ENTREVISTA - Presidente de las universidades públicas andaluzas

Francisco Oliva: “La universidad pública como ascensor social muestra signos de fatiga ante dos grandes amenazas, las privadas y la vivienda”

El curso universitario ha arrancado en Andalucía marcado por el contraste entre el acercamiento institucional que escenificaron los rectores de las universidades públicas y la Junta en el acto de inauguración del curso académico, y el malestar que manifestaron estudiantes y sindicalistas durante sus respectivas protestas en defensa de una educación “pública y de calidad”. Ese pulso entre reivindicación y diálogo estará presente a lo largo de un 2025-2026 que se antoja “decisivo” para preservar el valor de la universidad pública como “ascensor social”.

Tras inaugurar el curso académico, Francisco Oliva, rector de la Universidad Pablo de Olavide y presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, analiza junto a elDiario.es los retos que afronta el sistema universitario público andaluz durante el próximo curso: desde concretar los flecos pendientes del modelo de financiación hasta la modernización de la oferta académica, pasando por la regulación de los centros privados y la búsqueda de soluciones al problema de la vivienda que afecta cada vez más a los estudiantes.

El acto de inauguración del curso estuvo marcado por protestas estudiantiles y algún momento de tensión. ¿Qué lectura hace de esas movilizaciones? 

Lo primero que hay que decir es que los derechos de reunión, de manifestación, de libertad de expresión y de protesta son derechos fundamentales de las españolas y los españoles y, por lo tanto, se ejercieron en el campus, tanto CCOO como un grupo de estudiantes. En ese sentido, lo único que tengo que decir es que se escucharon e hicieron públicas todas sus reivindicaciones y desde luego se permitió sin ningún tipo de problema su celebración en el campus. Es cierto que hubo algún momento de cierta tensión, pero que afortunadamente se resolvió sin ningún tipo de problema y se pudo celebrar el acto académico completo. Yo diría, además, que salió muy bien. Por mi parte no hay más que decir.

Durante su discurso apeló al diálogo y a la lealtad institucional, pero también recordó que el curso pasado se produjeron varios desencuentros con la Consejería de Universidad, ¿cómo describiría la relación actual de las universidades públicas con el Gobierno andaluz? 

Es obvio, porque esto no se puede ocultar, que hemos tenido una serie de desencuentros derivados de una serie de discrepancias interpretativas y aplicativas del modelo de financiación del que nos hemos dotado. Estas discrepancias empezamos a resolverlas gracias al acuerdo de Jaén, firmado el 8 de abril. Sin embargo, aún no hemos acabado, desgraciadamente, de cerrar todos los elementos que aparecían en ese acuerdo.

¿Qué aspectos siguen pendientes tras el acuerdo de Jaén?

Por ejemplo, el pago de los trienios al personal de la universidad, el pago de los quinquenios y sexenios al personal contratado temporal, la cuestión del 0,5 % de subida salarial que tenemos que pagar las universidades también, e incluso una partida de nivelación para las universidades que también tenemos que negociar en estos momentos.

No se han resuelto aún todos los problemas, pero vamos por el buen camino, que es el de la voluntad del presidente

¿Confían en que la Junta de Andalucía va a cumplir con todos los acuerdos, como dijo el presidente en la apertura del curso?

Yo confío en la palabra del presidente de la Junta de Andalucía, como no puede ser de otra manera. Estoy seguro de que vamos a resolver todos los problemas interpretativos y, como ha dicho el presidente, se van a cumplir con todos los acuerdo.

¿Con qué mensaje o idea central se queda del discurso de Moreno en el acto de inauguración?

Yo creo que las noticias que nos dio el presidente durante el acto fueron importantes. En primer lugar, reconoció que se nos iba a ingresar inmediatamente 16 millones de euros, que son muy importantes, concretamente, para consolidar el punto de partida de la asignación presupuestaria del año 2025. Eso era una reivindicación nuestra, que implica que el presupuesto inicial sube de 1.685 millones a 1.701. En segundo lugar, y esto es muy importante, el presidente reconoció que se van a cumplir todos los acuerdos y que, además, se va a constituir una comisión de trabajo con Hacienda y las universidades y, por supuesto, la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación, para resolver absolutamente todas nuestras peticiones que están todavía encima de la mesa.

¿Considera que la partida de esos 16 millones de euros para acciones específicas de digitalización y sostenibilidad son suficientes para responder a las necesidades de las universidades públicas?

Supone un punto de partida para este año y nos permitirá destinarlos a nuestras políticas estratégicas, como la transformación digital y la economía verde, dos pilares clave del siglo XXI. Conviene aclarar que esta partida es independiente de otros compromisos pendientes, como trienios, quinquenios, sexenios, la carrera horizontal o la nivelación entre universidades. Todo ello tendrá que resolverse en paralelo, pero el anuncio es muy importante porque esto significa un incremento presupuestario de las universidades públicas.

