La Consejería Sanidad del Gobierno regional ha cifrado este martes en un 7,8% el seguimiento de la huelga indefinida de médicos convocada en Atención Primaria y Hospitalaria por el Sindicato Médico Canario y SEMCA.

Según los datos aportados por el Ejecutivo autonómico en un comunicado, de los 7.267 efectivos que estaban convocados a este paro, un total de 4.106 estaban afectados por esta convocatoria, de los que la secundaron 322.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 242 de los 1.608 efectivos afectados, lo que representa el 15,05%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de 68 de los 1.963, es decir, del 3,46%. Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro seis de los 218 profesionales afectados por la huelga, el 2,75%, en Fuerteventura la secundó uno de los 298 afectados, es decir, el 0,34%.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 2,94%, puesto que acudieron a la huelga cinco de los 170 afectados, mientras que en La Gomera y en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

Asimismo, la jornada de la mañana de este martes cuenta con 1.244 efectivos en servicios mínimos y ha transcurrido sin incidencias destacables, según detalla la nota.

Los planes de contingencia en los cuatro hospitales universitarios de Tenerife y Gran Canaria contemplan el aumento de hospitalización a domicilio, refuerzo de profesionales de guardia en urgencias y habilitar salas de observación y tránsito ante el previsible aumento de presión asistencial en los próximos meses, según ha anunciado el Gobierno canario en una nota.

Se trata de las medidas adoptadas este martes, por parte del director del Servicio Canario de la Salud (SCS), Adasat Goya, en una reunión con la directora general de Programas Asistenciales del SCS, Antonia María Pérez, y los gerentes del Hospital Universitario de Canarias, Rafael Martín, del Hospital Universitario de Gran Canaria, Doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, Oscar Díez, y del Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil, José Blanco, y de Atención Primaria de Tenerife y de Gran Canaria, Juan José Afonso y Alicia González, respectivamente.

En el encuentro se analizó la actividad de los servicios de Urgencias y las acciones y herramientas a poner en marcha ante el posible aumento de la demanda en los meses estacionales de mayor circulación de virus respiratorios. El objetivo de estos planes de contingencia es estar alerta y preparados asistencialmente para atender el incremento de demanda.

En este contexto, el director del SCS repasó las medidas preventivas previstas, como la campaña de vacunación contra la gripe y el covid-19 y el refuerzo de los nuevos servicios de atención a los pacientes vulnerables y crónicos deben tener resultados a medio y largo plazo en cuanto a la presión en los servicios de Urgencias.

Estos servicios son el Plan 5C o de Atención al Paciente Crónico Complejo y el de Atención Urgente Demorable a pacientes vulnerables desde Atención Primaria.

Adasat Goya puso en valor el trabajo de los profesionales de los servicios de Urgencias de los centros sanitarios públicos de Canarias y la capacidad de respuesta y de los dispositivos sanitarios en los días de incremento de la presión asistencial.

Además, también se recordó la necesidad de revisar y adaptar estas medidas a la circunstancia de cada momento con el objetivo de disminuir los tiempos de atención y las cargas de trabajo.

Atencion Primaria

Por su parte, los responsables de las Gerencias de Atención Primaria confirmaron que, para proteger a la población ante los virus respiratorios que son una de las causas de la frecuentación a las urgencias de los centros de salud en otoño e invierno, se ha iniciado la la vacunación de los pacientes domiciliarios y las institucionalizadas que son las más vulnerables ante la gravedad.

Paralelamente, según señala el Gobierno canario, se está avanzando en la vacunación de la población pediátrica en los centros escolares y se continúa desde este lunes con el resto de personas que la tienen indicada perteneciente a los grupos diana de la población general.

Planes de contingencia hospitalarios

Los hospitales universitarios de Gran Canaria y de Tenerife han revisado y actualizado sus respectivos planes de contingencia, para hacer frente al aumento estacional de la actividad asistencial registrado en los servicios de urgencias, que contemplan la activación de recursos tanto materiales como de profesionales en función del incremento de la demanda que pueda producirse en los próximos meses.

En la reunión también se abordaron posibles herramientas de refuerzo tanto a nivel asistencial como en los circuitos de información interna y de comunicación con los pacientes y familiares.

Así, los planes de contingencia de los hospitales contemplan la ampliación de la capacidad de las Unidades de Hospitalización a domicilio, incorporar refuerzos de profesionales de guardia en los servicios de urgencias, y medicina interna  que contribuyan a aliviar la situación de sobrecarga de los ingresos, agilizar y facilitar la capacidad de resolución de los servicios médicos en las plantas de hospitalización y habilitar o ampliar salas de observación y de tránsito si fuera necesario en cada momento.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha informado de que la huelga convocada desde este viernes por los médicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha tenido un seguimiento del 9,10%, tanto en Atención Primaria como en la Hospitalaria, si bien no corresponde con los datos aportados por las dos únicas organizaciones sindicales profesionales médicas del Archipiélago: Sindicato de Empleados Médicos de Canarias (SEMA ) y Sindicato Médico Canario (CESM Canarias), que la cifran en un 58%.

Según detalla la consejería en un comunicado, de los 7.668 efectivos convocados a este paro, estaban afectados por esta convocatoria 3.888, de los que 354 la secundaron.

Del seguimiento por áreas de salud, en Gran Canaria la secundaron 263 de los 1.457 efectivos afectados, lo que representa el 18,05%, mientras que en Tenerife el seguimiento fue de ochenta de los 1.781, es decir, del 4,49%. Por su parte, en Lanzarote han acudido al paro seis de los 212 profesionales afectados por la huelga, el 2,83 por ciento, en Fuerteventura la secundaron tres de los 266 afectados, es decir, el 1,13%.

Por su parte, en La Palma el seguimiento fue del 1,32%, puesto que acudieron a la huelga dos de los 152 afectados, mientras que en La Gomera y en El Hierro no hubo ningún efectivo en huelga.

La jornada de la mañana de este viernes, que cuenta con 1.500 efectivos en servicios mínimos, ha transcurrido sin incidencias destacables.

Los dos sindicatos que convocan desde este viernes a los médicos de la sanidad pública canaria a una huelga indefinida han hecho un llamamiento al presidente Fernando Clavijo a que se implique en este conflicto y exigen que se les permita tener una representación laboral propia.

“Fernando Clavijo hará bien en implicarse directamente en la resolución de este conflicto, dada la ausencia total y completa de su consejera de Sanidad, ocupada en otros menesteres preelectorales”, aseguran el Sindicato Médico y el Sindicato de Empleados Médicos.

Las dos organizaciones gremiales han difundido este viernes un extenso documento con las razones por las que siguen sin aceptar la oferta que les ha planteado el Servicio Canario de la Salud (SCS), que incluye mejoras salariales y una menor duración de las guardias.

Los sindicatos reprochan al SCS la “peculiar manera” con la que consideran que está abordando estas negociaciones y le recuerdan el coste que han tenido para la comunidad autónoma las ocho jornadas de huelga que han celebrado desde marzo a junio: 400 millones de euros.

“Esto aporta una interesante perspectiva temporal, así como también da pistas sobre la dudosa capacidad negociadora de los responsables del servicio público de salud canario”, opinan.

En el documento, exponen una a una sus diferencias con el Gobierno de Canarias y desacreditan el acuerdo al que llegó el sindicato UGT en nombre de los mismos trabajadores, los médicos, con el director de la sanidad pública canaria, Adasat Goya. A su juicio, “no cumple con el 70 %” de sus expectativas en este conflicto laboral.

Las dos organizaciones gremiales subrayan que su desacuerdo con el SCS “es profundo” y parte de la primera y una de sus más importantes demandas: que se reorganicen las Juntas de Personal para que los médicos de la sanidad pública no tengan una representación laboral conjunta con otros empleados sanitarios, sino propia, específica.

“No se quiere, bajo ningún concepto, que los médicos puedan tener voz propia para negociar sus especiales condiciones de trabajo directamente con la Administración. No se quiere permitir que, siquiera, puedan reordenarse las actuales Juntas de Personal, para que sin perjuicio de que se establecieran otras para diferentes categorías de empleados del SCS, los médicos y facultativos cuenten con un cauce propio de representación e interlocución directa con la Administración”, aseguran el Sindicato Médico y el SEMCA.

Y subrayan que esta no es una discrepancia menor, sino fundamental: “Es lo que explica las numerosas convocatorias de huelga médica. El Gobierno de Canarias no deja otro espacio más que el comité de huelga para poder establecer una negociación legítima”.

Para el Sindicato Médico y el SEMCA, en ello radica una de sus diferencias sustanciales con UGT: el hecho de que este último sindicato no quiere, en su opinión, “que los médicos puedan tener su propio cauce negociador” al margen del común de la Junta de Personal.

Los convocantes de esta huelga rechazan, además, que su protesta sea tachada de “política”, cuando entienden que es el Gobierno de Canarias el que intenta que el paro “tome ese cariz”.

“No hemos sido los médicos quienes hemos dejado para el periodo preelectoral la presentación de nuestras reclamaciones que, desde hace más de un año, se vienen desatendiendo por la Consejería de Sanidad. Ha sido la desidia de los responsables de la sanidad canaria y del Gobierno canario la causante de que ahora toda la rabia acumulada en el colectivo médico y facultativo se desborde ante la forma de tratar de imponerles un plan que, en ningún caso, ha contado con su participación ni su opinión”, argumentan.

Los convocantes de la huelga advierten al Gobierno de Canarias de que aún “está a tiempo de desactivar este conflicto si empieza a comprender el origen de sus razones” y se ofrecen a “desescalar las medidas de presión” si perciben por su parte una “auténtica actitud constructiva para un acuerdo justo”.

“Existe una enorme distancia entre lo que el director del SCS quiere imponer a los médicos por medio de un acuerdo que no cuenta con ellos, y las genuinas reclamaciones del colectivo médico y facultativo. Además, otra realidad es que Adasat Goya ha demostrado que adolece de la capacidad negociadora que requiere un conflicto de este calado”, añaden. 

