Extremadura es la sexta comunidad autónoma con mayor porcentaje de abandono educativo temprano, con una tasa del 15%, por encima de la media nacional del 12,8% en 2025, dos puntos porcentuales más con respecto al año anterior en el caso de la región. Sin embargo, en el conjunto del país se ha reducido en dos décimas hasta marcar un mínimo histórico.

El abandono educativo temprano está medido como el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no ha seguido ningún tipo de formación. En España se ha pasado de un 20% en 2015 y un 13% el año pasado hasta el 12,8% citado. Sin embargo, en Extremadura, no ha parado de crecer el número de jóvenes que tiran la toalla.

El PSOE de Extremadura ha denunciado que la tasa de abandono escolar ha crecido en la región en 5,15% desde que el PP gobierna. “Extremadura ha pasado de una tasa de 9,85 % en el año 2023 a otra del 15 % solo dos años después”, han afirmado los socialistas, que han precisado que esta tasa ha aumentado en casi dos puntos el último año, al pasar del 13,05% de 2024 al 15 % de 2025.

Además,el PSOE ha añadido que la región diverge de la media nacional, ya que mientras en España la media sigue bajando y se sitúa en el dato más bajo de la serie histórica, “en la región sucede todo lo contrario y desde que gobierna el PP no para de subir”. A su juicio, la cifra es “aún más alarmante” teniendo en cuenta que la Junta ya conocía la tendencia negativa de la tasa en 2024, año en el que 10.600 jóvenes abandonaron sus estudios de manera prematura “y no tomó ni una sola medida de urgencia para revertir esta tendencia”.

Para el PSOE, la “ausencia” de políticas educativas y no reconocer los problemas por los que atraviesa el sistema se traduce “en que la tasa de abandono escolar sigue creciendo”.

Ha apuntado además que esta tendencia es algo habitual siempre que gobierna el PP pues en 2015, cuanto el popular José Antonio Monago abandonó la Presidencia de la Junta, la tasa de abandono se situaba en el 24,48 %.

Para el PSOE, estos datos avalan el fracaso de las políticas educativas de la jefa del Ejecutivo en funciones, María Guardiola, y cómo el deterioro de la educación pública se traduce en más desigualdad y en aumento de la falta de oportunidades para los jóvenes extremeños.

Datos nacionales

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha señalado tras analizar los datos de la Encuesta de Población Activa, publicados este martes que la distancia respecto a la media de la Unión Europea (del 9,4% en 2024) se ha reducido 3,4 puntos frente a los 9 puntos que existía hace diez años.

La EPA señala una diferencia de casi seis puntos y medio entre el abandono escolar temprano de los hombres (15,9%) y de las mujeres (9,5%) y mientras en los varones aumentó en 0,2 puntos respecto a 2024 entre las mujeres descendió 0,5 puntos.

Entre los jóvenes de 20 a 24 años la diferencia es todavía mayor, y mientras el 85% de las chicas completaron la ESO en 2025, entre los hombres la tasa se reduce al 76%.

El porcentaje de población de entre 20 y 24 años que alcanzó al menos el nivel de secundaria en 2025 subió casi 12 puntos y ha reducido su distancia con la media de la UE en 4,7 puntos, teniendo en cuenta el último dato de 2024, que era del 85%.

Murcia, con la tasa más alta: 20,6%

La situación del abandono temprano de la educación y la formación en 2025 por comunidad autónoma mantiene diferencias significativas y Murcia destacó en 2025 por tener la tasa más alta, del 20,6%.

 Canarias (15,9%), Castilla-La Mancha (15,7%), La Rioja (15,5%), Baleares (15,2%) y Extremadura (15%) son también comunidades con tasas elevadas, mientras que el País Vasco (3,6%), la Comunidad Foral de Navarra (7,8%) y Cantabria (8,9%) mantienen los niveles más bajos.

Por debajo de la media española del 12,8% se encuentran también, Madrid (9,5%), Castilla y León (10,2%), Galicia (10,4%), Asturias (10,6%), Ceuta (11,7%) y Aragón (12,3%).

Por otra parte, el 52,5% de la población entre 25 y 34 años alcanzó en 2025 el nivel de educación superior, situándose por encima de la media europea de 2024 (44%). 

La tasa de abandono escolar temprano ha caído a su “mínimo histórico” en Andalucía en 2025, situándose en el 14,5%, según los datos publicados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, a partir de las variables educativas recogidas en la Encuesta de Población Activa (EPA) del Instituto Nacional de Estadística.

Respecto a 2024, Andalucía reduce la tasa en un punto, mientras la media nacional cae en 0,2 puntos hasta el 12,8%, “el dato anual más bajo de la serie histórica”. La evolución anual de la tasa andaluza registra una caída desde 2019 de 7,1 puntos y, por primera vez, baja del 15%. Así, Andalucía mejora en 2025 su posición en el ranking comparativo de abandono escolar temprano, situándose por delante de seis comunidades autónomas. Además, se posiciona a 1,7 puntos de la media nacional, cuando la distancia en 2019 era de 4,3 puntos.

El dato de abandono escolar temprano está directamente relacionado con la tasa de 'ninis', el porcentaje de personas de la población de 15-24 años que ni estudia ni trabaja, y que se sitúa en Andalucía en un 14,55%, 4,49 puntos menos que en 2018 y un recorte de casi 10 puntos respecto a la situación de hace una década.

Este descenso se produce también en un contexto marcado por la reducción del alumnado en la comunidad, ligada al desplome de la natalidad. Según datos de la Consejería de Educación, el curso 2025/26 arrancó con 19.000 alumnos menos respecto al año anterior entre Infantil y Bachillerato. Desde el curso 2018/19 el sistema educativo andaluz ha perdido en su conjunto más de 120.000 estudiantes. 

Esta tendencia de la tasa de abandono escolar redunda en los datos de evolución de las tasas de titulación en la comunidad. Así, el porcentaje de alumnado que cursa cuarto de la ESO y titula en Andalucía (88,9%) se sitúa por encima de la media nacional (88,5%) por primera vez. Desde el curso 2017/18 Andalucía ha mejorado en 5 puntos porcentuales; el porcentaje de alumnado que cursa segundo de Bachillerato y titula en Andalucía (90,5%) se sitúa también por encima de la media nacional (89,8%) por primera vez.

En la Formación Profesional, Andalucía “lidera”, junto al País Vasco, el porcentaje de titulados en los grados superiores de la FP con un 83% en todo el país. La tasa de alumnado titulado en FP Grado Básico en Andalucía acumula tres cursos por encima de la media nacional.

Corría el año 2010 en un reputado instituto del centro de Murcia. Ruano, como lo conocían todos, tenía 15 años y continuaba en 2° de la ESO, después de repetir curso dos veces. Los pocos días que aparecía en clase, se sentaba siempre en la última fila. Eso sí, nunca los jueves, ya que tenía que echar una mano a su familia en el mercado, donde tenían un puesto. En cuanto cumplió los 16 años, Ruano desapareció del aula.

Han pasado 15 años y la historia se sigue repitiendo, una y otra vez, de forma incansable. La Región de Murcia tiene la tasa más alta de abandono escolar de toda España. Los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) recopilados por Funcas estiman que se sitúa en un alarmante 20,6%, muy superior al 12,6% del conjunto nacional. Por situarlo en perspectiva, el mejor resultado, del País Vasco, es del 3,8%.

La estadística mide el porcentaje de jóvenes de entre 18 y 24 años que no ha finalizado Bachillerato, FP Media o FP Básica y que no ha realizado ninguna formación en las últimas cuatro semanas. Quizás lo más preocupante es que, lejos de disminuir, la tasa ha aumentado en la Región de Murcia desde el año 2023, cuando se situó en un 19,2%. En España, por el contrario, sí se ha reducido, ya que en 2023 ascendía al 13,7%.

Miguel formaba parte de esa estadística hasta hace no mucho. Ahora, a sus 26 años, recuerda algunas anécdotas de la Secundaria. Como cuando el profesor de Historia se acercó a entregarle un examen que había suspendido y le dijo, con un par de golpes amistosos, “qué buena espalda tienes para cargar cemento”. “Me lo tomé a broma. Qué iba a hacer, si suspendía todos los exámenes”, cuenta a este diario. No fue la única vez que un docente le reprochó sus malos resultados académicos de forma irrespetuosa, pero sí es la que más se le ha quedado grabada. Al terminar la ESO, probó suerte en Bachillerato, pero no duró. “Vi que no me gustaba”, explica, aunque siempre estuvo tranquilo, porque seguir estudiando no siempre es el camino. Ese mismo año, comenzó a aprender a desenvolverse en el negocio familiar, y no tardó en complementar ese trabajo impartiendo clases de judo.

Aunque la tasa de abandono educativo temprano -un indicador de la Unión Europea- incluye también a los jóvenes que sí terminan la ESO, otros no lo consiguen. “El entorno y la implicación de los padres hace mucho. Sobre todo, cuando tienen situaciones familiares complejas y hay desatención”, opina Manuel González, profesor de Geografía e Historia. Destinado en un centro de Cartagena, tuvo clases donde el absentismo se daba en un 40% de los alumnos. Recuerda un caso de un alumno especialmente conflictivo, que siempre salía amonestado de las pocas clases a las que acudía. Las malas compañías en la calle hicieron el resto, y confiesa que muchos suspiraron aliviados cuando el absentismo derivó en abandono. “Cuando dejó de venir, desapareció un problema muy grande en el instituto. Y, a pesar de ello, tuvimos reuniones y la jefatura de estudios luchó mucho por este alumno. Pero si la familia no ayuda, es imposible”, admite.

La brecha entre la pública y la concertada se ceba con los alumnos extranjeros

Un informe publicado por Save the Children en 2024 concluyó que la Región de Murcia es la comunidad autónoma donde el perfil socioeconómico del alumnado difiere más entre la escuela concertada y la escuela pública. A nivel europeo, España replica el puesto de Murcia a la cabeza de la desigualdad. Además, la Región de Murcia es el territorio donde más ha aumentado el porcentaje de matriculados en la concertada en los últimos años. Por último, cabe destacar que el porcentaje de alumnado extranjero es tres veces mayor en la escuela pública que en la concertada murciana, la segunda cifra más alta del país después de Melilla.

La postura del Gobierno regional siempre ha sido clara al respecto: la escuela concertada “garantiza la libertad de elección de centro por parte de las familias”. De hecho, el presupuesto destinado a la concertada en 2025 alcanzó los 320 millones de euros, casi un 18% del total del gasto en Educación. Expertos del sindicato educativo STERM aseguran a esta redacción que este modelo de elección de los centros “beneficia la guetificación”: “Debido a que los centros concertados en muchas ocasiones piden aportaciones, uniforme o son religiosos, las familias con un nivel socioeconómico menor o migrantes acaban en la pública y se crean centros de primera y de segunda categoría”.

Asimismo, los alumnos que no poseen la nacionalidad española suelen acabar fuera del sistema educativo antes de tiempo. Según datos del Consejo Escolar de la Región de Murcia referentes al curso 2022-23, el porcentaje de alumnos de origen extranjero en la ESO fue de un 14,7%, mientras que en Bachiller cayó a un 6,5%.

Protocolos contra el absentismo y prevención del abandono

Actualmente, el Gobierno murciano lucha contra el abandono escolar a través del III Plan Regional para la prevención e intervención en Absentismo Escolar y reducción del Abandono Educativo Temprano (2024-2028). Fuentes de la Consejería aseguran a esta redacción que el plan incluye 66 medidas que afectan a 81.000 alumnos, entre las que destacan un incremento de las plazas de Formación Profesional -con especial hincapié en los grados básico y medio-, programas de integración de los estudiantes que empiezan Secundaria y los que repiten asignaturas y el plan 'SupéraTE', que contempla tutorías con grupos reducidos para reforzar la formación en lengua y matemáticas. La Consejería también está fomentando la implantación de los cursos de primer ciclo de la ESO en colegios que tengan espacio para ello, especialmente en zonas rurales y con alumnos en situación de vulnerabilidad.

Los centros también cuentan con el Programa de Prevención e Intervención en Absentismo Escolar y Reducción del Abandono Educativo Temprano (PRAE), que pone el foco en la detección temprana de las conductas absentistas en el ámbito escolar. El equipo directivo del CEIP Luis Costa de Murcia explica a esta redacción cuál es el protocolo de actuación si se detecta que un alumno está faltando a clase de forma injustificada, que se ha renovado precisamente a principios de este año. Una ausencia mensual en el 10% de las clases ya se considera absentismo leve; entre el 20% y el 50%, absentismo grave; faltar a más del 50% de las clases, sería muy grave. Además, la normativa ampara la duda del docente, es decir, cuando no le convence la justificación de la ausencia o piensa que puede no ser real. El absentismo se cuela ahora en las sesiones de evaluación y, según el equipo directivo del centro, la nueva norma contempla actuaciones más tempranas contra el problema.

La importancia de invertir en educación

Muchos expertos coinciden en que el abandono escolar se combate con más inversión. Y es que el gasto en educación por alumno en Murcia es de los más bajos del país: concretamente, según un estudio de la Fundación Ramón Areces con datos de 2021, el gasto murciano es el segundo más bajo de España, con 5.477 euros por alumno, solo por detrás del de la Comunidad de Madrid, de 5.030 euros. La organización también apunta a que, entre 2013 y 2021, la Región de Murcia es la comunidad que menos ha incrementado este gasto, concretamente en 1.251 euros, un 25,3%. El País Vasco, con la menor tasa de abandono, es la comunidad que más gasta, con 7.857 euros por alumno.

Desde el sindicato STERM coinciden en que, si bien el presupuesto murciano en Educación ha aumentado en los últimos años, “lo ha hecho a remolque del aumento de la población, por lo que no ha sido suficiente para revertir los recortes arrastrados desde la crisis”. A ello añaden que las plantillas de los centros y las ratios se mantienen desde el año 2012 en Primaria y 2016 en Secundaria, y que los alumnos con Necesidades Específicas de Aprendizaje no computan más a la hora de calcular esas ratios, lo que provoca que “no puedan ser atendidos adecuadamente”.

