La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha advertido este lunes de que en el archipiélago persiste el riesgo “muy alto y extremadamente alto” por radiación ultravioleta.

En un comunicado, el Gobierno canario detalla que las zonas con riesgo extremo en Canarias son la isla de El Hierro, La Palma con excepción de San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte, La Gomera con excepción de San Sebastián y Hermigua, Gran Canaria con excepción de Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás.

En el caso de Fuerteventura, el riesgo extremo están los municipios de Antigua y Betancuria; y en Tenerife, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide.

El resto de municipios de Canarias continúan en riesgo muy alto por radiación UV.

En el Plan de Actuaciones Preventivas frente la Radiación Ultravioleta en la Salud, que establece una serie de recomendaciones para reducir los efectos en la salud de las personas asociados a la radiación ultravioleta (UV), establece cinco niveles de riesgo (bajo, moderado, alto, muy alto y extremo).

De manera semanal la Dirección General de Salud Pública del SCS publica un mapa del archipiélago con el nivel de riesgo según los indicadores que establece la AEMET.

De acuerdo con este plan, la Dirección General de Salud Pública recuerda que protegerse del sol es una responsabilidad que se debe mantener no solo en verano, sino durante todo el año, incluso en los días nublados.

Cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza este umbral (muy alto y extremo), es recomendable enfatizar el uso diario de protección solar (SPF 50 o más), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y protegerse del sol, tanto adultos como menores.

Además, los técnicos de la Dirección General de Salud Pública insisten en que “el daño solar es acumulativo” y que “la exposición excesiva y las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años, o incluso décadas, después”, subrayan.

Asimismo, hay que recordar que, en los días nublados, los rayos solares se filtran igualmente a través de las nubes, aunque los que la sensación de calor puede ser menor, lo que también sucede cuando existe brisa.

Según recuerda el Gobierno autonómico, Canarias es la región de España con mayor nivel de radiación UV durante todo el año, según los datos que proporciona la Aemet.

La radiación UV es una forma de radiación emitida por el sol y por fuentes artificiales, como las camas bronceadoras, y que forma parte del espectro no visible de la luz solar.

El comité de empresa de la Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) ha presentado nuevas actuaciones ante la Inspección de Trabajo por la situación generada tras el inicio de las obras de demolición de la Residencia Cantabria y su afección directa sobre el personal que desarrolla su actividad en este espacio. A través de una nota de prensa, se denuncia la ausencia de información sobre las medidas preventivas específicas por la proximidad del edificio a las obras, situado a escasos metros del foco de demolición.

Según ha señalado Guillermo Villegas, coordinador de empresas públicas en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, “no se han facilitado evaluaciones concretas de riesgos ni documentación preventiva suficiente sobre cuestiones relacionadas con la posible presencia de amianto, vibraciones, polvo en suspensión, calidad del aire o posibles afecciones estructurales derivadas de los trabajos de demolición”.

Tras conocerse la aparición de grietas en el edificio principal y la adopción de medidas preventivas en otras dependencias del antiguo complejo hospitalario, incluyendo el traslado de personal de algunos edificios anexos, la preocupación del comité de empresa es aún mayor, y así se lo han trasladado a la Inspección de Trabajo ya que, en el caso del Idival, no se ha aplicado ninguna actuación equivalente, pese a encontrarse en una situación de proximidad y exposición comparable.

“Se está produciendo una diferencia de trato entre el personal que desarrolla su actividad dentro del mismo entorno y bajo unas condiciones ambientales similares, sin contar con la acumulación de escombros junto a las ventanas del edificio de IDIVAL, lo que está generando presencia visible de polvo incluso en el interior de determinadas zonas de trabajo”, ha insistido Villegas.

Presencia de amianto

Para el comité de empresa, dado que hay peligro constatado por la presencia de amianto, es imprescindible extremar las medidas preventivas, los controles ambientales y la transparencia informativa hacia toda la plantilla potencialmente expuesta y, por ello, ya han presentado varios escritos ante la Inspección de Trabajo.

Por ello, ha reclamado la intervención urgente de la Consejería de Salud y de los órganos responsables de la Fundación IDIVAL para que se evalúe de forma inmediata la situación actual, se verifique la existencia de evaluaciones específicas de riesgos y se adopten las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Hay fronteras que no se cruzan con un pasaporte, sino con el propio cuerpo, y que marcan la diferencia entre un tratamiento humano y una condena al asfalto de las carreteras. Si uno sigue documentándose, se encuentra con una realidad paradójica: la gestión de la diálisis en España se presenta muy dispar: mientras algunas administraciones se escudan en cifras redondas para centralizar servicios, otras demuestran que la proximidad no es un lujo, sino un derecho de salud elemental. Intento explicar esta afirmación.

Resulta difícil de digerir el argumento del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, quien sostiene como si fuese un dato dotado de infalibilidad que “no existe evidencia” para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Esta cifra, que parece grabada en ciudades como Hellín, se desmorona en cuanto cruzamos los límites provinciales hacia la Región de Murcia, donde la unidad de Abarán funciona con normalidad atendiendo a tan solo 37 pacientes. Si la ciencia es universal, ¿por qué los pacientes murcianos disfrutan de una flexibilidad que se les niega a los manchegos?

La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales

La respuesta no está en la medicina, sino en el modelo organizativo. Asturias nos ofrece un espejo donde mirarnos, con un sistema “bastante peculiar” pero profundamente equitativo. En el Principado, las ocho áreas sanitarias cuentan con salas de diálisis en sus ocho hospitales. No existen los llamados “clubes de diálisis” externos; el tratamiento está integrado en la red hospitalaria pública. Así, hospitales comarcales pequeños como los de Jarrio, Arriondas o Cangas del Narcea disponen de salas de diálisis, permitiendo que el paciente sea atendido en su entorno, incluso cuando el nefrólogo debe cubrir zonas rurales con pocos pacientes.

Si el modelo asturiano parece lejano, miremos a Salamanca. Allí, la gestión ha entendido que el tratamiento debe acercarse al paciente y no al revés. En esta provincia existen centros extrahospitalarios en localidades como Ciudad Rodrigo, que atiende a 22 pacientes, y Béjar, que dializa a 17 personas. Estas cifras, ridículamente bajas para los estándares del SESCAM, son realidades operativas que ahorran a los enfermos miles de kilómetros de carretera.

El argumento de la “seguridad clínica” para centralizar la diálisis en grandes hospitales o centros concertados en capitales como Albacete cae por su propio peso. Mientras se alega falta de soporte científico en hospitales comarcales, se envía a los pacientes a centros externos donde, según denuncian asociaciones, no siempre se garantiza la presencia de nefrólogos especialistas. La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales.

Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética. La comparación entre Asturias, Salamanca y el modelo murciano frente a la planificación centralizada manchega revela que la barrera para la diálisis de proximidad no es técnica, sino de voluntad política. La equidad sanitaria debe significar, sencillamente, que tu código postal no determine si recibes tu tratamiento vital a diez minutos de casa o tras tres horas de ambulancia.

El sector de Sanidad de la Federación UGT Servicios Públicos ha exigido a la Consejería de Salud del Gobierno autonómico “puestos de trabajo dignos y seguros” para el personal desplazado de la gerencia por las obras de desmantelamiento de la Residencia Cantabria.

El sindicato denuncia en un comunicado que el traslado del personal afectado de la sede de la gerencia del Servicio Cántabro de Salud “se ha realizado de manera improvisada, desorganizada y sin planificación y en algunos casos en espacios que no reúnen unas condiciones mínimas de seguridad y dignidad laboral”.

A juicio de UGT, no se puede acometer la reubicación de los trabajadores “sin prever con antelación los espacios adecuados y, mucho menos, hacerlo sin ninguna planificación y en algunos en sótanos con humedades o en pasillos”, tal y como indica el secretario de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Cantabria, Fernando Carmona.

En su opinión, esta situación “pudiera ser comprensible si respondiera a un accidente o una emergencia”, pero “no es el caso”, ya que el Gobierno de Cantabria “lleva mucho tiempo anunciando el desmantelamiento de la Residencia”, tiempo que a su juicio se debería haber empleado para “planificar y encontrar lugares de trabajo adecuados, seguros y dignos para el personal afectado”.

