El Gobierno de Cantabria que preside María José Sáenz de Buruaga (PP) prevé gastar 43,1 millones de euros este año para pagar la regulación de los complementos de 5.024 profesionales del sector sanitario. Este gasto se desglosa en 21 millones del ejercicio de 2025 y 22 millones de 2026 para que los empleados públicos alcancen el grado profesional máximo que les correspondería por antigüedad, eliminando los tiempos de espera obligatorios entre niveles, teniendo en cuenta que en cada tipo de complemento hay cuatro grados.

El monto deriva de una iniciativa enmarcada en la Ley de Acompañamiento del Presupuesto de 2026. En teoría, la Consejería de Salud busca resolver los acuerdos pendientes de carrera (médicos y enfermeras) y desarrollo profesional (resto de personal sanitario), pero el impacto económico compromete también los presupuestos venideros.

Según la memoria justificativa y económica de la propuesta entregada al Registro del Parlamento, a la que ha tenido acceso elDiario.es, el reajuste favorecería a 2.936 solicitantes de carrera profesional y 2.088 de desarrollo profesional, que saltarían dos grados del que actualmente ostentan.

El reajuste del pago de los complementos técnicamente, se llama “encuadramiento”. En la Ley de Medidas del Presupuesto aparece en dos breves líneas del artículo 11, en el que se faculta al Consejo de Gobierno, previa negociación en el seno de la Mesa Sectorial de Personal de Instituciones Sanitarias, para pagar los atrasos de los funcionarios, con efecto retroactivo del 1 de enero de 2025.

Fuentes parlamentarias consultadas por este periódico valoran positivamente la medida, pero advierten de que el pago compromete la estabilidad financiera actual. Al no estar consignado en los presupuestos, si no en la Ley de Medidas, el presupuesto del SCS no refleja el gasto real que supone el desembolso por estos complementos. Es decir, se presupuesta por debajo de lo que se va a gastar.

Esto obliga a realizar modificaciones contables posteriormente para afrontar un gasto que abarca también próximos ejercicios presupuestarios: al ser un gasto consolidado, el compromiso presupuestario se mantendrá y aumentará a futuro.

Mejoras laborales

La Consejería de Salud busca corregir así el bloqueo en las mejoras laborales del personal estatutario del Servicio Cántabro de Salud (SCS). Los distintos acuerdos de Carrera y Desarrollo Profesional del SCS establecían que las convocatorias correspondientes al encuadramiento en período ordinario se efectuarán anualmente. El estancamiento en los complementos deriva de dos circunstancias: la suspensión de las convocatorias anuales de los procesos de regulación entre 2010 y 2014, derivados de la crisis económica de 2008, y una serie de sentencias judiciales posteriores ganadas por varios profesionales sanitarios.

La regulación permitirá a los solicitantes que participen en las convocatorias extraordinarias que, “sin necesidad de cumplir con los intervalos entre grados”, se establezcan en “el máximo grado alcanzable” conforme el tiempo de servicios prestados y los créditos acreditados. “Se trata en definitiva de poder encuadrarse en el grado que se hubiera alcanzado en caso de que los procedimientos de carrera y desarrollo profesional no se hubieran visto suspendidos”, indica la memoria justificativa y económica.

El reajuste plantea que cada solicitante se encuadre en dos grados más del que actualmente ostenta. La causa, según la memoria, es doble: “La incorporación más tardía del personal temporal al sistema de carrera profesional (2018 la primera convocatoria ordinaria para personal temporal y 2019 como consecuencia de ejecución de sentencia de la convocatoria de 2016) y por otro lado, el tiempo de suspensión (2010-2014), lo que plantea un escenario con personal ”con gran número“ de servicios prestados, advierte la memoria económica.

