“El proyecto de ley, tal como está formulado, no profundiza ni resuelve los problemas actuales de las universidades canarias en materia de I+D+i”. Así resumen los rectores de las dos universidades públicas de Canarias, Lluís Serra (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria) y Francisco García (Universidad de La Laguna) la tramitación de esta nueva norma del Gobierno canario de la que denuncian que no se haya contado con ellos. De hecho, ven “preocupante” que el Ejecutivo que dirige Fernando Clavijo no haya abierto un trámite de audiencia pública amplio, “de modo que las universidades solo tuvieron conocimiento del texto una vez remitido al Parlamento, incumpliendo, la Ley 4/2023 de la Presidencia y del Gobierno de Canarias”. Así lo recuerda también el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias.

Los rectores enviaron una carta el pasado 5 de junio por sede electrónica a la Consejería de Universidades y a todos los grupos parlamentarios en la que expresan su “firme desacuerdo”. Consideran que esta exclusión “constituye una oportunidad perdida” y lamentan no haber sido invitadas a participar ni haber sido “consultadas durante la redacción de dicho anteproyecto”, pese a que estas instituciones “aglutinan prácticamente la totalidad de la investigación científica y la transferencia de conocimiento en el Archipiélago”.

“Las universidades públicas canarias desempeñan un rol estratégico e insustituible en la generación de conocimiento, la formación de capital humano avanzado, la transferencia tecnológica al tejido productivo y el desarrollo socioeconómico regional”, inciden los rectores en su carta a los grupos.

En este sentido, proponen incorporar en la norma un título específico dedicado a las universidades públicas canarias, con un reconocimiento expreso de su rol central y singular “como ejes vertebradores del sistema científico-tecnológico regional y garantes de la formación del personal investigador”. También reclaman que se incluyan medidas concretas de impulso a la investigación universitaria. En particular, “la ley debe consolidar los complementos retributivos autonómicos por méritos de investigación que ya se vienen otorgando a los profesores universitarios, y además crear unos nuevos complementos específicos por actividades de transferencia de conocimiento, actualmente inexistentes”.

En el escrito, los rectores hablan de la importancia de contar con recursos humanos y materiales suficientes para sus funciones investigadoras y del apoyo a la formación de doctores y personal técnico, así como de la cofinanciación de infraestructuras y gestión administrativa de I+D. “Sugerimos que la ley canaria incorpore un mandato de financiación progresiva y estable para las universidades en materia de I+D. Por ejemplo, podría contemplarse que en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma se asigne anualmente una dotación específica creciente para actividades de I+D en las universidades, hasta alcanzar en unos años un porcentaje objetivo del presupuesto”, exponen.

Serra y García observan “con preocupación” que el anteproyecto “no menciona de forma alguna” a la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), organismo que actualmente actúa como pieza clave en la promoción y gestión de la I+D+i en Canarias.

“Proponemos, por tanto, incluir una referencia expresa a la ACIISI en el articulado de la ley, reconociéndola como entidad integrante del sistema y adscrita (probablemente) al departamento gubernamental competente en materia de ciencia. Esta inclusión reforzará la legitimidad institucional de la ACIISI, garantizando la continuidad de sus funciones. Además, la ley debería abrir la puerta a la evolución futura de la ACIISI hacia una agencia pública con mayor autonomía (al estilo de las agencias de financiación y gestión científica de otras comunidades)”, exponen.

Los rectores ven clave incidir en el desarrollo de una carrera investigadora pública estable y atractiva. “Uno de los temas más críticos para el futuro de la ciencia en Canarias es la situación del personal investigador, especialmente el joven talento”, recuerdan. “Valoramos positivamente que el Anteproyecto hable de ”atracción, retención y retorno de talento“; sin embargo, advertimos que ello no equivale a diseñar e implantar una verdadera carrera investigadora pública, estable y profesionalizada”, alertan.

“El riesgo es que esa mención genérica al ”talento“ quede en mera declaración de intenciones si no va acompañada de instrumentos concretos que estructuren una trayectoria profesional clara para los investigadores en Canarias. La precariedad laboral y la falta de oportunidades estables expulsan o desincentivan a muchos jóvenes científicos altamente cualificados, mermando nuestro potencial de innovación”, sostienen.

Hacia una carrera investigadora más atractiva

Creen que en la ley debería incorporarse un conjunto de principios o mandatos al Gobierno para establecer una carrera investigadora canaria que contemple: contratación estable (por ejemplo, implantando figuras contractuales indefinidas o de larga duración para investigadores una vez superadas ciertas evaluaciones); evaluación y promoción por méritos científicos (estableciendo evaluaciones periódicas del desempeño investigador con efectos en la promoción profesional, similares a las evaluaciones de sexenios o tramos de investigación, pero adaptadas a escalas autonómicas) y posibilidades de movilidad interna y externa (facilitando que investigadores puedan transitar temporalmente entre universidad, centros de investigación, empresas o administraciones, sin perder sus derechos, a fin de enriquecer su experiencia).

Además, sostienen que debe fomentarse la vinculación con el sector productivo, incentivando fórmulas de colaboración público-privada (contratos “industriales” en empresas, cátedras mixtas, etc.). “Todo ello orientado a dotar de atractivo la profesión investigadora en las islas, permitir carreras estables y meritocráticas, y retener conocimiento estratégico en el Archipiélago”, apuntan.

Asimismo, proponen la creación de un Programa Canario de Captación y Estabilización del Talento Investigador, dotado con fondos públicos, para ofertar contratos atractivos a científicos.

Otra cuestión que echan en falta en el anteproyecto de ley es la falta de mecanismos orientados a la excelencia científica. “En el texto actual no se contempla la creación de entidades de investigación de alto nivel (sean públicas o públicoprivadas) que den visibilidad internacional a la ciencia canaria”, subrayan. Por ello, instan a incluir en la ley esta perspectiva de excelencia e internacionalización, con referencias explícitas a posibles entidades o instrumentos para lograrla.

“Sorprende profundamente que el Proyecto de Ley Canaria de la Ciencia no contemple un título específico dedicado a la transferencia de conocimiento, especialmente cuando tanto el Presidente de Canarias como la Consejera han manifestado públicamente que esta es una prioridad estratégica de la legislatura”, lamentan los rectores.

Plantean reconocer la transferencia de conocimiento como misión esencial del sistema público de I+D+i, al mismo nivel que la investigación y la docencia y designar a las universidades públicas y entidades registradas como agentes centrales de transferencia. También hablan de crear un sistema de evaluación de la transferencia basado en el impacto social, territorial y económico.

Otras propuestas que realizan pasan por garantizar una representación mayoritaria de las universidades públicas (ULL y ULPGC) en el Consejo Asesor; garantizar el el fomento de la investigación en todas las áreas del conocimiento e incorporar medidas para reducir las trabas burocráticas en la ejecución de proyectos. También reclaman eliminar el Título IV dedicado a la Inteligencia Artificial para evitar que la ley se sesgue hacia una tecnología específica y establecer la obligación de publicar anualmente un calendario orientativo de todas las convocatorias de ayudas en I+D+i, entre otras.

Los rectores de las universidades públicas de Canarias (la ULPGC y la ULL) celebran el nuevo decreto anunciado por el Gobierno central que endurece las exigencias a las universidades privadas. “Nos parece muy razonable que ahora los informes de las agencias evaluadoras sean vinculantes”, expone el regidor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Lluís Serra. “Es una magnífica iniciativa y desde hace tiempo lo venimos diciendo, que hasta ahora había una regulación del año 2021 de creación, reconocimiento y autorización de universidades que tenía varios problemas. Yo creo que lo principal es que había un informe preceptivo de la Conferencia General de Política Universitaria que no era vinculante. Esto ha permitido que, digamos, hayan surgido iniciativas universitarias con un informe negativo en ocasiones en torno al cumplimiento de esos requisitos”, expone el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco García. 

El borrador de decreto en el que trabaja el Gobierno y que ha llegado a las universidades estos días destaca precisamente cuestiones como que se requerirán dos informes preceptivos (uno de la agencia de calidad - ANECA o autonómica - y otro del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, elevado a la Conferencia General de Política Universitaria) para la creación o reconocimiento de universidades. También se refuerzan los requerimientos de sostenibilidad económica. 

Asimismo, el borrador consultado por este periódico aumenta “las exigencias de presencia de la investigación en la actividad de la universidad al considerarla como una actividad consustancial a la propia noción de universidad y de profesorado”. De hecho, “las universidades deberán dedicar al menos un 5% de su presupuesto total a un programa o programas propios de incentivación de la investigación”.

Las universidades deberán captar, en convocatorias, programas y contratos de investigación (I+D+I), incluidas las Cátedras universitarias y la valorización de patentes, como mínimo el equivalente al 2% de su presupuesto total anual en el plazo de cinco años desde el inicio de su actividad.

El proyecto de decreto también regula la enseñanza virtual. Así, se establecen requisitos específicos para aquellas que imparten docencia mayoritariamente virtual como especificar la modalidad en que se impartirá cada título y remarca que por lo menos el 75% del personal docente e investigador debe residir en España, “para garantizar la calidad académica, la colaboración y coordinación del profesorado en la preparación de las asignaturas y el seguimiento del aprendizaje del estudiantado, así como que el nivel formativo y las condiciones del profesorado sean homologables a las del conjunto del sistema universitario español”.

El profesorado con contrato laboral temporal (asociados, visitantes, colaboradores, entre otras figuras) no podrá superar el 8% en efectivos de la plantilla de personal docente e investigador.

Por otro lado, se exigirá que un mínimo del 60% del conjunto del personal docente e investigador doctor o doctora haya alcanzado una evaluación positiva, en los últimos cinco años. Se fija una ratio mínima de personal docente e investigador por estudiante de uno por cada 25, aunque podrá modularse para la enseñanza virtual.

Además, se especifica que en la memoria para la creación de una universidad se deberá incluir la previsión de que en cinco el número de estudiantes matriculados en dichas titulaciones oficiales supere los 4.500. Se trata este de un requisito que no cumplen las universidades privadas que han proliferado en Canarias.

Según los datos del Instituto Canario de Estadística (Istac) de 2023, los matriculados en la Universidad Europea eran un total de 2.134, los de la Fernando Pessoa a 1.259, y los de la del Atlántico Medio a 3.859. No constan datos de la Universidad de las Hespérides, que comenzó su actividad académica en Canarias en el curso 2023-2024 ni el de la TECH. En las universidades públicas, en la ULPGC hay 17. 537 y en la ULL; 20.128.

El borrador también especifica que tanto las universidades públicas como las privadas adquieren el compromiso de disponer de una capacidad mínima de alojamiento estudiantil equivalente al 10% de las plazas de enseñanzas de Grado.

Las universidades deberán disponer de una oferta académica conformada por títulos universitarios oficiales de Grado, de Máster Universitario y de Doctorado y deberán estar representadas como mínimo tres de las cinco grandes ramas del conocimiento (Artes y Humanidades, Ciencias, Ciencias de la Salud, Ciencias Sociales y Jurídicas e Ingeniería y Arquitectura).

El proyecto también recoge que después de cinco años del inicio de las actividades académicas, el estudiantado de Grado (y dobles Grados) deberá suponer como mínimo el 50% del total del estudiantado matriculado en enseñanzas oficiales de dicha institución de educación superior. Esto se debe a la proliferación de universidades que hacen negocio con los másteres.

La universidad pública para garantizar el acceso a la educación superior

El rector de la ULL destaca que con este decreto se pretende “garantizar unos mínimos de calidad. Aquí no se trata de restringir que entren nuevos operadores, pero sí que los operadores que entren, pues lo hagan en unas condiciones mínimas de calidad”. Incide en que hay una serie de cuestiones como la investigación que le parece fundamental, pues las universidades “no son solo academias, sino que además generan conocimiento”.

El rector de la ULPGC, por su parte, indica que “no se trata tampoco de enfrentar a las universidades públicas contra las privadas” sino de la calidad de la enseñanza, de reunir unos requisitos establecidos, “porque si no se convierten en pequeños chiringuitos, y esto no puede ser”, apunta Serra, que añade que “hay universidades en España privadas de calidad”.

“Nosotros lo que queremos es garantizar el acceso a la educación superior independientemente de las condiciones familiares, de renta, de los individuos. Esa es nuestra misión y para eso sí que vemos importante que, paralelamente a esta regulación de las universidades privadas, pues haya un salto importante en el apoyo financiero a las universidades públicas”, insiste el rector de la ULL.

Francisco García destaca que la LOSU recoge que hay que destinar para 2030 el 1% del PIB de las comunidades a las universidades públicas. “En el caso concreto de Canarias, eso implicaría que alrededor de 500 millones”, apunta. “La transferencia que recibimos del Gobierno de Canarias es alrededor de 270, y esto quiere decir que estamos a 230 millones anuales de conseguir ese objetivo”.

