El Ayuntamiento y la Universidad de La Laguna han firmado este lunes un convenio para abordar la restauración y rehabilitación de la escultura del Padre Anchieta. Esta escultura, que data del año 1960 y que fue obra del artista Bruno Giorgi, ha sido sometida a distintos estudios y análisis durante el último año y medio y se ha constatado la necesidad de esta acción integral que asumirá la institución académica.

La rúbrica de este proyecto contó con la participación del alcalde lagunero, Luis Yeray Gutiérrez; el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García; el concejal de Patrimonio Cultural, Adolfo Cordobés; el segundo teniente de alcalde de la corporación Local, Fran Hernández; el cronista de la ciudad, Eliseo Izquierdo; y representantes técnicos de las dos entidades implicadas.

Luis Yeray Gutiérrez resaltó que la firma de este convenio no es sólo un acto administrativo, es un gesto de ciudad: “Un compromiso público con la conservación del patrimonio, con la memoria de Anchieta y con la proyección cultural de nuestro querido municipio. Se trata de un proyecto que combina rigor científico, transparencia institucional y sensibilidad histórica, y un paso decisivo para asegurar que este símbolo tan emblemático para la ciudadanía se mantenga en las mejores condiciones posibles”.  

Por su parte, Francisco García mostró en primer lugar su satisfacción por poner lo mejor de la universidad al servicio de la sociedad de y el Ayuntamiento. “En esta ocasión, nos implicamos en el mantenimiento y reparación de un bien de altísimo valor cultural con dos de nuestras mejores armas: la Cátedra Cultural Padre Anchieta y el Servicio de Análisis y Documentación de Obras de Arte (SADOA)”. 

Adolfo Cordobés detalló que “la restauración de la escultura se acompañará de otras acciones complementarias como un programa de actividades culturales relacionadas con el aniversario de la muerte de Anchieta, que se llevará a cabo del 16 al 19 de junio en la casa que lleva su nombre, ubicada en las inmediaciones de la plaza del Adelantado. Este programa, organizado por la concejalía de Patrimonio Cultural y la Cátedra Cultural Padre Anchieta, permitirá profundizar en la vida y obra del santo desde una perspectiva histórica, científica y cultural”.

La Casa Anchieta será también sede del futuro Centro de Interpretación del Padre Anchieta, actualmente en tramitación administrativa, que consolidará este espacio como referente de divulgación y estudio.

Por último, Eliseo Izquierdo celebró que “este convenio es un paso decisivo para la conservación de una pieza monumental de primera categoría conocida en todo el mundo. Preservar este elemento icónico es un tarea inaplazable y una obligación que había que atender”. Asimismo, recordó que esta escultura fue un regalo del Gobierno de Brasil hacia el pueblo de La Laguna, por lo que “esta imagen pertenece a la propia ciudadanía del municipio”.

Estudios técnicos previos

Los estudios morfoquímicos realizados en 2024 confirmaron la necesidad de intervenir. La escultura presenta actualmente alteraciones superficiales propias de más de seis décadas de exposición al aire libre, aunque mantiene un núcleo metálico en buen estado. La restauración permitirá estabilizar pátinas, corregir patologías, recuperar la peana de granito y aplicar sistemas de protección duraderos.

El convenio aprobado contempla una intervención integral, con un presupuesto municipal de 84.793,57 euros, ampliado respecto al estudio técnico inicial para incluir seguimiento científico bienal en 2027 y 2028, documentación, supervisión continuada y medidas de protección avanzadas. La universidad aporta además 6.875 euros destinados a divulgación científica.

La firma se realiza el 8 de junio, víspera del 429 aniversario del fallecimiento de San José de Anchieta (9 de junio de 1597). Esta coincidencia refuerza el sentido del acto, que se convierte en un homenaje institucional a una de las figuras más influyentes de la historia lagunera y canaria.

Anchieta no fue solo un evangelizador y educador, fue también poeta, dramaturgo, naturalista, lingüista y fundador de ciudades como São Paulo y Río de Janeiro. Su legado trasciende lo religioso y forma parte de la proyección internacional de La Laguna. La restauración de su monumento se inscribe, por tanto, en un marco de memoria, identidad y reconocimiento histórico.

Un estudio de la Universidad de La Laguna (ULL) prevé que en lo que resta de siglo se producirá una reducción drástica de las reservas de agua de lluvia en toda Canarias, que en el caso de El Hierro, en el peor de los escenarios, oscilaría entre el 50% y el 70%, y en Tenerife rondaría el 50%.

En el caso de Gran Canaria, el estudio proyecta un agotamiento casi completo de las reservas, hoy limitadas a pequeñas zonas montañosas del norte y el centro de la isla.

Este trabajo, publicado en Environmental Monitoring and Assessment y coordinado por el catedrático Juan Carlos Santamarta, investigador del Departamento de Ingeniería Agraria y Medio Natural de la ULL, se centra en el balance hídrico climático, también llamado potencial.

Este indicador se calcula a partir de dos variables: la precipitación, que aporta agua al territorio, y la evapotranspiración, que la retira.

No incorpora, por tanto, aportes como la desalación, altamente implantada en Canarias.

Mide específicamente el agua que el clima, por sí solo, deja disponible, con lo que resulta útil para aislar el efecto del cambio climático sobre el recurso.

El equipo de investigadores adaptó a las islas Canarias la metodología FICLIMA para proyectar cómo cambiará el balance hídrico climático.

Se trata de una técnica que traduce los modelos climáticos globales a una escala local muy detallada: capta las particularidades de un territorio con una orografía compleja y numerosos microclimas.

El análisis ofrece una resolución de 100 metros, por lo que constituye la primera vez que se dispone de este nivel de detalle para el archipiélago, y se apoya en los modelos climáticos internacionales del Sexto Informe del panel de expertos de Naciones Unidas sobre cambio climático (IPCC).

Las proyecciones se realizan para tres horizontes: corto (2021-2050), medio (2040-2070) y largo plazo (2071-2100), bajo distintos escenarios de emisiones de gases de efecto invernadero, desde los más positivos hasta los más críticos.

A esta presión climática se suma la deriva de la actividad humana, en particular el crecimiento de la población y la fuerte demanda de agua del turismo y la agricultura.

La tendencia general observada en las proyecciones es de un descenso del balance hídrico climático, que se acentúa a medida que avanza el siglo.

El análisis también señala que estos cambios estarán fuertemente influidos por la altitud, destacando que las zonas costeras del archipiélago presentan ya hoy un balance hídrico climático nulo, lo que provocará un aumento del estrés hídrico del conjunto del territorio.

Los investigadores subrayan que el estudio aporta datos útiles para gestionar el recurso de forma más eficiente, especialmente ante la creciente competencia por el agua entre sectores muy demandantes como el turismo y la agricultura.

Entre las estrategias que ya contribuyen a mitigar la escasez figuran la desalación de agua de mar, la reutilización de aguas residuales y las mejoras en el almacenamiento y la distribución.

No obstante, según los autores, estas vías siguen afrontando retos de eficiencia y consumo energético.

Por ello, el estudio recoge medidas como reforzar la producción industrial de agua integrando energías renovables, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles; técnicas de riego eficiente y cultivos más resistentes a la sequía; una planificación integrada del sector turístico; o la cooperación entre islas y regiones, así como la integración de la resiliencia climática en la planificación hidrológica.

La Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de la Universidad de La Laguna tiene constancia de altos niveles de gas radón desde el año 2022. La alerta saltó cuando el Laboratorio de Física Médica y Radiactividad Ambiental de la Universidad detectó en varias aulas de la planta baja niveles superiores a los 300 Bq/m3 (Bequerelios por metro cúbico), el límite sanitario que establece la ley. No fue hasta el año pasado cuando se clausuraron las clases. 

Durante un tiempo “estuvieron expuestos a niveles superiores de lo que permite la ley”, según explican que les dijeron desde Dirección a la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la Universidad de La Laguna. Aunque pidieron los resultados de las mediciones, la Delegación de Estudiantes asegura que hasta ahora no se los han facilitado. 

Durante todo este curso las aulas donde se detectaron niveles altos de gas radón han estado clausuradas y los alumnos están dando clase en las salas de estudio del Edificio de Servicios al Alumnado ULL-CajaCanarias en el Campus de Anchieta, las que todos los alumnos conocen como las “Aulas de Caja Canarias”. 

Aulas poco adecuadas para dar clase

Desde el inicio de este curso se está dando clase en aulas provisionales “poco aptas, donde la mitad de los alumnos asiste a clase de espaldas al profesor”, aseguran desde la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la ULL. “Eran salas de estudio, dos salas enormes, con sillas a los dos lados de la mesa, unos frente a otros, de tal modo que la mitad de los alumnos que da clase ahí está de espaldas al profesor. La universidad colocó televisores para que pudieran ver al profesor o las diapositivas que pusiera”, asegura Samuel Frías, secretario de Relaciones Institucionales de la Delegación de Estudiantes de Ingeniería Informática de la ULL. 

Son unos mil alumnos afectados. “Han sido recolocados en cinco nuevas aulas, de las que a su vez, la Universidad ha tenido que recolocar a otros estudiantes de otros cursos y grados de industriales”, asegura Frías. 

“Todos los días para ir a clase era una lotería. Me hacía siempre las mismas preguntas antes de llegar: ¿Podré ver la pizarra hoy? ¿Escucharé al profesor en algún momento? ¿Podré ver las transparencias? Cada asiento no era equitativo para todos. Si llegabas antes conseguías el mejor sitio, si no, simplemente no podías tomar apuntes”, relata con frustración un estudiante afectado.

Lentitud y falta de transparencia

La falta de transparencia es el reproche más unánime. “La Universidad no ha hecho ningún tipo de comunicado informando a los estudiantes de lo ocurrido o de cuándo podrán volver a sus aulas”, asegura Frías. La dirección de la Universidad se limitó a enviar un correo a la comunidad de la escuela para comunicar que no se debían mover ni tocar los medidores de radón. 

Los alumnos coinciden en criticar a la Universidad por falta de transparencia. “Se está demorando mucho. Pese a lo perjudicial que es la inhalación del radón, se están tomando una especial lentitud para solucionar el problema, afectando gravemente a la docencia y al avance en el aula”, lamenta otro de los alumnos afectados.

Desde el mes de julio del año pasado han tratado el asunto en todas y cada una de las reuniones de Juntas de Escuela, que tienen cada mes. Y han comunicado sus quejas por escrito a tres Vicerrectorías. El pasado mes de diciembre escribieron al Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras y la Gerencia de la Universidad de La Laguna para trasladar “enérgicamente sus quejas”, y concluían su escrito transmitiendoles lo inaceptable que “esta situación de precariedad durante lo que resta de curso y, muy probablemente del siguiente”, y recordándoles que “la salud y la calidad docente no pueden depender de una burocracia interminable”.

“La Universidad es del pueblo”

Los estudiantes critican duramente que la Universidad ha retrasado los plazos de regreso a las aulas afectadas de forma sistemática. En julio de 2025 les prometieron que volverían a las aulas el año siguiente, después en el segundo cuatrimestre de 2026, pero la realidad es que las aulas siguen clausuradas bajo la excusa institucional de que “las cosas de palacio van despacio”. Y ante esta justificación de la universidad uno de los alumnos consultados se indigna: “No me parece coherente porque esto no es de palacio, esto es del pueblo y esto es de los estudiantes y están sufriendo”, concluye. 