“La mayoría de las partidas para atención a la diversidad, para el refuerzo de las plantillas y para la modernización de los centros y de las metodologías proviene de Europa”, aseveran fuentes del sindicato, agregando que la Consejería no puede modificar el fin para el que se aprueban estas ayudas. Esta falta de financiación estable para la educación pública y otros factores socioeconómicos, como pueden ser las altas tasas de pobreza infantil, un paro más elevado que la media nacional y los bajos salarios de la Región de Murcia justifican, en su opinión, las altas tasas de abandono escolar. “Si no se garantiza el ascensor social, difícilmente un estudiante podrá superar la situación económica y sociocultural de su familia”, concluyen.

La tasa de abandono temprano educativo ha subido al 14,1% en Extremadura, 1,5 puntos más que la media nacional. En los años 2023 y 2024 se situó en el 9,9% y el 13%, respectivamente.

En el conjunto de España ha bajado en los últimos meses de la barrera del 13%, tras cuatro años estancada en esta cifra, y según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) se situó en junio en el 12,6%.

El análisis realizado por el servicio de Estudios de Funcas, al que ha tenido acceso EFE, señala que en los últimos dos trimestres de 2024 y los dos primeros trimestres de 2025 la tasa de abandono escolar, que es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa y no ha seguido formándose, ha bajado cuatro décimas.

La evolución de esta cifra se había estancado en los últimos cuatro años ya que en 2021 se registró una tasa del 13,3%, en 2022 subió al 13,9%, en 2023 volvió a bajar al 13,7% y en 2024 descendió hasta el 13%.

“En cualquier caso, el descenso no evita que España esté aún lejos del objetivo europeo del 9% fijado para 2030”, señala a EFE el director del área de Educación de Funcas, Ismael Sanz, que recuerda que “somos el segundo país con mayor tasa de abandono de la UE, solo mejor que Rumanía (16,8%), y estamos lejos de la media de la media europea, actualmente del 9,3%”.

Por otra parte, las diferencias territoriales son muy significativas, ya que en 2025 la brecha oscila entre el 20,6% de tasa de abandono temprano de la Región de Murcia y el 3,8% que registra el País Vasco.

Cantabria (6,1%), Madrid (9,3%) o Navarra (9,6%) también registran tasas bajas, frente a cifras del 18,8% de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.

No obstante, hay comunidades que han realizado esfuerzos para reducir estas tasas, como es el caso de Andalucía que ha pasado de un 16,9% en 2023, al 15,5% en 2024 y al 14,8% en 2025.

También Castilla y León ha mejorado su abandono escolar rozando el 9,7% este año, mientras que la Comunidad Valenciana lo ha reducido del 15% en 2023 al 13,8% en 2025.

Vinculado al nivel educativo de las familias

Funcas recuerda en su informe que el abandono escolar temprano está estrechamente vinculado al nivel educativo de las familias ya que los jóvenes cuyas madres solo tienen estudios primarios presentan una probabilidad de abandono 14 veces mayor que aquellos con madres con estudios superiores.

La Comisión Europea ha advertido de que tras la pandemia las tasas de absentismo prolongado (más de tres meses consecutivos sin asistir) aumentaron especialmente en la UE entre estudiantes desfavorecidos e incide en los peores resultados en el mercado laboral que tendrán estas personas, con menores ingresos y más desempleo.

Para frenar este abandono temprano el experto de Funcas reitera la necesidad de conjugar la reducción de ratios en las aulas y las tutorías personalizadas con incentivos a docentes experimentados en centros vulnerables.

También la flexibilización de la FP y una orientación educativa adaptada al mercado laboral o programas de refuerzo, son medidas que apoyarían esta disminución.

La Fiscalía de Asturias considera que el matrimonio que desde 2021 mantuvo retenidos a sus tres hijos menores de edad en un chalé, ubicado en la zona rural a 1,9 kilómetros de la capital asturiana, ejerció violencia psíquica habitual sobre los niños que permanecieron aislados del mundo exterior por miedo a un “hipotético contagio” a cualquier enfermedad, entre ellas el covid.

Un confinamiento forzoso que llegó al extremo de que los niños no conocían a ninguna otra persona, ni miembro de la familia que no fueran sus padres.

Es la convicción a la que ha llegado la Fiscalía del Principado que va a solicitar sendas condenas de 25 años y cuatro meses de cárcel a cada miembro de la pareja por su presunta autoría en un delito de violencia psíquica habitual y tres delitos de detención ilegal.

Esta es la principal tesis que baraja el Ministerio Fiscal en el escrito de calificación que ha hecho público este jueves y donde recoge las conclusiones provisionales de la causa de las que ha dado ya traslado al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo.

Un viaje desde Alemania a Oviedo

En su relato de hechos, la acusación pública expone que el matrimonio se trasladó a residir a una vivienda familiar a las afueras de Oviedo, en diciembre de 2021, junto a sus tres hijos, dos gemelos, que ahora tienen nueve años, y otro niño que actualmente tiene once.

La familia procedía de Alemania, de donde es natural el padre, que era la única persona que figuraba empadronado en el chalé, ya que no constaban ni su mujer -estadounidense con nacionalidad alemana- ni los menores de edad en ningún registro público, incluidos escolar o la Seguridad Social.

Incumplimientos

Hasta el pasado 28 de abril, cuando se produjo la intervención policial que liberó a los menores, el matrimonio, “de común acuerdo”, según confirma la Fiscalía, incumplió “los deberes de protección” que tenían sobre sus hijos, a los que privaron de sus necesidades “educativas, sanitarias, emocionales y sociales”.

Los acusados, según consta en el escrito de calificación, “encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación”.

No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años, por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo

El aislamiento del mundo exterior era absoluto, ni se relacionaban con terceras personas, ni conocían a otros miembros de la familia. El mundo de los menores se circunscribía únicamente al contacto entre los hermanos y sus progenitores y siempre dentro de casa.

“No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo”, recalca la Fiscalía.

Los padres nunca escolarizaron a los menores en España y los gemelos no sabían, con ocho años, ni leer ni escribir

Sin escolarizar

Los acusados nunca escolarizaron a los menores en España, de forma que los niños aprendían por sí mismos o con la asistencia puntual de sus padres.

Un ejemplo claro de esa situación es que los gemelos, con 8 años cuando fueron encontrados por los agentes, no sabían leer ni escribir.

Utilización prolongada de pañales

Asimismo, los pequeños no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud: la última vez que acudieron al médico fue en 2019 y eran los acusados los que se encargaban de diagnosticar y tratar sus problemas cuando surgían.

En el domicilio contaban con abundantes medicamentos, comprados sin la preceptiva prescripción médica. Por otro lado, los niños presentaban igualmente problemas de control de esfínteres, ocasionados por la utilización indebida y prolongada de pañales, según advierte la Fiscalía.

Barrotes rotos para “entrar y salir”

La descripción en la que los agentes encontraron el interior del domicilio familiar y que refleja la Fiscalía en su escrito de calificación provisional también demuestra hasta qué punto llegaba el abandono en que el matrimonio tenía no solo a sus hijos sino también a la hora de procurarles un entorno con las mínimas condiciones higiénico-sanitarias.

“La vivienda se encontraba en malas condiciones de habitabilidad, con un déficit importante de limpieza, con cantidades ingentes de basura y suciedad acumulada en diversas estancias”, indica.

“Además, el mobiliario era inadecuado para cubrir las necesidades de los menores: los gemelos dormían en cunas, a las que habían roto los barrotes para entrar y salir libremente. Su hermano lo hacía en una cama de reducidas dimensiones para su edad”, explica la Fiscalía.

Un retraso en relaciones sociales

Otro detalle más de que el matrimonio no se ocupaba de los menores en lo más mínimo es que éstos caminaban “encorvados, con las piernas arqueadas”, presentaban dificultades para subir y bajar escaleras y tenían la piel “irritada y onicomicosis” (una infección crónica y progresiva de las uñas causada por hongos) e incluso uno de ellos tenía un ligero encorvamiento.

Como no salieron a la calle en estos cuatro años, los menores mostraron una gran sorpresa y perplejidad nada más pisar el jardín, como afirma la Fiscalía en su escrito: “Al salir al exterior, una vez que se descubrió la situación en la que se encontraban, los menores se mostraron sorprendidos por cuanto les rodeaba”.

Como consecuencia de estos hechos, los menores sufren distocia social, que supondrá un retraso en la incorporación a las relaciones sociales propias de su edad.

El matrimonio, en prisión

El matrimonio fue detenido el 28 de abril y, tras pasar a disposición judicial, el juzgado decretó su ingreso en prision provisional, comunicada y sin fianza.

Actualmente ambos cónyuges permanecen internados en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel de Asturias.

Suspendida la patria potestad

Por autos de 30 de abril de 2025 del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo se acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza de los acusados, así como la suspensión cautelar de la patria potestad, guarda y custodia sobre sus hijos, con atribución de las mismas a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.

La consejería, de la que es titular Marta del Arco, aprobó el pasado 6 de mayo una resolución por la que se declaró el desamparo de los menores y la asunción de la tutela por la entidad pública.

El delito de violencia psíquica habitual

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y tres delitos de detención ilegal con la circunstancia agravante de parentesco.

A las penas de 25 años y cuatro meses de prisión para cada uno de los acusados, el Ministerio Fiscal añade otras penas accesorias.

Así, por el delito de violencia psíquica habitual reclama que se les prive el derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y su inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses.

Además, solicita la prohibición de aproximación a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro frecuentado por los mismos durante tres años y cuatro meses y la prohibición de comunicación por cualquier medio, quedando en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que en su caso se hubiera reconocido en sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena.

Los delitos de detención ilegal

Por cada uno de los tres delitos de detención ilegal en concurso con un delito de abandono de familia, pide como penas accesorias a las de prisión la prohibición de aproximación a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro que sea frecuentado por los mismos durante ocho años y seis meses.

También interesa que el matrimonio tenga prohibida toda comunicación con sus hijos por cualquier medio, quedando en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que en su caso se hubiere reconocido en sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena.

El Ministerio Fiscal solicita que los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a los menores con 15.000 euros a cada uno de ellos por los daños morales sufridos, más los intereses legales correspondientes.

Los gemelos de ocho años y su hermano de diez que vivían autoconfinados en un chalé ubicado en la zona rural de Oviedo, desde 2021, sin salir a la calle por el miedo de sus padres a que contrajeran el covid, han empezado a recibir las primeras visitas regulares de sus abuelos maternos, residentes en Estados Unidos (EEUU).

Los hermanos continúan ingresados en un centro de menores bajo la tutela de la administración regional desde que fueron liberados por la Policía Local, el pasado 28 de abril, por lo que las visitas de los abuelos están siendo supervisadas por el Principado.

Los agentes accedieron al chalé donde residía la familia, en Toleo, ubicado a 1,9 kilómetros de la capital asturiana, tras la denuncia de una vecina al servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo sobre la posible existencia de menores sin escolarizar en la vivienda.

Detención de los padres

Sus padres, el alemán C.S., de 53 años, y la norteamericana con doble nacionalidad alemana, M.A.S., de 48 años, fueron detenidos.

La pareja pasó a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo, que se encontraba de guardia, y cuya titular María Begoña Fernández decretó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Las diligencias se han abierto inicialmente por su presunta autoría en delitos de violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en un delito de detención ilegal, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Suspensión de la patria potestad

Además, el juzgado ha acordado la suspensión de la patria potestad y de la guardia custodia de los menores, que atribuye al Principado.

Actualmente el matrimonio se encuentra internado en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Asturias.

El riesgo de fuga

El pasado mes de mayo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias confirmaba el auto de prisión del matrimonio al considerar que existían aún indicios de riesgo de fuga en caso de que fueran puestos en libertad por carecer de arraigo en España y ante la necesidad de proteger a los niños y evitar una reiteración delictiva.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo se ha hecho cargo del procedimiento, después de que recibiera la causa tras la inhibición del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Éste último se había hecho cargo en un principio de la causa al estar de guardia el 30 de abril, cuando el matrimonio pasó a disposición judicial 24 horas después de la detención.

Con la detención y posterior ingreso en prisión de sus padres, los menores pasaron a estar bajo la tutela de la administración regional que está permanentemente pendiente de la buena evolución emocional de los pequeños garantizando un entorno seguro, protegido y acompañado por profesionales especializados

El equilibrio emocional

Entre tanto, los menores siguen tratando de hacer una vida lo más normalizada posible con la ayuda de profesionales. La Dirección General de Infancia y Familias está garantizando a los hermanos un entorno “seguro, protegido y acompañado por profesionales especializados”, según ha confirmado a elDiario.es Asturias un portavoz de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar, de la que es titular la consejera Marta del Arco.

Desde un principio, la idea del equipo de profesionales era lograr el equilibrio emocional de los menores y buscar a algún familiar que pudiera mantener un vínculo afectivo con ellos para que no tuvieran que seguir en un centro.

Las visitas de los abuelos

Inicialmente la búsqueda fue infructuosa y se llegó a contactar incluso con el Consulado alemán y la Embajada de Estados Unidos para ver si se lograba encontrar a familiares directos que pudieran incluso llegar a hacerse cargo de los menores.

Los abuelos maternos de los pequeños residen en EEUU y actualmente están realizando visitas regulares a los nietos, “en un marco supervisado que favorece el vínculo afectivo y el bienestar emocional de los menores”, han asegurado desde la Dirección General de Infancia y Familias.

