmente en pequeñas capitales de provincia donde crece el número de estudiantes.

La primera cuestión a valorar es que el propio encarecimiento del alquiler, unido a las altas notas en la PAU para matricularse en las universidades más reconocidas, está haciendo que muchos bachilleres opten por ir a los centros situados en plazas que hasta ahora tenían poco renombre. Salamanca, Granada o Santiago de Compostela tienen una larguísima tradición universitaria, pero el traspaso de las competencias de educación superior a las comunidades autónomas ha hecho emerger otras ciudades como relevantes para estos estudios.

Este fenómeno está teniendo consecuencias claras que no se están afrontando de igual manera, por lo que es interesante analizarlo para sacar algunas lecciones. Segovia es un caso palmario, donde la instalación de una universidad, en este caso privada y elitista, ya que está enfocada a atraer estudiantes internacionales de familias pudientes que buscan un título europeo, está provocando una burbuja de precios que atrapa a la población local. Su proximidad a Madrid (30 minutos en AVE) es otro de los imanes de este centro para los jóvenes extranjeros.

En 2006, el Instituto de Empresa (IE) adquirió la Universidad SEK de Segovia y dos años después la relanzó como IE University. De esta manera, el IE, que llevaba más de treinta años operando como una escuela de negocios enfocada a los posgrados, daba el salto de entrar en la formación de grados, con lo que multiplicaba sus posibilidades de negocio, ya que aumenta el mercado y en estudios que duran entre cuatro y seis años, frente a uno o dos de los másteres. Actualmente, ofrece en Segovia casi una treintena de grados que han atraído a unos 1.500 alumnos, que pagan alrededor de 25.000 euros de matrícula.

La consecuencia es que Segovia es donde más aumenta el precio de la vivienda, con una subida interanual del 19%, frente a una media del 12,9% en España, según datos del INE. La vinculación del aumento con el IE es tan evidente que se aprecia en los propios anuncios que los propietarios de las viviendas ponen en los portales inmobiliarios, donde directamente limitan la disponibilidad a los alumnos de esta universidad.

Por eso tiene sentido analizar la iniciativa que ha lanzado la Universidad de Burgos (UBU), institución pública dependiente de la Junta de Castilla y León, aunque lo cierto es que de momento es una propuesta. En el curso que acaba de terminar, la UBU contaba con 9.600 alumnos matriculados, lo que supone un aumento del 18% en cinco años. Esta progresión se debe al aumento de alumnos de fuera de su distrito, ya que la provincia ha perdido más de 35.000 habitantes en los últimos veinte años. De hecho, el 63% de dichos alumnos, casi cinco mil, procede de otras provincias, lo que implica que necesitan una vivienda en la que habitar durante el curso académico. Las proyecciones que maneja la universidad calculan que el número de alumnos se habrá situado en alrededor de los 11.300 en 2030, lo que elevaría a más de siete mil el colectivo de universitarios que necesitará una solución habitacional.

Ante este panorama, la UBU ha elaborado un plan que contempla la construcción de 1.076 habitaciones individuales en residencias universitarias con cuatro ubicaciones diferentes, lo que supone multiplicar casi por tres el número de plazas que hay actualmente (400). Estas residencias se ubicarían dentro de la zona universitaria y en solares de la propia universidad. Para llevar a cabo el proyecto, la UBU plantea la colaboración público-privada para desarrollar el plan.

El proyecto ha levantado tanto interés que ha provocado que el Parlamento llamara a la UBU a explicar su plan ante la Comisión Especial sobre la Crisis de la Vivienda. La virtualidad de su iniciativa está en que se proponen ofrecer alojamientos con un coste de alrededor de 350 euros mensuales para el alumno, en unas instalaciones con condiciones claramente mejores que un piso compartido, y que liberarían alrededor de 300 viviendas al mercado libre de alquiler. Por tanto, es más que previsible que su construcción contribuya a frenar la escalada del coste del precio de la vivienda, consiguiendo el efecto contrario de la IE University en Segovia.

La oportunidad de la propuesta de la UBU es más que evidente, ahora “solo” falta que las administraciones, cada una en su nivel y competencia, hagan que salte del power point a la realidad. La burocracia es uno de los grandes males que hay alrededor de la vivienda, como ha quedado patente en noticias recientes. El alcalde de Madrid anunciaba que se desbloquea definitivamente el plan para la construcción de 10.000 viviendas en la zona de Campamento, un proyecto lanzado hace tres décadas, que muchos pensarán ya construido, y que estaba empantanado por los típicos desacuerdos entre administraciones. Y el Banco de España avisa de que el largo y complejo proceso de generar suelo edificable es la principal causa estructural de la crisis de vivienda. Con que las administraciones no molesten se daría un gran avance. Convertir el silencio administrativo en sinónimo de vía libre sería el primer paso.

Este viernes arranca el II Encuentro Medieval Arcipreste de Hita, que se prolonga durante todo el fin de semana en esta localidad de Guadalajara, con el Festival Medieval como programa social.

En este evento participarán algunos de los mayores especialistas vivos en la figura y la obra del creador del ‘Libro del Buen Amor’, como el catedrático Bienvenido Morros, de la Universidad Autónoma de Barcelona, y Paco Toro, organizador del prestigioso Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita de Alcalá la Real (Jaén).

Además, un equipo de la Universidad de Alcalá (UAH) presentará sus investigaciones para la elaboración del mapa que servirá de base al nuevo ‘Camino del Arcipreste’.

El programa reúne también a destacados especialistas en distintas disciplinas, como los profesores Fernando Bermejo Batanero y Rita Ríos y Miguel Rodríguez, que contextualizarán el marco histórico de la época del Arcipreste, o la lingüista toledana Isabel Ruiz Vilches, galardonada por sus investigaciones sobre el humor.

De la Casa Museo al primer estudiante

En esta línea, sobre el juego y común lúdico en el ‘Libro de Buen Amor’, contará igualmente con la participación de investigadores de universidades extranjeras, entre ellos Iakov P. y J. Escourido, de la East Carolina University.

La clausura, prevista para el domingo, incluirá una revisión museológica de la Casa Museo del Arcipreste, a cargo de la profesora Elena García y del cronista oficial Juan Luis Trillo; y una ponencia sobre la música en la obra del Arcipreste, impartida por J.M. Ramos.

Asimismo, se presentará la documentación relativa a Juan Ruiz como posible primer estudiante del primitivo ‘Estudio General’ que daría origen a la Universidad de Alcalá. Esta última intervención correrá a cargo de Soraya García, directora de la Cátedra Arcipreste de Hita y organizadora del encuentro.

¿Por qué un Gobierno como el de España, que ha abierto un proceso de regularización al que opta más de un millón de inmigrantes, un Gobierno que destaca en el mundo por su defensa de Palestina frente al genocidio de Israel no iba a sacar de la Franja de Gaza a 33 universitarios palestinos admitidos para estudiar en universidades españolas? ¿Por qué, si ha traído, este pasado martes 30, en un avión del Ejército, a 101 gazatíes, 20 niños enfermos y sus familias?

Difícil de entender. Pero está ocurriendo. Es la historia de 19 hombres y 14 mujeres, algunas y algunos becados, otros sólo admitidos a estudiar aquí, con recursos propios o de familiares que tienen en España. Un alumnado que ha abierto a elDiario.es su grupo de WhatsApp para comunicar testimonios emocionantes.

Dan a conocer su situación como último recurso. Con el anhelo de que la sociedad española inste al Ejecutivo a agilizar los trámites burocráticos y las gestiones con Israel. Deseando poder incorporarse ya a las plazas que se han ganado, mientras sobrevivían a las bombas, el hambre y sufrimiento del exterminio, entre parientes y amistades que morían.

