La Universidad pública vasca pasará a denominarse de forma oficial y única Euskal Herriko Unibertsitatea (EHU) y así quedará como nombre oficial en los estatutos aprobados este martes con el apoyo de casi las tres cuartas partes del Claustro, un 73,7% del total. “Los nuevos estatutos suponen un paso adelante, una actualización importante en la universidad pública, no solo para adaptarse a la legalidad vigente, sino imprescindible para dar respuesta a las necesidades de la sociedad”, ha señalado la secretaria general de la EHU, Leire Garmendia.

Además del cambio de nombre, que ha contado con 106 votos a favor, de entre tres opciones que había para escoger, en los nuevos estatutos se ha aprobado cuestiones como que los órganos universitarios contarán con una mayor representación del estudiantado y del personal docente e investigador no permanente, así como con una mayor autonomía y presencia de las estructuras que conforman la universidad.

Garmendia ha insistido en que el objetivo fundamental de los nuevos estatutos es “reforzar el carácter democrático de la universidad”. “Tal y como se recoge en el texto aprobado, la Euskal Herriko Unibertsitatea es una universidad plural y feminista, defensora de los valores LGTBI+, que reconoce a todos los colectivos que conforman su comunidad y trabaja en favor de la convivencia. En esa misma línea, se ha incrementado la representación del estudiantado y del personal docente e investigador no permanente en los órganos universitarios y se aumenta el valor del voto ponderado de los mismos en las elecciones a rector o rectora”, ha aclarado.

Sobre la opción de cambiar el nombre a solo en euskera, desde la EHU sostienen que la nueva denominación “va en la misma línea de la renovación de la marca de la EHU presentada en junio del pasado año”. Sin embargo, el aquel momento, y frente a las críticas que suscitó el cambio, el rector de la EHU, Joxerramon Bengoetxea, argumentó que el cambio de marca a solo EHU “no supone un cambio de nombre oficial, que sigue siendo bilingüe y se incluirá en el logotipo, sino una actualización visual alineada con los tiempos y las necesidades comunicativas actuales”.

“El enfoque 'less is more' ha sido adoptado también por otras universidades del entorno. Por ejemplo, la Universidad Pública de Navarra / Nafarroako Unibertsitate Publikoa utiliza en su logotipo únicamente las siglas en castellano ”UPNA“, sin que ello haya causado controversia. De manera similar, la Universidad de Deusto / Deustuko Unibertsitatea ha decidido emplear exclusivamente ”Deusto“ como elemento distintivo en su identidad visual y Mondragon Unibertsitatea, por su parte, el nombre y las siglas MU en euskera”, detalló el rector en aquel momento.

En la explicación de la comisión de Ciencia, Universidades e Innovación del Parlamento Vasco sobre el cambio de marca, el rector sostuvo que no buscaban “priorizar el euskera sobre el castellano”. “Nosotros estamos a favor del bilingüismo de la Universidad, sin ninguna duda, y de que se introduzca una tercera o cuarta lengua también. El nombre oficial seguirá siendo el mismo: Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea. Lo que hemos hecho ha sido solo el cambio de la marca. Es la continuación de un proceso ya empezado desde antes. No es priorizar el euskera sobre el castellano. No es el objetivo que hemos tenido. Nuestro objetivo es la modernización de la marca, para ello quitar la barra y reducir las siglas, pero manteniendo el logo de Chillida. Puede que a algunos les produzca nostalgia ver desaparecer la marca UPV, pero estad seguros de que la Universidad del País Vasco seguirá existiendo”, detalló el rector en el Parlamento Vasco.

Desde el Consejo de Estudiantes de la EHU han valorado positivamente la nueva norma debido a que “incorpora mejoras relevantes en derechos, participación y garantías y consolida una visión de la universidad más democrática, más social y conectada con las necesidades reales de quienes forman parte de ella”. “Celebramos especialmente que los nuevos Estatutos refuercen derechos que afectan directamente a la vida cotidiana del estudiantado. La conciliación, la salud mental y emocional, la desconexión digital, la atención ante situaciones personales difíciles y la mejora de las garantías en el ejercicio de los derechos estudiantiles dejan de ser cuestiones secundarias y pasan a formar parte del núcleo sustancial de la norma fundamental de la EHU. No hablamos de cuestiones banales, sino de condiciones materiales básicas para poder estudiar en igualdad y con dignidad”, reconocen.

El Consejo ha destacado que la nueva norma incluye mejoras en la participación del estudiantado en la gobernanza universitaria. “La aprobación de las opciones y planteamientos que refuerzan el peso del estudiantado en los órganos de gobierno y en la elección a Rectora o Rector supone una conquista de gran importancia. La universidad será más democrática en la medida en que el colectivo más numeroso de su comunidad tenga una voz más fuerte allí donde se toman las decisiones”.

“El Consejo de Estudiantes pone en valor que los nuevos estatutos dibujen una universidad pública con compromisos claros en materia de igualdad, feminismo, diversidad, derechos lingüísticos, sostenibilidad y derechos humanos. Resulta especialmente positivo que el texto recoja expresamente el compromiso con la igualdad entre mujeres y hombres, la lucha contra la violencia machista, el reconocimiento de las personas no binarias, el respeto al colectivo LGTBIQ+, la defensa del euskera y una visión social y democrática de la convivencia universitaria. En un momento en el que determinados discursos reaccionarios intentan cuestionar estos consensos básicos, que la universidad pública los asuma de forma expresa en su norma fundamental tiene un valor simbólico muy relevante”, concluyen.

El Claustro de la Universidad pública vasca (EHU) votará este martes los nuevos estatutos. Entre otros asuntos, se decidirán la nueva denominación y el número de representantes del alumnado en los órganos de representación. La reunión del Claustro, a la que están convocados 237 representantes, se desarrollará en el Bizkaia Aretoa, en Bilbao, a partir de las diez de la mañana. Según han explicado desde la EHU, de este modo se cumplirá con el plazo establecido por la LOSU, que en 2023 dio un periodo a las universidades hasta abril de 2026 para adaptar sus estatutos a la ley.

La renovación de los estatutos de la EHU es, en palabras de sus responsables, “fruto de un largo proceso que ha contado con una amplia participación en todos los pasos”. Durante el periodo de consulta pública se presentaron 484 propuestas, que el 23 de enero fueron resueltas por el Grupo Asesor y recibieron el visto bueno del Consejo de Gobierno el pasado 19 de febrero. Posteriormente, se han realizado 91 alegaciones al documento, sobre las que el Claustro tomará una decisión definitiva para que la EHU cuente con unos nuevos estatutos 15 años después de haber aprobado los anteriores, según recoge Europa Press.

Según ha explicado la Universidad, el Claustro votará el cambio de nombre de la universidad, el nuevo número de representantes del Claustro y del Consejo de Gobierno, los méritos que como mínimo deben tener reconocidos los candidatos a dirigir el Rectorado y el valor del voto ponderado en las elecciones a rector. Para la denominación, los miembros del Claustro deberán elegir entre Euskal Herriko Unibertsitatea, Euskal Herriko Unibertsitatea/Universidad del País Vasco o Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea.

En la composición del Claustro se ha propuesto que todos los colectivos tengan “una representación equilibrada”. Actualmente corresponde al sector del alumnado el 22% de los miembros del Claustro, la LOSU propone que sea al menos el 25% y el Consejo de Estudiantes ha propuesto aumentarla al 26,5%. Por otro lado, se decidirá sobre el número de sexenios que los candidatos en el proceso electoral de la EHU deberán tener reconocidos. Actualmente se requieren tres sexenios de investigación y ahora se optará entre si deben contar dos sexenios de investigación, o tres sexenios de investigación o tres sexenios de investigación y/o transferencia. También dentro del procedimiento de elección de rector, se propone cambiar la ponderación del voto. Los miembros del Claustro deberán elegir para el voto del alumnado entre el 29%, el 23% o el 26%, y para el personal docente e investigador (PDI) entre el 51% y 55%.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) celebra del 20 al 24 de abril la Semana del Personal Erasmus+, una actividad internacional que se desarrolla en los campus de Toledo y Ciudad Real y que reúne a 40 profesionales procedentes de 13 países. El encuentro, enmarcado en el programa Erasmus+, combina sesiones académicas, actividades formativas y visitas culturales con el objetivo de favorecer el intercambio de experiencias entre universidades y dar a conocer los recursos locales.

Según ha explicado el vicerrector de Política Internacional y Alianzas Globales, Raúl Martín, el 60 % de las personas participantes pertenece al personal docente e investigador y el 40 % restante a personal técnico, de gestión y de administración y servicios. Martín ha subrayado que la iniciativa permite “dar a conocer la UCLM, sus instalaciones, su investigación y sus distintas unidades”, además de facilitar el trabajo conjunto entre profesionales de áreas similares, como bibliotecas u oficinas de gestión.

La programación se inicia este lunes en el Campus de Toledo con la recepción de participantes, la presentación institucional de la UCLM y una primera toma de contacto con el idioma español, además de una visita guiada al edificio histórico de San Pedro Mártir y a la catedral. El martes, en el Campus de la Antigua Fábrica de Armas, se celebrarán presentaciones de las universidades participantes y una sesión de networking, junto a un recorrido por las instalaciones. La jornada incluye también una actividad centrada en el territorio, el paisaje y la economía, con una visita a una bodega y cata de vinos.

El miércoles el programa se traslada al Campus de Ciudad Real, donde los asistentes participarán en una recepción institucional, conocerán recursos tecnológicos como simuladores y experiencias con gafas 3D en la Escuela Superior de Informática y visitarán la bodega experimental de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos. Por la tarde, está prevista una visita cultural a Almagro.

El jueves, de nuevo en Toledo, la agenda incluye sesiones sobre relaciones internacionales, formación en lengua española y un curso introductorio de análisis sensorial de aceite de oliva virgen. La jornada concluye con una actividad vinculada al Instituto Confucio en la UCLM en el Palacio de Cardenal Lorenzana. El programa finaliza el viernes con actividades en el Centro de Estudios Europeos “Luis Ortega Álvarez”, la elaboración de un mural colaborativo y el acto de clausura.

Reunión de la alianza COLOURS y contexto europeo

De forma paralela, la UCLM acoge del 20 al 22 de abril en Toledo la reunión del paquete de trabajo 7 (WP7) de la alianza de universidades europeas COLOURS, a la que la UCLM pertenece junto a ocho universidades de otros tantos países.