“Por tanto, creo que desde el Gobierno Central se hace, se ha anunciado también un apoyo a la Universidad Nacional de Educación a Distancia, pues creo que toca que cada comunidad autónoma también haga lo propio con sus universidades públicas”, insiste el rector de la ULL.

García remarca que el papel de las universidades públicas no es competir con los operadores privados, “sino ser eficaces, eficientes en el cumplimiento de nuestra misión, que es hacer que todos los individuos, independientemente de su posición social, puedan acceder a la educación superior, porque efectivamente se ha demostrado que esta vía es el principal ascensor social del que dispone una sociedad. Yo estoy aquí porque estudié en la universidad pública”, subraya.

También recuerda que la ULL está entre las 15 primeras universidades en el ránking de Shanghái,“ que es el ranking más importante en cuanto a investigación que existe a nivel internacional. Hay que recordar que en España somos casi 100 universidades y en el ámbito de la investigación, pues, estamos entre las 15 primeras”, agrega García.

En Canarias ya hay más universidades privadas (cinco) que públicas (dos), además de la UNED. Tanto la Universidad de La Laguna (ULL) como la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) siguen aunando a un mayor número de estudiantes. El curso pasado, según los últimos datos del ISTAC, en la ULL había matriculados 20.128  alumnos y alumnas el curso pasado, mientras en la ULPGC eran 17.537 las personas matriculadas. Mientras tanto, las matriculaciones en la privada han aumentado un 713% en cinco años. 

En 2019, había 2.015 matriculados y 486 egresados entre la Universidad Europea de Canarias, la Fernando Pessoa y la del Atlántico Medio; en 2020, 1.565 matriculados y 617 egresados; en 2021, 4.815 matriculados y 1.968 egresados; y en 2022, 5.649 matriculados y 2.768 egresados. Además de estas dos universidades, también opera en Canarias la de Las Hespérides y pronto arrancará la Universidad Tecnológica de Canarias (TECH).

La expansión de las privadas es una tendencia que ha seguido en los últimos dos años en los que se han aprobado numerosas nuevas titulaciones. En septiembre de este año se aprobaba el Máster Universitario para el Acceso al Ejercicio de la Abogacía y la Procura y el Máster Universitario en Gerontología, Dependencia y Salud por la Universidad del Atlántico Medio. También el BOC anunciaba la aprobación del Grado en Medicina y Máster Universitario en Sistemas Integrados de Gestión por la Universidad Europea de Canarias o el Grado en Biomedicina para esa misma universidad. 

En 2023 también se anunciaron nuevos títulos o el hecho de que el Gobierno de CC-PP exima a la universidad privada Fernando Pessoa de pagar al Servicio Canario de Salud (SCS) para que su alumnado de Enfermería y Medicina pueda realizar prácticas en centros de salud y hospitales públicos del Archipiélago. 

Por qué proliferan las privadas

El director de la Agencia Canaria de Calidad Universitaria y Evaluación Educativa (ACCUEE) José Saturnino Martínez explica a este periódico que en el Archipiélago se dan varias peculiaridades que dan un margen a estas universidades privadas que han aflorado en los últimos años. Por ejemplo, un estudiante que no recibe beca y que quiere estudiar Psicología (una carrera que no hay en la ULPGC) tiene que irse a La Laguna, y si hace cálculos le puede salir más rentable matricularse en la Fernando Pessoa. “Hay un margen en Canarias, que es que si tienen problemas para estudiar en la universidad de su isla lo tienen más complicado que si estuviesen en la Península. Entonces, hay un mercado que pueden cubrir las privadas, una necesidad que no existe en la Península”, resume. 

Además, el sociólogo cree que hay que tener en cuenta de las universidades privadas que se ofertan en Canarias, que una es online y otra que empezará a operar pronto también lo es. En las Islas estas universidades también se benefician de las condiciones fiscales, especialmente las que son online. “Digamos que hay una serie de elementos que permiten dar una posibilidad a la privada mayor en Canarias que en otros sitios”. Asimismo, las privadas han aprovechado dos espacios: carreras que no hay plaza en la pública y máster de alta demanda como el de formación del profesorado o de carreras sanitarias. 

También hay veces que ofertan títulos que la pública no está ofertando. “Hay que tener en cuenta todos esos elementos para entender ese crecimiento que está viviendo la oferta”, remarca el sociólogo. De hecho, hay una expansión en la formación no oficial. “El crecimiento en la próxima década se verá más en la formación no reglada y eso ”dependerá del reconocimiento que las privadas vayan teniendo en la calidad de lo que hacen“. En este punto, incide en que las universidades públicas también tienen títulos no oficiales con mucho reconocimiento. 

El sociólogo destaca que cuando hay crisis económicas hay mayor demanda de formación y recuerda que la nueva ley universitaria da la posibilidad de ofertar títulos reglados como no oficiales. “Personas que a lo mejor llevan cinco o diez años en su sector y quieren cualificarse”, apunta. Martínez subraya que en un contexto de reducción de la natalidad va a haber menos estudiantes jóvenes, pero hay posibilidad de que siga existiendo una demanda creciente online o también cree que hay posibilidades de dirigirse a públicos extranjeros, incluso en las presenciales. 

Sostiene que la universidad pública también puede diversificarse en el sentido de llegar a sectores que a lo mejor son estratégicos desde el punto de vista cultural, de identidad de lo canario… 

El papel crucial de la pública

Saturnino Martínez apunta que las universidades públicas en tanto que tienen la matrícula subvencionada desempeñan “un papel fundamental en lo que es la movilidad social ascendente”:  personas que a lo mejor no tienen muchos recursos y debido a que no tiene que pagar tanto como en la privada puede ir a la pública. “Es verdad que hay un filtro previo importante que es acabar el Bachillerato o la FP, un filtro que opera con mucha fuerzas”, agrega. Además, están las políticas de becas, aunque muchas veces no cubren todo el proceso de formación. “Como Canarias es una región más pobre, lo que va a encontrar es más alumnado becado”. Por ello, insiste en que esa función de la pública siempre va a estar ahí pese a la privada. 

El estudio El perfil socioeconómico del estudiantado universitario en España, del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, reflejó que “la ocupación y los estudios de los padres influyen en la elección del tipo de universidad y de los ámbitos de estudio de los alumnos universitarios y determinan también su rendimiento, aunque lo hacen de formas distintas, dando lugar a una población heterogénea y diversa”. En este sentido, Canarias es una de las comunidades con principales porcentajes de progenitores con ocupaciones bajas (30,9%). 

El informe concluía que los perfiles familiares medios y bajos tienden a matricularse en universidades públicas en mayor medida que los perfiles altos. La mayoría de los alumnos de universidades privadas pertenecen a familias con progenitores con ocupaciones altas y/o estudios altos. 

Ocho de cada diez titulados, trabajando a los cinco años

Hace unos meses la ACCUEE publicó un estudio junto al ISTAC en el que se reflejaba que ocho de cada diez personas tituladas en las universidades de La Laguna y Las Palmas de Gran Canaria en 2018 (78.08%) estaban trabajando a los cinco años de haber egresado, es decir, de haber obtenido su titulación. Los últimos datos publicados indican que entre el alumnado egresado en 2022, la tasa de inserción laboral al año de concluir sus estudios universitarios fue del 62,17%.

La rama de Ciencias de la Salud ha sido la que ha conseguido una tasa de inserción laboral más alta, con un 83,52% del alumnado egresado que trabaja. Ingeniería y Arquitectura (82,87%) y Ciencias Sociales y Jurídicas (77,84%), son las siguientes en volumen de inserción laboral. Las personas tituladas en la rama de Artes y Humanidades han sido las que han tenido una tasa de inserción menor, con un 62,77%, seguidas de las de la rama de Ciencias (73,09%).

En 2022-2023, el total de estudiantes que terminaron sus estudios universitarios de grado, máster o doctorado en las universidades públicas canarias fue de 6.537. De estos 4.027 fueron mujeres y 2.510, hombres. Más de la mitad de estas personas, 3.307, han concluido sus estudios de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas. 

Saturnino Martínez destaca que ese discurso de que tener estudios universitarios no sirve es resultado de unas comparaciones erróneas. “Lo que suele ocurrir muchas veces es que la gente mira las tasas de paro juvenil y entonces ve que entre los universitarios hay más nivel de paro o hay un nivel de parto alto con respecto a otros títulos de FP, pero el error es que el paro juvenil, según las definiciones internacionales estadísticas, se entiende entre personas entre 16 y 24 años. Ahora, le gente entiende como joven a personas de más de 20 años, entonces no es una cuestión de la edad en sí misma sino de ¿cuánto tiempo hace que acabaste los estudios?”, señala. 

En este sentido apunta que las personas que acaban un máster, por ejemplo, termina sus estudios tres años más tarde y busca trabajo más tarde que alguien que haya cursado un ciclo. “Es una cuestión de tiempo”, incide. “Cuando haces bien la comparación y no tomas la edad como referencia sino el tiempo desde que terminó los estudios, pues ahí, la universidad mejora”, remarca. No obstante, hay que tener en cuenta que hay mucha heterogeneidad en las carreras. “Hay gente que encuentra trabajo incluso sin terminar los estudios, como las que tienen que ver con la informática, y ahí hay un alto abandono porque sin terminar los estudios ya las empresas los están buscando”, aclara. 

Por otro lado, defiende que hay carreras que pueden ser estratégicas desde el punto de vista cultural o de sentido de la sociedad, pero “luego desgraciadamente esa importancia cultural no se ve recompensada con buenas oportunidades laborales”, indica. Por ello, subraya que a la hora de pensar en el mercado de trabajo no se puede “pensar en la universidad como un todo” y “el único criterio de los títulos no puede ser el de la rentabilidad laboral porque esto es algo que viene con el ciclo económico, con las demandas sociales y hay otros elementos. Está bien que el alumnado lo sepa cuando se matricula”, sostiene. “No podemos pensar que lo bueno es lo que demanda el mercado, porque el mercado es voluble y la sociedad es algo más que el mercado”, insiste. 

Canarias, a la cabeza en abandono universitario 

Las universidades de Canarias tienen entre sus alumnos la mayor tasa de abandono de los estudios del país, del 19,1%, mientras que la más baja corresponde al País Vasco, con un 10,8%, según la Estadística sobre indicadores universitarios del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Se trata de unos datos donde también destaca Balears por su elevada cifra de abandono (16,8). Saturnino Martínez explica que en la ACCUEE se preguntaron esta cuestión ya que las mayores tasas se daban en archipiélagos con gran peso del turismo. No obstante, detectaron que hay varios elementos que coinciden con otros territorios pero hay algo particular de los dos archipiélagos. 

El sociólogo señala que en toda España el alumnado que saca mejores notas en la PAU se mueve más. “Los mejores de la comunidad de Madrid se van más de la comunidad de Madrid, los mejores de Barcelona se van más de Barcelona…” Y el tipo de alumnado con muy buena nota tiene bajas tasas de abandono. “¿En Canarias qué pasa? Que un buen número de alumnado se va, pero no nos viene buen alumnado”. Pero incide en que esto se debe a nuestras condiciones archipielágicas ya que un estudiante que viva en Madrid, si decide irse a Salamanca está a 200 kilómetros, pero venirse a Canarias supone 2.000 kilómetros. “Entonces, hay un problema estructural base que da la condición archipielágica que hace que el alumnado que saca más notas en la Península, no elija títulos en Baleares o Canarias”, incide. 

Las universidades públicas de Canarias vuelven a pedir auxilio ante unos presupuestos que tachan de deficientes. Entre la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) habían pedido al Gobierno regional un incremento en este curso de 23 millones para los dos centros con el objetivo de hacer frente a cuestiones como la subida salarial o el aumento de costes de servicios como limpieza, electricidad, suministros… “De los 143 millones 700 mil euros que la ULL tenía el año pasado, pasa este año a 143 millones 900 mil euros, es decir, el incremento es nulo”, explica el rector de esa universidad, Francisco J. García. “Estamos pidiendo cuestiones bastante básicas que tienen que ver con la supervivencia”, resalta. 

“Vamos a tener que hacer frente a incrementos de cara al próximo año y no porque queramos hacer políticas expansivas o porque queramos poner en marcha nuevos programas o aumentar nuestra estructura, sino porque tenemos que pagar los salarios. El incremento salarial viene obligado por los presupuestos nacionales y en este caso nosotros tenemos una estimación de un aumento de 2,8 millones de euros de cara al próximo ejercicio sólo en salarios”, destaca García. 