Mientras el Gobierno de Meloni informa de que ha evacuado a 229 gazatíes con plaza en universidades italianas en el curso 25-26 y el ejecutivo de Starmer ha evacuado a 113 a Reino Unido, en el mismo año, el Gobierno español, abanderado de la defensa de Palestina, sólo ha traído a 13 universitarios gazatíes en tres cursos, sin sacar de la Franja a otros 33.

Desde el inicio del genocidio, sólo ha habido dos evacuaciones de universitarios gazatíes por el Gobierno de España. Una, la de 7 estudiantes, en diciembre de 2025, y, otra, la de 6 universitario/as, en junio de 2026. Se rumorea que el 13 de julio podría llegar la tercera, pero sólo dos de la treintena de estudiantes han sido avisados. Sin ninguna garantía de estar incluidos.

Todo lo cual resulta aún más llamativo cuando el Gobierno de Meloni informa de que ha evacuado, desde septiembre de 2025, a 229 gazatíes con plaza en universidades italianas y cuando, en Reino Unido, un grupo de 18 diputados laboristas hizo pública, el 12 de junio de 2026, esta carta en la que, pese a celebrar la evacuación de 113 universitarios gazatíes a Gran Bretaña, en el curso 2025-2026, por el gobierno del también laborista Keir Starmer, solicita que se acabe con los “constantes retrasos y faltas de comunicación”, de cara a las nuevas evacuaciones en los próximos años académicos.

También chocante es la comparativa con la acogida de estudiantes ucranianos, huidos de la invasión rusa que, según informe del gobierno español (Pp. 5-6), se brindó a 39.741 alumnos y alumnas. Unos 1.800 de ellos se matricularon en las universidades españolas, en el curso 2023-2024, y 1.689 lo hicieron en el 2024-2025. Recordemos que gazatíes han venido 13 y 33 aguardan ansiosos. O sea, que hablamos de un total de 46 personas a evacuar en tres cursos académicos.

17 universidades comprometidas

La trepidante actualidad, con catástrofes internacionales como el terremoto en Venezuela, y los juicios por corrupción y la polarización política en España, así como el anhelo de descanso veraniego, hacen que la atención sobre Gaza haya bajado.

Pese a todo, la treintena de universitarios gazatíes aspira a lograr empatía de la sociedad española. “Elevad vuestras voces por nosotros hasta que el gobierno nos evacúe”, insta uno de los alumnos (que, como todos en esta información, aparece sin identificar, para evitar represalias).

Diecisiete universidades y entidades educativas los esperan: las universidades Autónoma de Barcelona, la de Burgos, de Cantabria, Carlos III de Madrid, Complutense de Madrid, de Granada, de Jaén, de La Laguna en Tenerife, Las Palmas en Gran Canaria, de Málaga, de Murcia, Politécnica de Madrid, Universidad de Valencia, Escuela de Escritores en Madrid, Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña (ESCAC), la Basque Know How Fundazioia en Bizkaia, y el Harbour Space Institute of Technologie de la Universidad de Barcelona.

Las áreas de estudio del alumnado son diversas: Contabilidad y Finanzas, Informática, Enfermería, Filología inglesa, Inteligencia artificial, Zoonosis, Cinematografía, Ingeniería, Literatura, Gobernanza y participación ciudadana, Terapia familiar, Estudios migratorios, Derechos humanos y protección internacional… Además de español que, desde Gaza, quienes pueden, empiezan a estudiar por su cuenta.

En ciertos casos, tienen becas Erasmus, lo que implica al SEPIE y un ámbito de responsabilidad también europeo, por el compromiso de la Comisión Europa, en la Carta Erasmus (punto 3), de “Garantizar la igualdad y la equidad en el acceso y en las oportunidades a los participantes actuales y futuros de todos los orígenes, prestando especial atención a la inclusión de las personas con menos oportunidades”.

Entre la esperanza y tentaciones suicidas

Fadwa (nombre ficticio) es una joven que escribe con lirismo, pese a su formación más de cifras que de letras (evitamos asignar las especialidades y universidades para preservar sus identidades).

“Cuando me preguntan, finjo estar bien. Pero lloro frente al mar, con un tsunami en mis ojos, siguiendo el ritmo de las olas. Ya antes del 7 de octubre de 2023 era dificilísimo estudiar, en el silencio de la noche, en el dormitorio con mis tres hermanas, alumbrada por el móvil. Pero con el genocidio, desplazada, huyendo de la muerte, de bombardeos y disparos, del frío, calor, hambre, en tiendas de campañas, sin electricidad... No sé cómo he aprobado exámenes online y logrado una Erasmus en Portugal, en mayo de 2025, para la que no me evacuaron, y otra a España, en noviembre de 2025, para la que el Consulado español en Jerusalén siempre dice no tener fecha y que no está bajo su autoridad ni control. Cada gestión cuesta dinero que quito a mis tratamientos médicos… Me siento hundida. He barajado el suicidio. No le veo sentido a vivir en un mundo así”.

Fadwa confiesa estar “hundida” y haber “barajado el suicidio” al ver que lograr su beca a España, estudiando bajo las bombas, no acaba de salvarla del genocidio. Hiba proclama “la esperanza como empeño”, para que "la guerra no me quite lo poco que no me ha robado ya.

Esas durísimas condiciones de vida, esas “tristeza, desesperanza y lágrimas” las transmite también Adania, que aspira a estudios para “cuidar de la gente, a la que veo sufrir la guerra, desde mi infancia”. Para ella, el anuncio de beca a España “fue como nacer de nuevo”. Toda la familia sintió “alivio de que, al menos, una de nosotros pudiera sobrevivir”.

En el caso de Hiba, mujer de letras y artista, “la esperanza ya no es un sentimiento, sino una decisión”. Porque, argumenta, “dejar de soñar sería permitir a la guerra robarme lo poco que aún no me ha quitado”. Sus obras ya han sido expuestas en España, “y yo espero ir pronto también para ser puente hacia la realidad palestina, abrazando, con gratitud, al público español que ya ha acogido mis creaciones”. Sus frases son aldabonazos: “Necesitamos recibir clases tanto como tiendas de campaña; libros como pan”; “No quiero ser recordada como víctima”, “No pido un milagro, sino la oportunidad que, con trabajo duro, me he ganado”; “Ojalá mis palabras conecten con la gente y logren abrirnos las fronteras”.

Uno de los gazatíes que lleva más tiempo en la lista de universitarios a la espera de ser evacuados por España es Ghassan. Él fue admitido para seguir aquí sus estudios, científicos, durante el curso 2024-2025. Su plaza ha sido prorrogada para el 2025-2026 y ahora para el 2026-2027. Pero sigue atrapado en Gaza.

Él enumera los requisitos que le han pedido: pasaporte, carta de admisión de la universidad española, documentación académica y/o de la beca, garantía bancaria, seguro médico español, certificado de buena salud, certificado de ausencia de antecedentes penales y formulario de solicitud de visado. Documentación de la que, a veces, se requieren originales pese a las dificultades para desplazarse a las sedes consulares.

