Durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrado de forma telemática este miércoles, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón (CC), y el resto de representantes del área, han instado al ministerio a retomar desde el inicio la negociación para la reforma del Estatuto Marco, un asunto que ha generado ya una treintena de jornadas de huelga entre los médicos facultativos de todo el país. Sin embargo, esta petición común ha sido rechazada por la responsable del departamento, Mónica García, porque, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales solicitadas por los profesionales en esta legislatura.

Según informa el Ejecutivo regional, Monzón expuso la posición común de todas las comunidades autónomas respecto a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales que permita desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa en contra de la reforma del Estatuto Marco.

El Gobierno canario recuerda que se trata del tercer posicionamiento común de todas las autonomías en un mes y medio para reclamar al Ministerio consenso y soluciones a este conflicto con los médicos.

En este sentido, y en nombre de los responsables sanitarios de todas las regiones del país, Esther Monzón leyó el acuerdo conjunto de todas las CCAA en el que se insta a la ministra a “reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del SNS”.

En el documento también se recoge que la prolongación del conflicto laboral y las convocatorias de huelga por parte del personal facultativo en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco están teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.

Ya desde el pasado mes de marzo, Esther Monzón, junto a los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.

El Gobierno canario asegura que los responsables de las consejerías de Sanidad de las diecisiete comunidades autónomas muestran su “preocupación” por esta situación, pues “repercute negativamente en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, Mónica García ha rechazado “empezar de cero”, porque, según ha dicho, no se va a saltar la ley y romper el acuerdo que alcanzó con los sindicatos del ámbito del ámbito de la negociación (SATSE, FSS-CCOO UGT y CSIF), ni va tampoco va a dejar en suspenso las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Si se reiniciarán las negociaciones, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales que piden los profesionales en esta legislatura, se quedaría el asunto “aparcado” y se tendría que saltar la ley.

“No lo voy a hacer -ha insistido (..)Yo ni voy a romper el acuerdo con los sindicatos, ni voy a romper tampoco el acuerdo con los profesionales de mejorar a día de hoy las condiciones laborales. No voy a traicionar a los profesionales en sus justas demandas”.

La ministra ha rechazado algunos de los argumentos aludidos para empezar de cero como el no eliminar las guardias de 24 horas. “Lo que es destructivo es mantenerlas y mantener el texto del año 2003. Eso sí que es destructivo para el Sistema Nacional de Salud”, les ha replicado.

“No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero, para volver a debatir las mejoras de las condiciones laborales y por eso nosotros ni vamos a romper el acuerdo ni por supuesto vamos a dejar en standby y ni vamos a dejar en un cajón todo lo que llevamos trabajando desde hace tres años”, ha sentenciado.

Además, ha recriminado a las comunidades que hayan pedido a Sanidad retirar los artículos que se refieren a la jornada laboral y las guardias. “Nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales, y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones”, ha apostillado.

Para García, es el momento adecuado para reformar el sistema y mejorar las condiciones de los sanitarios porque además las comunidades, según ha comentado, tienen más transferencias que nunca, existe un crecimiento económico “histórico” y también más profesionales y formación que nunca.

“Desde el Ministerio tenemos las condiciones perfectas para ponernos a trabajar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero”, ha hecho hincapié la ministra, que ha dicho que no va a dejar en un cajón todo lo que llevan trabajando desde hace tres años.

Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha sido noticia nacional en las últimas semanas tras proponer bajar el sueldo a las personas de baja para combatir “el cáncer” del absentismo. Unas afirmaciones en las mezclaba incapacidades temporales con absentismo laboral, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el hecho de que un trabajador no se presente a su puesto de trabajo “sin motivo justificado”. Un supuesto en el que no entrarían las bajas por enfermedad como afirmó Feijóo en sus declaraciones. Se trata de un discurso en el que lleva tiempo incidiendo la CEOE de Tenerife, por ejemplo, que incide en ello en sus informes y que ha llegado a promover un “buzón de bajas fraudulentas”. Y es además un discurso al que se ha sumado recientemente la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón anunciando una comisión para combatir el “absentismo” pero incidiendo en que se han incrementado con especial atención a las bajas vinculadas a problemas de salud mental leve.

CCOO y UGT remarcan que se vuelve a mezclar absentismo laboral confundiéndose con bajas médicas e incluso permisos de paternidad y maternidad y por otros motivos. “El absentismo en Canarias no llega al 1%”, remarca, mientras insisten en que de lo que no se habla es de salud laboral.

Para Ignacio Hernández, secretario de Acción Sindical de CCOO, “todas estas palabras que hemos escuchado a Feijóo que no son nuevas, y las calificamos de lamentables, surrealistas incluso, y encima es un insulto a la clase trabajadora, pero es que también a los profesionales médicos, porque de alguna manera está diciendo que están prevaricando, que están en un fraude de ley, cuando da baja sin tener que dar esa baja, ¿no? O sea, un despropósito, un insulto, una falta de respeto, y encima habla del cáncer, sabiendo que hay 14.000 procesos oncológicos en este país, y son de origen laboral, o sea, y que en España cada año mueren 6.000 personas, 6.000 fallecimientos son cánceres originarios de trabajo, por tanto, todo esto es un despropósito”.

Hernández añade que se está hablando además con “datos manipulados” haciendo referencia al bajo porcentaje de absentismo que existe realmente. “Hay régimen sancionador, si tú faltas a trabajar se te sanciona, se te descuenta el día”, recuerda.

Considera además que está empezando a calar un relato entre patronales, extrema derecha y derecha que es perseguir las enfermedades comunes. “O sea, tienes un proceso de cáncer, estás con quimio, lo quieren perseguir, quieren recuperar algo que ya puso Rajoy en 2012 con su reforma magnífica, que era el despido por estar de baja, el despido, aunque esté justificada, eso se derogó, pero quieren volver a retomarlo”, lamenta.

Para Héctor Fajardo, de UGT, Feijóo “parece que demuestra su desconocimiento del derecho laboral, de cómo funciona el tema de las bajas laborales, la baja por IT por incapacidad temporal. Algo que no nos sorprende, no nos sorprende demasiado, pero sí nos preocupa, porque, por otra parte, esto ya viene a decir que en su programa de gobierno lo que pretende es recortar derechos a los trabajadores. Hay que recordar a Feijóo también que las bajas, las personas que estén de baja por enfermedad, por IT, en la normativa básica ya cobran menos del 100% de su base de cotización, ya por estar de baja se cobra menos”.

“Otra cosa es que a través de la negociación colectiva, a través de los pactos entre patronal, sindicato o la representación legal de los trabajadores en una empresa, y la empresa se complementa el 100% de la cotización de baja por IT, pero esto cuenta con el acuerdo entre patronal y sindicato o entre empresa y la representación legal de los trabajadores. Entonces, esto que dice él de que aunque haya pacto al contrario, ello aboga por pagar menos a un trabajador que esté de baja, aparte de ser ilegal lo que está diciendo, muestra un desprecio absoluto hacia el diálogo social y la negociación colectiva. Y también muestra un desprecio absoluto hacia la propia patronal, a pesar de que está planteando defender sus decisiones”, agrega Héctor Fajardo.

Fajardo también incide en la idea de que “confundir absentismo con incapacidades temporales, aparte de que vuelve a demostrar su desconocimiento, pero aparte vuelve a hacerle el juego a la patronal con una campaña que está desarrollando a todos los niveles, no solamente a nivel estatal, sino aquí a nivel regional a patronal en Canarias. Están fomentando un discurso que es falaz, que lo que viene es a criminalizar a los trabajadores, dando por hecho no solamente a los trabajadores, sino también a los profesionales, a los facultativos, acusando los de fraude. Que nos parece muy grave”.

A Fajardo le sorprende que el Colegio de Médicos, por ejemplo, “tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife ”no haya puesto el grito en el cielo, ante las acusaciones de la patronal de estar acusando a los médicos de realizar fraude y de mentir en esas bajas, en esas bajas que las da un facultativo, y precisamente es un facultativo su rigor científico a la hora de establecer si la persona puede trabajar o no, si le está haciendo esas acusaciones“.

Alarma ante la mesa que anuncia la consejera de Sanidad

El vicesecretario General de Organización y Comunicación de UGT añade que otra cuestión que preocupa al sindicato y que no es la primera vez que pasa, es que la administración, el Gobierno regional “le compre también el mismo discurso a la patronal y ahora haya creado una mesa de absentismo vinculada con la ITE, la Consejería de Sanidad, que quiera crear una mesa de absentismo. Oye, si vamos a hablar de bajas, si vamos a hablar de incapacidades temporales, es cierto que hay un porcentaje alto de incapacidades temporales, pero eso tiene que ver con la escasa política de prevención de riesgos laborales, la escasa política de promoción de la salud en los entornos laborales. Esto es responsabilidad única y exclusivamente, bueno, principalmente vamos a decir, de las empresas”, asegura.

“Si hubiera una política fija de prevención de las enfermedades, no solamente de enfermedades de origen laboral, sino de prevención de la salud o de promoción de la salud, seguro que las incapacidades temporales se reducen. También mejorando las condiciones de trabajo, mejorando las sobrecargas laborales que hay, también se reducen las incapacidades temporales”, advierte.