El sindicalista señala que la Administración está “obligada a garantizar unas condiciones laborales adecuadas y a cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales”.

Por ello, el responsable autonómico de Sanidad de UGT reclama que “a la mayor brevedad posible, se recoloque a todo el personal en aquellos puestos de trabajo que cumplan estrictamente con la normativa legal de prevención, garantizando espacios seguros tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la higiene industrial, la ergonomía y la psicosociología aplicada”.

“No es de recibo que se instalen puestos de trabajo en los pasillos o en locales en verdaderas situaciones de hacinamiento en una situación que, insistimos, no responde a una emergencia”, ha concluido Carmona.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo hace dos legislaturas.

Lo resuelve así la Sala de lo Penal del TS en una sentencia que ratifica la pena impuesta en marzo de 2021 por la Audiencia Provincial de Cantabria tras el juicio celebrado un mes antes, y corroborada después, en enero de 2023, por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma.

Ahora, el alto tribunal coincide en que el que fuera subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del organismo sanitario cántabro incurrió en un delito continuado de prevaricación administrativa, por indebido fraccionamiento de contratos.

Rechaza así el recurso de casación interpuesto por González salvo en lo relativo a la condena en costas de la apelación, que se declaran de oficio (la Sala de lo Civil y Penal del TSJC desestimó íntegramente los recursos de ambos procesados y les impuso el pago de las costas procesales).

Por su parte, el que fuera director de la Gerencia de Atención Primaria condenado por prevaricación --no continuada, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el SCS-- desistió del recurso de casación después de formalizarlo.

“De manera reiterada y aprovechando idénticas oportunidades”

Según la sentencia del tribunal penal del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Leopoldo Puente, los hechos declarados probados evidencian que González, “en el ejercicio del cargo público que ostentaba, de manera reiterada y aprovechando idénticas oportunidades, resolvió promover la celebración de múltiples convenios, fraccionándolos indebidamente para refugiarse en el procedimiento más liviano que pudiera permitirle llevarlos a efecto”.

Con ese fin, añade la resolución, consultada por Europa Press, el exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS “dictó las oportunas resoluciones administrativas, todas ellas enderezadas al fin perseguido, y con plena conciencia de su carácter arbitrario”.

González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron -junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil- al salir a la luz las presuntas irregularidades.

Fueron denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación en aquel momento, y apreciadas en contratos menores para el mantenimiento y pintado de centros de salud y las obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla, así como en la compra de 22 ecógrafos para otros tantos ambulatorios, y en las asistencias técnicas a un consultor externo, Álvaro Sáez de Viteli, ya fallecido y al que la jueza instructora imputaba el mismo delito.

El Partido Popular, que ha ejercido la acusación particular, pedía 15 años de inhabilitación para cada uno, aunque fueron condenados por la Audiencia a 14 y 11 años, por prevaricación continuada y no continuada, pena confirmada primero por el TSJC y ahora por el Supremo, en una sentencia contra la que no cabe recurso y que por tanto es firme.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado, con motivo del Día Internacional de la Matrona, que las plantillas de estas profesionales sanitarias se incrementen de manera progresiva para lograr “un mejor futuro” para las mujeres.

En un comunicado, el sindicato ha subrayado la necesidad de un aumento de las plazas de formación especializada en Cantabria, señalando que en las próximas convocatorias anuales hay 10 plazas de EIR pero “solo se cubren siete cada año”.

En Cantabria, para una población de unas 300.000 mujeres, hay 38 matronas en plantilla orgánica de Atención Primaria, y “hay algunas zonas básicas en las que hay una matrona para unas 12.000 mujeres, lo que es claramente insuficiente”, según la secretaria general de SATSE Cantabria, Ana Samperio.

En la misma línea, Samperio ha indicado que gracias al acuerdo firmado por este sindicato con el consejero de Salud, César Pascual, se ha logrado dos contratos de refuerzos en Atención Primaria “para liberar la carga de cartillas de las matronas ya que el déficit de profesionales que existente en el SCS imposibilita que las matronas puedan desarrollar todas sus competencias en educación, prevención y promoción de la salud de la mujer, al tener que limitarse, en muchas ocasiones, a ocuparse de lo más acuciante dentro de la actividad asistencial”.

Como destaca la nueva campaña de SATSE, con motivo del Día Internacional de la Matrona, “menos matronas significa menos tiempo para atender a cada mujer, menos citas para prevenir patologías tan graves como un cáncer, menos respuestas a las dudas sobre sexualidad de una adolescente, menos preparación y seguimiento durante el embarazo, menos seguridad en los partos, menos cuidados en el posparto, menos apoyo en la lactancia, y menos abordaje integral durante el climaterio”.

El 23 de julio de 2025, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, acordó un aumento del presupuesto para el hospital Fundación Jiménez Díaz, el buque insignia del grupo sanitario Quirón en la región. Lo hizo a través de la aprobación de una “Cláusula decimosexta” del convenio con este hospital. El centro, que tiene una parte totalmente privada y otra que presta servicio a la sanidad pública, factura a la Comunidad de Madrid por cada tratamiento u operación que hace para el sistema público, una modalidad de cobro 'a destajo' inusual gracias a un “convenio singular” firmado en 2006, cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Cada año, ese convenio se va modificando con documentos que cambian (normalmente, actualizan y mejoran) las condiciones iniciales para Quirón. La última vez que se hizo una actualización fue el verano pasado.

Según lo firmado en el acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, se autorizó a este hospital de Quirón a elevar su techo de facturación con la sanidad pública a 455 millones (en 2011 el límite estaba en 285 millones) con la justificación del “aumento del IPC, aumento de la población y su envejecimiento” y también de la puesta en marcha de hemodiálisis a domicilio o programas de prevención. Además, autorizaron poder pagarle a este hospital más dinero por la formación de médicos MIR —más de 11 millones— a cuenta del IPC y aumento de número de facultativos. Por último, se acordó financiar al hospital en 45,5 millones de productos de farmacia, una subida justificada en que se había aumentado la actividad y por “la inclusión de nuevos fármacos”.

En 2025, el presupuesto que presentó y aprobó la Comunidad para la Fundación Jiménez Díaz era de 450 millones. Aun así, Sanidad ya había comprometido en ese mes de julio 488 millones con el centro, según documentación que ha podido revisar elDiario.es. Con la aplicación de esta cláusula nueva, los compromisos de pago se elevaban a 511 millones de euros para 2025.

¿De dónde iban a sacar el dinero para hacer frente a ese nuevo techo de gasto? Aunque los presupuestos se presenten cerrados y se aprueben en los parlamentos, los gobiernos pueden hacer modificaciones de crédito, que es mover partidas que no han ejecutado o no prevén gastar hacia otros gastos sobrevenidos que hayan aumentado. Es mover el dinero de un cajón a otro. Estas operaciones deben justificarse, aprobarse por la Consejería de Hacienda y se publican en los boletines oficiales. En 2025 ha habido 11 modificaciones de crédito a favor de hospitales de Quirón en Madrid de las que no se ha dado detalle público, explica Óscar Hernández, activista por los servicios públicos y la transparencia, que ha recopilado la información y solicitado todo el detalle por el Portal de Transparencia.

Para hacer frente a ese aumento de compromiso de pago, la Comunidad de Madrid hizo una memoria que justificaba esa “transferencia de crédito”, con el objetivo de recabar 29,9 millones de euros de otras partidas y hacer frente a parte de ese aumento presupuestario de la Jiménez Díaz, según documentación oficial conseguida por Hernández desde Transparencia y que ha revisado este medio. Los millones los sacó de las cuentas sanitarias, del sistema público. Por ejemplo, de la línea “Orientación futuros padres de hijos con discapacidad”. El Gobierno de Ayuso había dotado esta iniciativa con 300.000 euros que, con la nueva orden, quedaron a cero. Según los presupuestos de 2025, este programa pretendía “incorporar a la familia en el plan de cuidados, dedicando una atención especial a la complementariedad entre los apoyos formales e informales y para ello dota presupuestariamente actuaciones de orientación a futuros padres de hijos con discapacidad”.