¿Se podría decir entonces que se han zanjado definitivamente las discrepancias con la Junta?

Lo que ha habido es una discrepancia de interpretación y de aplicación del modelo de financiación. Las universidades teníamos una serie de reclamaciones que nuestra Consejería no compartía. ¿Cómo se resuelven estas cosas? En primer lugar, como ha dicho el presidente, se van a cumplir los acuerdos y vamos a constituir esta comisión para resolver los aspectos pendientes. Porque, insisto, queda mucho trabajo por hacer. Y quiero lanzar también ese mensaje: nada está cerrado todavía. No se han resuelto ya todos los problemas, pero vamos por el buen camino, que es el de la voluntad del presidente, junto a la constitución de esa comisión con Hacienda. Y yo espero que a lo largo de las siguientes semanas se resuelva definitivamente. Porque también hay una cosa muy importante y es que esto afecta necesariamente a los presupuestos del año 2026. Es decir, todo lo que acordemos va a ser el punto de partida para fijar la cláusula de salvaguarda del próximo año.

Si no mejora la ACCUA, corremos el peligro de que muchas de las nuevas titulaciones se topen con un problema administrativo que nos impida ponerlas en marcha

Mientras esos aspectos se terminan de definir, ¿en qué estado se encuentran las universidades públicas en cuanto a solvencia económica?

Es muy importante comprender esto. Las universidades tenemos que pagar una serie de conceptos (trienios, quinquenios, los complementos autonómicos o la carrera horizontal). Esto es muchísimo dinero. Entonces, si no recibimos estas percepciones económicas, evidentemente la propia solvencia y sostenibilidad financiera de la universidad se pone en peligro. Por eso es tan importante el anuncio del presidente. Si conseguimos todo eso, podremos de alguna manera continuar con nuestra actividad. Si no, hay que comprender que es mucho dinero lo que está en juego con todas estas partidas. Por lo tanto, necesitamos que se nos dé la tranquilidad y la seguridad jurídica de que se nos van a ingresar esas cantidades para nosotros poder proceder a asumir esos gastos que evidentemente tenemos que cumplir sí o sí, porque son complementos retributivos que tenemos que asumir.

Y necesariamente tiene que ser con esa fecha límite de final de año, ¿no?

Necesariamente. Y tiene que ser cuanto antes porque, insisto, este es el punto de partida de los presupuestos del año 2026.

Junto a la financiación, otro de los retos que usted mencionó en su discurso inaugural fue la modernización de la oferta académica. ¿Está la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA) preparada para acompañarles en ese proceso?

Durante estos últimos meses hemos contemplado una serie de anomalías, retrasos injustificados, en determinadas resoluciones que no entendíamos suficientemente justificadas, en ámbitos como la aprobación y verificación de títulos. Además, en este momento la Agencia todavía está descabezada. Parece que se va a nombrar pronto a un director, pero todavía no lo tiene. Entonces, la Agencia ha vivido un periodo ciertamente complicado. Lo que sí queremos es que en franco diálogo entre la propia agencia, los rectores y la Consejería, seamos capaces de flexibilizar, abrir y hacer que sea una agencia mucho más ágil. Porque, si no, es cierto que corremos el peligro de que muchas de estas titulaciones se topen con un determinado problema administrativo que nos impide ponerlas en marcha. Eso es muy importante para nosotros: que nuevamente, se nos escuche como destinatarios de primer orden de la agencia a la hora de ver en qué se puede mejorar. Yo siempre intento dar el discurso positivo, es decir, no se trata de criticar por criticar, sino de intentar mejorar lo que se está haciendo en la agencia por el bien del sistema de calidad de nuestra universidad de Andalucía.

¿Qué opina de que el Consejo de Universidades haya tenido que enmendar a la Junta en el caso del grado de Ingeniería Bioquímica de las universidades de Granada y Jaén?

Aquí considero que la posición de los rectores andaluces siempre ha sido coherente. En su momento, en el mes de julio, apoyamos el posicionamiento de la Universidad de Granada y Jaén porque no comprendíamos la resolución de ACCUA. Nos parecía como mínimo llamativo que a la universidad número uno en Inteligencia Artificial [la de Granada] se le niegue un título en Inteligencia Artificial y que a dos universidades tan potentes en el ámbito de las ciencias de la salud, como Granada y Jaén, conjuntamente se les negara la Ingeniería Biomédica. Y todavía más nos sorprendió que esos dos titulaciones fueran a parar a universidades privadas. Por lo tanto, nosotros dijimos claramente que estábamos en contra de esa resolución y, posteriormente, lo que ha ocurrido es que ese posicionamiento nuestro se ha venido a ratificar finalmente.