“La solución barata: ventilación forzada”

Desde entonces, “sólo han reformado una de las aulas afectadas, instalando un sistema de ventilación forzada”, les comunicaron desde la dirección de la Universidad a la delegación de estudiantes. 

Esta medida consiste en colocar extractores y ventiladores gigantes para forzar la circulación del aire y evitar que el radón se concentre en el ambiente. Sin embargo, el colectivo estudiantil la tacha de solución “banal y deficiente”. Son alumnos de Ingeniería, y aunque no hayan terminado la carrera plantean otras soluciones “mejores”.  

“Lo eficiente y seguro habría sido levantar el suelo y cambiarlo por completo para sellar el paso del gas de raíz”, asegura uno de los alumnos, y sobre la ventilación forzada añade: “Es la respuesta más barata de todas, es una solución pésima, y como estamos en la Facultad de Ingeniería, también me parece una construcción bastante poco práctica, sobre todo porque genera ruido”.  

Además, la llegada del verano paraliza cualquier avance: la subida de las temperaturas aligera el aire, lo que provoca que el radón fluya con más intensidad y vuelva las mediciones inestables, impidiendo la reapertura de los espacios.

Temor a un gas peligroso

El radón es un gas que produce la naturaleza, pero es radiactivo, inoloro, incoloro e insípido. Su principal peligro es que al filtrarse y acumularse en espacios cerrados, se inhala dañando los pulmones y aumentando exponencialmente el riesgo de cáncer de pulmón.  

Este gas se origina de manera natural al desintegrarse las moléculas de uranio que hay presentes en el suelo y las rocas. Debido a la naturaleza volcánica del archipiélago, la presencia de gas radón es alta, aproximadamente el 19 % del territorio está considerado de alto riesgo. El Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre establece un límite legal y sanitario de referencia de 300 Bq/m3 (Bequerelios por metro cúbico) para el promedio anual de concentración de gas radón.

El temor es generalizado ante un peligro invisible: “Nunca sabías si el aula en la que estabas metido podía tener radón o no, porque la ULL no compartió jamás los resultados”.

Esta política de ocultación y el patrón de “poner medidores y quitarlos a los meses en total silencio” se replicó de forma idéntica en la Residencia Universitaria Parque de las Islas (RUPI) de la ULL. 

“El correo inicial de la universidad indicaba lo 'urgente' que era la situación, pero después de retirarlos no se supo absolutamente nada más. Jamás se pronunciaron, nunca publicaron los datos de la residencia ni comentaron los resultados”, denuncia un estudiante residente.

La Escuela frente al Rectorado

En el trasfondo de la lenta resolución del conflicto subyace una evidente grieta política dentro de la propia institución. El alumnado exculpa en gran parte a la Escuela Superior de Ingeniería y Tecnología (ESIT) y a su director, Ernesto Pereda de Pablo —asegurando que trabajó activamente incluso sacrificando sus vacaciones—, pero apuntan directamente a las altas esferas.

“La Escuela siempre ha intentado ayudar, pero considero que el responsable directo es el Vicerrectorado de Sostenibilidad e Infraestructuras. Profesores, alumnos y la junta manifestamos nuestro rotundo desacuerdo a través de documentos oficiales. Si el Vicerrectorado no pone de su mano, no se avanza en esta universidad. Parece que hasta que no ocurra el primer susto grave de salud, no se tomarán las medidas reales y definitivas que merecemos”, concluye uno de los alumnos afectados. 

La versión de la Gerencia: “Hemos actuado con prontitud y transparencia”

Lidia Pereira, gerente de la Universidad de La Laguna, defiende la gestión llevada a cabo y niega las acusaciones de opacidad. “Hemos actuado con prontitud, con inmediatez, y con transparencia”, asegura, y añade que desde el primer momento en que se tuvo conocimiento de las mediciones se informó a los estudiantes y se trabajó para encontrar una solución.

Sobre la demora en el regreso a las aulas, la responsable apunta a las exigencias técnicas del proceso de medición: “El periodo técnico para la medición es de noviembre a mayo y tendrían que hacerse mediciones como mínimo de unos tres meses”. Según Pereira, cuando finalizó el primer cuatrimestre “los indicadores no permitían que se volvieran”.

Respecto a las quejas de falta de información, la gerente rechaza la versión del alumnado: “No comparto esa visión, porque incluso desde el principio hemos hablado con las delegaciones de alumnos”. 

Cuando se le pregunta directamente si se han comunicado a los estudiantes los niveles de radón registrados, la gerente responde que todos los espacios medidos cuentan con cartelería con un código QR que permite contactar con el laboratorio de Física Médica y Radiactividad Ambiental (FIMERAL), responsable de las mediciones, y que los datos están a disposición de quien los solicite. 

En cuanto a las quejas escritas enviadas a las vicerrectorías, la gerente asegura tener constancia de un único escrito: “La única queja que yo tengo constancia es que se envió por correo. Tuvimos una reunión telemática y le explicamos que estábamos midiendo y que no se podía volver a esas aulas por los indicadores de medición”.

Sobre la solución de la ventilación forzada, cuestionada por los propios alumnos de ingeniería, Pereira defiende que las decisiones técnicas corresponden a los expertos: “Quien tiene que hacer la valoración del tipo de actuaciones que hay que hacer tienen que ser los técnicos que realizan las obras de los edificios”. Y descarta la opción de levantar el suelo planteada por algunos estudiantes: “Levantar el suelo lleva otro tipo de actuaciones que quizás no se hayan relatado en toda su dimensión con ellos, pero se ha hecho esa valoración y no es viable en este momento”.

Por último, ante la pregunta de si se puede garantizar que los alumnos y profesores no han corrido peligro, la gerente responde con rotundidad: “Por supuesto. Desde el primer momento hemos actuado”, y añade que duda que “exista otra institución en Canarias que haya desarrollado una actividad de salud preventiva y de actuación similar a la nuestra”.

En cuanto al plazo de regreso, Pereira no ofrece certezas: “En este momento no lo puedo asegurar porque no ha terminado ni el periodo de medición, pero lo tendremos en breve”.

El Ayuntamiento de La Laguna y la Universidad han llegado a un acuerdo para disponer del parking de Bellas Artes, en el Campus de Guajara, para uso cultural, lo que en palabras del alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez, “permitirá redistribuir la oferta cultural entre otras zonas del municipio, al tiempo que descongestionamos el centro histórico reduciendo el número de eventos que se celebran habitualmente en el casco”.

Así lo ha informado el Consistorio este viernes en un comunicado, donde ha aprovechado para anunciar que el primero de los eventos programados en este espacio al aire libre será el Festival Soplo de Letras, una cita protagonizada por la música y el humor que reúne a artistas locales, regionales, nacionales e internacionales los días 15 y 16 de mayo.

El Ayuntamiento recuerda que este Festival había sido programado inicialmente en la plaza del Cristo, pero el acuerdo con la Universidad y el mayor aforo con que cuenta el recinto educativo han propiciado su reubicación.

Este aparcamiento ya vio transformado su uso habitual durante la crisis sanitaria por la pandemia de la covid-19, cuando se adaptó para la celebración de conciertos y espectáculos de teatro y humor al aire libre, adaptado a las medidas sanitarias impuestas durante la desescalada, que a juicio del alcalde, “aquella experiencia nos demostró que se trata de un recinto que ofrece muchas posibilidades para albergar eventos de estas características y queremos seguir apostando por él para llevar la cultura a todos los rincones del municipio”.

Asimismo, el regidor agradece la colaboración por parte de la Universidad, “y en particular por su rector, Francisco García”.

“El proyecto de ley, tal como está formulado, no profundiza ni resuelve los problemas actuales de las universidades canarias en materia de I+D+i”. Así resumen los rectores de las dos universidades públicas de Canarias, Lluís Serra (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Francisco García (Universidad de La Laguna) la tramitación de esta nueva norma del Gobierno canario de la que denuncian que no se haya contado con ellos. De hecho, ven “preocupante” que el Ejecutivo que dirige Fernando Clavijo no haya abierto un trámite de audiencia pública amplio, “de modo que las universidades solo tuvieron conocimiento del texto una vez remitido al Parlamento, incumpliendo, la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias”. Así lo recuerda también el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

Los rectores enviaron una carta el pasado 5 de junio por sede electrónica a la Consejería de Universidades y a todos los grupos parlamentarios en la que expresan su “firme desacuerdo”. Consideran que esta exclusión “constituye una oportunidad perdida” y lamentan no haber sido invitadas a participar ni haber sido “consultadas durante la redacción de dicho anteproyecto”, pese a que estas instituciones “aglutinan prácticamente la totalidad de la investigación científica y la transferencia de conocimiento en el Archipiélago”.

“Las universidades públicas canarias desempeñan un rol estratégico e insustituible en la generación de conocimiento, la formación de capital humano avanzado, la transferencia tecnológica al tejido productivo y el desarrollo socioeconómico regional”, inciden los rectores en su carta a los grupos.

En este sentido, proponen incorporar en la norma un título específico dedicado a las universidades públicas canarias, con un reconocimiento expreso de su rol central y singular “como ejes vertebradores del sistema científico-tecnológico regional y garantes de la formación del personal investigador”. También reclaman que se incluyan medidas concretas de impulso a la investigación universitaria. En particular, “la ley debe consolidar los complementos retributivos autonómicos por méritos de investigación que ya se vienen otorgando a los profesores universitarios, y además crear unos nuevos complementos específicos por actividades de transferencia de conocimiento, actualmente inexistentes”.

En el escrito, los rectores hablan de la importancia de contar con recursos humanos y materiales suficientes para sus funciones investigadoras y del apoyo a la formación de doctores y personal técnico, así como de la cofinanciación de infraestructuras y gestión administrativa de I+D. “Sugerimos que la ley canaria incorpore un mandato de financiación progresiva y estable para las universidades en materia de I+D. Por ejemplo, podría contemplarse que en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se asigne anualmente una dotación específica creciente para actividades de I+D en las universidades, hasta alcanzar en unos años un porcentaje objetivo del presupuesto”, exponen.

Serra y García observan “con preocupación” que el anteproyecto “no menciona de forma alguna” a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), organismo que actualmente actúa como pieza clave en la promoción y gestión de la I+D+i en Canarias.

“Proponemos, por tanto, incluir una referencia expresa a la ACIISI en el articulado de la ley, reconociéndola como entidad integrante del sistema y adscrita (probablemente) al departamento gubernamental competente en materia de ciencia. Esta inclusión reforzará la legitimidad institucional de la ACIISI, garantizando la continuidad de sus funciones. Además, la ley debería abrir la puerta a la evolución futura de la ACIISI hacia una agencia pública con mayor autonomía (al estilo de las agencias de financiación y gestión científica de otras comunidades)”, exponen.