En el transcurso de estas sesiones, las 30 participantes abordarán cuestiones como la digitalización de la educación superior, la superación de barreras tecnológicas y lingüísticas y la innovación pedagógica, en línea con los objetivos de cooperación universitaria europea.

El vicerrector ha vinculado ambas iniciativas con el contexto actual de la educación superior en Europa, marcado por la evolución del programa Erasmus+. En este sentido, ha señalado que la UCLM se sitúa en un nivel alto en el uso de acuerdos de aprendizaje digitales, con más del 70 % de estos trámites ya en formato electrónico, y ha destacado avances como la implantación de la tarjeta europea del estudiante.

Asimismo, ha apuntado que el futuro programa Erasmus+, previsto para el periodo 2028-2034, contempla un incremento presupuestario y una nueva estructura centrada en las oportunidades de aprendizaje y el refuerzo de capacidades, además de la reincorporación del Reino Unido al programa a partir de 2027.

Raúl Martín ha enmarcado la celebración de estas actividades internacionales en un momento clave para la educación superior europea, con especial atención al papel de la digitalización y a la cooperación entre universidades a través de alianzas como COLOURS.

A realidade é iso ao que hai que terlle un respecto: hai que sacarse o chapeu ante ela. Hai un ano Trump e con el toda a barafunda parecía que ían arrasar. Tiña –teñen– un proxecto subversivo. Infiltrarse no Estado para corroelo. Socavar determinados cimentos da civilización. Pero hoxe a marea cede no seu empuxe. Os aranceis, a resistencia de Minneapolis, ás razzias do ICE, a guerra de Irán... nada saíu como pretendía o autor dos tuits máis disparatados da historia das mensaxes políticas. E mira que ten competencia. Tal vez estea acelerando o declive do Imperio, cometendo erro tras erro, máis ben que engrandecelo. A grande pregunta é se, como sucedeu con Orbán, as eleccións de midterm lle quitarán a maioría no Congreso e no Senado e se tanto el como o mundo MAGA aceptarán o resultado.

O seu aliado, Israel, quere remodelar todo Oriente medio e construír o Gran Israel facendo limpeza étnica e aumentando o seu territorio a costa do Líbano, Cisxordania, etcétera. Levado polo milenarismo evita todo compromiso e comete xenocidio. Pode que estea cavando a súa tumba a medio prazo. Nada é fácil, tampouco para as fantasías de omnipotencia da nova ultradereita. No delirio autoritario que encarnan a realidade é pura plastilina, a moldear á vontade. O narcisismo de masas séguelles o paso nesa loucura imposible. Pero a soberbia e a insolencia, advirten os gregos, ábrelle o camiño ao castigo dos deuses.

Tres universidades de Bélxica outorgaron un doutorado honoris causa conxunto a Francesca Albanese, a relatora da ONU sobre Gaza. Non poderían facer o mesmo as tres universidades galegas?. Albanese encarna a valentía fronte aos grandes poderes. Cando a UE miraba para outro lado, ou apoiaba servilmente a Israel, como continúa facendo –non foi expulsada nin de Eurovisión–, Albanese documentaba a catástrofe. Hoxe soporta ameazas de morte e sancións. A administración norteamericana tena no punto mira, emitíu unha orde que prohibe a todo americano proverlle todo tipo de “fondos, bens e servizos”, así, por exemplo, non pode usar as tarxetas de crédito, xestionadas por multinacionais americanas. O mesmo, por certo, lle pasa a unha ducia de fiscais do tribunal Penal Internacional, algo que a UE non debería tolerar. Ao tempo, arrostra a posibilidade de arresto en Alemaña, país no que, como na Grande Bretaña, a simpatía por Palestina está penalizada. A liberdade de expresión non vive os seus mellores momentos.

Que as universidades galegas lle concederan ese honoris causa sería un xesto. Mínimo ante o tamaño do horror. Pero un xesto de apoio á legalidade internacional; unha afirmación de que Europa -de Galicia que é parte de Europa- está cos dereitos humanos e contra os crimes cometidos por Estados. Sería unha pequena mostra de vitalidade da sociedade civil e das institucións universitarias. Sería algo que nos honraría a todos, como cidadáns e como sociedade. Sería algo que contribuiría a que a liberdade de expresión non sucumba ante as ameazas. Á espera, naturalmente, de que algún día, os autores de crimes respondan ante a xustiza.

El Consejo Andaluz de Universidades (CAU) ha respaldado con el voto favorable de nueve rectores y la abstención del de la Universidad de Jaén (UJA), la propuesta de la Junta de distribución de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las diez universidades públicas andaluzas para este año 2026, que se cuantifica en un total de 1.825,7 millones de euros (1.788 millones del Presupuesto de este año y 37,5 millones adicionales para pagar complementos autonómicos de 2024 y carrera horizontal del PDI y PTGAS), según ha informado la Consejería de Universidades.

Por universidades, la de Sevilla será la que más financiación reciba, con casi 450 millones de euros. A la Universidad de Málaga le corresponden 253. Le siguen la Universidad de Córdoba (150,5 millones), la de Jaén (112), la de Almería (98), la de Huelva (90,45), la Pablo de Olavide (85) y, por último, la UNIA (14,6).

De los 1.825,7 millones de euros que se reparten, 1.669,01 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, de funcionamiento y de mantenimiento; y 112,64 millones se corresponden con la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos.

De igual modo, está englobado en la cantidad total un aporte de 6,57 millones de euros consolidables destinado a la nivelación. En este ejercicio, se ha determinado que esos recursos tengan como destino la Universidad de Granada (UGR), que recibirá 2,01 millones de euros y, especialmente, la de Málaga (UMA), a la que se transferirán por este concepto 4,55 millones de euros.

A todas esas cifras se añade una cuantía de 21,5 millones consignada para atender los acuerdos económicos en materia de personal fijados el pasado 8 de abril de 2025 y que implican el abono de la totalidad en 2026 (inicialmente acordada con los rectores para 2026 y 2027) de los complementos salariales, tanto del personal docente e investigador (PDI), como de la plantilla técnica, de gestión y de administración y servicios (PTGAS)

Además, el modelo incluye otros 16 millones consolidables para el refuerzo presupuestario y financiero del sistema público universitario, por lo que ambas cantidades suman un montante de 37,5 millones adicionales. Inicialmente, el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, aseguró que esta partida iría para digitalización de los campus, aunque finalmente las universidades podrán usarla en aquello que consideren más oportuno.

El Consejo Andaluz de Universidades ha subrayado que está cantidad estará destinada a cubrir diferentes conceptos reclamados “ampliamente” por las instituciones, como el abono total de los complementos autonómicos del PDI y el 50% del quinto tramo del complemento de productividad del PTGAS del año 2024, y la partida de 16 millones de euros consolidables anunciada por el presidente de la Junta de Andalucía durante la apertura del curso académico 2025-2026.

Comisión técnica para el cálculo de los costes de personal

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha presidido en Córdoba la comisión de programación de este órgano celebrada este viernes en la que están representados los rectores, el estudiantado, los Consejos Sociales y el Parlamento andaluz.

En esta reunión, se ha informado favorablemente la orden que recoge esa distribución y se ha dado cuenta también de la constitución de una comisión técnica paritaria que se encargará de estudiar la metodología usada por las instituciones académicas para calcular los costes de personal con el fin de disponer de un marco financiero “equilibrado y sostenible”, el capítulo 1, que constituye la principal reclamación de las universidades.

Se tratará de un mecanismo de auditoría conjunta entre las Universidades y la administración autonómica para determinar de forma exacta los costes reales de la plantilla universitaria y abonar la diferencia de ingresos no percibidos en virtud del cumplimiento íntegro de la cláusula de salvaguarda correspondiente a cada Universidad, según ha informado el CAU en una nota. En este sentido, la entidad ha reclamado a la Junta de Andalucía que dicha auditoría esté finalizada en el mes de julio, para que sus conclusiones se apliquen durante este ejercicio económico.

Para analizar dichos gastos, se tendrán en cuenta las retribuciones adicionales relacionadas con el desempeño de la actividad, la productividad o la antigüedad que reciben el PDI y el PTGAS: los complementos autonómicos, la carrera horizontal, los trienios, los quinquenios y los sexenios. También este órgano técnico estudiará los incrementos salariales aplicados en los últimos años, el efecto que sobre esas obligaciones de personal tiene el crecimiento vegetativo, así como cualquier otra variable que incidiera en los cálculos.

Los resultados de este trabajo, que se desarrollarán y concluirán este mismo ejercicio, deberán servir para identificar posibles líneas de mejora en la planificación y gestión de los recursos humanos y de los gastos asociados desde un enfoque de corresponsabilidad institucional.

La comunidad de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) ha sido convocada este jueves para opinar sobre el plan de ajuste aprobado (PEF) por el Consejo de Gobierno de la UCM el pasado mes de febrero ante la situación económica del centro, que roza la ruina. Ante la pregunta “¿Paramos el plan de recortes?”, estudiantes, docentes y personal administrativo votan si apoyan la suspensión de unas medidas que conllevan un recorte de más de 33 millones de euros en la universidad.

Este referéndum llega en un momento de gran tensión en el campus madrileño, tras la firma en marzo del Acuerdo de Financiación Plurianual entre el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y las seis universidades públicas madrileñas. Para la plataforma convocante del referéndum, este acuerdo no soluciona la asfixia presupuestaria, sino que obliga a universidades como la Complutense a consolidar los recortes que hoy se someten a votación: el PEF aprobado incluye un recorte del gasto del 35% para todos los departamentos, jubilaciones que no se repondrán y cierre de asignaturas y grados.

Así, se prevé que estudiantado, profesorado y todos los miembros de la comunidad universitaria muestren hoy su rechazo hacia ese Plan Económico y Financiero aprobado en la UCM. “Es un plan de recortes brutal, en el que se suprimen plazas de profesorado, estudios de máster y grupos de grado, becas y ayudas a la investigación, e inversiones y apoyos de todo tipo a los estudios universitarios”, aseguran desde la Plataforma UCM por la Pública. 