Los niños participan en las diversas actividades diseñadas para fomentar su desarrollo integral, su bienestar y su derecho al juego. Realizan salidas al aire libre y excursiones educativas y asisten a talleres creativos de pintura, manualidades y música, juegos cooperativos y actividades deportivas, lectura, cuentacuentos y actividades lúdicas adaptadas a sus intereses y edades

Además de propiciar estos encuentros familiares, el Principado fomenta que los niños participen en las diversas actividades diseñadas para fomentar su desarrollo integral, su bienestar y su derecho al juego.

Actividades adaptadas a su edad

Entre las actividades programadas figuran salidas al aire libre y excursiones educativas; talleres creativos de pintura, manualidades y música, juegos cooperativos y actividades deportivas; lectura y cuentacuentos y actividades lúdicas adaptadas a sus intereses y edades.

“Estas actividades están orientadas a ofrecerles espacios seguros, estimulantes y afectivos, donde puedan expresarse, aprender y disfrutar”, ratifican desde la Dirección General de Infancia y Familias.

El estado actual del proceso

Hasta la fecha, no se ha iniciado ningún trámite adicional respecto a su situación legal o familiar, sostienen desde este organismo.

Hasta la fecha, no se ha iniciado ningún trámite adicional respecto a su situación legal o familiar. La Dirección General de Infancia y Familias asegura que cualquier decisión futura se tomará en base a criterios técnicos, jurídicos y siempre pensando en el interés superior de los niños

“Cualquier decisión futura se tomará en base a criterios técnicos, jurídicos y siempre pensando en el interés superior de los niños”, advierten.

La Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias ha reafirmado así su compromiso “con el cuidado, la protección y el respeto de los derechos de la infancia”.

El reconocimiento a policías locales

Por otro lado, el pleno del Ayuntamiento de Oviedo, en su sesión del pasado 1 de julio, acordó solicitar al Gobierno de Asturias la concesión de la medalla de oro de la Policía Local a los agentes y mandos que, el pasado 28 de abril, liberaron a los menores.

PSOE, PP, IU Convocatoria por Oviedo y Vox habían aprobado por unanimidad, en la comisión de Economía e Interior del ayuntamiento, trasladar su propuesta al Principado, pero en la sesión plenaria Vox cambió su voto a favor por el de abstención, rompiendo así esa petición unánime que se había dado en un principio, mientras que el resto de partidos de izquierda y derecha votaron a favor.

El matrimonio que fue detenido, el pasado mes de abril, acusado de mantener encerrados a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de diez- durante casi cuatro años en su vivienda familiar en Toleo, en la zona rural de la capital asturiana, permanecerá en prisión provisional.

Así lo ha acordado el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que ha denegado los dos recursos de apelación que interpusieron los abogados de Christian S., alemán de 53 años, y su esposa, Melissa Ann S., de 48, con doble nacionalidad estadounidense y alemana, contra los autos del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo del pasado 7 de mayo, por los que se acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La titular del juzgado dictó el auto de prisión contra ambos en virtud del atestado policial que les atribuye los delitos de abandono de menores y maltrato psicológico en el ámbito familiar.

El riesgo de fuga

En el recurso que presentó la defensa de Christian S. se alegaba que la prisión provisional se dictaba por la posible existencia de riesgo de fuga, cuando, por el contrario, su representado carece de antecedentes penales y no ha mostrado “intención de eludir la acción de la justicia”.

La defensa añade que, además, el cabeza de familia colaboró “en todo momento con las autoridades”, teniendo interés “como padre de sus tres hijos” en permanecer en España para recuperar el vínculo con ellos, “no siendo suficiente para acordar la prisión la falta de arraigo o de personas, familiares, amigos o conocidos, cuando está viviendo de forma estable en su residencia en Oviedo desde noviembre del año 2021”.

“Una medida desproporcionada”

La representación legal del padre considera que de esta forma el auto de prisión vulnera, desde su punto de vista, el principio de proporcionalidad y estima que la finalidad que se pretende alcanzar con la medida cautelar, “puede lograrse sin acudir a la privación de libertad”.

En su recurso de apelación, también apunta a que esta medida “no es necesaria para la protección de los menores”, pues sus hijos se encuentran bajo la tutela del Principado de Asturias y residen en un Centro de Menores.

Duplicidad de medidas cautelares

Esta es la base para que argumente que, al haberse suspendido la patria potestad, no existe prueba alguna de su intención de trasladar a los menores fuera de España.

En definitiva, estima que las medidas adoptadas por el Principado con la prohibición de contacto no supervisado o comunicación regulada por los Servicios Sociales, son suficientes para garantizar la protección de las víctimas, “no existiendo indicio alguno -afirma la defensa- de que realizara conductas tendentes a menoscabar la integridad de sus hijos de forma dolosa, encontrándonos ante una duplicidad de medidas con idéntico fin, estimando excesiva la medida que conlleva el obligado abandono de su actividad empresarial”.

Las defensas pedían que se sustituyera la medida cautelar de cárcel por medidas "menos gravosas", entre las que citan comparecencias semanales, la retirada de pasaporte o incluso la colocación de un localizador electrónico

El miedo al Covid

Por ello, solicita al tribunal de la Sección Segunda que deje sin efecto la medida de prisión provisional y se le impongan medidas “menos gravosas”, entre las que cita las comparecencias apud actas semanales, la retirada de pasaporte o incluso la colocación de un localizador electrónico.

En el recurso de apelación, también pide que se realice una evaluación psiquiátrica adecuada para determinar a qué puede deberse su conducta y sugiere que puede tener alterada la percepción de la realidad, por alguna enfermedad o trastorno psicológico al justificar el confinamiento de los menores y de toda la unidad familiar por temor a contagios, e infecciones.

Evaluación psiquiátrica

Para realizar esta evaluación psiquiátrica y garantizar su tratamiento médico, propone su ingreso en un centro hospitalario.

En el recurso de apelación de la madre, Melissa Ann, se argumenta en términos similares a los de su marido, se pide que se sustituya la medida de prisión provisional por otras medidas “menos gravosas” con comparececias semanales, retirada de pasaporte o incluso la colocación de un localizador electrónico.

De forma subsidiaria, pedía que se acordase el ingreso en un centro hospitalario para garantizar un tratamiento adecuado a sus patologías o trastorno mental, debiendo realizarse una evaluación psiquiátrica adecuada para asegurar su bienestar, “bajo las medidas que se estimen necesarias”.

Ausencia de escolarización

La Sala, sin embargo, ha descartado todos estos extremos en ambos recursos y justifica el mantenimiento de la prisión provisional del matrimonio “por la gravedad de los hechos” que se le imputan.

Los magistrados se basan en el atestado policial que recogía que tanto el padre como la madre mantuvieron a sus hijos, durante cerca de cuatro años, en el interior del domicilio familiar “con ausencia total de escolarización y de todo tipo de cuidados y seguimientos sanitarios”, e impidiéndoles la socialización, lo que les ha llevado a “un retraso evidente en diferentes áreas del comportamiento humano”.

A todo ello se le añade la “situación deplorable” en la que se encontraba la vivienda, con “múltiples focos de basura” en el baño, la cocina, la escalera o junto a las camas de los niños, y con “una ausencia total de las condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el desarrollo de una vida normalizada”.

Reiteración delictiva

La Audiencia admite que en estos momentos el riesgo de reiteración delictiva es “poco relevante”, puesto que los menores se encuentran bajo la tutela del Principado de Asturias, pero subraya que “sí que se da un evidente e importante riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena” que se les podría imponer.

El matrimonio residía en una vivienda tipo chalé en el pueblo de Toleo, en la zona rural de Oviedo con sus tres hijos menores de edad. Una vecina de la zona alertó a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana porque le parecía que había menores en la casa que no estaban escolarizados. En el consistorio comprobaron que solo el padre estaba empadronado.

Estupor de los vecinos

Tras unas vigilancias discretas sobre la vivienda, la Policía Local decidió intervenir. Tras arrestar a los padres, liberó a los menores y éstos pasaron a estar bajo la custodia del Principado.

La situación de la familia causó un auténtico estupor entre los vecinos del matrimonio que, a pesar de vivir a escasos metros de su chalé, desconocían por completo su situación, la de los menores y las condiciones de insalubridad en las que vivían. Uno de estos vecinos era Marino Guardado que lleva 23 años residiendo en Toleo y que en los últimos cuatro años jamás vio a la familia, ni a los padres, ni a los menores. Él mismo lo relató así a elDiario.es Asturias.

El Principado se personará en la causa penal

El Principado se personará en la causa penal abierta contra sus padres al asumir la administración autonómica la tutela de los tres niños.

El Gobierno del Principado continúa buscando a familiares de los menores para ver la posibilidad de que se hagan cargo de ellos y no se pierda el vínculo con algún miembro de la familia.

Búsqueda de familiares

El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, adelantó el pasado 5 de mayo que la administración autonómica se personará en la causa que se sigue contra los padres al haber asumido provisionalmente la tutela y representación de los menores.

Peláez confirmó que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar está tratando de contactar con familiares de los menores para “encontrarles la mejor situación posible” y que puedan desarrollar una “vida digna”.

Hasta el momento no ha sido posible localizar a personas vinculadas a la familia, lo que ha llevado a contactar con el Consulado alemán y la Embajada de Estados Unidos, pero las gestiones aún no han fructificado. No obstante, fuentes del Principado han confirmado que los menores “están bien”.

A Mohammed Saado, de 16 años, le ha cambiado la expresión en las últimas semanas. Lo dice todo el mundo en el colegio FEDAC de Vic (Barcelona) en el que cursa 3º de la ESO. “Me costaba mucho comunicarme con la gente, pero Berta me ha ayudado a resolver este problema y ahora me he ido acercando a los demás”, reconoce este adolescente. Berta Ordeix es su mentora, una suerte de consejera con la que charla cada semana. Juegan, pasean, y hablan de la vida y sus complicaciones, siempre con una meta en el horizonte: que el chico no deje los estudios. 

Mohammed comenzó el curso como repetidor, después de un año algo conflictivo. Pero poco a poco el vínculo con su mentora parece surtir efecto. “Él tenía mucho miedo de relacionarse con sus nuevos compañeros, estaba cerrado en sí mismo, pero poco a poco le hemos ido empoderando, y ahora ha comenzado a abrirse”, señala Ordeix. 

Esta socióloga, de 35 años, es una de las mentoras del proyecto MES, un plan piloto en cinco centros educativos de Vic y Manlleu que consiste en asignar una especie de consejero o tutor a 29 alumnos de 3º de la ESO en los que se percibe riesgo de abandonar los estudios en el futuro. Con la financiación de la Fundació Antiga Caixa Manlleu y el seguimiento académico de la Universitat de Vic (UVic), el programa dura tres años y acompaña a estos adolescentes no solo en el final de la ESO, sino también al inicio de su etapa postobligatoria. 

“El acompañamiento intensivo es la forma más real, práctica y eficaz de intervenir con estos jóvenes”, constata Marcel Barjoan, profesor de psicología y sociología en la UVic y coordinador del proyecto. Además –añade–, no solo sirve para mantenerles a flote académicamente, sino que el mentor a menudo permite aflorar problemas de todo tipo, incluso casos graves de carencias familiares o violencias. “En general, son chavales que no tienen a nadie que les coja y les ayude, que les empuje a seguir”, añade. 

A pesar de que el abandono educativo prematuro se ha reducido en los últimos años en España, hasta afectar al 13% de los escolares, la lucha para que muchos jóvenes no tiren la toalla tras sacarse la ESO –o incluso sin ella– sigue presente en las aulas. En especial, en alumnos de entornos desfavorecidos, que tienen el triple de probabilidades de abandonar. 

Para combatirlo, han emergido en los últimos años en España numerosas iniciativas como la de Vic. Ya sea desde ayuntamientos, universidades, entidades sociales o fundaciones, son diversos los programas de mentoría o acompañamiento presentes en las aulas. “A nivel internacional cada vez hay más proyectos de este tipo, porque existen evidencias de que acompañar a los jóvenes en momentos de transición o de toma de decisiones es fundamental”, señala Aina Tarabini, socióloga de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) especialista en abandono. 

El caso de la UVic tiene algunas particularidades que lo distinguen del resto. La mentoría no es voluntaria, como en otras iniciativas, sino que se trata de profesionales contratados. Además, es intensiva, con dos encuentros a la semana –uno individual y otro en pequeño grupo–, y se extiende durante tres años. Por último, la universidad ha testeado su eficacia en un estudio que ha presentado recientemente. 

Los resultados en cuanto a graduaciones de ESO no son tan llamativos, puesto que lo lograron el 60% frente al 80% del resto de sus compañeros sin mentor, pero lo decisivo es que no se desvinculen de los estudios. En este sentido, de la primera ola de alumnos evaluados –acabaron el proceso 26–, casi todos continúan: 11 hacen una ciclo de Formación Profesional, cinco están en Bachillerato, 6 en programas de Formación e Inserción (no se han sacado todavía la ESO), dos han repetido y dos han dejado el programa al cambiar de país. 

Las asignaturas de Wadid y la confianza de Mohammed

Mohammed Saado y Wadid El Abbadi comenzaron su andadura con Berta Ordeix el pasado mes de octubre, al inicio de 3º de la ESO. Aunque sus necesidades eran distintas, ambos coinciden en su primera impresión de la mentora: desconfianza. “‘¿Por qué tendría que venir yo aquí?’, pensaba al principio, pero después de varias sesiones me gustó porque no solo nos ayudaba con los estudios, sino que descubrí que era un espacio seguro donde me escuchaba y podía hablar de todo”, comenta Widad. 

Widad, de 15 años, explica que su principal dificultad era sacar adelante algunas asignaturas como Matemáticas, Física o Química. Pero a día de hoy sabe que quiere continuar después de la ESO, probablemente estudiando algo de enfermería. 