El ex director gerente del Servicio Extremeño de Salud (SES), Jesús Vilés Piris, se incorporó a la sanidad privada solo seis días después de su cese, pero solicitó la compatibilidad el mismo día que María Guardiola firmó el decreto de cese. Vilés obtuvo la autorización de compatibilidad, y con ello el permiso para unirse a la clínica privada, tras declarar que realizaría tareas estrictamente asistenciales sin funciones de mando.

La Junta de Extremadura le dio luz verde sin conocer que Clínica Parque San Francisco, centro gestionado por Clínica Quirúrgica Cacereña S.A.U. (Grupo Hospitales Parque) lo fichó como 'director médico', puesto que el responsable de la sanidad pública extremeña entregó su contrato al día siguiente de que elDiario.es Extremadura desvelara su nuevo destino laboral. Casi un mes antes, el 9 de junio, el Registro de Conflictos de Intereses resolvió el expediente de Vilés definitivamente de forma favorable.

Cronología: de la declaración al contrato

Para entender cómo la Junta de Extremadura declara de forma favorable la compatibilidad del exgerente del SES para trabajar en la sanidad privada hay que remontarse al 5 de mayo. Ese día, María Guardiola decreta el cese de Vilés (decreto 58/2026, publicado en el Diario Oficial de Extremadura al día siguiente). Apenas unas horas después del acuerdo de cese el 5 de mayo, Vilés registró telemáticamente su declaración de actividades tras el cese.

En ese escrito, el exresponsable sanitario comunicó que pretendía incorporarse a Hospitales Parque como “médico con funciones de apoyo organizativo interno”, limitadas a la atención asistencial de pacientes y la elaboración de turnos, garantizando por escrito que no asumiría funciones directivas, representación mercantil ni capacidad decisoria.

Las condiciones pactadas en el sector privado se formalizaron seis días después. El 11 de mayo de 2026, Vilés suscribió su contrato indefinido ordinario con Clínica Quirúrgica Cacereña S.A.U.. En la cláusula primera y en el punto tercero de su anexo laboral, la categoría asignada fue de forma expresa la de director médico, dependiendo del Director del Negocio de Hospitales. No obstante, en el clausulado anexo se estipulaba que las funciones se orientarían a la coordinación clínica y se excluía expresamente la relación de alta dirección.

Compatibilidad concedida sin revisar el contrato

Pese a haber formalizado el acuerdo laboral en mayo, Vilés no remitió copia del mismo a la Administración autonómica durante la instrucción del expediente. Sobre la base exclusiva de su declaración del 5 de mayo y tras recabar informes internos de Recursos Humanos y Contratación del SES, el Registro de Conflictos de Intereses emitió el 9 de junio de 2026 un informe favorable que declaró compatible la actividad y acordó su inscripción y depósito.

El órgano autonómico concluyó que el desempeño de tareas estrictamente asistenciales no vulneraba la Ley 1/2014 del estatuto de los cargos públicos de Extremadura, asumiendo la manifestación de Vilés de que no ejercería responsabilidades ejecutivas.

La documentación laboral no tuvo entrada formal en el Registro hasta el 1 de julio. Vilés envió entonces un correo electrónico al departamento de Transparencia adjuntando el contrato y solicitando copia del dictamen emitido semanas atrás. El envío del documento se produjo 24 horas después de que elDiario.es Extremadura publicara su investigación sobre el fichaje privado de Vilés y la Consejería de Salud se vio obligada a dar explicaciones, una exigencia a la que se sumaron el PSOE y Unidas por Extremadura.

La vinculación entre Vilés y la clínica cacereña ya contaba con antecedentes: antes de su nombramiento al frente del SES en 2023, el facultativo había sido director médico de SegurCaixa Adeslas en Cáceres, aseguradora con vinculaciones con el centro hospitalario, motivo por el cual tuvo que formalizar su abstención en los procedimientos de contratación pública del SES relacionados con esta mercantil durante su etapa en el cargo.

La Plataforma Estatal TCE por la Correcta Clasificación y el Sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE) han solicitado reuniones con los responsables de Sanidad del Gobierno de Canarias para reclamar la reclasificación de los técnicos en cuidados de enfermería (TCE) al subgrupo C1 y mejoras retributivas.

Ambas organizaciones han registrado dos solicitudes de reunión independientes dirigidas a la consejera de Sanidad, Esther Monzón, y al director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, con el objetivo de abordar la situación profesional y salarial de este colectivo sanitario.

La Plataforma Estatal TCE y SAE defienden que la titulación de Formación Profesional de Grado Medio que poseen los técnicos en cuidados de enfermería justifica su inclusión en el subgrupo C1 de la función pública. Además, respaldan su reivindicación en una sentencia relacionada con la oferta pública de empleo de 2019 en Canarias que cuestionó su clasificación en el subgrupo C2.

Ante la próxima tramitación de los presupuestos autonómicos de Canarias, ambas organizaciones reclaman que se tenga en cuenta al colectivo en el reparto de los recursos destinados a Sanidad y que se adopten medidas para mejorar sus condiciones económicas.

Asimismo, plantearán el reconocimiento retributivo del nivel C1 mediante incentivos o complementos salariales mientras se avanza hacia una reclasificación profesional definitiva de los técnicos en cuidados de enfermería.

La petición busca impulsar el reconocimiento profesional y económico de los TCE en el Servicio Canario de la Salud, así como abrir una vía de negociación con la Administración autonómica para abordar sus reivindicaciones.

El doctor Luis Martos, cirujano en el Hospital Ramón y Cajal, no teme las posibles represalias que puedan caer sobre él. Hace ya dos semanas que denunció de forma abierta, con su nombre y apellidos, que se habían modificado las listas de espera cambiando la prioridad de los pacientes para “maquillar” las cifras. Después de sus primeras declaraciones ha escuchado cómo el Gobierno de la Comunidad de Madrid le acusaba de alterar él mismo las listas para “trabajar menos”. Y, aunque relata que eso no le ha quitado las ganas de denunciar, sí que ve en sus compañeros un cambio de actitud hacia él: “No me hablan”, reconoce, ya fuera de las cámaras.

Martos, que en los próximos días registrará una querella contra la consejera de Sanidad, Fátima Matute, asegura que los cambios de prioridad en las listas para cumplir con los objetivos marcados por las administraciones es vox populi. “Todos sabemos qué pasa con las listas de espera, pero nadie tenía pruebas. Todo el mundo. Nadie ha pedido explicaciones del mal funcionamiento. Cuando alguien las pide, lo normal es que los demás le apoyen, y eso no ha sucedido. Yo sí creo que hay miedo”, asegura en una entrevista en la redacción de elDiario.es. “Esta mañana se ha sentado un compañero al lado en el quirófano y me dice: 'Voy a dejar que me vean a tu lado'”. Otro colega le llegó a preguntar: “¿Tú qué ganas con esto? ¿Alguien se va a ocupar de ti?”. “Sentirme bien cuando estoy solo”, le respondió.

Usted denunció hace dos semanas que el Hospital Ramón y Cajal cambiaba la gravedad de los pacientes para maquillar las listas de espera. ¿Cómo descubrió el caso y qué fue lo que ocurrió después?

Descubrirlo fue un hecho casual porque estaba implícito en mi trabajo diario de programación. Cada mes hay que programar los quirófanos del siguiente y en esas fechas yo aprecié que dos pacientes que tenía y recordaba como preferentes —porque estoy muy encima de lo que hago— habían pasado de esa lista, que es fácilmente identificable porque vienen marcados en rojo, a otra lista de espera 'normal'. Eso llamó poderosamente mi atención. Pensé que era un error de mi listado o una alteración del ordenador y lo confirmé con otros compañeros, hasta 17. Habían desaparecido todos los preferentes de ese mes, todos habían pasado de una espera de 90 días a 180 días.

Creo que esto puede que implique a más hospitales, a más servicios de todas las variedades. Supone una erosión a la confianza que tenemos en el sistema sanitario público

Lo puse en conocimiento de mi jefe de servicio y de todos los traumatólogos del servicio, luego registré una queja ante el director médico como partícipe, porque lo que descubrí es que esos cambios se habían producido por orden de la dirección médica o del jefe de servicio en el nombre del doctor Basilio de la Torre [jefe del servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología]. Así figuraba en todos los listados y esperaba que ellos me dieran una explicación. No me contestaron y tuve que elevar dos quejas a la siguiente instancia, al gerente del hospital.

¿Qué le respondió el gerente?

En un primer escrito me recordó la ley que ya conocía. Esa ley deja muy claro que yo llevaba razón, que solo el cirujano que había indicado la intervención estaba capacitado para modificar la preferencia, previo análisis del paciente y luego comunicándoselo. Me pidió que fuera mucho más explícito e hice un segundo escrito explicando cuáles eran los casos y recordándole que no se habían producido ninguna de las excepciones que él podía apuntar, que lo había hecho el jefe de servicio y la dirección a espaldas de los cirujanos y los pacientes.

¿Qué consecuencias puede tener sobre los pacientes esta alteración de las listas?

Una espera de 90 días implica una resolución de un problema más o menos grave porque así lo ha indicado su cirujano en función de su clínica y las alteraciones del paciente. Duplicarlo significa irse a 90 días más para resolver un problema que se puede complicar, puede ser más imprevisible y requerir una actuación más intensa sobre esa cirugía. La implicación es grandísima.

¿Cree que existen casos similares en otros hospitales o incluso en su propio centro que se haya podido producir con anterioridad? ¿Es el sistema el que genera estos incentivos para alterar las listas?