“Entonces, eso es mejor manera de resolver este problema que no mirar a los trabajadores y criminalizarlos. Porque al final lo que están intentando hacer es trabajar enfermos. Y eso, a la larga, aparte de ser una política bastante estúpida, porque lo que va a provocar eso es que bajas se alarguen, se cronifiquen”, agrega.

En este punto, Ignacio Hernández añade que a esa mesa que ha anunciado la consejera de Sanidad no se ha invitado a los sindicatos. “Vamos a hablar, pero vamos a hablar de verdades, de lo que realmente está pasando. Porque están pasando cosas, por ejemplo, ¿por qué no hay inversión en prevención de riesgos laborales? Vamos a buscar el origen de esas bajas médicas, de esos accidentes. El año pasado murieron 30 personas en Canarias, no volvieron a su casa a ver a su familia. Pues no se ha invertido en prevención de riesgos laborales, inviertan en prevención de riesgos laborales, evalúen por qué esas ansiedades, por qué esas hernias, por qué esas intoxicaciones de los bomberos forestales…

Asimismo, apunta que cuatro de cada diez horas extras que se hacen, ni se pagan, ni se cotizan, ni se compensan y pese a ello al Gobierno de Canarias solo le interesa hablar de productividad. “Un informe del BBVA dice que en los últimos 25 años ha aumentado la productividad de las personas trabajadoras un 22%, producimos mejor las personas trabajadoras, mientras que en nuestros últimos 25 años, la productividad de las empresas, que son otros factores que se miden distintos, ha caído hasta un 21%”, apunta. “Entonces, el problema no son los trabajadores, las trabajadoras, el problema es otro”, agrega.

El secretario de Acción Sindical de CCOO pone el ejemplo de la hostelería en Canarias, con jornadas de turnos partidos, salarios más bajos que en el resto de España y muy precarizada. “En Canarias se produce, los trabajadores producen, pero es el sistema productivo canario el que no es eficiente”, sostiene.

La secretaria general de CCOO Canarias, Vanessa Frahija Betancort, también se ha pronunciado recientemente en comisión parlamentaria acusando al Gobierno de Canarias de “comprar el relato a la patronal” sobre el absentismo laboral y de criminalizar a la clase trabajadora mientras se evita abordar problemas como la pobreza, los bajos salarios, la economía sumergida o las horas extra sin remunerar.

Según sus declaraciones, recogidas por EFE, rechazó también que se identifiquen como absentismo las bajas médicas, los permisos de maternidad o paternidad, los accidentes laborales y otros derechos reconocidos legalmente, y ha asegurado que la ausencia injustificada del puesto de trabajo “no llega al 1 %” en Canarias.

Además, afeó al Ejecutivo autonómico asumir el discurso empresarial mientras guarda silencio sobre el fraude derivado de la economía sumergida, las más de 32.000 horas extraordinarias semanales que, según el sindicato, no se pagan ni cotizan, o la derivación de pacientes desde las mutuas al Servicio Canario de la Salud, que contribuye a aumentar las listas de espera.

Podemos Cantabria ha presentado un escrito complementario ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, dentro de las diligencias de investigación preprocesal que se están tramitando actualmente, con el objetivo de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal diversos antecedentes relacionados con la gestación del convenio singular suscrito entre el Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde.

La formación ha informado este jueves en un comunicado que la decisión se adopta una vez concluido el procedimiento de acceso a la información pública promovido por Podemos, que requirió la intervención de los mecanismos de garantía previstos en la normativa de transparencia, y tras analizar el expediente administrativo facilitado por la Consejería de Salud.

Según ha explicado, el examen del expediente administrativo facilitado por la Consejería le ha permitido comprobar que la documentación remitida no contiene referencias a reuniones mantenidas entre el Gobierno de Cantabria y responsables del Hospital Santa Clotilde o de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para abordar el futuro convenio singular durante el año 2024.

Sin embargo, “existe información pública que sitúa el inicio de los trabajos y negociaciones relacionados con dicho convenio varios meses antes de la aprobación de la modificación legislativa que incorporó el artículo 90 bis a la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria y habilitó esta nueva figura de colaboración”.

El partido ha precisado que entre esa información figura la reunión mantenida el 29 de mayo de 2024 entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y representantes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en la que ambas partes anunciaron públicamente que estaban trabajando en un “convenio singular que dé estabilidad a la colaboración entre instituciones”.

Asimismo, la propia Memoria 2024 del Hospital Santa Clotilde recoge expresamente que durante dicho ejercicio el centro ya se encontraba trabajando en el denominado 'Acuerdo de vinculación' con el Servicio Cántabro de Salud, incluyendo reuniones relativas a la definición de la futura cartera de servicios y de los volúmenes de actividad previstos para los próximos años.

Para el consejero ciudadano de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, “resulta cuando menos extraño que en mayo de 2024 se hable de negociaciones sobre algo que legalmente no existe hasta varios meses después”.

“Después de varios requerimientos a transparencia teníamos esperanza de conocer el contenido de esas negociaciones, pero ahora que transparencia ha cerrado el expediente no nos queda otra que informar a la Fiscalía”, ha señalado.

Para Podemos, “si la propia documentación corporativa del hospital sitúa el denominado 'Acuerdo de vinculación' como uno de los elementos estratégicos del plan de crecimiento y ampliación del centro en su Memoria de 2024 y, además, se habla públicamente del convenio singular meses antes de existir esa figura legal, resulta razonable preguntarse si la modificación normativa y el posterior expediente administrativo respondieron a una planificación preexistente, cuestión que precisamente corresponde esclarecer a la Fiscalía”, ha concluido.

El Ayuntamiento de la localidad toledana, gobernado por el PP, ha hecho público un escrito dirigido a la Consejería de Sanidad reclamando “medidas urgentes” para abordar la “demora” que, aseguran, están sufriendo “numerosas” de sus vecinas para la realización de las mamografías con las que se detecta de forma precoz el cáncer de mama.

Según el consistorio nambroqueño, que dirige Bernardette García Sánchez, algunas mujeres llevan esperando “hasta ocho meses” para que llegue su turno.

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama es un servicio gestionado por la Consejería de Sanidad y dirigido a mujeres de entre 45 y 70 años, que, con una periodicidad aproximada de dos años, deben acudir al recurso asignado del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) o bien a un centro privado concertado por la Consejería de Sanidad para que se les realice una mamografía. En el caso de Nambroca, al estar integrada en el Área Sanitaria de Toledo, el responsable de ejecutar esta labor de cribado es el servicio de radiodiagnóstico del complejo hospitalario de la capital castellanomanchega, que atiende cada año a más de 37.000 mujeres para este fin, según fuentes de Sanidad.

“La detección temprana es fundamental para mejorar el pronóstico y la eficacia de los tratamientos. Por ello, hemos solicitado que se adopten con carácter urgente las medidas necesarias para reducir estos tiempos de espera y garantizar que las pruebas se realicen en unos plazos adecuados”, afirma el Ayuntamiento de Nambroca en una publicación en sus redes sociales. “Asimismo, hemos pedido que se informe a este Ayuntamiento de las actuaciones previstas para normalizar esta situación”, abunda el escrito, dirigido a la Consejería de Sanidad.

Desde la Asociación de Pacientes Afectadas de Cáncer de Mama Toledo (Apacama) no tienen constancia de que se estén produciendo retrasos en la prestación de este servicio ni en Nambroca ni otras localidades de la provincia. Entidades similares de Albacete -AMAC- y Puertollano -Asociación Santa Águeda- también afirman que en dichas provincias no existen demoras como las denunciadas. “Nos convocan puntualmente cada dos años”, afirma la presidenta de Santa Águeda, Ana Valderas, que sospecha que la polémica es “politiqueo” entre dos administraciones de signo político contrario.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Nambroca, y con su alcaldesa, para profundizar en los detalles de esta denuncia, saber cuántas mujeres de la localidad han resultado afectadas por este supuesto retraso y cuándo fue la última vez que sus vecinas se sometieron a la prueba.

Noviembre de 2023, las últimas pruebas realizadas

La edil explica que la última campaña a la que asistieron las mujeres de Nambroca fue la de noviembre de 2023. “Estas campañas se desarrollan cada dos años, de ahí que en noviembre de 2025 Nambroca debiera haber asistido. Por tanto la demora es de 8 meses actualmente”, afirma Bernardette García Sánchez.

“Se supone que la medicina preventiva está para cumplir plazos”, afea al SESCAM y subraya como “prioridad” que “los ayuntamientos exijamos el cumplimiento estricto de estos cribados y la mejora en los protocolos de estos programas. La detención precoz es un derecho fundamental que salva vidas y requiere la máxima transparencia y recursos por parte de las instituciones”.

El SESCAM asegura que su turno llegará en noviembre

Por su parte, fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha han asegurado que a las mujeres de Nambroca incluidas en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama les llegará su turno el próximo mes de noviembre, “conforme a la planificación establecida para este programa preventivo”. Indican que las cartas de citación comenzarán a remitirse durante el mes de octubre.