En enero de 2024, el Gobierno de Cantabria alcanzó un acuerdo llamado 'Pacto por la Sanidad' con el Sindicato Médico de Cantabria con el que se comprometía al encuadramiento extraordinario en carrera profesional, solo por antigüedad. “Algo que se diseñó para nuestro colectivo como elemento de incentivación y diferenciación salarial respecto a otras categorías profesionales, se ha convertido justo en lo contrario”, argumentó el sindicato, cuestionando que “estas llegan a los últimos grados prácticamente por antigüedad mientras que a nosotros se nos exige un perfil que, prácticamente solo tiene quien puede tener la oportunidad de orientar su carrera a la investigación”. En enero de 2026, el sindicato sumó otra adenda al Pacto por la Sanidad valorada en seis millones anuales, supeditada a la aprobación de los presupuestos.

“Tener 52 años, haber estado activo toda la vida y ahora estar así, esperando y con tanto dolor, te machaca emocionalmente”. Son las palabras de Pedro, carpintero natural de Mora (Toledo) que lleva esperando 234 días para una operación de cadera.

Pedro Luis Martín comenzó a notar que algo no iba bien alrededor de 2021. En su trabajo un compañero le preguntó si se había dado cuenta de que caminaba distinto: “Me dijo, 'andas de una forma un poco extraña', pero como a mí no me dolía pues yo seguí trabajando”. Dos años más tarde, el médico de cabecera le mandó al Hospital Universitario de Toledo para que le hiciesen una radiografía y vieron que tenía “la cadera fastidiada, que ya no había líquidos y que rozaba el hueso contra el hueso”. Sin embargo, Pedro no quiso darse de baja debido a la situación de incertidumbre del empleo en ese momento: “Me dijeron que me apuntase a la lista de espera y que me diese de baja, pero como me tomaba el medicamento pues seguí trabajando hasta que pude”.

Su diagnóstico: coxartrosis severa de cadera derecha. Se trata de un desgaste del cartílago en la articulación de la cadera y que además de dolor provoca limitación de movimiento, teniendo que ser necesaria una intervención quirúrgica para reemplazarla. En su informe médico se señala que se encuentra “clínicamente muy mal, muy limitado”, según detalla su traumatóloga.

Pedro Luis tuvo que darse de baja en agosto de 2025, después de dos años con dolores y cojeando, “porque llegó un punto que no podía más, no podía seguir”. Asegura que caminaba con la pierna “a rastras, tomando opiáceos como Tramadol, Targin, lo último ya me dijeron que es la morfina”.

Pedro apunta que “la fecha máxima para que te llamen y te operen son 180 días, lo que son seis meses, pero eso en realidad no existe”, pues ya lleva casi ocho esperando por esa operación que nunca llega.

Su día a día: “Dolores y pastillas”

Pedro Luis Martín asegura que su día a día es “muy complicado” y que consta de dos factores: “dolores y pastillas”. Explica que con los cambios de tiempo nota mucho más dolor y que son constantes a lo largo del día: “Es a todas horas. Solo noto un poquito de mejoría cuando me tomo las pastillas, pero cuando pasa un par de horas no puedo poner un pie en el suelo, siento que me voy a caer”. Esta dolencia le limita en su vida diaria, no solo porque no puede trabajar, sino que tampoco puede estar tranquilo: “Estoy sentado en el sillón viendo la tele y tengo que cambiar mil veces de postura. Me meto en la cama y no duermo más de una o dos horas de los dolores que tengo”, expone.

Por otro lado, las pastillas no suponen para él “un gran alivio” ya que hace treinta años le operaron del estómago debido a una úlcera gastroduodenal, que le provoca que la medicación “al ser tan potente, también me está afectando al estómago”.

Una de sus grandes aficiones es tocar el saxofón junto a la banda municipal de su pueblo, pero cuando va a los ensayos tampoco está cómodo: “Voy con las muletas, mi hijo me ayuda a llevar el instrumento, pero tengo que levantarme muchas veces porque tampoco puedo estar mucho tiempo sentado”, matiza.

Si puedo dormir dos horas seguidas me doy con un canto en los dientes

Pedro Luis lleva trabajando ininterrumpidamente desde los 16 años, y el no poder hacer actividad física está haciendo que gane mucho peso. En los siete meses que lleva de baja ha cogido quince kilos, aunque él asegura que no come apenas: “La medicación me quita el hambre. No me quiero ni pesar, porque los pantalones y las camisas ya no me valen”, explica señalando que también se está afectando a su autoestima.