“¿Por qué, tras cumplir los requisitos académicos y burocráticos, gestiones que cuestan un dinero inasumible para quienes nos han quitado todo” -se pregunta Ghassan- me hacen perder dos cursos de mi formación en España y temo que el tercero, que arranca en septiembre?“. ”¿Por qué las dos evacuaciones de España -se interroga de nuevo- sólo han sacado de Gaza a un puñado de estudiantes a diferencia de otros países europeos?“

Una prima de Ghassan, nacida y residente en la ciudad española en cuya universidad él está admitido, confirma, en conversación telefónica con elDiario.es la desesperación familiar. “No entendemos, ya que ni el Consulado, ni el Ministerio nos lo explican, cuáles son los criterios de prioridad de unos evacuados frente a otros, ni las razones por las que, cumplidos todos los pasos, mi primo y su hermano, ambos admitidos en la universidad, no son ya evacuados cuando nosotros vamos a alojarlos, mantenerlos y apoyarlos, ahorrando así gastos al Estado”.

“Yo”, declara Refaat, el último de los cinco entrevistados, “no puedo rendirme porque, a mis 20 años, a la vez que soy estudiante universitario doy clases a gazatíes más jóvenes. Me ven como referente, académico y vital. Así que resisto y me crezco en la dificultad”. Todo mientras escribe pues, en medio del sufrimiento, aflora, en varios de los 33, el impulso literario.

Todas y todos los entrevistados resaltan su gratitud al gobierno español y a la sociedad española por apoyar al pueblo palestino y condenar el genocidio emprendido por el gobierno sionista de Israel y su presidente Benjamin Netanyahu.

“Pero, para estudiantes como yo” -declara uno- “las acciones importan más que los discursos. Un acto concreto vale más que mil declaraciones. La educación no es un privilegio sino un derecho fundamental. Por favor, ayudadnos y presionad”.

Juristas reclaman agenda de fechas

Agilizar la evacuación de esta treintena de universitarios gazatíes no parece, por el volumen del contingente, algo inabordable. Y sería una contribución significativa, en palabras de la magistrada y doctora en Derecho, Pilar Barrado, coportavoz de la plataforma Juristas por Palestina, creada en octubre de 2024.

“Parte de proteger al pueblo palestino contra el genocidio”, expone ella, “consiste en contribuir a que, pese a la destrucción sistemática de las universidades palestinas por Israel, haya una nueva generación de palestinos universitarios de diversas disciplinas, capaces de reconstruir lo devastado”.

La coportavoz de Juristas por Palestina, plataforma de 1.000 juristas, con más de 100 catedráticos y más de 100 magistrados, califica de “tremenda” la “opacidad” del Ministerio de Exteriores y exige “información, trasparencia y un horizonte de fechas”.

Con ese convencimiento, Barrado, se reunió este enero con Guillermo Garrido, en quien delegó Sergio Cuesta, jefe de gabinete del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. “Les transmitimos los casos de estudiantes que, junto a la Red Universitaria por Palestina (RUxP), habíamos localizado y ordenado. Les dimos los documentos y pedimos que, si algo faltaba, nos avisaran”, explica. “Exteriores dijo que nos daría traslado de las personas a las que veían con posibilidades para salir y las que no”.

Pero no ha ocurrido. “La opacidad de Exteriores es tremenda”. Barrado asegura que en Juristas por Palestina “hemos sido prudentes y comprensivos, por la difícil situación en Palestina y la posterior guerra con Irán”. Pero considera que merecen “información, trasparencia en los criterios de prioridad, y un horizonte de fechas”. Lo merecen “los estudiantes, las universidades, y nuestra plataforma de más de 1.000 juristas, con más de 100 catedráticos y más de 100 magistrados, organizados para ayudar de forma desinteresada”.

Evasivas del Ministerio de Exteriores

También elDiario.es ha trasladado preguntas al jefe de gabinete del ministro de Exteriores, Sergio Cuesta, quien nos ha remitido a la Oficina de Información Diplomática.

Finalmente, es el Gabinete de Comunicación del Ministerio desde donde se nos ha escrito un correo aludiendo a “fuentes de Exteriores”. Un mail que no contesta a ninguno de los 10 interrogantes precisos -como “¿Cuándo está prevista la evacuación de los 33?”, “¿Confirman o desmienten una evacuación el día 13?”, “¿Qué criterios determinan la salida de unos u otros?”, “¿A qué se deben retrasos de hasta 2 cursos?”...

Frente a ello, el mensaje oficial manifiesta “la posición (de España) basada en el compromiso con el Derecho Internacional, la humanidad y la paz”. También que el Gobierno “destinará 150 millones de euros en 2026 en ayuda humanitaria y cooperación para Gaza” y que, hasta ahora, “ha realizado numerosas evacuaciones desde Gaza, incluidas las de varios estudiantes” lo que ha “permitido a cientos de personas reencontrarse con sus personas queridas y recuperar una vida normal en España”.

Ya en junio de 2025 fue Izquierda Unida la que, a través de su portavoz parlamentario y de su portavoz en temas de Educación y coordinador general de IU Andalucía, Enrique Santiago y Toni Valero, respectivamente, preguntó a Exteriores después de que colectivos palestinos les informaran de la cuestión. “El Gobierno de España mantiene estrechos vínculos con el Estado de Palestina y promueve los intercambios humanos, facilitando, por ejemplo, el acceso de estudiantes palestinos a las universidades españolas”, trasladó escuetamente el Ejecutivo en septiembre de 2025 en su respuesta escrita.

El contraste es fuerte entre los 13 universitarios gazatíes evacuados en tres cursos académicos por el Ministerio de Exteriores y los 101 gazatíes, 20 niños enfermos y sus parientes, evacuados el martes 30 en una operación en la que, según RTVE, han participado otros tres departamentos ministeriales: el Ministerio de Sanidad, el de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y el de Defensa. La quinta evacuación sanitaria del Gobierno, de hecho, desde julio de 2024, en un programa que, en total, ha traído de Gaza a España a 236 personas, 143 de ellas menores, atendidos luego en diferentes hospitales españoles.

El jefe de gabinete de Exteriortes, Sergio Cuesta, sí que respondió, por dos veces, a cartas sobre este tema remitidas al Gobierno de España. La primera firmada por la RUxP, en septiembre de 2025, y la última, suscrita por los 33 estudiantes afectados, en junio de 2026. Pero, en ambas respuestas, Cuesta también ha evitado resolver dudas, explicar los retrasos o dar fechas de evacuaciones, limitándose a reiterar la solidaridad del ejecutivo español con Palestina, como se puede comprobar en los documentos que ofrecemos íntegros.

La RUxP: perseverar pero no ser cómplice

La RUxP se creó en 2024 tras la conferencia online para universidades españolas ofrecida, el 10 de abril de ese año, por la Relatora Especial ONU para la Palestina ocupada, Francesca Albanese, con su informe “Anatomía de un genocidio”. Desde entonces esta red, formada por profesores y Personal de Administración y Servicios de 43 universidades españolas, promueve toda una amplia visión, expuesta aquí, de respaldo a la academia palestina y de ruptura de relaciones con la israelí.

En paralelo, la RUxP ha listado los casos de estudiantes a la espera de evacuación de los que han tenido noticia. David Peñafuerte es miembros de la RUxP y técnico en Relaciones Internacionales de la Universidad de Jaén, institución que ha recibido a 5 de los 7 gazatíes evacuados en diciembre de 2025 y a 2 de los 6 llegados en junio de 2026. Es decir a 7 de los 13, más de la mitad del total. Peñafuerte sintetiza la actuación de Exteriores en cuatro puntos: “Opacidad, condescendencia, arbitrariedad y una falta de empatía y humanidad rayana en la crueldad” porque “la incertidumbre tortura al alumnado aún más de lo que ya está”.