Desde el servicio de salud castellanomanchego justifican que este programa se desarrolla con rondas de cribado que se realizan cada dos años dentro del ciclo que corresponde a cada municipio, “sin que las citaciones tengan que producirse exactamente dos años después de la mamografía anterior”. “No existen, por tanto, tiempos de espera asociados al programa, sino un calendario de convocatorias establecido para garantizar el desarrollo ordenado de esta actividad preventiva”, añaden las mismas fuentes.

No obstante, el SESCAM no ha precisado a este medio cuándo fue la última vez que las mujeres de Nambroca fueron convocadas para someterse a esta prueba.

“Es importante recordar que el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama es un programa de cribado dirigido a mujeres sanas. La programación de las exploraciones se organiza conforme al calendario anual del programa, que contempla una planificación específica durante los meses de verano. En cualquier caso, las mujeres que detecten cualquier alteración, síntoma o cambio en la mama no deben esperar a la cita del programa de cribado, sino acudir a su médico o médica de familia, quien realizará la valoración clínica correspondiente y, si está indicado, la derivación a la Unidad de Mama para su estudio y atención especializada”, concluyen desde el servicio sanitario regional.

El PP también pidió explicaciones en Talavera de la Reina

No es la primera vez que un ayuntamiento del PP pide explicaciones por retrasos en las pruebas de cribado de cáncer de mama a lo largo de esta legislatura.

El pasado mes de octubre trascendió que una empresa privada del ámbito sanitario había renunciado a cumplir con el contrato establecido con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para realizar labores de cribado del cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera de la Reina. Fue el 31 de mayo de este año 2025 cuando el centro concertado para realizar este servicio en el área sanitaria de Talavera de la Reina dejó de prestar el servicio “sin avisar y sin dar razones”, según aseguraron entonces fuentes de la Consejería de Sanidad.

Esa situación dejó parado el servicio preventivo para una parte de las mujeres que tenían que ser citadas este año en esta comarca de la provincia de Toledo durante casi cinco meses, dejando por completar cerca de 3.000 mamografías.

El alcalde de Talavera de la Reina, el 'popular' José Julián Gregorio, pidió entonces explicaciones a la Consejería de Sanidad sobre lo ocurrido, asegurando que el problema podía “ser muy grave” porque “se hicieron muchísimas pruebas diagnósticas días antes y a muchas mujeres no se les ha dado el resultado”, indicó, aunque sin concretar cifras.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, afirmó que era “absolutamente falso” que hubiera miles de mujeres afectadas, tal y como se llegó a difundir en redes sociales. Pidió no crear “alarma” con un tema “tan sensible”, asegurando que todas las pruebas que habían quedado pendientes por la renuncia de la empresa concertada quedarían completadas antes de que terminase el año pasado.

Un total de 15.313 personas estaban al cierre del pasado junio a la espera de una intervención quirúrgica en Cantabria. Son 19 más que las que había en lista en mayo (+0,12%), pero 661 más si se compara con el mismo mes del año anterior, lo que supone un aumento del 4,5 por ciento.

También creció en la región en términos interanuales la demora media para la operación, hasta los 136,8 días, que son ocho días y medio más que al término del primer semestre de 2025, aunque supone una ligera reducción respecto al pasado mes de mayo, cuando la espera era de 137,3 días, según datos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), consultados por Europa Press.

De este modo, las personas en lista de espera han ido aumentando con subidas prolongadas en los últimos meses en la región, mientras que la espera media para una operación ha vuelto prácticamente a niveles de febrero (136,5 días) después de haber bajado en marzo y abril (135,3 y 134,7, respectivamente).

Además, también ha crecido en un mes el número de pacientes en espera de una consulta hospitalaria en Cantabria, ya que a cierre de junio había 38.074 en esa situación, con una demora media de 54,4 días, superior a los 37.895 de mayo, aunque entonces el tiempo era ligeramente mayor (54,6 días).

Y si se compara con hace un año, la cifra de cántabros en esta lista de espera ha aumentado igualmente, un 1,1%, al subir desde los 37.646 que había entonces, cuando el tiempo era de 61 días, con lo que también se ha reducido (un 10,8%).

Finalmente, a 30 de junio había en Cantabria 40.144 personas pendientes de pruebas diagnósticas, que son menos que las 43.383 del mes pasado y también inferiores respecto a los 40.504 de hace un año. La demora media es de 67,5 días, menos que los 71,8 días de mayo pero más que los 55,5 días de junio de 2025.

El Laboratorio Clínico Central, el organismo que da cobertura a seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, tiene una nueva empresa gestora: el gigante sanitario Quirón. El grupo ganó la adjudicación del Gobierno autonómico, valorada en 120 millones de euros para los próximos cinco años, después de que Ribera Salud estuviese gestionando el centro desde que abrió en 2008. Ahora, con el desembarco del nuevo grupo, trabajadores de laboratorio denuncian una situación de inestabilidad con la pérdida de antigüedad, contratos con condiciones diferentes y una “subrogación encubierta”.

Una vez Quirón ganó la adjudicación a Ribera, comenzó el conflicto entre las dos empresas. La Comunidad de Madrid aprobó una prórroga para Quirón de una semana para hacer la transición entre las dos empresas. Quirón acusó a Ribera de falta de colaboración, según publicó entonces El País, además de asegurar que Ribera Salud estaba intentando “instigar a la plantilla en contra” de la nueva empresa. Y en medio de ese choque, los trabajadores ya denunciaron un “limbo” y un futuro incierto que se ha terminado de materializar esta semana con una imagen, con los trabajadores intentando entrar en su puesto de trabajo y la negativa del nuevo equipo.

“En todo momento Ribera Salud nos ha estado informando a través de cartas de una subrogación en la que Quirón se iba a hacer responsable de nosotros”. Habla Marta (nombre ficticio), trabajadora del servicio de laboratorio del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que relata que cuando llegaron los nuevos contratos vio que las condiciones no eran las mismas, por lo que no las aceptó, como otros compañeros suyos. Este lunes, ha acudido como siempre a su puesto de trabajo y se ha encontrado con una situación inesperada que afecta a unos 30 trabajadores: “Algunos hemos llegado a trabajar, hemos fichado y en ese momento nos han dicho que no podíamos prestar servicios. Hemos llamado a la Policía y han hecho un informe”, relata.

Ese laboratorio, el del Hospital Infanta Sofía, proporciona servicio a otros cinco hospitales: el del Henares, en Coslada; el Infanta Cristina de Parla; el Infanta Leonor; el Sureste de Arganda del Rey; y el del Tajo, en Aranjuez. Aquí se procesan las muestras de laboratorio de cerca de 1,4 millones de pacientes de la región. Pero el testimonio de Marta no es el único. Otra trabajadora, E.F., denuncia que los trabajadores que llevaban muchos años en el centro, algunos hasta 17, han perdido toda la antigüedad. Por un lado, Ribera Salud no quiere indemnizarles porque entienden que es una subrogación. Por otro, Quirón argumenta que no lo es.

En conversación con este periódico, un portavoz del grupo sanitario asegura que están “siguiendo en todo momento las pautas del concurso” en cuanto a la antigüedad de los trabajadores, con quienes dice que hay un “diálogo permanente”.

Ahora, algunas personas que continúan trabajando en el laboratorio clínico relatan una situación de “falta de personal”. “Quirón tuvo que contratar a personal sin experiencia y a pesar de ello no damos abasto”, argumenta Marta en declaraciones a elDiario.es, que asegura que el grupo sanitario “necesita” a los trabajadores que no han firmado.

Ismael trabajaba en el laboratorio del Hospital Infanta Cristina de Parla, que procesa analíticas críticas. En su caso, la mayoría de los técnicos de laboratorio han decidido que no iban a firmar los nuevos contratos: “Nos dijeron que se nos iba a respetar todo”. “Todo muy bonito hasta el momento en el que dicen que lo que no nos van a respetar sería la antigüedad”, explica a través de conversación telefónica, lo que les lleva a rechazar los cambios. “Lo único que nos va a proteger el día de mañana es la antigüedad”, argumenta. El trabajador explica que, en algunos casos, quienes sí que han firmado se han visto obligados a hacerlo por estar en situación de vulnerabilidad. “Hoy han ganado ellos, nos quedamos fuera”, dicen sobre el resto, quienes, como E.F., también acudieron a su puesto de trabajo: “Nos dijeron que nos teníamos que ir”.

Tanto Ismael como Marta relatan otra consecuencia del caos laboral. Ya que Quirón argumenta que no es una subrogación, no pueden utilizar los equipos antiguos de Ribera Salud, aunque los trabajadores aseguran que en algunos casos sí se están utilizando. Ismael asegura que eso supone retrasos en las analíticas, mientras que el portavoz de Quirón asegura a este periódico: “Acabamos de hacernos cargo y tendremos que hacer cambios”.

Pero no solo hay críticas por el uso de equipos antiguos. Trabajadores como E.F. aseguran que cuando comenzó el nuevo equipo el lunes no se estaban procesando las muestras del viernes. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lo niegan asegurando que “no hay problemas asistenciales. Se está atendiendo todo”, dicen a elDiario.es.