“Tampoco es que las universidades públicas canarias estemos pidiendo grandes cosas”, señala el rector de la ULL, que recuerda que en el ránking sobre la universidad española en cifras se detalla que para la Universidad de La Laguna los gastos corrientes por alumno o alumna suponen 6.900 euros cuando la media nacional es de 7.300 euros y universidades como La Rioja “estamos hablando de más de 10.000 euros por estudiante”. “Nosotros estamos en ese sentido en el puesto 31 de 47 universidades”, insiste García, que no cree que se esté pidiendo un esfuerzo más allá de lo normal para estar al día en cuestiones como esta. 

Para el rector, tenemos que “garantizar que el servicio público de Educación superior pueda presentarse en condiciones mínimas necesarias de calidad para poder seguir siendo útil a nuestra sociedad”. García insiste en que estas universidades públicas son las que garantizan “ese ascensor social tan necesario para las sociedades y más en un lugar como Canarias donde la desigualdad de riqueza es de las más elevadas de Europa”. 

El rector de la ULPGC, Lluís Serra, destaca que ha trasladado esa preocupación por los presupuestos a la consejera de Universidades, Ciencia, Innovación y Cultura, Migdalia Machín, que le ha dado “esperanza”. También asegura que ha hablado de ello con la consejera de Hacienda, Matilde Asián y con el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo. Si no se soluciona, explica que tendrán que ir a las enmiendas, con otros grupos políticos.

Serra incide en que hay que considerar que la universidad es “una gran inversión, no un gasto”. “Porque lo que invertimos en la universidad se multiplica en talento, en investigación, en transferencia. Y está demostrado”. El rector alude a un informe muy reciente del Ministerio de Universidades que dice que las universidades canarias han contribuido al 13% en la creación del nuevo empleo. “Y es un empleo de calidad, un empleo diversificado, un empleo distinto. Un empleo de servicios exclusivamente. Por tanto, yo pienso que hay que tratar mejor a las universidades”, aclara.

Objetivo a largo plazo: 500 millones de euros

El rector de la ULL recuerda que la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) indica que el horizonte es que en 2030 las universidades públicas reciban el 1% del PIB. En Canarias, hay un PIB aproximado de 50.000 millones de euros, lo que implicaría que las universidades públicas canarias deberán recibir 500 millones. “Estamos lejos de esa cantidad, estamos casi en la mitad y desde luego los presupuestos que se nos dibujan, los que han entrado en el Parlamento, indican que no vamos en esa dirección sino más bien en sentido contrario. Y esto es lo que nos preocupa y esperamos que se revierta”, indica. 

Por su parte, el rector de la ULPGC señala que contar con 80 millones más para esta universidad (si se destinara el 1% del PIB a universidades) “tendríamos recursos para todo lo que necesitamos y realmente podríamos ampliar el número de títulos, el número de profesorado, reformaríamos las infraestructuras. Esto sería una inyección importantísima. Pero bueno, aunque no sean 80, si por lo menos fuera la mitad, en un plazo razonable, pues nos cubriría las necesidades y nos permitiría hacer cosas. Además de pagar las nóminas y organizar los cursos y los proyectos de investigación”, apunta. 

Para los rectores de las universidades públicas es fundamental que se camine hacia un contrato programa ya que desde la crisis financiera de 2008 empezó a incumplirse el que estaba vigente y desde entonces no ha habido otro en las Islas. “Esto es fundamental, es imprescindible que las universidades públicas canarias tengamos un horizonte de estabilidad, de seguridad de cara al futuro para poder dedicarnos a lo que tenemos que hacer, que es afrontar los grandes retos que tenemos por delante y hacer útiles a la sociedad”, apunta García. 

El rector de la ULL explica que ya se ha producido una reunión con un experto por parte del Gobierno de Canarias y ahora toca ponerse a trabajar en el presupuesto de 2026 y que “ya se enmarque en ese contrato programa”. 

La proliferación de universidades privadas

García insiste en que cuando hablamos de universidades públicas “estamos hablando de un servicio básico que tiene que llegar al conjunto de la población. Un servicio que ha permitido que en los últimos decenios muchas personas de clase media baja hayan ascendido gracias a este ascensor social y haya habido una mejora de la equidad, la igualdad y de la justicia social en nuestra región”, apuntó. Por ello, cree que hay que garantizar que el servicio público de educación superior “pueda prestarse con las condiciones mínimas necesarias de calidad para poder seguir siendo útiles a nuestra sociedad”. 

En este sentido, agrega que hay una proliferación de universidades privadas que, precisamente, surgen al calor de que hay oferta que no se puede afrontar desde las universidades públicas por falta de recursos. García explica que en este curso se ha aumentado la oferta de plazas en la Facultad de Ciencias de la Salud. “Estamos hablando de recursos y si en lugar de que lleguen recursos lo que está sucediendo es que hay asfixia financiera por parte de quien esté encargado de financiar las universidades públicas pues evidentemente estamos yendo justo en dirección contraria y a nosotros esto nos preocupa”, incide el rector de la ULL. “Nos preocupa porque estamos deteriorando el servicio de educación superior y estamos deteriorando la justicia y la igualdad social”. 

Por su parte, el rector de la ULPGC incide en que en Canarias, el 80% de los egresados de grado son de universidades públicas. Y de Máster, cerca del 70%. De doctorado, el 100% son de universidades públicas. “¿Qué quiero decir con esto? Que hay algunas cosas, másteres cortos de duración, pues que a lo mejor las universidades privadas pueden hacer. Pero realmente, las maestrías más complejas, como de computación o ingeniería de caminos, son mucho más difíciles de hacer en una universidad privada. Por lo menos hacerlo bien. Nosotros lo que queremos es que se les evalúe, igual que a nosotros”, indica.

Las plantillas docentes de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Laguna (ULL) han sido convocadas a un “paro de la actividad” el 22 de octubre, ante la falta de profesorado, ha informado el sindicato Comisiones Obreras (CCOO) que califica de “agónico” el comienzo de curso.

Hay “peligro de cierre inminente de la enseñanza en Medicina por falta de profesorado a tiempo completo”, afirma en un comunicado la Federación de Enseñanza de CCOO de Canarias, y sostiene que el curso ha comenzado con menos docentes que el anterior en varias asignaturas, por jubilaciones y bajas de profesores sin reemplazo.

La situación de precariedad “se agravará en los próximos años” y hay “un auténtico desinterés por parte de las instituciones sanitarias del Gobierno de Canarias y falta de previsión de la ULL para convocar nuevas plazas docentes y de investigación”, denuncia el sindicato.

Según CCOO, hay también una dotación insuficiente de profesorado asociado asistencial, ya que de las 100 nuevas plazas previstas en la comisión mixta entre el Servicio Canario de Salud y la ULL “solo se contemplaron 47”.

Además, estas plazas aún no han salido a concurso público y ya habían sido propuestas por la ULL en julio de 2023, una oferta que en su mayoría es para profesorado asociado a tres horas, “insuficiente para cubrir la demanda real”, de acuerdo con el sindicato.

El proceso administrativo para la cobertura de estas plazas “es sumamente complicado” y en el mejor de los casos no serán cubiertas hasta el curso 2025-2026, denuncia CCOO.

Hasta ahora esta carencia se ha suplido gracias a la participación de 150 médicos especialistas “que desempeñan altruistamente esta figura, impartiendo clases prácticas, teóricas y de simulación, sin retribución ni contrapartida alguna”.

Pero los médicos no quieren ocupar una plaza de profesor vinculado porque “trabajan el doble y cobran menos que si son únicamente médicos asistenciales”, argumenta CCOO.

“Ante la falta de profesorado y la decadencia de las actuales infraestructuras, aplaudiremos cualquier aumento de la oferta pública de plazas de profesores a tiempo completo”, expone el sindicato, que demanda un aumento de plazas en el que se tenga en cuenta no sólo la formación teórica, sino también la parte clínica práctica del alumnado.

El VI Premio de Investigación otorgado por el Aula Igualdad y Género 'Lola Martínez', que promueve la Facultad de Relaciones Laborales y Recursos Humanos del campus de Albacete, ha recaído en el libro colectivo: Las Mareas de la Igualdad en el Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, dirigido por Gloria Rojas Rivero, catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de La Laguna, junto al grupo de investigadores integrado por Juan José Rodríguez Bravo de Laguna, Sandra Fumero Dios, Laura María Melián Chinea, Laura Casanova Martín y Sara Viña Cruz, profesores de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la misma universidad.

La investigación propone examinar detenidamente el escenario contemporáneo de la cuestión en el contexto de la seguridad social, la prevención de riesgos laborales y la negociación colectiva, así como en dos temas específicos de creciente importancia, como son la desconexión digital y la especial situación de vulnerabilidad de las trabajadoras inmigrantes. “A través de estos cinco capítulos fundamentales, se exploran los diversos aspectos que impactan en la participación equitativa de las mujeres en el ámbito laboral y en la protección de sus derechos en áreas clave del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, según se extrae de libro.

La entrega del reconocimiento ha tenido lugar este lunes en el salón de actos del edificio Melchor de Macanaz donde la directora del Aula de Igualdad y Género, María José Romero Rodenas se ha mostrado muy satisfecha por el alto nivel nacional que está adquiriendo este premio.

Cumple ya seis ediciones y Romero ha subrayado que su éxito es “estar centrado en una disciplina científica como es el Derecho del Trabajo y Seguridad Social y sus políticas que han de plasmar potentes respuestas y soluciones dirigidas a la mitad de la sociedad -las mujeres- para reducir las causales brechas, y fomentar el trabajo decente, salarios suficientes no mínimos, fortalecimiento de la protección social, protección y garantía en el trabajo de cuidados, la ejecución del plan corresponsable, entre muchos más temas”.

En su opinión, esto es así “por la consideración científica de que la igualdad de género no puede ser una dimensión aislada, es un elemento determinante, un elemento íntimo de la construcción científica de un central ordenamiento jurídico, como es el Derecho del Trabajo y Seguridad Social”.

No poder asumir las subidas salariales y falta de presupuesto para comprar materiales básicos de laboratorio. Las universidades públicas de Canarias agonizan por el déficit de financiación que arrastran. De cara al próximo año se encuentran alarmadas porque el proyecto de Ley de Presupuestos del Gobierno de CC-PP solo contempla un incremento de 2,8 millones de euros, algo que tachan de insuficiente para garantizar la supervivencia de estos centros de conocimiento. “Lo mínimo estimable para poder abrir por la mañana las puertas de la universidad sería sumar a esos 2,8 millones de incremento que figuran en los presupuestos entre 3,5 y 4 millones más”, explica el gerente de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Roberto Moreno. 

Su análisis ya lo habían alertado los dos rectores de las universidades canarias, Lluís Serra Majem (rector de la ULPGC) y Francisco J. García Rodríguez (rector de la Universidad de La Laguna) que han expresado en una carta conjunta que estos presupuestos son “decepcionantes”. “En términos reales, se produce un nuevo recorte en la capacidad de gasto de las universidades públicas ya que, nominalmente, se aumentan apenas un 2% sus recursos financieros, insuficientes ni siquiera para hacer frente al aumento salarial establecido por el Gobierno de España. Esto va a implicar, en un escenario en el que tampoco se nos permite hacer uso de nuestros remanentes, que habremos de aplicar recortes presupuestarios, en las distintas unidades, que pueden llegar a ser superiores al 10%”, remarcan. 

Roberto Moreno incide en que si esos presupuestos “ni siquiera” dan para cumplir con el incremento salarial que fija el Estado para todos los empleados públicos ya hay “un mal cálculo de lo que iba a ser el conjunto de nómina”. A esto le añaden otras obligaciones legales como que todas las universidades del país tienen que cubrir el coste de la Seguridad Social de las prácticas externas del alumnado. Y, además, afirma que la universidad lleva tiempo sufriendo un incremento de inflación que afecta a todos los servicios y suministros. “Nuestro poder de gasto es cada año menor si no se tiene en cuenta la subida de precios”, añade. 

Moreno apunta a una especie de “tormenta perfecta” que se está produciendo en cuanto a la infrafinanciación de las universidades. Al escaso incremento presupuestario se le suma el hecho de que no se pueden usar los remanentes, el dinero que tienen en los bancos, y que en el caso de la ULPGC asciende a 57 millones. Explica que en la pasada legislatura el Gobierno canario permitió utilizar dichas partidas en 2022 y 2023; pero matiza que ese dinero está dividido en dos partes: lo que se llama financiación afectada y que son fondos plurianuales para proyectos de investigación, por ejemplo, o subvenciones de otro tipo y los ahorros de toda la vida; que son unos 31 millones de euros. 