La Red Universitaria por Palestina, formada por profesores y Personal de Administración y Servicios de 43 universidades, se plantea “descolgarse para no ser cómplices”. Y “avisar a los estudiantes de que las evacuaciones españolas son un timo”, si el gobierno no las desbloquea.

Por todo lo cual, según Peñafuerte, desde la RUxP, aunque van a “llevar el esfuerzo hasta el final”, si el gobierno no descongestiona la situación, “valoramos descolgarnos y decirles a los estudiantes que no esperen salir de Gaza porque es un timo” del que “no queremos ser cómplices”.

Revindicación de grupos internacionales

También iniciativas civiles internacionales hacen un balance muy crítico con la gestión de Exteriores de las evacuaciones de estudiantes. Gaza 40+ nació para promover y velar por evacuaciones seguras de los estudiantes gazatíes a universidades de Reino Unido, si bien luego se ha extendido a Irlanda, Italia, España, Francia, Bélgica y Brasil. Su radiografía del proceder de gobiernos europeos es negativa. Pero peor en el caso del ejecutivo español, según traslada a elDiario.es Cristina Robles, coordinadora de Gaza40+ en nuestro país: “En comparación con otros países, en los últimos dos años, las evacuaciones de estudiantes hacia España han sido raquíticas”. Confirma la cifra de 13 estudiantes. “Y eso pese a que nos consta que en curso 2025-2026 había 60 gazatíes aceptados por universidades españolas. Que, además, cumplían los criterios para el visado, incluido tener 7.200 euros en el banco”.

Para Gaza40+ el proceso falla por múltiples factores: que “España no tiene Embajada en Jerusalén sino un Consulado que funciona bajo mínimos”, que “una vez concedido el visado, la última palabra la tiene Israel”, que existe “opacidad y arbitrariedad de Exteriores sobre a quién se evacúa y con qué prioridad. De hecho, hay estudiantes avisados de que en uno o dos días salían y luego los han dejado en tierra para dar sus plazas a otros” y que el Ministerio “con su opacidad, arbitrariedad y silencio administrativo sepulcral genera una incertidumbre que cava más hondo en el trauma psicológico por el genocidio”.

Testigos de esa angustia acrecentada son las doce voluntarias jordanas de “Ozwet Tulab Gaza”, proyecto que significa “Apoyo, Orgullo y Protección para estudiantes de Gaza”. Sus números de móvil circulan entre los universitarios gazatíes a la espera de evacuación, pues ellas dan asistencia al alumnado en tránsito, a través de Amman, a países de todo el mundo.

“Muchos nos preguntan por qué España tarda más que otros países y se nos rompe el alma”, declara una de estas jordanas. “España es la que más ha tardado en activar las deportaciones y exige mucha burocracia”, subraya. “Quizá sea”, aventura, “porque Israel se lo ponga más complicado por haberles criticado”. Aunque, al instante matiza: “Es raro porque Israel quiere vaciar la Franja de Gaza, sobre todo de su gente brillante, universitaria”.

“Lo cierto”, añade, “es que nosotras hemos ayudado a centenares de evacuados a Italia o Reino Unido… y los de España han sido a cuentagotas”. 

Universidades dando facilidades sin recibir gran información

Una de las universitarias gazatíes veteranas en la lista de espera fue admitida para su doctorado en la Politécnica de Madrid (UPM) en octubre de 2024. Este 2026 se le consiguió una beca de investigadora predoctoral y en junio el vicedecano de Internacionalización mandó al Cónsul General de España en Jerusalén, Javier Gutiérrez Blanco-Navarrete, una carta que menciona otra de marzo 2026, sin respuesta, y donde solicita “respetuosamente” que “se valore el caso como urgente” y se informe a la universidad de “cualquier vía, actuación o mecanismo que pudiera facilitar la salida de la interesada de la Franja de Gaza” y “su incorporación efectiva a la Universidad”.

El tutor del programa de doctorado de esta alumna, Javier Galeano, catedrático de Universidad Física aplicada de la UPM, está muy preocupado porque “hay riesgo de que ella pierda esta oportunidad de estudios, pues ya hemos solicitado una segunda prórroga de la beca y no creo nos las concedan infinitamente”.

La Autónoma de Barcelona UAB lleva, desde el curso 2024-2025, según datos remitidos por su gabinete de comunicación, esperando la llegada de hasta once becados que se han ido sumando en la convocatoria del 24-25, la del 25-26 y la del 26-27. A día de hoy sólo ha llegado una persona evacuada.

“La frustración es total”, admite el vicerrector de Relaciones Internacionales, Óscar Jané, quien explica que “por los retrasos, a veces, los pasaportes del alumnado caducan, y hay que reiniciar trámites”. Y testimonia que la tarea con los gazatíes, realizada por la UAB junto a la Fundación Autónoma Solidaria, “no es sólo administrativa sino psicológica porque, de pronto, nos cuentan que carros de combate van hacia sus casas. Pone la piel de gallina”.

En la Politécnica de Madrid temen que su alumna gazatí, que lleva dos cursos esperando a ser evacuada, pierda la beca si se acaban las opciones de prórroga. En la Autónoma de Barcelona, de 11 becados palestinos en estos 3 cursos sólo ha llegado uno evacuado. Y en la Universidad de Málaga, los 5 becados por venir tienen que reiniciar el trámite de visados al no haberlos traído el pasado curso.

Con todo “más vale ser positivos y optimistas”, dice, con la esperanza de que, en la evacuación del 13 de julio que se rumorea, “aunque no está confirmada”, llegue “una de nuestras alumnas”.

“Yo entiendo”, se muestra comprensivo, “que para el Consulado en Jerusalén no será fácil lograr evacuaciones que no dependen de ellos… Aunque esperamos que, ahora que el conflicto está en otra etapa, lo que viene tardando dos años en gestionarse, se resuelva en seis meses”.

Jané se compromete, en todo caso, a que la Autónoma será flexible para acoger al alumnado fuera de los plazos inicialmente previstos, y a que seguirán convocando ayudas a palestinos. El curso 25-26 recibieron 200 solicitudes, teniendo sólo 5 plazas disponibles. “Ojalá, hubiese acuerdos entre el Ministerio y las universidades públicas que nos dieran presupuesto para más becas anuales a palestinos”.

La Universidad de Málaga está a la espera de evacuación de cinco estudiantes palestinos, tres alumnas y dos alumnos, que debieron llegar el curso 25-26. “Parece que una ha recibido noticia de que podrían evacuarla el día 13. A nosotros nos llega poca respuesta del consulado”, traslada Enrique Nava Baro, vicerrector de Movilidad y Proyectos Internacionales de la UMA.

“Ahora tramitamos con el SEPIE extender al 26-27 la Erasmus de todos ellos”. La cuestión es que nuevas fechas de estudio implican nuevos visados a tramitar, en un círculo vicioso. “Aún comprendiendo las dificultades en la zona”, dice conciliador, “las autoridades españolas deberían resolver más rápido los visados”.

Enrique Nava asegura que, pese a los obstáculos, el programa de la UMA con Gaza continuará “porque nuestro interés no es sólo académico sino humanitario”. Pero, en su experiencia “la mayoría del alumnado palestino, tras pasar por España, quiere seguir su formación en países europeos donde se imparten cursos completos en lengua inglesa, que ellos dominan”.

Su equivalente en La Laguna, Inmaculada González, vicerrectora de Internacionalización y Cooperación, asegura que, en esa universidad canaria, están “deseando que lleguen” los dos alumnos gazatíes que ya debería haberse incorporado en el curso 2025-2026. Ignora cuándo vendrán, al no recibir respuesta del Consulado de Jerusalén “pese a escribirles sistemáticamente”. Como sus colegas de las universidades ya citados, garantiza que admitirán a los estudiantes pese al retraso, “si es que llegan”, y que ofrecerán más plazas para alumnado gazatí “por razones humanitarias”. Y, aunque manifiesta hacerse cargo de “la complejidad de la coyuntura” pide “un poquito más de agilidad, pensando en los estudiantes que allí tanto sufren”.