Los rectores ven clave incidir en el desarrollo de una carrera investigadora pública estable y atractiva. “Uno de los temas más críticos para el futuro de la ciencia en Canarias es la situación del personal investigador, especialmente el joven talento”, recuerdan. “Valoramos positivamente que el Anteproyecto hable de ”atracción, retención y retorno de talento“; sin embargo, advertimos que ello no equivale a diseñar e implantar una verdadera carrera investigadora pública, estable y profesionalizada”, alertan.

“El riesgo es que esa mención genérica al ”talento“ quede en mera declaración de intenciones si no va acompañada de instrumentos concretos que estructuren una trayectoria profesional clara para los investigadores en Canarias. La precariedad laboral y la falta de oportunidades estables expulsan o desincentivan a muchos jóvenes científicos altamente cualificados, mermando nuestro potencial de innovación”, sostienen.

Hacia una carrera investigadora más atractiva

Creen que en la ley debería incorporarse un conjunto de principios o mandatos al Gobierno para establecer una carrera investigadora canaria que contemple: contratación estable (por ejemplo, implantando figuras contractuales indefinidas o de larga duración para investigadores una vez superadas ciertas evaluaciones); evaluación y promoción por méritos científicos (estableciendo evaluaciones periódicas del desempeño investigador con efectos en la promoción profesional, similares a las evaluaciones de sexenios o tramos de investigación, pero adaptadas a escalas autonómicas) y posibilidades de movilidad interna y externa (facilitando que investigadores puedan transitar temporalmente entre universidad, centros de investigación, empresas o administraciones, sin perder sus derechos, a fin de enriquecer su experiencia).

Además, sostienen que debe fomentarse la vinculación con el sector productivo, incentivando fórmulas de colaboración público-privada (contratos “industriales” en empresas, cátedras mixtas, etc.). “Todo ello orientado a dotar de atractivo la profesión investigadora en las islas, permitir carreras estables y meritocráticas, y retener conocimiento estratégico en el Archipiélago”, apuntan.

Asimismo, proponen la creación de un Programa Canario de Captación y Estabilización del Talento Investigador, dotado con fondos públicos, para ofertar contratos atractivos a científicos.

Otra cuestión que echan en falta en el anteproyecto de ley es la falta de mecanismos orientados a la excelencia científica. “En el texto actual no se contempla la creación de entidades de investigación de alto nivel (sean públicas o públicoprivadas) que den visibilidad internacional a la ciencia canaria”, subrayan. Por ello, instan a incluir en la ley esta perspectiva de excelencia e internacionalización, con referencias explícitas a posibles entidades o instrumentos para lograrla.

“Sorprende profundamente que el Proyecto de Ley Canaria de la Ciencia no contemple un título específico dedicado a la transferencia de conocimiento, especialmente cuando tanto el Presidente de Canarias como la Consejera han manifestado públicamente que esta es una prioridad estratégica de la legislatura”, lamentan los rectores.

Plantean reconocer la transferencia de conocimiento como misión esencial del sistema público de I+D+i, al mismo nivel que la investigación y la docencia y designar a las universidades públicas y entidades registradas como agentes centrales de transferencia. También hablan de crear un sistema de evaluación de la transferencia basado en el impacto social, territorial y económico.

Otras propuestas que realizan pasan por garantizar una representación mayoritaria de las universidades públicas (ULL y ULPGC) en el Consejo Asesor; garantizar el el fomento de la investigación en todas las áreas del conocimiento e incorporar medidas para reducir las trabas burocráticas en la ejecución de proyectos. También reclaman eliminar el Título IV dedicado a la Inteligencia Artificial para evitar que la ley se sesgue hacia una tecnología específica y establecer la obligación de publicar anualmente un calendario orientativo de todas las convocatorias de ayudas en I+D+i, entre otras.

Los rectores de las universidades públicas de Canarias (la ULPGC y la ULL) celebran el nuevo decreto anunciado por el Gobierno central que endurece las exigencias a las universidades privadas. “Nos parece muy razonable que ahora los informes de las agencias evaluadoras sean vinculantes”, expone el regidor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra. “Es una magnífica iniciativa y desde hace tiempo lo venimos diciendo, que hasta ahora había una regulación del año 2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades que tenía varios problemas. Yo creo que lo principal es que había un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que no era vinculante. Esto ha permitido que, digamos, hayan surgido iniciativas universitarias con un informe negativo en ocasiones en torno al cumplimiento de esos requisitos”, expone el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García. 

El borrador de decreto en el que trabaja el Gobierno y que ha llegado a las universidades estos días destaca precisamente cuestiones como que se requerirán dos informes preceptivos (uno de la agencia de calidad - ANECA o autonómica - y otro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, elevado a la Conferencia General de Política Universitaria) para la creación o reconocimiento de universidades. También se refuerzan los requerimientos de sostenibilidad económica. 

Asimismo, el borrador consultado por este periódico aumenta “las exigencias de presencia de la investigación en la actividad de la universidad al considerarla como una actividad consustancial a la propia noción de universidad y de profesorado”. De hecho, “las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto total a un programa o programas propios de incentivación de la investigación”.

Las universidades deberán captar, en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), incluidas las Cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2% de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años desde el inicio de su actividad.

El proyecto de decreto también regula la enseñanza virtual. Así, se establecen requisitos específicos para aquellas que imparten docencia mayoritariamente virtual como especificar la modalidad en que se impartirá cada título y remarca que por lo menos el 75% del personal docente e investigador debe residir en España, “para garantizar la calidad académica, la colaboración y coordinación del profesorado en la preparación de las asignaturas y el seguimiento del aprendizaje del estudiantado, así como que el nivel formativo y las condiciones del profesorado sean homologables a las del conjunto del sistema universitario español”.

El profesorado con contrato laboral temporal (asociados, visitantes, colaboradores, entre otras figuras) no podrá superar el 8% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador.

Por otro lado, se exigirá que un mínimo del 60% del conjunto del personal docente e investigador doctor o doctora haya alcanzado una evaluación positiva, en los últimos cinco años. Se fija una ratio mínima de personal docente e investigador por estudiante de uno por cada 25, aunque podrá modularse para la enseñanza virtual.

Además, se especifica que en la memoria para la creación de una universidad se deberá incluir la previsión de que en cinco el número de estudiantes matriculados en dichas titulaciones oficiales supere los 4.500. Se trata este de un requisito que no cumplen las universidades privadas que han proliferado en Canarias.

Según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) de 2023, los matriculados en la Universidad Europea eran un total de 2.134, los de la Fernando Pessoa a 1.259, y los de la del Atlántico Medio a 3.859. No constan datos de la Universidad de las Hespérides, que comenzó su actividad académica en Canarias en el curso 2023-2024 ni el de la TECH. En las universidades públicas, en la ULPGC hay 17. 537 y en la ULL; 20.128.

El borrador también especifica que tanto las universidades públicas como las privadas adquieren el compromiso de disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de enseñanzas de Grado.

Las universidades deberán disponer de una oferta académica conformada por títulos universitarios oficiales de Grado, de Máster Universitario y de Doctorado y deberán estar representadas como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura).

El proyecto también recoge que después de cinco años del inicio de las actividades académicas, el estudiantado de Grado (y dobles Grados) deberá suponer como mínimo el 50% del total del estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de dicha institución de educación superior. Esto se debe a la proliferación de universidades que hacen negocio con los másteres.

La universidad pública para garantizar el acceso a la educación superior

El rector de la ULL destaca que con este decreto se pretende “garantizar unos mínimos de calidad. Aquí no se trata de restringir que entren nuevos operadores, pero sí que los operadores que entren, pues lo hagan en unas condiciones mínimas de calidad”. Incide en que hay una serie de cuestiones como la investigación que le parece fundamental, pues las universidades “no son solo academias, sino que además generan conocimiento”.

El rector de la ULPGC, por su parte, indica que “no se trata tampoco de enfrentar a las universidades públicas contra las privadas” sino de la calidad de la enseñanza, de reunir unos requisitos establecidos, “porque si no se convierten en pequeños chiringuitos, y esto no puede ser”, apunta Serra, que añade que “hay universidades en España privadas de calidad”.

“Nosotros lo que queremos es garantizar el acceso a la educación superior independientemente de las condiciones familiares, de renta, de los individuos. Esa es nuestra misión y para eso sí que vemos importante que, paralelamente a esta regulación de las universidades privadas, pues haya un salto importante en el apoyo financiero a las universidades públicas”, insiste el rector de la ULL.

Francisco García destaca que la LOSU recoge que hay que destinar para 2030 el 1% del PIB de las comunidades a las universidades públicas. “En el caso concreto de Canarias, eso implicaría que alrededor de 500 millones”, apunta. “La transferencia que recibimos del Gobierno de Canarias es alrededor de 270, y esto quiere decir que estamos a 230 millones anuales de conseguir ese objetivo”.

“Por tanto, creo que desde el Gobierno Central se hace, se ha anunciado también un apoyo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues creo que toca que cada comunidad autónoma también haga lo propio con sus universidades públicas”, insiste el rector de la ULL.

García remarca que el papel de las universidades públicas no es competir con los operadores privados, “sino ser eficaces, eficientes en el cumplimiento de nuestra misión, que es hacer que todos los individuos, independientemente de su posición social, puedan acceder a la educación superior, porque efectivamente se ha demostrado que esta vía es el principal ascensor social del que dispone una sociedad. Yo estoy aquí porque estudié en la universidad pública”, subraya.

También recuerda que la ULL está entre las 15 primeras universidades en el ránking de Shanghái,“ que es el ranking más importante en cuanto a investigación que existe a nivel internacional. Hay que recordar que en España somos casi 100 universidades y en el ámbito de la investigación, pues, estamos entre las 15 primeras”, agrega García.

En Canarias ya hay más universidades privadas (cinco) que públicas (dos), además de la UNED. Tanto la Universidad de La Laguna (ULL) como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) siguen aunando a un mayor número de estudiantes. El curso pasado, según los últimos datos del ISTAC, en la ULL había matriculados 20.128  alumnos y alumnas el curso pasado, mientras en la ULPGC eran 17.537 las personas matriculadas. Mientras tanto, las matriculaciones en la privada han aumentado un 713% en cinco años. 

En 2019, había 2.015 matriculados y 486 egresados entre la Universidad Europea de Canarias, la Fernando Pessoa y la del Atlántico Medio; en 2020, 1.565 matriculados y 617 egresados; en 2021, 4.815 matriculados y 1.968 egresados; y en 2022, 5.649 matriculados y 2.768 egresados. Además de estas dos universidades, también opera en Canarias la de Las Hespérides y pronto arrancará la Universidad Tecnológica de Canarias (TECH).

La expansión de las privadas es una tendencia que ha seguido en los últimos dos años en los que se han aprobado numerosas nuevas titulaciones. En septiembre de este año se aprobaba el Máster Universitario para el Acceso al Ejercicio de la Abogacía y la Procura y el Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Salud por la Universidad del Atlántico Medio. También el BOC anunciaba la aprobación del Grado en Medicina y Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión por la Universidad Europea de Canarias o el Grado en Biomedicina para esa misma universidad. 

En 2023 también se anunciaron nuevos títulos o el hecho de que el Gobierno de CC-PP exima a la universidad privada Fernando Pessoa de pagar al Servicio Canario de Salud (SCS) para que su alumnado de Enfermería y Medicina pueda realizar prácticas en centros de salud y hospitales públicos del Archipiélago. 