Sin pruebas genéticas

La polémica no solo ha surgido por el “limbo” denunciado por los trabajadores. Con el nuevo pliego, se firmó también otro cambio: algunas áreas de alta especialización, como las pruebas relacionadas con genética constitucional y genética somática, que históricamente se venían realizando en el Laboratorio Clínico Central, ahora pasarán a ser asumidas por el sistema público de salud, una medida que fuentes de la consejería de Salud justifican en una “mayor eficiencia”. “Se está desarrollando una estrategia común para todo el SERMAS de medicina personalizada de precisión y la genética de estos pacientes entra dentro de la centralización”, explican en declaraciones a elDiario.es.

Esto supone un ahorro para la nueva empresa adjudicataria, Quirónsalud, teniendo en cuenta además que estas pruebas de laboratorio suelen ser las más caras.

Desde Izquierda Unida Madrid critican que el SERMAS continúe su “desprecio hacia la Sanidad Pública”: “Profundiza en la externalización de los laboratorios clínicos mientras asume las áreas menos rentables”, argumentan. Según el partido, la consecuencia es un modelo que supone una “socialización de las áreas menos rentables y más intensivas en conocimiento especializado, mientras se mantiene en manos privadas una parte sustancial de la actividad analítica de mayor volumen”. Y, en consecuencia, “un sistema en el que la sanidad pública asume las cargas estructurales y de personal necesarias” mientras financia “mediante contratos millonarios actividades que podrían prestarse directamente desde la propia red pública”.

También Comisiones Obreras ha denunciado la situación a través de un comunicado publicado este miércoles, en el que critican “irregularidades” en el traspaso a Quirón y ha exigido la intervención del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), “que conocen desde hace tiempo la problemática que afecta a la plantilla”.

Más de un centenar de personas, según la organización, se han movilizado este lunes en el Hospital de Laredo en una concentración convocada por la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria (CCOO) para exigir la clasificación del personal técnico medio y superior sanitario “en el grupo que verdaderamente le corresponde y como ya está acordado con el gobierno central”, ya que se trata de un colectivo infraclasificado según su nivel de titulación y competencias profesionales, ha subrayado el sindicato.

La secretaria de Acción Sindical de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, María José Barrio, ha subrayado que “la clasificación de este personal, imprescindible para el buen funcionamiento de la sanidad pública, implica el reconocimiento efectivo de su titulación y responsabilidades, además de un reconocimiento económico que puede llegar a los 3.000 euros anuales”.

Así, el sindicato ha insistido su exigencia de aplicar la normativa vigente, “porque ya está recogido en el Estatuto Básico del Empleado Público, y el cumplimiento del acuerdo para una administración del siglo XXI, firmado e incumplido”.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha iniciado este mes de mayo la nueva vuelta del programa de detección precoz de cáncer de mama, que ha ampliado la franja de edad del cribado -hasta ahora era de 50 a 69 años- en cuatro: dos por abajo, hasta los 48, y otros tantos por arriba, hasta los 71, con lo que llegará a más de 30.000 mujeres.

Tras esta nueva vuelta, que ha comenzado mientras la anterior está prácticamente terminada, seguirá otra, en la que la Consejería de Salud incluirá al resto de cántabras susceptibles de participar con motivo de la ampliación prevista del programa, desde los 45 y hasta los 75 años, según ha indicado el titular del departamento, César Pascual, este lunes en el pleno del Parlamento, en respuesta a preguntas de la diputada del PRC Paula Fernández para despejar “dudas” sobre este asunto.

Pascual ha señalado que la ampliación del cribado ha sido aprobada hace unas semanas en España y ha destacado al respecto que si bien todavía no se ha incorporado formalmente a la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, Cantabria se ha “anticipado” con la incorporación de más mujeres en la vuelta que acaba de comenzar, al aumentar ya el rango de edad de las participantes.

Y ha apuntado que se completará en la próxima convocatoria invitando a mujeres de 45 a 74 años y que se hará “con planificación, recursos y con anticipación”, como ahora. En este sentido, ha subrayado que se han reforzado los recursos humanos con la contratación de técnicos especialistas en radiodiagnóstico, radiólogos -uno especializado en mama que se incorporará a la unidad de este cáncer en el Hospital Valdecilla-, una enfermera y dos administrativos para gestión de resultados, y ha añadido que se incorporarán otros cuatro profesionales para la coordinación de los programas de cribado, uno de ellos el de mana.

Además, Pascual ha defendido que Cantabria está modernizando el programa con nueva tecnología y la incorporación de Inteligencia Artificial para apoyar la lectura de las pruebas y priorizar el diagnóstico.

El consejero ha indicado que la vuelta anterior, la número 14, casi ha terminado ya (queda participación “residual”), con una aceptación del 76,18 por ciento en Cantabria, donde los tiempos medios de respuesta “continúan siendo adecuados, a pesar de que estamos sometidos a las incidencias de todo tipo”, ha apostillado para referirse a bajas de especialistas o rotura de equipos.

Y la vuelta 15 ha comenzado con una demora media de once días y de cinco para la realización de pruebas complementarias, según ha apuntado Pascual, que ha insistido en que está “planificada perfectamente”, desde el punto de vista de las citas en cada centro también, para poder atender a las 30.000 personas invitadas.

Así, ha avanzado que se prevén 48 citas por la mañana en la unidad móvil, otras tantas por la tarde, también las misma sen el centro salud Vargas de Santander, en Laredo o Sierrallana, mientras que la segunda unidad móvil que se va a incorporar al programa prevé 95 citas.

“Está planificado todo, cómo atender a esas 30.000 personas más, para poder terminar en los plazos” previstos la nueva vuelta del programa de detección precoz del cáncer de mama, ha insistido el consejero. “Poco a poco vamos enderezando un tema que encontramos hecho un auténtico desastre tras sus ocho años de Gobierno”, ha afeado para terminar a la regionalista.

Como profesional que ha dedicado tiempo al cuidado y tratamiento de los pacientes rurales, algunos de ellos con enfermedad renal crónica, la publicación del reciente informe técnico sobre el estado de la hemodiálisis en nuestra región me obliga a continuar comentando sobre este asunto.

Tras meses de demandas legítimas por parte de los afectados y de la propia asociación ADERHE, los datos definitivos no solo les dan la razón a sus demandas, sino que desvelan una realidad asistencial profundamente preocupante y una alarmante desconexión entre las promesas políticas y la praxis médica real. El informe facilitado recientemente a ADERHE y elaborado por la empresa adjudicataria expone una serie de conclusiones que, analizadas con rigor clínico, pueden resultar alarmantes. Creo que lo más grave de este documento es la confirmación oficial de la existencia de datos subóptimos respecto a la inclusión de pacientes en la lista de espera para trasplante renal.

La inclusión en esa lista de espera de trasplante no es un mero trámite burocrático; es la vía hacia la supervivencia cualitativa, la alternativa terapéutica más eficiente, digna y humana frente a la servidumbre que supone depender de la máquina de diálisis. Los datos que refleja ese informen se pueden calificar como “subóptimos”, porque el mínimo exigible a los centros de diálisis es un 10% en lista de espera de trasplante, y en centros de Albacete no llega al 8% y en Toledo no llega al 7%. Estas cifras, aunque parezcan pequeñas, cambia por completo la vida de estas personas que siguen atadas a una máquina 2 o 3 días por semana. En términos llanos, esos datos muestran que existen retrasos, fallas de protocolo o deficiencias estructurales que están limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a tiempo a un órgano.

Esos datos muestran que existen retrasos, fallas de protocolo o deficiencias estructurales que están limitando el derecho de los ciudadanos a acceder a tiempo a un órgano

Esta situación es suficiente para justificar de manera inmediata que ADERHE exija explicaciones formales tanto a la Coordinación Regional de Trasplantes como a la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). Defender los derechos de los pacientes implica exigir total transparencia sobre por qué los enfermos no están siendo registrados con la celeridad que los protocolos nacionales exigen.

Uno de los puntos más controvertidos del actual escenario radica en la cronología de las decisiones políticas. En febrero de 2026, el consejero de Sanidad compareció ante los medios de comunicación en Televisión Hellín afirmando que la centralización del servicio en Albacete respondía estrictamente a criterios de “seguridad del paciente”, argumentando la falta de evidencia científica para sostener unidades de menos de 50 o 60 pacientes y la escasez de personal (aludiendo a la presencia de una única nefróloga en la localidad). El consejero tildó las demandas sociales de “ruido” y llamó a “poner cordura”.

Sin embargo, la realidad de las fechas oficiales desmonta ese relato de prudencia técnica. Se ha constatado que la convocatoria para la reunión del grupo de trabajo sobre el Documento Marco de Hemodiálisis de Castilla-La Mancha se fijó para el 27 de febrero de 2026. Esto desvela dos cuestiones demoledoras: primera, que desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2026 el grupo de trabajo estuvo completamente paralizado e inactivo, ignorando durante año y medio el mandato de las Cortes regionales; y segunda, que cuando el consejero se apoyó en “criterios técnicos” a principios de febrero, debía referirse a los de su formación como especialista en medicina, pero no a los del comité de expertos de Nefrología porque ni siquiera se había reunido.