El decreto para endurecer los requisitos a las privadas exige residencias universitarias para hacer frente a una de los grandes amenazas que hay ahora mismo sobre el sistema universitario español

Precisamente, otro de los frentes que preocupan en el sistema universitario público es el avance de las privadas, ¿cómo interpreta que el PP en el Parlamento andaluz se haya posicionado en contra de la nueva normativa estatal que endurece la creación de centros universitarios privados? 

Yo tengo que decir que a mí me parece que la medida de este decreto de endurecimiento de requisitos va por el buen camino, porque en los últimos años hemos contemplado cómo una serie de proyectos de universidades privadas –que eran especialmente flojos en el ámbito de investigación, de transferencia de conocimiento, que son la esencia de la universidad, porque si no, seríamos una simple academia docente– se han venido aprobando. Incluso, lo más preocupante, muchas de ellas en contra de los criterios de las propias agencias de calidad. Por lo tanto, una de las cosas que hace este nuevo decreto es precisamente establecer que si una agencia de calidad autonómica dice que el proyecto no tiene la suficiente calidad, inmediatamente se tiene que paralizar. Porque no tiene sentido que un Parlamento, por muy soberano que sea, ignore por completo el parecer de una agencia de calidad.

Por otro lado, en el nuevo decreto se incrementan algunos requisitos de investigación, de transferencia de conocimiento, la necesidad de que se tengan residencias universitarias, por ejemplo, que es también un elemento fundamental, puesto que esta es una de las grandes amenazas que hay ahora mismo sobre el sistema universitario español. Entonces, yo no puedo juzgar lo que hacen los demás, pero sí te puedo decir que desde la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas estamos de acuerdo con endurecer ese decreto, que se ha puesto de manifiesto que se quedó ciertamente corto en el requisito de exigencia de calidad mínima, imprescindible para cualquier universidad.

Entonces, ¿que a nivel autonómico el PP impulsara una proposición no de ley instando al Gobierno central a frenar precisamente esa regulación lanza algún tipo de mensaje o de declaración de intenciones que os pueda preocupar a las universidades públicas?

Ya digo que evidentemente no estamos de acuerdo con eso. Los rectores andaluces siempre hemos sido muy claros: nos hemos opuesto a todos los proyectos que han venido en Andalucía, a los cuatro, aportando evidentemente informes jurídicos en contra. Por tanto, no estamos de acuerdo con ese posicionamiento que se ha hecho y estamos a favor de ese decreto sobre las universidades, que por cierto, establece requisitos a universidades públicas y privadas, es decir, que no es solamente aplicable a las privadas. Esto se exige a cualquier proyecto universitario.

Por primera vez estudiantes que tienen la nota para entrar en determinadas grados no lo hacen porque incluso teniendo beca no es suficiente para alojarse en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla

¿Si continúan proliferando los centros privados en Andalucía, peligra ese valor que reivindican de las universidades públicas como ascensor social?

El ascensor social empieza ya a dar signos de agotamiento por distintas razones. Una, porque hay un dato que es indiscutible: cuando la Universidad Pablo de Olavide se funda en el año 1997, que es la penúltima de España, había 13 o 14 universidades privadas. En España, ahora hay 46 y el año que viene probablemente habrá más universidades privadas. ¿Qué implica esto? Una transmutación por completo de nuestro sistema universitario. Y esto tiene consecuencias. Han crecido tanto porque la inversión en educación superior universitaria a nivel nacional está muy por debajo de la media de la Unión Europea y de la OCDE. Eso hace que no podemos llegar a todos los sitios que nos gustaría y que se abra evidentemente un campo muy importante para las universidades privadas.

Por otro lado, un segundo elemento que nos preocupa muchísimo, desde CRUE también, que es la cuestión de la vivienda, el alojamiento de los estudiantes, que es un problema muy importante. Se está dando la paradoja de que por primera vez estudiantes que pueden incluso tener la nota para entrar en determinados grados, no lo hacen porque incluso teniendo beca no es suficiente para alojarse en ciudades como Madrid, Barcelona o Sevilla. Esto hace también que el ascensor social se ponga en peligro. 

Y otra de la demanda también de la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) precisamente es el tema de las plazas, que muchos se ven obligados a recurrir a la privada por falta de oferta en el sistema público.

Claro, es que finalmente el problema de fondo es la financiación. Cualquier incremento de plazas implica más espacio y más profesores, y evidentemente eso implica más gasto económico también en gasto secundario, es decir, gastos de luz, personal de administración que tiene que atender. Muchas veces se nos acercan ciudadanos que nos preguntan por qué no sacamos más plazas de medicina o del Máster de Educación de Formación del Profesorado y la única razón es que no contamos con la financiación suficiente para poder hacerlo. Insisto, esto es un problema nacional de que si queremos apostar por el ascensor social y, por lo tanto, reforzar a las universidades, tenemos que reforzarlas económicamente.