En la anterior legislatura se avanzó también entre las universidades y el Gobierno de Canarias (liderado por el PSOE junto a NC, Podemos y ASG) un documento de contrato programa con las dos universidades. “Nuestra propuesta era seguir discutiendo sobre ese marco de financiación plurianual en base al documento ya trabajado”, incide el gerente de la ULPGC, que entiende que el Gobierno actual lo está pensando porque son documentos que no son fáciles, pero que pueden ser tomados como base para negociar. 

Entre esos gastos básicos que se ven comprometidos, Moreno apunta a los materiales de laboratorio que utiliza el alumnado en su formación, como las pipetas o el formol. Pero también pone el ejemplo del agua ultrapura, que “se tiene que comprar a determinados suministradores para toda la experimentación en laboratorios docentes y es cara”. “Todo ello ha ido creciendo de precio y nuestros presupuestos reales prácticamente están congelados por el efecto de la inflación y tiene efecto directo en la docencia y en la calidad de la docencia y no se nos puede exigir calidad a coste cero o negativo como estamos pasando ahora”, agrega. 

Así afecta la nueva Ley de Universidades 

En marzo de este año quedó aprobada la Ley Orgánica de Universidades del Sistema Universitario (LOSU) que obliga a una serie de requisitos para que las universidades sigan siendo consideradas como tal. Uno de esos requisitos es rebajar la temporalidad de la plantilla investigadora, así como realizar un mínimo de publicaciones científicas o tener una amplia oferta de grados. 

El informe ¿A qué puede llamarse universidad? elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU) ya reflejó que más de la mitad de las universidades en España incumpliría la nueva ley por la alta tasa temporalidad de su plantilla. Entre las que sí aprobaba se sitúa la Universidad de La Laguna (ULL), pues la temporalidad fijada en un máximo del 40%, no llega al 30% y cumple en materia de actividad investigadora y con el número exigido de evaluaciones positivas de esa actividad (sexenios). 

Sin embargo, en ese informe, la ULPGC no salía tan bien parada. Recogía que el 50,6% de la plantilla docente investigadora es temporal, cuando la norma fija actualmente un máximo del 40% y que no se encuentra en la media que se exigirá en cuanto a publicaciones científicas en relación al personal. Se piden presentar al menos seis publicaciones científicas en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo y esta universidad presenta una media de 4,8 publicaciones. 

Preguntado sobre esta ley al gerente de la ULPGC, destaca que el presupuesto que se está reclamando este año al Gobierno de CC-PP es el mínimo para “mantener la actividad en mínimos”, pero “no estamos teniendo en cuenta en esas cifras el sobrecoste que genera la LOSU que tendrá un coste a nivel nacional para todas las universidades públicas, yo creo que superior a los 800 millones de euros y para la ULPGC, solo para tener en cuenta los cambios en el personal docente y de sección,  necesitaríamos de 11 millones de euros más”, resume. 

Considera que la Ley debe ir incorporada de una ficha financiera adjunta ya que su aplicación se va a complicar en las universidades si no se cuenta con ella. Por ello, cree que es un reto para la nueva ministra de Universidades y entiende que tendrá que producirse un acuerdo entre el Estado y Canarias en esta materia. “Si no es con más financiación difícilmente podemos hacer frente a los cambios necesarios en el PDI en las estructuras de unidades nuevas que crea la LOSU”, añade Moreno, que subraya que estos cambios vienen de la mano de una congelación de las tasas universitarias, como manda la norma, con la que está de acuerdo pero cree que debe venir acompañado de un mecanismo de compensación para las comunidades autónomas. 

El auge de las privadas en Canarias 

Una de las cuestiones que apuntó la anterior consejera de Educación, Manuela de Armas, en la presentación de un informe sobre el estado de las universidades canarias es la proliferación de universidades privadas y cómo el coste de un máster tenía enormes diferencias entre unas y otras. Actualmente hay cuatro universidades privadas en las Islas y una en camino de llegar a serlo. 

El gerente de la ULPGC indica que aunque el sector público tiene que convivir con el privado, “si se produce un aumento notable de la oferta privada, que coincide con un ahogamiento del servicio público, pues la combinación no nos gusta en absoluto y creemos que es esencialmente injusta”, destaca. Esa cifra de casi cinco universidades privadas, indica que “para una comunidad como la nuestra esa proliferación ha sobresaturado el mercado y el servicio público es reconocido por nuestra constitución y nuestras leyes y que se le exige calidad”. 

Moreno insiste en que el dinero mejor invertido es el que se destina a Educación y que la Conferencia de Rectores de Universidades (CRUE) lo tiene perfectamente medido: cada euro destinado al servicio público universitario en España generas seis euros de riqueza a medio plazo. “El servicio público es reconocido por nuestra constitución y nuestras leyes y se le exige calidad, que no puede venir a coste menos cero”, indica, en el sentido de que los centros universitarios públicos requieren de una mayor financiación. 

Las universidades públicas de Canarias se preparan para iniciar el primer curso de la ansiada “normalidad” tras la pandemia. La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) reanuda sus clases este lunes 12 de septiembre y el jueves tendrá lugar el acto institucional de inauguración del curso, mientras que la Universidad de La Laguna (ULL) comenzará la jornada lectiva a finales de mes, el día 26. Ambas arrancan un curso marcado por una petición constante en los últimos meses por parte de los sindicatos de la enseñanza pública: aumentar el número de plazas en el máster de Formación del Profesorado, habilitante para impartir clases y el más demandado. También, con importantes retos y la reivindicación de una mejor financiación. 

Según ha informado la ULPGC, este curso se han matriculado un total de 16.000 alumnos y alumnas (en 2020/2021 había 17128 matriculados), casi 4.000 se corresponde con alumnado de nuevo ingreso. Las titulaciones con mayor número de estudiantes que inician sus carreras en esta universidad son el Grado en Derecho, el Grado en Administración y Dirección de Empresas, el Grado en Educación Primaria (tanto presencial como no presencial) y el Grado en Ingeniería Informática. La matriculación en máster es inferior a la del año pasado, con 966 personas inscritas, pero se espera que ese número se eleve, ya que el plazo de matrícula volverá a abrirse a finales de este mes. 

En general, se trata de datos que aún sufrirán variaciones, dado que el plazo de matrícula no se ha cerrado aún y hasta mediados del mes de octubre se incorporarán los matriculados fuera de plazo, los traslados de expedientes y los estudiantes de intercambio.

En la ULL es posible matricularse hasta las 23:59 horas del 12 de septiembre de 2022.La universidad aún no ha dado datos de las matriculaciones de este año.

Faltan plazas para Formación del Profesorado

Si hay un máster muy demandado en el Archipiélago y que la Consejería de Educación así como los sindicatos han instado a que se aumenten las plazas es el de Formación del Profesorado, un título que habilita para impartir clase. La consejera Manuela de Armas recordó el pasado mes de junio en el Parlamento que solo se ofertan 330 plazas en cada universidad pública. Estudiar este máster supone 700 euros, mientras que en una privada ronda entre 5.000 y 7.500 euros. 

El alumnado, señaló entonces De Armas, se ve obligado a recurrir a la privada “porque las publicas no ofertan plazas suficientes” y por ello insistió en la necesidad de ampliar numero de plazas. El rector de la ULPGC, Lluís Serra, afirmó este domingo en una entrevista en Canarias7 que aumentar las plazas en el máster de Formación del Profesorado es “una prioridad”.

“Para los órganos de representación del personal docente no universitario del Archipiélago, es necesario que se garanticen plazas públicas suficientes en la formación de posgrado requerida para impartir docencia, dado que, entre otras cosas, el precio de la misma titulación en las universidades privadas con sede en las Islas puede multiplicar hasta por diez el de la ULL y la ULPGC”, lamentó en un comunicado las juntas de personal docente no universitario de las dos provincias canarias.

Financiación y adaptación a la nueva ley

El Gobierno ha impulsado una nueva ley de universidades que celebrará su trámite parlamentario. La norma seguirá la la senda que estableció el exministro Manuel Castells y pretende atajar la precariedad y temporalidad en las universidades, simplificar la carrera docente y hacerla predecible, aumentar la financiación de los centros. Además, reconocerá por primera vez el derecho a huelga de los estudiantes y los docentes deberán realizar un curso de formación.

En el espíritu de la ley está el de reducir la precariedad laboral y, por ello, solo permitirá un 20% de docentes temporales. Actualmente, el máximo permitido es de un 40% de docentes en contratación temporal, un punto que la ULPGC incumple, pues el 50,6% de sus docentes se encuentran en esta situación. El rector Lluís Serra reconoció en el programa Informe Trópico que esta universidad no cumple con los criterios del Ministerio precisamente por el número de contratos parciales, lo que impide que dediquen mayor tiempo a la investigación. No obstante, apuntó a la escasa financiación.

Además de su alta temporalidad de la plantilla, según el informe ¿A qué puede llamarse universidad? elaborado por el Observatorio del Sistema Universitario de Catalunya (OSU), la ULPGC no se encuentra en la media que se exige en cuanto a publicaciones científicas en relación al personal. Se piden acumular al menos seis publicaciones científicas en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo y esta universidad presenta una media de 4,8. Así mismo, al menos el 60% del conjunto del personal docente investigador debe contar con una o más evaluaciones positivas de su actividad investigadora (sexenios) y en este aspecto sí se encuentra cerca al contar con un 59,7%.

La Universidad de La Laguna, por su parte, sí que cumple con los requisitos establecidos, tanto con la oferta docente mínima exigida, con la actividad investigadora, (8,6 publicaciones en tres años por cada tres profesores equivalentes a tiempo completo) y con plantilla docente dedicada a la investigación (no llega al 30% de la temporalidad de la plantilla investigadora) y cumple con un 73,3% en el apartado de los sexenios.

Manuela de Armas destacó el pasado mes de junio en el Parlamento que las universidades públicas de Canarias tienen una elevada “dependencia” económica del Gobierno. Según indicó, en porcentajes que rondan el 77%, superior a la media del Estado, donde es del 65%. Según apuntó, en otras universidades buscan fondos ajenos al Ejecutivo, y es por ello que sostuvo que podrían captar fondos externos con los que completar su presupuesto. 

Los rectores de las dos universidades, Rosa Aguilar (ULL) y Lluís Serra (ULPGC) han denunciado varias veces las carencias presupuestarias históricas que arrastran las universidades. En Informe Trópico, Serra apuntó que la Universidad de Oviedo, con 20 mil alumnos cuenta con 220 millones de euros de presupuesto, mientras que la de Las Palmas con el mismo número de estudiantes, dispone de 160 millones de presupuesto. “Es evidente que es una diferencia abismal”, ha remarcado. Aguilar remarcaba que en 2022 el incremento del presupuesto fue del 0,63% lo que afirma que no les permite ni abordar el incremento de los salarios. 

Especialistas de siete países, coordinadas por la canaria Teresa González, subsanan en La educación de las mujeres en Iberoamérica el vacío de conocimiento sobre la enseñanza femenina desde el siglo XVIII, con asuntos como el oficio de enseñar en México y Brasil, las profesoras depuradas por el franquismo en España y las escuelas de señoritas de Gran Canaria.

Teresa González, catedrática de la Facultad de Educación de la Universidad de La Laguna, explica en una entrevista a EFE que el análisis histórico que ha culminado con La educación de las mujeres en Iberoamérica, editado por Tirant Humanidades, ha sido elaborado por 19 especialistas en la materia de Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, España, Estados Unidos y México.

´Nuestro objetivo es subsanar algunos vacíos del conocimiento, debatir sobre los estudios de las mujeres y las políticas educativas que se han ido implementando en el mundo iberoamericano´, indica Teresa González, quien explica que se trata de analizar la evolución que ha experimentado la educación de las mujeres y las políticas seguidas por los distintos gobiernos para posibilitar su acceso a los diferentes niveles educativos.

Entre otros aspectos, se profundiza en la educación femenina de las clases populares durante la Ilustración española y si fue enseñanza o adoctrinamiento y cómo el modelo educativo de las españolas en el siglo XIX reforzaba el arquetipo tradicional.

También se analiza la educación femenina en Brasil a inicios del siglo XX en las páginas de las novelas de Júlia Lopes de Almeida, la educación arqueo-antropológica argentina en perspectiva de género y las tesis de la brasileña Branca Canto E Melo en el primer congreso internacional feminista de 1922.

Además se ahonda en los textos escolares de la Segunda República española, la pedagoga Beatrice Ávalos y su aportación a la educación en Chile y Oceanía, la influencia educativa en la mujer costarricense y una aproximación al entorno asociativo de las mujeres en la España de la Transición.

´Son rigurosos estudios que abren puntos de reflexión y debate, a la vez que con sabiduría alumbran luz sobre algunos aspectos ignotos o en tinieblas. puntualiza Teresa González, quien indica que en las últimas décadas la historia de la educación de las mujeres ha experimentado ´una evolución vertiginosa´, fundamentalmente debido a la intensa actividad de las profesoras e investigadoras universitarias.