Él no está dispuesto a que le aumenten la medicación, “ya que lo siguiente sería morfina pura, y si lo tomo ya cuando me duela más no habrá nada que me lo calme, eso en el caso de que lo acepte, porque no todo el mundo acepta su cuerpo la morfina”.

Para él su vida “es una mierda ahora mismo, me está afectando psicológicamente, a mí y a mi mujer, porque ella tiene el sueño muy ligero y cuando me despierto y tengo que levantarme lo intento hacer despacito, pero ella se despierta y ninguno podemos dormir”. También con sus hijos. Pedro es padre de dos adolescentes y señala que como durante todo el día está dolorido “cuando ellos quieren hacer algo, yo no tengo ganas y me paso el día de mala leche”, expresa apenado.

“Abandono, silencio y listas de espera interminables”

Esta situación le llevó a escribir una carta en su perfil en la red social Facebook, como él dice para “ver si así se les remueve un poquito las tripas y ponen medios”.

Pedro expone que a consecuencia de su dolencia no puede “tener una vida digna”: “¿De verdad alguien puede defender un sistema sanitario que obliga a un ciudadano a cotizar desde los 16 años y, cuando llega a los 52 [años], después de décadas sosteniendo con su esfuerzo la Seguridad Social, le responde con abandono, silencio y listas de espera interminables? Eso no es un fallo puntual. Eso es un fracaso moral, político y sanitario”.

Defiende que “decir que el sistema sanitario de Castilla-La Mancha funciona es una burla cruel” ya que “no funciona bien un sistema que cronifica el sufrimiento”. En esta carta, Pedro también señalaba que “lo más grave es que esto no solo destruye la salud, destruye la dignidad” porque cuando hay “que mendigar una cita, una prueba el mensaje que recibes es devastador: tu dolor no importa, tu vida no importa”.

Asegura sentir miedo por perder su empleo y que incluso, con la situación que padece, ha recibido una notificación de que “en breve me van a hacer un seguimiento de cómo estoy, donde señalan que si me encuentro mejor vaya a mi médico de cabecera para darme el alta”.

Pedro Luis relata que se siente “engañado” ya que primeramente incluyeron que su caso “era urgente, lo ponía la traumatóloga en el informe, para que me lo pudiesen adelantar todo lo posible”, pero en octubre de 2025 acudió al Hospital Universitario de Toledo para conocer “de primera mano” si su operación estaba más cerca. Asegura que dos meses más tarde, viendo que no recibía la fecha de operación se dirigió a hablar con dirección de Atención al Paciente. “Me dijeron que iban a intentar incluirme en las listas de las personas que derivan al privado para ver si podían adelantarlo”, expone.

No obstante, recuerda que “pasaron las Navidades y volví a preguntar para ver cómo iba el tema, y me dicen que ya han aprobado para poder operar en el privado y hacer las derivaciones, pero que como son bolsas ahora han entrado para hacer operaciones de rodilla, luego llamarán para las de cadera, pero en definitiva, mintiéndome”.

Pedro explica que en marzo de 2026 tuvo una nueva cita con la traumatóloga, “donde vuelve a poner en mi informe que estoy clínicamente fatal y que me tienen que operar rápidamente, pero voy a Admisión y me dicen que es la propia traumatóloga la que tiene que solicitar que me operen, pero la traumatóloga me dice que no, que ya ha puesto que es urgente en el informe, que no puede hacer otra cosa. Se van pasando la pelota de uno a otro. Y no leen la historia clínica, donde pone si es urgente o no. Solo me dicen que estoy en una lista y ya, que ya me llamarán”.