Todo invita a pensar que se utilizó el argumento técnico de manera preventiva para justificar una decisión política de centralización de costes, hurtando así de facto el debate sobre el asunto. Ambas fechas confirman punto por punto lo que ADERHE venía denunciando públicamente en el otoño de 2025. Nadie en la comunidad médica osaría comprometer la seguridad de un paciente renal. Es indiscutible que una unidad de hemodiálisis requiere el soporte de especialistas con experiencia y un respaldo científico sólido. Pero esgrimir de forma taxativa que una unidad con menos de 50 pacientes es clínicamente inviable o inherentemente peligrosa, es una verdad a medias que puede rozar la desinformación. Existen modelos de unidades de diálisis periféricas o de proximidad, perfectamente seguras y eficientes en la geografía nacional, siempre que estas cuenten con la dotación presupuestaria, la infraestructura técnica y los canales de interconsulta adecuados.

Decirle a un paciente pluripatológico de Hellín que la distancia y la dispersión geográfica no importan, y que su obligación es desplazarse sistemáticamente a Albacete por su "propia seguridad", mientras la administración congela la dotación de plazas sanitarias, suena a falacia asistencial

Decirle a un paciente pluripatológico de Hellín que la distancia y la dispersión geográfica no importan, y que su obligación es desplazarse sistemáticamente a Albacete por su “propia seguridad”, mientras la administración congela la dotación de plazas sanitarias, suena a falacia asistencial. Los criterios técnicos de cualquier especialidad médica moderna, y la Nefrología es una de las más avanzadas en esa materia al regirse estrictamente por protocolos y criterios con evidencia científica, deben servir para buscar soluciones y acercar el tratamiento al paciente, y nunca como un parapeto administrativo para disimular el ahorro presupuestario.

Si el problema real es la falta de profesionales, la solución ética pasa por convocar plazas atractivas y dotar al Hospital de Hellín de un servicio estructurado, no por resignarse y centralizar de forma crónica el sufrimiento físico y emocional del paciente y de sus familias. El propio consejero afirmó públicamente que, si los estudios y los profesionales técnicos indicaran la viabilidad de la unidad, la inversión económica o la obra no serían un obstáculo para llevarla a cabo. Llegados a este punto, esa promesa debería cumplirse de inmediato de forma transparente. El grupo de trabajo recién convocado debe evaluar la situación sociosanitaria de Hellín sin apriorismos políticos ni presiones centralizadoras orientadas a cuestiones presupuestarias. La decisión política debe ser posterior.

Creo que ADERHE debe mantenerse firme y beligerante en sus reivindicaciones. No pueden permitir que los datos de inclusión en lista de espera de trasplantes sigan siendo deficientes en los informes de las adjudicatarias, ni que se justifique la inacción institucional mediante la parálisis selectiva de los órganos de evaluación técnica. La salud renal y la calidad de vida de los ciudadanos de Hellín se defienden dotando de recursos humanos a la periferia y garantizando la equidad en el acceso a la salud.

Los pacientes deben contar con el respaldo suficiente de los profesionales de Nefrología, de las sociedades científicas regionales y nacionales, de no ser así estarán afrontando en solitario una lucha desigual frente a las Administraciones. Es momento de que todas las partes implicadas trabajen conjuntamente para garantizar una atención sanitaria equitativa, cercana y acorde a las necesidades reales de estos pacientes.

La Dirección General de Salud Pública del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha advertido este lunes de que en el archipiélago persiste el riesgo “muy alto y extremadamente alto” por radiación ultravioleta.

En un comunicado, el Gobierno canario detalla que las zonas con riesgo extremo en Canarias son la isla de El Hierro, La Palma con excepción de San Andrés y Sauces, Santa Cruz de La Palma y Tazacorte, La Gomera con excepción de San Sebastián y Hermigua, Gran Canaria con excepción de Gáldar, Agaete y La Aldea de San Nicolás.

En el caso de Fuerteventura, el riesgo extremo están los municipios de Antigua y Betancuria; y en Tenerife, Granadilla de Abona, San Miguel de Abona, Vilaflor de Chasna, Arona, Guía de Isora y Santiago del Teide.

El resto de municipios de Canarias continúan en riesgo muy alto por radiación UV.

En el Plan de Actuaciones Preventivas frente la Radiación Ultravioleta en la Salud, que establece una serie de recomendaciones para reducir los efectos en la salud de las personas asociados a la radiación ultravioleta (UV), establece cinco niveles de riesgo (bajo, moderado, alto, muy alto y extremo).

De manera semanal la Dirección General de Salud Pública del SCS publica un mapa del archipiélago con el nivel de riesgo según los indicadores que establece la AEMET.

De acuerdo con este plan, la Dirección General de Salud Pública recuerda que protegerse del sol es una responsabilidad que se debe mantener no solo en verano, sino durante todo el año, incluso en los días nublados.

Cuando el riesgo para la salud por exposición a la radiación solar alcanza este umbral (muy alto y extremo), es recomendable enfatizar el uso diario de protección solar (SPF 50 o más), permanecer en zonas de sombra en las horas centrales del día, llevar sombreros de ala ancha y ropa que cubra brazos y piernas, usar gafas de sol adecuadas y protegerse del sol, tanto adultos como menores.

Además, los técnicos de la Dirección General de Salud Pública insisten en que “el daño solar es acumulativo” y que “la exposición excesiva y las quemaduras en la niñez aumentan el riesgo de algunos tipos de cáncer de piel muchos años, o incluso décadas, después”, subrayan.

Asimismo, hay que recordar que, en los días nublados, los rayos solares se filtran igualmente a través de las nubes, aunque los que la sensación de calor puede ser menor, lo que también sucede cuando existe brisa.

Según recuerda el Gobierno autonómico, Canarias es la región de España con mayor nivel de radiación UV durante todo el año, según los datos que proporciona la Aemet.

La radiación UV es una forma de radiación emitida por el sol y por fuentes artificiales, como las camas bronceadoras, y que forma parte del espectro no visible de la luz solar.

El comité de empresa de la Fundación Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL) ha presentado nuevas actuaciones ante la Inspección de Trabajo por la situación generada tras el inicio de las obras de demolición de la Residencia Cantabria y su afección directa sobre el personal que desarrolla su actividad en este espacio. A través de una nota de prensa, se denuncia la ausencia de información sobre las medidas preventivas específicas por la proximidad del edificio a las obras, situado a escasos metros del foco de demolición.

Según ha señalado Guillermo Villegas, coordinador de empresas públicas en la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Cantabria, “no se han facilitado evaluaciones concretas de riesgos ni documentación preventiva suficiente sobre cuestiones relacionadas con la posible presencia de amianto, vibraciones, polvo en suspensión, calidad del aire o posibles afecciones estructurales derivadas de los trabajos de demolición”.

Tras conocerse la aparición de grietas en el edificio principal y la adopción de medidas preventivas en otras dependencias del antiguo complejo hospitalario, incluyendo el traslado de personal de algunos edificios anexos, la preocupación del comité de empresa es aún mayor, y así se lo han trasladado a la Inspección de Trabajo ya que, en el caso del Idival, no se ha aplicado ninguna actuación equivalente, pese a encontrarse en una situación de proximidad y exposición comparable.

“Se está produciendo una diferencia de trato entre el personal que desarrolla su actividad dentro del mismo entorno y bajo unas condiciones ambientales similares, sin contar con la acumulación de escombros junto a las ventanas del edificio de IDIVAL, lo que está generando presencia visible de polvo incluso en el interior de determinadas zonas de trabajo”, ha insistido Villegas.

Presencia de amianto

Para el comité de empresa, dado que hay peligro constatado por la presencia de amianto, es imprescindible extremar las medidas preventivas, los controles ambientales y la transparencia informativa hacia toda la plantilla potencialmente expuesta y, por ello, ya han presentado varios escritos ante la Inspección de Trabajo.

Por ello, ha reclamado la intervención urgente de la Consejería de Salud y de los órganos responsables de la Fundación IDIVAL para que se evalúe de forma inmediata la situación actual, se verifique la existencia de evaluaciones específicas de riesgos y se adopten las medidas preventivas necesarias para garantizar la seguridad y la salud de las personas trabajadoras.

Hay fronteras que no se cruzan con un pasaporte, sino con el propio cuerpo, y que marcan la diferencia entre un tratamiento humano y una condena al asfalto de las carreteras. Si uno sigue documentándose, se encuentra con una realidad paradójica: la gestión de la diálisis en España se presenta muy dispar: mientras algunas administraciones se escudan en cifras redondas para centralizar servicios, otras demuestran que la proximidad no es un lujo, sino un derecho de salud elemental. Intento explicar esta afirmación.

Resulta difícil de digerir el argumento del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, quien sostiene como si fuese un dato dotado de infalibilidad que “no existe evidencia” para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Esta cifra, que parece grabada en ciudades como Hellín, se desmorona en cuanto cruzamos los límites provinciales hacia la Región de Murcia, donde la unidad de Abarán funciona con normalidad atendiendo a tan solo 37 pacientes. Si la ciencia es universal, ¿por qué los pacientes murcianos disfrutan de una flexibilidad que se les niega a los manchegos?

