Los anteriores gestores de la Sanidad vasca firmaron el 14 de mayo de 2024, es decir, el día en que se constituía la nueva legislatura y estando en funciones, un contrato con la consultora Deloitte para el mantenimiento de los sistemas informáticos de Osakidetza. La adjudicación se hizo mediante un procedimiento “restringido”, es decir, no con un concurso al uso. Solamente consta un licitador, Deloitte. La empresa firmó un precio de 5,08 millones IVA incluido. Al año, la nueva directora general del Servicio Vasco de Salud, Susana López Altuna, autorizó además una modificación de 407.034,72 euros más IVA que se firmó días después, el 23 de mayo, hace apenas dos meses.

El consejero actual, Alberto Martínez, también del PNV, ha entregado información sobre este expediente al Parlamento Vasco como respuesta a una pregunta de Rebeka Ubera, de EH Bildu. Esta adjudicación -y el resultado del trabajo de Deloitte- ha motivado quejas sindicales -incluso movilizaciones- y las externalizaciones en general, que el Gobierno llama “colaboración público-privada”, hicieron que el pacto de salud acabara con controversia en uno de sus apartados. Explica el Ejecutivo que Deloitte se encarga de gestionar 58 aplicaciones informáticas, entre ellas dos relacionadas con la contratación temporal. Deloitte supervisa aplicativos sobre nóminas, facturas, turnos, bolsas u oposiciones, indica la información facilitada.

Para justificar la externalización, Osakidetza emitió un informe muy crítico con sus propios recursos públicos. Alegó que su equipo de informática “dispone de un total de 14 efectivos” y que cinco de ellos se habían incorporado poco antes de la licitación. Cuatro de ellos “carecen de conocimientos y experiencia en el entorno SAP, plataforma principal de soporte” informático. Se agrega que de ese grupo apenas cinco tienen plaza fija y que, en la oposición abierta entonces, la mayor parte del resto las encaraba “sin ninguna posibilidad de obtención de plaza”. Los funcionarios tampoco tienen capacidad para desarrollar nuevas aplicaciones, se indica. Osakidetza recordaba que esta prestación llevaba diez años externalizada con diferentes proveedores y que, en todo caso, es personal interno el que coordina los procesos en todo momento.

En los últimos meses, una de las voces más críticas con este contrato ha sido la del sindicato ESK. “Denunciamos la actitud negligente de Deloitte. Su funcionamiento ha supuesto gente mal baremada, que incluso ha desaparecido de listas o aparecido en otras en las que no se habían inscrito. Ha habido gente que se ha quedado sin contratos en verano por esto. Pero no es sólo cosa de Deloitte. Hay una responsabiliad directa de Osakidetza por gestionar con recursos privados. Creemos que el servicio informático es totalmente válido. Con plantilla propia se va a gestionar mucho mejor siempre”, señala Patxi Nicolau.

Dudas de Deloitte sobre una reciente inversión de PLA Litigation Funding, firma controlada por el financiero Javier Botín especializada en invertir en procedimientos judiciales y arbitrales complejos en España y Portugal. La entidad que audita sus cuentas ha advertido sobre la valoración de un pleito adquirido en 2023 por este fondo, que tiene más de 60 millones invertidos en litigios.

PLA se creó en 2020 y es una de las pioneras en España en este sector, muy asentado en Estados Unidos y todavía poco desarrollado aquí, pero que previsiblemente va a despegar con la nueva ley de acciones colectivas que tramita el Congreso como proyecto de ley. Esta norma regulará por primera la actividad de estas firmas, que se dedican a financiar procedimientos judiciales o arbitrales y en caso de una resolución favorable, se quedan un porcentaje de la cuantía obtenida.

PLA Litigation Funding tiene un enfoque multisectorial. Entre las “soluciones” que ofrece a sus clientes está la financiación de procedimientos judiciales y arbitrajes, la monetización de reclamaciones, compra de sentencias y laudos, localización de activos y ejecuciones o reestructuraciones y situaciones de insolvencia, según su web, en la que afirma tener invertidos más de 60 millones.

La firma, que la holding de Botín, Inversiones Zulu, tiene valorada a cero euros en sus cuentas consolidadas de 2023, accesibles a través de Insight View, canaliza su actividad en España a través de una mercantil con cifras de activos muy discretas, PLA Litigation Fund SA. El pasado ejercicio declaró poco más de 900.000 euros de facturación.

En Luxemburgo cuentan con un vehículo, Gayo Capital Fund SICAV-FIS, que agrupa varios litigios de PLA cuya naturaleza no detalla en sus cuentas. Se trata de un fondo de inversión alternativa aprobado por la Comission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) del Gran Ducado. En junio 2021 introdujo en sus estatutos que su objeto es obtener fondos (con un mínimo de 125.000 euros por inversor) para “litigación contra organismos públicos o privados”, en contenciosos de ámbito doméstico o internacional y “en materias judiciales con conexiones con España”.

El vehículo cerró 2023 con activos valorados en libros en 5,1 millones, según las cuentas que acaba de presentar en Luxemburgo. El pasado ejercicio incorporó dos nuevos inversores y adquirió dos nuevos litigios, el que denomina “Proyecto Océano”, que compró el 9 de febrero de 2023, y el “Proyecto Lienzo”, adquirido el 11 de diciembre de 2023. El pasado 3 de mayo realizó una nueva inversión, “Proyecto Salinas”. También gestiona los proyectos “Cloth”, “A Coruña” y “Ale” y tiene una sociedad propósito especial (SPV, por sus siglas en inglés) para captar fondos. 

Las cuentas de 2023 de este vehículo contienen una salvedad del auditor de PLA, Deloitte, relacionada con el denominado “Proyecto Océano” que adquirió en febrero de 2023. El fondo le otorga una valoración contable de 1,41 millones que representa el 31,12% del valor neto de sus activos netos a 31 de diciembre, lo que le convierte en el segundo litigio más importante a cierre de 2023, solo superado por “A Coruña”, al que otorga un valor de mercado de 2,238 millones (el 52% del total). 

Deloitte explica que esa inversión en el proyecto “Océano” ha sido valorada por un tercero independiente usando varios escenarios y estimaciones, y que el fondo se ha basado en cuatro fuentes diferentes de información. Pero la firma explica que no ha tenido datos suficientes para verificar cómo se ha calculado esa valoración. Y de ahí esa salvedad. elDiario.es contactó con PLA Litigation Funding, pero la firma ha declinado hacer comentarios.

Comisión del 20%

En sus cuentas, el fondo explica que PLA Litigation Funding cobra una tasa fija de asesoría de entre el 2% y 2,5% a los accionistas, más una comisión de rentabilidad sobre el 20% de los ingresos. El Valor Bruto de los Activos antes de las comisiones de rendimiento devengadas creció un 13% en 2023, frente al 60% de 2022.

El comportamiento en 2023 fue positivo, “con entradas de efectivo recibidas por el Proyecto Ale, además de los ingresos recibidos durante 2022 en el Proyecto Cloth”. En relación con el “Proyecto Ale”, en el primer trimestre de 2023 se embolsó 577.917,1 euros por “procedimientos legales” y otros 28.046,37 euros en concepto de “recuperación de costes legales”. En 2024 ese proyecto le reportó otros 479.595,96 euros.

La firma está pilotada por un abogado del Estado en excedencia, Jesús Rodrigo Lavilla, de la total confianza de Javier Botín. Perteneciente a una familia de juristas, Rodrigo es miembro de ese cuerpo de élite desde 2006. Secretario consejero y managing director en JB Capital Markets, la firma de inversión de Javier Botín, fue subdirector de la Asesoría Jurídica de la aerolínea Iberia.