También se dejó a cero la partida de 6,5 millones del “plan de cuidados paliativos” que, según los presupuestos oficiales, incluía la “humanización de espacios”, planes de formación para sanitarios o “mantener la adecuada oferta de camas hospitalarias”. La Consejería de Sanidad no ha contestado a las preguntas de elDiario.es ni sobre a qué partidas exactas iban destinados estos millones o qué iban a mejorar. Tampoco ha explicado si se ha compensado esa línea con otros ingresos.

Entre las partidas con más dinero sustraído está la de “Servicios nuevos” en atención primaria y hospitalaria, un 'cajón' que se redujo en 15 millones. O “implantes”, que en los presupuestos 2025 contaba con 19 millones y se vio reducida en 4,3. Sanidad, que no ha especificado qué tratamientos concretos se han visto comprometidos en estos dos casos, también redujo el dinero destinado a “energía”, “material quirúrgico” o “material de laboratorio” para hacer frente a los pagos al hospital concertado, que tiene una población de referencia de más de 460.000 personas y es el que más pacientes ha captado de otras áreas sanitarias en los últimos años: le va la rentabilidad en ello porque factura por tratamiento, y cuantos más pacientes consigue, más ingresa.

La existencia de diferentes vías de pago hace que sea muy difícil saber lo que cobran realmente los cinco hospitales privados que prestan servicio público en Madrid (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Por una parte, hay un sistema de canon: la Comunidad paga a estas empresas un fijo por habitante asignado a su zona, vaya o no al hospital, y luego paga aparte por cada paciente que obtengan de otra zona. De hecho, con el sistema de libre elección, los hospitales concesionados han obtenido más de 1.200 millones extra en cinco años, al margen de sus presupuestos, y que ha pagado el Sermas. El caso de la Fundación Jiménez Díaz es especial porque no cobra un canon fijo, sino que factura por cada tratamiento que hace, sea o no de su zona.

Además, hay desembolsos puntuales fuera de los presupuestos porque hay deudas atrasadas que se autorizan en los Consejos de Gobierno. A esto hay que sumar pagos por intereses de demora, sentencias judiciales que obligan a abonar facturas con años de decalaje o, como en este caso, transferencias de crédito y modificaciones extraordinarias de presupuesto. Por otra parte, las auditorías de la Consejería de Sanidad a las empresas no se hacen de manera total, sino por muestreo. Todo ello hace casi imposible tener una radiografía precisa y transparente de costes e ingresos, lo que hace a su vez muy difícil dilucidar si el modelo de concesión es realmente eficiente como defienden en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre instaurara este sistema mixto en 2006 con una duración de 30 años.

El grupo Quirón no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

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El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado este jueves que “nunca” se ha planteado dimitir por la situación en el sistema sanitario, después de que decenas de profesionales del Hospital Universitario de Navarra se negasen a hacer horas extra, y ha afirmado que “el capitán es el último que abandona el barco”.

“Yo he dicho públicamente y en el Parlamento que me iré por problemas personales, por problemas familiares, cuando la presidenta de mi partido -forma parte de Geroa Socialverdes, integrado en Geroa Bai- o la presidenta del Gobierno consideren que me debo de ir. Mientras tanto, tengo que aguantar y sobre todo porque en esta situación no quiero abandonar, realmente el capitán es el último que abandona el barco”, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press.

El consejero ha explicado que este miércoles se reunió con los jefes y jefas de los servicios del Hospital Universitario de Navarra “en una reunión que transcurrió en un buen ambiente” y ha valorado que “se acordó entre la mayoría de los allí presentes” seguir “trabajando para desatascar esta situación”. “Nosotros pondremos a disposición de los jefes y de los profesionales las herramientas de gestión que precisen para hacer más eficiente el trabajo y para facilitarles el trabajo”, ha explicado.

Por otro lado, ha explicado que el Departamento se ofreció “a seguir manteniendo reuniones individualizadas con los servicios”. Por el momento, no hay fechas para estas nuevas reuniones.

El consejero ha apuntado además que en el encuentro de este miércoles “surgieron una serie de temas” que ha querido “puntualizar” públicamente. “En primer lugar, quiero decir que cuando hablo de que los profesionales son el principal valor del sistema sanitario, me refiero, lógicamente, a todos los profesionales, pero también al colectivo médico, por el que realmente tenemos un gran respeto y un reconocimiento a la labor que están haciendo”, ha subrayado.

Por otro lado, ha afirmado que “está claro que el sistema sanitario tiene unos problemas de accesibilidad” , pero ha matizado que es “uno de los mejores del país”. “Y lo digo con convencimiento después de conocer varios sistemas”. “Quiero transmitir esa confianza a la ciudadanía de que el sistema nunca fallará ante situaciones de emergencia, de urgencias, de situaciones graves, de patología severas, como oncológicas, neurodegenerativas, etcétera, y tampoco los profesionales van a fallar. Por lo tanto, quiero transmitir esa confianza en los profesionales porque es fundamental para que las cosas discurran con normalidad”, ha destacado.

También ha querido ser, en este contexto, “extremadamente prudente”. “Yo soy el responsable de comunicar lo que ocurre en el Departamento de Salud, y eso lo seguiré haciendo como lo he hecho, como lo estoy haciendo en este momento, pero también tengo que estar alineado con los profesionales y desde ese punto de vista me van a permitir que sea muy prudente, que los debates los llevemos con los profesionales”. “No quiero debatir públicamente con nadie, no quiero la confrontación, lo que quiero es trabajar con aquellos profesionales que realmente, alejados del ruido, de intereses políticos, de intereses sindicales, quieren la mejor calidad asistencial, que es lo mismo que pretendemos nosotros”, ha señalado.

Así, ha afirmado que “el trabajo va a ser exclusivamente” con los profesionales, “que quieren y que persiguen los mismos objetivos” que su Departamento, “que es mejorar la atención sanitaria”.

El consejero ha explicado que habrá nuevas reuniones con los profesionales. “Uno de los acuerdos que tomamos fue reunirnos individualmente con cada uno de los servicios que quieran, porque, lógicamente, todos tienen problemas comunes, pero sí que es verdad que cada servicio tiene unos problemas específicos que hay que abordar también”.

Sobre la decisión de médicos de no hacer jornada extraordinaria, el consejero ha explicado que las jornadas de tarde “son voluntarias” y que no pueden obligar a hacerlas. “Si no tenemos profesionales, lógicamente no se harán, pero nosotros las seguiremos ofertando, porque hay profesionales que sí que quieren hacerlas, tampoco hay unanimidad en todos los servicios y aquellos profesionales que quieran hacerlo podrán hacerlo”, ha apuntado. “Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la asistencia a la población, garantizándola con derivaciones o poniendo a disposición de la población los medios propios con los profesionales que podamos”, ha afirmado. El consejero ha reconocido que “alguna cita sí que se está anulando”.

Además, ha señalado que lo que le pidieron los servicios en la reunión de este miércoles “fue fundamentalmente mantenernos lejos del foco mediático”. “Ellos comentaron que pretendían seguir trabajando. Nosotros lógicamente cogimos el guante, les tendimos la mano, y trabajar conjuntamente”, ha afirmado, para señalar que él siempre es “optimista, tengo que serlo, necesariamente”.

El consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez, ha mantenido este miércoles una reunión con los jefes de servicio del Hospital Universitario de Navarra tras la negativa de decenas de sanitarios de este centro a realizar horas extra, las conocidas como peonadas, para reducir las listas de espera. En el encuentro, en el que también ha participado la gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, las partes han acordado “continuar trabajando” para mejorar la situación actual, facilitar las herramientas de gestión necesarias para todos los servicios y la disposición a realizar reuniones individualizadas con cada uno de ellos“.

Así lo han puesto de manifiesto en comunicado desde el Departamento de Salud, tras una reunión mantenida este miércoles entre los jefes y jefas de servicio del HUN, el consejero de Salud, el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la dirección del HUN y el director general de Salud.

Desde Salud han reiterado “el compromiso con la ciudadanía y el objetivo compartido que mueve todo el sistema: dar la mejor asistencia sanitaria a cada una de las personas usuarias”.