La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales

La respuesta no está en la medicina, sino en el modelo organizativo. Asturias nos ofrece un espejo donde mirarnos, con un sistema “bastante peculiar” pero profundamente equitativo. En el Principado, las ocho áreas sanitarias cuentan con salas de diálisis en sus ocho hospitales. No existen los llamados “clubes de diálisis” externos; el tratamiento está integrado en la red hospitalaria pública. Así, hospitales comarcales pequeños como los de Jarrio, Arriondas o Cangas del Narcea disponen de salas de diálisis, permitiendo que el paciente sea atendido en su entorno, incluso cuando el nefrólogo debe cubrir zonas rurales con pocos pacientes.

Si el modelo asturiano parece lejano, miremos a Salamanca. Allí, la gestión ha entendido que el tratamiento debe acercarse al paciente y no al revés. En esta provincia existen centros extrahospitalarios en localidades como Ciudad Rodrigo, que atiende a 22 pacientes, y Béjar, que dializa a 17 personas. Estas cifras, ridículamente bajas para los estándares del SESCAM, son realidades operativas que ahorran a los enfermos miles de kilómetros de carretera.

El argumento de la “seguridad clínica” para centralizar la diálisis en grandes hospitales o centros concertados en capitales como Albacete cae por su propio peso. Mientras se alega falta de soporte científico en hospitales comarcales, se envía a los pacientes a centros externos donde, según denuncian asociaciones, no siempre se garantiza la presencia de nefrólogos especialistas. La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales.

Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética. La comparación entre Asturias, Salamanca y el modelo murciano frente a la planificación centralizada manchega revela que la barrera para la diálisis de proximidad no es técnica, sino de voluntad política. La equidad sanitaria debe significar, sencillamente, que tu código postal no determine si recibes tu tratamiento vital a diez minutos de casa o tras tres horas de ambulancia.

El sector de Sanidad de la Federación UGT Servicios Públicos ha exigido a la Consejería de Salud del Gobierno autonómico “puestos de trabajo dignos y seguros” para el personal desplazado de la gerencia por las obras de desmantelamiento de la Residencia Cantabria.

El sindicato denuncia en un comunicado que el traslado del personal afectado de la sede de la gerencia del Servicio Cántabro de Salud “se ha realizado de manera improvisada, desorganizada y sin planificación y en algunos casos en espacios que no reúnen unas condiciones mínimas de seguridad y dignidad laboral”.

A juicio de UGT, no se puede acometer la reubicación de los trabajadores “sin prever con antelación los espacios adecuados y, mucho menos, hacerlo sin ninguna planificación y en algunos en sótanos con humedades o en pasillos”, tal y como indica el secretario de Sanidad de UGT Servicios Públicos en Cantabria, Fernando Carmona.

En su opinión, esta situación “pudiera ser comprensible si respondiera a un accidente o una emergencia”, pero “no es el caso”, ya que el Gobierno de Cantabria “lleva mucho tiempo anunciando el desmantelamiento de la Residencia”, tiempo que a su juicio se debería haber empleado para “planificar y encontrar lugares de trabajo adecuados, seguros y dignos para el personal afectado”.

El sindicalista señala que la Administración está “obligada a garantizar unas condiciones laborales adecuadas y a cumplir con la normativa vigente en materia de prevención de riesgos laborales”.

Por ello, el responsable autonómico de Sanidad de UGT reclama que “a la mayor brevedad posible, se recoloque a todo el personal en aquellos puestos de trabajo que cumplan estrictamente con la normativa legal de prevención, garantizando espacios seguros tanto desde el punto de vista de la seguridad como de la higiene industrial, la ergonomía y la psicosociología aplicada”.

“No es de recibo que se instalen puestos de trabajo en los pasillos o en locales en verdaderas situaciones de hacinamiento en una situación que, insistimos, no responde a una emergencia”, ha concluido Carmona.

El Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 14 y 11 años de inhabilitación para empleo o cargo público al exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del Servicio Cántabro de Salud (SCS) Francisco Javier González y al exdirector de la Gerencia de Atención Primaria Alejandro Rojo, respectivamente, por prevaricación en contratos menores en su etapa en el cargo hace dos legislaturas.

Lo resuelve así la Sala de lo Penal del TS en una sentencia que ratifica la pena impuesta en marzo de 2021 por la Audiencia Provincial de Cantabria tras el juicio celebrado un mes antes, y corroborada después, en enero de 2023, por el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma.

Ahora, el alto tribunal coincide en que el que fuera subdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del organismo sanitario cántabro incurrió en un delito continuado de prevaricación administrativa, por indebido fraccionamiento de contratos.

Rechaza así el recurso de casación interpuesto por González salvo en lo relativo a la condena en costas de la apelación, que se declaran de oficio (la Sala de lo Civil y Penal del TSJC desestimó íntegramente los recursos de ambos procesados y les impuso el pago de las costas procesales).

Por su parte, el que fuera director de la Gerencia de Atención Primaria condenado por prevaricación --no continuada, ya que su actuación se limitó a un único hecho, por el fraccionamiento de contrataciones de obras y servicios en el SCS-- desistió del recurso de casación después de formalizarlo.

“De manera reiterada y aprovechando idénticas oportunidades”

Según la sentencia del tribunal penal del Supremo, de la que ha sido ponente el magistrado Leopoldo Puente, los hechos declarados probados evidencian que González, “en el ejercicio del cargo público que ostentaba, de manera reiterada y aprovechando idénticas oportunidades, resolvió promover la celebración de múltiples convenios, fraccionándolos indebidamente para refugiarse en el procedimiento más liviano que pudiera permitirle llevarlos a efecto”.

Con ese fin, añade la resolución, consultada por Europa Press, el exsubdirector de Gestión Económica e Infraestructuras del SCS “dictó las oportunas resoluciones administrativas, todas ellas enderezadas al fin perseguido, y con plena conciencia de su carácter arbitrario”.

González, con experiencia en la gestión económica administrativa, y Rojo, médico de profesión, desempeñaron sus cargos bajo el mandato de la socialista María Luisa Real como consejera de Sanidad desde 2015 y hasta 2018, año en el que dimitieron -junto al entonces gerente del SCS, Julián Pérez Gil- al salir a la luz las presuntas irregularidades.

Fueron denunciadas por la jefa del Servicio de Contratación en aquel momento, y apreciadas en contratos menores para el mantenimiento y pintado de centros de salud y las obras de ampliación del Hospital Virtual de Valdecilla, así como en la compra de 22 ecógrafos para otros tantos ambulatorios, y en las asistencias técnicas a un consultor externo, Álvaro Sáez de Viteli, ya fallecido y al que la jueza instructora imputaba el mismo delito.

El Partido Popular, que ha ejercido la acusación particular, pedía 15 años de inhabilitación para cada uno, aunque fueron condenados por la Audiencia a 14 y 11 años, por prevaricación continuada y no continuada, pena confirmada primero por el TSJC y ahora por el Supremo, en una sentencia contra la que no cabe recurso y que por tanto es firme.

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ha reclamado, con motivo del Día Internacional de la Matrona, que las plantillas de estas profesionales sanitarias se incrementen de manera progresiva para lograr “un mejor futuro” para las mujeres.

En un comunicado, el sindicato ha subrayado la necesidad de un aumento de las plazas de formación especializada en Cantabria, señalando que en las próximas convocatorias anuales hay 10 plazas de EIR pero “solo se cubren siete cada año”.

En Cantabria, para una población de unas 300.000 mujeres, hay 38 matronas en plantilla orgánica de Atención Primaria, y “hay algunas zonas básicas en las que hay una matrona para unas 12.000 mujeres, lo que es claramente insuficiente”, según la secretaria general de SATSE Cantabria, Ana Samperio.

En la misma línea, Samperio ha indicado que gracias al acuerdo firmado por este sindicato con el consejero de Salud, César Pascual, se ha logrado dos contratos de refuerzos en Atención Primaria “para liberar la carga de cartillas de las matronas ya que el déficit de profesionales que existente en el SCS imposibilita que las matronas puedan desarrollar todas sus competencias en educación, prevención y promoción de la salud de la mujer, al tener que limitarse, en muchas ocasiones, a ocuparse de lo más acuciante dentro de la actividad asistencial”.

Como destaca la nueva campaña de SATSE, con motivo del Día Internacional de la Matrona, “menos matronas significa menos tiempo para atender a cada mujer, menos citas para prevenir patologías tan graves como un cáncer, menos respuestas a las dudas sobre sexualidad de una adolescente, menos preparación y seguimiento durante el embarazo, menos seguridad en los partos, menos cuidados en el posparto, menos apoyo en la lactancia, y menos abordaje integral durante el climaterio”.

El 23 de julio de 2025, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, acordó un aumento del presupuesto para el hospital Fundación Jiménez Díaz, el buque insignia del grupo sanitario Quirón en la región. Lo hizo a través de la aprobación de una “Cláusula decimosexta” del convenio con este hospital. El centro, que tiene una parte totalmente privada y otra que presta servicio a la sanidad pública, factura a la Comunidad de Madrid por cada tratamiento u operación que hace para el sistema público, una modalidad de cobro 'a destajo' inusual gracias a un “convenio singular” firmado en 2006, cuando gobernaba Esperanza Aguirre. Cada año, ese convenio se va modificando con documentos que cambian (normalmente, actualizan y mejoran) las condiciones iniciales para Quirón. La última vez que se hizo una actualización fue el verano pasado.

