La enfermera coordinadora del Servicio de Urgencias Canario (SUC) ha ayudado, a través de la teleasistencia, al nacimiento de un bebé, en un domicilio de Guía de Isora (Tenerife), cuya madre, embarazada de 34 semanas, se puso de parto de madrugada.

La paciente presentaba fuertes dolores y al tratarse de su segundo embarazo, la probabilidad de que el nacimiento fuera inminente era muy alta por lo que la enfermera del SUC le transmitió “tranquilidad y seguridad” desde el primer momento, según detalla la Consejería de Sanidad en una nota.

Durante la fase expulsiva la guio y le indicó cómo comprobar que no hubiera vueltas de cordón en el cuello del bebé.

Tras el nacimiento, la enfermera le indicó que cogiera al recién nacido suavemente y lo colocara piel con piel junto a su pecho, le explicó cómo limpiarle la vía aérea y cómo arroparlo para evitar la pérdida de calor.

Asimismo, le pidió que lo estimulara hasta que se oyó el llanto del bebé, lo que indicaba que se encontraba en buen estado y así lo corroboró el equipo médico de la ambulancia medicalizada que llegó al domicilio a continuación.

Finalmente, la dotación de la ambulancia del SUC formada por médico, enfermero y técnico se encargó de asistir a la madre y al recién nacido y preparar su traslado al Hospital Nuestra Señora de Candelaria donde ingresaron en buen estado general.

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes, a propuesta del Ministerio de Sanidad, destinar 615.000 euros a Cantabria para programas de cohesión sanitaria y trasplantes.

La inversión total asciende a 50,2 millones de euros a distribuir entre las comunidades autónomas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), para su ejecución en Ceuta y Melilla, destinados al desarrollo de programas de cohesión sanitaria, formación de profesionales, uso racional de los medicamentos y diferentes actuaciones relacionadas con la donación y el trasplante.

Los fondos proceden de las aportaciones por volumen de ventas al Sistema Nacional de Salud que realizan las empresas y grupos empresariales dedicados a la fabricación, importación u oferta al SNS de medicamentos y productos sanitarios dispensados mediante receta u orden de dispensación, ha explicado el Gobierno en una nota.

La recaudación obtenida por este concepto asciende a más de 63 millones de euros. De esta cantidad, 12,8 millones de euros se destinan a organismos dependientes y centros directivos del Ministerio de Sanidad y los 50,2 millones restantes se transfieren a las comunidades autónomas e INGESA para desarrollar las distintas actuaciones.

La principal partida, dotada con 46,1 millones de euros, de los cuales 584.962 corresponden a Cantabria, se destina al desarrollo de políticas de cohesión sanitaria y a la formación continuada en el uso racional de los medicamentos.

Entre las actuaciones financiables se incluyen programas para mejorar la atención farmacéutica a pacientes crónicos, frágiles o polimedicados; impulsar la deprescripción y la receta electrónica; reforzar la farmacovigilancia y la lucha frente a las resistencias a los antibióticos; y mejorar la autosuficiencia en plasma y el acceso a terapias de elevado impacto.

Los fondos también financiarán la formación continuada de profesionales en uso racional de medicamentos, calidad y seguridad asistencial, alertas sanitarias, resistencias a los antibióticos y evaluación de medicamentos y tecnologías sanitarias, además de programas de participación de pacientes y educación sanitaria para la ciudadanía.

La distribución combina una cantidad fija para cada comunidad autónoma e INGESA y un reparto del resto de los fondos en función de la población. El Ministerio de Sanidad destinará también 3,4 millones de euros al Plan Nacional de Donación de Médula Ósea y al Plan Nacional de Sangre de Cordón Umbilical, de los cuales cerca de 30.778 euros corresponden a Cantabria.

Estos fondos financiarán actuaciones de información y promoción de la donación de médula ósea, el tipaje y otras determinaciones de los donantes, la acreditación de centros de colecta y de trasplante de progenitores hematopoyéticos, el análisis de unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas en bancos públicos y medidas para facilitar la captación de nuevos donantes y mejorar la accesibilidad al Registro Español de Donantes de Médula Ósea (Redmo).

El reparto tiene en cuenta, según cada actuación, criterios como la población de entre 18 y 40 años, el número de donantes, la actividad de los centros o las unidades de sangre de cordón umbilical almacenadas. A Ingesa se transferirá la cantidad de 2.484,28 euros correspondiente a las ciudades de Ceuta (898 euros) y Melilla (1.585 euros), que suma un total nacional de 3,4 millones de euros.

Además, 700.000 euros se destinan a reforzar la calidad y seguridad en la obtención y el trasplante de órganos y a optimizar los sistemas de información gestionados por la Organización Nacional de Trasplantes (ONT). De esta cantidad, 200.000 euros corresponden al Programa Marco de Calidad y Seguridad para la obtención y el trasplante de órganos humanos y 500.000 euros a la mejora de los sistemas de información de la ONT.

La distribución de estos fondos tiene en cuenta, respectivamente, los traslados de órganos para trasplante entre comunidades autónomas realizados en 2025 y el número de casos en seguimiento con datos actualizados en 2024. Los criterios de distribución fueron acordados con las comunidades autónomas en la Comisión Permanente de Farmacia del 6 de mayo de 2026. Los proyectos podrán destinarse tanto a gastos de personal como a inversiones.

Una avería en una tubería del lavabo del quirófano 6 ha obligado a suspender temporalmente este martes la actividad quirúrgica programada durante la mañana en el Hospital Universitario de Cáceres. La fuga de agua ha afectado a los quirófanos 3 al 10, además de a las áreas de esterilización y anatomía patológica.

La incidencia fue detectada a las 7.20 horas y los servicios de mantenimiento del centro intervinieron de inmediato. La tubería quedó reparada y sustituida a las 8.30 horas, según ha informado el Servicio Extremeño de Salud (SES).

El hospital cuenta con 15 quirófanos, de los que siete no se han visto afectados por la fuga y otros ocho están siendo sometidos a una limpieza terminal para garantizar que puedan volver a utilizarse con todas las condiciones de seguridad.

La suspensión de las intervenciones programadas se ha adoptado de manera preventiva. El agua alcanzó también la central de esterilización, por lo que todo el material que se encontraba en estas instalaciones está siendo sometido nuevamente al proceso de esterilización antes de volver a utilizarse. La medida pretende garantizar la seguridad de los pacientes y evitar cualquier riesgo asociado al instrumental quirúrgico.

La actividad quirúrgica urgente, sin embargo, permanece garantizada. El hospital mantiene quirófanos operativos para poder realizar las intervenciones que no puedan demorarse y que requieran atención inmediata.

El centro ya trabaja además en la reprogramación de las cirugías que se han visto afectadas por la suspensión temporal de la actividad. El objetivo es recuperar la actividad quirúrgica programada “a la mayor brevedad”, una vez que finalicen las labores de limpieza y acondicionamiento de las áreas afectadas.

El SES señala que la incidencia está ya solucionada desde el punto de vista técnico y que en estos momentos se están acondicionando las distintas zonas afectadas para recuperar progresivamente la normalidad asistencial.

El Servicio Canario de la Salud (SCS) ha culminado el proceso de estabilización de las plantillas de profesionales por concurso de méritos que ha permitido que 9.000 plazas queden estabilizadas por esta vía contemplada en aplicación de las normas de reducción de la temporalidad en el empleo público.

Según ha informado en un comunicado la consejera de sanidad del Ejecutivo autonómico, Esther Monzón, se trata del mayor proceso de estabilización realizado por una administración pública en Canarias, que afecta a alrededor de 12.000 plazas, de las que más de 9.000 se han podido estabilizar mediante el procedimiento de méritos y el resto en la fase de concurso oposición.

Este procedimiento culmina ahora tras publicar las dos últimas categorías que quedaban pendientes: la de Auxiliar de Enfermería y la del Grupo Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, ambas muy numerosas.

Este proceso selectivo ha permitido estabilizar sólo por concurso de méritos las plazas de 122 categorías profesionales entre las que se encuentran 1.046 plazas de facultativos, 675 de médicos de Familia, 123 Pediatras de Atención Primaria , 2.059 enfermeros, 2.204 auxiliares de Enfermería, 1.123 plazas de Auxiliar Administrativo de la Función Administrativa, 702 de Celador, 161 de Técnico Especialista en Laboratorio y 124 de Técnico Especialista en Radiodiagnóscito, entre otras categorías.

Según señala el Gobierno canario, el proceso selectivo de estabilización del empleo temporal mediante concurso-oposición constituye el segundo de los procedimientos de estabilización derivados de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, desarrollados por el Servicio Canario de la Salud y consta de 1.585 plazas pertenecientes a 110 categorías, de las que 308 corresponden a facultativos y las restantes se distribuyen entre las demás categorías sanitarias y de gestión y servicios.

Actualmente ya se ha realizado el 69% de los exámenes previstos y se han publicado los resultados de todas las categorías y especialidades del Grupo A/A1 Sanitario, entre las que se encuentran las de médicos y facultativos, y las del Grupo A/A1 de Gestión y Servicios.

Paralelamente, los procedimientos en los que ya se ha celebrado la oposición continúan avanzando en las sucesivas fases previstas en las bases: baremación de méritos, publicación de resultados provisionales y definitivos del concurso-oposición, petición de plazas, propuesta de nombramiento, nombramiento y toma de posesión.

Actualmente, 27 categorías profesionales/procesos selectivos se encuentran ya en fase de adjudicación de plazas, una vez superadas las fases previas correspondientes.

“El avance de estos procedimientos se produce de forma simultánea con las publicaciones de nombramientos y tomas de posesión de los procesos culminados, mientras se está preparando la logística para la celebración de los otros 35 exámenes con los que finaliza todo el proceso”, señala el Gobierno.

En total entre los procesos de estabilización temporal de larga duración por concurso de méritos y el de concurso oposición se estabilizan las casi 12.000 plazas convocadas, 1.855 se corresponden con facultativos, 831 médicos de familia, 142 de médicos de Urgencias, 176 de pediatría, 2.136 de enfermería, 2.592 de Auxiliar de Enfermería, 940 de celadores y 1.320 de auxiliares administrativos, entre otras

La crisis de personal que atraviesa el servicio de Urgencias del Hospital Universitario de Cáceres ha dado un nuevo paso y ha dejado de ser únicamente un conflicto interno y local. La situación de los médicos residentes ha llegado a la Asociación MIR España, que ha puesto el foco en la organización de las guardias y en el riesgo de que los MIR terminen soportando las consecuencias de la falta de facultativos.