“Como Abogado del Estado ha intervenido en más de 8.200 procedimientos judiciales ante todas las jurisdicciones. Ha coordinado fuera de la administración más de 850 procedimientos en más de 45 países, incluidas class actions en EEUU”, explica PLA en su web.

Rodrigo estuvo destinado en la Abogacía del Estado ante la Audiencia Nacional, pero no tardó en pasarse al sector privado, como han hecho la mayoría de sus compañeros de promoción, de los que solo un tercio sigue en activo en ese cuerpo. La última en fichar por una empresa es la todavía diputada del PP Mar González, que va a convertirse en nueva directora de la Asesoría Jurídica de Ibercaja tras poco más de un año en política (tomó posesión de su escaño en julio de 2023).

Botín es el menor de los seis hijos que tuvo el fallecido Emilio Botín y pertenece a una de las familias más ricas de España. Hermano de la presidenta de Banco Santander, es consejero del banco y preside la Fundación Botín.

Su firma JB ha participado en operaciones como la compra de un 8% del fabricante vasco de motores de avión ITP Aero en 2021 o la adquisición a precio de derribo en 2016 de Vitaldent, que vendió en 2019 por 350 millones, 14 veces lo invertido. Esa operación propició una querella por estafa de un franquiciado de la cadena de clínicas dentales. Una jueza de Pozuelo de Alarcón (Madrid) la archivó en 2021. 

Con una filial que invierte en carteras de créditos impagados (Savia Asset Management), JB estuvo el año pasado junto al fondo Apollo en la puja por Vodafone España. El discreto financiero se enfrentó hace un par de años al Mariano Rajoy registrador de la propiedad por su negativa a inscribir las cuentas de una de sus empresas.

En los últimos meses ha liderado un consorcio para pujar por la charcutera riojana Palacios Alimentación, principal fabricante español de chorizos, tortillas, pizzas y otros platos preparados, en una oferta valorada en 425 millones, según adelantó Expansión. 

En ese consorcio figura el family office de Alexandre Pierron-Darbonne, ex dueño del grupo agrícola navarro Planasa y accionista del productor de huevos Dagu o los cargadores Wallbox. Este ultrarrico francés es uno de los principales financiadores de Civismo, think tank ultraliberal que acaba de homenajear al ex juez Manuel García Castellón. Hace unos días le entregaron un premio en el que el abogado del PP en varias de sus causas judiciales ha presentado al ex magistrado como “azote a la corrupción”.

Cuando Pilar Canedo era presidenta de la Autoridad Vasca de la Competencia (AVC), además del caso del fraude en la contrata de los comedores escolares se inició una investigación en torno al cártel de las empresas de consultoría. Como los hechos trascendían a Euskadi, la investigación final saltó a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC), al igual que la propia Canedo, y este mes de mayo ha desvelado la existencia de un reparto sistemático de licitaciones de instituciones públicas entre un puñado de compañías. Una de ellas es B+I, liderada por Sabin Azua, hermano de quien fuera vicelehendakari con José Antonio Ardanza, Jon Azua. Mientras, en la AVC, la sustituta de Canedo, Alba Urresola, contrató a la ahora sancionada B+I para la elaboración de su plan estratégico.

En la documentación enviada al Parlamento Vasco por Competencia a instancias del representante de EH Bildu Josu Estarrona, Urresola defiende que cuando se formalizó este contrato (2017) la empresa de Azua aún no estaba siendo investigada (2019). “Ni la AVC ni nadie podía conocer la futura incorporación de estas empresas de reconocido prestigio al expediente”, argumenta la presidenta. Aquel contrato se hizo de manera similar a los alrededor de 200 que se han incorporado en esta causa, de los que casi la mitad se corresponden con instituciones vascas, donde se originó el expediente. Se pidió presupuesto a tres empresas, en este caso B+I, Price Waterhouse Coopers (PWC) y Naider, y se eligió a la de Azua por ser “la más ventajosa” tanto en los “aspectos técnicos” como por plazos y precio. Fueron 17.500 euros más IVA.

“Como se deduce del expediente de contratación completo [...], se cumplió escrupulosamente toda la normativa en materia de contratación y, además, estos servicios fueron prestados a plena satisfacción de la AVC”, explica Urresola ante las preguntas de Estarrona. Rechaza también que no se produjera ningún ahorro con respecto al precio base presupuestado. La AVC indica que se podían pagar hasta 18.000 euros y que se descontaron 500 euros, el 2,7%.

El caso se inició con inspecciones a algunas de las compañías. Efectivamente, esta firma no estaba entre ellas. Ahora bien, las fuentes consultadas indican que “desde el principio” formaba parte de las sospechas y que constaba en la documentación inicial que motivó las primeras entradas y registros.

El expediente incluye también el desarrollo del trabajo de B+I para Competencia. Se da la circunstancia de que, entre los trabajos “a plena satisfacción” se realizaron actividades con juegos de Lego en la que los altos cargos y funcionarios del organismo regulador hacían sus propias figuras y animales. En una de ellas, expuesta con una fotografía que acompaña a esta información, se identifica a la “etapa anterior” de Canedo como un “fantasma” que hay encerrar en el ánimo de recuperar el “buen ambiente” en la oficina. La referencia parece evidente porque se le ubica detrás de una red a la que se llama “CNMC”, el nuevo destino de la expresidenta. No fue sencillo el tránsito de una etapa a otra. De hecho, Urresola adoptó como una de sus primeras decisiones el archivo de una segunda causa en torno a los comedores escolares. A ella se la identifica como la “capitana” y responsable de un barco “sin ancla” que patrulla el País Vasco.

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha impuesto multas por un total de 6,3 millones de euros a 22 empresas de servicios de consultoría, entre las que se encuentran algunas de las principales firmas que operan en España, y a una docena de sus directivos por una infracción del artículo 1 de la Ley de Defensa de la Competencia (LDC) y 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), constitutiva de cártel.

En concreto, el organismo que preside Cani Fernández ha multado a las compañías con 5,87 millones de euros y a varios directivos de las consultoras con un total de 439.000 euros, por estar involucrados en los cárteles, y ha activado el presupuesto legal para que algunas de estas empresas no puedan participar en próximos concursos organizados por las administraciones públicas (AAPP).

Deloitte es la compañía que recibe la multa de mayor cuantía, con 3,99 millones de euros, seguida de PwC, con 670.000 euros, e Idom Consulting, con 640.000 euros. También figuran en el listado de multados KPMG con 50.000 euros y firmas como Altia Consultores (30.000 euros), Bmasi Strategy (153.529 euros), Competitividad, Desarrollo e Innovación (14.823 euros), Gestiona XXI Consulting (3.218 euros), Indra Business Consulting (27.000 euros), Red2Red Consultores (30.000 euros), Uliker-3 (11.040 euros), 97S&F (131.593 euros), Abay Analistas Económicos (12.499 euros), Factor Ideas Integral Services (20.000 euros), Gaps Politica i Societat (15.000 euros), Hidria, Ciencia, Ambiente y Desarrollo (11.979 euros), Red2Red Consultores (25.000 euros) y Regio Plus Consulting (33.744 euros).

En el caso de Indra, la CNMC ha aplicado una reducción de la multa del 10% como consecuencia de las actuaciones adoptadas en el marco de sus programas de cumplimiento normativo, mientras que en el caso de PA Consulting Services Limited Sucursal en España y uno de sus directivos, se ha aplicado una reducción del 40% en el importe de la multa debido a su solicitud de clemencia. La CNMC declara no acreditada la participación de las empresas Oesía Networks y su matriz Heisenberg 2014 en la infracción declarada en este expediente.