Añade que las mujeres en Iberoamérica sufrieron las restricciones impuestas por el orden patriarcal pero al igual que en otras partes del mundo, supieron sortear obstáculos para abrirse camino, si bien fueron oprimidas como resultado.

En unas zonas antes que en otras, en territorios que estuvieron sujetos a las políticas coloniales, las mujeres lucharon junto a los hombres, les acompañaron en sus reivindicaciones y lucharon conjuntamente, pero no les correspondieron del mismo modo concediéndoles el espacio que les correspondía.

´Su ausencia forzada ha sido notoria, pues ni en la política ni en la educación estaban presentes las mujeres no por falta de talento, sino porque la mentalidad masculina no las concebía más allá del hogar´, detalla la investigadora.

Al respecto, indica que cada país presenta singularidades y variantes en cuanto a cultura, etnias, creencias y modelos religiosos pero todas tienen el denominador común de la discriminación de las mujeres con las limitaciones en el acceso a la educación y a veces negación de la enseñanza.

´Las radiografías revelan problemas más acentuados cuando se trata de etnias y razas, por ejemplo, y es arduo intentar desvelar los entresijos educativos de las mujeres indígenas o negras´, apunta Teresa González, quien señala que la educación de las criollas dista de las indígenas y clases subalternas por su condición social, si bien las mujeres desafiaban las restricciones del patriarcado independientemente de su raza y etnia.

Teresa González en su aportación al estudio analiza el proceso educativo de las niñas y jóvenes españolas con énfasis en el caso de las Islas Canarias a partir de la ley de Instrucción Pública de 1857, una época marcada en las islas por las carencias educativas, la infradotación y la negligencia de los representantes públicos.

El abandono y dejadez de las autoridades se reflejó en las zonas alejadas que no resultaban prioritarias a la monarquía hispana, como Canarias, donde las tasas de analfabetismo femenino eran más elevadas que la masculina y no había escuela de magisterio para formar a las aspirantes a maestras, labor que ejercían mujeres sin título.

A su vez María Jesús Vera-Cazorla, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, se sumerge en los colegios de señoritas de dicha ciudad para averiguar la formación que recibían las jóvenes de las clases acomodadas en el siglo XIX, en la que destaca la enseñanza de idiomas.

La activista mexicana Verónica Vázquez, profesora universitaria especializada en género y seguridad alimentaria, ha alertado este sábado de que se están violando los derechos reproductivos de las mujeres en Latinoamérica.

“Las feministas del sur consideramos que se están violando nuestros derechos reproductivos”, ha manifestado Vázquez en un acto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible organizado por la Universidad de La Laguna (ULL).

Ha criticado que se les pida a las mujeres mayor control del número de hijos y se les someta, a veces, “a herramientas de esterilización sin nuestro propio consentimiento, que en ningún país europeo serían aceptados”, ha informado la ULL en un comunicado.

Asimismo, se ha referido a la segregación laboral femenina, con países como Italia, por ejemplo, “lleno de tailandesas que se dedican a cuidar a los hijos de las mujeres blancas para que ellas puedan trabajar, dejando estas cuidadoras sus propios hijos en sus países de origen”.

Su ponencia versó en los derechos de las mujeres en la política ambiental global, de la que concluyó que, aunque las féminas han ido cobrando posiciones y haciendo valer sus reivindicaciones en las grandes citas climáticas, la perspectiva de género sigue quedándose en muchas ocasiones en la espuma de las cosas, sin llegar realmente a modificar las estructuras sociales.

La socióloga ha lamentado que todavía hoy hay gente que desconfía de que la crisis climática esté “en el modelo de desarrollo, cómo producimos y cómo consumimos”.

“Este problema no se resuelve porque tienen que participar 180 países, y es por tanto un problema global”, ha manifestado la activista, quien cree que en la Agenda 21, producto de la reunión de Río de Janeiro, las mujeres se convierten en un grupo de interés de la ONU, lo que quiere decir que se puede influir en el proceso de decisiones.

“En México tenemos innumerables ejemplos de cómo se integra la perspectiva de género sin que en realidad se realicen cambios estructurales”, ha aseverado Vázquez, quien ha señalado que en el país centroamericano mueren nueve mujeres al día a manos de sus parejas.

Según ha relatado, la economía verde fue el tema central de la Cumbre de Río en 2012.

En ese contexto, ha continuado, se puso en evidencia que las mejores propuestas feministas provienen de las mujeres indígenas bolivianas y zapatistas, quienes sufren la desigualdad que entraña la propia pobreza y a la que se suma la de género.

“Son dueñas de una cultura milenaria y no reconocida que está siendo aniquilada. Se trata de racismo institucionalizado, porque son violadas todos los días, asesinadas y obligadas a consumir alimentos transgénicos, generando unos importantes problemas de obesidad y salud”, ha denunciado.

El claustro de la Universidad de La Laguna ha mostrado este viernes su conformidad con el nombramiento de doctora Honoris Causa de la bióloga molecular Margarita Salas, recientemente fallecida, así como llevar a cabo los del crítico de arte Serge Fauchereau y el jurista Pedro de Pablo Contreras.

La secretaria general de la Universidad de La Laguna, Elvira Afonso, dio cuenta de los méritos del jurista Pedro de Pablo Contreras, catedrático de Derecho Civil de la Universidad de La Rioja y muy vinculado a este centro académico.

De Pablo obtuvo su cátedra en 1991 en la propia Universidad de La Laguna, donde despertó las vocaciones de alumnos y docentes, señaló Afonso, y engrandeció el área de Derecho Civil.

Aunque Margarita Salas falleció el pasado 7 de noviembre, la Universidad de La Laguna ha querido seguir adelante con el procedimiento para su nombramiento, y la que iba a ser su madrina, la investigadora Teresa Giráldez, señaló que Salas estudió Química en la Universidad Complutense de Madrid, se trasladó en los años sesenta a Nueva York para trabajar con Severo Ochoa, para regresar a España en los setenta.

Sus contribuciones a la biología molecular, la genética molecular y el campo e la biología y la fisiología han sido fundamentales, y su conocimiento de cómo nuestros genes se transforman en proteínas ha resultado revelador, señaló la proponente.

Condecorada como única mujer española por la Real Academia de Ciencias de Estados Unidos, tiene en su haber un total de 414 publicaciones, 382 comunicaciones a congresos, 9 patentes y 36 tesis doctorales dirigidas.

La profesora Isabel Navarro presentó los méritos de Serge Faucherau, profesor universitario en Nueva York y Austin y experto también en arte latinoamericano.

Fue el responsable de un conjunto de exposiciones que durante diez años abrieron la etapa más importante del centro de arte Pompidou, para volver a recordar las culturas de vanguardia del siglo XX en exposiciones como París-Nueva York, París-Moscú o el Futurismo Italiano, donde quedaba reflejado el exilio de grandes artistas que huyeron del totalitarismo europeo, indicó la profesora de la Universidad de La Laguna.

El responsable de Universidades en CCOO de Canarias, Alberto Marín, acusó este jueves al rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Antonio Martinón (que no se presentará a la reelección a mediados de mayo próximo), de ser el responsable de que 40 investigadores en formación de ese centro académico aún cobren menos del salario mínimo interprofesional (SMI).

Ese hecho incluso lo reconoció este viernes, en declaraciones a la Cadena Ser en Tenerife, el vicerrector de Investigación de la ULL, Francisco Almeida, que aseguró que el aumento del salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 900 euros brutos se producirá en breve y además serán compensados los abonos menores de los tres primeros meses de este año.

En la rueda de prensa de este jueves de Martín, junto a Bebi Vega, secretaria de Acción Sindical de CCOO en la ULL, se afirmó que el problema no es administrativo, ya que en la unidad de nóminas dicen que “nadie” les ha dado la orden de pagar, por lo que insistió en atribuir la responsabilidad al rector, informó la agencia Efe.

Marín explicó que en la Universidad de La Laguna hay unos 120 jóvenes investigadores, algunos de los cuales están financiados por la Administración central, otros por la Comunidad Autónoma, y 40, los que cobran por debajo del salario mínimo interprofesional, son del centro académico.

Los dirigentes de Comisiones Obreras recordaron que ese incremento es obligatorio cumplirlo, de manera que si no lo paga este rector lo hará la próxima rectora de la Universidad de La Laguna.

La subida tiene que producirse después de que el 1 de enero de este año entrase en vigor la aplicación del nuevo salario mínimo interprofesional, que pasó de 735,90 a 900 euros mensuales brutos.

También señalaron que la Universidad de La Laguna tiene superávit y comentó que la subida a esos 40 investigadores tendrá que ser de 400 euros porque al incremento del SMI habrá que sumar la subida a la que obliga el estatuto de personal investigador en vigor desde mediados de marzo.

La subida es de 130 euros para 40 personas y para que se produzca basta con que el rector o el vicerrector de Investigación, Francisco Almeida, den la orden, insistieron los responsables sindicales, por lo que consideraron “inaceptable” la postura de Antonio Martinón.

Estimaron que el rector “no solo no ayuda sino que pone todos los impedimentos posibles para que se soluciones el problema, tal vez porque lo ve como un ataque al final de su mandato”.

Para los responsables sindicales se trata de una “ilegalidad” y un agravio comparativo con otros investigadores, además de un obstáculo a los programas de I+D+i. Además, según CCOO, contraviene el espíritu universitario en el que basó Antonio Martinón su campaña para ser rector de la Universidad de La Laguna.

Los representantes sindicales llevarán el caso a la Inspección de Trabajo, que, aseguraron, obligará a pagar a la Universidad de La Laguna y además sancionará al centro académico.

La actividad académica de la Universidad de La Laguna (ULL) este 8 de marzo se ha visto prácticamente paralizada por la convocatoria de huelga general con motivo del Día Internacional de la Mujer, que ha sido secundada por el 93,55% de la comunidad universitaria, según se desprende de los datos ofrecidos por el Servicio de Recursos Humanos, lo que incluye el seguimiento tanto del turno de mañana como del comienzo de la tarde.

Este porcentaje global puede desglosarse en 782 miembros del personal de administración y servicios en huelga, lo que supone el 90,47% de este colectivo, mientras que en el profesorado se eleva al 94,57%, con 1.511 profesores que no han acudido hoy a su puesto de trabajo.

La Universidad de La Laguna adelantó a ayer, día 7, los actos de pronunciamiento sobre el Día internacional de las Mujer, con la lectura del manifiesto reivindicativo elaborado por la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, leído por la directora de la Unidad de Igualdad de esta institución, Laura Aguilera.

El catedrático emérito de Traumatología y Ortopedia de la Universidad de Alcalá, Antonio López Alonso, ha sido investido este miércoles doctor honoris causa de la Universidad de La Laguna en reconocimiento a su labor docente y de investigación médica.

“Esta es la puerta de mi universidad, que es mi vida”, declaró el homenajeado al comienzo de su intervención, en la ofreció una conferencia sobre la patología del alcohol.

Una nota de la Universidad indica que el profesor José Luis Pais fue el encargado de exponer los méritos que hacen de López Alonso acreedor de esta distinción, avalada por la Facultad de Ciencias de la Salud, justo en el año del cincuenta aniversario de creación de los estudios de Medicina en la Universidad de La Laguna.

Destacó de él las 37 tesis doctorales dirigidas, 46 tesinas y 133 trabajos publicados, aparte de ponencias, comunicaciones, premios y capítulos de libros.

En su intervención, López Alonso comentó que las noticias concretas más antiguas que hoy se conocen sobre la técnica del cultivo de las viñas y de la elaboración de los vinos son las que han dejado los egipcios.

Tras la introducción histórica, el profesor se centró en el recorrido del alcohol por el interior del cuerpo humano y posteriormente detalló las enfermedades que produce.

Para el experto, la impresión sobre los supuestos peligros del alcohol es, en principio, optimista, aunque resaltó limitaciones como las dolencias nerviosas de origen etílico.

La Laguna está unida a su universidad desde 1701, aunque la creación de la actual institución académica date de 1927. La apertura de la universidad de Las Palmas en 1989 supuso una merma importante de alumnos para Aguere, pero todavía hoy son muchos miles los que estudian en sus facultades.

Aquella división de distritos universitarios abrió una encendida polémica -ya felizmente superada-, pues se contagió del pleito insular, pero ahora la controversia que empieza a asomar es otra desde la perspectiva lagunera: la apetencia del alcalde chicharrero, José Manuel Bermúdez (CC), por convertir la capital tinerfeña en una “ciudad universitaria”, adjetivo que hasta ahora parecía reservado a la urbe de los Adelantados.