Ordeix explica que suele dedicar el primer trimestre enteramente a conocer y ganarse la confianza de los ocho adolescentes a los que acompaña, y luego orienta sus actuaciones en función de lo que necesitan. “Muchos llegan con demasiados suspensos, y con ellos trabajamos la parte académica”, explica. “Pero no solo refuerzo escolar, sino que consigan espabilarse solos: que sepan tener buenos apuntes, preguntar a los profesionales cuando lo necesiten, es decir, ganar autonomía”, señala.

A menudo se encuentra Ordeix con chavales que no tienen un espacio para hacer deberes en casa. Así que les descubre la biblioteca municipal para que vean que allí tiene wifi, calefacción y mesas. 

Pero la mentoría puede conducir a situaciones de todo tipo. Con algunos, los recién llegados, el reto es que dominen bien el idioma y se dedica a ello. “El otro día una chica tenía problemas con cosas de la regla y estuvimos hablando toda la tarde de esto, buscando recursos…”, enumera la mentora. “Uno vino hace poco con las gafas rotas y nadie le había dicho nada en casa. Le acompañé a la óptica y aprendió que te las arreglan gratis”, comenta.

El de Mohammed ha sido una de las mentorías más delicadas. Nacido en Damasco, este adolescente creció en una Siria en guerra. “Vivíamos muy mal, nos teníamos que esconder en casa”, explica, sin dar más detalles sobre su pasado. Solo que su padre consiguió salir para llegar primero a Alemania, y más tarde se pudo llevar consigo a su familia a Catalunya. Mohammed tenía entonces 9 años. 

Con un pasado problemático en el instituto, ahora encara por segunda vez 3º de la ESO con otra actitud. “Ahora lo vemos más tranquilo, charla con los demás en el recreo, ríe, está comenzando a vincularse con los demás”, celebra Ordeix. Y algo parecido pasa con sus perspectivas de futuro. “Yo tenía dudas… Pero me han comenzado a ayudar y he encontrado que me interesa la Informática”, comenta él. “A nuestra edad cuesta mucho ver el futuro, cómo será”, reconoce.

Falta de recursos en los institutos

Más allá de Vic, quienes conocen bien estas iniciativas, como la socióloga Tarabini, enumeran algunas características que deben tener en cuenta para completar el acompañamiento con éxito. “La edad del joven o el momento de la transición pueden variar, pero tienen que tener en cuenta las cuestiones académicas y de aprendizaje, las profesionales, y también las de carácter personal, social y emocional”, señala. “A la hora de escoger sobre el futuro, no solo cuentan las notas o las aspiraciones laborales, también la percepción que uno tienen de sí mismos y su bienestar”, apunta esta profesora de al UAB. 

El estudio de Vic lo corrobora. Según sus encuestas de percepción a los chicos y chicas con mentor, la gran mayoría manifiestan mejoras no solo en su desempeño escolar, sino en la relación con la familia, con los compañeros o en la participación en el aula.

La otra cara del programa es la constatación de que sin iniciativas de este tipo, los colegios cojean a la hora de facilitar apoyo suficiente a estos jóvenes. “No llegan, y es lógico, porque la complejidad en las aulas de hoy es muy elevada, pero los profesores y las plantillas son las mismas”, reflexiona Barjoan. “Es inviable que un tutor de un grupo de la ESO llegue a 25 o 30 alumnos de la misma manera, para atender sus necesidades y las de su familia”, concluye. 

Por ahora, el proyecto ya está en vías de expansión tras los resultados de la primera oleada. Fundació Antiga Caixa Manlleu y UVic negocian actualmente con las administraciones locales para extenderlo a toda la comarca. Desde su clase, Wadid lo tiene claro: “Yo se lo recomendaría a todas las escuelas, es que pueden ayudar en muchas cosas”.

Gustavo Navas es el presidente y portavoz de ANPE y sabe lo que es tener en clase a un alumno totalmente desmotivado. “No quería estar allí y eso que cursaba uno de los ciclos de Formación Profesional, algo que en principio había elegido él”. Sin embargo, recuerda que “venía a clase y no sacaba ni el cuaderno para apuntar, tampoco daba guerra en clase”. Un chaval que reconocía que “no quería estar allí, pasaron tres meses y finalmente abandonó”. Con los años, lo volvió a ver. “Había encontrado una salida profesional trabajando en una empresa, estaba contento”. Es uno de los casos de abandono escolar que Navas recuerda de su época como docente.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia ha publicado el estudio 'La Geografía del Abandono Escolar Temprano en España, un informe que examina la elevada incidencia del abandono escolar dado que, a escala europea, solo Rumanía presenta una tasa de abandono escolar superior a la española. Así, se entiende como abandono escolar temprano, aquella situación en la que jóvenes de 18 a 24 años no han completado sus estudios posteriores a la secundaria inferior ni participan en una actividad de educación o formación como el caso de aquel alumno.

El estudio analiza los años entre 2011 y 2021 y afortunadamente refleja una reducción del abandono escolar de manera significativa en todas las provincias españolas. Aunque también recoge que La Rioja presenta niveles de abandono escolar más elevados que las provincias limítrofes. Según este estudio, la tasa de abandono escolar durante esta época en La Rioja es del 17 por ciento. En la actualidad, y tal y como ha confirmado la Consejería de Educación “no hay estadísticas” sobre abandono escolar en La Rioja. Aun así, aseguran que “se está realizando un refuerzo de la atención a la diversidad con programas de apoyo individual, diversificación curricular, etc. Y a su vez, se está mejorando la formación del profesorado en metodologías innovadoras y atención a la diversidad, además de implicar a las familias en el proceso educativo con programas de formación para padres y actividades de colaboración con la escuela, junto con becas y programas de apoyo social”.

“Una ley educativa de mínimos que dé estabilidad y durabilidad al sistema”

Desde ANPE La Rioja valoran el descenso de las cifras de abandono escolar aunque Navas también señala que “en este tiempo no se han buscado alternativas, como sí se ha hecho en otros países, donde se han adoptado medidas individualizadas y atenciones más tempranas que permiten actuar antes”. Y en este sentido cuestiona la LOMLOE, la actual Ley Educativa, “que permite al alumnado pasar de curso con tres asignaturas suspendidas siempre que dos de ellas no sean matemáticas y lengua”. Un mensaje que ANPE no comparte. “No es de recibo el la visión que estamos dando al alumnado porque hay que llegar y prestar antes ese apoyo a los estudiantes para que puedan superar las asignaturas sin dificultades”. Tesis que dice también avalan expertos que abogan por una intervención temprana porque “no se pueden poner las medidas cuando ya se está repitiendo o incluso abandonando los estudios”.

Y entre las medidas propuestas por el sindicato educativo sugieren “una ley educativa de mínimos pactada y que se pueda desarrollar durante 20 ó 30 años”. Una ley que permita “una cohesión del sistema educativo que dé estabilidad y durabilidad al sistema porque no puede ser que haya 17 leyes distintas y que estas cambien en función del gobierno de turno porque esto no ayuda a combatir el abandono escolar. No puede ser que depende en qué comunidad nos encontremos, las cifras de abandono escolar sean diferentes”.

Una ley de mínimos que además debería ir acompañada de un descenso de las ratios de forma paulatina y progresiva en Educación Primaria y Secundaria “porque esto es lo realmente permite al docente prestar una atención más individualizada y mejorar la calidad de atención al alumnado”, insiste a la vez que recuerda que las ratios actuales son las mismas que las de los años 90. Menos alumnado por aula y también menos horario lectivo para el profesorado. Una reducción, apuntan desde ANPE, “que permitiría al profesorado poder dedicarse a programas específicos de apoyo y tutorías en las que se pueden detectar estos problemas”. Y en este sentido plantea reducir dos horas de docencia de directa: “de las 23 horas de los maestros a 21 y de las 18 horas en secundaria a 16 horas”.

Asimismo y para combatir el abandono escolar, ANPE La Rioja pide un “compromiso serio” por parte de las Administraciones con la salud mental. “Los centros deben contar con especialistas, profesionales que puedan ayudar al alumnado que tenga problemas de salud mental porque estos están muy ligados al abandono escolar y a los malos resultados académicos”. Y además apunta a un incremento de las retribuciones del profesorado. “La nuestra, es una profesión vocacional y hay que hacerla atractiva para que las personas que titulan quieran ser docentes, esta debe ser una profesión atractiva con salidas profesionales y evitar que se vayan a la empresa privada como ocurre en Secundaria o en muchas especialidades de Formación Profesional”.

Estas son las propuestas de ANPE La Rioja, sindicato que reconoce observa con cierta envidia comunidades como Castilla-León, Navarra, País Vasco o Galicia. “Nos fijamos en estos territorios porque se están haciendo bien las cosas”.

El coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, Francisco Javier Puerta, ha negado cualquier tipo de descoordinación con la Policía Local de Oviedo en el operativo policial que, el pasado mes de abril, condujo a la detención de un matrimonio que desde 2021 mantuvo retenidos a sus tres hijos menores de edad -dos gemelos de ocho años y un niño de diez-, en una vivienda ubicada en Toleo (Fitoria) en la zona rural de la capital asturiana.

La vivienda no reunía las condiciones de salubridad. La familia vivía rodeada de basura y excrementos; había pañales usados guardados en armarios y medicamentos que compraban a través de internet esparcidos por el suelo.

En estos cuatro años, no habían acudido a centro de salud alguno, ni los menores fueron escolarizados. Los padres les habían habilitado un aula en una de las habitaciones.

Puerta: “Fue una actuación correcta”

Francisco Javier Puerta ha defendido la actuación de los agentes de la Benemérita que intervinieron en el operativo policial. Según sus palabras, actuaron “correctamente” porque nada les hacía sospechar que “había menores en situación de riesgo”.

El coronel jefe desmentía así una información publicada por el semanario alemán Der Spiegel y recogida por algunos medios periodísticos asturianos, donde los autores del artículo, Max Polonyi y José Bautista, sostienen que hubo “falta de coordinación” entre la Guardia Civil y la Policía Local de Oviedo.

El máximo responsable de la Comandancia asturiana no se ha limitado a mostrar su apoyo a los guardias civiles, sino que además ha resaltado su alta profesionalidad: “En este caso, encomendamos la investigación al personal diplomado en Policía Judicial y con una amplia experiencia en investigaciones”, ha destacado.

Dos meses de investigaciones

La Guardia Civil recibió los primeros datos que apuntaban hacia la “actitud sospechosa” de una persona el pasado mes de diciembre. Esa primera denuncia no parecía, a priori, que presentara características de la existencia de menores en una situación de riesgo.

“Decía que habían aparecido unos menores en el jardín de una casa y eso era compatible tanto con la situación familiar como con la personal” del padre y “nada hacía sospechar” que los menores pudieran estar en “situación de riesgo”, ha reiterado.

En diciembre llegaron las primeras informaciones sobre la actitud sospechosa de una persona y que había unos menores en el jardín de una casa, pero nada hacía sospechar que pudieran estar en situación de riesgo. Tras dos meses de investigaciones, al no ver ninguna actividad ilegal, todo quedó en suspenso a la espera de obtener otra información adicional que la pudiera reactivar y ésta llegó a través de la Policía Local de Oviedo

Francisco Javier Puerta — Coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Asturias

Las investigaciones corrieron a cargo del equipo de Policía Judicial de Oviedo. Durante dos meses se realizaron vigilancias que no dieron frutos, ya que no parecía que se estuviera produciendo “ninguna actividad ilegal”, por lo que todo quedó “en suspenso” a la espera de poder obtener otra información adicional que la pudiera “reactivar”.

Esa información le llegó a la Policía Local de Oviedo a través de los servicios sociales, momento en el que se inició el operativo que desembocó en la detención de los padres, el alemán Christian S., de 53 años, y Melisa A.S., de 48 años, y la liberación de los tres menores.

Pocas sospechas de actividades ilegales

“Yo creo que falta de coordinación no ha habido”, ha dicho con rotundidad el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Asturias, zanjando cualquier atisbo de duda.

El coronel jefe ha recalcado, además, un detalle. Asegura que si realmente la información que recibió la Policía Local hacía referencia a que hubiera menores en una situación extraña, esa “competencia” correspondía a los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Oviedo, los cuales no tenían por qué saber si la Benemérita había actuado.

La detención y el encarcelamiento

Los progenitores fueron arrestados a finales del mes de abril por miembros de la Policía Local de Oviedo a raíz de la denuncia de una vecina que contactó con el Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo de una situación que “le pareció sospechosa”, según han explicado fuentes policiales.

La mujer creía que el hombre no vivía solo, porque a veces había escuchado “voces de niños” y nunca les veía entrar ni salir para ir al colegio.

Las escasas veces que veía a Christian S. era, según su testimonio, cuando el hombre salía a la puerta del domicilio familiar para recoger los pedidos de comida, algunas veces muy voluminosos para una sola persona. Algunas fuentes cercanas a la investigación mantienen que uno de los temas que llamó la atención fue que entre la lista de la compra había artículos de higiene femenina.

Tras su puesta a disposición judicial, la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ordenó el ingreso de los padres en prisión provisional, comunicada y sin fianza. Ambos están acusados de su presunta autoría en delitos de violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en un delito de detención ilegal, según confirmó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Los padres se encuentran ingresados en la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Asturias.

Los menores, en un centro

La magistrada también acordó la suspensión de la patria potestad y de la guardia y custodia de los menores. Los tres hermanos quedaron bajo la tutela de la administración regional. Según fuentes del Principado, los tres están “bien” y se están adaptando a su nueva vida.

Los menores se encuentran en régimen de acogimiento residencial en un centro dependiente de la Consejería, donde “se les está garantizando su mayor bienestar”, según ha confirmado la consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco.

En el momento de ser liberados, los niños habían reaccionado con una gran respiración, al ser la primera vez que salían al exterior de la casa y uno de ellos incluso mostró su sorpresa al tocar la hierba del jardín, “como si fuera la primera vez que lo hacía”.