El expediente tiene su origen en una investigación preliminar que llevó a cabo la Autoridad Vasca de Competencia (AVC) que, tras realizar una serie de inspecciones, decidió remitir el asunto a la CNMC, al superar los hechos el ámbito autonómico del País Vasco.

Inspecciones

En consecuencia, en octubre de 2018, la CNMC llevó a cabo diversas inspecciones en las sedes de varias consultoras ante posibles acuerdos para el reparto de contratos e intercambios de información.

En febrero de 2019, la CNMC inició un expediente sancionador contra 25 de estas empresas y ocho de sus directivos que, en agosto de 2019, amplió a 11 nuevas empresas y dos de sus responsables, por su posible participación en la manipulación y en el reparto de licitaciones públicas.

Durante la instrucción del caso, la CNMC ha acreditado que, entre los años 2008 y 2018, las firmas se organizaron en dos redes de colaboración (norte y nacional) y que, mediante estas, constituyeron dos cárteles diferenciados.

Las empresas intercambiaron información comercial sensible y se sirvieron de estrategias comunes para no competir cuando participaban en las licitaciones para ofrecer servicios de consultoría solicitados por distintas administraciones públicas.

Administraciones afectadas

En total, la CNMC ha analizado 200 contratos públicos celebrados en los años en que se acredita la conducta.

En el caso del cártel de la red de colaboración norte se vieron afectadas al menos 101 licitaciones de, entre otros, los ayuntamientos de Bilbao; Santander; Sestao; Barakaldo o Vitoria; diversos Departamentos del Gobierno Vasco y del Gobierno de Cantabria; la Junta de Castilla y León; el Puerto de Bilbao o la Diputación Foral de Vizcaya.

Por su parte, en el cártel de la red nacional, la manipulación afectó a 72 licitaciones convocadas, entre otros, por el Ministerio de Hacienda; el Ministerio de Trabajo e Inmigración; el Ministerio de Economía; la Comunidad de Madrid; la Generalitat Valenciana; las Diputaciones de Cádiz y Sevilla; la Juntas de Extremadura y Andalucía; la Generalitat de Cataluña; el Gobierno de Canarias o el Gobierno de las Islas Baleares.

Modus Operandi

Las relaciones de confianza personales y profesionales de algunos de los directivos (en ocasiones antiguos compañeros de trabajo) facilitaron el funcionamiento de estas redes.

Entre ellos, se solicitaban asistencia y colaboración, de forma recíproca para manipular los contratos públicos lanzados por las distintas administraciones afectadas. bastaba con el envío de un correo electrónico por una de empresas de la red, que era aceptado sin más explicaciones por los destinatarios.

Generalmente, se trataba de contratos negociados sin publicidad, en los que la administración invitaba a un número reducido de empresas para que presentasen sus ofertas en competencia. Ambos cárteles aprovecharon este procedimiento para servirse de las conocidas como “ofertas de cobertura”.

A través de las “ofertas de cobertura” una de las consultoras invitada a participar en el concurso contactaba, de manera habitual, con otras empresas de su red de colaboración, que sabía que también participarían; les solicitaba que presentaran una oferta perdedora o, simplemente, que declinaran la invitación para participar en el proceso.

En ocasiones, incluso la propia consultora que pedía la cobertura elaboraba las ofertas de sus supuestos competidores o preparaba la carta de renuncia a la invitación.

Incremento de precios

Mediante este sistema, de forma continuada, se elevaron los precios que pagaba la administración por los servicios de consultoría, se limitó el incentivo a mejorar calidad de los servicios y se impidió la participación de competidores ajenos a los cárteles en los procesos de licitación. Estas conductas impactaron de lleno en el erario público, al ser contratos que se sufragan vía presupuestos.

La CNMC remite la presente resolución a la Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado a los efectos oportunos y recuerda que contra esta resolución no cabe recurso alguno en vía administrativa, pudiendo interponer recurso contencioso-administrativo en la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación.

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha confirmado una multa de 1.002.605 euros a la auditora Deloitte impuesta en 2016 por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por infracción grave en relación a una auditoría llevada a cabo al Banco Santander en 2011. El Supremo desestima el recurso de casación de Deloitte contra la sentencia de la Audiencia Nacional, de febrero de 2019, que ratificó la multa inicialmente.

La sanción fue impuesta por incumplimiento de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Auditoría de Cuentas, referido a no haber analizado todos los factores que podían dar lugar a una amenaza a la independencia de los auditores y, en concreto, la posible amenaza de interés propio por la desproporción existente entre los honorarios facturados al Santander por servicios de no auditoría y por los servicios de auditoría.

 En ese sentido, la Audiencia Nacional subrayó la desproporción existente en honorarios que los auditores habían facturado por trabajos distintos de los de auditoría. Estos honorarios era del 236% respecto de los facturados por los trabajos de auditoría, lo que debió de ser detectado y evaluado según la Ley de Auditoría de Cuentas.

 El Supremo indica que, teniendo en cuenta la relevancia del conjunto de relaciones mantenidas entre Deloitte y el Banco Santander, y la naturaleza e importancia de los servicios prestados a la entidad auditada, “no consideramos inadecuada la apreciación del Tribunal de instancia respecto de que la concurrencia de factores de riesgo que son susceptibles de crear conflictos de intereses, obligaban a que las amenazas se reflejaran documentalmente en los papeles de trabajo, de modo que, constatada esa falta de diligencia, procede la imposición de las sanciones”.

La auditora Deloitte ha sido condenada por un tribunal a pagar una multa récord de 15 millones de libras más gastos legales de 5,6 millones de libras (suman más de 24,1 millones de euros) por cometer una falta grave cuando auditó a Autonomy, un grupo tecnológico que protagonizó uno de los mayores escándalos contables del Reino Unido, según ha adelantado Financial Times. La condena a Deloitte es la más dura contra una de las cuatro grandes firmas auditoras en el Reino Unido.

La sentencia asegura que la empresa auditora y dos de sus socios auditores no actuaron con integridad, objetividad o escepticismo profesional cuando examinaron los estados financieros de Autonomy y las declaraciones a los reguladores en los años anteriores a su desastrosa adquisición por Hewlett-Packard por 11.000 millones de dólares en 2011.

Tras la venta, HP se vio obligado a realizar una amortización de 8.800 millones de dólares del valor de Autonomy, a la que siguieron una investigación por fraude, procedimientos judiciales en el Reino Unido y los Estados Unidos -incluso contra su fundador Mike Lynch- y una sentencia de cárcel para su ex director financiero, Sushovan Hussain.

El tribunal también ha ordenado a Deloitte que lleve a cabo un “análisis en profundidad” de su actuación indebida y que explique por qué sus sistemas de compliance en la propia auditora no evitaron “fallos continuados y graves”. El socio de Deloitte para Autonomy, Richard Knights, ha sido inhabilitado para ejercer labores de auditoria cinco años y multado con 500.000 libras esterlinas, mientras que el auditor, Nigel Mercer, fue multado con 250.000 libras. Los dos condenados ya había dejado Deloitte entre 2016 y 2017.

El organismo suprevisor británico Financial Reporting Council (FRC) llevó a Deloitte ante el tribunal basándose en que sus auditores ocultaron información aportada por directivos de Autonomy que encubrían pérdidas importantes en las ventas de equipos informáticos asignándolos indebidamente como gastos de comercialización.