La asociación ha lanzado un mensaje contundente: los residentes no pueden convertirse en la solución a un déficit estructural de médicos especialistas. En este sentido, reclama que, cuando existan puestos que cubrir en Urgencias, la respuesta pase por reforzar la plantilla de facultativos y no por utilizar a los MIR como una plantilla de reserva: “Los MIR no somos la plantilla de reserva de ningún hospital”, aseveran.

El pronunciamiento nacional se produce después de que en Cáceres se haya abierto un conflicto en torno a la cobertura de las guardias y las necesidades de personal de Urgencias. Los residentes denuncian que la falta de médicos está aumentando la presión sobre quienes se encuentran todavía en formación especializada.

Más pacientes y una plantilla bajo presión

La situación se produce en un servicio que ha experimentado un importante incremento de actividad. Según los datos difundidos en el marco del conflicto, las Urgencias atendieron 74.134 pacientes en 2023 y 81.012 en 2025, lo que supone un aumento del 9,27 % en dos años.

Al mismo tiempo, los y las profesionales vienen señalando las dificultades para disponer de una plantilla efectiva suficiente para responder a esa demanda. El problema no sería únicamente el número de plazas existentes sobre el papel, sino cuántos facultativos están realmente disponibles para cubrir la actividad asistencial.

Esta combinación de mayor presión asistencial y dificultades para cubrir las guardias ha terminado repercutiendo directamente en la organización del servicio y en los médicos residentes que además denuncian que las guardias han pasado de ser voluntarias a obligatorias.

Los MIR, en el centro de la polémica

El punto más sensible del conflicto es el papel que deben desempeñar los MIR. Y es que los residentes tienen una función asistencial, pero dentro de un proceso de formación especializada y con una responsabilidad progresiva, que debe estar acompañado de la supervisión correspondiente. Por ello, la Asociación MIR España considera que no pueden utilizarse para compensar de manera estructural la ausencia de facultativos.

La preocupación aumenta cuando la cobertura de las necesidades del servicio depende de que los residentes asuman más guardias o soporten una carga asistencial que debería corresponder a una plantilla suficiente de especialistas.

Para los residentes, una cosa es participar en la actividad asistencial como parte de su formación y otra muy distinta convertirse en el recurso al que se recurre cuando faltan médicos.

Un conflicto que ya había provocado movimientos en Urgencias

La llegada del caso a la Asociación MIR España se produce además en un contexto de creciente tensión dentro del propio servicio. La crisis de personal ha estado acompañada por cambios y renuncias en puestos de responsabilidad de Urgencias y de la formación de residentes con la dimisión de su máximo responsable, aumentando las dudas sobre cómo garantizar al mismo tiempo la asistencia a los pacientes y unas condiciones adecuadas para la formación de los MIR.

El problema, por tanto, no afecta únicamente a los cuadrantes de guardias. También plantea interrogantes sobre la supervisión, la calidad de la formación especializada y la seguridad tanto de pacientes como de profesionales.

El Colegio de Médicos también pide revisar la situación

El Colegio de Médicos de Cáceres se ha pronunciado igualmente sobre el problema y ha reclamado que la dotación de profesionales se ajuste a la demanda asistencial real.

Entre sus reivindicaciones se encuentra la necesidad de proteger la formación de los residentes y evitar que estos sean considerados un recurso asistencial intercambiable con los facultativos.

La coincidencia entre las distintas voces que han intervenido en el conflicto sitúa así el debate en un punto fundamental: la solución a la falta de médicos no puede consistir simplemente en aumentar la carga de quienes todavía están completando su especialización.

De Cáceres a un debate nacional

La intervención de la Asociación MIR España supone un cambio importante en la dimensión del conflicto. Una situación que hasta ahora se había desarrollado fundamentalmente en el ámbito local pasa a formar parte de un debate que afecta a los residentes de todo el país.

Porque lo que ocurre en Cáceres plantea una cuestión que trasciende a este hospital: qué sucede cuando un servicio sanitario tiene dificultades para cubrir su plantilla y los médicos residentes terminan siendo una de las principales herramientas para mantener la asistencia.

Desde la asociación se invita además a los MIR de Cáceres que estén afectados por esta situación a ponerse en contacto con ellos a través de asociacionmirespana@gmail.com, con el objetivo de conocer de primera mano sus circunstancias.

El mensaje de los residentes es claro: los MIR deben contribuir a la asistencia mientras se forman, pero no ser utilizados para tapar de forma permanente los agujeros de una plantilla insuficiente.

Y en Cáceres, esa reivindicación ya ha traspasado las puertas del hospital. El conflicto local ha llegado al ámbito nacional.

El Gobierno de Castilla-La Mancha adjudicará durante los primeros días del próximo mes de septiembre las obras de ampliación y reforma del Hospital General Universitario Mancha Centro, de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), un proyecto que movilizará una inversión de 67,9 millones de euros y permitirá iniciar este otoño “la mayor transformación del hospital” desde su puesta en funcionamiento hace más de treinta años.

Así lo ha anunciado el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, durante su visita al nuevo aula de simulación de la Gerencia de Atención Integrada de Alcázar de San Juan, donde ha destacado que este proyecto constituye “uno de los mayores esfuerzos inversores” que está realizando el Ejecutivo autonómico para seguir modernizando la red de hospitales públicos de Castilla-La Mancha y adaptar sus infraestructuras al crecimiento de la actividad asistencial y a las necesidades presentes y futuras de la población.

Tal y como ha explicado el consejero, la mesa de contratación formuló el pasado 3 de agosto la propuesta de adjudicación de las obras a la empresa FCC Construcción S.A., que actualmente está completando la documentación previa a la adjudicación del contrato. Una vez finalizado este trámite, la adjudicación está prevista para los primeros días del mes de septiembre. Posteriormente se procederá a la formalización del contrato y, tras la firma del acta de comprobación del replanteo, las obras podrán comenzar previsiblemente a finales del próximo mes de octubre, con un plazo de ejecución de 35 meses.

“La actuación permitirá culminar uno de los proyectos de modernización hospitalaria más importantes de Castilla-La Mancha”, señalan desde el Gobierno regional. El Hospital Mancha Centro ampliará y renovará sus instalaciones mediante una intervención sobre más de 24.500 metros cuadrados que incorporará nuevos espacios asistenciales y “permitirá reorganizar los circuitos internos para hacerlos más funcionales y eficientes”. Asimismo, reforzará la capacidad diagnóstica, quirúrgica, ambulatoria, docente e investigadora del centro. Tras la finalización de las obras, el complejo hospitalario alcanzará una superficie construida superior a 87.500 metros cuadrados y dispondrá de 345 camas.

Nueva resonancia magnética de última generación

La transformación del Hospital Mancha Centro irá acompañada de una “importante” renovación tecnológica. Así, el consejero ha avanzado que el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha está ultimando la adjudicación del contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de una nueva resonancia magnética de última generación destinada al hospital alcazareño, dentro de una actuación conjunta con el Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Esta actuación supone una inversión superior a 3,09 millones de euros y permitirá “incorporar un equipo con mayores prestaciones diagnósticas, mejorar la calidad de las exploraciones y reforzar la capacidad de respuesta del Servicio de Radiodiagnóstico, ofreciendo a los pacientes una tecnología más avanzada y precisa”.

Inversiones para seguir modernizando el Área Integrada

El consejero ha destacado que estas actuaciones forman parte del proceso de mejora continua que el Gobierno de Castilla-La Mancha está desarrollando en el Área Integrada de Alcázar de San Juan, donde durante este año se están ejecutando nuevas inversiones destinadas tanto a modernizar las infraestructuras sanitarias como a renovar el equipamiento clínico.

Así, en el Hospital Mancha Centro “se están remodelando las plantas de hospitalización de Pediatría y Medicina Interna para mejorar la confortabilidad de pacientes y profesionales mediante la renovación de cabeceros, iluminación, salas de medicación, duchas y sistemas de llamada paciente-enfermera”, exponen. En Atención Primaria se están renovando los sistemas de climatización de los centros de salud de Quintanar de la Orden, Campo de Criptana, Villafranca de los Caballeros, Madridejos y Villacañas, además de instalar nuevas puertas automáticas en este último centro.

A estas actuaciones se suman nuevas inversiones actualmente en tramitación para renovar equipamiento de alta tecnología, entre ellas la sustitución del sistema de monitorización de la UCI polivalente, una nueva sala de radiología intervencionista para el Servicio de Digestivo y la incorporación de un monitor de función cerebral para la UCI Pediátrica.

Innovación y formación para seguir mejorando la asistencia

El Aula de Simulación Clínica de Atención Primaria de Alcázar de San Juan es uno de los siete nodos territoriales de la red regional de simulación clínica que el Gobierno de Castilla-La Mancha está implantando a través del proyecto SimulaAP, una iniciativa dotada con una inversión de 1,2 millones de euros para incorporar de forma progresiva esta metodología innovadora a la formación de los profesionales de Atención Primaria.

Se trata de una iniciativa “poco habitual” en el ámbito nacional con la que Castilla-La Mancha quiere extender a la Atención Primaria una metodología docente “que ya ha demostrado su eficacia en el ámbito hospitalario para mejorar la preparación de los profesionales y la seguridad del paciente”.

El Aula de Alcázar de San Juan, ubicada en el Centro de Salud Alcázar I, actuará como nodo de referencia para las gerencias de Alcázar de San Juan, Tomelloso, Manzanares y Valdepeñas y comenzará su actividad docente este otoño. Forma parte de una red regional integrada por dos unidades de referencia y siete nodos territoriales que permitirá compartir conocimiento, experiencias y escenarios de simulación entre los profesionales de Atención Primaria de toda Castilla-La Mancha.

La simulación clínica reproduce situaciones asistenciales en un entorno seguro para entrenar procedimientos, habilidades comunicativas, toma de decisiones y trabajo en equipo antes de trasladar ese aprendizaje a la práctica clínica. De este modo, los profesionales pueden adquirir experiencia, afrontar situaciones complejas y mejorar su capacidad de respuesta, contribuyendo a reforzar la seguridad del paciente y la calidad de la atención sanitaria.