Las urnas para votar este jueves (hasta las 18:00 h) se han situado en distintos puntos de las facultades, desde Bellas Artes hasta Derecho. Algunas facultades se han quejado o intentado impedir esta votación, alegando que es ilegal y eliminando la publicidad colocada, pero sus estudiantes han dicho que “siguen adelante”. “Por poner una mesa con una silla y una urna no pueden hacer nada, en todo caso te pueden decir que la quites, pero sería un conflicto ya que son actividades que no son nada cruciales”, asegura Eva Aladro, profesora de la Complutense y miembro de la plataforma que ha organizado la votación, UCM por la pública. 

Durante esta semana, las seis plataformas de las universidades públicas están preparando diferentes actividades reivindicativas, como asambleas y marchas, para rematar el domingo 19 con una manifestación en defensa de la educación pública madrileña. A pesar de la cifra “histórica” de 14.800 millones de euros para las universidades públicas anunciados por Isabel Díaz Ayuso el mes pasado, la comunidad complutense denuncia que siguen sufriendo una “asfixia económica cronificada”. 

Las plataformas de las universidades aseguran que en esta cifra, la Comunidad de Madrid está contabilizando las transferencias corrientes a las universidades que ya realiza cada año (7.680 millones), la recaudación de las matrículas (3.340 millones) y otros fondos que las universidades obtienen por su cuenta (2.500 millones), por lo que el incremento real de la financiación acordado por ejecutivo y rectorados asciende apenas a los 1.280 millones de euros para seis universidades públicas en cinco años.

Respecto al plan de recortes de la propia UCM, los más de 33 millones de euros de recortes incluidos en el PEF se traducen en el cierre de grupos y asignaturas optativas, menos dinero para becas e investigación, o salarios congelados y falta de mantenimiento en los edificios.

“Están cerrando másteres y asignaturas, ya nos han dicho que los profesores que se jubilan este año no los van a cubrir con nuevos profesores, sino con sustitutos, que es una figura muy precaria, que además no son especialistas, con lo cual se degrada totalmente la docencia”, explica Aladro. “En la facultad de Ciencias de la Documentación, en Documentación, les dicen que ya no van a tener turno de tarde… Se quitan los dos grupos o tres grupos de tarde, lo cual es hasta ilegal, porque hay que tener grupos de tarde para la gente que trabaja”, afirma. 

Julia y Germán, estudiantes de tercer curso de biología en la Complutense, también han notado esta situación: desde techos de las aulas que se caen a pedazos, hasta material que no se puede renovar ni reparar porque no hay presupuesto.

“Antes de que le dieran el crédito a la Complutense, en la facultad redujeron el horario de la biblioteca”, afirman, “y las salidas de campo que quedan son cogidas con pinzas”. Antes, su facultad organizaba viajes formativos a lugares como Doñana o el desierto de Almería. Ahora, están mucho más reducidas y a sitios más cercanos. “La universidad en general no saca tantos proyectos de investigación como podría”, concluyen. 

Sin embargo, estos recortes, según el rector de la UCM Joaquín Goyache, son “necesarios” porque la universidad “debe dinero” a la Comunidad de Madrid. “No 'debemos' nada a una institución que nos infrafinancia. Tampoco a un rector que no nos representa cuando pacta nuestra miseria a espaldas de la comunidad universitaria”, afirman desde UCM por la pública. 

Ángel Zurdo y María Cadilla, profesores en la Facultad de Ciencias de la Información, aseguran que este referéndum es una reacción a “un plan de desmontaje de la propia universidad, y en este caso, desde dentro”. “Hasta ahora se ha prestado mucha atención a qué estaba pasando desde la Comunidad de Madrid (cuáles estaban siendo los problemas de financiación, los recortes, es decir, los problemas sistemáticos) pero en este caso, la situación es mucho más grave porque la agenda de la Comunidad de Madrid está siendo asumida plenamente por el propio rectorado”, explican. 

Ellos también han notado este plan de recortes desde dentro del aula: “Hay muchas tensiones y se está jugando muchas veces incluso con la contratación de sustitutos, retrasándolo todo lo que se puede desde el propio rectorado”, explican. “Se están cubriendo a menudo con sobrecarga docente. Ha pasado en nuestro propio departamento, hemos tenido que impartir clases para que los alumnos no se queden sin clases, asumiendo una carga docente mayor de lo que nos corresponde”, concluyen. “Se están internalizando costes que deberían de ser cubiertos por la propia universidad”. 

Desde la mesa de votación de la Facultad de Derecho, Víctor cuenta las trabas que la facultad ha puesto para poder votar allí. Tenían la autorización de la facultad para instalar las mesas de votación dentro, pero asegura haber recibido correos prohibiéndoles utilizar material de la facultad, e incluso amenazando con unas posibles sanciones que, dicen, no tienen fundamento ninguno. Finalmente, han montado la mesa fuera del edificio. “Esta urna es una caja que utilizan en las Facultades de Ciencias que tuvo que comprar una profesora con su dinero para poder realizar experimentos, y nos la ha cedido aquí para tenerla como urna”, explica. 

Como la votación se puede hacer tanto en físico como a través de una web, ya se pueden ir contabilizando votos: en apenas unas horas, ya había casi 790. Alrededor del mediodía se han registrado unos 3.000 votos.

Desde la Facultad de Filosofía y Filología, Jorge Pérez, estudiante, cree que es muy importante votar, ya que “por primera vez en muchos años, ante un proceso tan importante como es el de la aprobación de un plan de recortes que afecta al conjunto de la comunidad universitaria, es el propio estudiantado, las profesoras, el personal laboral, quien ha puesto una mano sobre la mesa y ha dicho que aquí se tenía que escuchar su opinión”. Confía en que la gente vaya acudiendo con más frecuencia a las urnas conforme se desarrolla la jornada. 

La votación del referéndum finalizará a las 18:00h, cuando se procederá al recuento de votos para dejar claro lo que la Complutense en su conjunto, piensa de este plan de recortes.

Carmelo García, catedrático de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, será investido como rector de la Universidad de Alcalá (UAH) el lunes, 20 de abril, a las 12.00 horas.

El acto se celebrará en su Paraninfo y estará presidido por Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid.

El nuevo rector, ocupaba hasta ahora el cargo de vicerrector del campus de la universidad alcalaína en Guadalajara y sustituye a José Vicente Saz. Fue elegido el pasado 3 de marzo y resultó ser el candidato más votado en la primera vuelta de las elecciones al Rectorado, a las que se presentaron cuatro propuestas, con un 57,59% del voto ponderado.

Hace unas semanas presentó a su equipo y el nuevo vicerrector en Guadalajara será Jesús del Olmo, que hasta ahora ocupaba el cargo de director de Ordenación y Planificación en el campus de Guadalajara.

Más de 1.700 corredores han participado en la Carrera Campus de la Universidad de La Rioja que se ha celebrado este domingo con récord de participación. Tanto general, con más de 1.700 participantes, como en categoría preuniversitaria, donde la cifra ha superado el millar de corredores.

Los atletas Maialen Vidondo Salvador Ruiz (41’32’’) y Óscar Moreno Sáenz (36’11’’) han vencido en la carrera popular de 10 kilómetros; mientras que Valeria Delgado Solar, (21’24’’) y Samuel López-Davalillo Pascual (17’26’’) se han impuesto en la popular de 5 kilómetros. En la categoría de preuniversitarios, han vencido Álvaro Balmaseda Pérez (9’37’’), del IES Hermanos D’Elhuyar y Ana Villamor Ruiz (12’03’), del Colegio Sagrado Corazón - Jesuitas.

Por centros educativos, el Colegio Santa María Marianistas se ha llevado el premio al centro más participativo, mientras que el IES Tomás Mingot ha logrado el segundo puesto. En categoría universitaria el centro más participativo ha sido la Facultad de Ciencia y Tecnología. En la categoría de estudiantes de la Universidad de La Rioja, en la prueba de 10 kilómetros, los ganadores fueron Miguel Puelles Ruiz de Gopegui (37’42’’) y Miriam Marín Lapeña (44’19’’). En la de 5 kilómetros, por su parte, el mejor fue Mario Izquierdo Sagarribay (19’31’’) y Carla Urrutia (23’18’’).

Por su parte, en la categoría de personal de la Universidad de La Rioja, los ganadores en la prueba de 10 kilómetros fueron Edgar Labarga Varona (42’49’’) y Elvira Plana Royo (55’19’’). En la prueba de 5 kilómetros los primeros clasificados fueron Eloy Javier Mata Sotés (23’20’’) y Silvia Sáenz Aragón (27’32’’).

Once centros educativos han participado

La prueba de este año ha batido todos sus registros en cuanto a participación de preuniversitarios con más de 1.050 inscritos de 11 centros educativos de La Rioja: CEE Marqués de Vallejo, Colegio Nuestra Señora del Buen Consejo-Agustinas, Colegio Sagrado Corazón-Jesuitas, Colegio Santa María-Marianistas, IES Batalla de Clavijo, IES Comercio, IES Duques de Nájera, IES Hermanos D’Elhuyar, IES Sagasta, IES Tomás Mingot y SIES Villamediana de Iregua.

La Carrera Campus 2026 –que forma parte del XI Circuito de Carreras de Logroño– está organizada por la Universidad de La Rioja, cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y Logroño Deporte, y con el patrocino de Caja Rural de Navarra y el Centro Comercial Berceo.

Además, colaboran Diario La Rioja, Cruz Roja, Coca Cola, Mavyal, Selecta, Grupo Ebone, Indoor Air Quality, Federación Riojana de Atletismo, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja, Fundación Cultural y Recreativa Cantabria, ARSIDO, AA.VV. San José, Club Deportivo Envero, Holika y las cafeterías del campus de la Universidad de La Rioja.

La organización de la prueba ha mantenido una serie de medidas para reducir el impacto medioambiental del evento y, en materia de compromisos sociales, dispone del Dorsal 0 Solidario, en esta edición destinado a la Red Vecinal Contra la Violencia de Género, programa de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Rioja y el Gobierno de La Rioja, que tiene como objetivo evitar el aislamiento social de las personas en situación de maltrato.

La catedrática de Estadística Rosa Crujeiras ha tomado posesión como rectora de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y ha asumido el cargo como una “responsabilidad histórica” al ser la primer mujer que lo ocupa en más de 500 años de historia. Este hito se extiende a toda Galicia, donde ninguna otra hasta ahora había estado al mundo de ninguna de las tres universidades.