Las personas se mueven por incentivos a todos los niveles. Personales, sociales, económicos. Es evidente que esto fue un hallazgo de un mes, 57 pacientes no son de todo el año, son en ese mes. Puede que haya otros 57 en el mes anterior y otros en el posterior. Me consta, pero no tengo pruebas de ello, que se habían hecho estas cosas porque algún compañero me dijo “sí, yo ya me di cuenta de meses anteriores que esto ocurría”. Yo sí creo que esto puede ser una práctica generalizada, sobre todo en función de algo que llamó mucho mi atención, el apoyo institucional que ha tenido mi jefe de servicio cuando se corroboró que él lo había hecho conscientemente, que era una práctica que él creía adecuada por sus 29 años de experiencia. Creo que esto puede que implique a más hospitales, a más servicios de todas las variedades. Supone una erosión a la confianza que tenemos en el sistema sanitario público.

La consejera de Sanidad le acusó de manipular usted mismo las listas para “trabajar menos y operar casos menos complejos”. También dijo que tenía expedientes disciplinarios abiertos. ¿Qué opina sobre estas declaraciones?

Tenemos a un autor confeso con un motivo que él justifica con unas pruebas y que es apoyado por dirección. Y además un autor confeso, que es el jefe de servicio que desacredita el criterio de sus cirujanos y su servicio. Respecto a la consejera, me parece una barbaridad. No entiendo cómo una mujer que es médico, que tiene unos conocimientos, se arriesgue a comentar algo desde la ignorancia y el desconocimiento saltándose las pruebas.

Al reo hay que ejecutarlo en la plaza pública para que los demás sepan lo que les puede pasar si se rebelan, se revuelven o discrepan

La lógica va en contra. Yo trabajo lo mismo opere preferentes que no preferentes. Y los preferentes no tienen por qué ser los casos más complejos. Respecto a las malas formas y la poca educación de la presidenta de la comunidad, ella misma se retrata. Yo no pude alterar eso porque hay una huella informática que demuestra que no es mi DNI el que está ahí, sino el de la administrativa correspondiente a la que le ordenaban y además que dejó indicado por orden o por indicación de quién lo hacía. A mí me parece que este tipo de descalificaciones simplemente han demostrado que hay una mala gestión o un mal funcionamiento del sistema.

Usted ha anunciado incluso que va a querellarse contra la consejera. ¿En qué punto está la querella? ¿La piensa ampliar a otras personas?

Lo he llevado por el sindicato mayoritario médico al cual pertenezco. Es un sindicato médico, no uno político. Esta misma tarde [por el pasado lunes] tengo la reunión con la abogada para iniciarla. Ella es la profesional de esto, pero sí se va a extender mucho más. Hay dos elementos: el de la injuria, el daño al honor con lo que han dicho de mí; y el otro es que han desvelado secretos de un denunciante. Yo no tengo nada más que un expediente abierto, que es el que me abren cuando denuncio la manipulación de la lista en abril. Yo lo hago el 21 y el 29 el director médico presenta un inicio de expediente de acoso a la dirección, y el jefe de servicio lo hace el 9 de mayo. Eso lleva una instrucción y en eso estoy.

¿Hay novedades con ese expediente?

La semana pasada se dijo que iba a celebrarse la vista de un juicio, pero no era un juicio, yo iba como testigo para ver las alegaciones de uno de los acusadores. El expediente está en curso.

¿Cree que esta situación puede contribuir a que la gente tenga cierto miedo a denunciar las malas praxis que puedan encontrar en los hospitales públicos?

Sí, definitivamente sí. Por parte de mis compañeros del servicio ha entrado una ley del silencio. La percepción es que ninguno quiere hablar. Todos sabemos qué pasa con las listas de espera, pero nadie tenía pruebas. Todo el mundo. Nadie ha pedido explicaciones del mal funcionamiento. Cuando alguien las pide, lo normal es que los demás le apoyen. Y eso no ha sucedido. Yo creo que hay miedo. Tengo un montón de correos de gente donde explican situaciones iguales, y que tuvieron miedo. Hay una persona que incluso me dice que no lo ha superado porque fue expedientada y se vio tan sola que se siente maltratada. Y así muchos. Y gente de otras comunidades, no solo de la Comunidad de Madrid.

¿Cómo está usted? ¿Tiene miedo a posibles represalias?

Bueno, mi mujer dice que yo nunca tengo miedo. Quizás porque la tengo a ella, pero yo me encuentro en una situación de desconcierto porque todo está muy claro. Si tanto la institución como la consejería, como la presidenta apoya las maniobras que han realizado y las encuentran justificadas porque creen que podía hacerlo, a pesar de que han desacreditado a todo el servicio en su capacidad diagnóstica e indicadora, pues esto queda simplemente en un “bueno, pues ya lo dejamos y adiós”. Pero me temo que no va a ser así. Hay que ejemplificar, y siempre recuerdo que en la Edad Media me llamaba la atención el porqué se ajusticiaría al reo en la plaza pública en vez de hacerlo en la mazmorra. Es más rápido, no hay que montar tanto espectáculo. Al reo hay que ejecutarlo en la plaza pública para que los demás sepan lo que les puede pasar si se rebelan, se revuelven o discrepan.

Recientemente, hemos conocido un comunicado emitido por los jefes de servicio del Hospital Ramón y Cajal en el que justificaban cambiar la prioridad cuando esta “no se ajusta a criterios clínicos”. ¿Qué opina del comunicado?

Ese comunicado está ejercido desde la presión y desde el miedo a perder su cargo. Los jefes son elegidos por las direcciones correspondientes en un proceso selectivo que establece unos criterios de idoneidad, pero donde participa fundamentalmente el criterio de la dirección médica. Me parece que ese manifiesto erosiona gravemente la confianza en el sistema sanitario público. Hay un artículo muy bueno de dos médicos de la Organización Médico Colegial, en el que expresan que ni siquiera la jerarquía te faculta a la posibilidad de discutir el criterio clínico de un médico que ha indicado una intervención quirúrgica. Ni siquiera jerárquicamente. Ni siquiera un compañero puede hacerse cargo, puede discrepar en cuanto a la clínica o el procedimiento, pero la jerarquía no te permite modificar lo que ha indicado. Me parece muy, muy poco reflexivo, porque es como oscurecer de nuevo lo que todos pensamos del mal funcionamiento del sistema público.

¿Qué mensaje traslada todo esto a un paciente que espere para una cirugía?

Creo que le están transmitiendo un mensaje envenenado. Si yo fuera un usuario de la sanidad pública pensaría qué va a ocurrir con mi caso porque suscita desconfianza o miedo que si no conozco a nadie que se apiade de mí o si no protesto, voy a quedar relegado y voy a perder la equidad que establece la lista de espera, que es un sistema que nos iguala. Se van a sentir desamparados.

Mes y medio después de que los médicos de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres hicieran público el deterioro del servicio, el malestar no solo persiste: según el equipo, la situación se ha agravado. “No seguimos igual, estamos peor”, resumen. Las incorporaciones comprometidas no se han producido, la jubilación de un facultativo ha dejado otra plaza sin cubrir hasta el 1 de octubre y el cansancio acumulado desde el verano ha llevado al equipo a un punto que describen como límite.

El conflicto no es nuevo. Los profesionales ya habían advertido de una sobrecarga sostenida por la falta de personal y reclamaron al Servicio Extremeño de Salud (SES) un refuerzo urgente. Entonces, explican, se les trasladó el compromiso de incorporar cuatro médicos. A día de hoy, (miércoles) ninguno se ha incorporado. “Un mes y medio después de saltar la noticia estamos peor. Lo prometido no se ha cumplido”, lamentan.

La situación se ha complicado aún más con una jubilación registrada a principios de septiembre, que ha generado una vacante sin cubrir. Los médicos señalan que cualquier refuerzo futuro no supondría un incremento real de plantilla, porque antes habría que compensar esa pérdida. “Se ha generado una vacante más y estamos igual, al menos hasta octubre”, resumen.

El verano dejó además un rastro de ausencias sin sustitución y vacaciones reorganizadas a la fuerza. Algunos facultativos han tenido que retrasar sus días libres a octubre porque durante los meses estivales no había margen para hacerlo. “En octubre va a haber gente de vacaciones porque no teníamos espacio para encajar su derecho al descando. Algunos dijimos: ‘Bueno, pues me voy en octubre por voluntad propia’”, explican.

Una compensación económica que tampoco llega

A la falta de refuerzos se suma otro compromiso pendiente. En la última reunión con la Gerencia y la Dirección Asistencial se planteó una compensación económica por la ausencia de sustituciones durante el verano. Los médicos aseguran que se les trasladó que recibirían esa compensación, pero denuncian que tampoco se ha hecho efectiva.

Recuerdan que en Atención Primaria, cuando no se consigue cubrir una ausencia, se contempla una compensación para el profesional que asume la sobrecarga. “Esto se hace en Primaria cuando no hay médico para asumir todas las consultas”, señalan. En Urgencias, pese a haber afrontado el verano sin un solo sustituto, no han recibido nada. “No hemos tenido ni un sustituto este año. Pues tampoco nos han compensado. Por lo visto, somo médicos de segunda”, afirman.

Aunque insisten en que la cuestión económica no resuelve el problema de fondo —la falta de profesionales—, consideran que tampoco se ha cumplido ese compromiso.

“Estamos al límite”

El resultado es un equipo exhausto tras meses de presión asistencial elevada. “La plantilla de Urgencias estamos al límite”, trasladan. Hablan de “cansancio extremo” por la cantidad y la intensidad de las horas acumuladas desde junio y advierten de que nada ha cambiado de forma sustancial y que las necesidades van aumentando.

A esa sobrecarga se suma ahora la incidencia de infecciones respiratorias, con casos de covid y gripe, que consideran “una anomalía sobreañadida” en un escenario ya tensionado.

Hasta ahora, aseguran, han logrado mantener la atención gracias al compromiso del equipo, pero advierten de que ese esfuerzo tiene un tope. “Hemos demostrado profesionalidad y madurez, pero todos tienen un límite”, señalan. La presión está dejando también huella personal: algunos facultativos han llegado a salir llorando por la sobrecarga. “Estamos desolados, cansados, desesperados”, resumen.

Su preocupación principal es que el agotamiento termine repercutiendo en la asistencia. “Seguimos preocupados por la posible afectación en la calidad y en los tiempos de atención”, advierten.