“Para conseguirlo, como se ha insistido constantemente, el mayor activo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea son sus profesionales y, en este contexto de debate y discusión interna que se ha trasladado al foro externo en los últimos días, no puede quedar duda del reconocimiento de Salud, y del propio consejero, al trabajo realizado por sus profesionales médicos de todos los ámbitos y de todos los servicios”, han indicado.

Según han añadido, Salud “arrastra un problema de accesibilidad reconocido que se ha agravado en los últimos años, pero la ciudadanía debe confiar y tener presente que, ante problemas graves, procesos oncológicos, enfermedades neurodegenerativas, accidentes, etc., o situaciones que requieren atención tiempo-dependiente, somos uno de los mejores sistemas del estado”.

“Y esto no va a cambiar. En estos momentos de discrepancias a nivel público la confianza en nuestros profesionales médicos tiene que estar intacta, y así lo solicita el Departamento a la sociedad navarra”, han concluido desde Salud.

Este lunes ha comenzado una nueva semana de huelga a nivel nacional a la que están llamados más de 7.500 médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha.

El paro se prolongará hasta el jueves 30 de abril y, según el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM), se convoca por “la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad” a las demandas planteadas.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, se ha pronunciado este lunes sobre estas movilizaciones y ha defendido que “lo mejor que podría pasar es establecer un marco y dejar después a las comunidades autónomas que, una a una, resuelvan los temas que realmente importan”.

“Al final la prestación asistencial se hace en las comunidades autónomas. Espero que cuanto antes se llegue a un acuerdo y que esta huelga termine lo más pronto posible”, ha asegurado el titular regional de Sanidad castellanomanchego, a preguntas de los medios de comunicación recogidas por Europa Press.

A juicio de Fernández Sanz, el hecho de no contar con las comunidades autónomas, “está teniendo un coste importante para todos”.

“El inicio de las negociaciones entre Ministerio y sindicatos no ha dado el resultado obtenido y nosotros lo que pretendemos es seguir ayudando. Tres comunidades -Castilla-La Mancha, Euskadi y Canarias-, propusimos un mediador, pero parece que eso no ha surtido tampoco el efecto esperado y seguimos esperando que se llegue a un acuerdo”, ha insistido.

Calendario de movilizaciones

CESM ha convocado diversas movilizaciones durante estos días de huelga. El acto central tendrá lugar en Albacete, con una manifestación el martes 28 de abril a las 19:00 horas, que partirá desde la puerta principal del Hospital General de Albacete y finalizará en la plaza del Altozano. Desde la organización se recomienda acudir “con bata blanca como símbolo de unidad, compromiso y defensa de la profesión médica”.

No será la única acción de protesta. De forma paralela, se han organizado concentraciones en distintos puntos del territorio regional:

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) prevé gastar 43,1 millones de euros este año para pagar la regulación de los complementos de 5.024 profesionales del sector sanitario. Este gasto se desglosa en 21 millones del ejercicio de 2025 y 22 millones de 2026 para que los empleados públicos alcancen el grado profesional máximo que les correspondería por antigüedad, eliminando los tiempos de espera obligatorios entre niveles, teniendo en cuenta que en cada tipo de complemento hay cuatro grados.

El monto deriva de una iniciativa enmarcada en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto de 2026. En teoría, la Consejería de Salud busca resolver los acuerdos pendientes de carrera (médicos y enfermeras) y desarrollo profesional (resto de personal sanitario), pero el impacto económico compromete también los presupuestos venideros.

Según la memoria justificativa y económica de la propuesta entregada al Registro del Parlamento, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el reajuste favorecería a 2.936 solicitantes de carrera profesional y 2.088 de desarrollo profesional, que saltarían dos grados del que actualmente ostentan.

El reajuste del pago de los complementos técnicamente, se llama “encuadramiento”. En la Ley de Medidas del Presupuesto aparece en dos breves líneas del artículo 11, en el que se faculta al Consejo de Gobierno, previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, para pagar los atrasos de los funcionarios, con efecto retroactivo del 1 de enero de 2025.

Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico valoran positivamente la medida, pero advierten de que el pago compromete la estabilidad financiera actual. Al no estar consignado en los presupuestos, si no en la Ley de Medidas, el presupuesto del SCS no refleja el gasto real que supone el desembolso por estos complementos. Es decir, se presupuesta por debajo de lo que se va a gastar.

Esto obliga a realizar modificaciones contables posteriormente para afrontar un gasto que abarca también próximos ejercicios presupuestarios: al ser un gasto consolidado, el compromiso presupuestario se mantendrá y aumentará a futuro.

Mejoras laborales

La Consejería de Salud busca corregir así el bloqueo en las mejoras laborales del personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Los distintos acuerdos de Carrera y Desarrollo Profesional del SCS establecían que las convocatorias correspondientes al encuadramiento en período ordinario se efectuarán anualmente. El estancamiento en los complementos deriva de dos circunstancias: la suspensión de las convocatorias anuales de los procesos de regulación entre 2010 y 2014, derivados de la crisis económica de 2008, y una serie de sentencias judiciales posteriores ganadas por varios profesionales sanitarios.

La regulación permitirá a los solicitantes que participen en las convocatorias extraordinarias que, “sin necesidad de cumplir con los intervalos entre grados”, se establezcan en “el máximo grado alcanzable” conforme el tiempo de servicios prestados y los créditos acreditados. “Se trata en definitiva de poder encuadrarse en el grado que se hubiera alcanzado en caso de que los procedimientos de carrera y desarrollo profesional no se hubieran visto suspendidos”, indica la memoria justificativa y económica.

El reajuste plantea que cada solicitante se encuadre en dos grados más del que actualmente ostenta. La causa, según la memoria, es doble: “La incorporación más tardía del personal temporal al sistema de carrera profesional (2018 la primera convocatoria ordinaria para personal temporal y 2019 como consecuencia de ejecución de sentencia de la convocatoria de 2016) y por otro lado, el tiempo de suspensión (2010-2014), lo que plantea un escenario con personal ”con gran número“ de servicios prestados, advierte la memoria económica.

En enero de 2024, el Gobierno de Cantabria alcanzó un acuerdo llamado 'Pacto por la Sanidad' con el Sindicato Médico de Cantabria con el que se comprometía al encuadramiento extraordinario en carrera profesional, solo por antigüedad. “Algo que se diseñó para nuestro colectivo como elemento de incentivación y diferenciación salarial respecto a otras categorías profesionales, se ha convertido justo en lo contrario”, argumentó el sindicato, cuestionando que “estas llegan a los últimos grados prácticamente por antigüedad mientras que a nosotros se nos exige un perfil que, prácticamente solo tiene quien puede tener la oportunidad de orientar su carrera a la investigación”. En enero de 2026, el sindicato sumó otra adenda al Pacto por la Sanidad valorada en seis millones anuales, supeditada a la aprobación de los presupuestos.

“Tener 52 años, haber estado activo toda la vida y ahora estar así, esperando y con tanto dolor, te machaca emocionalmente”. Son las palabras de Pedro, carpintero natural de Mora (Toledo) que lleva esperando 234 días para una operación de cadera.

Pedro Luis Martín comenzó a notar que algo no iba bien alrededor de 2021. En su trabajo un compañero le preguntó si se había dado cuenta de que caminaba distinto: “Me dijo, 'andas de una forma un poco extraña', pero como a mí no me dolía pues yo seguí trabajando”. Dos años más tarde, el médico de cabecera le mandó al Hospital Universitario de Toledo para que le hiciesen una radiografía y vieron que tenía “la cadera fastidiada, que ya no había líquidos y que rozaba el hueso contra el hueso”. Sin embargo, Pedro no quiso darse de baja debido a la situación de incertidumbre del empleo en ese momento: “Me dijeron que me apuntase a la lista de espera y que me diese de baja, pero como me tomaba el medicamento pues seguí trabajando hasta que pude”.

Su diagnóstico: coxartrosis severa de cadera derecha. Se trata de un desgaste del cartílago en la articulación de la cadera y que además de dolor provoca limitación de movimiento, teniendo que ser necesaria una intervención quirúrgica para reemplazarla. En su informe médico se señala que se encuentra “clínicamente muy mal, muy limitado”, según detalla su traumatóloga.