Tras el punto final de este texto, los 33 alumnas y alumnos aludidos seguirán en Gaza, al otro de las pantallas de sus móviles, con el corazón en un puño, deseando que la ciudadanía española y el gobierno los traigan, al fin, a estudiar a España.

La Universidad pública vasca (EHU) ha anunciado que acatará las medidas cautelares adoptadas por varios juzgados de no tener en cuenta la calificación de Euskera y Literatura II en el cálculo de la nota de acceso de las personas que obtuvieron bajas calificaciones y acudieron a la Justicia. Se les reservará una plaza, de tal manera que no se perjudique tampoco al resto. “Los autos implican dos obligaciones que debemos acatar: no contar a las personas interesadas la calificación que hayan obtenido en la prueba de euskera y reservar una plaza a las personas interesadas”, ha señalado el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, en unas declaraciones que recoge EiTB.

La decisión se ha adoptado tras una reunión de urgencia celebrada en la tarde de este martes entre el rector y el consejero de Ciencia, Universidades e Innovación del Gobierno vasco, Juan Ignacio Pérez Iglesias. “Se ha acordado que serata de medidas cautelares cuya resolución definitiva está todavía pendiente y que los propios autos establecen expresamente que, si finalmente prosperan los recursos presentados por la universidad o la sentencia definitiva fuera contraria, las personas que han interpuesto un recurso y accedan ahora a una plaza la perderán”, ha explicado la EHU en un comunicado.

Los exámenes de euskera en la Selectividad han generado controversia, sobre todo en centros concertados del modelo A —con el castellano como lengua vehicular— del entorno de Bilbao, en los que se ha dado una acumulación de ceros. Tras la revisión de los exámenes, se estimó que, en alrededor del 80% de los casos, la nota podía incrementarse mínimamente, pero no en más de dos puntos. Algunos juzgados han ordenado en los últimos días, como medidas cautelares, que esa nota no se tenga en cuenta. La EHU ha recurrido esta decisión, pero por el momento la acata.

En cualquier caso, la EHU subraya que la normativa que rige eel acceso a la universidad “establece expresamente” que la materia de euskera “debe formar parte de la calificación de la fase de acceso”, de tal manera que la situación “plantea un dilema jurídico inédito”.

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja y presidente del Instituto de Estudios Riojanos, José Luis Pérez Pastor, y la rectora de la Universidad de La Rioja, Eva Sanz, han mantenido este martes una reunión de trabajo para presentar el nuevo portal de publicaciones científicas del Instituto de Estudios Riojanos en formato OJS (Open Journal Systems), accesible a través de Publicaciones IER (www.publicacionesier.es), y proceder a la firma de tres acuerdos de colaboración entre ambas instituciones y la Fundación Dialnet. En el encuentro han participado también el vicerrector de Política Científica de la Universidad de La Rioja, Eduardo Fonseca; la directora gerente de la Fundación Dialnet, Elena López; y el gerente del Instituto de Estudios Riojanos, Óscar Robres. 

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud del Gobierno de La Rioja y presidente del IER, José Luis Pérez Pastor, ha destacado que la firma de estos tres instrumentos de colaboración supone “un espaldarazo a la labor científica del Instituto de Estudios Riojanos, una institución que cumple 80 años y que ha desarrollado grandes labores para nuestra región a efectos identitarios, científicos y divulgativos”. Asimismo, ha subrayado que este acuerdo “viene a reforzar el trabajo conjunto entre la Universidad de La Rioja, la Fundación Dialnet y el IER, en beneficio de la comunidad científica y de los riojanos”.

En este sentido, ha explicado que el nuevo portal y los acuerdos firmados permiten dar un salto cualitativo en la gestión de las publicaciones científicas, en un contexto en el que la investigación “requiere de herramientas digitales avanzadas y de una mayor capacidad de difusión y alcance internacional”, destacando el papel de la Universidad de La Rioja y de Dialnet como socios estratégicos en este proceso de modernización.

Por su parte, la rectora de la Universidad de La Rioja ha señalado que “para la Fundación Dialnet supone una enorme satisfacción emplear nuestros recursos al servicio del Instituto de Estudios Riojanos, contribuyendo al impulso, la difusión, el impacto, la visibilidad y la profesionalización de las investigaciones, estudios y publicaciones dedicados al patrimonio cultural y científico de La Rioja”.

La principal novedad presentada ha sido la puesta en marcha del nuevo portal de revistas científicas del IER en OJS, una plataforma digital destinada a modernizar la gestión editorial de las publicaciones científicas de la institución. El proyecto permitirá alojar y gestionar revistas académicas en un entorno digital unificado, adaptado a los estándares internacionales de edición científica y acceso abierto. Cada publicación contará con un espacio propio e independiente para la gestión editorial, revisión de originales, publicación de contenidos y difusión científica. 

Entre las publicaciones que ya acoge el nuevo portal figuran las revistas Berceo y Zubía, dos de las principales cabeceras científicas editadas por el Instituto de Estudios Riojanos. Berceo, fundada en 1946, es la revista más veterana vinculadas al estudio de La Rioja y ha difundido durante décadas investigaciones relacionadas con la historia, la literatura, el patrimonio, el arte o la cultura riojana. Por su parte, Zubía, creada en 1983, se ha especializado en el ámbito de las ciencias naturales y experimentales, con especial atención a disciplinas como la paleontología, la geología, la biología o el medio ambiente. Ambas publicaciones constituyen una referencia en la investigación sobre La Rioja y forman parte del patrimonio científico y editorial de la comunidad.

Avance estratégico para difundir el conocimiento científico 

La implantación de Open Journal Systems representa un avance estratégico para la difusión del conocimiento científico generado en La Rioja. OJS es actualmente una de las plataformas más utilizadas internacionalmente para la edición de revistas científicas en acceso abierto y permite actualizar los procesos editoriales, mejorar la trazabilidad de los artículos y optimizar la comunicación entre autores, revisores y equipos editoriales. Además, facilita la indexación en bases de datos académicas, incrementa la visibilidad internacional de las publicaciones y mejora la preservación digital de los contenidos científicos. El sistema incorpora herramientas específicas para la gestión de metadatos, estadísticas de consulta, interoperabilidad científica y adaptación a estándares internacionales de publicación académica. 

Gracias a esta infraestructura, las revistas científicas del IER podrán aumentar su proyección, accesibilidad e impacto dentro de la comunidad investigadora nacional e internacional.

Además, el IER ha implementado el sistema DOI (Digital Object Identifier) en sus publicaciones científicas. Esto supone la asignación de un identificador único y permanente a cada artículo o contenido publicado, similar a un “DNI digital” para los textos científicos. Este código garantiza que cada publicación pueda localizarse y citarse de forma inequívoca en cualquier parte del mundo, incluso aunque cambie la dirección web donde se aloja. De este modo, se refuerza la estabilidad de las referencias académicas, se facilita la trazabilidad de los trabajos y se incrementa la visibilidad internacional de las investigaciones, ya que los DOI son un estándar ampliamente utilizado por bases de datos y sistemas de indexación científica.