Uno de los objetivos de los investigadores se centra en la localización de familiares, para ver si alguno de ellos está en condiciones de poder acoger a los niños, para que no pierdan el arraigo.

El miedo a contraer el covid

En una multitudinaria rueda de prensa, tras la detención del matrimonio, los responsables de la Policía Local y el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Oviedo, José Ramón Prado, manifestaron que en todo momento la familia portaba una triple mascarilla y el padre autorizó a los agentes a registrar la vivienda con la condición de que se pusieran un cubrebocas. Un detalle que daba la sensación de que la familia se había autoconfinado por miedo a contraer el covid.

Cuando los agentes entraron en el domicilio constataron que la familia vivía entre escombros, con restos de excrementos, pañales usados guardados en armarios y medicamentos esparcidos por el suelo, en medio de una gran suciedad.

Los vecinos no se habían enterado

Pese a que la familia llevaba casi cuatro años residiendo en el domicilio de Toleo, los vecinos de las casas más cercanas no se enteraron de su existencia hasta que la Policía Local accedió a la vivienda.

Uno de esos vecinos es Marino Guardado que, en declaraciones a elDiario.es Asturias, lamentó no haber conocido antes la situación para haber ayudado a los menores.

Como se puede escuchar en este vídeo, Marino Guardado incide en que la noticia les produjo “un gran estupor y un coraje tremendo por no enterarse de nada, viviendo al lado” del chalé, de color rosa, donde residía la familia, que aparece rodeado con un círculo a la derecha de la imagen.

Una juez de Almería ha condenado a unos padres después de que dejaran que su hijo menor faltara a clase “sin causa justificada para ello” a lo largo de dos cursos escolares, entre 2017 y 2019, cuando este contaba con 14 años de edad.

En su sentencia, consultada por Europa Press y contra la que cabe recurso ante la Audiencia de Almería, la jueza señala a los padres como autores de un delito abandono de familia en su modalidad de incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad al haber permitido que su hijo no acudiera a clase.

La juzgadora rechazó las versiones exculpatorias ofrecidas por los padres en relación a su conducta y señala la “extensa” documentación en la que figuran las faltas de asistencia del niño al centro escolar, las cuales van más allá del periodo en el que el padre del mismo alegó que él estaba en prisión y desconocía la situación.

“Ambos progenitores tenían conocimiento de la situación de absentismo escolar y, además, la acusada tenía conocimiento de las consecuencias penales que podrían derivarse del incumplimiento de sus deberes”, recalca la juez en sus fundamentos en los que señala que la mujer incluso llegó a firmar un apercibimiento emitido por el Área de Protección del Menor que le avisaba de las faltas injustificadas y la repercusión que podía tener a nivel legal.

A estos aspectos se unen los informes realizados por sobre el menor y el testimonio prestado por una trabajadora social quien detalló al respecto las intervenciones realizadas, los contactos telefónicos con la familia, la entrevista con la tía materna del menor, la consulta con el IES donde está matriculado el menor y la visita al domicilio familiar.

“En ningún caso pueden justificarse las faltas de asistencia al colegio de la menor porque no le guste ir al colegio, o no quiera estudiar, pues tratándose de un menor no puede quedar a su arbitrio la decisión de si debe o no asistir a clase, siendo un deber de los padres su formación y educación y un derecho del menor en recibirla”, expone la jueza.

Con ello, impone a cada uno de los padres, con la atenuante muy cualificada de dilaciones indebidas dado el tiempo transcurrido, una pena de multa de tres meses y 15 días a razón de seis euros diarios.

El matrimonio que desde 2021 mantenía retenidos a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de diez- en su domicilio en Toleo (Fitoria), en la zona rural ovetense, continuará ingresado en prisión provisional. Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo al considerar que persiste el riesgo de fuga, al carecer de todo arraigo en España, y ante la necesidad de dar protección a las víctimas y evitar una reiteración delictiva.

El Tribunal Superior de Justicia de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado este jueves que el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo se ha hecho cargo del procedimiento, después de que el pasado martes recibiera la causa tras la inhibición del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Éste último se había hecho cargo en un principio de la causa al estar de guardia el 30 de abril, cuando el matrimonio pasó a disposición judicial 24 horas después de la detención.

El mismo martes, la magistrada acordó la práctica de diligencias de instrucción y convocó a las partes a una comparecencia para resolver sobre la ratificación de la prisión provisional comunicada y sin fianza que había acordado el Juzgado de Instrucción número 3 el pasado 30 de abril.

Videoconferencia desde la cárcel

La comparecencia se celebró ayer, en Oviedo. El matrimonio, que permanece ingresado en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Asturias, asistió a la vista a través de una videoconferencia.

En la sala, además de la magistrada, se encontraban el fiscal, los dos letrados de la defensa y una traductora de alemán, idioma nativo del acusado Christian S., de 53 años. Su mujer, Melisa A.S, de 48 años, es norteamericana y tiene también la nacionalidad alemana.

La Fiscalía solicitó a la magistrada que ratificara la prisión provisional que había acordado previamente la guardia del juzgado número 3, así como que se mantuviera en este momento, y sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias de instrucción que se practiquen, la calificación para ambos acusados de su presunta autoría en los delitos de abandono de menores, maltrato psicológico habitual así como un posible delito de detención ilegal.

La necesidad de proteger a los menores

La magistrada ha acordado seguir el criterio del Ministerio Fiscal, al entender que no se habían modificado las circunstancias que habían sido valoradas por el Juzgado de Instrucción número 3 para acordar el ingreso en prisión.

Por ello, ha dictado un auto donde ratifica la prisión provisional de ambos acusados al estimar que continúan vigentes los indicios que llevaron a su ingreso en la cárcel de Asturias por existir aún el riesgo de fuga, dado que ambos carecen de todo arraigo en España, además de la necesidad de protección de las víctimas y la de evitar una reiteración delictiva.

“A partir de este momento, el matrimonio queda como preso preventivo a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, donde proseguirá la Instruccion con la práctica de varias diligencias”, según ha confirmado el portavoz del TSJA.

Autoconfinados por temor al covid

La familia vivió en Alemania, país natal del marido, hasta 2021. A finales de ese año, el padre Christian S. alquiló a través de una agencia inmobiliaria un chalé en el pueblo de Toleo, en Fitoria, una tranquila zona rural de Oviedo, situada a la falda del Naranco y a menos de dos kilómetros del centro urbano.

Los cinco miembros de la familia se trasladaron a la vivienda y la vida de los tres niños cambió radicalmente. A partir de su desplazamiento a Asturias, el miedo a contraer el covid les aisló del mundo exterior. Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la obsesión de la familia por llevar puestas hasta tres mascarillas para evitar contagios.

Ni los niños, ni la madre volvieron a pisar la calle. Solo el padre salía unos minutos a la puerta de entrada para recoger los pedidos de comida o la correspondencia. Christian S. trabajaba en Alemania dando clases de Filosofía y cuando llegó a Asturias teletrabaja como asesor de Recursos Humanos.

La estupefacción de los vecinos

Aunque los vecinos de las casas más cercanas e incluso las monjas del convento de las Carmelitas Descalzas, situado enfrente del domicilio de la familia, habían visto en alguna ocasión a los repartidores con paquetes voluminosos de comida, no llegaron nunca a sospechar que en ese chalé vivía una familia.

Solo la vecina del chalé más próximo al suyo había escuchado en alguna ocasión “voces de niños” y había visto cómo se movían las cortinas de una ventana cuando el padre salía a recoger los pedidos.

Esta vecina contactó con el Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo, al que transmitió su preocupación por estos hechos. Su alerta activó toda la maquinaria policial y judicial.

La sorpresa de los niños al salir al exterior

La Concejalía de Seguridad Ciudadana puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la letrada del menor. La Policía Local vigiló la vivienda durante 14 días y el día 28 de abril, coincidiendo con la jornada del gran apagón que dejó a oscuras al país, se llevó a cabo la detención del matrimonio y la liberación de los menores.

La estupefacción de los vecinos fue generalizada cuando trascendió públicamente la noticia de que los agentes de la Policía Local de Oviedo habían accedido a la vivienda y detenido al matrimonio.

Entre tanto, la administración regional se hacía cargo de los tres hermanos que eran internados en un centro de menores. Previamente, fueron sometidos a un primer examen médico en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde se comprobó que físicamente “estaban bien”, según indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Marino Guardado, que reside a escasos metros del chalé de la familia, era uno de los vecinos más sorprendidos. Lleva 23 años viviendo en Toleo y en los últimos cuatro años jamás vio, ni oyó nada. A continuación reproducimos sus declaraciones a elDiario.es Asturias.

Si la sorpresa de los vecinos fue mayúscula, no lo fue menos la de los niños quienes, según el relato de los mandos policiales que participaron en el operativo, respiraron profundamente al salir al exterior e incluso uno de ellos había mostrado su perplejidad al tocar la hierba del jardín de la vivienda “como si fuera la primera vez que lo hiciera”.

Las condiciones de insalubridad

Otro detalle que los mandos policiales aportaron en una multitudinaria rueda de prensa fue el relativo a las mascarillas. Aseguraron que el padre solo puso como condición a los agentes para que registraran la vivienda que ellos mismos se colocaran un cubrebocas.

Una fijación por evitar contagios de covid que contrastaba con las escasas condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraba el interior del chalé, con una ingente cantidad de basura y pañales sucios escondidos en armarios.

Los responsables del operativo policial llegaron a calificar la vivienda como “el chalé de los horrores”.

Con pañales y durmiendo en cunas

Los menores pese a haber superado los ocho años seguían llevando pañales. Los gemelos dormían en cunas y su hermano mayor en una cama pequeña. Aunque los menores estaban sin escolarizar, sus padres habían habilitado un aula en el domicilio familiar.

La investigación se centra ahora en la localización de familiares del matrimonio para ver si alguno de ellos pudiera cumplir las condiciones necesarias para hacerse cargo de los menores y no romper así el vínculo familiar.

Los tres niños se han adaptado “bien” a su nueva vida en el centro donde han empezado a interactuar con los trabajadores y la dirección. Poco a poco se van integrando. Aún están pendientes de ser sometidos a pruebas para conocer su estado psicológico.

Búsqueda de familiares

El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, adelantó el pasado 5 de mayo que la administración autonómica se personará en la causa que se sigue contra los padres al haber asumido provisionalmente la tutela y representación de los menores.

Peláez confirmó que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar está tratando de contactar con familiares de los menores para “encontrarles la mejor situación posible” y que puedan desarrollar una “vida digna”.

El Gobierno del Principado de Asturias se personará en la causa penal abierta contra el matrimonio que mantuvo encerrados a sus tres hijos en una vivienda de Oviedo durante cuatro años al asumir la administración autonómica la tutela de los menores por orden de la Fiscalía.

Los progenitores, un alemán de 53 años y una mujer de 48 con doble nacionalidad, alemana y estadounidense, fueron arrestados el lunes de la semana pasada tras la investigación abierta a raíz de una denuncia vecinal.

La familia residía en un chalé en Toleo (Fitoria), en la zona rural de la capital asturiana, donde los menores, que estaban sin escolarizar, se encontraban encerrados desde hacía unos cuatro años en condiciones insalubres.

El Principado tiene la tutela

El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, ha avanzado este lunes que la administración autonómica se personará en la causa que se sigue contra los padres como consecuencia de haber asumido la tutela y representación de los menores.

A preguntas de los periodistas, al término de la reunión del Consejo de Gobierno, Peláez ha explicado que los niños, dos gemelos de 8 años y otro niño de 10 años, se encuentran “bien” tras haber sido sometidos a un examen físico; comen y duermen “bien”, e interactúan con los educadores del centro de menores de la capital en el que residen de manera provisional.

Próximamente, serán sometidos a una valoración psicológica por parte del Servicio de Salud Mental Infantil.

El portavoz del Gobierno ha señalado que, entre tanto, la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar está tratando de contactar con familiares de los tres niños para “encontrarles la mejor situación posible” y que puedan desarrollar una “vida digna”.

La denuncia de una vecina

A raíz de la denuncia de la vecina que reside en la casa más cercana al chalé que hizo llegar verbalmente a los servicios sociales del ayuntamiento el pasado 14 de abril, los agentes montaron un operativo de vigilancia que culminó con la entrada a la vivienda, donde encontraron a los tres niños con mascarillas y pañales, en unas estancias llenas de basura y de desperdicios.

Tras su puesta a disposición judicial, el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo ordenó el miércoles su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza por violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en un delito de detención ilegal, según confirmó un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Los padres, en la UTE de la cárcel

Los dos progenitores permanecen ingresados en la Unidad Terapéutica y Educativa del Centro Penitenciario de Asturias.

El juzgado también acordó la suspensión de la patria potestad y de la guardia y custodia de los menores, que quedaron bajo la tutela de la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar. 

En la falda del monte Naranco se sitúa el pueblo de Toleo, a menos de dos kilómetros de la capital asturiana, entre Fitoria y Cuyences, donde están empadronados 155 residentes. El boom urbanístico de finales de los 90 del siglo pasado dejó su impronta con la construcción de viviendas unifamiliares. En uno de estos chalés se censó, a través de una agencia inmobiliaria, el alemán Christian S., de 53 años, quien en 2021 eligió esta tranquila zona rural ovetense como el lugar perfecto para instalarse con su familia.

En este chalé de color rosa había vivido anteriormente el exfutbolista Susaeta cuando se trasladó al Principado tras fichar en 2013 por el equipo de fútbol del Real Oviedo. Posteriormente en esa misma casa vivió un matrimonio con niños y sus últimos ocupantes eran una pareja a la que los vecinos habían visto en varias ocasiones paseando a sus galgos.

Desde que estos últimos inquilinos habían abandonado la vivienda, apenas se había visto movimiento de puertas para afuera. Los vecinos más cercanos jamás sospecharon que en su interior pasaran día y noche una familia completa durante cuatro años.