Pedro Luis tuvo que darse de baja en agosto de 2025, después de dos años con dolores y cojeando, “porque llegó un punto que no podía más, no podía seguir”. Asegura que caminaba con la pierna “a rastras, tomando opiáceos como Tramadol, Targin, lo último ya me dijeron que es la morfina”.

Pedro apunta que “la fecha máxima para que te llamen y te operen son 180 días, lo que son seis meses, pero eso en realidad no existe”, pues ya lleva casi ocho esperando por esa operación que nunca llega.

Su día a día: “Dolores y pastillas”

Pedro Luis Martín asegura que su día a día es “muy complicado” y que consta de dos factores: “dolores y pastillas”. Explica que con los cambios de tiempo nota mucho más dolor y que son constantes a lo largo del día: “Es a todas horas. Solo noto un poquito de mejoría cuando me tomo las pastillas, pero cuando pasa un par de horas no puedo poner un pie en el suelo, siento que me voy a caer”. Esta dolencia le limita en su vida diaria, no solo porque no puede trabajar, sino que tampoco puede estar tranquilo: “Estoy sentado en el sillón viendo la tele y tengo que cambiar mil veces de postura. Me meto en la cama y no duermo más de una o dos horas de los dolores que tengo”, expone.

Por otro lado, las pastillas no suponen para él “un gran alivio” ya que hace treinta años le operaron del estómago debido a una úlcera gastroduodenal, que le provoca que la medicación “al ser tan potente, también me está afectando al estómago”.

Una de sus grandes aficiones es tocar el saxofón junto a la banda municipal de su pueblo, pero cuando va a los ensayos tampoco está cómodo: “Voy con las muletas, mi hijo me ayuda a llevar el instrumento, pero tengo que levantarme muchas veces porque tampoco puedo estar mucho tiempo sentado”, matiza.

Si puedo dormir dos horas seguidas me doy con un canto en los dientes

Pedro Luis lleva trabajando ininterrumpidamente desde los 16 años, y el no poder hacer actividad física está haciendo que gane mucho peso. En los siete meses que lleva de baja ha cogido quince kilos, aunque él asegura que no come apenas: “La medicación me quita el hambre. No me quiero ni pesar, porque los pantalones y las camisas ya no me valen”, explica señalando que también se está afectando a su autoestima.

Él no está dispuesto a que le aumenten la medicación, “ya que lo siguiente sería morfina pura, y si lo tomo ya cuando me duela más no habrá nada que me lo calme, eso en el caso de que lo acepte, porque no todo el mundo acepta su cuerpo la morfina”.

Para él su vida “es una mierda ahora mismo, me está afectando psicológicamente, a mí y a mi mujer, porque ella tiene el sueño muy ligero y cuando me despierto y tengo que levantarme lo intento hacer despacito, pero ella se despierta y ninguno podemos dormir”. También con sus hijos. Pedro es padre de dos adolescentes y señala que como durante todo el día está dolorido “cuando ellos quieren hacer algo, yo no tengo ganas y me paso el día de mala leche”, expresa apenado.

“Abandono, silencio y listas de espera interminables”

Esta situación le llevó a escribir una carta en su perfil en la red social Facebook, como él dice para “ver si así se les remueve un poquito las tripas y ponen medios”.

Pedro expone que a consecuencia de su dolencia no puede “tener una vida digna”: “¿De verdad alguien puede defender un sistema sanitario que obliga a un ciudadano a cotizar desde los 16 años y, cuando llega a los 52 [años], después de décadas sosteniendo con su esfuerzo la Seguridad Social, le responde con abandono, silencio y listas de espera interminables? Eso no es un fallo puntual. Eso es un fracaso moral, político y sanitario”.

Defiende que “decir que el sistema sanitario de Castilla-La Mancha funciona es una burla cruel” ya que “no funciona bien un sistema que cronifica el sufrimiento”. En esta carta, Pedro también señalaba que “lo más grave es que esto no solo destruye la salud, destruye la dignidad” porque cuando hay “que mendigar una cita, una prueba el mensaje que recibes es devastador: tu dolor no importa, tu vida no importa”.

Asegura sentir miedo por perder su empleo y que incluso, con la situación que padece, ha recibido una notificación de que “en breve me van a hacer un seguimiento de cómo estoy, donde señalan que si me encuentro mejor vaya a mi médico de cabecera para darme el alta”.

Pedro Luis relata que se siente “engañado” ya que primeramente incluyeron que su caso “era urgente, lo ponía la traumatóloga en el informe, para que me lo pudiesen adelantar todo lo posible”, pero en octubre de 2025 acudió al Hospital Universitario de Toledo para conocer “de primera mano” si su operación estaba más cerca. Asegura que dos meses más tarde, viendo que no recibía la fecha de operación se dirigió a hablar con dirección de Atención al Paciente. “Me dijeron que iban a intentar incluirme en las listas de las personas que derivan al privado para ver si podían adelantarlo”, expone.

No obstante, recuerda que “pasaron las Navidades y volví a preguntar para ver cómo iba el tema, y me dicen que ya han aprobado para poder operar en el privado y hacer las derivaciones, pero que como son bolsas ahora han entrado para hacer operaciones de rodilla, luego llamarán para las de cadera, pero en definitiva, mintiéndome”.

Pedro explica que en marzo de 2026 tuvo una nueva cita con la traumatóloga, “donde vuelve a poner en mi informe que estoy clínicamente fatal y que me tienen que operar rápidamente, pero voy a Admisión y me dicen que es la propia traumatóloga la que tiene que solicitar que me operen, pero la traumatóloga me dice que no, que ya ha puesto que es urgente en el informe, que no puede hacer otra cosa. Se van pasando la pelota de uno a otro. Y no leen la historia clínica, donde pone si es urgente o no. Solo me dicen que estoy en una lista y ya, que ya me llamarán”.

Me dijeron que iban a intentar incluirme en las listas de las personas que derivan al privado para ver si podían adelantarlo

Además de este “ninguneo”, Pedro Luis asegura que de las veces que ha acudido al hospital “justo había huelga de médicos” y esto también ha retrasado su proceso y que le puedan hacer caso. A mediados del mes de abril se presentó de manera presencial en el hospital y explica que “tenía que recibir una llamada de la directora de traumatología para que me diesen una solución y me dicen que no me puede llamar porque tenían una reunión. Bueno, pues después de la reunión que habría allí 40 o 50 personas tenían un vino para celebrarlo, que vi pasar a los del catering. Y los pacientes aquí estamos, un montón de horas esperando”.

En su carta que posteó en la red social Facebook, Pedro también expone su frustración, señalando que “la sanidad pública debería ser el orgullo de una sociedad decente. Pero cuando deja de curar, deja de proteger y deja de responder, se convierte en una maquinaria lenta, deshumanizada y profundamente injusta. Y en Castilla-La Mancha, para demasiados pacientes, esa maquinaria hoy no representa alivio ni esperanza: representa dolor, impotencia y desesperación”.

Plazos de lista de espera para operaciones en Castilla-La Mancha

El tiempo de espera máximo para recibir una intervención quirúrgica de prótesis de cadera en Castilla-La Mancha son 180 días -seis meses-, según el Defensor del Pueblo, tal y como recoge el Real Decreto 1039/2011.

Según se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS) publicados este pasado miércoles por el Ministerio de Sanidad, en Castilla-La Mancha un total de 36.260 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica a 31 de diciembre de 2025, con un tiempo de espera medio de 92 días.

Si se consulta el caso concreto de Pedro Luis en el Portal de Transparencia del SESCAM, para el Hospital Universitario de Toledo existen 2.669 pacientes pendientes de una operación para la especialidad de Traumatología, 824 en la misma situación que Pedro (plazo superior a 180 días). Por otro lado, se fija que el tiempo de espera medio es de 121,7 días.

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha para conocer qué ocurre con las listas de espera y por qué en este caso no se está cumpliendo con los plazos vigentes, sin haber obtenido respuesta por el momento.