El FRC acusó a los socios auditores de Deloitte de trabajar en connivencia con los ejecutivos de Autonomy debido a que la empresa era el cliente más importante de la oficina de Cambridge en la que tenían su sede y generaba importantes honorarios para la auditora.

Los cuatro presidentes de la grandes firmas auditoras mundiales en España han tratado de cerrar de un portazo su responsabilidad en la crisis financiera que asoló España a partir de 2008. Con la celebración de su 30 aniversario, la agencia de noticias Servimedia ha conseguido reunir este martes en la misma mesa al presidentes de Deloitte España, Fernando Ruiz; de EY España, José Luis Perelli; de KPMG España, Hilario Albarracín; y de PwC España, Gonzalo Sánchez.

Pese a las condenas y procesos judiciales que sufren alguna de estas firmas por su labor auditora en bancos y empresas, la conclusión de los máximos mandatarios de las 'Big Four' en nuestro país, como se conoce a estas compañías por su ámbito global de actuación, es que “no se ha entendido la actuación del auditor”, que en España se tiene la manía de “buscar culpables” y que somos “el país donde hay más procesos legales alrededor de la crisis, mientras que en otros países como EEUU se han centrado en la recuperación de ayudas proporcionadas del sistema”.

Recientemente el presidente de la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, José María Marín Quemada, destacó que “la auditoría de cuentas ha mostrado importantes deficiencias en los últimos años en cuanto a la calidad e independencia y la competencia en el mercado. Especialmente en el segmento de grandes empresas, por la actuación cuestionable de las auditoras en la reciente crisis financiera y por la excesiva concentración donde cuatro grandes auditoras acaparan más del 90% de este mercado”.

Los cuatro presidente han negado la mayor y han insistido en la falta de conocimiento real de su trabajo con las empresas. “Con el tema de la auditoria tenemos el gap de expectativas, que es la diferencia de lo que los usuarios creen que es y lo que es. Cuando hay un problema de las empresas la gente se fija en el auditor, peor no es así. No se acaba de comprender, hay empresas que tienen modelos de negocio que si la situación económica se agrava pueden sufrir, pero el auditor no tiene responsabilidad de decirle al gestor como gestionar su empresa”, ha explicado el máximo dirigente de Deloitte España.

Además, José Luis Perelli ha recordado que “todos los años las cuatro compañías que están presentes aquí firmamos unos 20.000 informes y solo hay un problema o dos. Quizás es un problema de comunicación, que no hemos sabido explicar bien nuestra labor”. El presidente de de EY España ha reincidido en que “es necesario entender el trabajo de los auditores, porque hay gente que no lo entiende”, para luego apuntar que “no tiene sentido cargarnos la reputación de los auditores, del Banco de España o de la CNMV”.

Gonzalo Sánchez ha señalado que “no se trata de buscar culpables. En España nos encanta buscar culpables, además nos embarcamos en los procesos judiciales que duran muchos años y resulta que todavía estamos hablando de la crisis de 2008”.

El Banco de España cifró en 64.349 millones de euros el coste de las ayudas al sector financiero durante la crisis, cuya parte principal fue asumida por el Estado.

“España es el país donde hay más procesos legales alrededor de la crisis, en lugar de dedicarse a la recuperación de ayudas proporcionadas del sistema. En EEUU se han centrado en recuperar el dinero. En España nos embarcamos en procesos de años con un resultado que es poco práctico. Tenemos la manía de buscar culpables cuando todos los que participamos en la cadena tenemos algo de responsabilidad. A posteriori hay cosas que mejorar, pero en lugar de buscar culpables sería más inteligente mirar hacia delante”, ha recalcado el presidente de Deloitte.

Además de redundar en esta idea, el presidente de KPMG ha subrayado que “la situación de la auditoría es la del mercado, el proceso de globalización nos ha obligado a tener una posición global que solo un grupo reducido de empresas puede atender”. Hilario Albarracín ha sido el único de los directivos que se ha acercado más a una mínima señal de autocrítica. “Con la crisis financiera se han dado situaciones donde los controles no eran los adecuados. Es necesario buscar sistemas de control para que situaciones de este tipo se detecten con más anticipación”.

Por lo demás, los cuatro presidentes de las auditoras han pedido pactos de Estado para abordar un sistema educativo que permita arreglar el problema del desempleo en España como vía para eliminar desigualdades sociales, un sistema público-privado de pensiones, más ayudas sociales para solventar el problema de la natalidad y facilitar la incorporación de la mujer a puestos directivos (los cuatro coincidieron en que estaban entre un 15% y un 30% de mujeres socias en sus firmas pese en los procesos de selección entran un 50%) pero una política fiscal “coherente” que facilite el crecimiento económico como vía para asegurar el futuro del Estado de Bienestar europeo.

“El Estado del Bienestar está muy bien pero lo que no puede ser es el bienestar del Estado. La administración pública tiene unos costes enormes. El modelo español es absolutamente costoso con las autonomías, que ya no se puede cambiar, pero sí que hay que exigir más eficiencias. No puede ser que el Estado no pare de contratar a gente mientras los bancos están despidiendo para ser más eficientes”, ha apuntado el presidente de PwC España.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) ha sancionado a la firma Deloitte por dos infracciones graves de la legislación de auditoría de cuentas en la revisión contable de Abengoa de 2014, según ha publicado CincoDías. Fuentes próximas al caso judicial han señalado que la multa ronda los 1,5 millones de euros, que ha sido recurrida por la auditora.

Deloitte habría incurrido en delitos por la ausencia de evidencia documental en papeles de trabajo de las conclusiones alcanzadas por la auditora en el área de deuda financiera y en el área de ingresos de la actividad de ingeniería y construcción de Abengoa en relación con su deuda.

Según publica CincoDías, el auto de denegación a la petición de Deloitte a la Audiencia Nacional de la suspensión de la multa, además de la de la prohibición de auditar las cuentas de Abengoa por tres años y que no se publicase la sanción en el boletín oficial del ICAC, ha sido el procedimiento que ha hecho pública la sanción a la auditora.

El ICAC sanciona a Deloitte por la infracción contemplada en el artículo 34. b) del texto refundido de la ley de auditoría de cuentas: “el incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe”.

El ex ministro del Interior y ex consejero independiente de BFA, Miguel Acebes, ha asegurado que si Deloitte le hubiera comunicado la existencia de algún problema en las cuentas de Bankia de 2011, por más remoto que fuera, habría “parado todo en seco y pedido que se formulan como Dios manda”, según informa Europa Press.

Así se ha defendido Acebes durante el interrogatorio por parte de su abogado en el marco del juicio por la salida a Bolsa de Bankia en julio de 2011, que se celebra en la Audiencia Nacional de San Fernando de Hanares (Madrid).

“Deloitte nunca nos dijo nada, si hubiese hecho alguna advertencia en la que dijera que la compañía no era viable, ¿alguien puede pensar que yo iba a correr el riesgo? Si a mí, mínimamente me hubiesen dicho que había un problema, paro todo en seco y se formulan (las cuentas) como Dios manda”, ha asegurado el que también fuera presidente del comité de auditoría de BFA.

Acebes ha explicado que sobre las cuentas de 2011, que fueron presentadas ante el Banco de España sin auditoría, no existía “el más mínimo indicio de preocupación”. En su opinión, si el auditor externo hubiera tenido alguna objeción, les habría notificado por escrito la existencia de alguna salvedad, tal y como obligaba la ley española.