Las medidas tampoco convencen

Los médicos cuestionan además las medidas adoptadas en el conjunto del Complejo Hospitalario de Cáceres para afrontar la falta de profesionales. A su juicio, no han solucionado el problema y sí han generado malestar entre los trabajadores. “Las medidas que propusieron tampoco han servido, salvo para crear tensiones entre los propios compañeros”, sostienen.

En paralelo, señalan una decisión que ha generado comparaciones internas: tras las quejas de los MIR, el SES ha incrementado la remuneración de la hora de guardia para aquellos residentes que quieran realizar más horas. Una medida que, explican, no aborda el problema que ellos vienen denunciando —la falta de médicos estructurales y la ausencia de sustituciones— y que ha añadido tensión entre los miembros de los equipos.

Una plantilla que esperaba cuatro médicos

La reivindicación central sigue siendo la misma: incrementar la plantilla y cubrir las ausencias. Los cuatro facultativos comprometidos siguen sin llegar y la jubilación ha abierto una nueva vacante. “Estamos con menos médicos, con más sobrecarga y con las promesas incumplidas”, resumen.

Recuerdan que el problema comenzó a trasladarse internamente en junio y que después trascendió públicamente. Mes y medio después, consideran que nada ha cambiado. “Esto estaba cociéndose desde junio. Saltó la noticia y, sin embargo, estamos peor”, lamentan.

El temor es que la llegada del otoño y el aumento de la presión asistencial empeoren aún más una situación que, según los facultativos, ya ha alcanzado el límite. Su miedo es que llegue un momento en el que no puedan soportar más.

Respuesta del SES

El SES defiende que el Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro de Alcántara ha experimentado un refuerzo relevante de personal en los últimos años. Según explica, hasta 2024 el servicio contaba habitualmente con dos facultativos de guardia y la incorporación de seis profesionales permitió aumentar a tres médicos por turno, una medida que califica como una “reivindicación histórica” de los propios profesionales y una mejora sustancial en la organización de la atención urgente.

Respecto a las críticas trasladadas por los facultativos sobre la falta de incorporación de los cuatro refuerzos comprometidos este verano, el SES asegura que uno de ellos ya se ha incorporado al servicio y que un segundo profesional está previsto que lo haga durante la primera quincena de octubre. Los otros dos facultativos pendientes se sumarán una vez concluyan los trámites administrativos actualmente en curso.

En relación con la reciente jubilación de uno de los médicos de Urgencias, la Administración sanitaria sostiene que las incorporaciones ya realizadas y las previstas para las próximas semanas permitirán seguir reforzando la plantilla e incrementar la capacidad asistencial disponible. Además, asegura que mantiene abiertas distintas actuaciones para captar nuevos profesionales y fortalecer de forma progresiva el servicio.

El SES también niega problemas en la coordinación del área. Según señala, la coordinadora del Servicio de Urgencias continúa desempeñando sus funciones con normalidad y mantiene una interlocución permanente con la Gerencia para abordar las necesidades organizativas y asistenciales.

Sobre una de las principales reclamaciones de los facultativos, la compensación económica prometida por la ausencia de sustituciones durante el periodo estival, el Área de Salud afirma que está ultimando la instrucción administrativa que regulará su aplicación. Añade que dicha compensación tendrá carácter retroactivo desde el inicio del verano y que los profesionales percibirán los importes correspondientes una vez finalice la tramitación administrativa necesaria.

Finalmente, el SES asegura que mantiene un seguimiento continuo de las necesidades asistenciales del servicio y un diálogo permanente con los profesionales para impulsar medidas de mejora. La Administración quiso además destacar “el compromiso, la profesionalidad y el esfuerzo” de los trabajadores de Urgencias, así como las actuaciones puestas en marcha para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria.

La respuesta a la respuesta

Frente a esta versión, los profesionales consultados mantienen su malestar y aseguran que, por el momento, las promesas de la Administración no se han traducido en refuerzos efectivos en el servicio. “De la Junta solo recibimos palabritas”, lamentan, al tiempo que califican de “gran tristeza” las condiciones en las que aseguran estar trabajando. Además, insisten en que las medidas anunciadas deben materializarse cuanto antes para evitar que continúe aumentando el desgaste de una plantilla que asegura encontrarse al límite.

Castilla-La Mancha da la bienvenida de nuevo a la campaña de vacunación frente a la gripe.

Desde el 1 de octubre comenzará para la población infantil de seis meses a siete años, así como para las personas residentes en centros residenciales y sociosanitarios. En el caso de la población adulta, el inicio de la vacunación está programado para el 7 de octubre.

Vacuna celular para los niños y niñas menores de dos años

Así lo ha dado a conocer el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, que ha señalado que han preparado 600.000 dosis para la campaña de 2026-2027, “que se ha adelantado unos 15 días respecto a otros años”, ha afirmado el consejero.

Respecto a la población infantil, el responsable de las políticas sanitarias ha explicado que las niñas y niños entre seis y 23 meses van a recibir una vacuna celular, que es una novedad con una “mejor” respuesta inmunitaria, apta para alérgicos al huevo y a los antibióticos.

A los niños y niñas de 24 meses a siete años completos, se les administrará una vacuna intranasal. Además, una de las novedades de esta campaña es que se amplía en dos años el rango de edad en los que se les vacunaba comparado con el año pasado. Otra novedad de la campaña de este año es que los padres y/o madres de la población infantil de seis meses a siete años, recibirán en sus móviles un mensaje SMS de la Junta de Comunidades animando a vacunarse. Este mensaje de texto posteriormente se irá enviando a otros grupos de población.

Respecto a la población en general, las novedades de la campaña frente a la gripe son que todas las vacunas antigripales son trivalentes, vacunas con la mejor cobertura para las distintas cepas de gripe y adaptadas a las cepas con mayor probabilidad de circulación según la información proporcionada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y se refuerza la captación activa de personas mayores, embarazadas y profesionales sanitarios.

Otra novedad para este año es que la solicitud de cita para vacunarse se podrá realizar a través de la aplicación ‘Mi Salud Digital’ y de la web de la Consejería de Sanidad, además de captación activa por parte de los profesionales o cogiendo cita en su centro de salud o consultorio.

Se recomienda la vacunación simultánea frente a la Covid

Fernández Sanz ha recordado que los grupos prioritarios son las personas de más de 60 años, las embarazadas, las personas con enfermedades crónicas o inmunosupresión, los profesionales sanitarios y sociosanitarios, así como los convivientes y cuidadores de personas vulnerables. El consejero de Sanidad ha recordado que en el momento en que una persona quiera vacunarse frente a la gripe, se recomienda la administración simultánea de la vacuna frente a la Covid cuando ambas estén indicadas.

Asimismo, debe aprovecharse cada contacto asistencial para revisar otras vacunaciones del calendario del adulto como el neumococo, el herpes zóster y el Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en adultos cuando proceda.

Los objetivos de esta campaña son alcanzar una cobertura del 75% en personas de edad igual o superior a 60 años; un 75% en embarazadas y en personas con condiciones de riesgo; así como un 60% en profesionales sanitarios y sociosanitarios y población infantil (seis meses a siete años).

Para concluir, Fernández Sanz ha destacado que las vacunas son uno de los mayores éxitos logrados en materia de salud pública, explicando que cada año salvan al menos entre dos y tres millones de vidas en todo el mundo. Ha puesto como ejemplo la campaña del Virus Respiratorio Sincitial (VRS) en lactantes, que durante dos años consecutivos está siendo un éxito con más de un 95% de la población diana vacunada, suponiendo una disminución tanto en infecciones respiratorias, de consultas en Pediatría de Atención Primaria, como en la disminución de hospitalizaciones e ingresos en las UCI pediátricas.

La campaña frente a la gripe 2026-2027, concluirá el 31 de marzo de 2027.

Los vecinos de Madrid vuelven a exigir transparencia en la sanidad pública después del escándalo de la modificación de las listas de esperas sanitarias en uno de los grandes hospitales de la Comunidad. La plataforma Vecinas y Vecinos de Barrio y Pueblos de Madrid ha convocado este jueves una concentración a las puertas del hospital Ramón y Cajal para reclamar explicaciones y responsabilidades por la modificación de la prioridad de pacientes realizada en la lista de espera quirúrgica del centro.

La protesta, que ha tenido lugar a las 12:00, se produce después de que saliera a la luz que 57 pacientes de Traumatología, que habían sido clasificados como preferentes, fueron movidos en las listas como pacientes de prioridad normal, un cambio que supone ampliar de 90 a 180 días el plazo para su intervención quirúrgica. “Cualquier problema y atención sanitaria pone una angustia que nos pretende expulsar de lo público a lo privado”, defienden desde la plataforma. 

El origen del escándalo se encuentra en las denuncias de varios profesionales del centro hospitalario sobre la gestión de las listas de espera. Uno de ellos, el cirujano Luis Alberto Martos, aseguró haber detectado cambios en la prioridad de pacientes sin que los médicos que habían establecido esa clasificación previamente fueran consultados. Posteriormente, el hospital pidió que el médico ratificara por escrito sus declaraciones. 

La plataforma solicita ahora que se esclarezca quién decidió modificar la prioridad de los pacientes y bajo qué criterios, además de garantías para los profesionales que denuncien este tipo de irregularidades. “Que no suceda nunca más, ni aquí ni en ningún hospital”, reclama.

“Llevo 18 meses esperando”

Entre las personas afectadas por las largas listas de espera y presentes en la concentración de este jueves se encuentra un paciente que asegura llevar “18 meses esperando y con una baja laboral” debido a un problema grave en la columna vertebral y para la que continúa esperando una intervención quirúrgica. El paciente señala que lleva “desde el 23 de febrero en lista de espera” para una operación y que, por esta situación, se encuentra actualmente con una “incapacidad permanente”.