Me dijeron que iban a intentar incluirme en las listas de las personas que derivan al privado para ver si podían adelantarlo

Además de este “ninguneo”, Pedro Luis asegura que de las veces que ha acudido al hospital “justo había huelga de médicos” y esto también ha retrasado su proceso y que le puedan hacer caso. A mediados del mes de abril se presentó de manera presencial en el hospital y explica que “tenía que recibir una llamada de la directora de traumatología para que me diesen una solución y me dicen que no me puede llamar porque tenían una reunión. Bueno, pues después de la reunión que habría allí 40 o 50 personas tenían un vino para celebrarlo, que vi pasar a los del catering. Y los pacientes aquí estamos, un montón de horas esperando”.

En su carta que posteó en la red social Facebook, Pedro también expone su frustración, señalando que “la sanidad pública debería ser el orgullo de una sociedad decente. Pero cuando deja de curar, deja de proteger y deja de responder, se convierte en una maquinaria lenta, deshumanizada y profundamente injusta. Y en Castilla-La Mancha, para demasiados pacientes, esa maquinaria hoy no representa alivio ni esperanza: representa dolor, impotencia y desesperación”.

Plazos de lista de espera para operaciones en Castilla-La Mancha

El tiempo de espera máximo para recibir una intervención quirúrgica de prótesis de cadera en Castilla-La Mancha son 180 días -seis meses-, según el Defensor del Pueblo, tal y como recoge el Real Decreto 1039/2011.

Según se desprende de los indicadores de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS) publicados este pasado miércoles por el Ministerio de Sanidad, en Castilla-La Mancha un total de 36.260 pacientes se encontraban pendientes de una intervención quirúrgica a 31 de diciembre de 2025, con un tiempo de espera medio de 92 días.

Si se consulta el caso concreto de Pedro Luis en el Portal de Transparencia del SESCAM, para el Hospital Universitario de Toledo existen 2.669 pacientes pendientes de una operación para la especialidad de Traumatología, 824 en la misma situación que Pedro (plazo superior a 180 días). Por otro lado, se fija que el tiempo de espera medio es de 121,7 días.

Este medio se ha puesto en contacto con la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla-La Mancha para conocer qué ocurre con las listas de espera y por qué en este caso no se está cumpliendo con los plazos vigentes, sin haber obtenido respuesta por el momento.

OPA Herri Plataformak, que aglutina plataformas ciudadanas en defensa de la sanidad pública, se han manifestado este sábado en las tres capitales vascas para denunciar que la sanidad pública se basa en “un modelo que intencionadamente debilita lo público para alimentar el negocio privado”, y criticar que “ocho meses después” el Pacto de Salud, no hay “soluciones reales”. Además, ha pedido la dimisión del consejero de Salud, Alberto Martínez, por su “intención clara de minimizar y ocultar” el alcance en el caso de las vacunas caducadas.

Las marchas de Bilbao y Vitoria han partido a las 12.00 horas desde el Sagrado Corazón y la Plaza Bilbao, respectivamente, mientras que la de San Sebastián saldrá desde el Boulevard a las 17.00 horas.

Cientos de personas han acudido a la convocatoria del mediodía, y concretamente en la de Bilbao se les ha unido el Movimiento de Pensionistas de Bizkaia, quienes han hecho suyas las reivindicaciones de OPA Herri Plataformak y los han recibido con aplausos poco después de iniciar el recorrido.

Antes de iniciarse marcha en la capital vizcaína, que ha transcurrido bajo el lema 'Osasungintza publikoaren alde! ¡Por la sanidad pública! Promesarik ez! ¡Soluciones ya!', los representantes de la entidad convocante, Mireia Saiz y José Ignacio Martínez, han advertido de que “la sanidad pública está en peligro” y requiere “cambios estructurales” que terminen con los recortes.

Según han denunciado, los denominados “planes de contingencia” son, en su opinión, “recortes durante cinco meses al año disfrazados”, que derivan en cierres de servicios, reducción de horarios, falta de personal y centros sin personal médico o atendidos por residentes todavía en formación.

Tras lamentar que “la atención primaria está desbordada” pese a ser “uno de los ejes del pacto” y que las listas de espera cuentan con tiempos de atención “inasumibles”, han recordado que las condiciones laborales “siguen deteriorándose” con una “sobrecarga asistencial” y una temporalidad “superior al 40%” debido, entre otros factores, a que las OPE no crean “empleo real y fracasan al no cubrir los puestos de difícil cobertura”.