El asunto ha dado pie a una moción de Unidos Se Puede, principal partido de la oposición lagunera, que se debatirá en un próximo pleno del Ayuntamiento y en la que se reclama al regidor municipal de La Laguna, José Alberto Díaz (de CC, como su homólogo en Santa Cruz), “acciones claras para reivindicar y reforzar el papel universitario del municipio, frente a los intentos de querer convertir otras localidades en centro de estudios universitarios”.

Unidos Se Puede además denuncia que “en el presente mandato se ha mantenido la acción política a espaldas de una comunidad universitaria de cerca de 23.000 personas que es un motor científico, cultural y económico para nuestro municipio”.

El portavoz de ese grupo opositor, Rubens Ascanio, enmarca sin ambages esa moción en la coyuntura de esa especie de desafío de Bermúdez, en el que el alcalde de la ciudad vecina apuesta fuerte: quiere comprar con dinero público a La Caixa la sede central de la antigua CajaCanarias, un imponente inmueble contemporáneo en pleno centro capitalino revestido de piedra de Tindaya, para ofrecérselo a la ULL e instale allí una facultad “que esté a la altura de ese edificio”, como declaró a La Opinión de Tenerife a mediados de junio pasado.

Bermúdez ya se ha reunido este año con el rector de la ULL, Antonio Martinón, para tratar este asunto, y ese responsable universitario le ha agradecido públicamente el ofrecimiento. De hecho, su primera idea, tras esa invitación, fue trasladar la Facultad de Educación -ahora diseminada en varios edificios de La Laguna- al centro santacrucero, pero las necesidades de estos estudios -exigen una zona deportiva- no hacen viable esta mudanza. La dirección del centro docente está valorando otras posibilidades, pero no ha tomado aún decisión alguna.

En cualquier caso, Martinón tiene “claro” que sería una buena oportunidad para la institución y que no debe desaprovecharse, según dijo a finales de junio, precisamente durante la renovación del convenio de la institución que rige con la Fundación CajaCanarias, rubricado en el Espacio Cultural de la antigua entidad financiera, sito en el edificio que aspira a comprar el Ayuntamiento de la capital.

Tan entusiasmado ven a Bermúdez con su idea de una “ciudad universitaria” que el líder de Unidos cree que el Gobierno municipal chicharrero, formado por CC y PP (en La Laguna cogobiernan CC y PSOE), “está intentando generar una nueva competencia entre municipios, esta vez en algo tan delicado como la educación superior”.

Ascanio considera “tremendamente irresponsable que se quiera restar importancia al principal municipio universitario de Canarias y a la universidad pública de la provincia, abriendo la puerta a otras universidades, con gran probabilidad, privadas”.

Y es que la aspiración de Bermúdez no se agota en captar otra facultad de la ULL (ya existe en el puerto capitalino la de Náutica, aunque la ciudad ha perdido la de Bellas Artes, trasladada a una nueva sede en el campus de Guajara y la antigua escuela de Empresariales), sino que propicia que se implanten en la ciudad centros de enseñanza superior privados. Tal es así que el Gobierno municipal santacrucero ya ha dejado también patente que, si la ULL no se decide a aceptar la oferta para ocupar la hoy sede central de La Caixa en la provincia, ofrecerá esa idea a otras universidades, privadas, se entiende.

Todo ello pasa, obviamente, por que el Ayuntamiento llegue a un acuerdo con La Caixa para adquirir el edificio, aunque el alcalde ha dicho ya públicamente que el Ayuntamiento que preside está en condiciones económicas de comprarlo, siempre que el precio que ponga la entidad financiera sea asumible. 

Sin embargo, el desembolso para las arcas públicas no podrá ser moco de pavo, pues se trata de un emblemático inmueble inaugurado en 1987, sito en la plaza del Patriotismo, con 30.000 metros cuadrados construidos, de formas geométricas llamativas y revestimiento exterior con la famosa traquita de la montaña de Tindaya. El diseño es de los arquitectos Francisco Artengo, José Ángel Domínguez Anadón y Carlos Schwartz, que les valió el Premio de Arquitectura Manuel Oraá.

Se trata de una joya arquitectónica, que además tiene amplio salón de actos y que, por lo tanto, puede ser golosa para la ULL y para cualquier universidad privada si lo ceden para actividad docente. Suficiente señuelo para que el portavoz de Unidos Se Puede se queje de que el Gobierno municipal de La Laguna no haya tenido igual mimo con la universidad pública.

“Durante años se ha estado reclamando el pago del IBI a la ULL y se ha mantenido la falta de colaboración en el mantenimiento de grandes infraestructuras para el municipio, como los jardines del campus Central”, critica Ascanio, que apunta el “nulo avance en la búsqueda de un espacio más destacado dentro del casco histórico para el Rectorado, que podría relanzar el vínculo con el municipio. Esta demanda se ha realizado desde el propio gobierno universitario”.

El grupo de la oposición lagunera advierte igualmente de que “la entrada de más universidades privadas en la isla supone una competencia de recursos con las universidades públicas del archipiélago, además de la ampliación de una auténtica brecha educativa entre las familias con más recursos económicos, con una oferta más amplia, y las de menos recursos, que solo podrán optar a la educación pública”.

Por todo ello, Ascanio espera que su moción aglutine el unánime apoyo entre los grupos de la Corporación municipal de Aguere para “reivindicar la universidad pública y su papel en el municipio, además de reforzar los vínculos de colaboración existentes, para que no sean simples titulares de prensa, como un área de Universidad casi sin dotación económica ni políticas reales”.    

Está por ver qué argumentos esgrime el equipo de Gobierno lagunero y la postura del alcalde Díaz sobre la iniciativa de su homólogo chicharrero, de su mismo partido. Tenerife Ahora le ofreció avanzar su versión sobre este asunto, pero sin obtener respuesta.

Así las cosas, el portavoz de Unidos Se Puede demanda que La Laguna “siga siendo el referente universitario de Tenerife, un espacio donde la educación tiene un papel muy importante desde hace más de dos siglos y que es parte integrante de nuestra sociedad”.

La Universidad de La Laguna (ULL) asegura que dará una solución a la estudiante de Enfermería embarazada que pidió posponer sus prácticas obligatorias hasta recuperarse del parto. En un escrito, la vicedecana de la Escuela de Enfermería había rechazado su solicitud alegando que “no existe como norma ningún tipo de adaptación que ampare situaciones personales”.

Tras hacerse público el caso, la estudiante mantuvo la pasada semana una reunión con el vicerrector de Estudiantes en la que se acordó que una vez dé a luz y se reincorpore de su baja de maternidad se dirija a la sección de Enfermería, donde se le informará de cómo completar el último modo de prácticas, que es el que le queda pendiente. 

El problema, explica la institución académica, surge porque las actas tienen que estar cerradas en una fecha concreta. No obstante, la estudiante lo que pide es reincorporarse unos 15 días después del parto y poder recuperar el periodo que falte en mayo. 

Como de momento se desconoce la fecha exacta en la que se incorporará tras el parto, previsto para esta semana, no hay una solución concreta cerrada. No obstante, la ULL insiste en que la alumna podrá hacer esas prácticas. 

La diputada socialista Patricia Hernández recordó la pasada semana que la legislación laboral protege a esa mujer en el caso de estar contratada ya que existe riesgo de que se encuentre trabajando en un hospital con un embarazo tan avanzado. Además, es obligatorio que la mujer descanse seis semanas después del parto. “En el caso de que fuera médico interno residente (MIR) también estaría protegida”, subrayó. 

La asignatura por la que la alumna se ha visto afectada es Prácticas Clínicas, correspondiente al tercer curso del grado en Enfermería y que cuenta con 18 créditos. Para superarla es necesario hacer 450 horas de prácticas. Según la contestación por escrito del vicedecanato, “en el curso académico 2017-2018 el periodo de prácticas abarca del 26 de febrero al 18 de mayo”.

Supuesto caso de acoso sexual

Sobre el supuesto caso de acoso por parte de un profesor a dos alumnas, que se conoció el pasado 8 de marzo después de que un grupo de estudiantes increparan al docente en el aula, la ULL asegura que ya está abierto un proceso de investigación. Ya hay denuncia y atendiendo a ella se ha activado el protocolo de acoso sexual. 

El rector de la ULL, Antonio Martinón, fue reticente a activar ese protocolo hasta que hubiera denuncia. Desde la institución académica explican que ahora hay tres posibilidades: que se archive si las pesquisas no aprecian esos hechos; que sí que se aprecie motivos y se abra expediente al profesor, o que llegue a los tribunales. 

No obstante, la universidad prefiere que este asunto se aborde con discreción, salvaguardando la presunción de inocencia hasta que se lleve a cabo toda la investigación. 

La Universidad de La Laguna (ULL) ha rechazado la petición de posponer sus prácticas en el hospital a una estudiante de Enfermería embarazada. La alumna solicitó el pasado mes de febrero por escrito la posibilidad de retrasar estas prácticas obligatorias en la carrera para recuperarse del parto, previsto para la próxima semana. Sin embargo, la vicedecana de la Escuela de Enfermería rechazó en un escrito su solicitud alegando que “no existe como norma ningún tipo de adaptación que ampare situaciones personales”.

La alumna explicó en una carta que envió al vicedecanato que está dispuesta a aceptar cualquier solución ya que su intención es sacar adelante el curso y mantener su beca de estudios. La opción que planteó es poder incorporarse entre tres semanas y un mes después de dar a luz. Al no obtener respuesta de la petición, desde el pasado 26 de febrero está realizando prácticas en el hospital a pesar de tener ya ocho meses de embarazo y de que está previsto que le provoquen el parto el próximo 21 de marzo.

La diputada socialista Patricia Hernández recuerda que la legislación laboral protegería a esta mujer en el caso de estar contratada ya que existe riesgo de que se encuentre trabajando en un hospital con un embarazo tan avanzado. Además, es obligatorio que la mujer descanse seis semanas después del parto. “En el caso de que fuera Médico Interno Residente (MIR) también estaría protegida”, subraya.

Hernández ya ha registrado una pregunta parlamentaria por escrito para conocer cuál es el protocolo de la Universidad en estos casos y se ha puesto en contacto con el rector para trasladarle el caso e instarle a que se busque una solución. 

La asignatura por la que la alumna se ve afectada es Prácticas Clínicas, correspondiente al tercer curso del grado en Enfermería y que cuenta con 18 créditos. Para superarla es necesario hacer 450 horas de prácticas. Según la contestación por escrito del vicedecanato “en el curso académico 2017-2018 el período de prácticas abarca del 26 de febrero al 18 de mayo”.

No obstante, la actividad académica de la universidad se mantiene hasta julio y, por ello, el objetivo de la estudiante es que pueda recuperar los días que falte después del 18 de mayo para que en las actas de septiembre la asignatura pueda aparecer como superada. En total, con los días que ya ha asistido a las prácticas, algo que ha hecho a pesar del avanzado estado de su embarazo por miedo a perder la asignatura, serían unos 16 días los que tendría que recuperar en mayo si se lo permitieran. 

Compañeras de estudio de esta alumna recuerdan que en esta carrera se les insiste en la importancia que tiene la lactancia materna, además de la necesidad de que una mujer tenga tiempo para recuperarse del parto. Además, aclaran que hay profesores que sí han dado facilidades estos días poniéndole jornadas diurnas y cambiándola a la zona de Nidos. 

En las redes sociales se ha producido movilización con este tema en los últimos días. Desde la Asamblea del Movimiento Estudiantil Canario (AMEC) instan a la Universidad a buscar una solución inmediata y han tachado de “inadmisible” la situación. 

El Servicio de Recursos Humanos de la Universidad de La Laguna ha cifrado en el 93% el porcentaje de seguimiento de la convocatoria de huelga feminista en la institución universitaria. El paro de la actividad académica y administrativa ha sido de seguimiento masivo en todos los campus, si bien en algunos servicios centrales sí se ha producido cierta actividad.

El centro académico ha llevado a cabo varias acciones para conmemorar en la jornada de este jueves el Día Internacional de la Mujer, como ha sido la conferencia de la catedrática de Filología Inglesa de la Universidad de Alcalá Mercedes Bengoechea, titulada Feminismos y gramática: las preguntas sin respuestas.

También en el edificio Central se ha celebrado la ponencia del profesor Manuel Álvarez de la Rosa, catedrático emérito, sobre El trabajo de la mujer en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

La mañana del 8M ha finalizado con una manifestación auspiciada por la Unidad de Igualdad de Género y el Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, en las escaleras del edificio Central.

Inmaculada Perdomo Reyes es doctora en Filosofía y profesora de Filosofía de la Ciencia, Historia de la Ciencia, y Ciencia y Género en la sección de Filosofía de la Universidad de La Laguna (ULL); también en varios programas de másteres y doctorado.