“No solamente se trata de esperar, sino todo lo que acarrea”, indica, a la vez que explica que las consecuencias no sólo son físicas, sino también psicológicas. “Te ves todos los días diciendo. ‘¿Qué hago?’ Si no puedo moverme. Al final te ves tumbado la mayor parte del día”, relata el paciente, y añade que la falta de movilidad hace que “el cuerpo se te agarrote y pierda masa muscular”. 

Explica que su pareja consulta ocasionalmente la evolución de la lista de espera porque él prefiere no hacerlo y calcula que la lista avanza aproximadamente al ritmo de “una operación a la semana”. 

Para el paciente, la modificación de las prioridades en el Ramón y Cajal “afecta de manera que bajen las cifras de listas de espera” y lo atribuye a un “intento de mejorar los indicadores”. “Es maquear las cuentas para que sea otra cosa y sobre todo de cara a las elecciones”, afirma. 

Otra persona que también se encuentra en la concentración relata su experiencia por un síndrome del túnel carpiano y, tras ser incluida en una lista de espera de su hospital de referencia, asegura que no ha recibido ningún aviso. Teme tener que volver a iniciar el proceso asistencial: “Voy a tener que ir a preguntar en qué puesto estoy para que me atiendan”, explica. Su preocupación es que las pruebas realizadas pierdan validez y tenga que repetirlas antes de entrar nuevamente en una lista de espera.

Una investigación abierta y una denuncia ante la Fiscalía

La Comunidad de Madrid mantiene abierta una investigación interna, después de que en una reunión del hospital los responsables del centro reconocieran que se había acordado que pacientes con prioridad preferente pasaran a la categoría normal. La dirección ha defendido que los responsables de los servicios tienen capacidad para modificar la prioridad de los pacientes y que actuaron dentro de sus competencias.

Por su parte, Más Madrid ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigue los cambios y determine si existen indicios de delito de prevaricación administrativa y falsedad documental. La formación también ha registrado una proposición de ley para modificar el sistema de medición, de manera que se tenga en cuenta el recorrido completo del paciente, establecer un registro único y que el deterioro de los indicadores tenga consecuencias presupuestarias. 

La consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, a propuesta del director del Servicio Canario de Salud, cesó el 14 de septiembre a la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Prestación de la Ayuda para Morir de Canarias, Elisa Corujo.

Corujo es facultativa especialista en Geriatría, con destino en el Hospital Universitario José Molina Orosa de Lanzarote.

También preside el Comité de Ética Asistencial en esta isla y era, desde octubre de 2025, la tercera presidenta que tenía este Comité, que se creó en junio de 2021.

En la orden por la que se la destituye se señala que se hace “al amparo de la causa prevista en el artículo 4.3. b) del Reglamento aprobado por el Decreto 67/2021, de 23 de junio (imposibilidad para el ejercicio de sus funciones), agradeciéndole los servicios prestados”.

Corujo ha presentado un recurso de reposición, al que ha tenido acceso EFE, ante esta decisión que considera arbitraria. Por ello, solicita que se anule y que la repongan en el cargo

La doctora sostiene que su destitución incurre en una irregularidad que la hace nula de pleno derecho, entre otras razones, por la omisión de los hechos concretos en los que la administración apoya su cese.

Su recurso destaca que en la orden no se hace referencia alguna “a qué concreta incapacidad” le imposibilita ejercer sus funciones, ni qué concretas funciones le ha impedido realizar.

“Falta una motivación racional y suficiente que me permita conocer las razones de mi cese y articular su impugnación”, argumenta.

La afectada alega en su recurso que la incapacidad física no puede ser el motivo del cese, porque no padece ninguna limitación física ni cognitiva que le haya impedido el ejercicio de las funciones de presidenta, “incluso con la insuficiencia de medios de la Comisión de la que, tras mi nombramiento, di cuenta a los órganos responsables”, añade.

“Durante el año que he estado al frente todos los miembros hemos trabajado para dotar a la Comisión de un funcionamiento ordenado, fluido y eficaz, procurando que pudiera prestar atención y dar respuesta a las distintas dudas, consultas y observaciones que han ido surgiendo en el desarrollo de su actividad asistencial”, señala Corujo en sus alegaciones.

“He procurado, en todo momento, que la Comisión desempeñara el papel que le corresponde de acuerdo con la normativa vigente y que dispusiera de los recursos necesarios para desarrollar su labor con la autonomía, independencia de criterio, rigor y eficacia que deben caracterizar su funcionamiento. Ha sido un trabajo al que he dedicado un importante esfuerzo personal y profesional”, agrega.

En su recurso hace mención a la elaboración del informe anual sobre la aplicación de la ley de regulación de la eutanasia y el desarrollo de la prestación, “que ha sido trasladado a los órganos directivos correspondientes para su publicación en el Portal de Transparencia o en la página web del Servicio Canario de Salud y, conforme a lo establecido normativamente, se ha procedido asimismo a su difusión pública”.

“La elaboración y publicación de este informe constituye un ejercicio necesario de transparencia y rendición de cuentas, además de formar parte de las responsabilidades que corresponden a la propia Comisión. La decisión de dar cumplimiento a esta función no siempre ha sido recibida favorablemente, circunstancia que considero importante dejar reflejada en este recurso”, sostiene Corujo. 

 La campaña de vacunación frente a la gripe y otros virus respiratorios arrancará en Castilla y León el jueves 1 de octubre en las residencias de mayores, embarazadas y los niños de entre seis meses y 11 años, frente a los 8 años de la pasada temporada, con el fin de evitar la circulación gripal y proteger especialmente a los mayores con los que conviven.

Son unas 50.000 las personas institucionalizadas y otros tantos los niños que se incluyen en este arranque de la vacunación contra la gripe, que se generarizará a partir del martes 13 de octubre al resto de la población para la que está indicada la vacuna, según ha detallado este martes el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en la presentación de la campaña.

Como novedad, en esta campaña se vacunará contra el virus respiratorio sincital, el VRS de las bronquiolitis, a partir de los 18 años en los grupos objetivo, cuando en la anterior se hacía, en población adulta, a los mayores de 50.

“La tranquilidad que tienes cuando te vacunas”

Se contratará a personal de enfermería en función de las necesidades de los planes de contigencia de cada área, y ya desde el 9 de octubre se podrá pedir cita previa para vacunarse, con un llamamiento del consejero a hacerlo, y a hacerlo con tranquilidad, dada la seguridad de las vacunas, que es la mejor forma de evitar que se agraven las infecciones víricas frente a la “leyenda negra” que no se sostiene en ninguna evidencia científica.

Precisamente “la tranquilidad que tienes cuando te vacunas” es el lema de la campaña de vacunación de esta temporada en la comunidad, que además de la cita previa y los canales habituales para solicitarla contará con los sanitarios a la hora de ofertar la vacuna aprovechando otras citas, ha detallado el director de Asistencia Sanitaria, Pedro Gómez, quien no ha descartado captaciones posteriores sin cita o con llamamientos locales en el caso del medio rural.

806.650 dosis de vacuna contra la gripe de cinco tipos

 Para esta campaña, la Consejería ha comprado 806.650 dosis de vacunas frente a la gripe, con un gasto total de 9.552.849 euros, incluida la vacuna intranasal destinada a la población infantil de 24 meses a 11 años; con 2.800.000 euros para 14.000 dosis frente a VRS para la población infantil y 2.512.000 euros más destinados a las 25.000 dosis frente a VRS para personas institucionalizadas y grupos de riesgo.

Además, hasta la segunda semana de octubre, Castilla y León recibirá 442.880 dosis de vacunas frente a la covid, un virus que circula con una variante menos intensa en cuanto a síntomas, lo que no implica que no pueda causar problemas en los grupos más vulnerables, por lo que la vacunación se dirige a mayores de 70 años, institucionalizados o con inmunosupresión, o menores de 12 de grupos de riesgo, entre otros colectivos.

En cuanto al VRS, se mantiene la vacunación infantil y la adulta, de forma que los nacidos entre el 1 de octubre de 2026 y el 31 de marzo de 2027 recibirán el anticuerpo monoclonal en el hospital al nacimiento; y para los nacidos entre los meses de abril y septiembre se realizará una campaña de captación específica; y se administrará la vacuna a la población infantil con alto riesgo de enfermedad grave.

Y en la población adulta, se amplía la vacunación en determinados grupos de riesgo, continuando la inmunización para personas institucionalizadas que no se hubiesen vacunado la temporada anterior, con esa ampliación a partir de los 18 años.

Cambio de tendencia: mejoran los datos de vacunados

La directora general de Salud Pública, Cristina Granda, ha analizado los datos de vacunación de la campaña anterior, en los que se aprecian un cambio en la tendencia decreciente con una mejora en los porcentajes de inmunizados.

La cobertura de vacunación se incrementó a medida que aumenta la edad de las personas: entre 60 y 64 años inclusive, 31,7 % (60.235 personas vacunadas); entre 65 y 69 años, 52,2 % (88.950 personas vacunadas); entre 70 y 74 años, 64,6 % (89.294 personas vacunadas); de 75 a 79 años, 72,0 % (87.951 personas vacunadas) y mayores de esa edad, 81,6 % (182.383 personas vacunadas).

La vacunación en los mayores de 65 fue superior a la media nacional, con una mejora también en los sanitarios y mil vacunados más, hasta los 18.178: en atención primaria, 4.060 (43,21 %), atención hospitalaria, 14.030 (47,39 %) y emergencias sanitarias, 88 (23,47 %).

El hospital público Ramón y Cajal de Madrid modificó la gravedad de los pacientes en espera para cirugía para mejorar los datos de su lista de espera. Según una investigación publicada este martes por EL PAÍS, dos responsables del centro dieron la orden de rebajar la prioridad de los pacientes a espaldas de los cirujanos que los habían valorado previamente y habían determinado que debían ser operados cuanto antes.

Los cambios se realizaron entre el 28 febrero y el 14 marzo de 2025 en el servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología del hospital. En total, 57 pacientes pasaron de una categoría de prioridad “preferente” en la lista de espera quirúrgica, que establece una intervención en menos de 90 días, a otra considerada “normal”, con plazos de espera que pueden alcanzar los nueve meses.