Además de potenciar las competencias técnicas y clínicas, SimulaAP impulsa un modelo de formación colaborativo basado en la creación de comunidades de aprendizaje, favoreciendo el intercambio de experiencias y recursos entre las distintas gerencias y promoviendo una formación homogénea y de alta calidad en toda la región. El proyecto incorpora también una dimensión comunitaria, con el objetivo de extender progresivamente las actividades de simulación a pacientes, familias y cuidadores para favorecer una participación más activa en el cuidado de la salud.

Fernández Sanz ha destacado que “la innovación también consiste en ofrecer a nuestros profesionales las mejores herramientas para seguir aprendiendo. Cada decisión que se entrena antes de llegar al paciente es una oportunidad para ofrecer una asistencia más segura, más resolutiva y de mayor calidad”.

Con actuaciones como la ampliación del Hospital Mancha Centro, la incorporación de nueva tecnología sanitaria, la mejora continua de las infraestructuras y la puesta en marcha de la red regional de simulación clínica, el Gobierno de Castilla-La Mancha continúa impulsando una transformación integral del Área Integrada de Alcázar de San Juan, combinando inversión, innovación y formación para seguir fortaleciendo la calidad de la sanidad pública.

La Comunidad de Madrid aprobó en su Consejo de Gobierno del pasado 24 de junio traspasar más de 257 millones de euros, procedentes de varios entes y organismos autonómicos, al Servicio Madrileño de Salud (Sermas). La decisión llegó ya que “los créditos consignados en el presupuesto 2026 resultan insuficientes para atender la tramitación de facturas para centros sanitarios en gastos corrientes en bienes y servicios”, según recoge el documento del acuerdo, al que ha tenido acceso este periódico.

El dinero procede en concreto del líquido disponible “no necesario para el ejercicio de la actividad presupuestaria” en seis sujetos del sector público insititucional, dependientes del Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso. El Consorcio Regional de Transportes (CRTM) y la Agencia de Contratación Sanitaria lideran las aportaciones con 124 y 59,9 millones de euros respectivamente. Les siguen la Agencia Madrileña de Atención Social con 32,1 millones y la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor con 22,5. Desde la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112, cuyo papel es vital en circunstancias como los recientes incendios que han asolado la región, se han destinado otros 17,5 millones. Completa la lista con otros 1,63 millones el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo.

En el escrito que valida la medida, ejecutada desde la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo previa transferencia de los fondos a la Tesorería Central de la Comunidad de Madrid, el equipo de Ayuso debe justificar por qué la “situación reviste un carácter excepcional” ya que es en esos casos cuando puede llevarse a cabo. Exponen las “tensiones financieras” que pueden provocar “la demora en la tramitación de facturas” y la importancia de “garantizar tiempos óptimos en los períodos de pago a proveedores”. Admiten a renglón seguido que “no es posible satisfacer esa necesidad con los instrumentos y procedimientos ordinarios de gestión presupuestaria”.

El informe de la Intervención General especifica que el crédito faltante atañe a “la financiación de los hospitales, recetas médicas y pago de facturas para centros sanitarios”. Finalmente, tanto este departamento como la Dirección General de Presupuestos dieron luz verde a la iniciativa al amparo de la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Pese a esa redacción literal que habla de “situación excepcional”, desde la Consejería de Sanidad afirman en declaraciones a Somos Madrid que “no es ninguna excepcionalidad”. “La Comunidad de Madrid tiene adoptado ese mecanismo para que todo remanente disponible, perfectamente auditado y pasado por el Consejo de Gobierno, pueda emplearse precisamente en Sanidad”, apostillan. Por ello, sostienen, “no es nada raro ni excepcional y se ha efectuado otras veces”.

La Consejería de Sanidad pide 588 millones y el PSOE habla de “tapar un desmantelamiento”

Pero los fondos solicitados para el Sermas suponen una cifra todavía mayor a la ya concedida, ya que la solicitud de la Consejería de Sanidad asciende a 588 millones de euros. La petición recoge el reparto e esa cifra en diferentes partidad de diversos hospitales y centros de salud madrileños. La Paz y el Doce de Octubre concentran la distribución: más de 95 millones de euros para el primero y casi 91 para el segundo. Al Ramón y Cajal o al Clínico San Carlos también se pide dotar de cantidades superiores a 50 millones de euros para cada uno.

Desde el PSOE de Madrid, que solicitó esta información a través del portal de transparecencia, ven “un intento de tapar el desmantelamiento del sistema público de salud madrileño”. La diputada autonómica Sara Bonmati lamenta que, ante el “colapso” de la sanidad, el Gobierno de Ayuso “da un hachazo al servicio de Emergencias 112 al mismo tiempo que los bomberos forestales de la Comunidad de Madrid alertan de la falta de recursos para combatir y prevenir incendios”.

“Recorta en atención social y residencias de mayores a la vez que familiares y residentes denuncian la falta de personal para atender a los residentes durante el verano o la nula climatización de los centros. Mete tijera en el Consorcio de Transportes mientras que los usuarios del Metro de Madrid sufren día tras días la ausencia de climatización en los vagones y las esperas interminables en los andenes, también sin climatizar, debido a baja frecuencia de trenes”, añade.

Bonmati alerta de que “faltan por transferir otros 325,8 millones para, en palabras del Gobierno autonómico, mantener el funcionamiento ordinario”. Se pregunta por tanto qué recursos “serán los siguientes en verse recortados para llegar a los 588 millones de euros que la Sanidad Pública madrileña necesita para seguir operando con un mínimo de normalidad”.

El PSOE de Puerto de la Cruz insta al Gobierno de Canarias y, específicamente, a la Consejería de Sanidad, responsable de Salud Pública, a una comparecencia para aclarar la gestión realizada tras el episodio de contaminación en Playa Jardín por la bacteria E.coli.

El secretario general del PSOE de Puerto de la Cruz, Marco González, en un comunicado considera, a su juicio, que a estas alturas es “imprescindible” que las administraciones competentes ofrezcan una explicación “completa, rigurosa y transparente” sobre los hechos ocurridos entre Salud Pública y el Ayuntamiento tras los análisis realizados el pasado 22 de junio y el posterior aviso del cierre de la playa el 23 de junio que, asegura, “desoyó” el Consistorio.

El PSOE recuerda que, según el Sistema de Información Nacional de Aguas de Baño Náyade, gestionado por el Ministerio de Sanidad, Salud Pública detectó un episodio de contaminación y comunicó dicha circunstancia por teléfono y por correo electrónico al Ayuntamiento en la mañana del día 23, tal y como estipula el protocolo oficial.

Sin embargo, para el Partido Socialista, las explicaciones ofrecidas posteriormente por el Consistorio “han generado dudas y confusión”, especialmente después de las distintas versiones conocidas públicamente sobre la actuación seguida en aquellos días.

“La ciudadanía tiene derecho a saber qué ocurrió exactamente, qué información se trasladó al Ayuntamiento, cuándo se produjo esa comunicación y por qué no se adoptaron antes las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas usuarias de Playa Jardín”, señala Marco González, que reclama que la Consejería de Sanidad explique públicamente el contenido y el alcance de las actuaciones realizadas por Salud Pública, así como la aplicación del protocolo oficial en este caso.

“Debido a las ocultaciones, tergiversaciones y falta de transparencia del Ayuntamiento, el responsable de la Salud Pública en Canarias tiene que explicar con claridad qué se hizo, cuándo se hizo, qué se comunicó y por qué no se procedió al cierre de la playa cuando se conocieron los resultados de los análisis”, afirma Marco González.

Pérdida de confianza

El PSOE de Puerto de la Cruz advierte de que la falta de información “clara y las versiones cambiantes ofrecidas por el Ayuntamiento han provocado una pérdida de confianza entre la ciudadanía” respecto al estado de las aguas de Playa Jardín y a la gestión realizada por las instituciones responsables.

“El problema no es únicamente la contaminación detectada, sino también la falta de transparencia posterior. Cuando las administraciones no explican con claridad lo sucedido, se genera incertidumbre y se perjudica la imagen de Playa Jardín y del propio municipio”, subrayan desde el PSOE portuense.

Espectáculo “lamentable” a lo Fraga

Desde el PSOE de Puerto de la Cruz se califica de “nefasto” el espectáculo “de tintes franquistas” protagonizado por el alcalde y el primer teniente de alcalde, emulando la imagen de Manuel Fraga bañándose en Palomares en 1966.

“Hay que recordar a estos representantes públicos que vivimos en una democracia consolidada, con instituciones que velan por la salud pública mediante protocolos rigurosos y análisis serios realizados por funcionarios técnicos y profesionales preparados para ejercer esta labor”, señalan desde el PSOE.

Para los socialistas portuenses, este tipo de actuaciones no contribuye a despejar las dudas existentes ni a recuperar la confianza de la ciudadanía, sino todo lo contrario: “Están haciendo el ridículo y dejando perpleja a la ciudadanía, que espera de sus representantes públicos responsabilidad, seriedad y explicaciones, no una escenificación que banaliza un asunto relacionado con la salud pública”, añaden.

El PSOE de Puerto de la Cruz considera que la seguridad de las aguas no puede acreditarse mediante gestos propagandísticos en bañador, sino a través de informes técnicos, análisis contrastados, transparencia institucional y explicaciones públicas claras.

Acceso al expediente municipal

El PSOE denuncia que, tras solicitar hace más de dos semanas acceso al expediente municipal, aún el documento “no ha sido puesto a su disposición”.

“La transparencia debe ser una obligación, especialmente cuando hablamos de salud pública y de la seguridad de la ciudadanía. No entendemos que se anuncie públicamente el acceso a un expediente y que, una semana después, ese compromiso siga sin cumplirse”, denuncia Marco González.

Por todo ello, y ante el silencio sepulcral del Ayuntamiento, el PSOE de Puerto de la Cruz reclama al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Sanidad, responsable de Salud Pública, que ofrezcan “con urgencia” una explicación detallada sobre los resultados de los análisis realizados el 22 de junio, la comunicación efectuada por Salud Pública al Ayuntamiento, las actuaciones desarrolladas por cada administración, las razones por las que Playa Jardín no fue cerrada el 23 de junio, la aplicación del protocolo sanitario correspondiente a este tipo de incidencias y las medidas adoptadas para garantizar la seguridad de las aguas y recuperar la confianza ciudadana.