Por qué proliferan las privadas

El director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) José Saturnino Martínez explica a este periódico que en el Archipiélago se dan varias peculiaridades que dan un margen a estas universidades privadas que han aflorado en los últimos años. Por ejemplo, un estudiante que no recibe beca y que quiere estudiar Psicología (una carrera que no hay en la ULPGC) tiene que irse a La Laguna, y si hace cálculos le puede salir más rentable matricularse en la Fernando Pessoa. “Hay un margen en Canarias, que es que si tienen problemas para estudiar en la universidad de su isla lo tienen más complicado que si estuviesen en la Península. Entonces, hay un mercado que pueden cubrir las privadas, una necesidad que no existe en la Península”, resume. 

Además, el sociólogo cree que hay que tener en cuenta de las universidades privadas que se ofertan en Canarias, que una es online y otra que empezará a operar pronto también lo es. En las Islas estas universidades también se benefician de las condiciones fiscales, especialmente las que son online. “Digamos que hay una serie de elementos que permiten dar una posibilidad a la privada mayor en Canarias que en otros sitios”. Asimismo, las privadas han aprovechado dos espacios: carreras que no hay plaza en la pública y máster de alta demanda como el de formación del profesorado o de carreras sanitarias. 

También hay veces que ofertan títulos que la pública no está ofertando. “Hay que tener en cuenta todos esos elementos para entender ese crecimiento que está viviendo la oferta”, remarca el sociólogo. De hecho, hay una expansión en la formación no oficial. “El crecimiento en la próxima década se verá más en la formación no reglada y eso ”dependerá del reconocimiento que las privadas vayan teniendo en la calidad de lo que hacen“. En este punto, incide en que las universidades públicas también tienen títulos no oficiales con mucho reconocimiento. 

El sociólogo destaca que cuando hay crisis económicas hay mayor demanda de formación y recuerda que la nueva ley universitaria da la posibilidad de ofertar títulos reglados como no oficiales. “Personas que a lo mejor llevan cinco o diez años en su sector y quieren cualificarse”, apunta. Martínez subraya que en un contexto de reducción de la natalidad va a haber menos estudiantes jóvenes, pero hay posibilidad de que siga existiendo una demanda creciente online o también cree que hay posibilidades de dirigirse a públicos extranjeros, incluso en las presenciales. 

Sostiene que la universidad pública también puede diversificarse en el sentido de llegar a sectores que a lo mejor son estratégicos desde el punto de vista cultural, de identidad de lo canario… 

El papel crucial de la pública

Saturnino Martínez apunta que las universidades públicas en tanto que tienen la matrícula subvencionada desempeñan “un papel fundamental en lo que es la movilidad social ascendente”:  personas que a lo mejor no tienen muchos recursos y debido a que no tiene que pagar tanto como en la privada puede ir a la pública. “Es verdad que hay un filtro previo importante que es acabar el Bachillerato o la FP, un filtro que opera con mucha fuerzas”, agrega. Además, están las políticas de becas, aunque muchas veces no cubren todo el proceso de formación. “Como Canarias es una región más pobre, lo que va a encontrar es más alumnado becado”. Por ello, insiste en que esa función de la pública siempre va a estar ahí pese a la privada. 

El estudio El perfil socioeconómico del estudiantado universitario en España, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reflejó que “la ocupación y los estudios de los padres influyen en la elección del tipo de universidad y de los ámbitos de estudio de los alumnos universitarios y determinan también su rendimiento, aunque lo hacen de formas distintas, dando lugar a una población heterogénea y diversa”. En este sentido, Canarias es una de las comunidades con principales porcentajes de progenitores con ocupaciones bajas (30,9%). 

El informe concluía que los perfiles familiares medios y bajos tienden a matricularse en universidades públicas en mayor medida que los perfiles altos. La mayoría de los alumnos de universidades privadas pertenecen a familias con progenitores con ocupaciones altas y/o estudios altos. 

Ocho de cada diez titulados, trabajando a los cinco años

Hace unos meses la ACCUEE publicó un estudio junto al ISTAC en el que se reflejaba que ocho de cada diez personas tituladas en las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria en 2018 (78.08%) estaban trabajando a los cinco años de haber egresado, es decir, de haber obtenido su titulación. Los últimos datos publicados indican que entre el alumnado egresado en 2022, la tasa de inserción laboral al año de concluir sus estudios universitarios fue del 62,17%.

La rama de Ciencias de la Salud ha sido la que ha conseguido una tasa de inserción laboral más alta, con un 83,52% del alumnado egresado que trabaja. Ingeniería y Arquitectura (82,87%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (77,84%), son las siguientes en volumen de inserción laboral. Las personas tituladas en la rama de Artes y Humanidades han sido las que han tenido una tasa de inserción menor, con un 62,77%, seguidas de las de la rama de Ciencias (73,09%).

En 2022-2023, el total de estudiantes que terminaron sus estudios universitarios de grado, máster o doctorado en las universidades públicas canarias fue de 6.537. De estos 4.027 fueron mujeres y 2.510, hombres. Más de la mitad de estas personas, 3.307, han concluido sus estudios de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Saturnino Martínez destaca que ese discurso de que tener estudios universitarios no sirve es resultado de unas comparaciones erróneas. “Lo que suele ocurrir muchas veces es que la gente mira las tasas de paro juvenil y entonces ve que entre los universitarios hay más nivel de paro o hay un nivel de parto alto con respecto a otros títulos de FP, pero el error es que el paro juvenil, según las definiciones internacionales estadísticas, se entiende entre personas entre 16 y 24 años. Ahora, le gente entiende como joven a personas de más de 20 años, entonces no es una cuestión de la edad en sí misma sino de ¿cuánto tiempo hace que acabaste los estudios?”, señala. 

En este sentido apunta que las personas que acaban un máster, por ejemplo, termina sus estudios tres años más tarde y busca trabajo más tarde que alguien que haya cursado un ciclo. “Es una cuestión de tiempo”, incide. “Cuando haces bien la comparación y no tomas la edad como referencia sino el tiempo desde que terminó los estudios, pues ahí, la universidad mejora”, remarca. No obstante, hay que tener en cuenta que hay mucha heterogeneidad en las carreras. “Hay gente que encuentra trabajo incluso sin terminar los estudios, como las que tienen que ver con la informática, y ahí hay un alto abandono porque sin terminar los estudios ya las empresas los están buscando”, aclara. 

Por otro lado, defiende que hay carreras que pueden ser estratégicas desde el punto de vista cultural o de sentido de la sociedad, pero “luego desgraciadamente esa importancia cultural no se ve recompensada con buenas oportunidades laborales”, indica. Por ello, subraya que a la hora de pensar en el mercado de trabajo no se puede “pensar en la universidad como un todo” y “el único criterio de los títulos no puede ser el de la rentabilidad laboral porque esto es algo que viene con el ciclo económico, con las demandas sociales y hay otros elementos. Está bien que el alumnado lo sepa cuando se matricula”, sostiene. “No podemos pensar que lo bueno es lo que demanda el mercado, porque el mercado es voluble y la sociedad es algo más que el mercado”, insiste. 

Canarias, a la cabeza en abandono universitario 

Las universidades de Canarias tienen entre sus alumnos la mayor tasa de abandono de los estudios del país, del 19,1%, mientras que la más baja corresponde al País Vasco, con un 10,8%, según la Estadística sobre indicadores universitarios del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se trata de unos datos donde también destaca Balears por su elevada cifra de abandono (16,8). Saturnino Martínez explica que en la ACCUEE se preguntaron esta cuestión ya que las mayores tasas se daban en archipiélagos con gran peso del turismo. No obstante, detectaron que hay varios elementos que coinciden con otros territorios pero hay algo particular de los dos archipiélagos. 

El sociólogo señala que en toda España el alumnado que saca mejores notas en la PAU se mueve más. “Los mejores de la comunidad de Madrid se van más de la comunidad de Madrid, los mejores de Barcelona se van más de Barcelona…” Y el tipo de alumnado con muy buena nota tiene bajas tasas de abandono. “¿En Canarias qué pasa? Que un buen número de alumnado se va, pero no nos viene buen alumnado”. Pero incide en que esto se debe a nuestras condiciones archipielágicas ya que un estudiante que viva en Madrid, si decide irse a Salamanca está a 200 kilómetros, pero venirse a Canarias supone 2.000 kilómetros. “Entonces, hay un problema estructural base que da la condición archipielágica que hace que el alumnado que saca más notas en la Península, no elija títulos en Baleares o Canarias”, incide. 

Las universidades públicas de Canarias vuelven a pedir auxilio ante unos presupuestos que tachan de deficientes. Entre la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) habían pedido al Gobierno regional un incremento en este curso de 23 millones para los dos centros con el objetivo de hacer frente a cuestiones como la subida salarial o el aumento de costes de servicios como limpieza, electricidad, suministros… “De los 143 millones 700 mil euros que la ULL tenía el año pasado, pasa este año a 143 millones 900 mil euros, es decir, el incremento es nulo”, explica el rector de esa universidad, Francisco J. García. “Estamos pidiendo cuestiones bastante básicas que tienen que ver con la supervivencia”, resalta. 

“Vamos a tener que hacer frente a incrementos de cara al próximo año y no porque queramos hacer políticas expansivas o porque queramos poner en marcha nuevos programas o aumentar nuestra estructura, sino porque tenemos que pagar los salarios. El incremento salarial viene obligado por los presupuestos nacionales y en este caso nosotros tenemos una estimación de un aumento de 2,8 millones de euros de cara al próximo ejercicio sólo en salarios”, destaca García. 

“Tampoco es que las universidades públicas canarias estemos pidiendo grandes cosas”, señala el rector de la ULL, que recuerda que en el ránking sobre la universidad española en cifras se detalla que para la Universidad de La Laguna los gastos corrientes por alumno o alumna suponen 6.900 euros cuando la media nacional es de 7.300 euros y universidades como La Rioja “estamos hablando de más de 10.000 euros por estudiante”. “Nosotros estamos en ese sentido en el puesto 31 de 47 universidades”, insiste García, que no cree que se esté pidiendo un esfuerzo más allá de lo normal para estar al día en cuestiones como esta. 

Para el rector, tenemos que “garantizar que el servicio público de Educación superior pueda presentarse en condiciones mínimas necesarias de calidad para poder seguir siendo útil a nuestra sociedad”. García insiste en que estas universidades públicas son las que garantizan “ese ascensor social tan necesario para las sociedades y más en un lugar como Canarias donde la desigualdad de riqueza es de las más elevadas de Europa”. 

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, destaca que ha trasladado esa preocupación por los presupuestos a la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, que le ha dado “esperanza”. También asegura que ha hablado de ello con la consejera de Hacienda, Matilde Asián y con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Si no se soluciona, explica que tendrán que ir a las enmiendas, con otros grupos políticos.