De hecho, el exministro ha subrayado el hecho de que poco después de que Deloitte informara sobre sus avances en la realización del informe de auditoría, en el que “solo apuntaba la existencia de aspectos relevantes con necesidad de análisis con la dirección”, dimitiría para irse al consejo de administración de Iberdrola.

“¿Sabiendo que me iba a los pocos días, que ya no iba a cobrar como consejero de BFA, cómo iba a poner en riesgo mi futuro personal y profesional?, ha apostillado Acebes, añadiendo que Deloitte solo dijo que necesitaba una planificación fundamentalmente sobre la valoración de la participación de Bankia y sobre la recuperabilidad de los activos fiscales diferidos.

Acebes es una de las 34 personas físicas acusada de falsedad contable y estafa a los inversores por parte de las acusaciones particulares, ya que la Fiscalía Anticorrupción no le incluyó en su escrito, que sólo se ha dirigido contra cuatro exdirectivos de la entidad: el expresidente Rodrigo Rato, el exvicepresidente José Luis Olivas, el ex consejero delegado Francisco Verdú y el exconsejero José Manuel Fernández Norniella.

El Juzgado Central de Instrucción Nº6 ha pedido al medio digital Moncloa.com los documentos sobre la información publicada este martes respecto a un presunto trabajo encargado por interés del entonces presidente del BBVA Francisco González y realizado por el excomisario José Manuel Villarejo para la destrucción de documentos del banco, que estaban en manos de la auditora Deloitte en el edificio Windsor en Madrid.

En el requerimiento, el juez solicita la entrega de la documentación sobre la contratación de BBVA al grupo Cenyt (de José Manuel Villarejo) “en tanto está siendo objeto de investigación” en el marco de la pieza secreta número 9 de la Operación Tándem.

La “acción final”

La información de Moncloa.com apunta la existencia de unos documentos en los que Villarejó anotó una “acción final” supuestamente realizada para el BBVA con la frase: “Eliminar rastros documentales de la Firma de Auditoría DEL”. La auditora tenía sus oficinas en el edificio Windsor, que ardió por completo en febrero de 2005.

“Todo ello sin perjuicio del derecho constitucional que asiste al medio en orden a la protección de la fuente de obtención del material, tanto del ya publicado como del que se encuentre pendiente de publicación”, precisa el juez.

El diario digital Moncloa.com asegura que entregará al magistrado los documentos que solicita este mismo martes, “tan pronto como le sea posible”.

El informe de la consultora Deloitte sobre el proceso del Banco Popular que concluyó con su venta por un euro a Santander concluye que una liquidación de la entidad financiera habría tenido un coste de entre 23.000 y 34.000 millones de euros, según informan este martes El País y Expansión.

La Junta Única de Resolución (JUR) encargó un informe a la consultora para que estudiara los diferentes impactos para los accionistas y bonistas. Este documento es fundamental para los procesos de los recursos contra el organismo comunitario por la forma en que se ejecutó el proceso y hasta la fecha solo se había publicado parcialmente.

El documento señala que en el mejor de los casos, el coste de la liquidación habrían sido 23.400 millones de euros, el doble de los recursos propios de la compañía. El proceso se habría prolongado durante siete años. En el peor de los escenarios estudiados por Deloitte se alcanzaría a los 28.700 millones. Estas alternativas eran para los procesos de venta de los activos inmobiliarios, la marca y los créditos.

El caso habría sido todavía más costoso ante una venta rápida. En este caso, la pérdida sería entre los 28.200 millones y los 34.100 millones de euros. El escenario intermedio es la venta en tres años, que tendría unas pérdidas de entre 26.000 y 31.600 millones.

Un anterior informe de Deloitte sobre Popular valoraba a la entidad financiera en crisis en unos 2.000 millones negativos en su escenario central y de 8.000 millones negativos en la peor de las circunstancias. La consultora ponía de relieve el importante peso que tenía el ladrillo en la situación del banco.

Una de las consultoras más grandes de todo el mundo, Deloitte, ha sufrido un ataque que ha dejado al descubierto al menos seis cuentas de usuario con sus contraseñas y correos e información de carácter personal. Según The Guardian, el hackeo tuvo lugar entre octubre y noviembre del año pasado y afectaría a varios de sus clientes VIP.

Deloitte descubrió que su información había sido comprometida en marzo de este año y seis empresas (de las que no han trascendido más detalles) habrían visto comprometidos sus datos. En estos momentos la compañía lleva a cabo una auditoría interna para esclarecer las causas del ataque.

El hackeo se produjo a través del servicio de correo, al que los atacantes accedieron con una cuenta de administrador que, teóricamente, les daba acceso “a todas las áreas”, según las fuentes consultadas por el diario británico. Las cuentas carecían de verificación en dos pasos y se accedía a ellas a través de una contraseña.

Entre la información a la que tuvieron acceso los hackers se encuentran nombres de usuario, contraseñas, direcciones IP, presentaciones e información médica. Según The Guardian, la compañía habla de “Windham” como nombre en clave para referirse al ciberataque y no confirma ni desmiente que estos hubieran podido entrar en Azure, “la nube” de Microsoft que contenía aproximadamente 5 millones de correos de la compañía.

“Deloitte ha estado en contacto con los pocos clientes afectados y se lo ha notificado a las autoridades gubernamentales y a los reguladores”, ha dicho un portavoz de la compañía a The Guardian. Sin embargo, la compañía se niega a revelar con qué países se ha puesto en contacto.

Las Big Four no son un grupo de música. Tampoco es un juego de naipes. Son las cuatro consultoras más grandes del mundo a considerable distancia del resto, lo que les ha valido el apodo en el mundo económico. Son EY (Erns&Young), PwC (PriceWaterHouseCoopers), KPMG y Deloitte. Su poder es muy grande por su capacidad de influencia en las empresas que auditan y a las que asesoran sobre esquemas de ingeniería fiscal, entre otras cuestiones. Por eso, la Izquierda Unitaria Europea ha encargado un informe que estudie la operativa de estas cuatro entidades, para confirmar sus sospechas: son tremendamente opacas.

En su investigación, a la que ha tenido acceso eldiario.es, los autores (los expertos Richard Murphy y Saila Naomi Stausholm), se han encontrado con muchos problemas para identificar y seguir a estas entidades alrededor del mundo. En primer lugar, porque operan de forma franquiciada en cada país, con estructuras legales separadas aunque los mismos procedimientos allá donde estén. Los autores creen que estas estructuras estancas tienen como fin crear parapetos legales que las protejan a ellas y a sus clientes.

En el caso de Deloitte, EY y PwC, la empresa que se encarga de gestionar la propiedad intelectual del negocio está radicada en Londres bajo la forma de mutualidad, en una estructura societaria propia del país que se conoce como “company limited guarantee”. Esta fórmula es usada por ONG o fundaciones, también por clubs o sociedades. Eso le permite, bajo la regulación inglesa, no estar obligado a dar prácticamente información de sus cuentas y a no tener que responder por las actividades fuera de las fronteras de sus miembros. Por su parte, KPMG es una cooperativa suiza, según el informe.

En total, las cuatro grandes operan en 186 jurisdicciones, algo más que países ya que algunos son territorios de ultramar conocidos por tener diferentes regímenes fiscales que los países a los que pertenecen legalmente y que son conocidas por ser paraísos fiscales. Es el caso de Bahamas o Gibraltar. Las cuatro consultoras tienen negocios en 43 de los 53 paraísos fiscales que destaca el informe por su opacidad siendo KPMG la que tiene más presencia en estos territorios según los datos del informe.