La asistencia sanitaria en Cantabria se está prestando este verano, en términos generales, sin “muchas incidencias”, salvo “alguna baja inesperada que no se puede cubrir”. Y ello, a pesar de que la comunidad está duplicando su población habitual durante la época estival y hay un 30 por ciento de la plantilla de vacaciones.

Pese a estas circunstancias, el consejero de Salud, César Pascual (PP), ha asegurado que la cobertura de profesionales “está de momento razonablemente bien”, es “muy amplia” y, en el caso de los Servicios de Urgencias de Atención Primaria (SUAP), que son los que soportan “la avalancha de turismo”, se sitúa en el 98%.

En este sentido, Pascual ha resaltado el “esfuerzo extraordinario” que están realizando los profesionales sanitarios en esta época estival. Y respecto a bajas que no se han podido cubrir, ha indicado que “la bolsa la tenemos a cero”.

Además, ha señalado que, como “novedad” este verano la Gerencia de Atención Primaria ha logrado atraer a algunos médicos --aunque “pocos”-- de fuera de la comunidad y se ha retenido a muchos residentes, más que otros años.

Pascual ha realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras visitar la finalización de las obras del centro de salud José Barros de Maliaño (Camargo), acompañado del alcalde del municipio, Diego Movellán, y de otros miembros de la Corporación local.

También allí ha sido cuestionado por las cifras de las listas de espera sanitaria y, aunque ha señalado que no conoce el dato a cierre de julio, que se publica este 1 de agosto de forma automática por el sistema, sí ha dicho que “teme” que seguirá “una tendencia de freno” de la línea “descendente” que estaba logrando la comunidad, algo ya “esperado” dado que es verano.

Sin embargo, el consejero tiene la sensación de que la actividad “no ha parado tanto” como otros veranos. “Me da la impresión, pero hasta que no lo vea mañana no puedo afirmar nada”, ha puntualizado.

Zaragoza será la sede de la Agencia Estatal de Salud Pública. Lo anunciaba el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, frustrando así las expectativas de Toledo, que había presentado candidatura el pasado mes de enero. También se han quedado fuera Granada, Murcia, Barcelona, León, Oviedo y Lugo.

El recurso servirá para “poder comprender y responder de manera mucho más eficaz a pandemias como la que sufrimos hace seis años”, decía Pedro Sánchez. De paso, se da continuidad al proceso de “desconcentrar” las sedes de los organismos estatales, normalmente ubicados en la capital de España.

Pero, ¿por qué no se ha elegido Toledo? El Gobierno ha desvelado este miércoles los motivos por los que descartó a todas las candidaturas restantes y en el caso de la capital de Castilla-La Mancha, la razón está en que el Gobierno regional ofreció un inmueble sin terminar y con documentación todavía preliminar.

Se propuso un “edificio de reserva” en el hospital de Toledo, sin terminar

La candidatura de la ciudad de Toledo fue presentada por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Sanidad. Propuso un modelo de sede única en “un edificio de reserva” del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo, de titularidad autonómica, “que se encuentra en distinto grado de ejecución constructiva”, señala la orden del Consejo de Ministros celebrado ayer martes y que suscribe el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, que dirige Félix Bolaños.

Pese a que en la candidatura se valoró de forma favorable el argumento de la situación de Toledo como nodo intermedio entre Madrid y el resto de la red nacional, la propuesta en este aspecto se desarrolló “de forma general y sin análisis de impacto territorial cuantificado” o el hecho de que el edificio fuese público y con suficiente superficie.

Sin embargo, se trata de un edificio de reserva sin terminar y con documentación escasa y de carácter preliminar“, con equipamiento ”insuficiente“ y con ”ausencia de propuesta de inventario y de cuantificación de los costes de dotación“. Todo eso no jugó a favor de la propuesta. Además, señala el ministerio, para que el edificio estuviera disponible había que redactar proyecto, ejecutar obras, licitar y obtener licencias, con un horizonte total que podría superar el año desde la adjudicación.

Otra de las cuestiones que tumbaron la candidatura fue el hecho de que no se aportasen “medidas cuantificadas ni compromisos formalizados más allá de declaraciones genéricas” en cuanto al apoyo financiario o logístico de la sede. Fue además, la única candidatura que no remitió la información adicional solicitada durante la fase de ampliación de datos.

Es habitual que la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) recuerde a la ciudadanía la importancia de donar sangre de manera regular.

Para facilitar las donaciones, el SCS mantiene operativa su red de puntos fijos en todas las islas y continúa desarrollando campañas itinerantes en diferentes municipios, acercando la donación de sangre a la ciudadanía.

Estos son los puntos fijos por islas:

Gran Canaria

En cuanto a los puntos fijos de extracción de sangre, la Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia pone a disposición de la población su sede en la calle en Alfonso XIII, en Las Palmas de Gran Canaria, de lunes a viernes de 9:15 a 20:30 horas, excepto festivos. Este espacio cuenta además con vado para donantes.

El punto fijo de Santa Lucía de Tirajana, ubicado en el anexo del Centro de Salud de Vecindario, permanecerá abierto de lunes a miércoles de 17:15 a 20:15 y jueves y viernes de 10:15 a 13:15 horas.

También se puede acudir a otros puntos fijos de la red hospitalaria sin cita previa. El Hospital Insular atenderá a los donantes de lunes a viernes de 10:30 a 19:30 horas; el Hospital Materno Infantil de lunes a viernes de 10:30 a 14:00 horas y el Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín de lunes a viernes de 8:30 a 19:30 horas.

Por último, en Hospiten Roca San Agustín se puede donar solicitando cita previa en el teléfono al 928 301 012 (opción 8), los viernes de 8:00 a 14:00 horas, excepto festivos.

Tenerife

En Tenerife se puede donar en el punto fijo de donación de sangre de Santa Cruz de Tenerife, situado en Méndez Núñez, de lunes a viernes de 9:15 a 20:15 horas (excepto festivos).

En el punto fijo situado en el Centro de Salud de San Isidro, en Granadilla de Abona, se podrá donar de lunes a viernes de 10:00 a 13:30 y de 14:15 a 19:30 horas (excepto festivos). Este punto cuenta con plaza de aparcamiento reservada para donantes y la atención telefónica se realiza a través del número 677980518.

En lo que se refiere a los puntos fijos de la red hospitalaria, en el Hospital Universitario de Canarias se puede donar sin cita previa de domingo a viernes y festivos de 8:30 a 21:30 y los sábados de 8:30 a 14:30 y de 15:30 a 20:00 horas. El teléfono de contacto es el 922 678 670.

Al Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria se puede acudir a donar sangre sin cita previa de lunes a viernes de 8:00 a 20:00 y los sábados de 9:00 a 13:00 horas, excepto festivos. El teléfono de contacto es el 922 602 060.

También se puede donar en Hospiten Bellevue, del Puerto de la Cruz, solicitando cita previa en el teléfono 922 385 235 (opción 1), de lunes a viernes de 11:00 a 14:30 horas (excepto festivos).

En el Hospital San Juan de Dios, ubicado en la carretera de Santa Cruz La Laguna, se puede donar de lunes a viernes de 10:30 a 12:30 horas, excepto festivos.

Fuerteventura

Esta semana estará operativo el punto fijo de donación de sangre del Hospital General de Fuerteventura de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda solicitar cita previa llamando al teléfono 928 546 684.

Lanzarote

En Lanzarote permanece operativo el punto fijo de donación de sangre, ubicado en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa, de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

La Palma

El Hospital Universitario General de La Palma dispone de un punto fijo de extracción de sangre activo de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes de 10:00 a 15:00 horas.

Los sábados se podrá donar de 10:00 a 17:00 horas y los domingos de 13:00 a 20:00 horas.

Las personas interesadas pueden contactar con el punto de donación a través de los teléfonos 922 185 321 y 922 185 320.

La Gomera

En La Gomera se puede donar en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

El Hierro

Se puede donar en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos. Para solicitar información o cita previa se puede llamar al 690 886 059, en horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.

Requisitos para donar

Sanidad recuerda que para poder donar sangre es necesario cumplir algunos requisitos básicos: tener entre dieciocho y 65 años (hasta 60 si es su primera donación), pesar más de cincuenta kilos, gozar de buena salud general y no estar embarazada. Ante cualquier duda, se puede llamar al teléfono gratuito de atención al donante 900 234 061 o consultar a través de la web.

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) hace un llamamiento urgente a la ciudadanía para incrementar las donaciones de sangre del grupo 0 negativo, cuyas reservas requieren de una atención constante, informa la Consejería de Sanidad en un comunicado.

El grupo sanguíneo 0 negativo es conocido como donante universal de glóbulos rojos, ya que puede transfundirse a pacientes de cualquier grupo sanguíneo cuando no es posible determinar con rapidez su compatibilidad. Esta característica lo convierte en un recurso imprescindible en situaciones críticas, como accidentes graves, hemorragias masivas, intervenciones quirúrgicas urgentes o complicaciones obstétricas.

Ante esta situación, Hemodonación y Hemoterapia recuerda la importancia de que las personas con grupo sanguíneo 0 negativo acudan a donar de forma periódica, al menos dos veces al año, para garantizar la disponibilidad de este componente esencial y asegurar la atención de los pacientes que lo necesitan.

Para facilitar las donaciones, el SCS mantiene operativa su red de puntos fijos en todas las islas y continúa desarrollando campañas itinerantes en diferentes municipios, acercando la donación de sangre a la ciudadanía.

Los sindicatos médicos CESM Canarias, SEMCA y AME han rechazado la última propuesta del Servicio Canario de Salud (SCS) para acabar con la conflictividad sanitaria en las islas al considerarla insuficiente y han emplazado al director del SCS, Adasat Goya, a abrir nuevas negociaciones y sin la presencia de UGT.

“La negociación sobre el conflicto médico debe desarrollarse exclusivamente entre la Administración y los sindicatos profesionales médicos”, señalan en un comunicado conjunto, subrayando que UGT es una organización sindical “ajena a la profesión médica” y “no comparte” sus reivindicaciones.

En su opinión, “mantener futuras reuniones junto a UGT únicamente contribuye a trasladar una imagen de acuerdo que en realidad no existe, y demora el inicio de la auténtica negociación que afronte las reivindicaciones específicas de la profesión médica”.

Por ello, han remitido a Goya una propuesta de negociación “seria, sólida y bien estructurada” y que refleja una “posición unitaria” de los tres sindicatos médicos.