Serra incide en que hay que considerar que la universidad es “una gran inversión, no un gasto”. “Porque lo que invertimos en la universidad se multiplica en talento, en investigación, en transferencia. Y está demostrado”. El rector alude a un informe muy reciente del Ministerio de Universidades que dice que las universidades canarias han contribuido al 13% en la creación del nuevo empleo. “Y es un empleo de calidad, un empleo diversificado, un empleo distinto. Un empleo de servicios exclusivamente. Por tanto, yo pienso que hay que tratar mejor a las universidades”, aclara.

Objetivo a largo plazo: 500 millones de euros

El rector de la ULL recuerda que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) indica que el horizonte es que en 2030 las universidades públicas reciban el 1% del PIB. En Canarias, hay un PIB aproximado de 50.000 millones de euros, lo que implicaría que las universidades públicas canarias deberán recibir 500 millones. “Estamos lejos de esa cantidad, estamos casi en la mitad y desde luego los presupuestos que se nos dibujan, los que han entrado en el Parlamento, indican que no vamos en esa dirección sino más bien en sentido contrario. Y esto es lo que nos preocupa y esperamos que se revierta”, indica. 

Por su parte, el rector de la ULPGC señala que contar con 80 millones más para esta universidad (si se destinara el 1% del PIB a universidades) “tendríamos recursos para todo lo que necesitamos y realmente podríamos ampliar el número de títulos, el número de profesorado, reformaríamos las infraestructuras. Esto sería una inyección importantísima. Pero bueno, aunque no sean 80, si por lo menos fuera la mitad, en un plazo razonable, pues nos cubriría las necesidades y nos permitiría hacer cosas. Además de pagar las nóminas y organizar los cursos y los proyectos de investigación”, apunta. 

Para los rectores de las universidades públicas es fundamental que se camine hacia un contrato programa ya que desde la crisis financiera de 2008 empezó a incumplirse el que estaba vigente y desde entonces no ha habido otro en las Islas. “Esto es fundamental, es imprescindible que las universidades públicas canarias tengamos un horizonte de estabilidad, de seguridad de cara al futuro para poder dedicarnos a lo que tenemos que hacer, que es afrontar los grandes retos que tenemos por delante y hacer útiles a la sociedad”, apunta García. 

El rector de la ULL explica que ya se ha producido una reunión con un experto por parte del Gobierno de Canarias y ahora toca ponerse a trabajar en el presupuesto de 2026 y que “ya se enmarque en ese contrato programa”. 

La proliferación de universidades privadas

García insiste en que cuando hablamos de universidades públicas “estamos hablando de un servicio básico que tiene que llegar al conjunto de la población. Un servicio que ha permitido que en los últimos decenios muchas personas de clase media baja hayan ascendido gracias a este ascensor social y haya habido una mejora de la equidad, la igualdad y de la justicia social en nuestra región”, apuntó. Por ello, cree que hay que garantizar que el servicio público de educación superior “pueda prestarse con las condiciones mínimas necesarias de calidad para poder seguir siendo útiles a nuestra sociedad”. 

En este sentido, agrega que hay una proliferación de universidades privadas que, precisamente, surgen al calor de que hay oferta que no se puede afrontar desde las universidades públicas por falta de recursos. García explica que en este curso se ha aumentado la oferta de plazas en la Facultad de Ciencias de la Salud. “Estamos hablando de recursos y si en lugar de que lleguen recursos lo que está sucediendo es que hay asfixia financiera por parte de quien esté encargado de financiar las universidades públicas pues evidentemente estamos yendo justo en dirección contraria y a nosotros esto nos preocupa”, incide el rector de la ULL. “Nos preocupa porque estamos deteriorando el servicio de educación superior y estamos deteriorando la justicia y la igualdad social”. 

Por su parte, el rector de la ULPGC incide en que en Canarias, el 80% de los egresados de grado son de universidades públicas. Y de Máster, cerca del 70%. De doctorado, el 100% son de universidades públicas. “¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunas cosas, másteres cortos de duración, pues que a lo mejor las universidades privadas pueden hacer. Pero realmente, las maestrías más complejas, como de computación o ingeniería de caminos, son mucho más difíciles de hacer en una universidad privada. Por lo menos hacerlo bien. Nosotros lo que queremos es que se les evalúe, igual que a nosotros”, indica.

Las plantillas docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna (ULL) han sido convocadas a un “paro de la actividad” el 22 de octubre, ante la falta de profesorado, ha informado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) que califica de “agónico” el comienzo de curso.

Hay “peligro de cierre inminente de la enseñanza en Medicina por falta de profesorado a tiempo completo”, afirma en un comunicado la Federación de Enseñanza de CCOO de Canarias, y sostiene que el curso ha comenzado con menos docentes que el anterior en varias asignaturas, por jubilaciones y bajas de profesores sin reemplazo.

La situación de precariedad “se agravará en los próximos años” y hay “un auténtico desinterés por parte de las instituciones sanitarias del Gobierno de Canarias y falta de previsión de la ULL para convocar nuevas plazas docentes y de investigación”, denuncia el sindicato.

Según CCOO, hay también una dotación insuficiente de profesorado asociado asistencial, ya que de las 100 nuevas plazas previstas en la comisión mixta entre el Servicio Canario de Salud y la ULL “solo se contemplaron 47”.

Además, estas plazas aún no han salido a concurso público y ya habían sido propuestas por la ULL en julio de 2023, una oferta que en su mayoría es para profesorado asociado a tres horas, “insuficiente para cubrir la demanda real”, de acuerdo con el sindicato.

El proceso administrativo para la cobertura de estas plazas “es sumamente complicado” y en el mejor de los casos no serán cubiertas hasta el curso 2025-2026, denuncia CCOO.

Hasta ahora esta carencia se ha suplido gracias a la participación de 150 médicos especialistas “que desempeñan altruistamente esta figura, impartiendo clases prácticas, teóricas y de simulación, sin retribución ni contrapartida alguna”.

Pero los médicos no quieren ocupar una plaza de profesor vinculado porque “trabajan el doble y cobran menos que si son únicamente médicos asistenciales”, argumenta CCOO.

“Ante la falta de profesorado y la decadencia de las actuales infraestructuras, aplaudiremos cualquier aumento de la oferta pública de plazas de profesores a tiempo completo”, expone el sindicato, que demanda un aumento de plazas en el que se tenga en cuenta no sólo la formación teórica, sino también la parte clínica práctica del alumnado.

El VI Premio de Investigación otorgado por el Aula Igualdad y Género 'Lola Martínez', que promueve la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos del campus de Albacete, ha recaído en el libro colectivo: Las Mareas de la Igualdad en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, dirigido por Gloria Rojas Rivero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, junto al grupo de investigadores integrado por Juan José Rodríguez Bravo de Laguna, Sandra Fumero Dios, Laura María Melián Chinea, Laura Casanova Martín y Sara Viña Cruz, profesores de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la misma universidad.

La investigación propone examinar detenidamente el escenario contemporáneo de la cuestión en el contexto de la seguridad social, la prevención de riesgos laborales y la negociación colectiva, así como en dos temas específicos de creciente importancia, como son la desconexión digital y la especial situación de vulnerabilidad de las trabajadoras inmigrantes. “A través de estos cinco capítulos fundamentales, se exploran los diversos aspectos que impactan en la participación equitativa de las mujeres en el ámbito laboral y en la protección de sus derechos en áreas clave del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, según se extrae de libro.

La entrega del reconocimiento ha tenido lugar este lunes en el salón de actos del edificio Melchor de Macanaz donde la directora del Aula de Igualdad y Género, María José Romero Rodenas se ha mostrado muy satisfecha por el alto nivel nacional que está adquiriendo este premio.

Cumple ya seis ediciones y Romero ha subrayado que su éxito es “estar centrado en una disciplina científica como es el Derecho del Trabajo y Seguridad Social y sus políticas que han de plasmar potentes respuestas y soluciones dirigidas a la mitad de la sociedad -las mujeres- para reducir las causales brechas, y fomentar el trabajo decente, salarios suficientes no mínimos, fortalecimiento de la protección social, protección y garantía en el trabajo de cuidados, la ejecución del plan corresponsable, entre muchos más temas”.

En su opinión, esto es así “por la consideración científica de que la igualdad de género no puede ser una dimensión aislada, es un elemento determinante, un elemento íntimo de la construcción científica de un central ordenamiento jurídico, como es el Derecho del Trabajo y Seguridad Social”.

No poder asumir las subidas salariales y falta de presupuesto para comprar materiales básicos de laboratorio. Las universidades públicas de Canarias agonizan por el déficit de financiación que arrastran. De cara al próximo año se encuentran alarmadas porque el proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno de CC-PP solo contempla un incremento de 2,8 millones de euros, algo que tachan de insuficiente para garantizar la supervivencia de estos centros de conocimiento. “Lo mínimo estimable para poder abrir por la mañana las puertas de la universidad sería sumar a esos 2,8 millones de incremento que figuran en los presupuestos entre 3,5 y 4 millones más”, explica el gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Roberto Moreno. 

Su análisis ya lo habían alertado los dos rectores de las universidades canarias, Lluís Serra Majem (rector de la ULPGC) y Francisco J. García Rodríguez (rector de la Universidad de La Laguna) que han expresado en una carta conjunta que estos presupuestos son “decepcionantes”. “En términos reales, se produce un nuevo recorte en la capacidad de gasto de las universidades públicas ya que, nominalmente, se aumentan apenas un 2% sus recursos financieros, insuficientes ni siquiera para hacer frente al aumento salarial establecido por el Gobierno de España. Esto va a implicar, en un escenario en el que tampoco se nos permite hacer uso de nuestros remanentes, que habremos de aplicar recortes presupuestarios, en las distintas unidades, que pueden llegar a ser superiores al 10%”, remarcan. 

Roberto Moreno incide en que si esos presupuestos “ni siquiera” dan para cumplir con el incremento salarial que fija el Estado para todos los empleados públicos ya hay “un mal cálculo de lo que iba a ser el conjunto de nómina”. A esto le añaden otras obligaciones legales como que todas las universidades del país tienen que cubrir el coste de la Seguridad Social de las prácticas externas del alumnado. Y, además, afirma que la universidad lleva tiempo sufriendo un incremento de inflación que afecta a todos los servicios y suministros. “Nuestro poder de gasto es cada año menor si no se tiene en cuenta la subida de precios”, añade. 

Moreno apunta a una especie de “tormenta perfecta” que se está produciendo en cuanto a la infrafinanciación de las universidades. Al escaso incremento presupuestario se le suma el hecho de que no se pueden usar los remanentes, el dinero que tienen en los bancos, y que en el caso de la ULPGC asciende a 57 millones. Explica que en la pasada legislatura el Gobierno canario permitió utilizar dichas partidas en 2022 y 2023; pero matiza que ese dinero está dividido en dos partes: lo que se llama financiación afectada y que son fondos plurianuales para proyectos de investigación, por ejemplo, o subvenciones de otro tipo y los ahorros de toda la vida; que son unos 31 millones de euros. 

En la anterior legislatura se avanzó también entre las universidades y el Gobierno de Canarias (liderado por el PSOE junto a NC, Podemos y ASG) un documento de contrato programa con las dos universidades. “Nuestra propuesta era seguir discutiendo sobre ese marco de financiación plurianual en base al documento ya trabajado”, incide el gerente de la ULPGC, que entiende que el Gobierno actual lo está pensando porque son documentos que no son fáciles, pero que pueden ser tomados como base para negociar. 