El ahora exrector, Antonio López, ha cedido el bastón de mando en un acto institucional presidido por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha tenido lugar este viernes en el Salón Nobre del Pazo de Fonseca y que ha reunido a numerosas autoridades del entorno político y académico, según recoge Europa Press.

En su discurso, Crujeiras ha llamado a impulsar “una transformación profunda, serena y consciente” de la institución, en la que “revise inercias” y “repiense prioridades”. Igualmente, ha instado a que esta no sea “ajena” a las “vidas de su comunidad” y al “tiempo” en el que está, ni a los “conflictos, desigualdades y fracturas” del mundo.

De esta forma, la nueva rectora ha reivindicado el “espacio, tiempo y voz” de la universidad y también de las mujeres, con las que ha asumido el “compromiso” de trabajar para que no se encuentren techos de cristal y que el trabajo universitario no implique “renuncias” para ellas.

“Para mí, esta es, también, una responsabilidad histórica. Soy heredera, como todas, de otras que abrieron camino antes que nosotras, en condiciones siempre más adversas sosteniendo la enseñanza, la investigación y la vida universitaria desde posiciones subordinadas”, ha expresado.

Crujeiras ha situado como un “principio irrenunciable” la defensa del feminismo, los derechos humanos, la dignidad de las personas y los valores democráticos. También ha pedido a la comunidad universitaria una “voz de valores”, que se traduzca en “acciones frente a problemas sociales”, como la “emergencia social” de la vivienda, la salud mental y la violencia machista.

En su reivindicación de la “voz” universitaria, ha ocupado un lugar central la lengua gallega, que defiende que “no limita la vocación universal” de la institución. Otro compromiso asumido por Crujeiras de cara a su mandato es con la “cooperación activa” en el marco del Sistema Universitario de Galicia (SUG) y con la Xunta de Galicia para, así, “reforzar el papel” de la USC.

“Hija de la enseñanza pública”

La centralidad de atender las necesidades “de quien da vida” a las aulas ha atravesado toda la intervención de la nueva rectora: “La universidad pública no puede ser ajena a lo que sucede en las vidas de su comunidad, ni al contexto social y geopolítico en la que estas se desarrollan, pues es en este marco donde también se construye la ciudadanía y se proyectan las trayectorias personales y colectivas”.

Así, Crujeiras ha reiterado su reivindicación como “hija de la de la enseñanza pública”, desde la escuela rural de Artes, la parroquia de Ribeira en la que nació, hasta la misma USC. Para ella, su “sentido más profundo” es el de “garantizar la igualdad de oportunidades” y posibilitar que todo el mundo pueda desarrollar su potencial “con independencia de su origen”.

Además, ha dicho contar con la “certeza” de que contará en su tarea con “toda una comunidad universitaria” a su lado, que está a llamada a crear “un espacio compartido” y que sea ejemplo de “acogida, inclusión, igualdad y respeto”.

El “adiós” de Antonio López

Este acto también ha sido el “adiós” definitivo de Antonio López al cargo, que ha ejercido durante ocho años. Aunque “con sentimientos diferentes” a su toma de posesión, este traspaso de poderes ha sido uno de los momentos “más felices” que recuerda en su trayectoria por la “satisfacción del deber cumplido” y una “infinita gratitud”.

Con estas palabras, ha recibido como un “honor” traspasarle el bastón y la medalla “como símbolos del gobierno universitaria” a Rosa Crujeiras. “Será la centésima septuagésima tercera [173ª]. No está mal un número primo para una matemática”, ha bromeado.

Igual que Crujeiras, ha recordado al resto de candidatas al puesto (Maite Flores, Alba Nogueira y María José López Couso), que, desde el inicio de la campaña, estaba llamado a ser ocupado por una mujer. En este sentido, ha esperado en que, a partir de este nombramiento, este hecho deje de ser “noticia” y “la presencia de las mujeres se convierta en algo natural también en el máximo nivel de gobierno de la institución”.

Rueda pide “esfuerzos conjuntos”

Por su parte, Alfonso Rueda, que se encargó de cerrar el acto, agradeció los “esfuerzos” realizados a López, al que perfiló como un “negociador existente”, pero “con mucha lealtad”. De esta manera, ha reclamado “esfuerzos conjuntos” al futuro equipo de gobierno para afrontar los próximos retos.

Entre ellos, ha mencionado concretamente la cuestión de la vivienda; el mapa de titulaciones —“que requiere altura de miras”, según Rueda— y la excelencia. “Todos queremos lo mismo, que a la universidad le vaya bien”, ha asegurado.

La Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM), en colaboración con la Consejería de Educación del Gobierno regional, pondrá en marcha a partir del próximo curso un plan pionero, denominado 'Conecta talento: 2+3', que permitirá a los estudiantes de la región completar en cinco años una titulación de Formación Profesional de grado superior y un grado universitario, reduciendo en un año la duración habitual de estos estudios.

El programa consistirá en cursar dos años de Formación Profesional y tres años de grado universitario, con el reconocimiento de hasta 60 créditos ECTS en la etapa universitaria tras la convalidación de las asignaturas de la FP, el máximo permitido por la normativa vigente, lo que permite reducir la duración total de los estudios.

En su fase piloto, se implantará en el ciclo de Administración y Finanzas vinculado al Grado en Administración y Dirección de Empresas en varios institutos de Talavera de la Reina, Ciudad Real, Cuenca y Albacete, así como en el ciclo de Mecatrónica Industrial en el IES 'Mercurio' de Almadén conectado con el Grado en Ingeniería Mecánica en la Escuela de Ingeniería Minera e Industrial de esta localidad.

El acceso al grado se realizará una vez finalizada la FP superior, bien mediante matrícula directa o, en el caso de titulaciones con alta demanda, a través de los procesos de admisión habituales.

El rector de la UCLM, Julián Garde; el consejero de Educación del Gobierno regional, Amador Pastor, y el vicerrector de Estudios, Calidad y Acreditación de la universidad, José Manuel Chicharro, han sido los encargados de presentar este nuevo modelo educativo, que busca facilitar un itinerario continuo entre la FP y la universidad, con el fin de evitar que los estudiantes tengan que empezar de nuevo al cambiar de etapa.

Durante la presentación, el consejero de Educación del Gobierno regional, Amador Pastor, ha destacado que este modelo permitirá ahorrar tiempo y costes a los estudiantes, estimando un ahorro cercano a los 1.000 euros al reducirse el número de matrículas necesarias para completar ambos estudios, ahorro que se sumaría a la medida de la primera matrícula gratuita en la UCLM.

Por su parte, el rector de la UCLM, Julián Garde, ha subrayado que este programa sitúa a Castilla-La Mancha como la segunda comunidad autónoma en España en implantar este modelo, que ya funciona de manera integrada en Navarra, y ha señalado que se trata de un paso “importantísimo” para el sistema educativo regional, destacando que la comunidad se sitúa a la vanguardia en la conexión entre la Formación Profesional y la universidad.

Ultimando el borrador de la Ley de FP

Por otro lado, el consejero de Educación, Amador Pastor, ha anunciado que el Gobierno regional está ultimando el primer borrador de la futura Ley de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, que verá la luz a lo largo de este mes de abril y que convertirá a la Comunidad Autónoma en la primera en contar con una normativa propia tras el marco estatal aprobado por el Ejecutivo central.

Pastor ha enmarcado este avance en el esfuerzo realizado en los últimos años para reforzar y dimensionar la oferta de FP, que ya roza los 1.000 ciclos formativos y alcanza los 47.000 alumnos en la región, consolidando este modelo como una vía para el desarrollo del talento.

La nueva ley buscará blindar por norma un sistema integrado de Formación Profesional que conecte todas las etapas, refuerce la orientación académica y facilite itinerarios como el presentado con el programa 'Conecta talento: 2+3', evitando barreras entre niveles educativos.

Según ha avanzado el consejero, el objetivo es que este primer borrador sea presentado a mediados de abril y que la ley pueda quedar aprobada a finales de 2026 o principios de 2027, consolidando así un modelo formativo que apuesta por la “excelencia y la continuidad educativa” en Castilla-La Mancha.

El catedrático de la Universidad pública vasca (EHU), además de escritor y articulista, Ramón Zallo ha fallecido este lunes a los 77 años de edad. Según ha informado la EHU en un comunicado, Ramón Zallo Elgezabal, nacido en Gernika-Lumo en 1948, era licenciado en Derecho y en Economía y doctor en Ciencias de la Información. Dos años antes de la creación, en 1980, de la actual EHU, comenzó a dar clases en la Unidad de Ciencias de la Información de Leioa. Fue nombrado catedrático de Comunicación Audiovisual de la EHU y ejerció como profesor emérito desde 2019 a 2022. Miembro del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad, Zallo fue “pionero” en la investigación de las industrias de la comunicación y culturales.

En palabras del propio Zallo, “hubo que trascender en aquellos primeros años, en clave crítica, la sociología funcionalista y la economía micro”, para aportar “una perspectiva teórica, estructural, geográfica y sectorial, formalizando una economía de la comunicación y la cultura con acento en las estructuras, agentes y flujos”.

Según recoge 'Naiz', militó primero en la Asociación Vasca de Jóvenes Estudiantes, después en la Juventud Obrera Católica Vasca y finalmente en ETA, entre los años 1968 y 1971. Tras los primeros asesinatos de la banda, Zallo se decantó por la Liga Komunista Iraultzailea (LKI) que surgió como escisión durante la VI Asamblea y llegó a ser uno de los principales dirigentes de este partido político. En las listas de este partido concurrió a las primeras elecciones al Parlamento Vasco, las de 1980, como cabeza de lista por Bizkaia, aunque la formación apenas sumó un total de 5.000 votos y no consiguió representación.

Libros y artículos

Autor de numerosos libros, ha publicado también muchos artículos sobre economía, cultura, políticas culturales y comunicativas, y otros de corte sociopolítico. Publicó más de una docena de libros, el último 'Retrovisor y bisturí' (Alberdania, 2025), un “ejercicio de memoria crítica” sobre los últimos 60 años, y ha dirigido o codirigido “otras muchas obras colectivas”.