“Es hora ya que el Gobierno de Canarias adquiera plena conciencia de que el conflicto con los facultativos no terminará utilizando operaciones de imagen, ni poniendo en marcha anuncios de acuerdo sin base real que se pudieran establecer con organizaciones sindicales por completo ajenas a la profesión médica”, exponen.

En ese sentido avisan de que “solo se cerrará cuando el Gobierno abandone la estrategia de ganar tiempo y presente propuestas serias capaces de resolver los problemas estructurales de fondo, que vienen soportando los médicos y facultativos canarios desde hace décadas”.

Los sindicatos señalan que la campaña para no hacer peonadas “está causando un severo impacto sobre el funcionamiento del sistema público de salud canario” y sin embargo, la propuesta presentada por el Gobierno de Canarias “está muy lejos de resolver el contencioso”.

Así, detalla que el Ejecutivo solo ofrece “medidas de alcance limitado” mientras “deja sin respuesta” las reivindicaciones estructurales que han dado origen al conflicto como un marco propio de negociación para la profesión médica, una retribución y descanso adecuados de las guardias, el reconocimiento de los años de formación sanitaria especializada (MIR) para la carrera profesional y unas condiciones laborales acordes con la responsabilidad que asumen los facultativos.

Cada jornada comienza con la misma incógnita. No saben a qué hora acabarán el turno, si podrán hacer una pausa para comer o cuántos avisos atenderán antes de regresar a casa. Esa incertidumbre forma parte del día a día que describen los trabajadores del transporte sanitario en Canarias, inmersos en una nueva lucha junto a los sindicatos en la que denuncian unas condiciones laborales cada vez más precarias.

El conflicto se remonta a 2024, cuando la finalización III Convenio del Transporte Sanitario desencadenó una situación de bloqueo en la negociación del nuevo marco laboral. Desde entonces, se ha convertido en un cruce de responsabilidades. Mientras que las empresas aseguran carecer de margen para mejorar las condiciones laborales si la Consejería de Sanidad no dota de más recursos los contratos del transporte sanitario, la Administración, por su parte, insiste en que los salarios deben pactarse en la negociación colectiva entre la patronal y los sindicatos y que su papel se limita a financiar el servicio y facilitar la mediación.

Y es que, aunque el debate público se ha centrado en los salarios, el convenio colectivo regula muchos más aspectos de la vida laboral. El coordinador del sector de ambulancias de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO en Canarias, Enrique Espi, denuncia jornadas extenuantes, falta de relevos, ambulancias que permanecen fuera de servicio por averías, una pérdida de poder adquisitivo cercana al 25% y unas condiciones económicas que, asegura, han empujado a parte de la plantilla a buscar un segundo empleo para llegar a fin de mes. “Hay compañeros que necesitan otro trabajo para poder vivir”, explica a este periódico.

Todo ello llevó a que más de 2.000 técnicos de ambulancias de Canarias se concentraran en dos jornadas de huelgas indefinidas, el 8 y el 19 de junio de 2026, en los centros neurálgicos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, donde reclamaron un “convenio digno”, revisar los pluses de nocturnidad, los permisos, la organización de la jornada, los tiempos de presencia y otras condiciones que permanecen prácticamente sin cambios desde hace años. “En la pandemia eramos servicios esenciales, la gente nos aplaudía y parece que hoy seguimos siendo los mismos y se han olvidado de nosotros” lamentaba en una de esas movilizaciones José Miguel Perdomo, representante de USO.

La negociación salarial, condicionada desde el origen

Pero esta controversia ha bifurcado en una nueva línea de argumentación. Enrique Espi denuncia que, de forma paralela a la negociación del IV Convenio Colectivo, la patronal y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias están definiendo las condiciones económicas del futuro contrato del transporte sanitario. A juicio del sindicato, ese proceso condiciona desde el inicio el margen de mejora que puede alcanzarse en la mesa de negociación. “Intentan poner un techo a nuestras reivindicaciones mientras los trabajadores siguen perdiendo poder adquisitivo”, asegura.

En este contexto, el papel del Gobierno de Canarias resulta determinante. El Ejecutivo autonómico condiciona el margen económico de esa negociación al ser el financiador del servicio a través del Servicio Canario de la Salud (SCS). Y aunque el convenio colectivo se negocia legalmente entre las empresas y los representantes de los trabajadores, las adjudicatarias dependen del presupuesto fijado en los contratos públicos para asumir cualquier incremento de los costes laborales.

A ello se suma la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, que limita con carácter general la revisión del precio de los contratos públicos en vigor para compensar aumentos de costes. En la práctica, si la licitación no contempla financiación suficiente, las empresas sostienen que carecen de margen para asumir mejoras salariales sin comprometer su viabilidad económica.

Este periódico ha intentado recabar la versión de la Consejería de Sanidad y de Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias (GSC), empresa pública adscrita al Servicio Canario de la Salud encargada de coordinar el transporte sanitario urgente. Tras varios intentos por diferentes vías, la única respuesta trasladada fue que “se trata de un conflicto entre patronal y trabajadores que ha de resolverse en ese ámbito”. Desde el GSC añaden que “se vela por el cumplimiento del contrato de las empresas prestatarias y se insta a la resolución del conflicto cuanto antes”.

En cambio, los sindicatos denuncian que, antes de licitar estos contratos, la Administración mantiene reuniones técnicas con las patronales para calcular el coste del servicio y garantizar la viabilidad del concurso público. Según esta crítica, en esos encuentros se fija de facto el límite del coste laboral que el Gobierno está dispuesto a financiar, de modo que la negociación colectiva llega condicionada desde el inicio para pactar mejoras salariales.

Un modelo de gestión bajo cuestionamiento

Aunque el transporte sanitario es un servicio público coordinado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), entre el 85% y el 90% de la prestación se encuentra externalizada y es gestionada por empresas privadas. Por eso, para Espi, este modelo “está completamente agotado”, ya que cuando una ambulancia queda fuera de servicio, la carga asistencial se redistribuye entre el resto de los equipos disponibles, uns situación que termina repercutiendo en la calidad de la asistencia.

Espi defiende de esta manera que la internalización del servicio -una propuesta que el sindicalista Iván Amador ya planteó en 2019- sería la única solución estructural para garantizar tanto la calidad asistencial como unas condiciones laborales estables. Asimismo, inisiste en que el estudio sobre la viabilidad de esa gestión directa, aprobado por el Parlamento de Canarias en julio de 2025, continúa sin desarrollarse.

El responsable sindical también cuestiona el grado de control que ejerce la Administración sobre las empresas adjudicatarias. A su juicio, la fiscalización resulta insuficiente y permite que determinados incumplimientos “salgan rentables”. Como ejemplo, asegura que existen ambulancias que rozan el millón de kilómetros con un mantenimiento deficiente y denuncia que, en algunos servicios, se movilizan menos vehículos o menos personal del contemplado en los contratos financiados con fondos públicos.

El conflicto llega a las instituciones

Estas críticas al modelo de gestión también han encontrado hueco en el ámbito institucional.

El pasado 20 de julio de 2026, la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Canarias y el Ayuntamiento de La Laguna escenificaron un nuevo respaldo institucional a las reivindicaciones del personal del transporte sanitario, después de que el pleno municipal aprobara por unanimidad una moción en apoyo al colectivo.

A raíz de este acuerdo, el sindicato instó al Gobierno de Canarias a adoptar medidas concretas para mejorar las condiciones laborales, profesionales y salariales de los técnicos en emergencias sanitarias, recordando además que la negociación permanece bloqueada desde el 31 de diciembre de 2024 y que esta situación podría prolongarse hasta finales de 2027 o comienzos de 2028. Asimismo, CCOO reclamó que se impulse el estudio de viabilidad del transporte sanitario público aprobado por el Parlamento de Canarias el 9 de julio de 2025 para analizar un posible modelo de gestión directa del servicio, defendiendo que los recursos públicos se destinen a mejorar la asistencia y las condiciones del personal. Sobre esa base, los trabajadores reclaman una actualización salarial acumulada del 21% y una subida adicional del 4% con carácter retroactivo para 2026.

A este debate se ha sumado el PSOE de Fuerteventura, que acusó al Gobierno de Canarias de generar “falsas expectativas” tras anunciar la incorporación de tres nuevas ambulancias para reforzar el servicio en la isla. Los socialistas sostienen que esos recursos dependen de la futura licitación del transporte sanitario terrestre, la cual todavía no se ha iniciado y que, además, continúa condicionado por el conflicto laboral que mantiene bloqueada la negociación.

Las reclamaciones volvieron el jueves pasado al Parlamento de Canarias, donde representantes de CCOO comparecieron junto a varios grupos de la oposición para advertir de que el conflicto trasciende la negociación del convenio colectivo. El secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de CCOO Canarias, Pedro Costeras, recordó que el transporte sanitario constituye una de las principales concesiones del Ejecutivo autonómico y defendió que, al tratarse de un servicio público esencial, el Gobierno también debe asumir responsabilidades sobre su calidad y sobre las condiciones en las que se presta.

Costeras recordó que, tras la huelga de la anterior legislatura, la Consejería de Sanidad se comprometió a crear una comisión de fiscalización de los contratos y a impulsar un estudio sobre la posible internalización del servicio. Según explicó, la comisión apenas llegó a reunirse en dos ocasiones y terminó paralizada, pese a que el sindicato había trasladado informes en los que denunciaba presuntos incumplimientos, como servicios realizados con menos ambulancias de las contratadas o traslados efectuados por un único profesional cuando el contrato contemplaba dos.

Durante esa comparecencia, los representantes sindicales insistieron además en que el Ejecutivo debería escuchar tanto a la patronal como a los trabajadores antes de fijar la financiación de las futuras prórrogas y de la próxima licitación del transporte sanitario, al entender que esa decisión condicionará nuevamente el margen real de la negociación colectiva.

La polémica de los voluntarios por la visita del papa

En medio del conflicto, con la llegada del papa León XIV a las islas, salió a la luz que la Administración había solicitado Técnicos en Emergencias Sanitarias (TES) voluntarios no remunerados para cubrir el dispositivo de seguridad. La Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras Canarias (FSC-CCOO) censuró firmemente esta petición, catalogando la situación como “un insulto a la dignidad de la profesión”. El coordinador del Sector de Ambulancias de FSC-CCOO Canarias recordó entonces que los técnicos en emergencias sanitarias “son personal cualificado, con formación específica y una elevada responsabilidad profesional”. “No somos voluntarios”, insistió.