Según lo firmado en el acuerdo, al que ha tenido acceso elDiario.es, se autorizó a este hospital de Quirón a elevar su techo de facturación con la sanidad pública a 455 millones (en 2011 el límite estaba en 285 millones) con la justificación del “aumento del IPC, aumento de la población y su envejecimiento” y también de la puesta en marcha de hemodiálisis a domicilio o programas de prevención. Además, autorizaron poder pagarle a este hospital más dinero por la formación de médicos MIR —más de 11 millones— a cuenta del IPC y aumento de número de facultativos. Por último, se acordó financiar al hospital en 45,5 millones de productos de farmacia, una subida justificada en que se había aumentado la actividad y por “la inclusión de nuevos fármacos”.

En 2025, el presupuesto que presentó y aprobó la Comunidad para la Fundación Jiménez Díaz era de 450 millones. Aun así, Sanidad ya había comprometido en ese mes de julio 488 millones con el centro, según documentación que ha podido revisar elDiario.es. Con la aplicación de esta cláusula nueva, los compromisos de pago se elevaban a 511 millones de euros para 2025.

¿De dónde iban a sacar el dinero para hacer frente a ese nuevo techo de gasto? Aunque los presupuestos se presenten cerrados y se aprueben en los parlamentos, los gobiernos pueden hacer modificaciones de crédito, que es mover partidas que no han ejecutado o no prevén gastar hacia otros gastos sobrevenidos que hayan aumentado. Es mover el dinero de un cajón a otro. Estas operaciones deben justificarse, aprobarse por la Consejería de Hacienda y se publican en los boletines oficiales. En 2025 ha habido 11 modificaciones de crédito a favor de hospitales de Quirón en Madrid de las que no se ha dado detalle público, explica Óscar Hernández, activista por los servicios públicos y la transparencia, que ha recopilado la información y solicitado todo el detalle por el Portal de Transparencia.

Para hacer frente a ese aumento de compromiso de pago, la Comunidad de Madrid hizo una memoria que justificaba esa “transferencia de crédito”, con el objetivo de recabar 29,9 millones de euros de otras partidas y hacer frente a parte de ese aumento presupuestario de la Jiménez Díaz, según documentación oficial conseguida por Hernández desde Transparencia y que ha revisado este medio. Los millones los sacó de las cuentas sanitarias, del sistema público. Por ejemplo, de la línea “Orientación futuros padres de hijos con discapacidad”. El Gobierno de Ayuso había dotado esta iniciativa con 300.000 euros que, con la nueva orden, quedaron a cero. Según los presupuestos de 2025, este programa pretendía “incorporar a la familia en el plan de cuidados, dedicando una atención especial a la complementariedad entre los apoyos formales e informales y para ello dota presupuestariamente actuaciones de orientación a futuros padres de hijos con discapacidad”.

También se dejó a cero la partida de 6,5 millones del “plan de cuidados paliativos” que, según los presupuestos oficiales, incluía la “humanización de espacios”, planes de formación para sanitarios o “mantener la adecuada oferta de camas hospitalarias”. La Consejería de Sanidad no ha contestado a las preguntas de elDiario.es ni sobre a qué partidas exactas iban destinados estos millones o qué iban a mejorar. Tampoco ha explicado si se ha compensado esa línea con otros ingresos.

Entre las partidas con más dinero sustraído está la de “Servicios nuevos” en atención primaria y hospitalaria, un 'cajón' que se redujo en 15 millones. O “implantes”, que en los presupuestos 2025 contaba con 19 millones y se vio reducida en 4,3. Sanidad, que no ha especificado qué tratamientos concretos se han visto comprometidos en estos dos casos, también redujo el dinero destinado a “energía”, “material quirúrgico” o “material de laboratorio” para hacer frente a los pagos al hospital concertado, que tiene una población de referencia de más de 460.000 personas y es el que más pacientes ha captado de otras áreas sanitarias en los últimos años: le va la rentabilidad en ello porque factura por tratamiento, y cuantos más pacientes consigue, más ingresa.

La existencia de diferentes vías de pago hace que sea muy difícil saber lo que cobran realmente los cinco hospitales privados que prestan servicio público en Madrid (cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud). Por una parte, hay un sistema de canon: la Comunidad paga a estas empresas un fijo por habitante asignado a su zona, vaya o no al hospital, y luego paga aparte por cada paciente que obtengan de otra zona. De hecho, con el sistema de libre elección, los hospitales concesionados han obtenido más de 1.200 millones extra en cinco años, al margen de sus presupuestos, y que ha pagado el Sermas. El caso de la Fundación Jiménez Díaz es especial porque no cobra un canon fijo, sino que factura por cada tratamiento que hace, sea o no de su zona.

Además, hay desembolsos puntuales fuera de los presupuestos porque hay deudas atrasadas que se autorizan en los Consejos de Gobierno. A esto hay que sumar pagos por intereses de demora, sentencias judiciales que obligan a abonar facturas con años de decalaje o, como en este caso, transferencias de crédito y modificaciones extraordinarias de presupuesto. Por otra parte, las auditorías de la Consejería de Sanidad a las empresas no se hacen de manera total, sino por muestreo. Todo ello hace casi imposible tener una radiografía precisa y transparente de costes e ingresos, lo que hace a su vez muy difícil dilucidar si el modelo de concesión es realmente eficiente como defienden en la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid desde que Esperanza Aguirre instaurara este sistema mixto en 2006 con una duración de 30 años.

El grupo Quirón no ha respondido a las preguntas de elDiario.es.

¿Tienes una pista que pueda llevarnos a destapar una información relevante? Puedes hacernos llegar documentación o datos confidenciales a la redacción por correo electrónico: pistas@eldiario.es.

El consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, ha afirmado este jueves que “nunca” se ha planteado dimitir por la situación en el sistema sanitario, después de que decenas de profesionales del Hospital Universitario de Navarra se negasen a hacer horas extra, y ha afirmado que “el capitán es el último que abandona el barco”.

“Yo he dicho públicamente y en el Parlamento que me iré por problemas personales, por problemas familiares, cuando la presidenta de mi partido -forma parte de Geroa Socialverdes, integrado en Geroa Bai- o la presidenta del Gobierno consideren que me debo de ir. Mientras tanto, tengo que aguantar y sobre todo porque en esta situación no quiero abandonar, realmente el capitán es el último que abandona el barco”, ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press.

El consejero ha explicado que este miércoles se reunió con los jefes y jefas de los servicios del Hospital Universitario de Navarra “en una reunión que transcurrió en un buen ambiente” y ha valorado que “se acordó entre la mayoría de los allí presentes” seguir “trabajando para desatascar esta situación”. “Nosotros pondremos a disposición de los jefes y de los profesionales las herramientas de gestión que precisen para hacer más eficiente el trabajo y para facilitarles el trabajo”, ha explicado.

Por otro lado, ha explicado que el Departamento se ofreció “a seguir manteniendo reuniones individualizadas con los servicios”. Por el momento, no hay fechas para estas nuevas reuniones.

El consejero ha apuntado además que en el encuentro de este miércoles “surgieron una serie de temas” que ha querido “puntualizar” públicamente. “En primer lugar, quiero decir que cuando hablo de que los profesionales son el principal valor del sistema sanitario, me refiero, lógicamente, a todos los profesionales, pero también al colectivo médico, por el que realmente tenemos un gran respeto y un reconocimiento a la labor que están haciendo”, ha subrayado.

Por otro lado, ha afirmado que “está claro que el sistema sanitario tiene unos problemas de accesibilidad” , pero ha matizado que es “uno de los mejores del país”. “Y lo digo con convencimiento después de conocer varios sistemas”. “Quiero transmitir esa confianza a la ciudadanía de que el sistema nunca fallará ante situaciones de emergencia, de urgencias, de situaciones graves, de patología severas, como oncológicas, neurodegenerativas, etcétera, y tampoco los profesionales van a fallar. Por lo tanto, quiero transmitir esa confianza en los profesionales porque es fundamental para que las cosas discurran con normalidad”, ha destacado.

También ha querido ser, en este contexto, “extremadamente prudente”. “Yo soy el responsable de comunicar lo que ocurre en el Departamento de Salud, y eso lo seguiré haciendo como lo he hecho, como lo estoy haciendo en este momento, pero también tengo que estar alineado con los profesionales y desde ese punto de vista me van a permitir que sea muy prudente, que los debates los llevemos con los profesionales”. “No quiero debatir públicamente con nadie, no quiero la confrontación, lo que quiero es trabajar con aquellos profesionales que realmente, alejados del ruido, de intereses políticos, de intereses sindicales, quieren la mejor calidad asistencial, que es lo mismo que pretendemos nosotros”, ha señalado.

Así, ha afirmado que “el trabajo va a ser exclusivamente” con los profesionales, “que quieren y que persiguen los mismos objetivos” que su Departamento, “que es mejorar la atención sanitaria”.

El consejero ha explicado que habrá nuevas reuniones con los profesionales. “Uno de los acuerdos que tomamos fue reunirnos individualmente con cada uno de los servicios que quieran, porque, lógicamente, todos tienen problemas comunes, pero sí que es verdad que cada servicio tiene unos problemas específicos que hay que abordar también”.