El informe señala que el tamaño, la población y la economía de estos paraísos fiscales no justifica la presencia no de una sino de varias de estas oficinas. Puesto en relación con sus habitantes, el número más desproporcionado de oficinas de estas auditoras está en Bonaire (un territorio de Países Bajos), las Islas Vírgenes Británicas o Gibraltar. En Islandia, donde apenas viven 336.000 personas hay 23 oficinas de estas auditoras.

En Bahamas cada una de las consultoras tiene dos oficinas, excepto EY que solo tiene una. Las Islas Caimán, Aruba, Guernsey, Jersey o la Isla de Man son otros conocidos paraísos fiscales en los que cada auditora tienen su oficina de representación. Los autores del informe creen que la presencia en estas jurisdicciones tiene como fin prestar servicios ligados a esquema de elusión fiscal ligados al secretismo que garantizan estos países.

El informe detalla un dato relevante: entre PWC, Deloitte y KPMG (no han conseguido los datos de EY) tienen 579 trabajadores en las Islas Cayman, lo que supone un 2% de los trabajadores del archipiélago.

El informe reclama que estas auditoras, que en Reino Unido sin ir más lejos auditan a todas salvo una de las empresas del FTSE 100, esto es, las cien mayores empresa controladas del país, sean más transparantes e integren sus negocios de forma que sean responsables solidarios de lo que la marca hace en terceros países. Recuerda que el capitalismo actual se basa en parte en la confianza depositada en estas cuatro empresas que son las que dictaminan si las cuentas de una sociedad están bien o mal hechas. Por eso pide también que su unidad de auditoría esté mucho mejor separada del resto de negocios de consultoría que desarrolla la firma.

Durante la crisis el papel de las auditoras ha sido ampliamente criticado por haber dado el visto bueno a cuentas que luego resultaron un fiasco. En España, el caso más sonados ha sido el de Deloitte con Bankia, hasta el punto que el Gobierno cambió la ley para obligar a las cotizadas a rotar entre las auditoras. En el plano de la elusión fiscal, su nombre ha salido varias veces en Los Papeles de Panamá.

Entre las cuatro firmas facturaron en 2016, 120.000 millones de euros.

Nueva artillería contra la prueba que sostiene el caso Bankia. La auditora Deloitte ha entregado al juez Fernando Andreu un informe, pagado por la compañía, que carga contra las conclusiones de los peritos judiciales, a las que éstos llegan, dice, por un análisis “inconsistente y ausente de rigor metodológico”. El informe pericial encargado por Deloitte, al que ha tenido acceso eldiario.es, concluye que su labor de supervisión de la entidad, previa a la quiebra y el rescate, fue “intachable desde el punto de vista técnico y normativo”.

Un representante legal de la auditora y Francisco Celma (el auditor) declararon como investigados (la actual figura del imputado) ante el juez del caso Bankia el pasado junio. Lo hicieron a petición de la acusación popular, que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC), y el colectivo 15MpaRato. Estos consideran que Deloitte participó en el desastre de la entidad al avalar el maquillaje de las cuentas de Bankia que realizaron Rodrigo Rato y su equipo para poder salir a bolsa, según los peritos del caso.

Para Rato, el resto de los imputados y los encargados de evitar aquella quiebra, entre ellos el Banco de España y la CNMV, se trató de algo inevitable. Ahora, el informe encargado por Deloitte, como ya hiciera Rato sirviéndose de otros expertos, reprocha a los peritos judiciales que obvien la segunda recesión que se produjo entre la formulación de las cuentas el 15 de junio de 2011 y su reformulación el 25 de mayo de 2012.

Estos acontecimientos habrían obligado a cambios que debieron ser registrados en las cuentas anuales de la entidad con posterioridad a la formulación de las cuentas trimestrales o semestrales, según los peritos de parte. De 309 millones de beneficio, la entidad pasó a reconocer 2.979 de pérdidas.

En ese periodo de tiempo, dicen los peritos de Deloitte, “sobrevino la más que evidente y probada segunda recesión de la economía española, que afectó de forma muy significativa al sector inmobiliario y las entidades de crédito españolas”. Estos hechos, añaden, “son objetivamente contrastables y están públicamente acreditados y reconocidos por parte de diferentes organismos tanto nacionales (como el FROB o el Banco de España), como internacionales (como el FMI)”.

En un momento dado del informe, los peritos de Deloitte citan a todos los organismos de control que las acusaciones señalan como responsables del desastre en Bankia y para cuyos responsables han solicitado, sin éxito, la imputación. “Los ajustes realizados eran conocidos y fueron revisados tanto por el Banco de España como por la CNMV, que en ningún momento pusieron de manifiesto la menor objeción. Incluso en el caso de la CNMV, requirió a BFA encargar un informe de experto independiente siendo finalmente Ernst & Young quien concluyó sobre la razonabilidad del ajuste realizado por BFA”, dice la pericial. De este modo, Deloitte se escuda en el regulador, el supervisor y también en otra de las cuatro auditoras con las que se reparte el mercado mundial.

Deloitte critica que los peritos “reconocieran en sus informes originales” unas provisiones de insolvencias que ha confirmado el Banco de España. A pesar de tan rotunda afirmación, el juez Andreu acaba de solicitar a Bankia los apuntes contables que demuestren la existencia de esas provisiones.

El informe de los peritos, la prueba sobre la que se asienta el caso Bankia, concluye que las cuentas resumidas de Bankia del primer trimestre de 2011 impedían reflejar la imagen fiel de la situación patrimonial y financiera de los resultados de la entidad a 31 de marzo de 2011 y que Deloitte no lo identificó ni reveló en su informe de auditoría de 17 de junio de 2011.

“Tal conclusión (debate Deloitte) se basa en premisas equivocadas, en significativo errores conceptuales y metodológicos y en evidentes sesgos, lo que les conduce a proponer ajustes erróneos, contrarios a la normativa que resulta de aplicación, y además, contradictorios entre sí”.

“Discrepancias” entre los peritos judiciales

Por ejemplo, argumenta el contrainforme, hay una discrepancia de cálculo de 6.456 millones de euros entre las conclusiones de uno y otro perito judicial. “Esta circunstancia es muy ilustrativa de la inconsistencia y ausencia de rigor metodológico en el análisis realizado por los peritos judiciales, y, según nuestro parecer, invalida por sí misma las conclusiones de sus informes”, afirma. Los peritos del Banco de España, Víctor Nogueras y Antonio Busquets, que han trabajado a las órdenes exclusivas del juez, siempre han defendido que su trabajo no es contradictorio sino complementario.

El informe pericial en poder de Andreu está fechado el 1 de agosto, con posterioridad a las declaraciones de Deloitte y Celma, y va firmado por los catedráticos de Economía Financiera y Contabilidad Manuel García-Ayuso, José Antonio Laínez y Juan Monterrey.

La auditora Deloitte, firma encargada de dar el visto bueno a las cuentas de Bankia antes de que saliera a bolsa y acabara rescatada con 23.500 millones de dinero público, señala al Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores. El socio auditor Francisco Celma ha declarado esta mañana en la Audiencia Nacional y ha presentado al juez del caso, Fernando Andreu, dos cartas que demostrarían el aval que supervisor y regulador dieron a su trabajo. Andreu tendrá ahora que resolver sobre la petición de la acusación popular para que representantes ambos organismos públicos se expliquen en sede judicial.

Celma y un representante legal de Deloitte han declarado durante más de cuatro horas. A la salida, la acusación popular, que representa el abogado Andrés Herzog, ha concluido: “Hoy es un día muy importante. Hemos dado un paso más en la labor de cerrar el círculo de responsables del desfalco económico. En su día dijimos que esto era una trama organizada y eso se ha ido cumpliendo paso por paso. Participaron los partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y también los auditores, que tuvieron una participación muy importante en el proceso, sin la que no hubiera pasado lo que finalmente pasó”.