Convenios de colaboración

Durante el acto también se ha informado de la firma de tres instrumentos de colaboración. El primero de ellos es un convenio marco entre la Universidad de La Rioja y el Instituto de Estudios Riojanos para impulsar actuaciones conjuntas en los ámbitos de la formación, la investigación, la transferencia e intercambio del conocimiento y la promoción cultural. El acuerdo contempla la organización conjunta de actividades científicas y culturales, el impulso de proyectos de investigación multidisciplinares, la colaboración docente e investigadora y el fomento de prácticas y trabajos académicos vinculados al IER. 

El segundo acuerdo consiste en un protocolo de colaboración entre la Fundación Dialnet y el IER en el marco del proyecto Dialnet Global, orientado a reforzar la presencia digital de las publicaciones científicas riojanas y ampliar su visibilidad dentro del ecosistema académico hispano. El protocolo actualiza la colaboración existente entre ambas entidades desde 2008 y facilitará la integración de publicaciones del IER en Dialnet, así como el acceso a servicios documentales avanzados. 

El tercer convenio regula el marco de colaboración entre el IER y la Fundación Dialnet para la creación y mantenimiento técnico del portal de contenidos científicos en formato OJS. El acuerdo prevé el desarrollo de una infraestructura tecnológica específica para alojar revistas científicas riojanas, incluyendo soporte técnico, actualizaciones, copias de seguridad, certificados de seguridad y asesoramiento continuo a los equipos editoriales. 

El Centro de Investigación Mariña (CIM) de la Universidade de Vigo (UVigo) ha constituido el primer banco nacional de arena de playa de España, “un hito científico construido grano a grano”, en el marco del proyecto Iberarenum, financiado por la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (Fecyt),

Según recoge el Diario de la Universidade de Vigo (DUVI) –citado por Europa Press– el banco cuenta ya con más de 130 muestras procedentes de playas de toda la península ibérica, recogidas por la ciudadanía siguiendo unas instrucciones facilitadas por el equipo investigador y enviadas posteriormente a la UVigo para su catalogación y análisis.

La idea es que Iberarenum no tenga “fecha de caducidad”, ya que el objetivo del CIM es que el banco de arena siga creciendo a lo largo del tiempo, reuniendo nuevas muestras y analizándolas con fondos propios del Centro.

“Involucrar a la sociedad en el proceso científico es una poderosa herramienta para dar a conocer el medio marino y la importancia de conservarlo. Las playas son ecosistemas en constante cambio debido a factores como el clima o las características geológicas de su entorno y analizar la arena nos ayuda a comprender su evolución, los impactos del cambio climático y permite mejorar la gestión sostenible de los recursos costeros”, ha reivindicado el director del CIM, Daniel Rey.

La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) es probablemente la gran desconocida del sistema universitario público andaluz. Nacida en 1994 como una de las dos únicas universidades españolas especializadas exclusivamente en posgrado, hoy reivindica su papel como la décima universidad pública andaluza, orientada a la especialización, el aprendizaje permanente y la conexión con el mercado laboral.

Coincidiendo con el periodo de matriculación de másteres, abierto hasta el 26 de junio, su rector, José Ignacio García, pone el foco en cambiar una realidad que considera preocupante: menos de la mitad de los graduados universitarios continúan sus estudios con una formación de posgrado. Frente a ello, defiende el valor de la universidad pública como vía de especialización accesible —“un máster cuesta menos de 900 euros”, subraya— y de calidad, animando tanto a los recién graduados como a los profesionales en activo a seguir formándose en un mercado laboral en constante transformación.

La Universidad Internacional de Andalucía se define como una institución “singular” dentro del sistema público andaluz. ¿Qué diferencia hoy a la UNIA del resto de universidades públicas?

La principal diferencia es que somos una universidad sin profesorado propio. En esta universidad el único profesor a tiempo completo soy yo. El resto de profesores de nuestros más de 40 programas de máster y de doctorado vienen del resto de universidades andaluzas. Lo que hacemos es contratar para las horas que son necesarias a los profesores que necesitamos en cada programa. Y por eso cada programa se adapta de una manera muy flexible a las necesidades del mercado, pues cambiamos nuestra contratación cada año. Y luego, la otra gran diferencia es que somos una universidad solo de posgrado, que no tenemos grados universitarios. Por tanto, aquí los alumnos pasan como máximo un año.

Durante años mucha gente ha asociado la UNIA a los Cursos de Verano. ¿Qué es hoy la Universidad Internacional de Andalucía en su conjunto?

Yo diría que la UNIA hoy día ya es una universidad puramente de posgrado, donde la actividad principal son los másteres, los doctorados y los títulos propios que tenemos para más de 2.000 personas. Esos títulos son los que definen nuestra oferta más estable, que es la misma año tras año, salvo las incorporaciones que estamos teniendo, que por suerte estamos incorporando cada año bastantes títulos nuevos. Los cursos de verano siguen siendo importantes, pero ya no dejan de ser más que como mucho un cuarto de nuestra actividad. Las otras tres cuartas partes son formación permanente y postgrado, tanto oficial como propio.

¿Y qué cree que todavía desconocen muchos andaluces sobre la universidad que dirige?

Nosotros estamos haciendo mucho esfuerzo para que los andaluces sean conscientes de que tienen diez universidades en Andalucía y que esta décima, aun siendo la más pequeña, es una universidad muy adecuada para todos aquellos que se quieren especializar, que han terminado un grado y que quieren hacer una especialización en alguno de los campos en los que trabajamos, que son muchos, o para aquellos que están trabajando ya y quieren especializarse o profundizar en alguna materia. Nuestra forma de organizar la docencia tan flexible, que permite hacerlo a tiempo completo o a tiempo parcial, que permite dedicarle el tiempo que tú buenamente tengas en tus tardes o en tus noches o en tus mañanas, hace que esta oferta sea una oferta muy interesante para el andaluz medio que decide formarse en algo de una manera más especializada.

¿Qué perfil tiene hoy el estudiante de la UNIA?

La edad media está en torno a 28 o 29 años que es el resultado de estos dos colectivos [joven recién graduado y adulto de mediana edad en el mercado laboral] muy distintos, pero que se complementan muy bien en el aula. También es una ventaja comparativa que tenemos: que se mezclen alumnos de veintipocos con alumnos de 30 y muchos hace que esas aulas sean muy versátiles, que los alumnos sin experiencia laboral aprendan habilidades soft que no están en la estructura del programa de sus compañeros de aula. Sumado también a la diversidad cultural que hay por la mezcla de nacionalidades. Entre ellos se van complementando, creando sinergias y aprendiendo cosas del mercado de trabajo que no las aprendes en el aula.

Nosotros cada año hacemos una revisión profunda al programa para cambiar los contenidos de las asignaturas y adaptarnos a lo que el propio mercado está demandando

¿Cuáles son actualmente los másteres más demandados de la UNIA?

Los másteres más demandados son tres, todos ellos relacionados con el mundo educativo. Uno es el de Tecnología Educativa, un máster que hacemos con la Universidad de Málaga. Es el máster más demandado en primera preferencia, no ya de la UNIA, sino de toda Andalucía. Recibe cada año más de 1.000 solicitudes solo en primera preferencia. Eso quiere decir que al menos mil personas están interesados en un máster que tiene 100 plazas a partir de este año.

Luego está también el MAES, el Máster de Profesorado, que en nuestro caso es muy particular porque se especializó en las asignaturas de Formación Profesional (FP) donde hay menos oferta en Andalucía. Ahí había muchísima demanda no cubierta y por eso decidimos cubrir especialidades como hostelería, salud, informática, formación y orientación laboral. Y luego hay otro máster muy interesante que es el Máster de Actividad Física para la Salud, orientado a fisioterapeutas, enfermeros, maestros de Educación Física que quieren especializarse en cómo utilizar la actividad física en el entorno de la salud.