El País señala que esta modificación permitía al hospital ganar tiempo para cumplir con los indicadores de productividad exigidos por la Consejería de Sanidad autonómica, lo que daba la posibilidad al centro de que los pacientes fueran operados dentro de plazo. 

Esta modificación fue descubierta por una doctora en marzo del año pasado, cuando comprobó que la prioridad de una niña de tres años había pasado de urgente a normal sin su consentimiento y sin avisar a los padres de la menor. Tras esto, constató que los cambios afectaban también a otros pacientes de 17 médicos diferentes.

En un correo remitido a la doctora que cuestionó las modificaciones, el jefe del servicio justificó la medida con el objetivo de eficiencia pactada con la Consejería de Sanidad y el compromiso del hospital de intervenir a los pacientes preferentes en menos de 90 días. Además, recomendó evitar “en la medida de lo posible” registrar a los pacientes como preferentes.

El cirujano, Luis Alberto Martos, fue quien denunció internamente estas alteraciones sin lograr una respuesta. Según EL PAÍS, semanas después se abrió un expediente disciplinario contra él por “conflictos internos y acoso”, que todavía continúa en curso. Martos sostiene que las modificaciones no responden a “criterios médicos” y han perjudicado a los pacientes al aumentar artificialmente el tiempo que debían esperar para ser operados. Según declaraciones de Martos recogidas por El País, algunos pacientes incluso “se retorcían de dolor”, debido a anomalías en la columna vertebral, síndrome de túnel carpiano o luxación (dislocación de los dos huesos de una articulación).

Los documentos internos a los que ha accedido EL PAÍS contienen anotaciones que atribuyen algunos cambios a órdenes del jefe de Traumatología, Basilio José de la Torre Escudero, y del director médico del hospital, Rafael Martínez Fernández. Según explica el diario, se pueden leer anotaciones de los cambios con mensajes como “cambio prioridad p.i. (por indicación) Dr. De la Torre” o cambio prioridad p.o. (por orden) de trah (traumatología) y direcc. médica“. 

La normativa de la Comunidad de Madrid establece que son los cirujanos quienes deben determinar la prioridad clínica de los pacientes incluidos en las listas de espera. El hospital, por su parte, niega haber cometido alguna irregularidad. En una respuesta remitida a EL PAÍS, una portavoz del hospital aseguró que “ni la Dirección Médica ni la Gerencia realizan directamente modificaciones individuales de las listas de espera” y defendió que su gestión corresponde a cada servicio asistencial siguiendo criterios clínicos. 

En este sentido, el cumplimiento de los plazos de las listas de espera está vinculado con los complementos de productividad de los responsables de los servicios. Según apunta EL PAÍS, tras acceder al contrato programa del Ramón y Cajal de 2025, uno de los indicadores utilizados para evaluar la gestión premia o penaliza en función del número de pacientes que supere la fecha de intervención establecida (90 o 180 días). El complemento de productividad de un jefe de servicio ronda los 3.579 euros. 

El problema de los vertidos de aguas residuales en Canarias no es nuevo. Desde hace décadas se lleva arrastrando una crisis estructural que ha terminado por hacer mella en la tolerancia social. El colapso de las infraestructuras por un sistema de saneamiento incompleto ha hecho que más de 60 playas estén cerradas al baño actualmente. Un dato que ahora se podrá saber con precisión gracias a la creación de un mapa en tiempo real de los análisis oficiales del litoral.

Aunque Tenerife sigue saliendo mal parada -con 33 playas clausuradas-, el resto de islas tampoco se libra. Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera y El Hierro concentran otras 29 banderas rojas y 110 amarillas, una cifra que da buena cuenta de la magnitud de un problema que se extiende por todo el Archipiélago.

Ahora, a través de Vertidos Canarias, cualquier persona puede consultar en qué posición del semáforo se encuentra cada playa. La plataforma ha sido creada por el biólogo Romén Herrera, que decidió desarrollar esta herramienta después de comprobar de cerca un problema de salud pública que, asegura a este periódico, “no se está tratando como una prioridad en Canarias”.

El mapa permite conocer, para cada playa, la fecha de la última muestra disponible, recogida del último análisis oficial publicado por Sanidad en NÁYADE, el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño, así como su resultado y los valores registrados de Escherichia coli (E. coli) y enterococos intestinales, dos de los principales indicadores microbiológicos utilizados para controlar la calidad sanitaria de las aguas de baño.

A través de un semáforo de tres colores, la herramienta permite visualizar en qué estado se encuentra cada playa del Archipiélago. El rojo indica que la playa está pegada a un vertido y que, en ese momento, la lluvia, el viento o las corrientes están favoreciendo que llegue hasta ella. El amarillo señala que existe un vertido cerca, aunque las condiciones no estén contribuyendo tanto a su propagación.

El verde, por su parte, indica que no se localiza ningún vertido conocido cerca o que las condiciones no están favoreciendo que llegue hasta la playa. Pero hay una precisión que cabe destacar. Estar en verde no significa necesariamente que sea un “agua analizada y limpia”, resalta Romén. Dicho semáforo refleja la situación de los vertidos conocidos y las condiciones que pueden favorecer que alcancen la costa, pero no sustituye a los análisis sanitarios oficiales.

Qué diferencia hay entre Vertidos Canarias y los análisis de NÁYADE

Y ahí está precisamente una de las diferencias entre ambas herramientas. NÁYADE ofrece una medición sanitaria real, pero no en tiempo real, mientras que Vertidos Canarias trata de anticipar un riesgo que el laboratorio todavía puede no haber detectado. Las analíticas del sistema de información de la Consejería de Sanidad se realizan entre 9 y 21 veces al año, con una frecuencia quincenal o mensual, dependiendo de la temporada, y el cultivo de las muestras tarda uno o dos días. Esto introduce una limitación evidente respecto a la nueva plataforma, y es que puede no reflejar con exactitud las condiciones del agua en ese momento, sino las que presentaba cuando se tomó la muestra.

La plataforma de Herrera funciona de otra manera. Su modelo incorpora distintas variables, entre ellas, corrientes, viento y localización de los puntos de vertido, para calcular hacia dónde puede desplazarse la contaminación. Bajo la herramienta de pluma moderada, se puede observar un mapa de calor que prevé la dirección que está tomando ese vertido y su posible afección sobre la costa. También señala los límites legales establecidos para cada bacteria: 500 UFC por cada 100 mililitros para Escherichia coli (E. coli) y 185 UFC por cada 100 mililitros para los enterococos intestinales.

El mapa también muestra los vertidos y emisarios autorizados

Esa información que no aparece en NÁYADE y ahora sí lo hace en Vertidos Canarias se recoge de Grafcan, el sistema cartográfico del Gobierno de Canarias, que permite identificar qué vertidos y emisarios están registrados en cada momento y muestra también si cada uno de esos puntos cuenta o no con autorización.

A NÁYADE se suma además otra controversia. El sistema recoge las aguas de baño incluidas en el censo oficial, pero no todas las playas, calas o zonas de baño del Archipiélago forman parte de ese registro. La normativa concentra los controles en aquellas zonas en las que se prevé una afluencia importante de bañistas, de manera que existen espacios del litoral que quedan fuera de la vigilancia periódica. Si una zona no está censada, tampoco existe la misma obligación de someterla a controles sanitarios rutinarios. El resultado es un punto ciego en la vigilancia de la calidad del agua que Vertidos Canarias trata precisamente de cubrir.

Es por ello que un vertido puede producirse entre dos muestreos y no aparecer en ninguno de ellos. También puede ocurrir que el punto donde se toma la muestra no coincida con el lugar en el que se está produciendo el vertido.

El objetivo de Herrera es que esa información sirva también para conocer qué ocurre fuera de los controles sanitarios periódicos. No solo en las playas que están cerradas, sino en aquellas que no forman parte del censo, en los periodos entre dos análisis y en las zonas próximas a puntos de vertido.

Los últimos cierres por contaminación evidencian el problema

Los episodios recientes demuestran que no se trata únicamente de un problema heredado. Durante los últimos meses, distintas zonas del litoral canario han vuelto a quedar temporalmente fuera del uso recreativo por problemas de contaminación. Playa Jardín, en Puerto de la Cruz, se ha mantenido entre una apertura y cierre intermitentes desde agosto. Ese mismo mes, la playa de Bajamar, en La Laguna, fue clausurada durante 24 horas tras detectarse un episodio de contaminación por enterococos.

Y el problema ha seguido apareciendo en septiembre. El pasado 8 de septiembre, el Ayuntamiento de Yaiza ordenó el cierre temporal de la playa pequeña de Playa Blanca, en Lanzarote, después de detectar un vertido de aguas residuales provocado por una avería en una estación de bombeo próxima a la costa. Precisamente hoy, 11 de septiembre, otra playa de Tenerife, playa El Cabezo, se ha cerrado por contaminación fecal. Las reaperturas quedan condicionadas a los resultados de las muestras de Salud Pública. Casos como este evidencian que la contaminación del litoral no es un fenómeno puntual ni circunscrito a una isla concreta, sino un problema que continúa aflorando y que obliga a combinar los controles sanitarios con herramientas capaces de anticipar dónde y cuándo puede producirse un episodio de contaminación.

La enfermera coordinadora del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha ayudado, a través de la teleasistencia, al nacimiento de un bebé, en un domicilio de Guía de Isora (Tenerife), cuya madre, embarazada de 34 semanas, se puso de parto de madrugada.

La paciente presentaba fuertes dolores y al tratarse de su segundo embarazo, la probabilidad de que el nacimiento fuera inminente era muy alta por lo que la enfermera del SUC le transmitió “tranquilidad y seguridad” desde el primer momento, según detalla la Consejería de Sanidad en una nota.

Durante la fase expulsiva la guio y le indicó cómo comprobar que no hubiera vueltas de cordón en el cuello del bebé.