OPA Herri Plataformak, que aglutina plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, se han manifestado este sábado en las tres capitales vascas para denunciar que la sanidad pública se basa en “un modelo que intencionadamente debilita lo público para alimentar el negocio privado”, y criticar que “ocho meses después” el Pacto de Salud, no hay “soluciones reales”. Además, ha pedido la dimisión del consejero de Salud, Alberto Martínez, por su “intención clara de minimizar y ocultar” el alcance en el caso de las vacunas caducadas.

Las marchas de Bilbao y Vitoria han partido a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón y la Plaza Bilbao, respectivamente, mientras que la de San Sebastián saldrá desde el Boulevard a las 17.00 horas.

Cientos de personas han acudido a la convocatoria del mediodía, y concretamente en la de Bilbao se les ha unido el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, quienes han hecho suyas las reivindicaciones de OPA Herri Plataformak y los han recibido con aplausos poco después de iniciar el recorrido.

Antes de iniciarse marcha en la capital vizcaína, que ha transcurrido bajo el lema 'Osasungintza publikoaren alde! ¡Por la sanidad pública! Promesarik ez! ¡Soluciones ya!', los representantes de la entidad convocante, Mireia Saiz y José Ignacio Martínez, han advertido de que “la sanidad pública está en peligro” y requiere “cambios estructurales” que terminen con los recortes.

Según han denunciado, los denominados “planes de contingencia” son, en su opinión, “recortes durante cinco meses al año disfrazados”, que derivan en cierres de servicios, reducción de horarios, falta de personal y centros sin personal médico o atendidos por residentes todavía en formación.

Tras lamentar que “la atención primaria está desbordada” pese a ser “uno de los ejes del pacto” y que las listas de espera cuentan con tiempos de atención “inasumibles”, han recordado que las condiciones laborales “siguen deteriorándose” con una “sobrecarga asistencial” y una temporalidad “superior al 40%” debido, entre otros factores, a que las OPE no crean “empleo real y fracasan al no cubrir los puestos de difícil cobertura”.

También han denunciado la falta de transparencia en la gestión de los casos de vacunas caducadas. “Han terminado por afectar a 21 tipos de vacunas y prácticamente a todas las OSIS, lo que pone de manifiesto que ha habido por parte del consejero (de Salud) una intención clara de minimizar y ocultar este grave problema, por lo que exigimos responsabilidades y, por lo tanto, su dimisión”, han señalado.

Respecto al Pacto de Salud han pedido a Alberto Martínez, quien “ha presumido de que ha cumplido con el 85% del pacto, que aclare a la ciudadanía qué se ha hecho exactamente”, ya que “ocho meses después no vemos ninguna mejora en salud”.

Tras sus respectivos recorridos, las marchas han finalizado con la lectura de un manifiesto en la que han enumerado sus exigencias y críticas, y está previsto que en San Sebastián, donde se celebra esta tarde, se haga de igual manera.

Preguntados por la decisión del personal facultativo vasco de no realizar actividad extraordinaria en los turnos de tarde a partir de este lunes, han explicado que parten de que las “horas extras no son medidas estructurales, sino temporales” que se aplican “desde la década de los 90 y no han resuelto ninguno de los problemas”.

“Sigue habiendo falta de personal”, han señalado, para añadir que la “única” solución es “reforzar” la sanidad pública. “El consejero tiene competencias suficientes para abrir una negociación colectiva, por lo que instamos a que abra una negociación con todos los trabajadores, con los sindicatos del sector, y llegue a un acuerdo que lleva 15 años obsoleto”, ha concluido.

El Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida Cantabria contra la resolución por la que se modifica el convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde de Santander en la red hospitalaria pública del Servicio Cántabro de Salud, suscrito el 31 de octubre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 16 de enero de 2026.

“Es un primer paso en la defensa de la salud pública y los intereses de toda la ciudadanía de Cantabria frente al impulso privatizador del gobierno del PP y la presidenta María José Sáenz de Buruaga”, admite el coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón.

IU suma así su trabajo al de entidades en defensa de la sanidad pública “para que los millones de euros que el PP prevé desviar a un hospital privado se mantengan en la red pública para reforzar los servicios que atienden a todo el mundo sin distinción”.

El Gobierno debe remitir el expediente en 20 días improrrogables

El órgano judicial reconoce a IU como parte personada en el procedimiento, dando inicio formal a la fase judicial del proceso. La resolución deja claro que la admisión se produce sin perjuicio de lo que resulte del examen del expediente administrativo, es decir, sin que exista todavía un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

El juzgado ha acordado asimismo reclamar al Gobierno de Cantabria el envío del expediente administrativo completo, que deberá ser remitido en un plazo improrrogable de 20 días, cumpliendo con los requisitos legales de integridad, orden y autenticidad establecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.

Además, la resolución judicial ordena a la Administración que practique los emplazamientos legales a las personas o entidades que pudieran resultar interesadas en el procedimiento, debiendo justificar ante el juzgado que dichas notificaciones han sido correctamente efectuadas.

El auto recuerda también al gobierno autonómico su obligación legal de colaborar con la justicia, facilitando la remisión del expediente y el correcto desarrollo del procedimiento judicial.

Desde Izquierda Unida se valora esta admisión a trámite como un paso necesario y relevante para garantizar la transparencia y el control judicial sobre una modificación del convenio que afecta a la prestación sanitaria pública en Cantabria.

IU subraya que el análisis judicial permitirá aclarar si la actuación administrativa se ajusta plenamente a la legalidad vigente, una vez se disponga del expediente completo.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido este miércoles que está buscando la “forma y manera” de cumplir con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de ordenar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. No obstante, el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García, ha asegurado que consideran que la justicia “no ha entrado en el fondo del asunto” por lo que se ha negado a “anticipar cuál va a ser el sentido de la resolución judicial”.

Lo ocurrido es que el TSJM decidió el lunes aceptar la solicitud de medida cautelar planteada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del gobierno regional sobre el citado registro de objetores. La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la ley del aborto. La medida, prevista en esa norma, persigue conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención. El tribunal recuerda que la Comunidad de Madrid votó a favor de la creación de un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre de 2024. Pero hasta ahora el Ejecutivo de Madrid no ha puesto en marcha los trámites para activar este registro.

Precisamente este miércoles la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, había instado esta misma mañana al Ejecutuiivo madrileño a “cumplir la ley” tras la decisión del TSJM, pero la respuesta del equipo de Ayuso ha sido de nuevo de un choque total. “La ministra está mintiendo, está engañando una vez más. Nosotros siempre hemos preferido que fuera una resolución judicial la que estableciera la forma de proceder de la Comunidad de Madrid siendo una ley sectaria, pero es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra al fondo del asunto, simplemente ha establecido una cautelar”, ha dicho García haciendo alusión a la ley estatal que obliga a la creación del citado registro.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, García ha asegurado que “en Madrid se garantiza el derecho a la objeción de conciencia de todos los médicos, pero también que las mujeres que quieren abortar pueden hacerlo en los puestos establecidos en la ley”. “No tiene que venir la ministra para decir lo que ya está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Lo que tendrá que explicar a los ciudadanos la señora ministra es cómo puede ser que allí donde ella gestiona el Ceuta y Melilla no se practica ni un solo aborto en la pública y lo que se practica solo en la privada y en otra comunidad autónoma. Y es lo que está ocurriendo en aquellos lugares donde gestiona y donde tiene competencias la ministra García”, ha concluido.

El Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales después de que la Comunidad de Madrid no respondiera a un requerimiento en el que le instaba a poner en marcha este registro y después de que la propia Ayuso confirmara que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

Este martes, tras conocer la decisión del TSJM, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, instaba al Gobierno de Ayuso a cumplir el auto judicial que le ordena iniciar los trámites para poner en marcha el registro de sanitarios objetores al aborto. “Siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan. Por tanto, yo estoy convencida que la Comunidad Madrid acatará la decisión judicial”, aseguró, en una rueda de prensa. “La portavoz del Grupo Popular en el congreso no ha dicho más que lo que venimos diciendo todos, que el Partido Popular y este gobierno, como no puede ser de otra manera, siempre cumple”, ha matizado este miércoles Miguel Ángel García.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha detectado en los últimos días un intento de fraude en el que se avisa de manera urgente de que en 48 horas hay que renovar la tarjeta sanitaria para “conservar todos los derechos”, y se remite a un enlace de una dirección de una página web. Ante esta situación, el Servicio Cántabro de Salud quiere trasladar un mensaje claro a la población: “nunca se solicita la renovación de la tarjeta sanitaria a través de SMS, ni enlaces enviados al móvil por la prestación de sus servicios sanitarios”.