En el campo de la gestión pública, ejerció de asesor de la consejera de Cultura del Gobierno vasco para asuntos de comunicación, audiovisual y cultura en las legislaturas 2002-2009. Fue redactor principal del Plan Vasco de la Cultura (2004-2015) y de las 'Orientaciones para el II Plan Vasco de Cultura.

Entre 2009-2012 participó en el Libro Blanco del Audiovisual de Euskadi (2003) -del que surgió el Cluster EIKEN-, en la puesta en marcha del Observatorio Vasco de la Cultura (2006), así como en la preparación de la legislación vasca relativa a FM de radio, Televisión Digital Local, en la redacción del proyecto de Ley de Comunicación y del Consejo del Audiovisual y del decreto de financiación del audiovisual en Euskadi. También asesoró en dos de los contratos programas con EiTB.

Durante siete años fue director de la sección de “Estructura y políticas de comunicación” de la Asociación Española de la Investigación de la Comunicación (AE-IC), que le homenajeó en 2020. Fue también presidente de la sección de España de la Unión Latina de Economía Política de la Información, la Comunicación y la Cultura (ULEPICC). El 5 de noviembre de 2025 recibió el premio de honor de la Asociación Vasca de Periodistas y del Colegio Vasco de Periodistas. La despedida se desarrollará este martes, de 17:00 a 19:00 horas, en el tanatorio Uribe de Gernika-Lumo.

Los sindicatos CCOO, CSIF, UGT y STECyL denuncian la “asfixia laboral” del personal docente e investigador (PDI) de la Universidad de Burgos (UBU) por el bloqueo por parte de la Junta de Castilla y León del convenio colectivo, que supone mantener la brecha salarial y la precariedad laboral de la plantilla.

En un comunicado conjunto, los sindicatos han recordado que las negociaciones del convenio colectivo se iniciaron en 2023, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo por lo que sigue aplicándose un convenio que tiene más de diez años de antigüedad, “en clara desventaja regional”.

El personal docente investigador de la Universidad de Burgos percibe, como mínimo, 4.000 euros al año menos que en comunidades autónomas como Andalucía, Aragón, Cantabria o La Rioja, aseguran, al tiempo que denuncian la falta de estabilidad laboral, la precariedad y el “abuso” de la figura del profesor asociado.

CCOO, CSIF, UGT y STECyL insisten en que la de Burgos es la universidad peor financiada de Castilla y León, pues de los 467,8 millones de euros destinados a las universidades públicas, la UBU recibe el 11%, 52 millones, frente a los 169 millones de las universidades de Salamanca y Valladolid y a los 76 de la León.

Los sindicatos calculan que el coste de la mejora salarial para toda la Comunidad sería de unos 15 millones de euros, de los cuales repercutirían 2,5 millones en la UBU, lo que representa menos del 0,5% del presupuesto total de la Consejería de Educación.

Además, insisten en que la falta de inversión es un error estratégico dado el retorno que genera la UBU, con datos como que los estudiantes de fuera de la provincia (un 29,5 % en grados y un 45 % en máster) generan más de 25 millones de euros anuales en el sector servicios.

La Universidad de Burgos mantiene 3.100 empleos entre directos e indirectos, y por cada euro invertido se multiplica por 4,67 su impacto social y económico; además, la tasa de afiliación a la Seguridad Social de los egresados supera el 78 %..

Por todo ello, los sindicatos reclaman una reestructuración salarial que elimine las brechas actuales entre las distintas figuras contractuales, con una equiparación efectiva de los docentes permanentes con los cuerpos de titulares, y condiciones dignas para el profesorado asociado, sustituto y el personal investigador.

Los sindicatos anuncian que realizarán asambleas en todas las facultades de la Universidad de Burgos, así como concentraciones de protesta ante la Junta de Castilla y León.

El investigador David Labarga Varona, del Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (ICVV), ha alcanzado el grado de doctor por la Universidad de La Rioja con una tesis que arroja luz sobre el impacto de las prácticas agrícolas en la salud invisible del campo: su microbiota. Su estudio, calificado con sobresaliente cum laude y mención internacional, demuestra que técnicas como el acolchado orgánico son herramientas clave para la sostenibilidad del sector frente al cambio climático.

La investigación, dirigida por la científica del CSIC Alicia Pou Mir, parte de una premisa esencial: bacterias y hongos no son agentes aislados, sino la “piedra angular” que regula la nutrición de la vid, la protege de enfermedades y define la calidad del mosto.

A través de técnicas avanzadas de secuenciación genética y el análisis de 246 muestras tomadas entre 2019 y 2024 en diversas localidades de la DOCa Rioja, Labarga evaluó tres estrategias de agricultura ecológica y regenerativa:

Una de las principales conclusiones es que el acolchado orgánico mejora el ecosistema de forma integral. Al incrementar la biodiversidad del suelo, ayuda a mitigar su degradación y regula factores críticos como la humedad y la temperatura. No obstante, el investigador advierte que estos beneficios no son inmediatos: los cambios significativos en la diversidad microbiana comienzan a ser visibles a partir del tercer año de aplicación.

Adaptación al cambio climático

En cuanto a los portainjertos, la tesis revela que el riego es el factor que más influye en las bacterias del suelo. Sin embargo, en situaciones de sequía, la planta parece “seleccionar” ciertos microorganismos que la ayudan a sobrevivir, lo que subraya la importancia de elegir el portainjerto adecuado para adaptar el cultivo al estrés hídrico.

Por el contrario, el estudio señala que el riego con agua ozonizada no mostró cambios relevantes en la microbiota, lo que genera dudas sobre su efectividad como estrategia sostenible en este ámbito.

David Labarga concluye que para asegurar el futuro de la viticultura es vital entender el viñedo como un sistema interconectado donde suelo, planta y microorganismos trabajan juntos. Los resultados de esta tesis, desarrollada en colaboración con centros internacionales y bodegas riojanas, ofrecen una hoja de ruta para diseñar sistemas vitícolas más resilientes y respetuosos con el medio ambiente.

El Consejo Social de la Universidad de La Rioja ha aprobado el presupuesto de la UR para 2026 que asciende a 66.104.887 euros, lo que supone un incremento del 4,7 por ciento respecto a los 63.140.544 euros del año pasado. El Presupuesto de la UR para 2026 ha sido aprobado por el Consejo Social de la UR (órgano de participación de la sociedad en el campus), tras su paso por el Consejo de Gobierno de la UR, y comprende la previsión de ingresos y la autorización de gastos.

En el presupuesto de ingresos es significativa la financiación de la Comunidad Autonómica de La Rioja, que supone el 84 por ciento del total. Estos ingresos se reciben a través de la financiación estructural, la financiación condicionada, la financiación para inversiones derivadas de la implantación del Grado en Medicina o la financiación procedente de convenios específicos, como es el caso del de microcredenciales, el del Plan de Transformación de La Rioja, el de gratuidad de la primera y segunda matrícula, el de inversiones, el de investigación o las cátedras extraordinarias, entre otros.

Por otro lado, el Consejo Social de la UR también ha aprobado su presupuesto para este año, que asciende a 140.000 euros, con una reducción del 12,5 por ciento con respecto al ejercicio 2025.

Igualmente, ha dado el visto bueno a la Memoria de Actividades 2025 del Consejo Social, que recoge las sesiones plenarias realizadas y los acuerdos adoptados en ellas; las sesiones celebradas de las comisiones académica y económico-financiera; información sobre los complementos retributivos autonómicos, sobre el presupuesto 2025 y sobre la liquidación de cuentas del año 2024.

La Cátedra del Paisaje la Biodiversidad y los Recursos Hídricos de la Universidad de La Rioja resalta la alta calidad paisajística en el 21 por ciento del territorio. El presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha resaltado el impulso que representa la nueva cartografía desarrollada por la Cátedra del Paisaje, la Biodiversidad y los Recursos Hídricos de la Universidad de La Rioja, “ya que supone contar con un material moderno, llevado a cabo con todos los avances y con todo el rigor científico necesario para la toma de decisiones sobre nuestro paisaje”. Todo ello, en el marco del despliegue de la Ley del Paisaje de La Rioja, en el que la Cátedra, puesta en marcha en 2024 por iniciativa del Gobierno de La Rioja en el seno de la UR, tiene un papel estratégico como órgano asesor independiente “para la aplicación técnica real sobre el territorio”.

Capellán ha realizado estas afirmaciones durante la presentación de los trabajos realizados por la Cátedra, en un acto que también ha contado con la participación de la consejera de Agricultura, Ganadería, Mundo Rural y Medio Ambiente, Noemí Manzanos, y del director de la Cátedra y catedrático de la Universidad de La Rioja, José Arnáez Vadillo, donde se ha dado conocer la nueva cartografía oficial de la Comunidad. 

Durante su intervención, Gonzalo Capellán ha subrayado la importancia de esta colaboración científica: “No estamos ante un simple conjunto de planos o mapas; estamos ante una herramienta viva y dinámica que nos va a permitir blindar nuestra identidad y proteger aquello que nos hace únicos como región: nuestro paisaje”. Este conjunto de mapas adaptados y actualizados permite disponer, por primera vez de forma gráfica y unificada, de toda la información técnica y la localización precisa de los paisajes más relevantes del territorio riojano, desde la sierra hasta el valle.

La nueva herramienta cartográfica es el resultado de un intenso proceso de análisis estructurado en diversas fases, que ha permitido la delimitación y caracterización de los diferentes ámbitos y unidades de paisaje de la región. “Gracias a este rigor científico, dotamos a La Rioja de una seguridad jurídica sin precedentes. Tanto los ciudadanos como las empresas y los ayuntamientos sabrán a partir de ahora a qué atenerse, con reglas claras que garantizan ese equilibrio necesario entre el desarrollo socioeconómico y la preservación de nuestro patrimonio natural, agrícola y cultural”, ha resaltado.

Esta base de datos gráfica se convierte en un instrumento esencial para el cumplimiento de la Ley 4/2025, de 1 de julio, del Paisaje de La Rioja, facilitando que la administración, los especialistas y la sociedad en general puedan consultar los valores ambientales, culturales y agrícolas que definen la identidad de La Rioja.

Asimismo, Gonzalo Capellán ha asegurado que “al delimitar las zonas de especial protección y establecer criterios técnicos rigurosos, estamos blindando nuestra tierra frente a proyectos de elevado impacto”, para destacar que trabajamos “con el firme compromiso de asegurar que las futuras generaciones puedan seguir reconociendo su tierra y disfrutando de la riqueza de unos paisajes que son, en definitiva, el mejor indicador de la salud de nuestro medio ambiente”.

