Los rectores de ULPGC y ULL ven “decepcionante” la financiación que les propone el Gobierno canario

Los rectores de las dos universidades públicas de Canarias consideran “insuficiente” y “decepcionante” la propuesta de financiación plurianual que les ha planteado el Gobierno de Canarias y advierten de que el modelo compromete la sostenibilidad económica de ambas instituciones.

En rueda de prensa, el rector de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Lluís Serra, ha asegurado que el documento recibido hace dos días “no garantiza la suficiencia financiera de las universidades públicas canarias y compromete su capacidad para cumplir adecuadamente las funciones que tienen encomendadas”.

Según ha explicado, la normativa vigente establece una senda de financiación que permita alcanzar en 2030 una inversión cercana a los 600 millones de euros en las universidades públicas canarias, mientras que la propuesta autonómica contempla una cifra inferior a los 330 millones. Serra ha sostenido, además, que la financiación prevista para 2027 ni siquiera cubriría los gastos estructurales ya comprometidos por las universidades.

Cabe recordar que el Gobierno de Canarias cuenta en esta legislatura con la mayor cantidad de recursos económicos de la historia de las Islas y que, en lo que va de mandato, el Ejecutivo presidido por Fernando Clavijo ha dejado sin usar más de 3.400 millones de euros de los presupuestos.

“La propuesta del Gobierno no solo no permite crecer, sino que ni siquiera garantiza la financiación suficiente para sostener adecuadamente la actividad ordinaria de las universidades públicas canarias y las condena a seguir perdiendo capacidad financiera año tras año”, ha manifestado.

Para el rector de la ULPGC, se trata de una propuesta “decepcionante, tanto en la forma como en el fondo, y que viene a poner en jaque a las universidades públicas canarias”.

El rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García, ha coincidido en que el modelo “carece de ambición” y supone “continuismo en la infrafinanciación crónica que las universidades públicas canarias han venido eh teniendo en las últimas décadas”.

“Es un modelo que pretende mantener a las universidades públicas con respiración asistida”, ha declarado.

García ha afirmado que el documento “no supone un cambio de tendencia” y ha criticado que no contemple una financiación específica vinculada a la insularidad y a las singularidades del archipiélago, pese a que este criterio aparece recogido en la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU).

Ambos rectores han cuestionado también el procedimiento seguido por la Consejería de Universidades ante un documento en el que ambas instituciones académicas habían depositado “tantísima ilusión y esperanza”.

Serra ha detallado que las universidades fueron convocadas el pasado 28 de julio sin recibir previamente el documento, después de que este se presentara a los consejos sociales y “apenas unos minutos antes” de que lo explicara públicamente la Consejería.

Asimismo, ha señalado que esperaban que, tras la última interacción formal con el Gobierno autonómico sobre esta cuestión hace un año, se hubiera producido “un intercambio de propuestas, observaciones y alternativas que permitiera ir construyendo conjuntamente un documento sólido, depurado, sin errores y ampliamente consensuado”.

En ese sentido, ha asegurado que ese trabajo no se ha producido y que el documento presenta “numerosas imprecisiones” e incorpora elementos y criterios “que nunca habían formado parte de las conversaciones mantenidas hasta ahora”, además de reabrir cuestiones que consideraban ya suficientemente trabajadas.

En la comparecencia ha participado también el delegado de Planificación Económica de la ULPGC, Arturo Melián, quien ha detallado que la financiación prevista para 2027 ascendería a 293,7 millones de euros, aunque ha precisado que parte de esos fondos dependen de objetivos y convenios y no podrían destinarse a gasto estructural.

Según sus cálculos, la financiación efectiva disponible para funcionamiento ordinario se reduciría a 286,9 millones, frente a unas necesidades estimadas de 290,4 millones, suponiendo un desfase de 3,5 millones de euros.

Melián ha añadido que, si se incorpora el incremento retributivo previsto a nivel estatal para 2027, el desfase total podría superar los 15 millones de euros.

Serra ha defendido que, en los últimos años, las instituciones universitarias canarias han incrementado el número de estudiantes matriculados, han reducido el abandono en cerca un 50% y han mejorado indicadores de transparencia, internacionalización y temporalidad.

Además, ha reclamado que la financiación esté ligada a objetivos docentes, científicos y de transferencia de conocimiento, en lugar de a criterios “penalizadores”, y ha tendido la mano al Ejecutivo para mejorar la propuesta.