Su extenso currículo y amplia experiencia, no solo como docente e investigadora, sino también como ponente en numerosas conferencias sobre mujer y ciencia, la convierten en una experta en el campo de la ciencia y el género, una disciplina que, entre otros asuntos, indaga acerca del sesgo androcéntrico que tiene y ha tenido la ciencia en general a lo largo de la historia. Qué trabas se encuentran actualmente las mujeres que se dedican a la ciencia, cómo se puede combatir la desigualdad de género en el ámbito científico, qué opina sobre movimientos como Femen, qué es el ciberfeminismo o si las investigaciones científicas favorecen por igual a hombres y mujeres son algunas de las cuestiones tratadas en esta entrevista.

¿Puede describir el escenario actual de las mujeres dentro del mundo científico en general y en Canarias en concreto?

Podemos hablar de todas las ramas del conocimiento o centrarnos en aquellas disciplinas donde precisamente las mujeres no están igualmente representadas o no acceden igual a ese tipo de estudios. En general, el acceso de las mujeres a la universidad es muy reciente, porque se produce casi a mitad del siglo XX y no antes. Aquí, en Canarias, al principio fueron muy pocas, sobre todo en las facultades de Farmacia, en los laboratorios científicos, en Química o en Medicina, y en las disciplinas humanísticas, pero ese número se incrementó hasta que en los años 80 del siglo pasado se constata cómo el número de mujeres es cada vez mayor hasta llegar a la cifra actual. Ahora mismo, como media, más del 50% accede a estudios universitarios. Son mayoría en el alumnado. Por disciplinas, y esto llama mucho la atención, está siendo mayoritaria su participación en Ciencias de la Salud. En Medicina, superan ampliamente el 60% y algunos años incluso el 70%. No sucede lo mismo en el campo de las ciencias experimentales, donde se sitúan en torno al 40%. Lo que sí es cierto, y es algo que miramos con preocupación, es que el acceso es aún menor en las ingenierías, donde se sitúan en torno al 30% y en algunas incluso ha descendido, como en Ingeniería Informática, donde los números han caído muchísimo. Es un caso concreto que estudiamos: por qué ha caído tanto ese número. Observamos que hay una traslación a las chicas desde edades muy tempranas de la idea de que ese no es un campo en el que ellas vayan a tener un desarrollo profesional, en el que se vayan a sentirse cómodas o puedan desplegar todas sus capacidades porque son ámbitos de trabajo aún hoy muy masculinizados. Es realmente un problema, porque la demanda de trabajo en el futuro estará muy dirigida a personas que tengan esa formación técnica. Si las mujeres no están apostando por esas carreras, podrá ser un problema en el futuro.

¿Por qué se alejan las mujeres de ese tipo de carreras?

Algunos estudios muestran que en el contexto anglosajón, en EEUU concretamente, las mujeres llegaron en los años 80 a ser casi el 40% del alumnado en las carreras de informática. Pero ese número fue descendiendo progresivamente hasta que hace una década se situó en el 12%. Ahora ha ido creciendo, entre otras cosas porque hay programas activos para fomentar la presencia de las mujeres en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Son varias las razones del descenso, pero la fundamental es que esa es una industria, un campo profesional, en auge y con prestigio social, donde la competitividad es muy alta y se traslada el mensaje de que las mujeres no son buenas para programar, que no tienen las habilidades y capacidades necesarias, que no tienen interés por los ordenadores... Al final acaban reproduciéndose viejos estereotipos acerca de las mujeres que están más presentes que nunca: que las mujeres somos peores para las ingenierías y para las tecnologías, que las mujeres no tienen las mismas habilidades matemáticas y técnicas que los chicos. Y eso es totalmente falso.

¿Son nuevas tecnologías pero con los prejuicios de siempre?

Claro, y eso viene ya desde el siglo XIX, cuando se asoció tecnología con masculinidad porque, si hablamos de Revolución Industrial, las máquinas eran de gran tamaño y requerían de fuerza física. Eso hizo que se asociara claramente al ámbito de lo masculino. Hoy en día, cuando hablamos de tecnología, que no tiene nada que ver con la del pasado, se sigue reproduciendo esa idea de que las tecnologías y los varones tienen una relación casi natural, mientras que con las mujeres esa es una relación extraña.

Esto ocurre de forma general. Pero ¿en Canarias también?

También. Aquí los números indican que en la carrera de Ingeniería Informática el número de alumnas es bastante bajo, en torno al 20% e incluso menos.

¿Qué es el ciberfeminismo?

Es una perspectiva teórica y práctica que situamos dentro del campo de los estudios feministas sobre la ciencia y la tecnología, una postura que plantea que para cambiar esas imágenes sesgadas sobre las mujeres en el campo de la ciencias y las tecnologías hay que apostar radicalmente por estar presentes en las redes y en el ámbito de internet, en las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué? Porque ese es un campo de trabajo muy propicio para actuar en la cuestión de la igualdad. Las propias redes configuran una metáfora perfecta de ese trabajo, que es por el que apostamos: en red y colaborativo, no jerarquizado. En el ciberfeminismo inicial se utilizaba incluso el juego retórico de que las mujeres tejen, o han tejido a lo largo de la historia, y ahora tejen las nuevas redes, tejen nuevos conocimientos, experiencias y apuestan por estar en conexión para hacer avanzar el conocimiento de una manera completamente distinta de la tradicional androcéntrica. Por otro lado, dado que es un campo propicio para la creación de nuevos contenidos, narrativas o simbologías (al fin y al cabo las nuevas tecnologías están conformando nuestra cultura mucho más que cualquier otra cosa hoy en día), la propuesta del ciberfeminismo es estar muy presente en las redes creando nuevos contenidos y nuevas narrativas que contribuyan de una manera más potente a la igualdad. Es, por tanto, una estrategia de todo un grupo de feministas que apuestan por estar mucho más presentes en el mundo de la tecnociencia actual, pero apostando por subvertir los conocimientos y prácticas heredadas.

Como por ejemplo...

Cada vez hay más páginas y también más mujeres que optan por transmitir ideas de otra manera. Es decir, si lo que se va a hacer con las nuevas tecnologías es reproducir lo mismo que se ha hecho tradicionalmente a la hora de producir y transmitir los conocimientos, lo que se estará haciendo es reproducir el mismo canon y las mismas ideas, mensajes y estereotipos, pero en distinto formato. El objetivo es subvertir eso, que los relatos y las narrativas sean otros. Incluso se estudian las formas en las que se configura una página web. Si pensamos que gran parte de la industria (Google, Microsoft...) está producida por hombres, lo que vemos es que, cuando crean sus productos dirigidos a las mujeres, reproducen los viejos estereotipos de siempre. Por ejemplo, cuando se fabricaron ordenadores portátiles de color rosa. Al final eso es reproducir los clichés de siempre. El ciberfeminismo lo que pretende es denunciar cómo la red se ha convertido en el espacio perfecto para transmitir los viejos mensajes y encima con una mayor eficacia; por eso, las prácticas y contenidos deben ser otros.

Entonces parece fundamental que las mujeres formen parte también del proceso de creación de esa tecnología. ¿Esto está ocurriendo?

Esa es la apuesta del ciberfeminismo: que más mujeres, y también más hombres, conscientes de todos esos mecanismos, puedan apostar por otros contenidos diferentes, otras narrativas y formas de ver el mundo. Si ellas no están ahí programando, creando videojuegos, por ejemplo, esos productos serán de nuevo un reflejo de los prejuicios de siempre. No es que las mujeres no estén interesadas en los videojuegos o las tecnologías, es que esos contenidos, tal cual están diseñados, hacen que directamente esa industria las esté expulsando y se les transmita constantemente que ese no es un mundo para ellas.

¿Las mujeres son igualmente beneficiarias de los avances de la ciencia?

No. Un ejemplo muy sencillo e ilustrativo: si se le pregunta a cualquiera sobre cuáles son los síntomas de un ataque al corazón te dirá que dolor agudo en el pecho y brazo izquierdo. Pero esos son los síntomas en un hombre, y no en todos. Las mujeres casi nunca presentan esos síntomas, y sin embargo el protocolo para actuar es ese, el de los hombres. Esto, afortunadamente, está cambiando, porque muchas mujeres morían mal diagnosticadas ya que no presentaban los síntomas que se suponía que tenían que presentar. Hoy en día ya se sabe que se debe estudiar el cuerpo de hombres y mujeres de manera diferenciada, porque son diferentes y porque nuestros procesos fisiológicos y hormonales son distintos. Por ejemplo, los fármacos nos afectan de manera diferente. Incorporar esa perspectiva de género al ámbito de la investigación es una ventaja porque produce ciencia de mayor calidad. De hecho, ahora los proyectos de investigación europeos tienen que incorporar ya la perspectiva de género, con lo que los grupos que quieran recibir financiación de la Unión Europea para investigar deben explicar cómo impactan de manera diferenciada en hombres y mujeres los resultados de su investigación.

¿Cuáles son los logros más importantes y recientes de las mujeres en las ciencias?

Destacaría fundamentalmente la incorporación de grandes mujeres en todos los ámbitos del conocimiento y lo relacionaría con la injusticia que es que en el campo de las ciencias no hayan obtenido ningún premio Nobel en los dos últimos años, cuando ha habido candidatas más que suficientes para lograrlo. Si hablamos de astrofísica, el año pasado murió Vera Rubin, responsable de gran parte de la investigación en torno a la materia oscura en el universo, y se ha quedado sin ese premio. También fue merecedora Jocelyn Bell, que descubrió los púlsares en el universo. El Nobel se le da al equipo o al jefe de investigación y ella se queda sin el premio. También destacaría a las mujeres que han avanzado tremendamente en todas las investigaciones que tienen que ver con la edición genética y la técnica CRISPR para evitar enfermedades. Las dos mujeres al frente de esos logros podían haber ganado el Nobel este año. Y si hacemos un repaso a todas las ramas de la ciencia encontraríamos investigaciones muy destacadas lideradas por mujeres. En nuestro país es muy destacable la aportación de María Blasco, al frente del Instituto de Investigaciones Oncológicas, una gran científica que está destacando en sus publicaciones el gran problema que supone la desautorización y la injusticia que es que las mujeres no accedan en una mayor proporción al ámbito de las ciencias, que no ocupen los lugares más altos en la investigación

Entonces, por un lado, en la universidad hay un gran número de mujeres que se han incorporado a los estudios universitarios, pero su incorporación se frena en ese nivel. ¿Es así? ¿Por qué razón?

Sí. La Unidad de Mujeres y Ciencia del Ministerio presentó en marzo de este año el Informe Científicas en Cifras que recoge precisamente esa situación en nuestro país. Lo más destacable de este año (con datos de 2015) es que se confirma que la presencia de las mujeres en los primeros niveles de la academia es de más del 50%, en el nivel de doctorado se ha igualado (50%) y las diferencias empiezan en el acceso al ámbito profesional. En las primeras categorías de profesorado ya se observa la desigualdad, pero la brecha ya es muy significativa si hablamos de personal funcionario, por ejemplo profesores titulares de universidad (37%). Y si hablamos del nivel de catedráticas, la cifra no se ha movido del 21% desde hace muchísimo tiempo. Eso significa que hay un techo de cristal que frena a las mujeres impidiendo que alcancen los niveles más altos de la academia. Por un lado, hay muchas barreras que impiden que las mujeres alcancen esos niveles que, por formación, podrían alcanzar, y ese tipo de barreras tienen que ver con diversos aspectos: falta de apoyos o la dificultad para la conciliación familiar, pero también, y sobre todo, lo que hay es una grave desautorización en general de las mujeres en el ámbito del conocimiento. Existe un viejo prejuicio que sigue actuando. Aunque no se dice explícitamente que “no queremos contratar mujeres”, si la decisión está entre un candidato varón y una candidata mujer con los mismos méritos, se tiende a desvalorizar el currículo de ella y a valorar más el de él. Muchas veces son mecanismos inconscientes, pero que siguen funcionando en las personas que tienen la responsabilidad de elegir. Por eso ha habido un gran esfuerzo desde las políticas de igualdad para que los tribunales sean paritarios, para que exista el mismo número de mujeres que de hombres y corregir esos mecanismos y estereotipos que están actuando. La paridad no significa estar ahí por el hecho de ser mujer, sino porque ellas tienen méritos suficientes para estar y es lo justo, pero el sistema tiende a excluirlas. Se trata de corregir un situación injusta. 

La Ley de Paridad la impulsó Rodríguez Zapatero, pero en este momento ¿se sigue aplicando?