Base técnica para la toma de decisiones

Por su parte, el director de la Cátedra, José Arnáez Vadillo, ha destacado que este trabajo, desarrollado durante los últimos dos años, surge con la vocación de ser un instrumento de servicio público y apoyo institucional. Según ha explicado, la nueva cartografía ha sido diseñada para que “la sociedad riojana pueda consultarla con facilidad, pero también para que sirva como una base técnica rigurosa que ayude a la administración en la toma de decisiones estratégicas sobre la gestión y protección del territorio”.

Para alcanzar este nivel de detalle, el equipo ha empleado tecnologías de vanguardia como inteligencia artificial, drones y sistemas de información geográfica. Esta metodología ha permitido trabajar con una resolución de 25x25 metros, creando una herramienta digital dinámica que supera el concepto tradicional de comarca. El usuario puede navegar por diferentes escalas de información, desde ámbitos paisajísticos generales hasta unidades de paisaje y detalles a nivel municipal.

En cuanto a los datos arrojados por el estudio, Arnáez Vadillo ha afirmado la excepcional diversidad de una comunidad autónoma que, pese a su tamaño, concentra una riqueza natural sobresaliente. El análisis concluye que el 21 por ciento del territorio riojano posee una “alta calidad paisajística”, destacando especialmente las zonas de montaña y diversas áreas de la depresión que presentan un interés ambiental y visual de primer orden.

Finalmente, el catedrático ha señalado que el mapa identifica de forma precisa los niveles de protección necesarios para cada zona. De hecho, “casi el 31 por ciento de la superficie de La Rioja debería contar con un nivel de protección máximo por reunir condiciones excepcionales para su conservación. Esta información técnica permitirá a ciudadanos y empresas orientar sus acciones en el territorio bajo criterios de sostenibilidad y respeto al patrimonio natural”, ha concluido.

El Ayuntamiento de Madrid plantea un concurso de ideas para reconfigurar el gran campus de Ciudad Universitaria, que concentra multitud de facultades o centros de la UNED al noroeste de la ciudad. Este martes, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, ha presidido en el Palacio de Cibeles un encuentro con los rectores de las tres universidades con presencia en la zona: la Universidad Complutense (UCM), la Politécnica (UPM) y la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La reunión se produjo en el marco de una comisión de seguimiento para un convencio entre Cibeles y su Consorcio del campus, con idea de aunar miradas y redefinir el campus.

En este sentido, el delegado ha detallado que en el concurso de ideas pueden participar equipos multidisciplinares de las distintas materias de las tres universidades, con estudiantes de estudios de grado, máster o doctorado, pero también con profesores y egresados, con el fin de “soñar con lo que debe ser la Ciudad Universitaria del futuro”. Esta iniciativa busca fomentar la participación de la comunidad educativa en la mejora de la Ciudad Universitaria en sus dimensiones urbanística, arquitectónica, social y económica, de movilidad y sostenibilidad, cultural, de ocio y como gran zona verde.

En la reunión han participado, como integrantes de este consorcio, los rectores de la UCM, Joaquín Goyache; de la UNED, Ricardo Mairal, y de la UPM, Óscar García. El convenio firmado se enmarca en los más de 60 acuerdos que el Área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha suscrito en los últimos meses con instituciones públicas, colegios profesionales, asociaciones y entidades privadas con el fin de impulsar la redacción y diseño del Plan Estratégico Municipal de Madrid (PEM), cuya aprobación inicial está prevista para la primavera de 2027 y que vendrá a sustituir al Plan General de Ordenación Urbana de 1997.

Carabante ha abordado con los rectores varias cuestiones que vinculan al Consistorio con estas tres universidades, entre las que destaca el concurso de ideas para “la puesta en valor y transformación de la Ciudad Universitaria”, cuya resolución coincidirá en 2027 con el centenario de su creación. “Este es el campus urbano más importante de Europa y, por tanto, lo que debemos hacer es consolidarlo y pensar cómo debemos reseñarlo para que siga siendo un icono de la ciudad de Madrid”, ha señalado el delegado.

Carabante incide en que la transformación que se plantea no se centra únicamente en un giro de conocimientos, sino en cambios “también desde el punto de vista urbanístico” y en los que se incluyan “elementos de sostenibilidad”. Con el fin de fomentar la diversidad en la composición de los equipos, las ideas del concurso deberán estar integradas por miembros de, al menos, dos de las tres universidades y dos de los tres perfiles.

Las propuestas podrán entregarse hasta el 21 de septiembre. El fallo del jurado se dará a conocer un mes después y en 2027, se organizará una exposición con las ideas ganadoras. Con todo ello, el concurso aspira a convertir a la Ciudad Universitaria de 1927 en el “campus del talento urbano más relevante de Europa en el siglo XXI, dotar de un propósito a sus 350 hectáreas con usos que vayan más allá del académico y convertir este punto de la ciudad y su patrimonio en un icono imprescindible para el ciudadano y el viajero”.

Los seis grandes desafíos que han de resolverse

El concurso de ideas establece que las propuestas que se presenten deben resolver seis grandes desafíos: la superación de la fractura urbana que representa “la desconexión física y psicológica” en Moncloa-Aravaca generada por las infraestructuras viarias, recuperando la continuidad con el resto de la ciudad; la identificación de “áreas infrautilizadas o residuales” para rediseñarlas y ponerlas en valor, evitando la dispersión actual. Otras de las propuestas son la reversión del exceso de superficies pavimentadas y viales sobredimensionados para su integración en el sistema de infraestructura verde regional y local.

Además, se buscará transformar el modelo de movilidad mediante la resolución del impacto del vehículo privado y “la saturación de aparcamientos en superficie que degradan el paisaje y la experiencia peatonal” con nuevas fórmulas, unidas a un despliegue estratégico para integrar otros usos complementarios al tejido universitario. Lo que se pretende es lograr “una mejora de la relación espacial entre los volúmenes arquitectónicos existentes”, aislados según el Ayuntamiento por “un paisaje fragmentado y poco amable” e integrar el patrimonio edificado con el resto del campus.

Por su parte, el rector de la UCM, Joaquín Goyache, ha agradecido formar parte del Plan Estratégico municipal, que ayude a “pensar en el futuro de la Ciudad Universitaria”. Aunque aún no tienen definido el proyecto, Goyache ha manifestado que quieren que Ciudad Universitaria sea un lugar que “vivan” los ciudadanos de Madrid y los visitantes porque tiene “un patrimonio histórico, cultural y deportivo más que interesante”.

España se rompe. Pero, a diferencia de cuando el PSOE la vende a trozos, se rompe de verdad. Por la universidad, en concreto. La mitad del país ya tiene como mínimo una parte de los estudios gratuitos, y unas cuantas comunidades autónomas subvencionan todo el grado o casi. Mientras algunos –Madrid sobre todo, Catalunya algo menos– pagan mil euros o más cada curso, otros ni uno.

Esta situación está provocando un debate por la vía de los hechos. Dado que los recursos son limitados, ¿debemos todos pagar por un servicio que solo utilizan el 40-45% de quienes pueden usarlo? ¿Debemos pagárselo a todo el mundo, sin criterios de renta como se está haciendo, pese a que en la universidad ya hay un sesgo de partida y la mayoría de quienes acuden son de un nivel socioeconómico alto?

Algunos piensan que no. “Pagárselo a todos es populista”, nos dijo Juan Hernández Armenteros, uno de los principales expertos del país en todo lo que tiene que ver con financiación universitaria. Este economista cree que de base la universidad debería tener su coste real (actualmente ni siquiera las comunidades más caras cobran más del 15%-20% de lo que les cuesta impartir un grado), pero a la vez establecer un fuerte sistema de becas que le financie los estudios a quien no pueda pagárselos, pero se los cobre a su precio a quien sí. Hernández tiene, con un colega, toda una propuesta elaborada para un sistema progresivo que se acompaña de ayudas económicas directas en función de la renta familia. La puedes consultar aquí.

Para los estudiantes el debate nace cojo si no se introduce también el factor oferta pública. Sabéis, hemos hablado de esto, que en la universidad pública hay un tapón importante motivado por la falta de plazas, que han provocado un aumento considerable de la nota de corte, lo que a su vez provoca que mucha gente con buen expediente se ve expulsada a la universidad privada. Y así importa poco si te pagan una universidad a la que no puedes ir y te tienes que gastar miles de euros en una que no te puedes pagar (y entonces los créditos para estudiar se disparan).

Otras vías abogan por incentivar con la gratuidad en los estudios con más empleabilidad (si los vamos a pagar entre todos, que sean los que más interesan/aportan a la sociedad, es el razonamiento) y advierten de que la gratuidad universal tiene otra ventaja, quizá menos evidente: ayuda sobre todo a la gente sin recursos, a quienes muchas veces la burocracia de las ayudas les expulsa de este tipo de procesos. Esto, que según dónde esté uno puede parecer improbable, pasa.

También hay quien piensa que sí debe ser gratis para todos. Un académico ahora metido transitoriamente a político, experto en lo público, me preguntaba al día siguiente de publicar si seria pensable hablar en los mismos términos y tener las mismas dudas del acceso universal y gratuito a la sanidad. Y argumentaba que sanidad y universidad se configuran en la constitución como garantías institucionales, no como un derecho.

Si se va a la raíz del debate, supongo que pocos rechazarían una universidad gratuita y universal, pero de momento la realidad es que los campus públicos están, en general, mal financiados, lejos del 1% del PIB que exige la ley universitaria, tienen mucha precariedad entre su profesorado y hay que elegir a qué se dedican los recursos. 

Os dejo el artículo, con los argumentos ampliados y más información.

Hablando de todo esto, el Gobierno acaba de aprobar la convocatoria de becas para el próximo curso. Es la mayor de la historia, con 2.559 millones de euros para un millón de beneficiarios, y ha subido un 83% desde que llegó Pedro Sánchez a La Moncloa. Y eso también es una elección.