También han denunciado la falta de transparencia en la gestión de los casos de vacunas caducadas. “Han terminado por afectar a 21 tipos de vacunas y prácticamente a todas las OSIS, lo que pone de manifiesto que ha habido por parte del consejero (de Salud) una intención clara de minimizar y ocultar este grave problema, por lo que exigimos responsabilidades y, por lo tanto, su dimisión”, han señalado.

Respecto al Pacto de Salud han pedido a Alberto Martínez, quien “ha presumido de que ha cumplido con el 85% del pacto, que aclare a la ciudadanía qué se ha hecho exactamente”, ya que “ocho meses después no vemos ninguna mejora en salud”.

Tras sus respectivos recorridos, las marchas han finalizado con la lectura de un manifiesto en la que han enumerado sus exigencias y críticas, y está previsto que en San Sebastián, donde se celebra esta tarde, se haga de igual manera.

Preguntados por la decisión del personal facultativo vasco de no realizar actividad extraordinaria en los turnos de tarde a partir de este lunes, han explicado que parten de que las “horas extras no son medidas estructurales, sino temporales” que se aplican “desde la década de los 90 y no han resuelto ninguno de los problemas”.

“Sigue habiendo falta de personal”, han señalado, para añadir que la “única” solución es “reforzar” la sanidad pública. “El consejero tiene competencias suficientes para abrir una negociación colectiva, por lo que instamos a que abra una negociación con todos los trabajadores, con los sindicatos del sector, y llegue a un acuerdo que lleva 15 años obsoleto”, ha concluido.

El Juzgado de lo Contencioso‑Administrativo ha admitido a trámite el recurso presentado por Izquierda Unida Cantabria contra la resolución por la que se modifica el convenio singular de vinculación del Hospital Santa Clotilde de Santander en la red hospitalaria pública del Servicio Cántabro de Salud, suscrito el 31 de octubre de 2025 y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria el 16 de enero de 2026.

“Es un primer paso en la defensa de la salud pública y los intereses de toda la ciudadanía de Cantabria frente al impulso privatizador del gobierno del PP y la presidenta María José Sáenz de Buruaga”, admite el coordinador de IU Cantabria, Israel Ruiz Salmón.

IU suma así su trabajo al de entidades en defensa de la sanidad pública “para que los millones de euros que el PP prevé desviar a un hospital privado se mantengan en la red pública para reforzar los servicios que atienden a todo el mundo sin distinción”.

El Gobierno debe remitir el expediente en 20 días improrrogables

El órgano judicial reconoce a IU como parte personada en el procedimiento, dando inicio formal a la fase judicial del proceso. La resolución deja claro que la admisión se produce sin perjuicio de lo que resulte del examen del expediente administrativo, es decir, sin que exista todavía un pronunciamiento sobre el fondo del asunto.

El juzgado ha acordado asimismo reclamar al Gobierno de Cantabria el envío del expediente administrativo completo, que deberá ser remitido en un plazo improrrogable de 20 días, cumpliendo con los requisitos legales de integridad, orden y autenticidad establecidos en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso‑Administrativa.

Además, la resolución judicial ordena a la Administración que practique los emplazamientos legales a las personas o entidades que pudieran resultar interesadas en el procedimiento, debiendo justificar ante el juzgado que dichas notificaciones han sido correctamente efectuadas.

El auto recuerda también al gobierno autonómico su obligación legal de colaborar con la justicia, facilitando la remisión del expediente y el correcto desarrollo del procedimiento judicial.

Desde Izquierda Unida se valora esta admisión a trámite como un paso necesario y relevante para garantizar la transparencia y el control judicial sobre una modificación del convenio que afecta a la prestación sanitaria pública en Cantabria.