Durante el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (SNS), celebrado de forma telemática este miércoles, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón (CC), y el resto de representantes del área, han instado al ministerio a retomar desde el inicio la negociación para la reforma del Estatuto Marco, un asunto que ha generado ya una treintena de jornadas de huelga entre los médicos facultativos de todo el país. Sin embargo, esta petición común ha sido rechazada por la responsable del departamento, Mónica García, porque, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales solicitadas por los profesionales en esta legislatura.

Según informa el Ejecutivo regional, Monzón expuso la posición común de todas las comunidades autónomas respecto a la necesidad de reiniciar el diálogo con las fuerzas sindicales que permita desconvocar la huelga de médicos que desde hace meses mantienen activa en contra de la reforma del Estatuto Marco.

El Gobierno canario recuerda que se trata del tercer posicionamiento común de todas las autonomías en un mes y medio para reclamar al Ministerio consenso y soluciones a este conflicto con los médicos.

En este sentido, y en nombre de los responsables sanitarios de todas las regiones del país, Esther Monzón leyó el acuerdo conjunto de todas las CCAA en el que se insta a la ministra a “reiniciar la negociación desde el principio, con una metodología que favorezca la participación efectiva de todas las partes y permita construir un texto consensuado, equilibrado y sostenible para el conjunto del SNS”.

En el documento también se recoge que la prolongación del conflicto laboral y las convocatorias de huelga por parte del personal facultativo en contra de la propuesta de reforma del Estatuto Marco están teniendo un impacto directo sobre la actividad asistencial y compromete la capacidad de los servicios de salud para ofrecer una atención adecuada a la ciudadanía.

Ya desde el pasado mes de marzo, Esther Monzón, junto a los consejeros de Sanidad de Euskadi y Castilla-La Mancha, remitió una carta a la ministra de Sanidad en la que planteaban la necesidad de designar una figura de mediación independiente para facilitar el diálogo entre el Ministerio de Sanidad y el colectivo médico, con el objetivo de contribuir a desbloquear el conflicto derivado de los desacuerdos en torno al Estatuto Marco.

El Gobierno canario asegura que los responsables de las consejerías de Sanidad de las diecisiete comunidades autónomas muestran su “preocupación” por esta situación, pues “repercute negativamente en la calidad de la atención y la seguridad de los pacientes”.

En la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial, Mónica García ha rechazado “empezar de cero”, porque, según ha dicho, no se va a saltar la ley y romper el acuerdo que alcanzó con los sindicatos del ámbito del ámbito de la negociación (SATSE, FSS-CCOO UGT y CSIF), ni va tampoco va a dejar en suspenso las condiciones laborales de los profesionales sanitarios.

Si se reiniciarán las negociaciones, según ha advertido, no se mejorarían las condiciones laborales que piden los profesionales en esta legislatura, se quedaría el asunto “aparcado” y se tendría que saltar la ley.

“No lo voy a hacer -ha insistido (..)Yo ni voy a romper el acuerdo con los sindicatos, ni voy a romper tampoco el acuerdo con los profesionales de mejorar a día de hoy las condiciones laborales. No voy a traicionar a los profesionales en sus justas demandas”.

La ministra ha rechazado algunos de los argumentos aludidos para empezar de cero como el no eliminar las guardias de 24 horas. “Lo que es destructivo es mantenerlas y mantener el texto del año 2003. Eso sí que es destructivo para el Sistema Nacional de Salud”, les ha replicado.

“No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero, para volver a debatir las mejoras de las condiciones laborales y por eso nosotros ni vamos a romper el acuerdo ni por supuesto vamos a dejar en standby y ni vamos a dejar en un cajón todo lo que llevamos trabajando desde hace tres años”, ha sentenciado.

Además, ha recriminado a las comunidades que hayan pedido a Sanidad retirar los artículos que se refieren a la jornada laboral y las guardias. “Nos piden que eliminemos las reivindicaciones y que no escuchemos a los profesionales, y con la otra nos culpan de no atender esas reivindicaciones. Son como el perro del hortelano, que ni quieren mejorar las condiciones ni nos dejan a nosotros tampoco mejorar las condiciones”, ha apostillado.

Para García, es el momento adecuado para reformar el sistema y mejorar las condiciones de los sanitarios porque además las comunidades, según ha comentado, tienen más transferencias que nunca, existe un crecimiento económico “histórico” y también más profesionales y formación que nunca.

“Desde el Ministerio tenemos las condiciones perfectas para ponernos a trabajar en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales. No hay ninguna excusa para retrasar y volver a poner el marcador en cero”, ha hecho hincapié la ministra, que ha dicho que no va a dejar en un cajón todo lo que llevan trabajando desde hace tres años.

Alberto Núñez Feijóo, el líder del PP, ha sido noticia nacional en las últimas semanas tras proponer bajar el sueldo a las personas de baja para combatir “el cáncer” del absentismo. Unas afirmaciones en las mezclaba incapacidades temporales con absentismo laboral, definido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) como el hecho de que un trabajador no se presente a su puesto de trabajo “sin motivo justificado”. Un supuesto en el que no entrarían las bajas por enfermedad como afirmó Feijóo en sus declaraciones. Se trata de un discurso en el que lleva tiempo incidiendo la CEOE de Tenerife, por ejemplo, que incide en ello en sus informes y que ha llegado a promover un “buzón de bajas fraudulentas”. Y es además un discurso al que se ha sumado recientemente la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón anunciando una comisión para combatir el “absentismo” pero incidiendo en que se han incrementado con especial atención a las bajas vinculadas a problemas de salud mental leve.

CCOO y UGT remarcan que se vuelve a mezclar absentismo laboral confundiéndose con bajas médicas e incluso permisos de paternidad y maternidad y por otros motivos. “El absentismo en Canarias no llega al 1%”, remarca, mientras insisten en que de lo que no se habla es de salud laboral.

Para Ignacio Hernández, secretario de Acción Sindical de CCOO, “todas estas palabras que hemos escuchado a Feijóo que no son nuevas, y las calificamos de lamentables, surrealistas incluso, y encima es un insulto a la clase trabajadora, pero es que también a los profesionales médicos, porque de alguna manera está diciendo que están prevaricando, que están en un fraude de ley, cuando da baja sin tener que dar esa baja, ¿no? O sea, un despropósito, un insulto, una falta de respeto, y encima habla del cáncer, sabiendo que hay 14.000 procesos oncológicos en este país, y son de origen laboral, o sea, y que en España cada año mueren 6.000 personas, 6.000 fallecimientos son cánceres originarios de trabajo, por tanto, todo esto es un despropósito”.

Hernández añade que se está hablando además con “datos manipulados” haciendo referencia al bajo porcentaje de absentismo que existe realmente. “Hay régimen sancionador, si tú faltas a trabajar se te sanciona, se te descuenta el día”, recuerda.

Considera además que está empezando a calar un relato entre patronales, extrema derecha y derecha que es perseguir las enfermedades comunes. “O sea, tienes un proceso de cáncer, estás con quimio, lo quieren perseguir, quieren recuperar algo que ya puso Rajoy en 2012 con su reforma magnífica, que era el despido por estar de baja, el despido, aunque esté justificada, eso se derogó, pero quieren volver a retomarlo”, lamenta.

Para Héctor Fajardo, de UGT, Feijóo “parece que demuestra su desconocimiento del derecho laboral, de cómo funciona el tema de las bajas laborales, la baja por IT por incapacidad temporal. Algo que no nos sorprende, no nos sorprende demasiado, pero sí nos preocupa, porque, por otra parte, esto ya viene a decir que en su programa de gobierno lo que pretende es recortar derechos a los trabajadores. Hay que recordar a Feijóo también que las bajas, las personas que estén de baja por enfermedad, por IT, en la normativa básica ya cobran menos del 100% de su base de cotización, ya por estar de baja se cobra menos”.

“Otra cosa es que a través de la negociación colectiva, a través de los pactos entre patronal, sindicato o la representación legal de los trabajadores en una empresa, y la empresa se complementa el 100% de la cotización de baja por IT, pero esto cuenta con el acuerdo entre patronal y sindicato o entre empresa y la representación legal de los trabajadores. Entonces, esto que dice él de que aunque haya pacto al contrario, ello aboga por pagar menos a un trabajador que esté de baja, aparte de ser ilegal lo que está diciendo, muestra un desprecio absoluto hacia el diálogo social y la negociación colectiva. Y también muestra un desprecio absoluto hacia la propia patronal, a pesar de que está planteando defender sus decisiones”, agrega Héctor Fajardo.

Fajardo también incide en la idea de que “confundir absentismo con incapacidades temporales, aparte de que vuelve a demostrar su desconocimiento, pero aparte vuelve a hacerle el juego a la patronal con una campaña que está desarrollando a todos los niveles, no solamente a nivel estatal, sino aquí a nivel regional a patronal en Canarias. Están fomentando un discurso que es falaz, que lo que viene es a criminalizar a los trabajadores, dando por hecho no solamente a los trabajadores, sino también a los profesionales, a los facultativos, acusando los de fraude. Que nos parece muy grave”.

A Fajardo le sorprende que el Colegio de Médicos, por ejemplo, “tanto de Las Palmas como de Santa Cruz de Tenerife ”no haya puesto el grito en el cielo, ante las acusaciones de la patronal de estar acusando a los médicos de realizar fraude y de mentir en esas bajas, en esas bajas que las da un facultativo, y precisamente es un facultativo su rigor científico a la hora de establecer si la persona puede trabajar o no, si le está haciendo esas acusaciones“.

Alarma ante la mesa que anuncia la consejera de Sanidad

El vicesecretario General de Organización y Comunicación de UGT añade que otra cuestión que preocupa al sindicato y que no es la primera vez que pasa, es que la administración, el Gobierno regional “le compre también el mismo discurso a la patronal y ahora haya creado una mesa de absentismo vinculada con la ITE, la Consejería de Sanidad, que quiera crear una mesa de absentismo. Oye, si vamos a hablar de bajas, si vamos a hablar de incapacidades temporales, es cierto que hay un porcentaje alto de incapacidades temporales, pero eso tiene que ver con la escasa política de prevención de riesgos laborales, la escasa política de promoción de la salud en los entornos laborales. Esto es responsabilidad única y exclusivamente, bueno, principalmente vamos a decir, de las empresas”, asegura.