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Menos de la mitad de la población en edad de ir a la universidad se matricula en un grado. La tasa ronda el 40%-45% para una etapa que no es obligatoria, que muchas familias no disfrutarán y que reporta grandes beneficios a quien la cursa, aunque también, por extensión, a toda la sociedad. Con esta situación de partida, ¿debe la universidad pública ser gratuita? ¿Debemos todos pagar algo que usan unos cuantos? Y, si la respuesta es positiva, ¿a todos? ¿En qué circunstancias?

El debate atraviesa a la comunidad educativa (y política) desde hace años, y cada vez más comunidades autónomas van tomando partido e implementando la gratuidad. Lo están haciendo a izquierda y derecha y lo están haciendo por igual para todos, sin criterios de renta, aunque con diferentes modelos. Las hay, como la pionera Andalucía, que bonifican la matrícula a partir del segundo año en función del rendimiento. Otras, como Asturias, lo hacen desde el primer curso.

“Gratuidad para todos es una medida populista”, sostiene Juan Hernández Armenteros, profesor jubilado de Economía en la Universidad de Jaén y uno de los principales expertos de España en financiación universitaria, que adelanta el modelo que cree más justo y equitativo: “Precio de coste para las matrículas con carácter general y, una vez te matriculas, becas directas que cubran todos los gastos de matrícula y del estudio (residencia, movilidad, salario) en función de criterios de renta”.

Ismael Sanz, profesor del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) y analista en Funcas, cree “un poco absurdo” pagarle la matrícula a las familias de renta elevada y ve con buenos ojos introducir criterios de renta, pero también propone la gratuidad para los grados “con mayor inserción laboral” porque repercuten en la sociedad. En paralelo, Sanz incide mucho en la necesidad de agilizar la concesión de becas para que estas lleguen antes de que empiece el curso y las familias sepan que cuentan con ellas, algo que no está pasando todavía.

El estudiantado cree que hablar solo de gratuidad es algo reduccionista, explica Marta Gómez, directora de Relaciones Institucionales de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP), el órgano de representación de los universitarios. “El debate va mucho más allá, va del acceso universal a la universidad y de si se están cumpliendo o no. Y esto tiene que ver tanto con cuánto cuestan los precios públicos como con cuántas plazas ofrece la universidad pública”, argumenta.

Siete la ofrecen, tres lo prometen

En este momento, Andalucía, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias y La Rioja financian al menos algún curso de los grados. Las elecciones en Castilla y León y Aragón han provocado promesas que probablemente desembocarán también en algún tipo de gratuidad en ambas regiones, Cantabria acaba de anunciar lo propio, pero solo para empadronados en la comunidad y la Comunitat Valenciana anuncia que lo hará el próximo curso (y también pagará al estudiantado de la privada con un pago equivalente al coste de sus estudios en la pública).

Hay diferentes modelos, aunque todos son parecidos. Andalucía fue la pionera, e instauró un sistema en el que el primer año lo paga el estudiante, y a partir de ahí se le bonifica el 99% del coste de una asignatura futura por cada materia aprobada. Esto es, a partir de primero los estudios pueden salir prácticamente gratuitos (se pagan tasas) si se va aprobando todo, en una medida que busca recompensar el buen rendimiento académico, se arguye. Otra línea, la que practican Asturias o Castilla-La Mancha, cubren los costes ya desde el primer curso, pero solo de la primera matrícula. Si se suspende hay que abonar la segunda, y estas se van encareciendo respecto a la primera.

En realidad, recuerda Hernández Armenteros, “el precio ya está subvencionado para todos”. Todas las comunidades, explica, financian aproximadamente el 80%-90% del coste real de los estudios. Incluso en las más caras, Madrid y Catalunya, la parte que corresponde al estudiantado es minoritaria, en torno al 15% de unos 8.000 euros por curso, siempre hablando de medias.

En el debate también hay que introducir el factor becas al estudio. El Gobierno ya paga la matrícula a aproximadamente un 40% de los universitarios –y un pequeño extra a algunos–, una partida que las comunidades autónomas se ahorran. Hernández calcula que al Estado le costaría unos 1.300 millones de euros más subvencionar las matrículas de todo el estudiantado. El gasto total anual ronda los 12.000 millones de euros.

En cualquier caso, opina este experto, el modelo es fallido. Y si se habla del modelo que no cubre 1º, pero aun así se defiende con el argumento de la igualdad de oportunidades, menos aún: “No es cierto porque ya tienes que estar dentro para que aplique”, por lo que ya hay un sesgo ahí. También el otro es erróneo, dice el profesor. “La enseñanza superior no es obligatoria ni universal, accede menos de la mitad de la gente y van aquellas familias que pueden prescindir de la renta de su hijo [durante su periplo universitario], que además tendrá gastos”, argumenta. “Hay una selección natural por capacidad de renta entre los que van, que son quienes tienen padres universitarios. Si queremos igualdad de oportunidades para algo no universal hay que preocuparse de que quien quiera ir vaya”.

Ni siquiera el supuesto incentivo para el rendimiento, abonar una matrícula futura por cada asignatura aprobada, lo es. “Si un estudiante se matricula de 40 créditos pero aprueba 20, le bonifican 20”, expone. “Si lo que quieres es incentivar el rendimiento académico se debería subvencionar a quien rinde por encima de la media”, opina.

Gratuidad sí, pero

Gómez, de CREUP, explica que aunque la gratuidad “es un modelo positivo”, si solo es el primer curso o bonifica en el caso de que se apruebe previamente, “aparece un factor de renta importante que no se está tomando en cuenta, y es que muchas personas probablemente no aprueben todas las asignaturas porque están trabajando y no pueden compatibilizarlo, o fallan en algún momento, y se quedan sin esa bonificación”. “Probablemente el primer paso para garantizar una universidad pública justa es la progresividad de los precios públicos”, conviene.

Y ahí entra la propuesta de Hernández Armenteros, elaborada junto a su colega José Antonio Pérez García, de la Universitat de Alicante, plasmada en un estudio para la Fundación Europea Sociedad y Educación: el coste de la universidad es el que es, el 100% por defecto, pero se aplica una potente política de becas y ayudas en función de la capacidad económica de la unidad familiar. Este modelo divide a las familias en diez grupos posibles en función de sus ingresos en relación al nivel de pobreza (NPF), y cada grupo abona un porcentaje diferente de la matrícula. Las bonificaciones sobre la matrícula se complementan con becas económicas.

Esto es, para una familia base de cuatro miembros, si están menos de 1,25 veces por encima del nivel de pobreza familiar (ingresan menos de 19.775 euros anuales) tendría una bonificación del 100% sobre el coste. Además, ese estudiante recibiría un salario para estudiar (el IPREM, unos 600 euros al mes), otro para desplazamiento si lo necesitara, para residencia, por movilidad y para material didáctico. Si esa familia está entre 1,25 y 1,5 veces en el NPF (entre 19.776 y 23.730 euros anuales), pagaría el 5% de la matrícula (unos 250 euros anuales), y tendría derecho a las mismas ayudas que el anterior, excepto el salario. El modelo es progresivo y va bonificando menos y quitando ayudas económicas según la familia ingresa más, como se puede observar en el siguiente cuadro.

La propuesta se completa con ayudas económicas directas, también según la renta.

El profesor Sanz señala que un problema de no ofrecer gratuidad universal es que a las familias de nivel socioeconómico bajo tener que solicitar ayudas estatales puede suponerles un problema. Se les puede escapar que existen o pueden ver el proceso burocrático como un obstáculo insalvable, esto lo ha demostrado la literatura científica repetidas veces, que les acaba expulsando. “Aunque para algunos pueda ser difícil de pensar, la burocracia retrae a mucha gente de ir a la universidad”, asegura, “y son esas personas las que nos interesa que vayan, porque si no no irían”, observa.

Pese a ello, Sanz se muestra partidario de algún tipo de progresividad en los pagos y como alternativa ofrece la posibilidad de bonificar ciertos grados, una idea que Hernández Armenteros no ve con malos ojos. “Pondría la matrícula gratuita en las carreras que tienen más inserción laboral, porque sabemos que la sociedad necesita más gente en Físicas, Ingeniería, Medicina, Enfermería... Porque, además, los grados son más caros porque tienen más experimentalidad, y estaríamos incentivando que algún estudiante que quisiera cursar esto no dejara de hacerlo por cuestiones económicas”, reflexiona.

El estudiantado pone el acento en que además de la progresividad en el coste de la matrícula, un factor indispensable que introducir en el debate son las plazas que ofrece la universidad pública, otra vía que ejerce de barrera para el acceso además del precio, explica Gómez. “El acceso universal no se está cumpliendo porque la demanda de plazas es actualmente mucho más alta que la oferta, lo que al final deriva en que muchos acaban en la universidad privada, con precios mucho más altos”, expone la portavoz de CREUP.

Esa elevada presión, además, está elevando las notas de corte, lo cual también acaba teniendo una componente de clase, incluso desde el propio Bachillerato: es conocido que el alumnado de centros privados saca mejores notas en la Secundaria postobligatoria, un mejor rendimiento que luego no se traslada a la prueba de acceso a la universidad, pero que sí cuenta para establecer la nota de acceso.

El profesor Sanz está de acuerdo. “Necesitamos aumentar el número de plazas en universidades públicas para esas carreras como ingenierías, matemáticas, físicas, tecnología, medicina… Yo quiero que alguien que entre en Medicina tenga un buen expediente, sí”, relativiza la importancia de mantener un cierto límite con las plazas, “pero hay margen. Una persona que tiene un 11,5 o 12 va a ser un buen médico o matemático”, asegura. Y, ahora mismo, no puede acceder a esas carreras por la inflación de notas registrada en los últimos años.

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso de casación contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anuló la suspensión de las colaboraciones entre la Universidad de Granada y las universidades e instituciones israelíes. El alto tribunal zanjará así una cuestión que hasta ahora ha suscitado dos sentencias contradictorias: un juez avaló en primera instancia la decisión adoptada por la Universidad de Granada, pero luego fue corregido por el TSJA, que entendió que la decisión era discriminatoria y vulneraba los derechos fundamentales a la dignidad, la igualdad y no discriminación y la integridad moral.

Ahora se pronunciará el Tribunal Supremo, que ha admitido el recurso de la Universidad de Granada y la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), al apreciar que el caso afecta a los límites de la autonomía universitaria.