Sobre la decisión de médicos de no hacer jornada extraordinaria, el consejero ha explicado que las jornadas de tarde “son voluntarias” y que no pueden obligar a hacerlas. “Si no tenemos profesionales, lógicamente no se harán, pero nosotros las seguiremos ofertando, porque hay profesionales que sí que quieren hacerlas, tampoco hay unanimidad en todos los servicios y aquellos profesionales que quieran hacerlo podrán hacerlo”, ha apuntado. “Nosotros lo que tenemos que hacer es garantizar la asistencia a la población, garantizándola con derivaciones o poniendo a disposición de la población los medios propios con los profesionales que podamos”, ha afirmado. El consejero ha reconocido que “alguna cita sí que se está anulando”.

Además, ha señalado que lo que le pidieron los servicios en la reunión de este miércoles “fue fundamentalmente mantenernos lejos del foco mediático”. “Ellos comentaron que pretendían seguir trabajando. Nosotros lógicamente cogimos el guante, les tendimos la mano, y trabajar conjuntamente”, ha afirmado, para señalar que él siempre es “optimista, tengo que serlo, necesariamente”.

El consejero navarro de Salud, Fernando Domínguez, ha mantenido este miércoles una reunión con los jefes de servicio del Hospital Universitario de Navarra tras la negativa de decenas de sanitarios de este centro a realizar horas extra, las conocidas como peonadas, para reducir las listas de espera. En el encuentro, en el que también ha participado la gerencia del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, las partes han acordado “continuar trabajando” para mejorar la situación actual, facilitar las herramientas de gestión necesarias para todos los servicios y la disposición a realizar reuniones individualizadas con cada uno de ellos“.

Así lo han puesto de manifiesto en comunicado desde el Departamento de Salud, tras una reunión mantenida este miércoles entre los jefes y jefas de servicio del HUN, el consejero de Salud, el gerente del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea, la dirección del HUN y el director general de Salud.

Desde Salud han reiterado “el compromiso con la ciudadanía y el objetivo compartido que mueve todo el sistema: dar la mejor asistencia sanitaria a cada una de las personas usuarias”.

“Para conseguirlo, como se ha insistido constantemente, el mayor activo del Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea son sus profesionales y, en este contexto de debate y discusión interna que se ha trasladado al foro externo en los últimos días, no puede quedar duda del reconocimiento de Salud, y del propio consejero, al trabajo realizado por sus profesionales médicos de todos los ámbitos y de todos los servicios”, han indicado.

Según han añadido, Salud “arrastra un problema de accesibilidad reconocido que se ha agravado en los últimos años, pero la ciudadanía debe confiar y tener presente que, ante problemas graves, procesos oncológicos, enfermedades neurodegenerativas, accidentes, etc., o situaciones que requieren atención tiempo-dependiente, somos uno de los mejores sistemas del estado”.

“Y esto no va a cambiar. En estos momentos de discrepancias a nivel público la confianza en nuestros profesionales médicos tiene que estar intacta, y así lo solicita el Departamento a la sociedad navarra”, han concluido desde Salud.

Este lunes ha comenzado una nueva semana de huelga a nivel nacional a la que están llamados más de 7.500 médicos, facultativos y residentes de Castilla-La Mancha.

El paro se prolongará hasta el jueves 30 de abril y, según el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM), se convoca por “la falta de respuesta del Ministerio de Sanidad” a las demandas planteadas.

El consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, Jesús Fernández Sanz, se ha pronunciado este lunes sobre estas movilizaciones y ha defendido que “lo mejor que podría pasar es establecer un marco y dejar después a las comunidades autónomas que, una a una, resuelvan los temas que realmente importan”.

“Al final la prestación asistencial se hace en las comunidades autónomas. Espero que cuanto antes se llegue a un acuerdo y que esta huelga termine lo más pronto posible”, ha asegurado el titular regional de Sanidad castellanomanchego, a preguntas de los medios de comunicación recogidas por Europa Press.

A juicio de Fernández Sanz, el hecho de no contar con las comunidades autónomas, “está teniendo un coste importante para todos”.

“El inicio de las negociaciones entre Ministerio y sindicatos no ha dado el resultado obtenido y nosotros lo que pretendemos es seguir ayudando. Tres comunidades -Castilla-La Mancha, Euskadi y Canarias-, propusimos un mediador, pero parece que eso no ha surtido tampoco el efecto esperado y seguimos esperando que se llegue a un acuerdo”, ha insistido.

Calendario de movilizaciones

CESM ha convocado diversas movilizaciones durante estos días de huelga. El acto central tendrá lugar en Albacete, con una manifestación el martes 28 de abril a las 19:00 horas, que partirá desde la puerta principal del Hospital General de Albacete y finalizará en la plaza del Altozano. Desde la organización se recomienda acudir “con bata blanca como símbolo de unidad, compromiso y defensa de la profesión médica”.

No será la única acción de protesta. De forma paralela, se han organizado concentraciones en distintos puntos del territorio regional:

El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) prevé gastar 43,1 millones de euros este año para pagar la regulación de los complementos de 5.024 profesionales del sector sanitario. Este gasto se desglosa en 21 millones del ejercicio de 2025 y 22 millones de 2026 para que los empleados públicos alcancen el grado profesional máximo que les correspondería por antigüedad, eliminando los tiempos de espera obligatorios entre niveles, teniendo en cuenta que en cada tipo de complemento hay cuatro grados.

El monto deriva de una iniciativa enmarcada en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto de 2026. En teoría, la Consejería de Salud busca resolver los acuerdos pendientes de carrera (médicos y enfermeras) y desarrollo profesional (resto de personal sanitario), pero el impacto económico compromete también los presupuestos venideros.

Según la memoria justificativa y económica de la propuesta entregada al Registro del Parlamento, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el reajuste favorecería a 2.936 solicitantes de carrera profesional y 2.088 de desarrollo profesional, que saltarían dos grados del que actualmente ostentan.

El reajuste del pago de los complementos técnicamente, se llama “encuadramiento”. En la Ley de Medidas del Presupuesto aparece en dos breves líneas del artículo 11, en el que se faculta al Consejo de Gobierno, previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, para pagar los atrasos de los funcionarios, con efecto retroactivo del 1 de enero de 2025.

Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico valoran positivamente la medida, pero advierten de que el pago compromete la estabilidad financiera actual. Al no estar consignado en los presupuestos, si no en la Ley de Medidas, el presupuesto del SCS no refleja el gasto real que supone el desembolso por estos complementos. Es decir, se presupuesta por debajo de lo que se va a gastar.

Esto obliga a realizar modificaciones contables posteriormente para afrontar un gasto que abarca también próximos ejercicios presupuestarios: al ser un gasto consolidado, el compromiso presupuestario se mantendrá y aumentará a futuro.

Mejoras laborales

La Consejería de Salud busca corregir así el bloqueo en las mejoras laborales del personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Los distintos acuerdos de Carrera y Desarrollo Profesional del SCS establecían que las convocatorias correspondientes al encuadramiento en período ordinario se efectuarán anualmente. El estancamiento en los complementos deriva de dos circunstancias: la suspensión de las convocatorias anuales de los procesos de regulación entre 2010 y 2014, derivados de la crisis económica de 2008, y una serie de sentencias judiciales posteriores ganadas por varios profesionales sanitarios.

La regulación permitirá a los solicitantes que participen en las convocatorias extraordinarias que, “sin necesidad de cumplir con los intervalos entre grados”, se establezcan en “el máximo grado alcanzable” conforme el tiempo de servicios prestados y los créditos acreditados. “Se trata en definitiva de poder encuadrarse en el grado que se hubiera alcanzado en caso de que los procedimientos de carrera y desarrollo profesional no se hubieran visto suspendidos”, indica la memoria justificativa y económica.

El reajuste plantea que cada solicitante se encuadre en dos grados más del que actualmente ostenta. La causa, según la memoria, es doble: “La incorporación más tardía del personal temporal al sistema de carrera profesional (2018 la primera convocatoria ordinaria para personal temporal y 2019 como consecuencia de ejecución de sentencia de la convocatoria de 2016) y por otro lado, el tiempo de suspensión (2010-2014), lo que plantea un escenario con personal ”con gran número“ de servicios prestados, advierte la memoria económica.

En enero de 2024, el Gobierno de Cantabria alcanzó un acuerdo llamado 'Pacto por la Sanidad' con el Sindicato Médico de Cantabria con el que se comprometía al encuadramiento extraordinario en carrera profesional, solo por antigüedad. “Algo que se diseñó para nuestro colectivo como elemento de incentivación y diferenciación salarial respecto a otras categorías profesionales, se ha convertido justo en lo contrario”, argumentó el sindicato, cuestionando que “estas llegan a los últimos grados prácticamente por antigüedad mientras que a nosotros se nos exige un perfil que, prácticamente solo tiene quien puede tener la oportunidad de orientar su carrera a la investigación”. En enero de 2026, el sindicato sumó otra adenda al Pacto por la Sanidad valorada en seis millones anuales, supeditada a la aprobación de los presupuestos.