Con esa radiografía, ¿está ya en peligro el ascensor social?

El ascensor social evidentemente está dando signos importantes de fatiga como consecuencia de estas dos grandes amenazas que tenemos: la vivienda y las privadas. 

De ahí también que insistan en que es un momento decisivo para que se tomen este tipo de medidas, ¿no?

Yo lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Ya ha cambiado el sistema universitario español. Ahí están los datos: 50 públicas, 46 privadas. Miramos hace 20 años y esto no tiene nada que ver. Por lo tanto, es muy importante que en estos momentos reforcemos la financiación de todo el sistema universitario español para de esa manera preservar el ascensor social. A mí me preocupa, por ejemplo, ver que en Madrid hay más estudiantes de primero de medicina en privadas que en públicas. Esto es un ejemplo claro de cómo el ascensor social efectivamente se está fatigando porque en muchos de estos casos no hay derecho de elección. Es decir, no es que alguien elija, sino que se vea obligado a irse a lo privado, porque desgraciadamente en lo público no podemos ofertar todas las plazas necesarias.

¿Cómo se puede garantizar que la universidad pública siga siendo el verdadero “ascensor social” de Andalucía si el sistema sigue cambiando?

Para que este ascensor social vuelva a estar en marcha, necesitamos primero seguir fortaleciendo la financiación de la universidad pública y también hacer una inversión muy importante en infraestructuras con planes nacionales y autonómicos. Y también, muy especialmente en alojamiento para estudiantes.

Si a las universidades públicas andaluzas les va bien, a Andalucía también le irá bien

Otro de los motivos por los que nos adentramos en un curso decisivo es el plano normativo. ¿Qué esperan de las nuevas leyes universitarias que se van a desarrollar a lo largo de este curso en Andalucía?

Respecto a la Ley Andaluza de Universidades, hemos trabajado en su redacción con un buen tono de diálogo y consenso, pero ahora toca esperar al texto definitivo que llegue al Parlamento y, sobre todo, al que finalmente se apruebe. La norma pretende desarrollar algunos aspectos que la LOSU (Ley Orgánica del Sistema Universitario) dejó más abiertos. Hay elementos positivos, pero insistimos en que los rectores debemos ser convenientemente escuchados en esta fase final. Algo parecido ocurre con la Ley Andaluza de Ciencia: contiene figuras interesantes que pueden impulsar el sistema universitario andaluz. Pero es muy importante que venga acompañada de una propuesta financiera de carácter permanente, porque finalmente la investigación es ante todo una inversión en conocimiento y, por lo tanto, tiene que venir acompañada de esa financiación suficiente y necesaria.

¿Hay algún aspecto en el que pondrán especial atención en el desarrollo de la Ley Andaluza de Universidades?

Estamos pendientes del informe del Consejo Consultivo Andaluz, ya que algunas cuestiones que jurídicamente nos parecían discutibles desde el punto de vista de la autonomía universitaria, especialmente en lo relativo a la configuración de los órganos de gobierno.

Esta semana se ha conocido que la Universidad del País Vasco va a renunciar a proyectos de investigación con entidades israelíes. ¿En qué punto se encuentran las universidades andaluzas respecto a las medidas que anunciaron el año pasado contra Israel?

En mayo de 2024, desde CRUE emitimos un comunicado recomendando suspender las relaciones académicas y de investigación con universidades israelíes mientras persista lo que Naciones Unidas y otros organismos internacionales han calificado de genocidio. Desde la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía nos sumamos a ese posicionamiento y cada institución, en el ejercicio de su autonomía, ha ido tomando decisiones. En el caso de la UPO, suspendimos los acuerdos vigentes con universidades israelíes y decidimos no renovar un convenio que había caducado. Además, impulsamos medidas positivas, como la inclusión de planes con Palestina en nuestro programa de cooperación internacional y la firma de un acuerdo con la Asociación Europea de Cooperación con Palestina, el primero de este tipo en España. Todo ello fue respaldado por unanimidad por el Claustro en julio de 2024.

Para terminar, ¿qué mensaje le gustaría lanzar en este inicio del curso?

Las diez universidades públicas de Andalucía estamos a disposición de la comunidad autónoma para poner todo nuestro talento encima de la mesa con una finalidad muy clara: seguir formando de la mejor manera posible a los andaluces. Aportar la investigación y transferencia de conocimiento necesaria para que nuestro sector productivo y la sociedad en su conjunto sea mucho más moderna, productiva y competitiva a nivel internacional y nacional. Lo digo siempre: si a las universidades públicas andaluzas les va bien, a Andalucía también le irá bien, porque crear y transmitir conocimiento y talento es lo que necesita Andalucía actualmente.