Entre esos gastos básicos que se ven comprometidos, Moreno apunta a los materiales de laboratorio que utiliza el alumnado en su formación, como las pipetas o el formol. Pero también pone el ejemplo del agua ultrapura, que “se tiene que comprar a determinados suministradores para toda la experimentación en laboratorios docentes y es cara”. “Todo ello ha ido creciendo de precio y nuestros presupuestos reales prácticamente están congelados por el efecto de la inflación y tiene efecto directo en la docencia y en la calidad de la docencia y no se nos puede exigir calidad a coste cero o negativo como estamos pasando ahora”, agrega. 

Así afecta la nueva Ley de Universidades 

En marzo de este año quedó aprobada la Ley Orgánica de Universidades del Sistema Universitario (LOSU) que obliga a una serie de requisitos para que las universidades sigan siendo consideradas como tal. Uno de esos requisitos es rebajar la temporalidad de la plantilla investigadora, así como realizar un mínimo de publicaciones científicas o tener una amplia oferta de grados. 

El informe ¿A qué puede llamarse universidad? elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) ya reflejó que más de la mitad de las universidades en España incumpliría la nueva ley por la alta tasa temporalidad de su plantilla. Entre las que sí aprobaba se sitúa la Universidad de La Laguna (ULL), pues la temporalidad fijada en un máximo del 40%, no llega al 30% y cumple en materia de actividad investigadora y con el número exigido de evaluaciones positivas de esa actividad (sexenios). 

Sin embargo, en ese informe, la ULPGC no salía tan bien parada. Recogía que el 50,6% de la plantilla docente investigadora es temporal, cuando la norma fija actualmente un máximo del 40% y que no se encuentra en la media que se exigirá en cuanto a publicaciones científicas en relación al personal. Se piden presentar al menos seis publicaciones científicas en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo y esta universidad presenta una media de 4,8 publicaciones. 

Preguntado sobre esta ley al gerente de la ULPGC, destaca que el presupuesto que se está reclamando este año al Gobierno de CC-PP es el mínimo para “mantener la actividad en mínimos”, pero “no estamos teniendo en cuenta en esas cifras el sobrecoste que genera la LOSU que tendrá un coste a nivel nacional para todas las universidades públicas, yo creo que superior a los 800 millones de euros y para la ULPGC, solo para tener en cuenta los cambios en el personal docente y de sección,  necesitaríamos de 11 millones de euros más”, resume. 

Considera que la Ley debe ir incorporada de una ficha financiera adjunta ya que su aplicación se va a complicar en las universidades si no se cuenta con ella. Por ello, cree que es un reto para la nueva ministra de Universidades y entiende que tendrá que producirse un acuerdo entre el Estado y Canarias en esta materia. “Si no es con más financiación difícilmente podemos hacer frente a los cambios necesarios en el PDI en las estructuras de unidades nuevas que crea la LOSU”, añade Moreno, que subraya que estos cambios vienen de la mano de una congelación de las tasas universitarias, como manda la norma, con la que está de acuerdo pero cree que debe venir acompañado de un mecanismo de compensación para las comunidades autónomas. 

El auge de las privadas en Canarias 

Una de las cuestiones que apuntó la anterior consejera de Educación, Manuela de Armas, en la presentación de un informe sobre el estado de las universidades canarias es la proliferación de universidades privadas y cómo el coste de un máster tenía enormes diferencias entre unas y otras. Actualmente hay cuatro universidades privadas en las Islas y una en camino de llegar a serlo. 

El gerente de la ULPGC indica que aunque el sector público tiene que convivir con el privado, “si se produce un aumento notable de la oferta privada, que coincide con un ahogamiento del servicio público, pues la combinación no nos gusta en absoluto y creemos que es esencialmente injusta”, destaca. Esa cifra de casi cinco universidades privadas, indica que “para una comunidad como la nuestra esa proliferación ha sobresaturado el mercado y el servicio público es reconocido por nuestra constitución y nuestras leyes y que se le exige calidad”. 

Moreno insiste en que el dinero mejor invertido es el que se destina a Educación y que la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE) lo tiene perfectamente medido: cada euro destinado al servicio público universitario en España generas seis euros de riqueza a medio plazo. “El servicio público es reconocido por nuestra constitución y nuestras leyes y se le exige calidad, que no puede venir a coste menos cero”, indica, en el sentido de que los centros universitarios públicos requieren de una mayor financiación. 

Las universidades públicas de Canarias se preparan para iniciar el primer curso de la ansiada “normalidad” tras la pandemia. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) reanuda sus clases este lunes 12 de septiembre y el jueves tendrá lugar el acto institucional de inauguración del curso, mientras que la Universidad de La Laguna (ULL) comenzará la jornada lectiva a finales de mes, el día 26. Ambas arrancan un curso marcado por una petición constante en los últimos meses por parte de los sindicatos de la enseñanza pública: aumentar el número de plazas en el máster de Formación del Profesorado, habilitante para impartir clases y el más demandado. También, con importantes retos y la reivindicación de una mejor financiación. 

Según ha informado la ULPGC, este curso se han matriculado un total de 16.000 alumnos y alumnas (en 2020/2021 había 17128 matriculados), casi 4.000 se corresponde con alumnado de nuevo ingreso. Las titulaciones con mayor número de estudiantes que inician sus carreras en esta universidad son el Grado en Derecho, el Grado en Administración y Dirección de Empresas, el Grado en Educación Primaria (tanto presencial como no presencial) y el Grado en Ingeniería Informática. La matriculación en máster es inferior a la del año pasado, con 966 personas inscritas, pero se espera que ese número se eleve, ya que el plazo de matrícula volverá a abrirse a finales de este mes. 

En general, se trata de datos que aún sufrirán variaciones, dado que el plazo de matrícula no se ha cerrado aún y hasta mediados del mes de octubre se incorporarán los matriculados fuera de plazo, los traslados de expedientes y los estudiantes de intercambio.

En la ULL es posible matricularse hasta las 23:59 horas del 12 de septiembre de 2022.La universidad aún no ha dado datos de las matriculaciones de este año.

Faltan plazas para Formación del Profesorado

Si hay un máster muy demandado en el Archipiélago y que la Consejería de Educación así como los sindicatos han instado a que se aumenten las plazas es el de Formación del Profesorado, un título que habilita para impartir clase. La consejera Manuela de Armas recordó el pasado mes de junio en el Parlamento que solo se ofertan 330 plazas en cada universidad pública. Estudiar este máster supone 700 euros, mientras que en una privada ronda entre 5.000 y 7.500 euros. 

El alumnado, señaló entonces De Armas, se ve obligado a recurrir a la privada “porque las publicas no ofertan plazas suficientes” y por ello insistió en la necesidad de ampliar numero de plazas. El rector de la ULPGC, Lluís Serra, afirmó este domingo en una entrevista en Canarias7 que aumentar las plazas en el máster de Formación del Profesorado es “una prioridad”.

“Para los órganos de representación del personal docente no universitario del Archipiélago, es necesario que se garanticen plazas públicas suficientes en la formación de posgrado requerida para impartir docencia, dado que, entre otras cosas, el precio de la misma titulación en las universidades privadas con sede en las Islas puede multiplicar hasta por diez el de la ULL y la ULPGC”, lamentó en un comunicado las juntas de personal docente no universitario de las dos provincias canarias.

Financiación y adaptación a la nueva ley

El Gobierno ha impulsado una nueva ley de universidades que celebrará su trámite parlamentario. La norma seguirá la la senda que estableció el exministro Manuel Castells y pretende atajar la precariedad y temporalidad en las universidades, simplificar la carrera docente y hacerla predecible, aumentar la financiación de los centros. Además, reconocerá por primera vez el derecho a huelga de los estudiantes y los docentes deberán realizar un curso de formación.

En el espíritu de la ley está el de reducir la precariedad laboral y, por ello, solo permitirá un 20% de docentes temporales. Actualmente, el máximo permitido es de un 40% de docentes en contratación temporal, un punto que la ULPGC incumple, pues el 50,6% de sus docentes se encuentran en esta situación. El rector Lluís Serra reconoció en el programa Informe Trópico que esta universidad no cumple con los criterios del Ministerio precisamente por el número de contratos parciales, lo que impide que dediquen mayor tiempo a la investigación. No obstante, apuntó a la escasa financiación.

Además de su alta temporalidad de la plantilla, según el informe ¿A qué puede llamarse universidad? elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU), la ULPGC no se encuentra en la media que se exige en cuanto a publicaciones científicas en relación al personal. Se piden acumular al menos seis publicaciones científicas en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo y esta universidad presenta una media de 4,8. Así mismo, al menos el 60% del conjunto del personal docente investigador debe contar con una o más evaluaciones positivas de su actividad investigadora (sexenios) y en este aspecto sí se encuentra cerca al contar con un 59,7%.

La Universidad de La Laguna, por su parte, sí que cumple con los requisitos establecidos, tanto con la oferta docente mínima exigida, con la actividad investigadora, (8,6 publicaciones en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo) y con plantilla docente dedicada a la investigación (no llega al 30% de la temporalidad de la plantilla investigadora) y cumple con un 73,3% en el apartado de los sexenios.

Manuela de Armas destacó el pasado mes de junio en el Parlamento que las universidades públicas de Canarias tienen una elevada “dependencia” económica del Gobierno. Según indicó, en porcentajes que rondan el 77%, superior a la media del Estado, donde es del 65%. Según apuntó, en otras universidades buscan fondos ajenos al Ejecutivo, y es por ello que sostuvo que podrían captar fondos externos con los que completar su presupuesto. 

Los rectores de las dos universidades, Rosa Aguilar (ULL) y Lluís Serra (ULPGC) han denunciado varias veces las carencias presupuestarias históricas que arrastran las universidades. En Informe Trópico, Serra apuntó que la Universidad de Oviedo, con 20 mil alumnos cuenta con 220 millones de euros de presupuesto, mientras que la de Las Palmas con el mismo número de estudiantes, dispone de 160 millones de presupuesto. “Es evidente que es una diferencia abismal”, ha remarcado. Aguilar remarcaba que en 2022 el incremento del presupuesto fue del 0,63% lo que afirma que no les permite ni abordar el incremento de los salarios. 

Especialistas de siete países, coordinadas por la canaria Teresa González, subsanan en La educación de las mujeres en Iberoamérica el vacío de conocimiento sobre la enseñanza femenina desde el siglo XVIII, con asuntos como el oficio de enseñar en México y Brasil, las profesoras depuradas por el franquismo en España y las escuelas de señoritas de Gran Canaria.

Teresa González, catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, explica en una entrevista a EFE que el análisis histórico que ha culminado con La educación de las mujeres en Iberoamérica, editado por Tirant Humanidades, ha sido elaborado por 19 especialistas en la materia de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos y México.

´Nuestro objetivo es subsanar algunos vacíos del conocimiento, debatir sobre los estudios de las mujeres y las políticas educativas que se han ido implementando en el mundo iberoamericano´, indica Teresa González, quien explica que se trata de analizar la evolución que ha experimentado la educación de las mujeres y las políticas seguidas por los distintos gobiernos para posibilitar su acceso a los diferentes niveles educativos.