“Si hubiera una política fija de prevención de las enfermedades, no solamente de enfermedades de origen laboral, sino de prevención de la salud o de promoción de la salud, seguro que las incapacidades temporales se reducen. También mejorando las condiciones de trabajo, mejorando las sobrecargas laborales que hay, también se reducen las incapacidades temporales”, advierte.

“Entonces, eso es mejor manera de resolver este problema que no mirar a los trabajadores y criminalizarlos. Porque al final lo que están intentando hacer es trabajar enfermos. Y eso, a la larga, aparte de ser una política bastante estúpida, porque lo que va a provocar eso es que bajas se alarguen, se cronifiquen”, agrega.

En este punto, Ignacio Hernández añade que a esa mesa que ha anunciado la consejera de Sanidad no se ha invitado a los sindicatos. “Vamos a hablar, pero vamos a hablar de verdades, de lo que realmente está pasando. Porque están pasando cosas, por ejemplo, ¿por qué no hay inversión en prevención de riesgos laborales? Vamos a buscar el origen de esas bajas médicas, de esos accidentes. El año pasado murieron 30 personas en Canarias, no volvieron a su casa a ver a su familia. Pues no se ha invertido en prevención de riesgos laborales, inviertan en prevención de riesgos laborales, evalúen por qué esas ansiedades, por qué esas hernias, por qué esas intoxicaciones de los bomberos forestales…

Asimismo, apunta que cuatro de cada diez horas extras que se hacen, ni se pagan, ni se cotizan, ni se compensan y pese a ello al Gobierno de Canarias solo le interesa hablar de productividad. “Un informe del BBVA dice que en los últimos 25 años ha aumentado la productividad de las personas trabajadoras un 22%, producimos mejor las personas trabajadoras, mientras que en nuestros últimos 25 años, la productividad de las empresas, que son otros factores que se miden distintos, ha caído hasta un 21%”, apunta. “Entonces, el problema no son los trabajadores, las trabajadoras, el problema es otro”, agrega.

El secretario de Acción Sindical de CCOO pone el ejemplo de la hostelería en Canarias, con jornadas de turnos partidos, salarios más bajos que en el resto de España y muy precarizada. “En Canarias se produce, los trabajadores producen, pero es el sistema productivo canario el que no es eficiente”, sostiene.

La secretaria general de CCOO Canarias, Vanessa Frahija Betancort, también se ha pronunciado recientemente en comisión parlamentaria acusando al Gobierno de Canarias de “comprar el relato a la patronal” sobre el absentismo laboral y de criminalizar a la clase trabajadora mientras se evita abordar problemas como la pobreza, los bajos salarios, la economía sumergida o las horas extra sin remunerar.

Según sus declaraciones, recogidas por EFE, rechazó también que se identifiquen como absentismo las bajas médicas, los permisos de maternidad o paternidad, los accidentes laborales y otros derechos reconocidos legalmente, y ha asegurado que la ausencia injustificada del puesto de trabajo “no llega al 1 %” en Canarias.

Además, afeó al Ejecutivo autonómico asumir el discurso empresarial mientras guarda silencio sobre el fraude derivado de la economía sumergida, las más de 32.000 horas extraordinarias semanales que, según el sindicato, no se pagan ni cotizan, o la derivación de pacientes desde las mutuas al Servicio Canario de la Salud, que contribuye a aumentar las listas de espera.

Podemos Cantabria ha presentado un escrito complementario ante la Fiscalía de la Comunidad Autónoma, dentro de las diligencias de investigación preprocesal que se están tramitando actualmente, con el objetivo de poner en conocimiento del Ministerio Fiscal diversos antecedentes relacionados con la gestación del convenio singular suscrito entre el Servicio Cántabro de Salud y el Hospital Santa Clotilde.

La formación ha informado este jueves en un comunicado que la decisión se adopta una vez concluido el procedimiento de acceso a la información pública promovido por Podemos, que requirió la intervención de los mecanismos de garantía previstos en la normativa de transparencia, y tras analizar el expediente administrativo facilitado por la Consejería de Salud.

Según ha explicado, el examen del expediente administrativo facilitado por la Consejería le ha permitido comprobar que la documentación remitida no contiene referencias a reuniones mantenidas entre el Gobierno de Cantabria y responsables del Hospital Santa Clotilde o de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios para abordar el futuro convenio singular durante el año 2024.

Sin embargo, “existe información pública que sitúa el inicio de los trabajos y negociaciones relacionados con dicho convenio varios meses antes de la aprobación de la modificación legislativa que incorporó el artículo 90 bis a la Ley de Ordenación Sanitaria de Cantabria y habilitó esta nueva figura de colaboración”.

El partido ha precisado que entre esa información figura la reunión mantenida el 29 de mayo de 2024 entre la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, y representantes de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en la que ambas partes anunciaron públicamente que estaban trabajando en un “convenio singular que dé estabilidad a la colaboración entre instituciones”.

Asimismo, la propia Memoria 2024 del Hospital Santa Clotilde recoge expresamente que durante dicho ejercicio el centro ya se encontraba trabajando en el denominado 'Acuerdo de vinculación' con el Servicio Cántabro de Salud, incluyendo reuniones relativas a la definición de la futura cartera de servicios y de los volúmenes de actividad previstos para los próximos años.

Para el consejero ciudadano de Podemos Cantabria, Pablo Gómez, “resulta cuando menos extraño que en mayo de 2024 se hable de negociaciones sobre algo que legalmente no existe hasta varios meses después”.

“Después de varios requerimientos a transparencia teníamos esperanza de conocer el contenido de esas negociaciones, pero ahora que transparencia ha cerrado el expediente no nos queda otra que informar a la Fiscalía”, ha señalado.

Para Podemos, “si la propia documentación corporativa del hospital sitúa el denominado 'Acuerdo de vinculación' como uno de los elementos estratégicos del plan de crecimiento y ampliación del centro en su Memoria de 2024 y, además, se habla públicamente del convenio singular meses antes de existir esa figura legal, resulta razonable preguntarse si la modificación normativa y el posterior expediente administrativo respondieron a una planificación preexistente, cuestión que precisamente corresponde esclarecer a la Fiscalía”, ha concluido.

El Ayuntamiento de la localidad toledana, gobernado por el PP, ha hecho público un escrito dirigido a la Consejería de Sanidad reclamando “medidas urgentes” para abordar la “demora” que, aseguran, están sufriendo “numerosas” de sus vecinas para la realización de las mamografías con las que se detecta de forma precoz el cáncer de mama.

Según el consistorio nambroqueño, que dirige Bernardette García Sánchez, algunas mujeres llevan esperando “hasta ocho meses” para que llegue su turno.

El Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama es un servicio gestionado por la Consejería de Sanidad y dirigido a mujeres de entre 45 y 70 años, que, con una periodicidad aproximada de dos años, deben acudir al recurso asignado del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) o bien a un centro privado concertado por la Consejería de Sanidad para que se les realice una mamografía. En el caso de Nambroca, al estar integrada en el Área Sanitaria de Toledo, el responsable de ejecutar esta labor de cribado es el servicio de radiodiagnóstico del complejo hospitalario de la capital castellanomanchega, que atiende cada año a más de 37.000 mujeres para este fin, según fuentes de Sanidad.

“La detección temprana es fundamental para mejorar el pronóstico y la eficacia de los tratamientos. Por ello, hemos solicitado que se adopten con carácter urgente las medidas necesarias para reducir estos tiempos de espera y garantizar que las pruebas se realicen en unos plazos adecuados”, afirma el Ayuntamiento de Nambroca en una publicación en sus redes sociales. “Asimismo, hemos pedido que se informe a este Ayuntamiento de las actuaciones previstas para normalizar esta situación”, abunda el escrito, dirigido a la Consejería de Sanidad.

Desde la Asociación de Pacientes Afectadas de Cáncer de Mama Toledo (Apacama) no tienen constancia de que se estén produciendo retrasos en la prestación de este servicio ni en Nambroca ni otras localidades de la provincia. Entidades similares de Albacete -AMAC- y Puertollano -Asociación Santa Águeda- también afirman que en dichas provincias no existen demoras como las denunciadas. “Nos convocan puntualmente cada dos años”, afirma la presidenta de Santa Águeda, Ana Valderas, que sospecha que la polémica es “politiqueo” entre dos administraciones de signo político contrario.

Este medio se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Nambroca, y con su alcaldesa, para profundizar en los detalles de esta denuncia, saber cuántas mujeres de la localidad han resultado afectadas por este supuesto retraso y cuándo fue la última vez que sus vecinas se sometieron a la prueba.

Noviembre de 2023, las últimas pruebas realizadas

La edil explica que la última campaña a la que asistieron las mujeres de Nambroca fue la de noviembre de 2023. “Estas campañas se desarrollan cada dos años, de ahí que en noviembre de 2025 Nambroca debiera haber asistido. Por tanto la demora es de 8 meses actualmente”, afirma Bernardette García Sánchez.

“Se supone que la medicina preventiva está para cumplir plazos”, afea al SESCAM y subraya como “prioridad” que “los ayuntamientos exijamos el cumplimiento estricto de estos cribados y la mejora en los protocolos de estos programas. La detención precoz es un derecho fundamental que salva vidas y requiere la máxima transparencia y recursos por parte de las instituciones”.

El SESCAM asegura que su turno llegará en noviembre

Por su parte, fuentes del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) consultadas por elDiario.es Castilla-La Mancha han asegurado que a las mujeres de Nambroca incluidas en el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama les llegará su turno el próximo mes de noviembre, “conforme a la planificación establecida para este programa preventivo”. Indican que las cartas de citación comenzarán a remitirse durante el mes de octubre.

Desde el servicio de salud castellanomanchego justifican que este programa se desarrolla con rondas de cribado que se realizan cada dos años dentro del ciclo que corresponde a cada municipio, “sin que las citaciones tengan que producirse exactamente dos años después de la mamografía anterior”. “No existen, por tanto, tiempos de espera asociados al programa, sino un calendario de convocatorias establecido para garantizar el desarrollo ordenado de esta actividad preventiva”, añaden las mismas fuentes.

No obstante, el SESCAM no ha precisado a este medio cuándo fue la última vez que las mujeres de Nambroca fueron convocadas para someterse a esta prueba.