Por ello, el SCS recomienda a los ciudadanos que no respondan a estos mensajes, no faciliten datos personales o bancarios y no accedan a los enlaces que puedan contener, ya que se trata de una práctica fraudulenta ajena por completo a la administración sanitaria. Asimismo, se aconseja eliminar estos mensajes y, en caso de duda, contactar directamente con los canales oficiales del Servicio Cántabro de Salud o con el centro sanitario de referencia para verificar cualquier comunicación relacionada con su atención médica.

El SCS insiste en la importancia de extremar la precaución ante este tipo de comunicaciones fraudulentas y agradece la colaboración de los ciudadanos para prevenir este tipo de estafas.

Tras la huelga autonómica médica y facultativa celebrada la pasada semana y convocada por el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM), el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha citado este lunes a su comité de huelga para iniciar el diálogo y la negociación de las once reivindicaciones incluidas en el preaviso de huelga.

En un comunicado, el Sindicato Médico ha informado que ha solicitado “de manera expresa” la presentación de un cronograma de negociación, con plazos y fechas concretas, que permita “avanzar de forma ordenada y verificable” en cada una de las reivindicaciones. Para CESM-CLM, la reactivación de la carrera profesional en Castilla-La Mancha constituye una “prioridad irrenunciable”, y ha recordado que se trata de un derecho profesional paralizado desde 2012 y que sitúa a la región como la única comunidad autónoma sin un desarrollo efectivo de la carrera profesional.

El Sindicato Médico de Castilla La Mancha ha reiterado que la huelga autonómica convocada tiene carácter indefinido y que, en ausencia de avances reales, los próximos días de paro están previstos para el mes de junio, concretamente los días: lunes 15, miércoles 17 y viernes 19.

El sindicato ha valorado la convocatoria de esta primera reunión como “un paso necesario” para retomar el diálogo, pero subraya que solo la adopción de “compromisos concretos, verificables y acompañados de un calendario definido”, especialmente en materia de carrera profesional, permitirá avanzar hacia una “solución real” del conflicto y evitar la reanudación de las movilizaciones. En este sentido, el SESCAM ha convocado de nuevo al comité de huelga los próximos 10 de marzo y 8 de abril, con el objetivo de seguir avanzando en el estudio y negociación de las reivindicaciones planteadas.

Sanidad: “Llega el momento de la carrera profesional sanitaria”

Antes de la finalización de esta reunión, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha hecho a preguntas de los medios de comunicación una valoración del seguimiento de la huelga de médicos de la semana pasada en Castilla-La Mancha. El consejero lo ha cifra entre el 16 y el 20 por ciento, y la suspensión de intervenciones en el 40 por ciento, lo que ha supuesto “menos suspensión que la primera semana de huelga”.

En cuanto a la reunión entre el Sescam y el comité de huelga, se ha mostrado convencido de que habrá “un calendario fijado, sin duda, de negociación”.

“Nosotros lo que proponemos no es tanto un estatuto propio, que creemos que no hace fuerte al sistema, sino lo que pedimos es que efectivamente creemos que tiene que haber una mesa, un foro de negociación exclusivo para los médicos para tratar temas que son exclusivos de la profesión” y eso será lo que desde la Consejería va a proponer.

Además, se quiere pedir al Ministerio “que también habrá un foro de debate exclusivo para médicos, más allá de discutir un estatuto propio”, pues lo importante, a juicio del consejero castellanomanchego, es “discutir las cuestiones que haya exclusivamente para la profesión y discutirlas en una mesa única”.

Preguntado por la recuperación de la carrera profesional, ha insistido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ido “recuperando muchas cosas”, menos “lo que se llama carrera” porque, entre las prioridades, “no estaba la primera”.

“Ahora llega el momento de la carrera, nosotros vamos a seguir en la mesa proponiendo cosas para el nuevo modelo de carrera y seguramente llegará el momento que nos acerquemos las posturas entre Administración y los sindicatos”.

Este viernes ha concluido el quinto día consecutivo de huelga de profesionales de la medicina de toda España. Se trata de una primera tanda de movilizaciones convocada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), y por el Sindicato Médico Castilla-La Mancha (CESM-CLM) a nivel regional.

De los casi 10.000 médicos, facultativos y residentes que estaban llamados a secundar el paro, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) cifra entre 1.100 y 1.900 los profesionales que se han sumado cada día a la huelga, con un balance medio del 21%.

El director general de Recursos Humanos y Transformación, Íñigo Cortázar, ha pedido “disculpas” a la población porque una huelga “no es algo deseable, tampoco para los huelguistas”, aunque asegura que estos días no se han producido incidentes “graves”.

Por su parte, el presidente CESM-CLM, Jorge Curiel, no da cifras, ya que prefiere no entrar “en la guerra de datos con el SESCAM”, y asegura que el SESCAM les “ha boicoteado” al no proporcionarle la información necesaria para realizar los cálculos.

En cuanto a la afección a pacientes, desde CESM-CLM aseguran que ha habido “miles de consultas que se han anulado y de cientos de intervenciones quirúrgicas que se han suspendido”.

“¿Esa era nuestra intención? Por supuesto que no. Nuestra intención era llamar la atención a los gestores sanitarios, a los políticos para que se sienten en una mesa con nosotros a negociar”, matiza el presidente de CESM-CLM.

La huelga nacional continuará

Esta huelga ha tenido una doble vertiente. Por un lado, ha sido nacional, para protestar contra el borrador del Estatuto Marco propuesto desde el Ministerio de Sanidad. CESM reclama un estatuto propio para los médicos “que reconozca su singularidad, su responsabilidad y su nivel de formación”.

En este sentido, hay previstas otras cuatro semanas de huelga más, repartidas a razón de una semana cada mes hasta junio. La próxima será del 16 al 20 de marzo, una previsión que sigue adelante tras no haber avances con el Ministerio.

Queremos una jornada diaria razonable, una jornada semanal razonable, un reconocimiento a nuestra formación y, sobre todo, tener los recursos y los medios necesarios para atender bien a nuestros pacientes

“Queremos una jornada diaria razonable, una jornada semanal razonable, un reconocimiento a nuestra formación y, sobre todo, tener los recursos y los medios necesarios para atender bien a nuestros pacientes. Y si este Gobierno no lo va a hacer, pues que justifique ante los ciudadanos por qué no quiere”, reivindica Curiel.

En cuanto a Castilla-La Mancha, el sindicato centra su principal reivindicación en la recuperación de la Carrera Profesional, suprimida en 2012 bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal y que no fue recuperada por el Gobierno de Emiliano García-Page, así como en el aumento de plantillas tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

Y señalaba una novedad producida este viernes: el Gobierno regional les ha convocado a una reunión el próximo lunes.

Sindicatos y Gobierno regional se reúnen el lunes

“A partir del lunes podremos informar de cuál es la postura del Ejecutivo de García Page y de su consejero de Sanidad, y qué es lo que nos plantean una vez que se ha acabado la semana de huelga”, explica el líder sindical, que añade que lo que esperan obtener de dicho encuentro es “un calendario de negociaciones”.

Por su parte, Íñigo Cortázar, director general de Recursos Humanos del Sescam, ha confirmado el encuentro que se producirá el lunes, para el cual se ha mostrado “optimista” en llegar a acuerdos.

“El lunes nos reunimos para fijar ese calendario de negociaciones que nos tiene que llevar, seguro, a buen puerto o a una serie de acuerdos”.

Igual de optimista se ha mostrado el directivo con poder satisfacer las demandas principales que hacen desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha: la recuperación de la carrera profesional sanitaria y el aumento de plantillas.