Ni salían al patio, ni a la calle

Un aislamiento voluntario del matrimonio y forzado para los menores que se rompió gracias a una vecina, Silvia, que estaba segura de que había escuchado “voces de niños” y había visto el movimiento de cortinas en una ventana coincidiendo con el momento en que el padre recogía los pedidos de comida o la correspondencia.

Sin embargo, los menores no salían a la calle, ni al patio, ni al jardín, ni estaban siquiera escolarizados.

Silvia contactó con el Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo. Su alerta activó toda la maquinaria policial y judicial.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la letrada del menor. La Policía Local vigiló la vivienda durante 14 días y el día 28 se llevó a cabo la detención del matrimonio y la liberación de los menores.

Operativo policial el día del 'gran apagón'

Ese día, coincidiendo con la jornada del gran apagón que dejó al país a oscuras, los agentes de la Policía Local afrontaban el caso más complejo que ha registrado en la capital asturiana entre la sorpresa, la incredulidad, la perplejidad y el desconcierto de los vecinos.

Pese a los numerosos intentos de este periódico para contactar con Silvia ha resultado imposible. Una atención mediática que ha llenado la localidad de turistas, curiosos y periodistas.

La expectación en Alemania

Hasta el pueblo se han desplazado periodistas de varios medios nacionales e incluso extranjeros, como los enviados especiales del diario alemán Bild que han reconocido que esta noticia ha acaparado numerosos titulares en su país, donde se está siguiendo con mucha atención.

Los residentes en Toleo tampoco salen de su asombro por las particularidades de esta situación y muestran abiertamente su estupefacción según van descubriendo los detalles de este escabroso caso.

“Creíamos que no vivía nadie”

Todos los vecinos con los que elDiario.es Asturias ha podido hablar desde que el pasado lunes, 28 de abril, se conoció el sufrimiento de los menores han lamentado no haber podido ayudar antes a los niños.

Marino Guardado vive desde hace 23 años en Toleo. Su domicilio está ubicado a escasos metros de la vivienda rosa, a la que el propio comisario principal de la Policía Local, Francisco Javier Lozano, ha definido como “la casa de los horrores” por la imagen que describieron los agentes de habitaciones con restos de pañales usados, con muchísimos medicamentos comprados on line y mucha basura.

“Es un escándalo esta noticia. En estos cuatro años que llevaba alquilada la casa a este matrimonio alemán con tres hijos jamás vi a nadie, ni a un señor, ni a una señora, ni a los niños, ni a un perro, ni a un gato. Para mí no había nadie y, por lo tanto, no había ninguna actividad”, explica asombrado.

“Una prueba era que el jardín que está justo delante de casa tiene la hierba muy alta –comenta– y si hubiera un perro o una persona que pasara dejaría una huella o un rastro y ahí no hay nada. No sé si lo segarían o cómo harían, pero en principio demuestra que no hay absolutamente nada”.

“No nos enteramos en estos cuatro años”

Admite que les causó “estupor y un coraje tremendo por no enterarnos de nada pese a vivir aquí al lado para poder hacer algo por estos niños inocentes, pero así es la vida y así es la historia”, dice con resignación.

Marino no puede describir cómo era el matrimonio, ni qué vida hacían junto a los niños, porque nunca les vio ni oyó nada: “No tengo ni idea de cómo es el matrimonio, porque jamás los vi, nunca”, recalca.

La misma sensación de impotencia por no haber podido ayudar a la familia es la que tienen las monjas de clausura del convento de Las Carmelitas Descalzas, que lleva desde 1980 en Toleo y que está ubicado a escasos metros del chalé rosa.

“Pensábamos que estaba vacío, porque el jardín no estaba cuidado, no había ninguna señal de vida en el interior. En ese chalé había vivido antes un matrimonio con niños y más tarde una pareja que tenía galgos, pero desde que estos últimos se fueron creíamos que ya no había nadie viviendo ahí”, explica la hermana Teresa.

El único contacto que las monjas de clausura tienen con el exterior es a través de la ventana por la que venden sus pastas, bizcochos o tartas y ninguno de los residentes que acude a comprar les comentó que estuviera una familia residiendo en la vivienda.

“Quedamos más que sorprendidas al conocer que hay gente sufriendo al lado tuyo y no lo has sabido”, se lamenta.

“Nunca vimos a la mujer, ni a los niños”

El cartero Julio Luque es de las pocas personas que han llegado a tener contacto con el padre. Él acudía regularmente a la vivienda desde hace tres años y pensó siempre que Christian S. era el único residente. Jamás vio a la mujer, ni a los niños.

“El alemán siempre estaba en casa y me abría la puerta con la mascarilla puesta. Me atendía él y jamás creí que podía haber más personas dentro. Nunca se oía ruido”, sostiene.

El matrimonio permanece ingresado en el centro penitenciario de Asturias desde el pasado miércoles por orden de la magistrada María Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo.

Los padres, en prisión

La madre fue trasladada a la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel y el padre permanece internado en el módulo de ingresos. El equipo de tratamiento de la prisión decidirá, tras una primera evaluación, su clasificación como recluso.

Ambos están acusados de los delitos de violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en un delito de detención ilegal, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El miedo al contagio

Christian S., doctor en Filosofía, teletrabajaba actualmente en Oviedo como asesor de Recursos Humanos, lo que facilitaba que pudieran pagar el alquiler del chalé y pudiera pasar horas y horas encerrado en la vivienda, sin contacto con el exterior.

El miedo del matrimonio a contagiarse tras la pandemia les llevó a encerrarse en la vivienda, aunque con ello arrastraron a los menores a un aislamiento en todos los ámbitos. Un comportamiento, que se evidencia por su obsesión al tener puestas hasta tres mascarillas al tiempo todos los integrantes de la familia, que contrastaba con la suciedad de la vivienda y las condiciones insalubres en las que han permanecido durante cuatro años.

Entre tanto, el Principado –que asumió provisionalmente el acogimiento temporal en un centro de los menores– y los investigadores tratan de localizar a familiares del matrimonio.

Entre otras gestiones, quieren analizar la posibilidad de que los niños no pierdan el arraigo familiar y estudiar si hay condiciones suficientes para hacerse cargo de ellos.

La localización de familiares del matrimonio detenido el pasado lunes en Oviedo acusado de mantener retenidos desde 2021 a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de diez- sin salir a la calle y sin escolarizar es ahora uno de los objetivos de cara a que los menores no pierdan arraigo familiar.

La separación de sus padres puede ser un trauma añadido a las posibles secuelas que pueda haberles acarreado el aislamiento y las condiciones de insalubridad en las que han vivido estos cuatro años.

Una familia autoconfinada en la casa

La familia se había autoconfinado en una vivienda alquilada en el pueblo de Toleo, en Fitoria, a las faldas del monte Naranco, en la zona rural ovetense y no mantenía contacto alguno con el exterior.

El propio comisario principal de la Policía Local, Francisco Javier Lozano, llegó a denominar el chalé donde la familia residía como la “casa de los horrores” por la escena que encontraron al ir a identificarlos: rodeados de basura y conviviendo con animales enfermos.

Los delitos imputados

Los padres, el alemán C.S., de 53 años, y su mujer M.A.S., de 48 y con doble nacionalidad estadounidense y alemana, han pasado su segunda noche en el Centro Penitenciario de Asturias, adonde fueron trasladados el pasado miércoles por orden de la magistrada María Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital asturiana.

Las diligencias se han abierto inicialmente por su presunta autoría en delitos de violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en un delito de detención ilegal, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Además, el juzgado ha acordado la suspensión de la patria potestad y de la guardia custodia de los menores, que atribuye al Principado. Cobra especial relevancia la localización de familiares por si pueden aportar detalles relevantes para la investigación e incluso si están en condiciones de hacerse cargo de los niños.

El ingreso en prisión

Fuentes penitenciarias han confirmado que la madre ha quedado ingresada en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel asturiana, mientras que su marido permanece internado en el módulo de ingresos a la espera de que sea evaluado.

Ambos progenitores accedieron a la prisión portando mascarillas, un detalle que no ha pasado desapercibido para los investigadores ya que en el momento en que los agentes de la Policía Local accedieron al chalé donde residían, todos los integrantes de la familia portaban triple cubrebocas.

La obsesión por las mascarillas

Desde un principio se analiza si tenían algún miedo a contagios, tras la pandemia, que explique esa obsesión por no tener contacto con el mundo exterior. Sin embargo, contrasta esa fijación por las mascarillas y al mismo tiempo no extremar las condiciones higiénico-sanitarias y vivir rodeados de basura.

Solo el padre, un profesor de Filosofía que teletrabajaba en Oviedo como asesor de Recursos Humanos, había sido visto por los vecinos de las casas más cercanas cuando salía unos minutos a recoger los pedidos de comida que encargaba por internet o la correspondencia a la puerta del chalé que había alquilado en octubre de 2021 y donde solo él estaba empadronado. Durante estos cuatro años no se había visto al resto de los miembros de la familia.

El caso se destapó a raíz de que una de sus vecinas, Silvia, contactara con el Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo y comunicara que a veces “escuchaba voces de niños”.

También había visto en alguna ocasión movimientos de cortina en la ventana cuando el padre salía a recoger los pedidos, lo que evidenciaba que había más personas en el interior del domicilio.

Vigilancias durante 14 días

La Policía Local realizó vigilancias discretas a partir del 14 de abril. El pasado lunes, 28 de abril, decidieron intervenir y tras poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la letrada del menor se acordó la identificación de los inquilinos.

El padre autorizó la entrada pero puso como única condición para permitir el acceso que los agentes se pusieran mascarillas. En ese momento, vieron a la madre y a los menores, así como las condiciones de insalubridad en las que vivían con mucha basura, acumulación de medicamentos y entre excrementos. Los menores seguían usando pañal y dormían los gemelos en cunas y el niño de diez años en una cama pequeña.

La madre adujo que los niños tenían “graves patologías”

La madre justificó la ingente cantidad de medicamentos que tenían acumulados y que habían adquirido on line en que los menores padecían “graves patologías”.

El matrimonio fue detenido y los menores liberados. Su primera reacción, nada más salir al exterior, fue “respirar profundamente” e incluso uno de ellos se sorprendió “al tocar la hierba del jardín, como si fuera la primera vez que lo hacía”, según señalaron los responsables del operativo policial.

En una multitudinaria rueda de prensa, los mandos policiales manifestaron que desde un principio apreciaron “la existencia de indicios de criminalidad”.

Los menores se encuentran actualmente acogidos provisionalmente en un centro del Principado. Los tres se encuentran “bien”, según han confirmado desde la administración regional.

Estamos en un proceso de valoración inicial en el ámbito físico, psicológico, social y relacional y hay que ver las posibles secuelas que pudiera haber por la situación que han vivido los menores

Marta del Arco — Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias

Las posibles secuelas

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha asegurado que su departamento estudia ya las posibles secuelas que hayan podido sufrir los tres menores.

“Es muy pronto, estamos en un proceso de valoración inicial en el ámbito físico, psicológico, social y relacional y hay que ver las posibles secuelas que pudiera haber por la situación que han vivido”, ha afirmado.

La Dirección General de Infancia y Familias asumió en el ámbito de sus competencias de protección de menores la custodia de los tres menores a instancias de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

La valoración de los menores

Los niños se encuentran en acogimiento residencial en uno de los centros dependientes del Principado, donde se les está garantizando su mayor bienestar, ratificó la consejera.

“Es muy pronto para valorar realmente”, ha afirmado Del Arco, que ha apostado por dar a los niños “ un tiempo para que deambulen” y se encuentren “ubicados” en el centro donde residen para poder empezar a hacer una valoración “más exhaustiva” que “arrojará luz” sobre la situación de “desprotección importante que han vivido”.

El PSOE de Oviedo exige explicaciones

Paralelamente a las actuaciones policiales y judiciales, han aparecido ya las primeras reacciones en el ámbito político municipal, donde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha exigido explicaciones al equipo de gobierno del PP.

La concejala Marisa Ponga ha registrado una solicitud de comparecencia en la Comisión Plenaria de Políticas Sociales y Juventud donde solicita que los responsables de las Concejalías de Políticas Sociales y Seguridad Ciudadana aporten información detallada sobre la actuación del consistorio en el caso de los tres menores localizados en situación de desprotección en una vivienda de Fitoria.

Los interrogantes

Ponga asegura que las condiciones de insalubridad en las que se encontraba la vivienda donde residían los menores ha generado “una gran preocupación entre la ciudadanía ovetense”, y plantea “interrogantes” sobre los mecanismos de prevención, detección e intervención de las distintas administraciones implicadas.

“Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos importante conocer el alcance de la intervención municipal: qué actuaciones se llevaron a cabo desde los servicios sociales, cómo se detectó la situación, qué coordinación existió con otros organismos como los cuerpos de seguridad o la administración autonómica, y qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad de los menores una vez se tuvo conocimiento de su situación”, ha señalado.

Prevención de situaciones de riesgo

La concejala puntualiza que con esta solicitud de comparecencia no pretende “señalar responsabilidades”, sino obtener una explicación “completa y rigurosa” de lo sucedido para poder evaluar posibles mejoras en el funcionamiento de los dispositivos de atención a la infancia y prevención de situaciones de riesgo.

Ponga ha insistido en la necesidad de revisar de forma continua los protocolos de detección y actuación ante situaciones de vulnerabilidad infantil para reforzarlos cuando sea necesario, así como de garantizar la coordinación efectiva entre todas las áreas municipales implicadas.

La protección a las personas más vulnerables

Asimismo, considera importante analizar si de este caso se pueden inferir debilidades en el sistema municipal que deban ser corregidas.

“Se trata de proteger a las personas más vulnerables. Conocer lo ocurrido es un primer paso para mejorar las herramientas que tiene la administración local para intervenir de forma temprana y eficaz en casos como este”, ha añadido.