Entre otros aspectos, se profundiza en la educación femenina de las clases populares durante la Ilustración española y si fue enseñanza o adoctrinamiento y cómo el modelo educativo de las españolas en el siglo XIX reforzaba el arquetipo tradicional.

También se analiza la educación femenina en Brasil a inicios del siglo XX en las páginas de las novelas de Júlia Lopes de Almeida, la educación arqueo-antropológica argentina en perspectiva de género y las tesis de la brasileña Branca Canto E Melo en el primer congreso internacional feminista de 1922.

Además se ahonda en los textos escolares de la Segunda República española, la pedagoga Beatrice Ávalos y su aportación a la educación en Chile y Oceanía, la influencia educativa en la mujer costarricense y una aproximación al entorno asociativo de las mujeres en la España de la Transición.

´Son rigurosos estudios que abren puntos de reflexión y debate, a la vez que con sabiduría alumbran luz sobre algunos aspectos ignotos o en tinieblas. puntualiza Teresa González, quien indica que en las últimas décadas la historia de la educación de las mujeres ha experimentado ´una evolución vertiginosa´, fundamentalmente debido a la intensa actividad de las profesoras e investigadoras universitarias.

Añade que las mujeres en Iberoamérica sufrieron las restricciones impuestas por el orden patriarcal pero al igual que en otras partes del mundo, supieron sortear obstáculos para abrirse camino, si bien fueron oprimidas como resultado.

En unas zonas antes que en otras, en territorios que estuvieron sujetos a las políticas coloniales, las mujeres lucharon junto a los hombres, les acompañaron en sus reivindicaciones y lucharon conjuntamente, pero no les correspondieron del mismo modo concediéndoles el espacio que les correspondía.

´Su ausencia forzada ha sido notoria, pues ni en la política ni en la educación estaban presentes las mujeres no por falta de talento, sino porque la mentalidad masculina no las concebía más allá del hogar´, detalla la investigadora.

Al respecto, indica que cada país presenta singularidades y variantes en cuanto a cultura, etnias, creencias y modelos religiosos pero todas tienen el denominador común de la discriminación de las mujeres con las limitaciones en el acceso a la educación y a veces negación de la enseñanza.

´Las radiografías revelan problemas más acentuados cuando se trata de etnias y razas, por ejemplo, y es arduo intentar desvelar los entresijos educativos de las mujeres indígenas o negras´, apunta Teresa González, quien señala que la educación de las criollas dista de las indígenas y clases subalternas por su condición social, si bien las mujeres desafiaban las restricciones del patriarcado independientemente de su raza y etnia.

Teresa González en su aportación al estudio analiza el proceso educativo de las niñas y jóvenes españolas con énfasis en el caso de las Islas Canarias a partir de la ley de Instrucción Pública de 1857, una época marcada en las islas por las carencias educativas, la infradotación y la negligencia de los representantes públicos.

El abandono y dejadez de las autoridades se reflejó en las zonas alejadas que no resultaban prioritarias a la monarquía hispana, como Canarias, donde las tasas de analfabetismo femenino eran más elevadas que la masculina y no había escuela de magisterio para formar a las aspirantes a maestras, labor que ejercían mujeres sin título.

A su vez María Jesús Vera-Cazorla, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se sumerge en los colegios de señoritas de dicha ciudad para averiguar la formación que recibían las jóvenes de las clases acomodadas en el siglo XIX, en la que destaca la enseñanza de idiomas.

La activista mexicana Verónica Vázquez, profesora universitaria especializada en género y seguridad alimentaria, ha alertado este sábado de que se están violando los derechos reproductivos de las mujeres en Latinoamérica.

“Las feministas del sur consideramos que se están violando nuestros derechos reproductivos”, ha manifestado Vázquez en un acto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible organizado por la Universidad de La Laguna (ULL).

Ha criticado que se les pida a las mujeres mayor control del número de hijos y se les someta, a veces, “a herramientas de esterilización sin nuestro propio consentimiento, que en ningún país europeo serían aceptados”, ha informado la ULL en un comunicado.

Asimismo, se ha referido a la segregación laboral femenina, con países como Italia, por ejemplo, “lleno de tailandesas que se dedican a cuidar a los hijos de las mujeres blancas para que ellas puedan trabajar, dejando estas cuidadoras sus propios hijos en sus países de origen”.

Su ponencia versó en los derechos de las mujeres en la política ambiental global, de la que concluyó que, aunque las féminas han ido cobrando posiciones y haciendo valer sus reivindicaciones en las grandes citas climáticas, la perspectiva de género sigue quedándose en muchas ocasiones en la espuma de las cosas, sin llegar realmente a modificar las estructuras sociales.

La socióloga ha lamentado que todavía hoy hay gente que desconfía de que la crisis climática esté “en el modelo de desarrollo, cómo producimos y cómo consumimos”.

“Este problema no se resuelve porque tienen que participar 180 países, y es por tanto un problema global”, ha manifestado la activista, quien cree que en la Agenda 21, producto de la reunión de Río de Janeiro, las mujeres se convierten en un grupo de interés de la ONU, lo que quiere decir que se puede influir en el proceso de decisiones.

“En México tenemos innumerables ejemplos de cómo se integra la perspectiva de género sin que en realidad se realicen cambios estructurales”, ha aseverado Vázquez, quien ha señalado que en el país centroamericano mueren nueve mujeres al día a manos de sus parejas.

Según ha relatado, la economía verde fue el tema central de la Cumbre de Río en 2012.

En ese contexto, ha continuado, se puso en evidencia que las mejores propuestas feministas provienen de las mujeres indígenas bolivianas y zapatistas, quienes sufren la desigualdad que entraña la propia pobreza y a la que se suma la de género.

“Son dueñas de una cultura milenaria y no reconocida que está siendo aniquilada. Se trata de racismo institucionalizado, porque son violadas todos los días, asesinadas y obligadas a consumir alimentos transgénicos, generando unos importantes problemas de obesidad y salud”, ha denunciado.

El claustro de la Universidad de La Laguna ha mostrado este viernes su conformidad con el nombramiento de doctora Honoris Causa de la bióloga molecular Margarita Salas, recientemente fallecida, así como llevar a cabo los del crítico de arte Serge Fauchereau y el jurista Pedro de Pablo Contreras.

La secretaria general de la Universidad de La Laguna, Elvira Afonso, dio cuenta de los méritos del jurista Pedro de Pablo Contreras, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja y muy vinculado a este centro académico.

De Pablo obtuvo su cátedra en 1991 en la propia Universidad de La Laguna, donde despertó las vocaciones de alumnos y docentes, señaló Afonso, y engrandeció el área de Derecho Civil.

Aunque Margarita Salas falleció el pasado 7 de noviembre, la Universidad de La Laguna ha querido seguir adelante con el procedimiento para su nombramiento, y la que iba a ser su madrina, la investigadora Teresa Giráldez, señaló que Salas estudió Química en la Universidad Complutense de Madrid, se trasladó en los años sesenta a Nueva York para trabajar con Severo Ochoa, para regresar a España en los setenta.

Sus contribuciones a la biología molecular, la genética molecular y el campo e la biología y la fisiología han sido fundamentales, y su conocimiento de cómo nuestros genes se transforman en proteínas ha resultado revelador, señaló la proponente.

Condecorada como única mujer española por la Real Academia de Ciencias de Estados Unidos, tiene en su haber un total de 414 publicaciones, 382 comunicaciones a congresos, 9 patentes y 36 tesis doctorales dirigidas.

La profesora Isabel Navarro presentó los méritos de Serge Faucherau, profesor universitario en Nueva York y Austin y experto también en arte latinoamericano.

Fue el responsable de un conjunto de exposiciones que durante diez años abrieron la etapa más importante del centro de arte Pompidou, para volver a recordar las culturas de vanguardia del siglo XX en exposiciones como París-Nueva York, París-Moscú o el Futurismo Italiano, donde quedaba reflejado el exilio de grandes artistas que huyeron del totalitarismo europeo, indicó la profesora de la Universidad de La Laguna.

El responsable de Universidades en CCOO de Canarias, Alberto Marín, acusó este jueves al rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Martinón (que no se presentará a la reelección a mediados de mayo próximo), de ser el responsable de que 40 investigadores en formación de ese centro académico aún cobren menos del salario mínimo interprofesional (SMI).

Ese hecho incluso lo reconoció este viernes, en declaraciones a la Cadena Ser en Tenerife, el vicerrector de Investigación de la ULL, Francisco Almeida, que aseguró que el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros brutos se producirá en breve y además serán compensados los abonos menores de los tres primeros meses de este año.

En la rueda de prensa de este jueves de Martín, junto a Bebi Vega, secretaria de Acción Sindical de CCOO en la ULL, se afirmó que el problema no es administrativo, ya que en la unidad de nóminas dicen que “nadie” les ha dado la orden de pagar, por lo que insistió en atribuir la responsabilidad al rector, informó la agencia Efe.

Marín explicó que en la Universidad de La Laguna hay unos 120 jóvenes investigadores, algunos de los cuales están financiados por la Administración central, otros por la Comunidad Autónoma, y 40, los que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional, son del centro académico.

Los dirigentes de Comisiones Obreras recordaron que ese incremento es obligatorio cumplirlo, de manera que si no lo paga este rector lo hará la próxima rectora de la Universidad de La Laguna.

La subida tiene que producirse después de que el 1 de enero de este año entrase en vigor la aplicación del nuevo salario mínimo interprofesional, que pasó de 735,90 a 900 euros mensuales brutos.

También señalaron que la Universidad de La Laguna tiene superávit y comentó que la subida a esos 40 investigadores tendrá que ser de 400 euros porque al incremento del SMI habrá que sumar la subida a la que obliga el estatuto de personal investigador en vigor desde mediados de marzo.

La subida es de 130 euros para 40 personas y para que se produzca basta con que el rector o el vicerrector de Investigación, Francisco Almeida, den la orden, insistieron los responsables sindicales, por lo que consideraron “inaceptable” la postura de Antonio Martinón.

Estimaron que el rector “no solo no ayuda sino que pone todos los impedimentos posibles para que se soluciones el problema, tal vez porque lo ve como un ataque al final de su mandato”.

Para los responsables sindicales se trata de una “ilegalidad” y un agravio comparativo con otros investigadores, además de un obstáculo a los programas de I+D+i. Además, según CCOO, contraviene el espíritu universitario en el que basó Antonio Martinón su campaña para ser rector de la Universidad de La Laguna.

Los representantes sindicales llevarán el caso a la Inspección de Trabajo, que, aseguraron, obligará a pagar a la Universidad de La Laguna y además sancionará al centro académico.

La actividad académica de la Universidad de La Laguna (ULL) este 8 de marzo se ha visto prácticamente paralizada por la convocatoria de huelga general con motivo del Día Internacional de la Mujer, que ha sido secundada por el 93,55% de la comunidad universitaria, según se desprende de los datos ofrecidos por el Servicio de Recursos Humanos, lo que incluye el seguimiento tanto del turno de mañana como del comienzo de la tarde.