La carrera profesional es un asunto complejo, con un componente presupuestario innegable. La nueva financiación autonómica determinará mucho

No obstante, reconoce que la carrera profesional es un “asunto complejo”, con un componente presupuestario “innegable”. Por eso, asegura que la nueva financiación autonómica “determinará mucho”.

“En cuanto al incremento de plantillas”, añade Cortázar, “tenemos un acuerdo precisamente firmado con el sindicato médico en el que establece unas ratios de cupos por tarjetas sanitarias que, si se sobrepasan, se cubre la plaza automáticamente”.

Un acuerdo que asegura que “está funcionando de una manera bastante razonable”, pero que están dispuestos a “actualizarlo, a mejorarlo y a aplicarlo de la mejor manera posible”.

Dentro del ámbito de la comunidad autónoma, CESM-CLM mantiene una convocatoria de huelga para los días 15, 17 y 19 de junio. “Queremos dar margen de negociación”, explica Jorge Curiel. “Si de aquí a junio llegamos a acuerdos, pues esa huelga se desconvocará”. Si no es así, lo que pasará es que nosotros, a nivel autonómico, empezaremos a convocar días de huelga en marzo, en abril, en mayo, porque esto ya no puede parar“.

Amb una xifra de negoci de 833 milions d’euros el 2024 (quasi 25 milions més que l’exercici anterior), la matriu del grup Ribera Salud declara un resultat consolidat de 3,5 milions, segons indiquen els últims comptes anuals depositats davant el Registre Mercantil. Es tracta de Primerosalud SLU, els comptes consolidats de la qual anoten una reducció de 745 treballadors (de 9.459 el 2023 baixa a 8.714 l’any següent). Així doncs, la firma matriu registra una rebaixa de les despeses de personal de 412,3 a 376,5 milions d’euros.

Primerosalud SLU engloba com a matriu Ribera Salud SA, de la qual deté el 100% del capital, i totes les seues societats, a més de Torrejón Salud SA. Pertany al grup francés Vivalto Santé.

La caiguda del nombre de treballadors, segons fonts de l'empresa consultades per aquest diari, es correspon amb la reversió de la gestió de l'Hospital de Dénia, avalada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

Les mateixes fonts asseguren que en el següent exercici —2025— l'empresa ha ocupat uns 500 nous treballadors.

La major part dels ingressos de la firma procedeixen de la Generalitat Valenciana i de les conselleries de Salut de la Comunitat de Madrid, Galícia i Múrcia.

La firma també controla societats a la República Txeca i Eslovàquia, mentre que Ribera Salud gestiona un hospital a Cascais (Portugal) i posseeix participacions en dues societats al Perú, que controlen sengles centres hospitalaris impulsats per Sergio Blasco, exgerent de l’Hospital General de València i nebot d’un exconseller del PP.

Els comptes anuals indiquen que l'empresa es va embutxacar liquidacions per part de Generalitat Valenciana i de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid per una suma de 219 milions (incloent l'import reconegut en l'exercici 2025 per les UTE de Ribera Salut II i de Torrevella). D'altra banda, l'empresa assegura que té pendent de cobrament 153,8 milions d'euros de la Comunitat de Madrid.

Liquidacions de la Generalitat de 104,6 milions

La Generalitat Valenciana, després de la resolució dels nombrosos procediments contenciosos amb el grup sanitari, va assumir liquidacions pels hospitals valencians (la major part amb contractes rescindits) per un valor total de 104,6 milions d’euros, segons indica la memòria de comptes anuals consolidada. Es tracta del pagament parcial de liquidacions corresponents al 2023 (amb 53,9 milions) i la resta de l’import abonat en l’exercici següent (50,7 milions).

Les liquidacions corresponen als hospitals d’Elx-Crevillent (del 2010 al 2012); de Marina Salud (del 2014 al 2016) i de les UTE de Ribera Salud II (2016 i 2017) i de Torrevella (2013 a 2015).

D’altra banda, el febrer del 2025, l’empresa va rebre les resolucions que van aprovar les liquidacions obertes fins a l’exercici 2022, que inclouen els imports a liquidar vinculats a les dues UTE: 25,2 milions d’euros.

La Conselleria de Sanitat de Madrid: 89,2 milions

Pel que fa als saldos de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, durant l’exercici 2023, l’empresa va cobrar la liquidació del 2020, a més d’altres conceptes reclamats, per un import total de 20,7 milions d’euros.

D’altra banda, el 2024 va cobrar les liquidacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 per un import de 59,6 milions d’euros, a més d’interessos de demora de 8,9 milions.

A més, en l’apartat de saldo de clients no vinculats, el balanç inclou imports per 153,8 milions d’euros pendents de cobrament generats amb la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, corresponents a la capita del mes de desembre del 2024, a la provisió de liquidació del mateix exercici i a una compensació per Covid-19.

Con una cifra de negocio de 833 millones de euros en 2024 (casi 25 millones más que el ejercicio anterior), la matriz del grupo Ribera Salud declara un resultado consolidado de 3,5 millones, según indican las últimas cuentas anuales depositadas ante el Registro Mercantil. Se trata de Primerosalud SLU, que engloba como matriz a Ribera Salud SA, de la que ostenta el 100% de su capital, y a todas sus sociedades en España, además de Torrejón Salud SA. Pertenece al grupo francés Vivalto Santé.

Las cuentas consolidadas anotan una reducción de 745 trabajadores (de 9.459 en 2023 baja a 8.714 al año siguiente). La firma matriz registra una rebaja de los gastos de personal de 412,3 millones de euros a 376,5 millones.

La caída del número de trabajadores, según fuentes de la empresa consultadas por este diario, se corresponde con la reversión de la gestión del Hospital de Dénia, avalada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

Las mismas fuentes aseguran que en el siguiente ejercicio —2025— la empresa ha empleado a unos 500 nuevos trabajadores.

La mayor parte de los ingresos de la firma proceden de la Generalitat Valenciana y de las consejerías de salud de la Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.

La firma también controla sociedades en República Checa y Eslovaquia, mientras que Ribera Salud gestiona un hospital en Cascais (Portugal) y posee participaciones en dos sociedades en Perú, que gestionan sendos centros hospitalarios impulsados por Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia y sobrino de un exconseller del PP.

Las cuentas anuales indican que la empresa se embolsó liquidaciones por parte de Generalitat Valenciana y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por un monto de 219 millones (incluyendo el importe reconocido en el ejercicio 2025 por las UTE de Ribera Salud II y de Torrevieja). Por otro lado, la empresa asegura que tiene pendiente de cobro 153,8 millones de euros de la Comunidad de Madrid.

Liquidaciones de la Generalitat de 129,8 millones

La Generalitat, tras la resolución de los numerosos procedimientos contenciosos con el grupo sanitario, asumió liquidaciones por los hospitales valencianos por un valor total de 104,6 millones de euros, según indica la memoria de cuentas anuales consolidada.

Se trata del pago parcial de liquidaciones correspondientes a 2023 (53,9 millones) y el resto del importe abonado en el ejercicio siguiente (50,7 millones).

Las liquidaciones corresponden a los hospitales de Elche-Crevillent (de 2010 a 2012); de Marina Salud (de 2014 a 2016), y de las UTE de Ribera Salud II (2016 y 2017) y de Torrevieja (2013 a 2015).

Por otro lado, en febrero de 2025, la empresa recibió las resoluciones que aprobaron las liquidaciones abiertas hasta el ejercicio 2022, que incluyen los importes a liquidar vinculadas a las dos UTE: 25,2 millones de euros.

89,2 millones de Madrid y 153,8 millones pendientes de cobro

Respecto a los saldos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, durante el ejercicio 2023, la empresa cobró la liquidación de 2020, además de otros conceptos reclamados, por un importe total de 20,7 millones de euros.

En 2024, cobró las liquidaciones de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 por un importe de 59,6 millones de euros, además de intereses de demora de 8,9 millones.

En el apartado de saldo de clientes no vinculados, el balance incluye un importe total de 153,8 millones de euros pendiente de cobro, generado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y correspondientes a la cápita del mes de diciembre de 2024, a la provisión de liquidación del mismo ejercicio y a una compensación por Covid-19.