Tras el nacimiento, la enfermera le indicó que cogiera al recién nacido suavemente y lo colocara piel con piel junto a su pecho, le explicó cómo limpiarle la vía aérea y cómo arroparlo para evitar la pérdida de calor.

Asimismo, le pidió que lo estimulara hasta que se oyó el llanto del bebé, lo que indicaba que se encontraba en buen estado y así lo corroboró el equipo médico de la ambulancia medicalizada que llegó al domicilio a continuación.

Finalmente, la dotación de la ambulancia del SUC formada por médico, enfermero y técnico se encargó de asistir a la madre y al recién nacido y preparar su traslado al Hospital Nuestra Señora de Candelaria donde ingresaron en buen estado general.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, destinar 615.000 euros a Cantabria para programas de cohesión sanitaria y trasplantes.

La inversión total asciende a 50,2 millones de euros a distribuir entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), para su ejecución en Ceuta y Melilla, destinados al desarrollo de programas de cohesión sanitaria, formación de profesionales, uso racional de los medicamentos y diferentes actuaciones relacionadas con la donación y el trasplante.

Los fondos proceden de las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud que realizan las empresas y grupos empresariales dedicados a la fabricación, importación u oferta al SNS de medicamentos y productos sanitarios dispensados mediante receta u orden de dispensación, ha explicado el Gobierno en una nota.

La recaudación obtenida por este concepto asciende a más de 63 millones de euros. De esta cantidad, 12,8 millones de euros se destinan a organismos dependientes y centros directivos del Ministerio de Sanidad y los 50,2 millones restantes se transfieren a las comunidades autónomas e INGESA para desarrollar las distintas actuaciones.

La principal partida, dotada con 46,1 millones de euros, de los cuales 584.962 corresponden a Cantabria, se destina al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y a la formación continuada en el uso racional de los medicamentos.

Entre las actuaciones financiables se incluyen programas para mejorar la atención farmacéutica a pacientes crónicos, frágiles o polimedicados; impulsar la deprescripción y la receta electrónica; reforzar la farmacovigilancia y la lucha frente a las resistencias a los antibióticos; y mejorar la autosuficiencia en plasma y el acceso a terapias de elevado impacto.

Los fondos también financiarán la formación continuada de profesionales en uso racional de medicamentos, calidad y seguridad asistencial, alertas sanitarias, resistencias a los antibióticos y evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, además de programas de participación de pacientes y educación sanitaria para la ciudadanía.

La distribución combina una cantidad fija para cada comunidad autónoma e INGESA y un reparto del resto de los fondos en función de la población. El Ministerio de Sanidad destinará también 3,4 millones de euros al Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y al Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, de los cuales cerca de 30.778 euros corresponden a Cantabria.

Estos fondos financiarán actuaciones de información y promoción de la donación de médula ósea, el tipaje y otras determinaciones de los donantes, la acreditación de centros de colecta y de trasplante de progenitores hematopoyéticos, el análisis de unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos y medidas para facilitar la captación de nuevos donantes y mejorar la accesibilidad al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo).

El reparto tiene en cuenta, según cada actuación, criterios como la población de entre 18 y 40 años, el número de donantes, la actividad de los centros o las unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas. A Ingesa se transferirá la cantidad de 2.484,28 euros correspondiente a las ciudades de Ceuta (898 euros) y Melilla (1.585 euros), que suma un total nacional de 3,4 millones de euros.

Además, 700.000 euros se destinan a reforzar la calidad y seguridad en la obtención y el trasplante de órganos y a optimizar los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). De esta cantidad, 200.000 euros corresponden al Programa Marco de Calidad y Seguridad para la obtención y el trasplante de órganos humanos y 500.000 euros a la mejora de los sistemas de información de la ONT.

La distribución de estos fondos tiene en cuenta, respectivamente, los traslados de órganos para trasplante entre comunidades autónomas realizados en 2025 y el número de casos en seguimiento con datos actualizados en 2024. Los criterios de distribución fueron acordados con las comunidades autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia del 6 de mayo de 2026. Los proyectos podrán destinarse tanto a gastos de personal como a inversiones.

Una avería en una tubería del lavabo del quirófano 6 ha obligado a suspender temporalmente este martes la actividad quirúrgica programada durante la mañana en el Hospital Universitario de Cáceres. La fuga de agua ha afectado a los quirófanos 3 al 10, además de a las áreas de esterilización y anatomía patológica.

La incidencia fue detectada a las 7.20 horas y los servicios de mantenimiento del centro intervinieron de inmediato. La tubería quedó reparada y sustituida a las 8.30 horas, según ha informado el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El hospital cuenta con 15 quirófanos, de los que siete no se han visto afectados por la fuga y otros ocho están siendo sometidos a una limpieza terminal para garantizar que puedan volver a utilizarse con todas las condiciones de seguridad.

La suspensión de las intervenciones programadas se ha adoptado de manera preventiva. El agua alcanzó también la central de esterilización, por lo que todo el material que se encontraba en estas instalaciones está siendo sometido nuevamente al proceso de esterilización antes de volver a utilizarse. La medida pretende garantizar la seguridad de los pacientes y evitar cualquier riesgo asociado al instrumental quirúrgico.

La actividad quirúrgica urgente, sin embargo, permanece garantizada. El hospital mantiene quirófanos operativos para poder realizar las intervenciones que no puedan demorarse y que requieran atención inmediata.

El centro ya trabaja además en la reprogramación de las cirugías que se han visto afectadas por la suspensión temporal de la actividad. El objetivo es recuperar la actividad quirúrgica programada “a la mayor brevedad”, una vez que finalicen las labores de limpieza y acondicionamiento de las áreas afectadas.

El SES señala que la incidencia está ya solucionada desde el punto de vista técnico y que en estos momentos se están acondicionando las distintas zonas afectadas para recuperar progresivamente la normalidad asistencial.

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha culminado el proceso de estabilización de las plantillas de profesionales por concurso de méritos que ha permitido que 9.000 plazas queden estabilizadas por esta vía contemplada en aplicación de las normas de reducción de la temporalidad en el empleo público.

Según ha informado en un comunicado la consejera de sanidad del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, se trata del mayor proceso de estabilización realizado por una administración pública en Canarias, que afecta a alrededor de 12.000 plazas, de las que más de 9.000 se han podido estabilizar mediante el procedimiento de méritos y el resto en la fase de concurso oposición.

Este procedimiento culmina ahora tras publicar las dos últimas categorías que quedaban pendientes: la de Auxiliar de Enfermería y la del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, ambas muy numerosas.

Este proceso selectivo ha permitido estabilizar sólo por concurso de méritos las plazas de 122 categorías profesionales entre las que se encuentran 1.046 plazas de facultativos, 675 de médicos de Familia, 123 Pediatras de Atención Primaria , 2.059 enfermeros, 2.204 auxiliares de Enfermería, 1.123 plazas de Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, 702 de Celador, 161 de Técnico Especialista en Laboratorio y 124 de Técnico Especialista en Radiodiagnóscito, entre otras categorías.

Según señala el Gobierno canario, el proceso selectivo de estabilización del empleo temporal mediante concurso-oposición constituye el segundo de los procedimientos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, desarrollados por el Servicio Canario de la Salud y consta de 1.585 plazas pertenecientes a 110 categorías, de las que 308 corresponden a facultativos y las restantes se distribuyen entre las demás categorías sanitarias y de gestión y servicios.

Actualmente ya se ha realizado el 69% de los exámenes previstos y se han publicado los resultados de todas las categorías y especialidades del Grupo A/A1 Sanitario, entre las que se encuentran las de médicos y facultativos, y las del Grupo A/A1 de Gestión y Servicios.

Paralelamente, los procedimientos en los que ya se ha celebrado la oposición continúan avanzando en las sucesivas fases previstas en las bases: baremación de méritos, publicación de resultados provisionales y definitivos del concurso-oposición, petición de plazas, propuesta de nombramiento, nombramiento y toma de posesión.

Actualmente, 27 categorías profesionales/procesos selectivos se encuentran ya en fase de adjudicación de plazas, una vez superadas las fases previas correspondientes.

“El avance de estos procedimientos se produce de forma simultánea con las publicaciones de nombramientos y tomas de posesión de los procesos culminados, mientras se está preparando la logística para la celebración de los otros 35 exámenes con los que finaliza todo el proceso”, señala el Gobierno.

En total entre los procesos de estabilización temporal de larga duración por concurso de méritos y el de concurso oposición se estabilizan las casi 12.000 plazas convocadas, 1.855 se corresponden con facultativos, 831 médicos de familia, 142 de médicos de Urgencias, 176 de pediatría, 2.136 de enfermería, 2.592 de Auxiliar de Enfermería, 940 de celadores y 1.320 de auxiliares administrativos, entre otras

La crisis de personal que atraviesa el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha dado un nuevo paso y ha dejado de ser únicamente un conflicto interno y local. La situación de los médicos residentes ha llegado a la Asociación MIR España, que ha puesto el foco en la organización de las guardias y en el riesgo de que los MIR terminen soportando las consecuencias de la falta de facultativos.

La asociación ha lanzado un mensaje contundente: los residentes no pueden convertirse en la solución a un déficit estructural de médicos especialistas. En este sentido, reclama que, cuando existan puestos que cubrir en Urgencias, la respuesta pase por reforzar la plantilla de facultativos y no por utilizar a los MIR como una plantilla de reserva: “Los MIR no somos la plantilla de reserva de ningún hospital”, aseveran.

El pronunciamiento nacional se produce después de que en Cáceres se haya abierto un conflicto en torno a la cobertura de las guardias y las necesidades de personal de Urgencias. Los residentes denuncian que la falta de médicos está aumentando la presión sobre quienes se encuentran todavía en formación especializada.

Más pacientes y una plantilla bajo presión

La situación se produce en un servicio que ha experimentado un importante incremento de actividad. Según los datos difundidos en el marco del conflicto, las Urgencias atendieron 74.134 pacientes en 2023 y 81.012 en 2025, lo que supone un aumento del 9,27 % en dos años.

