Las universidades públicas alertan de que la nueva ley universitaria andaluza roza “lo inconstitucional”

El presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía (AUPA), Francisco Oliva, ha advertido de que la nueva ley universitaria andaluza está “en el límite de la inconstitucionalidad” por cuanto “invade la autonomía universitaria consagrada en la Constitución Española” y “vulnera” artículos de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Así de contundente se ha expresado el representante de los rectores de la pública durante su intervención en la comisión parlamentaria celebrada este lunes sobre el proyecto de Ley Universitaria para Andalucía (LUPA) que se está tramitando. El también rector de la Pablo de Olavide (UPO) ha lamentado que el texto que finalmente ha llegado a la Cámara andaluza “difiere en aspectos sustantivos” al que los agentes sociales analizaron y dieron el visto bueno hace un año.

Ese proyecto aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado mes de octubre por la vía de urgencia incluye aspectos que, a juicio de los rectores, suponen “una injerencia injustificada de la administración pública en el ejercicio de la autonomía universitaria”, de ahí que alerten de una “flagrante restricción” de ese derecho constitucional, especialmente en materia de contratación. En ese sentido, el presidente de AUPA ha recordado que “el Estado es el único con competencias en legislación laboral”.

Asimismo, el presidente de AUPA ha aprovechado su intervención para reivindicar una “financiación suficiente” que permita garantizar el desarrollo de la ley, ya que la normativa obliga a implantar medidas, como la acreditación de un nivel B2, que requieren de “un programa muy potente de becas”. Todo ello en un momento clave, en plenas negociaciones por el segundo reparto de fondos para 2025 entre las diez universidades públicas andaluzas, después de que el primero se aprobase con la abstención de los rectores por no incluir todos los acuerdos firmados en 2024.

La financiación ha sido la principal fuente de tensión entre los rectores y el Gobierno andaluz y es también el motivo por el que el Consejo de Estudiantes de la Universidad de Málaga (UMA) ha convocado un paro académico desde este lunes 1 de diciembre hasta el próximo viernes.

Riesgo de burocratizar y ralentizar la gestión universitaria

Como jurista, Oliva ha señalado que el proyecto de ley universitaria entraña “rasgos de constitucionalidad” y ha puesto “en entredicho su legalidad”, alertando de que “es preocupante que se hayan añadido cuestiones que afectan claramente a la autonomía universitaria y que constituyen una vulneración de la LOSU”. El representante de las universidades públicas andaluzas ha insistido en que estas críticas se hacen “con ánimo constructivo” en aras de lograr que “esta posible sombra que pesa sobre la ley desaparezca”.

Respecto a la obligación de contar con un interventor externo en cada universidad —cuando hace un año se planteó que fuera facultativo—, Oliva ha mostrado su sorpresa: “No sabemos a qué obedece este enigmático cambio. No comprendemos su inclusión”, especialmente cuando “todos los años nos fiscaliza la Cámara de Cuentas”. “No hay institución más vigilada y fiscalizada que las universidades”, ha subrayado, antes de rematar diciendo que “carece de sentido y va a burocratizar y ralentizar aún más la gestión diaria”.

Sobre las “nuevas figuras” previstas en la normativa andaluza, Oliva ha apuntado que las modalidades docentes ya están recogidas en la LOSU. Por ejemplo, la categoría de profesor singular invitado, “por claridad, debería suprimirse porque no añade nada con respecto a lo existente”. En cuanto al profesor emérito, la LOSU establece que los requisitos los fija cada universidad, por lo que la LUPA supone “un error técnico de competencias”, según el presidente de AUPA.

Respecto a la obligación de que la oferta de plazas de profesorado sea aprobada por la Junta de Andalucía, Oliva ha remarcado que “la LOSU es clara: es competencia de las universidades”. Además, en nombre de los rectores ha reclamado que las becas de internacionalización se destinen “exclusivamente a los estudiantes de la pública” y ha calificado de “excesivo” que la Junta nombre a nueve miembros del Consejo Social, lo que “puede comprometer la independencia del órgano”. Asimismo, ha reivindicado que los centros universtiarios de nueva creación se adapten a la nueva normativa “desde un principio”, sin contar con un año para ajustarse.

Preocupación compartida por los sindicatos

En la comisión parlamentaria también han intervenido otros agentes sociales del ámbito universitario, como los sindicatos. Durante su comparecencia en el Parlamento andaluz, CCOO Andalucía se ha sumado a las preocupaciones de los rectores del sistema público, alertando también de las “injerencias” en la autonomía universitaria. “No vamos a aceptar que quienes no forman parte del sistema público voten sobre competencias que les son ajenas; no se puede poner al lobo a cuidar de las gallinas”, han expresado desde el sindicato.

En la misma línea que los rectores, la organización sindical ha denunciado la creación de una nueva figura de profesorado cuya regulación corresponde al Estado, y que incrementaría la “precariedad”, así como “discriminaciones” entre colectivos en función de su vinculación contractual. En resumen, a ojos del sindicato, la LUPA contiene elementos “regresivos” que ya fueron advertidos en el marco del diálogo social durante su elaboración: “Es evidente que no hemos sido escuchados y que estos cambios podrían afectar gravemente al sistema público de educación superior en Andalucía”.

Tanto es así que la organización sindical considera que la nueva ley “supone un paso más para la regresión que está sufriendo el sistema universitario público debido a la política privatizadora del Gobierno andaluz y agrava un modelo de financiación insuficiente, a pesar de que el Ejecutivo ha acumulado superávits muy elevados en los últimos ejercicios”.

La financiación de nuevo en el foco

De hecho, CCOO ha hecho especial hincapié en la política privatizadora del Gobierno: “Exigimos eliminar cualquier vía de subvención, directa o indirecta, para las universidades privadas, incluyendo becas públicas aplicables a su alumnado”, ha demandado durante la comisión parlamentaria. Por último, han denunciado que “la LUPA no incorpora ninguna garantía financiera que asegure su sostenimiento y, además, impone la obligación de captar un 25% de financiación externa sin un marco estable, suficiente y realista que permita planificar los presupuestos plurianuales que la propia ley exige”.

Ante ese escenario, CCOO reclama dos compromisos, en sintonía con las reivindicaciones de los rectores de la pública: la fijación en la ley de la senda para alcanzar el 1% del PIB destinado al sistema universitario –recogido en la LOSU– y la incorporación de una cláusula de salvaguarda, “que garantice al menos el mantenimiento de las partidas de un ejercicio a otro”.

La futura LUPA, entre otros aspectos, regulará el modelo de financiación del sistema público universitario, elemento de fricción entre el Gobierno de Moreno y los rectores del sistema público, que actualmente negocian el nuevo reparto de fondos. El Consejo de Gobierno aprobó el proyecto de la Ley Universitaria Para Andalucía (LUPA) el 1 de octubre sin someterlo previamente al dictamen del Consejo Económico y Social (CES), órgano consultivo del Ejecutivo andaluz en materia socioeconómica. La norma se tramitó por la vía de urgencia, contando solo con los informes del gabinete jurídico y del Consejo Consultivo de Andalucía.

En defensa de la urgencia de la norma, la Consejería señaló que la LOSU establece un plazo de tres años para que las universidades adapten sus estatutos a la nueva ley estatal, que vence en 2026. Para evitar dos reformas estatutarias en corto plazo, la Junta argumenta la necesidad de aprobar la LUPA antes de esa fecha.