De cara al próximo curso, la universidad ha ampliado su oferta de másteres oficiales con nuevos títulos relacionados con la inteligencia artificial. Muchas universidades están incorporando la IA a sus programas. ¿Qué está haciendo la UNIA que sea realmente diferente?

El año que viene entramos con cuatro nuevos másteres, tres en el entorno de la inteligencia artificial, como decías. Uno es el de 'Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para ciencias de la salud', para gente que quiere aprender cómo aplicar las herramientas de inteligencia artificial a su campo de trabajo. Otro es el Máster de 'Aprendizaje de idiomas con tecnologías inteligentes', sobre cómo aprender idiomas con inteligencia artificial y cómo enseñarlo. Y otro es el de inteligencia institucional, que es el de aplicación de la IA a la gestión pública.

¿Qué distingue nuestros másteres de inteligencia artificial de otros que hay en el mercado? Pues el modelo eliA, una patente de esta casa que consiste en una metodología de enseñanza totalmente novedosa de másteres en línea. Esos tres másteres son online, pero no son como esos que te dejan unos materiales, tú los trabajas y apruebas la asignatura, sino que tienen un componente síncrono, un componente en directo con el profesor muy importante. Y luego tiene otro componente muy especial que es el acompañamiento personalizado que tienen todos los alumnos por un tutor o tutora que está encima de sus ejercicios, de sus entregas, que les hace un seguimiento personalizado a cada uno para que cada uno dé de sí lo máximo que pueda. O sea que no es un máster de masas, es un máster muy personalizado. El alumno recibe una atención muy adecuada cada uno a su propio currículum y eso es lo que los hace especiales.

La innovación aparece como una de las marcas de la casa de la UNIA. ¿Cómo se traduce esa apuesta en la práctica?

La innovación educativa nosotros la tenemos en presente en todos los campos. Para empezar, desde antes del COVID, aquí se realizaban unos seminarios online de innovación educativa para los docentes de todos los niveles de enseñanza. Esos webinars dan píldoras de formación sobre metodologías concretas que se utilizan en el aula con tecnologías inteligentes. Cada año son en torno a 800-900 personas las que acceden a esos webinars y están muy presentes también en los cursos de verano.

En los grados cada vez hay menos asignaturas de especialización porque no da tiempo a verlas, en el posgrado es donde te especializas

¿Ser una universidad especializada en posgrado permite reaccionar con más rapidez a los cambios tecnológicos y del mercado laboral?

Esa es la principal ventaja comparativa que tenemos, que nuestros títulos no se quedan antiguos. Por obligación tenemos que revisarlos cada dos años, pero nosotros cada año hacemos una revisión profunda al programa para cambiar los contenidos de las asignaturas y adaptarnos a lo que el propio mercado está demandando. Esa es la principal ventaja del posgrado, que es mucho más versátil, mucho más adaptable a la realidad. Y yo creo que ahí Andalucía tiene una gran oportunidad. Estamos ante el invierno demográfico, donde cada vez vamos a tener menos alumnos en las aulas. En el posgrado, sin embargo, tenemos mucho campo donde crecer, porque ahora mismo menos de uno de cada dos alumnos de grado hace un posgrado.

¿Y por qué cree que no se apuesta tanto todavía por esta vía cuando se terminan los grados universitarios?

Pues yo creo que por tradición quizá. Todavía las estructuras mentales son ir a la universidad a hacer su licenciatura y una vez terminada la licenciatura a trabajar, y no se entendió bien el cambio del sistema de Bolonia. El cambio de paradigma de que la licenciatura antigua se descompone ahora en un grado más un posgrado. Los grados son más generales. En los grados cada vez hay menos asignaturas de especialización porque no da tiempo a verlas. En el posgrado es donde te especializas, donde ya una vez que tienes una formación básica, quieres especializarte en una de las ramas del saber. Eso tiene que ser entendido por la población de una manera mucho más intensa a lo que se hace ahora mismo.

Usted suele destacar la calidad del profesorado como uno de los principales activos de la UNIA. ¿Qué distingue al profesorado de su universidad?

Los profesores no tienen contrato laboral con la UNIA. La vinculación es a través de lo que se llama técnicamente un encargo docente. Los profesores universitarios tenemos todos un margen de horas de libre disposición donde podemos dar clases en cualquier otra institución universitaria o no universitaria. Entonces lo que hacemos es aprovecharnos de ese margen de horas para dar como máximo las 75 que permite la ley. Entonces los profesores están con nosotros desde unas pocas horas hasta 70 o 75, y son profesores de todas las universidades andaluzas y del resto del mundo.

La principal ventaja que tiene tener un máster con la UNIA es que nosotros somos los que nos encargamos de incorporar al profesorado externo. Por ejemplo, si quieren un experto en una metodología docente que está trabajando en Bruselas, nosotros lo contratamos. Que quieren a un profesor o profesora que viene de Estados Unidos o de Argentina, nosotros lo contratamos. Por eso nuestro profesorado es mucho más internacional que el resto de universidades, porque la mayoría de estos profesores vienen del resto del mundo o del resto de Andalucía.

La manera de contratar a estos profesores en el modelo eliA también es distinta. Lo que hacemos es convocar un banco de expertos en las asignaturas que se tienen que impartir en el modelo y los propios profesores de cualquier universidad se postulan. Seleccionamos a los que tienen el mejor currículum. Ese banco de expertos es una metodología nueva que hace que los profesores sean seleccionados de una manera mucho más competitiva y mucho más externa a los propios claustros de profesores.

Andalucía es la primera comunidad autónoma en España en captación de alumnado internacional de máster en Iberoamérica

La vocación internacional forma parte del ADN de la UNIA desde sus orígenes. Cuando habla de internacionalización, ¿habla de atraer estudiantes extranjeros o de proyectar Andalucía al exterior?

De las dos cosas. La función de internacionalización de la UNIA en el sistema universitario público andaluz es doble. Por un lado, tenemos el encargo de la Junta de Andalucía de coordinar la actividad en ferias y en congresos internacionales llevando al conjunto de universidades andaluzas a las más importantes. Acabamos de llegar de Orlando, de la Feria NAFSA, que es la más importante que se hace en Norteamérica, donde van más de 500 universidades y más de otras 300 o 400 empresas del mundo educativo. Ahí el sistema universitario público andaluz va unido y nosotros nos encargamos de esa promoción.

Pero también nos encargamos obviamente de captar alumnado internacional no solo para la UNIA, sino para el resto del sistema. Andalucía es la primera comunidad autónoma en España en captación de alumnado internacional de máster en Iberoamérica. Estamos por encima ya de Madrid y de Barcelona en universidades públicas y en máster. Eso es gracias a esta política de internacionalización que hacemos junto a las diez universidades andaluzas. Tenemos unos instrumentos muy potentes que son el Grupo La Rábida, que es un grupo que tengo el honor de presidir, un grupo de 120 universidades latinoamericanas que nos nutre de alumnado para nuestros másteres, entre otras herramientas.

La universidad mantiene una estrecha relación con Iberoamérica y el Magreb. ¿Qué aporta Andalucía al diálogo académico entre Europa, América Latina y el norte de África?