Este porcentaje global puede desglosarse en 782 miembros del personal de administración y servicios en huelga, lo que supone el 90,47% de este colectivo, mientras que en el profesorado se eleva al 94,57%, con 1.511 profesores que no han acudido hoy a su puesto de trabajo.

La Universidad de La Laguna adelantó a ayer, día 7, los actos de pronunciamiento sobre el Día internacional de las Mujer, con la lectura del manifiesto reivindicativo elaborado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, leído por la directora de la Unidad de Igualdad de esta institución, Laura Aguilera.

El catedrático emérito de Traumatología y Ortopedia de la Universidad de Alcalá, Antonio López Alonso, ha sido investido este miércoles doctor honoris causa de la Universidad de La Laguna en reconocimiento a su labor docente y de investigación médica.

“Esta es la puerta de mi universidad, que es mi vida”, declaró el homenajeado al comienzo de su intervención, en la ofreció una conferencia sobre la patología del alcohol.

Una nota de la Universidad indica que el profesor José Luis Pais fue el encargado de exponer los méritos que hacen de López Alonso acreedor de esta distinción, avalada por la Facultad de Ciencias de la Salud, justo en el año del cincuenta aniversario de creación de los estudios de Medicina en la Universidad de La Laguna.

Destacó de él las 37 tesis doctorales dirigidas, 46 tesinas y 133 trabajos publicados, aparte de ponencias, comunicaciones, premios y capítulos de libros.

En su intervención, López Alonso comentó que las noticias concretas más antiguas que hoy se conocen sobre la técnica del cultivo de las viñas y de la elaboración de los vinos son las que han dejado los egipcios.

Tras la introducción histórica, el profesor se centró en el recorrido del alcohol por el interior del cuerpo humano y posteriormente detalló las enfermedades que produce.

Para el experto, la impresión sobre los supuestos peligros del alcohol es, en principio, optimista, aunque resaltó limitaciones como las dolencias nerviosas de origen etílico.

La Laguna está unida a su universidad desde 1701, aunque la creación de la actual institución académica date de 1927. La apertura de la universidad de Las Palmas en 1989 supuso una merma importante de alumnos para Aguere, pero todavía hoy son muchos miles los que estudian en sus facultades.

Aquella división de distritos universitarios abrió una encendida polémica -ya felizmente superada-, pues se contagió del pleito insular, pero ahora la controversia que empieza a asomar es otra desde la perspectiva lagunera: la apetencia del alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez (CC), por convertir la capital tinerfeña en una “ciudad universitaria”, adjetivo que hasta ahora parecía reservado a la urbe de los Adelantados.

El asunto ha dado pie a una moción de Unidos Se Puede, principal partido de la oposición lagunera, que se debatirá en un próximo pleno del Ayuntamiento y en la que se reclama al regidor municipal de La Laguna, José Alberto Díaz (de CC, como su homólogo en Santa Cruz), “acciones claras para reivindicar y reforzar el papel universitario del municipio, frente a los intentos de querer convertir otras localidades en centro de estudios universitarios”.

Unidos Se Puede además denuncia que “en el presente mandato se ha mantenido la acción política a espaldas de una comunidad universitaria de cerca de 23.000 personas que es un motor científico, cultural y económico para nuestro municipio”.

El portavoz de ese grupo opositor, Rubens Ascanio, enmarca sin ambages esa moción en la coyuntura de esa especie de desafío de Bermúdez, en el que el alcalde de la ciudad vecina apuesta fuerte: quiere comprar con dinero público a La Caixa la sede central de la antigua CajaCanarias, un imponente inmueble contemporáneo en pleno centro capitalino revestido de piedra de Tindaya, para ofrecérselo a la ULL e instale allí una facultad “que esté a la altura de ese edificio”, como declaró a La Opinión de Tenerife a mediados de junio pasado.

Bermúdez ya se ha reunido este año con el rector de la ULL, Antonio Martinón, para tratar este asunto, y ese responsable universitario le ha agradecido públicamente el ofrecimiento. De hecho, su primera idea, tras esa invitación, fue trasladar la Facultad de Educación -ahora diseminada en varios edificios de La Laguna- al centro santacrucero, pero las necesidades de estos estudios -exigen una zona deportiva- no hacen viable esta mudanza. La dirección del centro docente está valorando otras posibilidades, pero no ha tomado aún decisión alguna.

En cualquier caso, Martinón tiene “claro” que sería una buena oportunidad para la institución y que no debe desaprovecharse, según dijo a finales de junio, precisamente durante la renovación del convenio de la institución que rige con la Fundación CajaCanarias, rubricado en el Espacio Cultural de la antigua entidad financiera, sito en el edificio que aspira a comprar el Ayuntamiento de la capital.

Tan entusiasmado ven a Bermúdez con su idea de una “ciudad universitaria” que el líder de Unidos cree que el Gobierno municipal chicharrero, formado por CC y PP (en La Laguna cogobiernan CC y PSOE), “está intentando generar una nueva competencia entre municipios, esta vez en algo tan delicado como la educación superior”.

Ascanio considera “tremendamente irresponsable que se quiera restar importancia al principal municipio universitario de Canarias y a la universidad pública de la provincia, abriendo la puerta a otras universidades, con gran probabilidad, privadas”.

Y es que la aspiración de Bermúdez no se agota en captar otra facultad de la ULL (ya existe en el puerto capitalino la de Náutica, aunque la ciudad ha perdido la de Bellas Artes, trasladada a una nueva sede en el campus de Guajara y la antigua escuela de Empresariales), sino que propicia que se implanten en la ciudad centros de enseñanza superior privados. Tal es así que el Gobierno municipal santacrucero ya ha dejado también patente que, si la ULL no se decide a aceptar la oferta para ocupar la hoy sede central de La Caixa en la provincia, ofrecerá esa idea a otras universidades, privadas, se entiende.

Todo ello pasa, obviamente, por que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo con La Caixa para adquirir el edificio, aunque el alcalde ha dicho ya públicamente que el Ayuntamiento que preside está en condiciones económicas de comprarlo, siempre que el precio que ponga la entidad financiera sea asumible. 

Sin embargo, el desembolso para las arcas públicas no podrá ser moco de pavo, pues se trata de un emblemático inmueble inaugurado en 1987, sito en la plaza del Patriotismo, con 30.000 metros cuadrados construidos, de formas geométricas llamativas y revestimiento exterior con la famosa traquita de la montaña de Tindaya. El diseño es de los arquitectos Francisco Artengo, José Ángel Domínguez Anadón y Carlos Schwartz, que les valió el Premio de Arquitectura Manuel Oraá.

Se trata de una joya arquitectónica, que además tiene amplio salón de actos y que, por lo tanto, puede ser golosa para la ULL y para cualquier universidad privada si lo ceden para actividad docente. Suficiente señuelo para que el portavoz de Unidos Se Puede se queje de que el Gobierno municipal de La Laguna no haya tenido igual mimo con la universidad pública.

“Durante años se ha estado reclamando el pago del IBI a la ULL y se ha mantenido la falta de colaboración en el mantenimiento de grandes infraestructuras para el municipio, como los jardines del campus Central”, critica Ascanio, que apunta el “nulo avance en la búsqueda de un espacio más destacado dentro del casco histórico para el Rectorado, que podría relanzar el vínculo con el municipio. Esta demanda se ha realizado desde el propio gobierno universitario”.

El grupo de la oposición lagunera advierte igualmente de que “la entrada de más universidades privadas en la isla supone una competencia de recursos con las universidades públicas del archipiélago, además de la ampliación de una auténtica brecha educativa entre las familias con más recursos económicos, con una oferta más amplia, y las de menos recursos, que solo podrán optar a la educación pública”.

Por todo ello, Ascanio espera que su moción aglutine el unánime apoyo entre los grupos de la Corporación municipal de Aguere para “reivindicar la universidad pública y su papel en el municipio, además de reforzar los vínculos de colaboración existentes, para que no sean simples titulares de prensa, como un área de Universidad casi sin dotación económica ni políticas reales”.    

Está por ver qué argumentos esgrime el equipo de Gobierno lagunero y la postura del alcalde Díaz sobre la iniciativa de su homólogo chicharrero, de su mismo partido. Tenerife Ahora le ofreció avanzar su versión sobre este asunto, pero sin obtener respuesta.

Así las cosas, el portavoz de Unidos Se Puede demanda que La Laguna “siga siendo el referente universitario de Tenerife, un espacio donde la educación tiene un papel muy importante desde hace más de dos siglos y que es parte integrante de nuestra sociedad”.

La Universidad de La Laguna (ULL) asegura que dará una solución a la estudiante de Enfermería embarazada que pidió posponer sus prácticas obligatorias hasta recuperarse del parto. En un escrito, la vicedecana de la Escuela de Enfermería había rechazado su solicitud alegando que “no existe como norma ningún tipo de adaptación que ampare situaciones personales”.

Tras hacerse público el caso, la estudiante mantuvo la pasada semana una reunión con el vicerrector de Estudiantes en la que se acordó que una vez dé a luz y se reincorpore de su baja de maternidad se dirija a la sección de Enfermería, donde se le informará de cómo completar el último modo de prácticas, que es el que le queda pendiente. 

El problema, explica la institución académica, surge porque las actas tienen que estar cerradas en una fecha concreta. No obstante, la estudiante lo que pide es reincorporarse unos 15 días después del parto y poder recuperar el periodo que falte en mayo. 

Como de momento se desconoce la fecha exacta en la que se incorporará tras el parto, previsto para esta semana, no hay una solución concreta cerrada. No obstante, la ULL insiste en que la alumna podrá hacer esas prácticas. 

La diputada socialista Patricia Hernández recordó la pasada semana que la legislación laboral protege a esa mujer en el caso de estar contratada ya que existe riesgo de que se encuentre trabajando en un hospital con un embarazo tan avanzado. Además, es obligatorio que la mujer descanse seis semanas después del parto. “En el caso de que fuera médico interno residente (MIR) también estaría protegida”, subrayó. 

La asignatura por la que la alumna se ha visto afectada es Prácticas Clínicas, correspondiente al tercer curso del grado en Enfermería y que cuenta con 18 créditos. Para superarla es necesario hacer 450 horas de prácticas. Según la contestación por escrito del vicedecanato, “en el curso académico 2017-2018 el periodo de prácticas abarca del 26 de febrero al 18 de mayo”.

Supuesto caso de acoso sexual

Sobre el supuesto caso de acoso por parte de un profesor a dos alumnas, que se conoció el pasado 8 de marzo después de que un grupo de estudiantes increparan al docente en el aula, la ULL asegura que ya está abierto un proceso de investigación. Ya hay denuncia y atendiendo a ella se ha activado el protocolo de acoso sexual. 

El rector de la ULL, Antonio Martinón, fue reticente a activar ese protocolo hasta que hubiera denuncia. Desde la institución académica explican que ahora hay tres posibilidades: que se archive si las pesquisas no aprecian esos hechos; que sí que se aprecie motivos y se abra expediente al profesor, o que llegue a los tribunales. 

No obstante, la universidad prefiere que este asunto se aborde con discreción, salvaguardando la presunción de inocencia hasta que se lleve a cabo toda la investigación.