La ley está ahí, pero es curioso porque mucha gente cree que las medidas que contiene son meras recomendaciones, cuando es una ley y, como tal, hay que aplicarla y cumplirla. Casi siempre, a la hora de la verdad, se toma solo como recomendación y siempre hay alguna excusa para no cumplirla. Aun así, se sigue avanzando y, por ejemplo, si un tribunal no es paritario, hay que justificar, y mucho, por qué no lo es. Así que sí que se está actuando. Eso hace que al menos se garantice una cierta objetividad en los procesos, y una corrección de los sesgos al valorar los méritos.

¿Cómo valora las distintas iniciativas que se han puesto en marcha para intentar que las niñas se sientan interesadas por las ciencias?

Muy positivamente. La verdad es que cada vez hay más iniciativas y muchas de ellas parten de las propias científicas, siendo cada vez más conscientes de que ellas mismas pueden actuar como modelos por su experiencia y mostrando que son mujeres que han desarrollado una carrera científica a pesar de las dificultades. Se han desarrollado multitud de programas e iniciativas destinadas sobre todo al alumnado de Secundaria y Bachillerato. Muchas veces es que las niñas ni siquiera tienen referentes de mujeres. Si observamos los libros de texto o hacemos ejercicios sobre qué imágenes mentales tienen sobre qué es ser una persona científica, se constata que el modelo que casi todos tienen en la cabeza es el un hombre, y algo así como un genio tipo Einstein. Romper con esas ideas preestablecidas en la población más joven es fundamental y a eso se han sumado las compañeras científicas y cada vez hay más iniciativas. También desde muchos organismos cada vez hay más programas destinados a fomentar las vocaciones científicas en las chicas.

¿Ha faltado por parte de las propias mujeres algo más de apoyo entre ellas?

Sí. Cada vez son más necesarias las redes de contactos y colaboración, redes que son fundamentales para establecer ese soporte. Muchas mujeres nos transmiten que se sienten solas, no apoyadas, en el campo de la investigación. No hay referentes fuertes, por eso cada vez se habla más de la necesidad de recuperar la labor de mentorazgo, labor de guía, de estar presente y apoyar en todo el proceso de la investigación, no ser tan individualistas en ese sentido y crear muchas redes de colaboración. Aquí, en la ULL, ese es uno de los objetivos del Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, que agrupa a muchos equipos de investigación de todas las ramas del conocimiento, de muchos departamentos y áreas, y nos dicen que efectivamente ahí se trasmiten esas redes de apoyo, porque pueden compartir sus experiencias, desarrollar estrategias, etcétera. Pero esto no es suficiente. Creemos que, si hablamos de la universidad, es necesario hacer una reforma estructural fuerte para desterrar toda una serie de procesos, costumbres que están establecidas y que actúan como barreras que impiden que se desarrollen las carreras investigadoras de muchas mujeres de una manera más fácil y más justa.

Su carrera está muy enfocada a investigar el papel de la mujer en la ciencia. ¿Cómo le surgió esta inquietud o en qué momento tomó ese rumbo su carrera?

Soy profesora de Historia y Filosofía de la Ciencia. Cuando hablamos de mujer y ciencia pocas veces se entra a hablar de cuándo surgen los estudios de Ciencia y Género, y estos surgen precisamente como consecuencia de un proceso de cambio promovido por la propia filosofía de la ciencia que pone en entredicho la imagen tradicional de la ciencia entendida como conocimiento completamente objetivo, racional y neutral. Eso se debió a autores como Thomas Kuhn o Feyerabend en los años 60-70, y sus trabajos sobre el papel de los valores en la ciencia. La ciencia es una actividad humana y, como tal, puede contener sesgos y prejuicios. Una tarea que impulsaron las primeras filósofas e historiadoras al frente de lo que ahora llamamos estudios de Ciencia y Género fue analizar los contenidos de las teorías científicas. Ellas pusieron sobre la mesa una cantidad de ejemplos importantes de teorías científicas y procedimientos que estaban sesgados desde el punto de vista de género, y mostraron que las teorías científicas no son verdades intocables, sino que son productos humanos que hay que analizar. También se ha trabajado mucho en el ámbito de la Historia de la Ciencia, ya que empezó a mirarse a la historia con una perspectiva de género para tratar de contestar a una pregunta: ¿dónde están las mujeres en la ciencia?, ¿no han contribuido a la ciencia a lo largo de la historia? A diferencia de los relatos oficiales de la ciencia, que la presentan como logros y descubrimientos de grandes hombres geniales, se comienza a reconstruir la historia de la ciencia de una manera completamente distinta. Se trata de entenderla de una manera contextualizada, con perspectiva y atendiendo a la práctica real. Eso hace que veamos que las contribuciones de las mujeres han sido muchísimas. Pero lo que ha pasado es que no tenían acceso a las universidades (se crean en el siglo XIII, pero ellas no acceden hasta el siglo XX) y, por otro lado, las contribuciones de las mujeres han tendido a ser desautorizadas o, como la mayor parte de ellas no podían publicar con su propio nombre, muchas de sus investigaciones acababan formando parte de las contribuciones del marido, el hermano o el padre. También hay casos en los que los nombres de las mujeres fueron masculinizados, con lo que al final acabaron desapareciendo de la historia.

¿Qué figura destacaría en Canarias de alguna mujer a la que le haya pasado algo así o no haya estado suficientemente reconocida?

Podríamos decir muchos nombres... Hace unos años hice un trabajo de investigación sobre María de Betancourt, hermana del gran ingeniero Agustín de Betancourt. Me llamó la atención saber que ella colaboró con su hermano en el diseño de la famosa máquina epicilíndrica, una máquina que permitía hilar y entorchar los hilos de seda. Ella trabajaba también para lograr más calidad en los tintes de la seda, cuando esa industria era muy importante en la isla y fueron destacadas sus recetas de tintes. Su contribución fue, en primer lugar, el de una de las pocas mujeres interesadas por el progreso de la sericultura en Canarias y la aplicación de los conocimientos de la ciencia y la ingeniería para el progreso económico y social en las islas. Es uno de los hitos que quedan un poco enterrados y que pasa a la historia como “la hermana de”. En ese contexto, cuando surgen las sociedades económicas de amigos del país, hubo más mujeres ilustradas. En Humanidades, más recientemente, nosotras destacamos siempre a una, que además es la única doctora honoris causa por la ULL (a ver si resolvemos esto cuanto antes), que es María Rosa Alonso, profesora, filóloga y ensayista muy conocida.

Ya en el presente, ¿por qué algunas mujeres ven el feminismo como algo obsoleto?

Eso es un problema, porque se tiende a pensar, de manera equivocada, que la igualdad está lograda, que las mujeres hoy en día tienen libertad para hacer y decidir, lo cual no es cierto. Las desigualdades de trato y valoración persisten en una cultura y sociedad que siguen siendo claramente androcéntricas. De nada nos sirve batallar para que las mujeres estén presentes en la cultura, la educación, la ciencia y la política si al final van a ser desautorizadas en esos puestos de trabajo y ámbitos de decisión por el hecho de ser mujeres. Lo que hay que hacer es tratarlas como personas con igual capacidad y habilidades que un hombre en ese ejercicio profesional. El feminismo es muy necesario, y es necesario atender también sus propuestas de cambio de la sociedad, como también son necesarios los estudios con perspectiva de género, porque no solo no se ha logrado la igualdad real (que es lo que interesa), sino que incluso vemos claros retrocesos, como en la violencia, que ha aumentado. Ver a las feministas como unas radicales es precisamente una manera de desautorizar a todo el movimiento por la igualdad.

En este sentido, un movimiento como Femen ¿ayuda?

Es complicado, porque se trata de un movimiento arriesgado que tiene sus aspectos positivos y negativos, pero los positivos solo se ven si eres consciente de qué es lo que están tratando de hacer. De la misma manera que cuando hemos hablado de ciberfeminismo hemos dicho que intenta trastocar y poner en entredicho lo que consideramos normal, Femen intenta eso cuando enseñan los pechos en ámbitos en los que está prohibido o es un escándalo. Usan su cuerpo como un instrumento político para reivindicar derechos de las mujeres, cuando son puestos en entredicho. ¿Por qué escandaliza la desnudez en el Congreso, pero no cuando abres internet y puedes encontrar la mayor oferta en pornografía, o cada día en los periódicos? Está autorizado en unos ámbitos, aquellos de interés para los hombres, y claramente desautorizado si eso supone una osadía al retar lo establecido. Por eso es tan escandaloso ver los pechos desnudos en el Congreso pero no nos escandalizamos si los vemos en una página de un periódico o en un vídeo de una estrella del pop. Han decidido por nosotras dónde la desnudez está bien y dónde está mal. Lo que Femen intenta es precisamente subvertir esas ideas, llamar la atención desestabilizando tu conjunto de ideas normalizadas. Desde ese punto de vista, Femen buscaba el escándalo, pero para lograr que la gente se planteara qué ve como normal y qué no, y por qué. Por otro lado, los medios de comunicación las tratan de locas y no se sabe qué están haciendo. Creo que no se ha entendido o no se ha hecho un esfuerzo por entender qué significa ese movimiento, y se las ha desautorizado injustamente, aunque no se comparta si era apropiado o no hacer lo que han hecho, o si han logrado o no su objetivo.

¿Lo han conseguido?

En gran medida han chocado con unos medios de comunicación que no han transmitido del todo bien qué pretendían ellas con eso, y cada vez se las ve menos. Además, tiene un gran coste personal para ellas, y más si no se logra el objetivo. Pero el mensaje de utilizar el cuerpo como herramienta política es una práctica que no se debe tirar a la basura así como así, sino que hay que analizarla y ver que lo que hay detrás es una propuesta radical de cambio de mentalidades y que no sean siempre los hombres quienes dicten qué podemos hacer o no con nuestros cuerpos. Eso lo decidimos nosotras.

Muchos hombres, y también mujeres, repiten aquello de que la peor enemiga de una mujer es otra mujer. ¿Hasta qué punto son responsables las mujeres de esta situación de desigualdad?

Si miramos los hechos y el papel de las mujeres a lo largo de la historia, creo que a las últimas a las que hay que responsabilizar de esto es a las mujeres, aunque sí es cierto que muchas lo que hacen es repetir el esquema machista. Eso forma parte de la cultura androcéntrica, porque ¿qué hace a las mujeres más poderosas?, que estén unidas. Por eso se llama tanto a las redes de colaboración, que no somos enemigas unas de otras. Tenemos que colaborar, compartir nuestras experiencias, hacerlas visibles y luchar por lo que consideramos justo. Por supuesto, los hombres deben incorporarse al proyecto. Es necesario que cada vez más hombres sean conscientes de que la igualdad es una ventaja para todos, hombres y mujeres. Ellos también sufren de la cultura androcéntrica: tienen que ser fuertes, solucionar los problemas del mundo, protegernos y, encima, no deben disfrutar de sus emociones de forma abierta porque es poco masculino. Si la mujer sufre de esta cultura androcéntrica, los hombres también, solo que ellos tienen el poder, y nadie cambia una situación de poder a no ser que vea alguna ventaja en ello. Así que la cuestión está en tratar de convencerlos de que la igualdad también tiene alguna ventaja para ellos, entre otras cosas, que pueden ser más felices y justos.

Comisiones Obreras (CCOO) ha presentado ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social una denuncia contra el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y las universidades canarias en relación con los contratos predoctorales de investigación, que en España perjudican a unos 9.000 contratados, casi 200 de ellos en las universidades públicas canarias.

El secretario de Universidad de CCOO en Canarias, Alberto Marín, ha dicho este lunes que las denuncias han sido presentadas en Granada y Canarias, y se ha mostrado de acuerdo con los rectores de las universidades españolas (CRUE), quienes han reclamado que se establezca una regulación laboral específica para el personal investigador temporal.

Alberto Martín explicó que los últimos cambios realizados por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social (de contratos de obra y servicio a contratos en prácticas) perjudican a quienes tienen contratos predoctorales de investigación porque no pueden acceder a la tarjeta sanitaria europea.

Otro perjuicio es que al terminar el contrato no pueden volver a tener otro en prácticas (el segundo) con una empresa privada, algo que, según se señala en un comunicado de CCOO, perjudica en especial a los titulados de ingenierías porque las empresas suelen usar ese contrato para beneficiarse del 50% de rebaja en la cotización a la Seguridad Social.

El tercer perjuicio es que quienes tienen contratos predoctorales de investigación pierden el posible derecho a cobrar indemnización por la finalización de contrato, pues los contratos en prácticas están excluidos de esa posibilidad.

Alberto Marín criticó que desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social no se han explicado los motivos por los que se han hecho los cambios que afectan a los investigadores con contratos temporales.

Este colectivo lo integran investigadores posdoctorales que tienen la tesis y hacen investigación de impacto, así como los investigadores por proyectos de investigación con contratos con corta duración para cubrir necesidades puntuales, y los predoctorales, con contratos de cuatro años durante los que elaboran la tesis, explicó el sindicato.