IU subraya que el análisis judicial permitirá aclarar si la actuación administrativa se ajusta plenamente a la legalidad vigente, una vez se disponga del expediente completo.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha reconocido este miércoles que está buscando la “forma y manera” de cumplir con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de ordenar al Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso que inicie de inmediato los trámites para la creación del registro de médicos y médicas que, por razones de objeción de conciencia, se niegan a practicar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. No obstante, el portavoz del gobierno autonómico, Miguel Ángel García, ha asegurado que consideran que la justicia “no ha entrado en el fondo del asunto” por lo que se ha negado a “anticipar cuál va a ser el sentido de la resolución judicial”.

Lo ocurrido es que el TSJM decidió el lunes aceptar la solicitud de medida cautelar planteada por el Ministerio de Sanidad ante la inactividad del gobierno regional sobre el citado registro de objetores. La resolución judicial precisa expresamente que, aunque la medida cautelar no supone la creación inmediata del registro por parte de la Comunidad de Madrid, sí impone la obligación de iniciar los trámites administrativos necesarios para su elaboración y aprobación, en cumplimiento de la ley del aborto. La medida, prevista en esa norma, persigue conocer cuántos profesionales hay en los hospitales públicos disponibles para realizar esta intervención. El tribunal recuerda que la Comunidad de Madrid votó a favor de la creación de un protocolo común para crear dichos registros a nivel autonómico en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud celebrado en diciembre de 2024. Pero hasta ahora el Ejecutivo de Madrid no ha puesto en marcha los trámites para activar este registro.

Precisamente este miércoles la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, había instado esta misma mañana al Ejecutuiivo madrileño a “cumplir la ley” tras la decisión del TSJM, pero la respuesta del equipo de Ayuso ha sido de nuevo de un choque total. “La ministra está mintiendo, está engañando una vez más. Nosotros siempre hemos preferido que fuera una resolución judicial la que estableciera la forma de proceder de la Comunidad de Madrid siendo una ley sectaria, pero es que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no entra al fondo del asunto, simplemente ha establecido una cautelar”, ha dicho García haciendo alusión a la ley estatal que obliga a la creación del citado registro.

En rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, García ha asegurado que “en Madrid se garantiza el derecho a la objeción de conciencia de todos los médicos, pero también que las mujeres que quieren abortar pueden hacerlo en los puestos establecidos en la ley”. “No tiene que venir la ministra para decir lo que ya está sucediendo en la Comunidad de Madrid. Lo que tendrá que explicar a los ciudadanos la señora ministra es cómo puede ser que allí donde ella gestiona el Ceuta y Melilla no se practica ni un solo aborto en la pública y lo que se practica solo en la privada y en otra comunidad autónoma. Y es lo que está ocurriendo en aquellos lugares donde gestiona y donde tiene competencias la ministra García”, ha concluido.

El Ministerio de Sanidad acudió a los tribunales después de que la Comunidad de Madrid no respondiera a un requerimiento en el que le instaba a poner en marcha este registro y después de que la propia Ayuso confirmara que no crearía el registro de objetores como marca la ley del aborto aprobada en 2023: un listado de acceso reservado y sin pedir el motivo de facultativos objetores para poder organizar los servicios y garantizar el derecho al aborto en la sanidad pública.

Este martes, tras conocer la decisión del TSJM, la portavoz parlamentaria del PP, Ester Muñoz, instaba al Gobierno de Ayuso a cumplir el auto judicial que le ordena iniciar los trámites para poner en marcha el registro de sanitarios objetores al aborto. “Siempre hemos considerado que las decisiones judiciales se acatan. Por tanto, yo estoy convencida que la Comunidad Madrid acatará la decisión judicial”, aseguró, en una rueda de prensa. “La portavoz del Grupo Popular en el congreso no ha dicho más que lo que venimos diciendo todos, que el Partido Popular y este gobierno, como no puede ser de otra manera, siempre cumple”, ha matizado este miércoles Miguel Ángel García.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha detectado en los últimos días un intento de fraude en el que se avisa de manera urgente de que en 48 horas hay que renovar la tarjeta sanitaria para “conservar todos los derechos”, y se remite a un enlace de una dirección de una página web. Ante esta situación, el Servicio Cántabro de Salud quiere trasladar un mensaje claro a la población: “nunca se solicita la renovación de la tarjeta sanitaria a través de SMS, ni enlaces enviados al móvil por la prestación de sus servicios sanitarios”.