La Central Intersindical de Crédito, que representa Herzog, ha solicitado la imputación del que fuera vicepresidente de la CNMV en el momento de la salida a bolsa de Bankia, Fernando Restoy, hoy subgobernador del Banco de España. También quiere que declare como imputado ante el juez el por aquel entonces gobernador, Miguel Ángel Fernández Ordoñez, 'MAFO'.

“No es casualidad que el principal argumento defensivo de Deloitte haya sido que actuó en todo momento siguiendo instrucciones de la CNMV y del Banco de España”, ha dicho este lunes al respecto Herzog. El auditor ha presentado dos misivas, de abril de 2013 y mayo de 2014, en el que demuestra que sus trabajos de auditoría y consultoría lo fueron, “en gran medida, a requerimiento de los órganos supervisores”, añadió el abogado y representante de UPyD hasta que abandonó el partido.

En la declaración, Deloitte y Celma han cargado duramente contra los peritos como el resto de imputados en la causa. El trabajo de los dos profesionales del Banco de España, a las órdenes directas del juez Andreu, suponen el pilar del caso Bankia. Ambos concluyeron que Rodrigo Rato y su equipo maquillaron las cuentas de la entidad para poder salir a bolsa. Para ello, según la acusación, necesitaron de la ayuda indispensable de la firma auditora, en este caso Deloitte.

El fiscal dio su visto bueno a la declaración como imputado de Celma porque la auditora actuó como juez y parte en el proceso. Por una parte, trabajó como consultora de Bankia para la salida a bolsa y, por otra, avaló sus cuentas para que comenzara a cotizar. Celma ha destacado, según ha informado la propia Deloitte, en que su trabajo de auditoría tuvo informes de valoración de terceros, justamente las otras tres grandes auditoras, al tiempo que contó “con la autorización previa de Banco de España y de la CNMV y, por tanto, de acuerdo a la normativa en vigor”. También ha defendido que Deloitte tiene los mecanismos necesarios para que una faceta de la firma no afecte a la otra.

Para Herzog, lo ocurrido con Bankia distingue a España de otros países. “En lugar de proteger a los inversores, para evitar que haya conflicto de interés entre auditoría y consultoría, descubrimos que el supervisor está promoviendo y fomentando esos conflictos de interés. La sociedad que tiene que firmar la auditoría a la vez está vendiendo otros servicios a las mismas sociedades auditoras”, ha asegurado al término del interrogatorio. El letrado señaló al actual subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, quien“lejos de ser removido de su cargo, sigue al frente de la institución”.

La auditora ha defendido hoy que había provisiones en Bankia suficientes para avalar las cuentas de salida a Bankia y, sin embargo, no hacerlo con las de Rodrigo Rato, en mayo de 2012, y a la postre definitivo para la intervención de la entidad por el Estado. Por su parte los peritos niegan que ese colchón existiera porque se consumió en el proceso de fusión de cajas que dio lugar a Bankia. “Los hechos han demostrado que de existir (las provisiones) no eran suficientes. Si no, no se hubiera producido el rescate”, ha dicho al respecto Herzog.

Dos preguntas del fiscal

Durante las cuatro horas de declaración, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón solo ha hecho dos preguntas “muy genéricas”, según el letrado de la CIC. Luzón se animó a apoyar la declaración de Deloitte después de que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) sancionara a Deloitte por su trabajo en Bankia con una multa de 12 millones de euros.

Según Deloitte, Celma ha declarado este lunes que la sanción todavía no es firme en vía administrativa y que está recurrida en alzada ante el Ministerio de Economía y Competitividad. El socio auditor ha mostrado al juez su extrañeza por que Economía no haya resuelto el recurso tras 21 meses desde su presentación cuando suele hacerlo en unos 90 días.

El juez Fernando Andreu ha citado a declarar en calidad de investigados -la nueva figura para imputados- al representante legal de la auditora Deloitte SL y a su socio Francisco Celma. La auditora fue la encargada de dar el visto bueno a las cuentas de la entidad que salió a bolsa y terminó rescatada con 23.500 millones de euros de dinero público.

La imputación de la auditora era una reclamación antigua de las acusaciones. El mes pasado, el colectivo 15MpaRato y la Confederación Intersindical de Cajas (CIC) solicitaron que los dos citados prestaran declaración por avalar las cuentas de la entidad en 2011. Esas cuentas tuvieron que ser reformuladas tras la intervención estatal de Bankia.

Deloitte había avalado que Bankia tenía unos beneficios de 309 millones cuando la intervención arrojó que, en realidad, acumulaba pérdidas de 2.979 millones. Los dos investigados declararán en la Audiencia Nacional el próximo 20 de junio a las 9:00 horas.

Los dos peritos del caso concluyeron que Rodrigo Rato y su equipo “maquillaron” las cuentas de la entidad con el fin de sacarla a bolsa. El informe de los peritos es la prueba sobre la que se sostiene la pieza principal del caso Bankia.

La Generalitat ha encarregat el disseny del model tributari català a grans consultores del sector privat. Firmes com PwC, Deloitte o KPMG han estat les escollides per elaborar les línies mestres del nou sistema fiscal català. Altres consultores escollides han estat Everis i Infraplan, a més de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) y professors de la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat de Barcelona i l'escola de negocis Esade. Catalunya Plural ha preguntat el cost d'aquests informes però el departament de Presidència de la Generalitat no ha contestat la petició.

L'encàrrec del nou model tributari català a aquestes consultores genera dubtes en la Plataforma per una Fiscalitat Justa.A falta d'una anàlisi en profunditat sobre el model presentat, des de la plataforma, Jordi Garcia Muniesa assenyala que PwC, Deloitte o KPMG són responsables d'assessorar grans empreses per pagar menys impostos.

Els dubtes que expressa Garcia Muniesa es fonamenten en casos recents com l'escàndol LuxLeaks. Una investigació del Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació desvetllada a Espanya per El Confidencial va mostrar com PwC, Deloitte i KPMG estaven implicades en l'assessorament a grans empreses per desviar els seus beneficis a Luxemburg, de manera que eludien el pagament d'impostos en els països on generaven el negoci. Però gairebé deu anys abans, el 2005, KPMG ja va ser investigada pel govern dels EUA per dissenyar esquemes fraudulents que permetien als seus clients evadir impostos.

Tot això fa que Garcia Muniesa vegi un conflicte d'interessos en el disseny d'un model tributari. “No dic que aquestes firmes no hagin de mostrar la seva opinió. Però no estaria de més que el Govern hagués consultat a experts més independents, que n'hi ha”, afegeix.

Garcia Muniesa també lamenta que en la presentació d'aquest dilluns pràcticament no es parlés del frau fiscal comès per les grans empreses i les grans fortunes -que suposa el 70% del frau fiscal total-, i dels mecanismes de la nova Hisenda catalana per combatre'l. “I no serà que a Catalunya no tinguem exemples de frau fiscal de grans empreses i grans fortunes”, afegeix Muniesa, en referència als casos recents protagonitzats per la soprano Montserrat Caballé, l'advocat Emili Cuatrecasas o la família d'empresaris Carulla.

En aquest sentit, Garcia Muniesa recorda que existeixen mecanismes de denúncia de grans evasors que no van ser esmentats, com ara les bústies segurs on els ciutadans poden dipositar les seves sospites sobre grans fraus fiscals perquè la seva hisenda els investigui.