“Es importante recordar que el Programa de Detección Precoz del Cáncer de Mama es un programa de cribado dirigido a mujeres sanas. La programación de las exploraciones se organiza conforme al calendario anual del programa, que contempla una planificación específica durante los meses de verano. En cualquier caso, las mujeres que detecten cualquier alteración, síntoma o cambio en la mama no deben esperar a la cita del programa de cribado, sino acudir a su médico o médica de familia, quien realizará la valoración clínica correspondiente y, si está indicado, la derivación a la Unidad de Mama para su estudio y atención especializada”, concluyen desde el servicio sanitario regional.

El PP también pidió explicaciones en Talavera de la Reina

No es la primera vez que un ayuntamiento del PP pide explicaciones por retrasos en las pruebas de cribado de cáncer de mama a lo largo de esta legislatura.

El pasado mes de octubre trascendió que una empresa privada del ámbito sanitario había renunciado a cumplir con el contrato establecido con el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) para realizar labores de cribado del cáncer de mama en el área sanitaria de Talavera de la Reina. Fue el 31 de mayo de este año 2025 cuando el centro concertado para realizar este servicio en el área sanitaria de Talavera de la Reina dejó de prestar el servicio “sin avisar y sin dar razones”, según aseguraron entonces fuentes de la Consejería de Sanidad.

Esa situación dejó parado el servicio preventivo para una parte de las mujeres que tenían que ser citadas este año en esta comarca de la provincia de Toledo durante casi cinco meses, dejando por completar cerca de 3.000 mamografías.

El alcalde de Talavera de la Reina, el 'popular' José Julián Gregorio, pidió entonces explicaciones a la Consejería de Sanidad sobre lo ocurrido, asegurando que el problema podía “ser muy grave” porque “se hicieron muchísimas pruebas diagnósticas días antes y a muchas mujeres no se les ha dado el resultado”, indicó, aunque sin concretar cifras.

Por su parte, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, afirmó que era “absolutamente falso” que hubiera miles de mujeres afectadas, tal y como se llegó a difundir en redes sociales. Pidió no crear “alarma” con un tema “tan sensible”, asegurando que todas las pruebas que habían quedado pendientes por la renuncia de la empresa concertada quedarían completadas antes de que terminase el año pasado.

Un total de 15.313 personas estaban al cierre del pasado junio a la espera de una intervención quirúrgica en Cantabria. Son 19 más que las que había en lista en mayo (+0,12%), pero 661 más si se compara con el mismo mes del año anterior, lo que supone un aumento del 4,5 por ciento.

También creció en la región en términos interanuales la demora media para la operación, hasta los 136,8 días, que son ocho días y medio más que al término del primer semestre de 2025, aunque supone una ligera reducción respecto al pasado mes de mayo, cuando la espera era de 137,3 días, según datos del Servicio Cántabro de Salud (SCS), consultados por Europa Press.

De este modo, las personas en lista de espera han ido aumentando con subidas prolongadas en los últimos meses en la región, mientras que la espera media para una operación ha vuelto prácticamente a niveles de febrero (136,5 días) después de haber bajado en marzo y abril (135,3 y 134,7, respectivamente).

Además, también ha crecido en un mes el número de pacientes en espera de una consulta hospitalaria en Cantabria, ya que a cierre de junio había 38.074 en esa situación, con una demora media de 54,4 días, superior a los 37.895 de mayo, aunque entonces el tiempo era ligeramente mayor (54,6 días).

Y si se compara con hace un año, la cifra de cántabros en esta lista de espera ha aumentado igualmente, un 1,1%, al subir desde los 37.646 que había entonces, cuando el tiempo era de 61 días, con lo que también se ha reducido (un 10,8%).

Finalmente, a 30 de junio había en Cantabria 40.144 personas pendientes de pruebas diagnósticas, que son menos que las 43.383 del mes pasado y también inferiores respecto a los 40.504 de hace un año. La demora media es de 67,5 días, menos que los 71,8 días de mayo pero más que los 55,5 días de junio de 2025.

El Laboratorio Clínico Central, el organismo que da cobertura a seis hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, tiene una nueva empresa gestora: el gigante sanitario Quirón. El grupo ganó la adjudicación del Gobierno autonómico, valorada en 120 millones de euros para los próximos cinco años, después de que Ribera Salud estuviese gestionando el centro desde que abrió en 2008. Ahora, con el desembarco del nuevo grupo, trabajadores de laboratorio denuncian una situación de inestabilidad con la pérdida de antigüedad, contratos con condiciones diferentes y una “subrogación encubierta”.

Una vez Quirón ganó la adjudicación a Ribera, comenzó el conflicto entre las dos empresas. La Comunidad de Madrid aprobó una prórroga para Quirón de una semana para hacer la transición entre las dos empresas. Quirón acusó a Ribera de falta de colaboración, según publicó entonces El País, además de asegurar que Ribera Salud estaba intentando “instigar a la plantilla en contra” de la nueva empresa. Y en medio de ese choque, los trabajadores ya denunciaron un “limbo” y un futuro incierto que se ha terminado de materializar esta semana con una imagen, con los trabajadores intentando entrar en su puesto de trabajo y la negativa del nuevo equipo.

“En todo momento Ribera Salud nos ha estado informando a través de cartas de una subrogación en la que Quirón se iba a hacer responsable de nosotros”. Habla Marta (nombre ficticio), trabajadora del servicio de laboratorio del Hospital Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes, que relata que cuando llegaron los nuevos contratos vio que las condiciones no eran las mismas, por lo que no las aceptó, como otros compañeros suyos. Este lunes, ha acudido como siempre a su puesto de trabajo y se ha encontrado con una situación inesperada que afecta a unos 30 trabajadores: “Algunos hemos llegado a trabajar, hemos fichado y en ese momento nos han dicho que no podíamos prestar servicios. Hemos llamado a la Policía y han hecho un informe”, relata.

Ese laboratorio, el del Hospital Infanta Sofía, proporciona servicio a otros cinco hospitales: el del Henares, en Coslada; el Infanta Cristina de Parla; el Infanta Leonor; el Sureste de Arganda del Rey; y el del Tajo, en Aranjuez. Aquí se procesan las muestras de laboratorio de cerca de 1,4 millones de pacientes de la región. Pero el testimonio de Marta no es el único. Otra trabajadora, E.F., denuncia que los trabajadores que llevaban muchos años en el centro, algunos hasta 17, han perdido toda la antigüedad. Por un lado, Ribera Salud no quiere indemnizarles porque entienden que es una subrogación. Por otro, Quirón argumenta que no lo es.

En conversación con este periódico, un portavoz del grupo sanitario asegura que están “siguiendo en todo momento las pautas del concurso” en cuanto a la antigüedad de los trabajadores, con quienes dice que hay un “diálogo permanente”.

Ahora, algunas personas que continúan trabajando en el laboratorio clínico relatan una situación de “falta de personal”. “Quirón tuvo que contratar a personal sin experiencia y a pesar de ello no damos abasto”, argumenta Marta en declaraciones a elDiario.es, que asegura que el grupo sanitario “necesita” a los trabajadores que no han firmado.

Ismael trabajaba en el laboratorio del Hospital Infanta Cristina de Parla, que procesa analíticas críticas. En su caso, la mayoría de los técnicos de laboratorio han decidido que no iban a firmar los nuevos contratos: “Nos dijeron que se nos iba a respetar todo”. “Todo muy bonito hasta el momento en el que dicen que lo que no nos van a respetar sería la antigüedad”, explica a través de conversación telefónica, lo que les lleva a rechazar los cambios. “Lo único que nos va a proteger el día de mañana es la antigüedad”, argumenta. El trabajador explica que, en algunos casos, quienes sí que han firmado se han visto obligados a hacerlo por estar en situación de vulnerabilidad. “Hoy han ganado ellos, nos quedamos fuera”, dicen sobre el resto, quienes, como E.F., también acudieron a su puesto de trabajo: “Nos dijeron que nos teníamos que ir”.

Tanto Ismael como Marta relatan otra consecuencia del caos laboral. Ya que Quirón argumenta que no es una subrogación, no pueden utilizar los equipos antiguos de Ribera Salud, aunque los trabajadores aseguran que en algunos casos sí se están utilizando. Ismael asegura que eso supone retrasos en las analíticas, mientras que el portavoz de Quirón asegura a este periódico: “Acabamos de hacernos cargo y tendremos que hacer cambios”.

Pero no solo hay críticas por el uso de equipos antiguos. Trabajadores como E.F. aseguran que cuando comenzó el nuevo equipo el lunes no se estaban procesando las muestras del viernes. Fuentes de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid lo niegan asegurando que “no hay problemas asistenciales. Se está atendiendo todo”, dicen a elDiario.es.

Sin pruebas genéticas

La polémica no solo ha surgido por el “limbo” denunciado por los trabajadores. Con el nuevo pliego, se firmó también otro cambio: algunas áreas de alta especialización, como las pruebas relacionadas con genética constitucional y genética somática, que históricamente se venían realizando en el Laboratorio Clínico Central, ahora pasarán a ser asumidas por el sistema público de salud, una medida que fuentes de la consejería de Salud justifican en una “mayor eficiencia”. “Se está desarrollando una estrategia común para todo el SERMAS de medicina personalizada de precisión y la genética de estos pacientes entra dentro de la centralización”, explican en declaraciones a elDiario.es.

Esto supone un ahorro para la nueva empresa adjudicataria, Quirónsalud, teniendo en cuenta además que estas pruebas de laboratorio suelen ser las más caras.

Desde Izquierda Unida Madrid critican que el SERMAS continúe su “desprecio hacia la Sanidad Pública”: “Profundiza en la externalización de los laboratorios clínicos mientras asume las áreas menos rentables”, argumentan. Según el partido, la consecuencia es un modelo que supone una “socialización de las áreas menos rentables y más intensivas en conocimiento especializado, mientras se mantiene en manos privadas una parte sustancial de la actividad analítica de mayor volumen”. Y, en consecuencia, “un sistema en el que la sanidad pública asume las cargas estructurales y de personal necesarias” mientras financia “mediante contratos millonarios actividades que podrían prestarse directamente desde la propia red pública”.

También Comisiones Obreras ha denunciado la situación a través de un comunicado publicado este miércoles, en el que critican “irregularidades” en el traspaso a Quirón y ha exigido la intervención del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS), “que conocen desde hace tiempo la problemática que afecta a la plantilla”.