El curso universitario andaluz arranca con protestas por la “falta de financiación” y el avance de las privadas

Este martes 16 de septiembre se inaugura oficialmente el curso universitario en Andalucía con un acto solemne que reunirá en Sevilla al mayor cortejo académico congregado hasta ahora en la comunidad. La Universidad Pablo de Olavide —anfitriona en esta edición— acogerá a cientos de miembros de la comunidad universitaria, contando con la presencia de los rectores de las diez públicas y de las privadas, autoridades autonómicas como el presidente de la Junta y representantes sindicales y estudiantiles de todo el territorio andaluz.

Dentro del ámbito de las universidades públicas, el curso arranca con ilusión y energía, pero también con la mirada puesta en seguir defendiendo el sistema público desde dos frentes: revertir el “problema estructural de la infrafinanciación” y frenar la “deriva privatizadora” de la enseñanza superior. Se trata de los mismos ejes que vertebraron las reivindicaciones del curso pasado y que seguirán condicionando las relaciones y negociaciones con la Junta durante el 2025-2026.

La diferencia radica en el tono: mientras los círculos académicos confían en que el Gobierno andaluz cumpla con lo acordado, las organizaciones sindicales aseguran haber “perdido la confianza” en la Consejería de Universidad. Por eso, CCOO ha convocado una protesta este mismo martes, inaugurando a su vez un calendario de movilizaciones que promete marcar el pulso del nuevo curso académico durante los próximos meses.

Otro frente: la ACCUA

Con la concentración sindical convocada en paralelo al acto de apertura oficial, CCOO se posiciona frente a las políticas del Gobierno andaluz, al que acusan de “privatizar y hacer negocio con la enseñanza superior”, provocando “un daño premeditado a las universidades públicas de Andalucía, únicas garantes de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades”.

Junto a CCOO, otras entidades han anunciado ya sus propias acciones de protesta. Es el caso de la plataforma ciudadana en defensa de la Universidad de Jaén, que se va a concentrar el 8 de octubre bajo el lema “la UJA no se toca”. Esta convocatoria surge a raíz de la polémica que suscitó el veto de la agencia para la calidad andaluza al grado de Ingeniería Bioquímica en las universidades públicas de Jaén y Granada, al tiempo que lo autorizaba a una privada.

Ese episodio agudizó la crisis de reputación que atraviesa la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria de Andalucía (ACCUA), dependiente de la Consejería de Universidades y sin director desde la dimisión de Antonio José Cubero Atienza el pasado marzo “por motivos personales”. Este organismo está siendo cuestionado por avalar titulaciones en centros privados que ya existen en la pública y bloquear proyectos “muy sólidos”, hasta el punto de que el Gobierno central ha terminado enmendando algunas de sus resoluciones.

Más allá de los casos concretos, fuentes académicas alertan de que los retrasos de la agencia en resolver acreditaciones y verificaciones de títulos afectan al funcionamiento ordinario del sistema universitario. Muchos procesos se resuelven “a curso vencido”, lo que ralentiza la implantación de nuevas titulaciones y compromete la planificación académica, perjudicando, sobre todo, al estudiantado. A todo ello se suma la percepción de falta de independencia de la agencia, cuestionada incluso desde la propia dirección: antes de su marcha, su exdirector alertó en un informe  de la “falta de independencia y autonomía” que padecía.

Problema de infrafinanciación

Por su parte, la Coordinadora de Representantes de Estudiantes de Universidades Públicas (CREUP) empieza el año académico exigiendo “una financiación suficiente” que permita a las públicas “responder a las necesidades reales de la sociedad”. En concreto, reclama “una ampliación significativa de plazas en las titulaciones más demandadas”, en aras de evitar que los estudiantes se vean obligados a recurrir a la privada por falta de oferta en el sistema público.

La plataforma contra los recortes en la Universidad de Málaga (UMA x la pública) también prepara un calendario de movilizaciones para el primer cuatrimestre, con el objetivo de movilizar al estudiantado e implicar a la ciudadanía en la denuncia de “la situación precaria en la que se encuentra la universidad”.

En esa línea, CCOO insiste en que la financiación que inyecta la Junta al sistema universitario andaluz sigue siendo “insuficiente”: “En 2025 sólo incrementó un 1,5 % el presupuesto para las universidades públicas, pasando de 1.701,5 millones en 2024 a 1.726,5”, recuerdan.

No obstante, hay voces univeritarias que valoran que el pasado curso se dieron pasos importantes en esta materia, tras alcanzar un acuerdo de financiación extraordinaria para 2025, tras meses de negociaciones en las que los rectores exigían a la Junta que saldara una “deuda millonaria” para cumplir con los pactos firmados en 2024. 

La aplicación de estos acuerdos aún sigue siendo objeto de negociación entre la Consejería y los rectores de la pública, mientras continúan concretando la letra pequeña del modelo de financiación (como el concepto de la cláusula de salvaguarda). A diferencia del ambiente de tensión que se respiraba el curso pasado, las universidades públicas se adentran en el 2025-2026 desde la confianza en que la administración autonómica va a cumplir con lo que establece la normativa.

Blindar el modelo público frente al avance de las privadas

Ese voto de confianza en la vía del diálogo y las negociaciones no exime que los agentes de las públicas se mantengan alerta frente a la expansión de los centros privados. Andalucía ha pasado en pocos años de una a seis universidades privadas y, según han podido saber fuentes universidades, hay varias entidades privadas interesadas en promover sus propios centros universitarios en la comunidad andaluza.

Para las universidades públicas y los sindicatos, ampliar la oferta privada entraña un riesgo importante: que el modelo universitario se termine invirtiendo y derivando en un negocio, como ha sucedido en la Comunidad de Madrid, donde las privadas ya superan en número a las públicas.

Frente a ello, el acto de inauguración que acoge la Pablo de Olavide este martes pretende escenificar la fortaleza y la unión del sistema universitario público andaluz. Por un lado, la ceremonia reunirá a cientos de togados, equipos de gobierno de todas las universidades, representantes sindicales y estudiantiles, junto a diferentes autoridades autonómicas. Según ha podido saber este periódico, la presencia de los representantes de los centros privados responde al protocolo establecido, al tratarse del acto de apertura del sistema universitario andaluz en su conjunto.

En definitiva, la ceremonia busca mostrar la cohesión alcanzada entre las universidades públicas andaluzas, pues nunca antes se había trabajado de manera tan coordinada, según subrayan fuentes académicas. Esa unidad del sistema público se presenta como el principal activo con el que afrontar un curso que se espera decisivo en el ámbito normativo y de negociaciones, marcado por tres ejes principales: la financiación, el papel de la agencia de calidad y el avance de las privadas.