Los magistrados evaluarán si una universidad puede adoptar acuerdos como la suspensión basados en la defensa de los derechos humanos y del derecho internacional, incluso cuando estos impliquen suspender relaciones académicas con instituciones extranjeras. Asimismo, deberá determinar si este tipo de medidas puede calificarse como discriminatorias cuando no se dirige contra personas físicas, sino contra instituciones vinculadas a un determinado Estado.

Acuerdos universitarios en el punto de mira

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Granada acordó suspender sus programas de cooperación académica con universidades israelíes y reforzar la cooperación con universidades palestinas el 17 de mayo de 2024.

La Universidad acordó suspender la movilidad de estudiantes, docentes e investigadores con universidades israelíes, así como los convenios de lectorado y cursos de verano con la Universidad de Bal-Illan y con la Universidad de Tel-Aviv; no firmar nuevos acuerdos, ni participar en nuevos proyectos internacionales con universidades israelíes; y suspender la cooperación científico-técnica en los consorcios de investigación promovidos por la Comisión Europea con socios israelíes. También acordó intensificar sus relaciones con las universidades palestinas y ayudar a acoger estudiantes, investigadores y profesores palestinos.

Habían pasado siete meses desde el inicio de la ofensiva israelí contra Gaza tras los atentados del 7 de octubre. En ese momento, la ofensiva israelí ya había matado a unos 35.000 y herido a unos 75.000 gazatíes, la mayoría civiles, incluyendo alrededor de 15.000 niños. Israel también obliga al desplazamiento forzoso de 1,7 millones de personas fuera de sus viviendas, en torno al 70% de la población, hacinándolos en el extremo sur de la franja. Hasta el alto el fuego de octubre de 2025 los muertos superaron los 72.000 (de ellos, 21.000 niños y niñas) y los heridos alcanzaron 172.000, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza, citadas por las agencias de la ONU.

Entre mayo y junio de 2024 las protestas contra las acciones de Israel en Gaza se sucedieron en las universidades españolas, y media docena de ellas (Valencia, Málaga, Granada, Burgos, Complutense de Madrid, País Vasco y Vigo) rompieron con el país. Varias fueron demandadas por la Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), un lobby sionista que esta misma semana ha demandado a varios periodistas, incluida Raquel Ejerique, adjunta al director de elDiario.es, por “invitar al odio e injuriar personal y públicamente a ciudadanos judíos españoles con significación pública”.

Los recursos de ACOM contra las universidades españolas han seguido una suerte dispar. Por ahora, ha ganado contra la de Granada y Valencia, y perdido contra la de Burgos. Los recursos ahora llegan a la cúspide de la jurisdicción española, que deberá zanjar la cuestión.

Neutralidad o autonomía universitaria

Para fundamentar su acuerdo la institución granadina recordaba que en la esencia de las universidades está promover la paz y que sus Estatutos recogen como fin “la transmisión de los valores superiores de nuestra convivencia (…) el fomento del diálogo, de la paz, del respeto a la diversidad cultural y de la cooperación entre los pueblos”. Pocos días antes, la Conferencia de Rectores y la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas habían pedido el cese de las operaciones militares del ejército israelí y de “cualquier acción de carácter terrorista, y la liberación de las personas secuestradas por Hamas”, así como que Israel respete el derecho internacional y permita la entrada en Gaza de toda ayuda humanitaria.

La Universidad citaba las palabras de la relatora de la ONU Francesca Albanese, quien días antes había lamentado que “el mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en tiempo real por sus víctimas”.

ACOM recurrió el acuerdo por entender que vulnera los derechos fundamentales de la población e instituciones israelíes. En primera instancia, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Granada desestimó la demanda al entender que la Universidad actuó dentro de su autonomía, reconocida en la Constitución, y sin vulnerar derechos fundamentales. El juez razonaba que la decisión de la Universidad no se dirigía “contra el pueblo israelí”, sino que se refería a instituciones concretas, estableciendo una diferencia de trato justificada, proporcional, de efectos provisionales y basada en fines legítimos de la Universidad.

Sin embargo, el TSJA revocó la decisión el pasado septiembre, subrayando que la libertad de la Universidad para establecer o suspender convenios debe ajustarse a los principios de igualdad y dignidad de las personas. A diferencia del juzgado, el TSJA concluyó que el Acuerdo establece un trato desigual hacia estudiantes, profesorado y personal vinculado a universidades israelíes “sin motivación suficiente, sin individualización y sin examinar su concreta participación o posición respecto al conflicto”. Según esos magistrados, el Acuerdo implica una “estigmatización” al asociar a las personas vinculadas a las universidades israelíes con una responsabilidad en el “conflicto entre Israel y Palestina y Gaza”.

El asunto tiene relevantes aristas jurídicas, según reconoce el Tribunal Supremo, que ha visto una oportunidad para retomar la jurisprudencia en materia de acuerdos universitarios sobre cuestiones políticas.

En primer lugar, está el alcance del principio de neutralidad de las universidades públicas. El Tribunal Supremo se cuestiona si tiene el mismo alcance que en otras administraciones y dónde debe trazarse la frontera entre ese principio y el de autonomía universitaria, reconocido en la Constitución. A su vez, los magistrados se pronunciarán sobre si la suspensión de relaciones institucionales con entidades vinculadas a un Estado puede calificarse de “acto discriminatorio” pese a que no se refieran a personas físicas o colectivos.  

La Universidad de La Rioja organiza el domingo 12 de abril una nueva edición de la Carrera Campus, que reunirá en una misma jornada deportiva al estudiantado universitario y preuniversitario de la región junto a corredores populares con trazados de 1k, 3k, 5k y 10k.

La inscripción en la Carrera Campus 2026 –que forma parte del XI Circuito de Carreras de Logroño– ya está abierta a través de www.unirioja.es/carreracampus y es gratuita para el alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, que deberá realizarla a través de sus centros educativos hasta el 20 de marzo.

La Carrera Campus 2026 ha sido presentada hoy, jueves 12 de marzo, en un encuentro informativo en el que ha participado Eva Sanz Arazuri, rectora de la Universidad de La Rioja, junto a Diego Azcona Azpilicueta, director General de Deporte y Juventud; Francisco Iglesias Valle, teniente–alcalde del Ayuntamiento de Logroño y presidente de Logroño Deporte; Luis Ruiz Pérez, director institucional de Caja Rural de Navarra; así como Rosario Salas, directora del Centro Comercial Berceo; y el resto de representantes de las entidades patrocinadoras y colaboradoras.

La Carrera Campus 2026 está organizada por la Universidad de La Rioja, cuenta con el apoyo del Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Logroño y Logroño Deporte, y con el patrocino de Caja Rural de Navarra y el Centro Comercial Berceo. Además, colaboran Diario La Rioja, Cruz Roja, Coca Cola, Mavyal, Selecta, Grupo Ebone, Indoor Air Quality, Federación Riojana de Atletismo, Colegio Oficial de Fisioterapeutas de La Rioja, Fundación Cultural y Recreativa Cantabria, ARSIDO, AA.VV. San José, Club Deportivo Envero, Holika y las cafeterías del campus de la Universidad de La Rioja.

La organización mantiene una serie de medidas para reducir el impacto medioambiental del evento y, en materia de compromisos sociales, dispone del Dorsal 0 Solidario, en esta edición destinado a la Red Vecinal Contra la Violencia de Género, programa de la Federación de Asociaciones Vecinales de la Rioja y el Gobierno de La Rioja, que tiene como objetivo evitar el aislamiento social de las personas en situación de maltrato.

El circuito volverá a tener como punto de salida y de llegada el Edificio Quintiliano (c/ La Cigüeña 60) y recorrerá los principales enclaves del campus, incluyendo el paso por los parques de La Ribera y del Iregua. Para controlar el recorrido y atender los diferentes aspectos de la organización, se dispone ya de un equipo de cien personas, la mayoría estudiantes universitarios.

CENTROS ESCOLARES Y UNIVERSITARIOS

Un año más, la organización pondrá el foco en la participación de estudiantes preuniversitarios de 3º y 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior de La Rioja y reconocerá al centro con mayor número de participaciones.

Esta categoría tendrá una salida diferenciada respecto al resto de corredores, justo después de la salida de las categorías universitaria y popular. Asimismo, la organización distinguirá al centro universitario más participativo (escuela, facultad, etc.).

CATEGORÍAS Y DISTANCIAS

En cuanto a los recorridos, se mantiene el programa y circuitos de la última edición, con las distancias de 10.000 y 5.000 metros para participantes populares y miembros de la comunidad universitaria; 3.000 metros para alumnado preuniversitario; y 1.000 metros para familias. Quienes lo deseen, podrán completar andando cualquier distancia, excepto la de 10.000 metros.

En todos los casos, el circuito tendrá como punto de salida y de llegada el Edificio Quintiliano (c/ La Cigüeña 60) y recorrerá los principales enclaves del campus, incluyendo el paso por los parques de La Ribera y del Iregua. La prueba tendrá dos salidas:

Hora de salida: 11:00 h.

Trazado: Campus, Parque del Iregua y Parque de La Ribera.

Recorrido: 10.000 o 5.000 metros para los estudiantes universitarios, personal UR y corredoras y corredores populares y 3.000 metros para alumnado preuniversitario.

Hora de comienzo: 12:45 horas.

Sin límite de edad y sin carácter competitivo, con la participación conjunta de padres e hijos.

Trazado: Campus.

Recorrido: 1.000 metros

INSCRIPCIÓN: descuento HASTA EL 26 de marzo

Las inscripciones online se podrán realizar a través de www.unirioja.es/carreracampus hasta el sábado 11 de abril a las 14:00 horas. Además, se habilitará una inscripción presencial en el Edificio Quintiliano el 10 de abril de 12:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 h y el 11 de abril, de 10:00 a 13:30 horas (ampliado hasta el mismo día de la prueba de 9:00 a 11:00 horas en el caso de la carrera familiar). En los mismos días, horarios y lugar también podrá retirarse la Bolsa de Carrera con el dorsal.

El alumnado de Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior puede inscribirse de forma gratuita a través de sus centros hasta el 20 de marzo y, a partir de ese día, podrá inscribirse de forma individual al precio de 6 euros.

El resto de corredores lo hará con una inscripción de 12 euros hasta el 26 de marzo y, a partir de ese día, de 15 euros. Los estudiantes universitarios podrán inscribirse al precio de 4 € hasta el 26 de marzo y 6 € a partir del 26 de marzo.