Lo que hacemos es ponerlas en contacto, una de las de las actividades que tiene más éxito en el Grupo La Rábida es la convocatoria de conversatorios. Son pequeños encuentros sobre una temática concreta donde ponemos en contacto a profesores de tres países distintos al que acoge el encuentro. Es decir, estamos celebrando un conversatorio, por ejemplo en Argentina, con un docente andaluz, uno chileno y uno mexicano. Esos conversatorios lo que sirven es para poner en contacto los grupos de investigación de las universidades andaluzas con los grupos de investigación de las universidades latinoamericanas. Y por otro lado, también tenemos becas para captar talento internacional hacia nuestras universidades. Estas becas lo que hacen es ofrecer ayudas para la matrícula, el alojamiento y la manutención de alumnos de estas 110 universidades latinoamericanas en cualquiera de las universidades andaluzas.

¿Cómo compite una universidad andaluza en un mercado global donde un estudiante puede formarse online desde cualquier parte del mundo?

Tenemos varias ventajas comparativas. Obviamente, es un mundo difícil. Ahora mismo estamos compitiendo con China, Rusia, India y con países del resto de Europa que cada vez más están intentando captar alumnado latinoamericano. ¿Cómo competimos nosotros? Primero, con el idioma. Los alumnos que vienen aquí estudian en español, escriben en español sus trabajos fin de máster o sus tesis doctorales y eso es una gran ventaja comparativa. La otra ventaja es el clima, el bienestar que podemos ofrecer a los alumnos que vienen a vivir a Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba o Huelva. Y por último, competimos en calidad, intentamos ofrecer cada vez mejores programas, programas más competitivos, con buen profesorado. El currículum de los profesores que dan clase en nuestros másteres es muy potente y lo tratamos de poner en valor.

El modelo de financiación del que disponemos ahora mismo en Andalucía ofrece a la UNIA una situación de bastante estabilidad, así que no hay incertidumbre como sí en otras universidades andaluzas

Como hemos comentado, la UNIA trabaja habitualmente junto a otras universidades públicas andaluzas. ¿Qué papel juega dentro del ecosistema universitario andaluz?

El papel que juega es el de coordinación de programas de posgrado, programas de máster y de doctorado singulares también. ¿Por qué nos buscan el resto de universidades hermanas? Porque tienen un programa en el que necesitan profesorado del resto del mundo que ellos no pueden contratar o tienen un programa donde tienen unas necesidades de formación online que sus plataformas no pueden soportar. Por tanto, nosotros lo que ofrecemos es esa complementariedad. Lo que hacemos es cubrir necesidades que para una universidad sería muy caro resolver.

Los rectores de las universidades públicas andaluzas vienen reclamando más financiación para afrontar la transformación que tienen por delante las instituciones académicas. Hace unos días el portavoz Francisco Oliva volvió a alertar de que los recursos actuales son “claramente insuficientes”. ¿Cómo afecta a la UNIA esa situación?

La UNIA tiene una situación distinta al no tener profesorado. Nuestro capítulo uno, que es la principal espada de Damocles de cualquier universidad pública, es reducido. Se compone de los 130 trabajadores que tenemos en la UNIA, pero que no son ninguno profesores. Nuestros profesores están en el capítulo dos, que es más grande en términos relativos que el capítulo dos del resto de universidades. No es solamente luz, agua y teléfono, es eso y profesores. Por tanto, nuestras restricciones presupuestarias vienen más por capítulo dos que por capítulo uno. Pero el modelo de financiación del que disponemos ahora mismo en Andalucía ofrece a la UNIA una situación de bastante estabilidad porque establece que la UNIA se financiará con el 0,85 % de la envolvente total del sistema. Por tanto, nosotros podemos planificar a medio plazo de una manera muy ágil, porque sabemos de un año para otro cuando se aprueban los presupuestos en el Parlamento andaluz, cuánto le corresponde a la UNIA. No hay incertidumbre, como hay en otras universidades, y eso nos permite planificar más a medio y largo plazo.

Y con las particularidades de su universidad, ¿cuáles diría que son las principales reivindicaciones, necesidades o debilidades que tiene el sistema? ¿De qué manera podríamos hacerlo más competitivo?

Para hacer el sistema más competitivo necesitamos diseñar programas de posgrado, de máster y de doctorado atractivos académicamente. Tenemos muy buenos investigadores en las universidades andaluzas, pero que no se dedican todo lo que podrían a la formación. Por tanto, tenemos que animar a esos investigadores potentísimos a que dediquen una parte de su tiempo a la formación de posgrado, a la formación de nuevos profesionales, porque en la universidad tiene que haber un relevo generacional más pronto que tarde y necesitamos jóvenes investigadores con capacidad de investigación y con capacidad también de docencia.

Yo creo que la principal reivindicación es que necesitamos crecer en el posgrado y luego tenemos que crecer también en la internacionalización en otras áreas. En Andalucía tenemos muy desatendido el sudeste asiático, precisamente porque nuestra formación es básicamente en español. Deberíamos crecer en una formación más bilingüe, con una formación más en inglés que pudiese atraer a alumnado asiático, que ahora mismo es la principal cantera en el mundo. Esos alumnos chinos, indios, etcétera, están yendo principalmente a Madrid y Barcelona y aquí en Andalucía no nos podemos permitir estar fuera de ese mercado.

Para terminar, rector, como comentaba antes, todavía hay mucho estudiante recién graduado que no opta por la vía del máster. ¿Por qué le recomendaría apostar por el posgrado?

Yo les diría que tienen que darse cuenta de que haber terminado el grado universitario, haber entregado el trabajo fin de grado y recibir su título, no termina su fase de formación. Como decía antes, los grados universitarios están pensados para dar formación generalista y así debe ser. Los alumnos tienen que recibir una buena formación básica que les ayude a interpretar el mundo. Pero ahí no está todo. Luego viene la fase de especialización. Si tú eres, por hablar de mi campo, licenciado en Economía, tú tienes que decidir si te quieres dedicar al mundo de las finanzas o al análisis de datos. Eso solamente se aprende en un máster que te especialice en cualquiera de esos campos. Sin ese máster tú vas a poder hacer trabajo de base. Vas a poder ser, permíteme la expresión, peón de tu empresa, pero nunca líder de un equipo de investigación ni de un proyecto en el que se está haciendo análisis económico de primer nivel.

Para eso tienes que especializarte y aprender herramientas que solamente se aprenden en el máster. Por tanto, yo les diría a los que acaban de terminar el grado que miren la oferta de más de mil másteres que hay en Andalucía, en el sistema universitario público, que estudien los programas, que no se fijen solo en el nombre, que es importante que se fijen en qué asignaturas tiene este programa y qué profesores dan clase. Tenemos que aprender cada vez más a mirar el curriculum del profesorado.

¿Y a aquellos estudiantes o incluso familias que tienen asociados los másteres con cifras desorbitadas, que piensan que no se lo pueden permitir?

Eso es una falacia, es un mantra. Los másteres en la universidad pública cuestan menos de 900 euros el máster. A diferencia de los másteres privados, donde sí cuestan de 10.000 a 20.000 euros, un máster público en Andalucía no cuesta más de 900 euros. Un máster completo cuesta lo mismo que un curso universitario de grado. Es decir, lo que has pagado por cuarto o por tercero es lo que vas a pagar por un máster. Y si has aprobado tus asignaturas en cuarto, el máster te sale prácticamente gratis, porque aquí en Andalucía tenemos la política de la bonificación del 99 %, que hace que el máster a un alumno que acaba de terminar, el máster le cueste menos de 20 euros. Eso quiere decir que el máster está financiado por el conjunto de la sociedad andaluza. La sociedad andaluza quiere que sus alumnos se especialicen y por eso pone encima de la mesa el dinero que cuesta el máster, que obviamente no son 900 euros, es mucho más.