A més de la lluita contra el frau fiscal, una altra de les incògnites que ahir no es van desvetllar ser el nombre de funcionaris amb què comptaria la nova Hisenda catalana. El responsable del programa per a la definició d'un nou model d'administració tributària, Joan Iglesias, va evitar concretar assegurant que que correspon al Govern implantar el model. No obstant, va recordar que l'Agència Tributària de Catalunya (ATC) compta ara 324 funcionaris i que en els propers anys espera comptar amb uns 600 efectius.

Cooperació enlloc de control

El nou model tributari català, que la Generalitat pretén crear com a part del procés d'independència, estarà basat en la cooperació amb el contribuent en comptes del control i s'inspirarà en països com Austràlia i Suècia. Això permetrà calcular el 'Tax gap' o esquerda fiscal, la diferència entre la recaptació real i la potencial.

Des del sindicat de tècnics del ministeri d'Hisenda (Gestha), Miguel Ángel Maíllo considera positiu aquest canvi de mentalitat, tot i que recorda que la implantació estarà subjecta a la negociació política amb el ministeri d'Hisenda.

“És especialment positiva la desconcentració del poder tributari”, assenyala Maíllo, en referència a la divisió d'organismes que preveu la nova Hisenda catalana. Així, l'executiu dependria el Servei Català de Gestió d'Ingressos format al seu torn per quatre organismes: l'Agència Tributària de Catalunya (ATC), l'Agència Catalana de Recaptació d'Ingressos (ACRI), l'Agència Catalana de Comerç Exterior i Duanes (Acced) i l'Agència Catalana de la Propietat Immobiliària (ACPI). No obstant això, tot el sistema estaria tutelat per un Consell Fiscal dependent del Parlament català.

Maíllo també aplaudeix el tractament diferenciat de l'incompliment fiscal segons les seves causes -error o recerca de frau- del que ha de revertir en una reducció de la conflictivitat i del grau de litigis en el nou model tributari català.

Un altre enfrontament polític

La presentació del nou sistema tributari català ha obert un nou conflicte en la voluminosa carpeta de tensions entre el Govern de Mariano Rajoy i la Generalitat. Abans fins i tot que acabés la presentació del projecte de model tributari, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría havia dit que es tracta d'un pas “enlloc”, i ha reiterat la seva intenció de recórrer-als tribunals.

Una visió molt diferent de l'expressada pel president de la Generalitat, Artur Mas, que ha assegurat que sense Hisenda pròpia Catalunya no tindrà autogovern, i ha considerat “un error molt gran” no haver apostat per ella en el passat.

La Generalitat ha encargado el diseño del modelo tributario catalán a grandes consultoras del sector privado. Firmas como PwC, Deloitte o KPMG han sido las elegidas para elaborar las líneas maestras del nuevo sistema fiscal catalán. Otras consultoras escogidas han sido Everis y Infraplan, además de la Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) y profesores de la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat de Barcelona y la escuela de negocios Esade. Catalunya Plural ha preguntado el coste de estos informes pero el departamento de Presidencia de la Generalitat no ha contestado a la petición.

El encargo del nuevo modelo tributario catalán a estas consultoras genera dudas en la Plataforma per una Fiscalitat Justa. A falta de un análisis en profundidad sobre el modelo presentado, desde la plataforma, Jordi Garcia Muniesa señala que PwC, Deloitte o KPMG son responsables de asesorar a grandes empresas para pagar menos impuestos.

Las dudas que expresa Garcia Muniesa se fundamentan en casos recientes como el escándalo LuxLeaks. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación desvelada en España por El Confidencial mostró como PwC, Deloitte y KPMG estaban implicadas en el asesoramiento a grandes empresas para desviar sus beneficios a Luxemburgo, de manera que eludían el pago de impuestos en los países donde generaban el negocio. Pero casi diez años antes, en 2005, KPMG ya fue investigada por el gobierno de EEUU por diseñar esquemas fraudulentos que permitían a sus clientes evadir impuestos.

Todo ello hace que Garcia Muniesa vea un conflicto de intereses en el diseño de un modelo tributario. “No digo que estas firmas no tengan que mostrar su opinión. Pero no estaría de más que el Govern hubiese consultado a expertos más independientes, que los hay”, añade.

Garcia Muniesa también lamenta que en la presentación de este lunes a penas se hablara de fraude fiscal cometido por las grandes empresas y las grandes fortunas -que supone el 70% del fraude fiscal total-, y de los mecanismos de la nueva Hacienda catalana para combatirlo. “Y no será que en Catalunya no tengamos ejemplos de fraude fiscal de grandes empresas y grandes fortunas”, apostilla Muniesa, en referencia a los casos recientes protagonizados por la soprano Montserrat Caballé, el abogado Emili Cuatrecasas o la familia de empresarios Carulla.

En este sentido, Garcia Muniesa recuerda que existen mecanismos de denuncia de grandes evasores que no fueron mencionados, como por ejemplo los buzones seguros donde los ciudadanos pueden depositar sus sospechas sobre grandes fraudes fiscales para que su hacienda los investigue.

Además de la lucha contra el fraude fiscal, otra de las incógnitas que ayer no se desvelaron fue el número de funcionarios con el que contaría la nueva Hacienda catalana. El responsable del programa para la definición de un nuevo modelo de administración tributaria, Joan Iglesias, evitó concretarlo asegurando que corresponde al Govern implantar el modelo. Sin embargo, recordó que la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC) cuenta ahora con 324 funcionarios y que en los próximos años espera contar con unos 600 efectivos.

Cooperación en vez de control

El nuevo modelo tributario catalán, que la Generalitat pretende crear como parte del proceso de independencia, estará basado en la cooperación con el contribuyente en vez del control y se inspirará en países como Australia y Suecia. Esto permitirá calcular el 'Tax gap' o grieta fiscal, la diferencia entre la recaudación real y la potencial. Desde el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda (Gestha), Miguel Ángel Maíllo considera positivo este cambio de mentalidad, aunque recuerda que la implantación estará sujeta a la negociación política con el ministerio de Hacienda.

“Es especialmente positiva la desconcentración del poder tributario”, señala Maíllo, en referencia a la división de organismos que prevé la nueva Hacienda catalana. Así, del ejecutivo dependería el Servicio Catalán de Gestión de Ingresos formado a su vez por cuatro organismos: la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), la Agencia Catalana de Recaudación de Ingresos (ACRI), la Agencia Catalana de Comercio Exterior y Aduanas (Acced) y la Agencia Catalana de la Propiedad Inmobiliaria (ACPI). No obstante, todo el sistema estaría tutelado por un Consejo Fiscal dependiente del Parlament catalán.

Maíllo también aplaude el tratamiento diferenciado del incumplimiento fiscal según sus causas -error o búsqueda de fraude- lo que debe revertir en una reducción de la conflictividad y del grado de litigios en el nuevo modelo tributario catalán.

Otro enfrentamiento político

La presentación del nuevo sistema tributario catalán ha abierto un nuevo conflicto en la abultada carpeta de tensiones entre el gobierno de Mariano Rajoy y la Generalitat. Antes incluso que terminara la presentación del proyecto de modelo tributario, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha dicho que se trata de un paso “a ninguna parte”, y ha reiterado su intención de recurrirlo a los tribunales.

Una visión muy diferente de la expresada por el presidente de la Generalitat, Artur Mas, que ha asegurado que sin Hacienda propia Catalunya no tendrá autogobierno, y ha considerado “un error muy grande” no haber apostado por ella en el pasado.