Al mismo tiempo, los y las profesionales vienen señalando las dificultades para disponer de una plantilla efectiva suficiente para responder a esa demanda. El problema no sería únicamente el número de plazas existentes sobre el papel, sino cuántos facultativos están realmente disponibles para cubrir la actividad asistencial.

Esta combinación de mayor presión asistencial y dificultades para cubrir las guardias ha terminado repercutiendo directamente en la organización del servicio y en los médicos residentes que además denuncian que las guardias han pasado de ser voluntarias a obligatorias.

Los MIR, en el centro de la polémica

El punto más sensible del conflicto es el papel que deben desempeñar los MIR. Y es que los residentes tienen una función asistencial, pero dentro de un proceso de formación especializada y con una responsabilidad progresiva, que debe estar acompañado de la supervisión correspondiente. Por ello, la Asociación MIR España considera que no pueden utilizarse para compensar de manera estructural la ausencia de facultativos.

La preocupación aumenta cuando la cobertura de las necesidades del servicio depende de que los residentes asuman más guardias o soporten una carga asistencial que debería corresponder a una plantilla suficiente de especialistas.

Para los residentes, una cosa es participar en la actividad asistencial como parte de su formación y otra muy distinta convertirse en el recurso al que se recurre cuando faltan médicos.

Un conflicto que ya había provocado movimientos en Urgencias

La llegada del caso a la Asociación MIR España se produce además en un contexto de creciente tensión dentro del propio servicio. La crisis de personal ha estado acompañada por cambios y renuncias en puestos de responsabilidad de Urgencias y de la formación de residentes con la dimisión de su máximo responsable, aumentando las dudas sobre cómo garantizar al mismo tiempo la asistencia a los pacientes y unas condiciones adecuadas para la formación de los MIR.

El problema, por tanto, no afecta únicamente a los cuadrantes de guardias. También plantea interrogantes sobre la supervisión, la calidad de la formación especializada y la seguridad tanto de pacientes como de profesionales.

El Colegio de Médicos también pide revisar la situación

El Colegio de Médicos de Cáceres se ha pronunciado igualmente sobre el problema y ha reclamado que la dotación de profesionales se ajuste a la demanda asistencial real.

Entre sus reivindicaciones se encuentra la necesidad de proteger la formación de los residentes y evitar que estos sean considerados un recurso asistencial intercambiable con los facultativos.

La coincidencia entre las distintas voces que han intervenido en el conflicto sitúa así el debate en un punto fundamental: la solución a la falta de médicos no puede consistir simplemente en aumentar la carga de quienes todavía están completando su especialización.

De Cáceres a un debate nacional

La intervención de la Asociación MIR España supone un cambio importante en la dimensión del conflicto. Una situación que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente en el ámbito local pasa a formar parte de un debate que afecta a los residentes de todo el país.

Porque lo que ocurre en Cáceres plantea una cuestión que trasciende a este hospital: qué sucede cuando un servicio sanitario tiene dificultades para cubrir su plantilla y los médicos residentes terminan siendo una de las principales herramientas para mantener la asistencia.

Desde la asociación se invita además a los MIR de Cáceres que estén afectados por esta situación a ponerse en contacto con ellos a través de asociacionmirespana@gmail.com, con el objetivo de conocer de primera mano sus circunstancias.

El mensaje de los residentes es claro: los MIR deben contribuir a la asistencia mientras se forman, pero no ser utilizados para tapar de forma permanente los agujeros de una plantilla insuficiente.

Y en Cáceres, esa reivindicación ya ha traspasado las puertas del hospital. El conflicto local ha llegado al ámbito nacional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudicará durante los primeros días del próximo mes de septiembre las obras de ampliación y reforma del Hospital General Universitario Mancha Centro, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), un proyecto que movilizará una inversión de 67,9 millones de euros y permitirá iniciar este otoño “la mayor transformación del hospital” desde su puesta en funcionamiento hace más de treinta años.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante su visita al nuevo aula de simulación de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, donde ha destacado que este proyecto constituye “uno de los mayores esfuerzos inversores” que está realizando el Ejecutivo autonómico para seguir modernizando la red de hospitales públicos de Castilla-La Mancha y adaptar sus infraestructuras al crecimiento de la actividad asistencial y a las necesidades presentes y futuras de la población.

Tal y como ha explicado el consejero, la mesa de contratación formuló el pasado 3 de agosto la propuesta de adjudicación de las obras a la empresa FCC Construcción S.A., que actualmente está completando la documentación previa a la adjudicación del contrato. Una vez finalizado este trámite, la adjudicación está prevista para los primeros días del mes de septiembre. Posteriormente se procederá a la formalización del contrato y, tras la firma del acta de comprobación del replanteo, las obras podrán comenzar previsiblemente a finales del próximo mes de octubre, con un plazo de ejecución de 35 meses.

“La actuación permitirá culminar uno de los proyectos de modernización hospitalaria más importantes de Castilla-La Mancha”, señalan desde el Gobierno regional. El Hospital Mancha Centro ampliará y renovará sus instalaciones mediante una intervención sobre más de 24.500 metros cuadrados que incorporará nuevos espacios asistenciales y “permitirá reorganizar los circuitos internos para hacerlos más funcionales y eficientes”. Asimismo, reforzará la capacidad diagnóstica, quirúrgica, ambulatoria, docente e investigadora del centro. Tras la finalización de las obras, el complejo hospitalario alcanzará una superficie construida superior a 87.500 metros cuadrados y dispondrá de 345 camas.

Nueva resonancia magnética de última generación

La transformación del Hospital Mancha Centro irá acompañada de una “importante” renovación tecnológica. Así, el consejero ha avanzado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está ultimando la adjudicación del contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de una nueva resonancia magnética de última generación destinada al hospital alcazareño, dentro de una actuación conjunta con el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Esta actuación supone una inversión superior a 3,09 millones de euros y permitirá “incorporar un equipo con mayores prestaciones diagnósticas, mejorar la calidad de las exploraciones y reforzar la capacidad de respuesta del Servicio de Radiodiagnóstico, ofreciendo a los pacientes una tecnología más avanzada y precisa”.

Inversiones para seguir modernizando el Área Integrada

El consejero ha destacado que estas actuaciones forman parte del proceso de mejora continua que el Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando en el Área Integrada de Alcázar de San Juan, donde durante este año se están ejecutando nuevas inversiones destinadas tanto a modernizar las infraestructuras sanitarias como a renovar el equipamiento clínico.

Así, en el Hospital Mancha Centro “se están remodelando las plantas de hospitalización de Pediatría y Medicina Interna para mejorar la confortabilidad de pacientes y profesionales mediante la renovación de cabeceros, iluminación, salas de medicación, duchas y sistemas de llamada paciente-enfermera”, exponen. En Atención Primaria se están renovando los sistemas de climatización de los centros de salud de Quintanar de la Orden, Campo de Criptana, Villafranca de los Caballeros, Madridejos y Villacañas, además de instalar nuevas puertas automáticas en este último centro.

A estas actuaciones se suman nuevas inversiones actualmente en tramitación para renovar equipamiento de alta tecnología, entre ellas la sustitución del sistema de monitorización de la UCI polivalente, una nueva sala de radiología intervencionista para el Servicio de Digestivo y la incorporación de un monitor de función cerebral para la UCI Pediátrica.

Innovación y formación para seguir mejorando la asistencia

El Aula de Simulación Clínica de Atención Primaria de Alcázar de San Juan es uno de los siete nodos territoriales de la red regional de simulación clínica que el Gobierno de Castilla-La Mancha está implantando a través del proyecto SimulaAP, una iniciativa dotada con una inversión de 1,2 millones de euros para incorporar de forma progresiva esta metodología innovadora a la formación de los profesionales de Atención Primaria.

Se trata de una iniciativa “poco habitual” en el ámbito nacional con la que Castilla-La Mancha quiere extender a la Atención Primaria una metodología docente “que ya ha demostrado su eficacia en el ámbito hospitalario para mejorar la preparación de los profesionales y la seguridad del paciente”.

El Aula de Alcázar de San Juan, ubicada en el Centro de Salud Alcázar I, actuará como nodo de referencia para las gerencias de Alcázar de San Juan, Tomelloso, Manzanares y Valdepeñas y comenzará su actividad docente este otoño. Forma parte de una red regional integrada por dos unidades de referencia y siete nodos territoriales que permitirá compartir conocimiento, experiencias y escenarios de simulación entre los profesionales de Atención Primaria de toda Castilla-La Mancha.

La simulación clínica reproduce situaciones asistenciales en un entorno seguro para entrenar procedimientos, habilidades comunicativas, toma de decisiones y trabajo en equipo antes de trasladar ese aprendizaje a la práctica clínica. De este modo, los profesionales pueden adquirir experiencia, afrontar situaciones complejas y mejorar su capacidad de respuesta, contribuyendo a reforzar la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria.

Además de potenciar las competencias técnicas y clínicas, SimulaAP impulsa un modelo de formación colaborativo basado en la creación de comunidades de aprendizaje, favoreciendo el intercambio de experiencias y recursos entre las distintas gerencias y promoviendo una formación homogénea y de alta calidad en toda la región. El proyecto incorpora también una dimensión comunitaria, con el objetivo de extender progresivamente las actividades de simulación a pacientes, familias y cuidadores para favorecer una participación más activa en el cuidado de la salud.

Fernández Sanz ha destacado que “la innovación también consiste en ofrecer a nuestros profesionales las mejores herramientas para seguir aprendiendo. Cada decisión que se entrena antes de llegar al paciente es una oportunidad para ofrecer una asistencia más segura, más resolutiva y de mayor calidad”.

Con actuaciones como la ampliación del Hospital Mancha Centro, la incorporación de nueva tecnología sanitaria, la mejora continua de las infraestructuras y la puesta en marcha de la red regional de simulación clínica, el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa impulsando una transformación integral del Área Integrada de Alcázar de San Juan, combinando inversión, innovación y formación para seguir fortaleciendo la calidad de la sanidad pública.