El alemán Christian Stephan, de 53 años, encontró en Asturias el aislamiento que buscaba para autoconfinarse junto a su mujer, la norteamericana M.A.S., de 48 años, y sus tres hijos menores de edad: dos gemelos de ocho años y un niño de 10. Llegaron en octubre de 2021 a Toleo (Fitoria), una parroquia de la zona rural de Oviedo, a las faldas del monte Naranco, donde además de una vista espectacular la familia podía encontrar la tranquilidad a la que aspiraba.

El matrimonio alquiló un chalé individual a escasos metros del convento de las Carmelitas Descalzas, donde viven monjas de clausura. Apenas una decena de casas más en los alrededores completan la estampa perfecta si uno quiere pasar desapercibido.

Con pañales y durmiendo en cunas

A 1,9 kilómetros de distancia está la urbe y el ruido. Intramuros del domicilio familiar, unos niños apegados a su madre, sin escolarizar, sin salir al patio, ni a la calle y rodeados de excrementos, basura, medicamentos y animales enfermos.

Todos llevan triple mascarilla. Un autoconfinamiento que se cree que es consecuencia del miedo que ha dejado la pandemia. Los menores, pese a su edad, aún llevan pañales, los gemelos duermen en cunas y el niño en una cama “pequeña”. Una situación que se ha prolongado durante casi cuatro años y de la que nadie se dio cuenta. Ni los servicios sociales municipales, ni el Principado.

El movimiento de las cortinas en la ventana

Solo el padre tenía una mínima relación con el mundo exterior durante el escaso tiempo que transcurría desde que abría la puerta a los repartidores de comida y al cartero, Julio Luque, cada vez que llevaban el abastecimiento de los productos alimenticios y el correo hasta el chalé 15A, hasta que se cerraba una vez recogidos los pedidos.

En ese mínimo margen de tiempo, aparecía un ligero movimiento de cortinas en las ventanas, una señal de que había alguien más en el interior. Ningún vecino llegó a ver a otros miembros de la familia.

La denuncia y la detención

A lo largo de cuatro años han logrado permanecer aislados del resto del mundo hasta que este mes de abril, la vecina de la casa más cercana, Silvia, pensó que esas “voces de niños” que oía a veces, ese movimiento de cortinas en las ventanas, no era algo normal. Así se lo transmitió al Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo.

La denuncia de la posible falta de escolarización de los menores fue suficiente para destapar uno de los casos más complejos y escabrosos que ha vivido la Policía Local de Oviedo que, tras obtener la autorización de la Fiscalía de Menores del Principado, acudió este lunes al domicilio, liberó a los menores y detuvo al matrimonio.

Tras dormir en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil de Asturias, la pareja pasó este miércoles a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Ambos llegaron a la sede del Palacio de Justicia sobre las once de la mañana y la abandonaron a las seis de la tarde, cuando la magistrada titular del juzgado dictó un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el matrimonio y ordenó su inmediato ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias.

Tocar la hierba por primera vez

Los niños fueron los primeros sorprendidos al ver que había vida al otro lado de los muros del chalé. Su primera reacción, según fuentes policiales, fue “respirar profundamente” al salir al exterior e incluso uno de los menores llegó a sorprenderse al tocar la hierba del jardín “como si fuera la primera vez que lo hacía”.

Tras ser liberados, los tres menores fueron examinados inicialmente en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, y posteriormente ingresaron en un centro de menores bajo la tutela del Principado de Asturias.

Entre tanto, los vecinos de Toleo conocían anoche entre “sorprendidos” y “perplejos” la noticia del arresto del matrimonio y reconocían que estaban “escandalizados” ante las condiciones de insalubridad en la que vivían los padres y los menores. Hasta que los medios de comunicación dieron la noticia, desconocían que habían estado viviendo cuatro años “tan cerca y sin saber nada de lo que ocurría”.

El acceso al “chalé de los horrores”, como fue definido por los mandos policiales, está ahora acotado a los numerosos periodistas concentrados en las inmediaciones. Un cartel, escrito a mano y con un simple cordel, advertía de que era una propiedad privada y estaba prohibido el paso.

Un camino de acceso que sirve tanto para llegar hasta la vivienda de la familia alemana como de la vecina Silvia, que destapó el caso, quien no quiere hacer declaraciones.

A escasos metros está el convento de las Carmelitas Descalzas. Aquí viven monjas de clausura y su único contacto con el exterior es a través de la ventana donde venden sus rosquillas, tartas y bizcochos. La hermana Teresa atiende a elDiario.es Asturias. Ella fue una de las primeras sorprendidas al conocer las condiciones de insalubridad en las que vivía la familia.

Asegura que no tenían conocimiento de que el chalé estaba habitado: “Pensábamos que estaba vacío, porque el jardín no estaba cuidado, no había ninguna señal de vida en el interior. En ese chalé había vivido antes un matrimonio con niños y más tarde una pareja que tenía galgos pero desde que éstos últimos se fueron creíamos que ya no había nadie viviendo ahí”.

La hermana Teresa nunca vio al padre acudir al convento a comprar algunos de sus postres y desconocía por completo tanto su aspecto como el del resto de los miembros de la familia.

Hay gente sufriendo a tu lado y no lo has sabido

Hermana Teresa, monja de un convento cercano a la casa

Algunas veces sí vio cómo llegaban repartidores de comida, pero creía que era para entregar a otros vecinos de la zona.

“Somos monjas de clausura, pero nos relacionamos a través de esta ventana para la venta de los productos. El padre nunca vino aquí. Quedamos más que sorprendidas al conocer que hay gente sufriendo al lado tuyo y no lo has sabido”, se lamenta.

Del estupor al coraje por no ayudar a “niños inocentes”

Marino Guardado lleva viviendo en Toleo 23 años y jamás creyó que acabaría hablando para los medios de comunicación por su cercanía al chalé, mientras pospone para más tarde los recados que iba a hacer en ese momento junto a su mujer que espera, paciente, a que termine su relato. Un testimonio que reproducimos a continuación a través de este vídeo.

“Es un escándalo esta noticia. En estos cuatro años que llevaba alquilada la casa a este matrimonio alemán con tres hijos jamás vi a nadie, ni a un señor, ni a una señora, ni a los niños, ni a un perro, ni a un gato. Para mí no había nadie y, por lo tanto, no había ninguna actividad. Una prueba era que el jardín que está justo delante de casa -comenta- tiene la hierba muy alta y si hubiera un perro o una persona que pasara dejaría una huella o un rastro y ahí no hay nada. No sé si lo segarían o cómo harían, pero en principio demuestra que no hay absolutamente nada”.

La noticia les cogió por sorpresa, ya que se enteraron en la noche del martes. Admite que les causó “estupor y un coraje tremendo por no enterarnos de nada pese a vivir aquí al lado para poder hacer algo por estos niños inocentes, pero así es la vida y así es la historia”, dice con resignación.

Marino no puede describir cómo era el matrimonio, ni qué vida hacían junto a los niños, porque nunca les vio ni oyó nada: “No tengo ni idea de cómo es el matrimonio, porque jamás los vi, nunca”, recalca.

El cartero Julio Luque: “No vi nada sospechoso”

Julio Luque es de las pocas personas que era bien recibido en el domicilio familiar. Él llevaba las cartas y los certificados. El intercambio de palabras con el padre era mínimo. En los tres años que lleva acudiendo regularmente a la vivienda nunca vio nada especial que le llamara la atención y jamás se planteó siquiera que pudiera haber más personas viviendo en el chalé.

Sí, sé quién es el alemán. Le llevo la correspondencia desde hace tres años. Siempre estaba en casa y me abría la puerta con la mascarilla puesta. Me atendía él y jamás creí que podía haber más personas dentro. Nunca se oía ruido“.

Ha escuchado que el padre era filósofo y que teletrabajaba, pero tampoco está confirmado, si bien le encaja la idea de que esta sea su actividad profesional por el hecho de que habitualmente estaba en la vivienda. No obstante, asevera que él se limitaba a cumplir con su trabajo y no entraba en qué hacía o dejaba de hacer.

“Yo venía, le daba las cartas y poco más. Nunca vi nada sospechoso”, ratifica.

Solo había un detalle que en alguna ocasión sí le llamó la atención: “la casa siempre estaba cerrada, pero tampoco le di más importancia”, reconoce.

Elena Rodríguez es una habitual de la zona. Pasea mucho y habitualmente en su ruta pasa por delante de los chalés. Estaba convencida de que en el número 15A no vivía nadie.

“Es una sorpresa muy grande”

“Soy vecina de Ciudad Naranco, pero me gusta venir a pasear a diario a Toleo. No tenía ni idea de que en ese chalé podía vivir alguien. Jamás oí un ruido. Es una sorpresa muy grande”, manifiesta mientras continúa su paseo a buen ritmo.

El impacto en Toleo sigue siendo grande. Esta zona rural de Oviedo aún tardará varios días en recuperar su tranquilidad, ahora rota por la noticia de las condiciones en las que vivía el matrimonio y sus tres hijos; una familia que se autoconfinó y que llevaba cuatro años viviendo en un auténtico aislamiento y en condiciones insalubres en pleno siglo XXI.

El abandono educativo temprano se situó en 2024 en el 13%, marcando la cifra más baja registrada hasta la fecha, según datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) publicada este martes. Este porcentaje, explica el Ministerio de Educación, supone una reducción de 0,7 puntos respecto al 13,7% de 2023 y un descenso de cinco puntos desde 2018.

En la última década, cuando el abandono, la caída ha sido de 8,9 puntos ya que este abandono alcanzó el 21,9% en 2014, abunda el departamento dirigido por Pilar Alegría. Esto implica una reducción del 40,7%. La brecha con la media de la Unión Europea también ha disminuido significativamente en la última década, pasando de 10,8 puntos en 2014 a 3,5 puntos en 2024.

El informe, que recoge el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato), también ha dejado más datos. El 79,9% de la población de entre 20 y 24 años ha alcanzado al menos el nivel de educación secundaria superior, 14,1 puntos más que en 2014 (65,8%) y 0,9 puntos por encima de 2023. Asimismo, el porcentaje de personas de entre 25 y 34 años con estudios superiores ha alcanzado el 52,6% (el Ejecutivo anunció un objetivo del 45% para 2030).

Dentro de los datos se comprueba que el abandono escolar sigue siendo más alto entre los hombres, con una tasa del 15,8%, frente al 10% registrado entre las mujeres.

Cantabria se ha situado como la segunda comunidad autónoma con menor tasa de abandono escolar temprano en 2024, con un 5,5%, solo por detrás de Euskadi (5%), y frente a una media nacional del 13%, que es el mínimo histórico en España y 0,7 puntos menos que en 2023. Así lo refleja el avance de los datos de 2024 elaborados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes a partir de la Encuesta de Población Activa publicada por el Instituto Nacional de Estadística.

“Mínimo histórico del abandono educativo temprano: 13% en 2024. Desde 2018 hemos reducido esta tasa en 5 puntos y, lo que es más importante, hemos dado oportunidades de formación a los jóvenes de nuestro país para mejorar sus vidas y su futuro. ¡Seguimos!”, ha celebrado la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, en una publicación en sus redes sociales.

No obstante, la tasa de abandono escolar en España continúa siendo una de las más altas de la Unión Europea, que para el año 2030 ha establecido el objetivo de fijar esta cifra en el 9%. El abandono educativo temprano descendió el pasado año al 13%, es decir, 0,7 puntos menos que en 2023, marcando la tasa más baja de la historia. Desde 2018, este indicador ha descendido cinco puntos.

El abandono temprano de la educación-formación es el porcentaje de personas de 18 a 24 años que no ha completado la educación secundaria de segunda etapa (FP de Grado Medio, Básica o Bachillerato) y que no seguía ningún tipo de formación en las cuatro semanas anteriores.

Comparado con una década antes, el porcentaje de abandono ha bajado 8,9 puntos (un 40,7%), pasando del 21,9% en 2014 al 13% actual. La distancia con la media de la Unión Europea también se ha reducido, pasando de los 10,8 puntos de hace diez años a los 3,5 puntos de 2024. La población entre 20 y 24 años que ha alcanzado al menos el nivel de segunda etapa de la Educación Secundaria alcanza en 2024 el 79,9%, lo que supone 14,1 puntos más que el dato de 2014 (65,8%) y 0,9 puntos más que en 2023.

Además, el porcentaje de población de entre 25 y 34 años que ha alcanzado el nivel de Educación Superior sube 0,6 puntos hasta situarse en el 52,6%, superando el objetivo de conclusión de la enseñanza superior fijado para 2030, que es de al menos el 45%. Por sexos, en 2024 el abandono entre los hombres se ha reducido ligeramente respecto al año anterior (disminuye 0,3 puntos porcentuales), situándose en el 15,8%. El de las mujeres desciende claramente, 1,3 puntos porcentuales, hasta alcanzar una tasa del 10%.

La sociedad se ha empeñado en decirle a los jóvenes que tienen que estudiar, ir a la universidad y labrarse una profesión si quieren tener un futuro. Pero esa fórmula mágica no sirve para cualquiera. Durante toda su vida, a Jazmin el mundo le ha dicho que su futuro estaba escrito y que no pasaba, precisamente, por las aulas. Simplemente porque, aunque ella nació en Barcelona hace 17 años, su madre es marroquí.

“Por mucho que alguien venga de fuera, tú no eres nadie para negarle la oportunidad de aprender cosas nuevas e ir a la universidad, que dicen que es una de las mejores etapas de la vida”, reivindica Jazmin. Ella tiene claro, desde pequeña, que quiere ser abogada penalista. “No dejo de hablar, tengo mucha seguridad y me gusta ganar. Creo que me irá bien”, dice, con aplomo.

