El Parlamento andaluz rechaza la nueva regulación estatal que endurece la creación de universidades privadas

El Parlamento de Andalucía ha aprobado este jueves una proposición no de ley (PNL), promovida por el Partido Popular, en la que se insta al Gobierno de España a frenar la nueva regulación estatal que “endurece la creación de centros universitarios privados”. El PP muestra así su “más profundo rechazo” a la normativa impulsada en abril por el Gobierno central, entendiendo que, al imponer más requisitos, “invade el ámbito competencial autonómico en lo referido a futuras autorizaciones de nuevos campus”.

La iniciativa ha prosperado –merced a la mayoría absoluta del PP– en un momento de tensión creciente entre las universidades públicas y el Gobierno andaluz. Los rectores acusan a la Junta de Juan Manuel Moreno de favorecer el modelo privado, mientras “asfixia” financieramente al sistema público. El último motivo del choque ha sido la autorización de 33 nuevos títulos para universidades privadas, muchos de ellos ya existentes en la oferta pública y con escasa empleabilidad, mientras se rechazan o frenan grados y másteres en campus consolidados en las academias públicas.

Con este contexto de fondo, los populares han impulsado una PNL instando al Gobierno de España “a la adopción de medidas inaplazables y urgentes que garanticen los fondos necesarios que fortalezcan la educación superior en Andalucía”, así como a “respetar el actual marco legal y competencial de las comunidades autónomas en lo relativo a la creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios”.

Cabe recordar que el PP, junto con Vox, ya tumbó en el Parlamento andaluz una proposición no de ley (PNL) presentada por el PSOE para “frenar la mercantilización” del sistema universitario, en el que han desembarcado cuatro nuevas universidades privadas en los últimos dos años. Tres meses después, los populares responden a esa propuesta con otra PNL que se manifiesta en contra, asegurando que la nueva regulación del Gobierno central genera “una grave inseguridad jurídica” en los centros privados ya existentes.

Otras demandas al Gobierno de Sánchez

La iniciativa de los populares –que han sumado apoyos parciales de la oposición, aunque la gran mayoría se ha abstenido– recoge otras demandas al Ejecutivo nacional. Entre ellas, piden que cumpla con el artículo 55 de la Ley Orgánica del Sistema Universitario y “financie la parte que le corresponde de modo que se alcance una financiación pública de, al menos, el 1% del Producto Interior Bruto en educación universitaria”. En ese sentido, solicita que se detalle su “aportación económica, plazos, cuantía y fórmula por la que se transferirá esa financiación a las universidades”.

Asimismo, se le pide al Gobierno de Pedro Sánchez que asuma, en el marco de sus competencias, el “coste íntegro asociado al funcionamiento anual de los campus universitarios de la Universidad de Granada en Ceuta y Melilla, cuyo montante para este ejercicio se cifra por parte de la institución granadina en 25 millones de euros”.

También se reclama al Ejecutivo central que acuerde un modelo de financiación para la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), que ponga fin al “déficit económico por infrafinanciación que padece y que alcanza más de 20 millones, y permita financiar las subidas salariales del personal de esta institución y que afecta a sus centros y docentes en Andalucía”.

De otro lado, se pide el apoyo del Parlamento al acuerdo extraordinario de financiación alcanzado entre la Junta y las universidades públicas “que supone un incremento adicional en la financiación” de dichas instituciones académicas. Por último, se insta a la Junta a que, desde el consenso con la comunidad universitaria e investigadora, promueva la aprobación de Ley de Universidades para Andalucía “para proteger el sistema público universitario, incrementar los derechos del estudiantado, potenciar internacionalización y estabilizar la carrera académica”, entre otros objetivos.