Esta joven ha tenido siempre el apoyo de sus padres. “A los hijos de migrantes siempre se nos ha dicho que han venido aquí para darnos un futuro. Mi madre es muy recta y me dice que ha aguantado de todo sólo por mí. Quiero estudiar y, además, siento que se lo debo”, apunta.

Como a casi cualquier adolescente, a Jazmin el instituto le parece “un palo”, pero sabe que acabará bachillerato, hará las PAU y que puede entrar a su carrera soñada a pesar de que el mundo le haya dicho que ese no es su camino. Pero también sabe que será la excepción.

El 32% de personas nacidas en España de entre 25 y 29 años tiene un título de educación superior. Esa cifra baja al 23% en el caso de migrantes latinoamericanos, al 17% en el caso de los asiáticos y se desploma al 6% si se habla de personas de ascendencia africana, según un informe del centro de análisis Funcas.

Si Jazmin sabe que ella puede ser una de las seis de cada 100 africanas que consiga un título universitario es porque no es la única de su círculo. Una compañera de clase, Sukhmani, de 16 años y nacida en la India, también tiene claro que estudiará derecho y relaciones internacionales porque desde niña ha querido “hacer justicia”. Hassan, de 17 y de familia pakistaní, no está seguro de qué quiere hacer con su futuro, pero sabe, como cualquier otro chaval de su edad, que la universidad es una opción.

Todos ellos estudian en el Instituto Miquel Taradell, en el barrio del Raval de Barcelona, un centro en el que a pesar de que el 95% del alumnado es inmigrante, casi todos sus estudiantes acaban cursando estudios superiores.

Estas cifras son una “excepción”, tal como reconoce Verónica Santos, directora del centro, que se muestra muy orgullosa de sus alumnos. A pesar de estar en el barrio barcelonés con más tasa de no idoneidad (es decir, de alumnos repetidores) y en el que peor resultado obtiene de las competencias básicas, en su centro la tasa de abandono escolar prematuro es casi nulo.

“Todos nuestros alumnos superan la ESO y siguen estudiando, ya sea en un PFI o en ciclos superiores. Pero la gran mayoría van a Bachillerato y luego a la selectividad”, presume Santos, sabedora de que la tasa de abandono entre los migrantes catalanes es del 30%, una cifra que triplica a la de los estudiantes autóctonos. Además, añade que más del 90% de sus estudiantes que se presentan a las PAU las aprueban. ¿Cuál es el secreto?

“Que saben que no están solos”, resume la directora. “Los jóvenes migrantes no tienen referentes de éxito, porque no tienen profes, ni médicos, ni políticos en el radar que sean pakistaníes o de Filipinas”, explica Santos. Así que este centro, que acaba de recibir el Premio Barcelona de Educación, hace años que decidió ponerse manos a la obra y colaborar con diversos equipamientos del barrio para garantizar apoyo a sus estudiantes.

La educación como ascensor social

Uno de los proyectos que hace cinco años que llevan a cabo es el 'Escola en Residència', una iniciativa mano a mano con el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB), uno de los espacios culturales más importantes de la ciudad, situado apenas a 300 metros del instituto. Cada semana, los alumnos de primero de Bachillerato realizan dos asignaturas, de dos horas cada una, en este espacio.

A las sesiones acuden profesionales de éxito, como la filósofa Marina Garcès, la cantante Maria Arnal, la podcaster y periodista Ana Pacheco, el entonces ministro Manuel Castells o la escritora pakistaní Fatima Bhutto. “Las chicas estaban flipadas con ella”, asegura Susana Arias, jefa de mediación del CCCB y una de las coordinadoras del Escola en Residència.

La idea de este proyecto es que los estudiantes puedan charlar y aprender de personas de contextos muy distintos y que sientan que la formación que están recibiendo es importante. “La educación es uno de los ascensores sociales que deberían funcionar mejor”, añade Arias. Pero desde este instituto saben perfectamente que, a más vulnerabilidad social, más difícil es que un joven siga estudiando.

“Con las necesidades económicas que tienen sus familias, si no encuentran algo que les anime, se pondrán a trabajar con 16 años. Hablamos de chicos súper vulnerables y, por eso, es esencial que tengan una educación de calidad y atractiva”, asegura la directora del instituto. Los datos la avalan: según Funcas entre un 56 y un 74% de los migrantes de países del sur global de habla no hispana no llegan al instituto.

Además, Escola en Residència tiene otra ventaja: acerca los equipamientos culturales a un público que no es el que acostumbran a recibir, tal como reconocen desde el mismo CCCB. Este centro es uno de los que ocupan el barrio del Raval que, a pesar de ser uno de los de renta más baja de la ciudad, es uno de los polos culturales de Barcelona. “Pero sus vecinos no vienen. Así que esta es una manera de enseñarles que esta también es su casa”, asegura Arias.

Creación de referentes

La sesión del pasado lunes fue con la periodista y podcaster Ana Pacheco, que va a guiar a los alumnos en el proceso de creación de un podcast sobre salud mental. Los jóvenes han compartido dos horas con ella, aprendiendo sobre estructura, ritmos y tipos diferentes de programas. Pacheco no solo ha hablado, sino que también ha escuchado los gustos e intereses de la generación más joven. “No me suena nada de lo que me decís que escucháis”, reconoce la periodista, con una sonrisa.

Los jóvenes escuchan, apuntan, asienten y sonríen. “Es mucho mejor que estar encerrado en clase con la libreta. Es una manera de aprender diferente”, asegura Sukhmani. “Me renta, me renta”, resume Hassan, quien considera que proyectos como este son “una gran oportunidad” para ellos. Compartir espacios con estos profesionales, que se avengan a pasar un rato con ellos, es un mensaje muy potente para estos adolescentes.

“Todo el mundo tiene el potencial para ir a la uni o a donde le dé la gana”, asegura Hassan. Estos jóvenes son conscientes de que, aunque puedan tener la capacidad, sus recursos les pueden jugar una mala pasada. Por eso, agradecen la información que les proporcionan los expertos que conocen a través de Escola en Residència y los voluntarios del programa Prometeus, formado por alumnos universitarios del Raval que les acompañan a la hora de pedir becas, ayudas o matricularse en los estudios.

“Muchos no han ido a la universidad porque no se lo podían pagar. Es triste porque no sabían que hay ayudas”, se lamenta Jazmin, mientras sus compañeros asienten. Ellos sí tienen este conocimiento y agradecen la ayuda. “Es genial que apoyen a las familias migrantes. Ojalá lo pueda hacer yo un día en el futuro”, dice Hassan, entre el deseo y el vaticinio.  

La tasa de abandono escolar de Cantabria, del 7,4% en 2023, se sitúa por debajo de la media nacional del 13,6%, según los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE).

De este modo, Cantabria se mantiene como la tercera comunidad autónoma con la tasa más de abandono escolar más baja, y además la ha reducido 1,5 puntos respecto a la de 2022, que era del 8.9%.

Islas Baleares (19,1%), la Región de Murcia (19%), Andalucía (16,8%), Castilla-La Mancha (15,7%), Canarias (15,1%), Comunidad Valenciana (14,3%) y Cataluña (14%), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son las regiones con mayor tasa de abandono escolar en España, todas ellas por encima de la media nacional (13,6% en 2023).

Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa del INE, recogidos por Europa Press, que indican que el abandono temprano de la educación y la formación en España se sitúa en el 13,6%, lo que supone una disminución de 0,3 puntos porcentuales respecto al año anterior (13,9% en 2022).

Por debajo de la media nacional se encuentran la Comunidad Foral de Navarra (6,3%), País Vasco (6,4%), Cantabria (7,4%), Galicia (8,8%), La Rioja (9,4%), Castilla y León (9,9%), Asturias (10,1%), Aragón (10,2%), Extremadura (10,3%) y la Comunidad de Madrid (12,6%).

Comparado con el año 2013, hace una década, cuando el porcentaje de abandono era del 23,6%, se ha producido una bajada de 10 puntos porcentuales.

El año pasado la diferencia entre el dato de los hombres (15,8%) y el de las mujeres (11,3%) sigue siendo muy significativa, 4,5 puntos porcentuales, aunque se ha reducido desde los 7,4 puntos de diferencia existentes en 2013.

También destaca el distinto comportamiento que ha tenido este indicador en el año 2023 para los hombres, habiendo disminuido 0,7 puntos, mientras que para las mujeres ha aumentado 0,1 puntos porcentuales.

Por su parte, el nivel de formación de la población joven, tomando como referencia el indicador de porcentaje de población de 20-24 años que ha alcanzado al menos el nivel de segunda etapa de Educación Secundaria, en el año 2023 se sitúa en el 79,1%, 15,3 puntos por encima del dato de 2013 (63,8%), y superando al del año anterior en 0,4 puntos (78,7% en 2022).

Comparado con la media europea, la diferencia ha pasado de 17,1 puntos inferior a ella en 2013 a 4,5 puntos en 2023, comparando con el último dato de la media europea disponible (83,6% en 2022).

Al igual que en el indicador de abandono, la diferencia entre sexos es muy significativa, siendo en 2023 el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que han completado al menos la segunda etapa de Educación Secundaria del 82,3%, 6,2 puntos superior al dato de los hombres (76,1%), y habiéndose reducido la diferencia entre ambos sexos respecto a la existente en 2013 (11 puntos).

En el año 2023 el 52,1% de la población de 25-34 años ha alcanzado el nivel de Educación Superior, dicho nivel (+1,6 puntos más que en el año anterior) se sitúa por encima de la media europea de 2022 (42%). Destaca el porcentaje en el caso de las mujeres, 58%, que supera al de hombres, 46,3%, siendo 11,7 puntos superior, aunque en el último año el incremento para los hombres de este porcentaje, 2,2 puntos, ha sido mayor que para las mujeres, 1 punto.

El indicador de participación de la población adulta en formación, considerado como el porcentaje de la población de 25-64 años que ha seguido algún tipo de formación en las cuatro últimas semanas, presenta un crecimiento significativo en 2023, alcanzando el 15,9%, lo que supone una mejora de 0,6 puntos con respecto al año pasado.

Por sexo, las mujeres presentan un porcentaje más alto de participación (17,7%) que los hombres(14,0%), 3,7 puntos de diferencia. El porcentaje de participación para las mujeres se ha incrementado en 0,7 puntos y para los hombres en 0,4 puntos.

Islas Baleares (19,1%), la Región de Murcia (19%), Andalucía (16,8%), Castilla-La Mancha (15,7%), Canarias (15,1%), Comunidad Valenciana (14,3%) y Cataluña (14%), además de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, son las regiones con mayor tasa de abandono escolar en España, todas ellas por encima de la media nacional (13,6% en 2023), como .

Así lo reflejan los datos de la Encuesta de Población Activa del Instituto Nacional de Estadística (INE), recogidos por Europa Press, que indican que el abandono temprano de la educación y la formación en España se sitúa en el 13,6%, lo que supone una disminución de 0,3 puntos porcentuales respecto al año anterior (13,9% en 2022).

Por encima de la media nacional, se encuentran la Comunidad Foral de Navarra (6,3%), País Vasco (6,4%), Cantabria (7,4%), Galicia (8,8%), La Rioja (9,4%), Castilla y León (9,9%), Asturias (10,1%), Aragón (10,2%), Extremadura (10,3%) y la Comunidad de Madrid (12,6%).

Comparado con el año 2013, hace una década, cuando el porcentaje de abandono era del 23,6%, se ha producido una bajada de 10 puntos porcentuales.

El año pasado la diferencia entre el dato de los hombres (15,8%) y el de las mujeres (11,3%) sigue siendo muy significativa, 4,5 puntos porcentuales, aunque se ha reducido desde los 7,4 puntos de diferencia existentes en 2013.

También destaca el distinto comportamiento que ha tenido este indicador en el año 2023 para los hombres, habiendo disminuido 0,7 puntos, mientras que para las mujeres ha aumentado 0,1 puntos porcentuales.

Por su parte, el nivel de formación de la población joven, tomando como referencia el indicador de porcentaje de población de 20-24 años que ha alcanzado al menos el nivel de segunda etapa de Educación Secundaria, en el año 2023 se sitúa en el 79,1%, 15,3 puntos por encima del dato de 2013 (63,8%), y superando al del año anterior en 0,4 puntos (78,7% en 2022).

Comparado con la media europea, la diferencia ha pasado de 17,1 puntos inferior a ella en 2013 a 4,5 puntos en 2023, comparando con el último dato de la media europea disponible (83,6% en 2022).

Al igual que en el indicador de abandono, la diferencia entre sexos es muy significativa, siendo en 2023 el porcentaje de mujeres de 20 a 24 años que han completado al menos la segunda etapa de Educación Secundaria del 82,3%, 6,2 puntos superior al dato de los hombres (76,1%), y habiéndose reducido la diferencia entre ambos sexos respecto a la existente en 2013 (11 puntos).

En el año 2023 el 52,1% de la población de 25-34 años ha alcanzado el nivel de Educación Superior, dicho nivel (+1,6 puntos más que en el año anterior) se sitúa por encima de la media europea de 2022 (42%). Destaca el porcentaje en el caso de las mujeres, 58%, que supera al de hombres, 46,3%, siendo 11,7 puntos superior, aunque en el último año el incremento para los hombres de este porcentaje, 2,2 puntos, ha sido mayor que para las mujeres, 1 punto.

El indicador de participación de la población adulta en formación, considerado como el porcentaje de la población de 25-64 años que ha seguido algún tipo de formación en las cuatro últimas semanas, presenta un crecimiento significativo en 2023, alcanzando el 15,9%, lo que supone una mejora de 0,6 puntos con respecto al año pasado.

Por sexo, las mujeres presentan un porcentaje más alto de participación (17,7%) que los hombres(14,0%), 3,7 puntos de diferencia. El porcentaje de participación para las mujeres se ha incrementado en 0,7 puntos y para los hombres en 0,4 puntos.