Por ello, el SCS recomienda a los ciudadanos que no respondan a estos mensajes, no faciliten datos personales o bancarios y no accedan a los enlaces que puedan contener, ya que se trata de una práctica fraudulenta ajena por completo a la administración sanitaria. Asimismo, se aconseja eliminar estos mensajes y, en caso de duda, contactar directamente con los canales oficiales del Servicio Cántabro de Salud o con el centro sanitario de referencia para verificar cualquier comunicación relacionada con su atención médica.

El SCS insiste en la importancia de extremar la precaución ante este tipo de comunicaciones fraudulentas y agradece la colaboración de los ciudadanos para prevenir este tipo de estafas.

Tras la huelga autonómica médica y facultativa celebrada la pasada semana y convocada por el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM), el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) ha citado este lunes a su comité de huelga para iniciar el diálogo y la negociación de las once reivindicaciones incluidas en el preaviso de huelga.

En un comunicado, el Sindicato Médico ha informado que ha solicitado “de manera expresa” la presentación de un cronograma de negociación, con plazos y fechas concretas, que permita “avanzar de forma ordenada y verificable” en cada una de las reivindicaciones. Para CESM-CLM, la reactivación de la carrera profesional en Castilla-La Mancha constituye una “prioridad irrenunciable”, y ha recordado que se trata de un derecho profesional paralizado desde 2012 y que sitúa a la región como la única comunidad autónoma sin un desarrollo efectivo de la carrera profesional.

El Sindicato Médico de Castilla La Mancha ha reiterado que la huelga autonómica convocada tiene carácter indefinido y que, en ausencia de avances reales, los próximos días de paro están previstos para el mes de junio, concretamente los días: lunes 15, miércoles 17 y viernes 19.

El sindicato ha valorado la convocatoria de esta primera reunión como “un paso necesario” para retomar el diálogo, pero subraya que solo la adopción de “compromisos concretos, verificables y acompañados de un calendario definido”, especialmente en materia de carrera profesional, permitirá avanzar hacia una “solución real” del conflicto y evitar la reanudación de las movilizaciones. En este sentido, el SESCAM ha convocado de nuevo al comité de huelga los próximos 10 de marzo y 8 de abril, con el objetivo de seguir avanzando en el estudio y negociación de las reivindicaciones planteadas.

Sanidad: “Llega el momento de la carrera profesional sanitaria”

Antes de la finalización de esta reunión, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, ha hecho a preguntas de los medios de comunicación una valoración del seguimiento de la huelga de médicos de la semana pasada en Castilla-La Mancha. El consejero lo ha cifra entre el 16 y el 20 por ciento, y la suspensión de intervenciones en el 40 por ciento, lo que ha supuesto “menos suspensión que la primera semana de huelga”.

En cuanto a la reunión entre el Sescam y el comité de huelga, se ha mostrado convencido de que habrá “un calendario fijado, sin duda, de negociación”.

“Nosotros lo que proponemos no es tanto un estatuto propio, que creemos que no hace fuerte al sistema, sino lo que pedimos es que efectivamente creemos que tiene que haber una mesa, un foro de negociación exclusivo para los médicos para tratar temas que son exclusivos de la profesión” y eso será lo que desde la Consejería va a proponer.

Además, se quiere pedir al Ministerio “que también habrá un foro de debate exclusivo para médicos, más allá de discutir un estatuto propio”, pues lo importante, a juicio del consejero castellanomanchego, es “discutir las cuestiones que haya exclusivamente para la profesión y discutirlas en una mesa única”.

Preguntado por la recuperación de la carrera profesional, ha insistido en que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha ido “recuperando muchas cosas”, menos “lo que se llama carrera” porque, entre las prioridades, “no estaba la primera”.

“Ahora llega el momento de la carrera, nosotros vamos a seguir en la mesa proponiendo cosas para el nuevo modelo de carrera y seguramente llegará el momento que nos acerquemos las posturas entre Administración y los sindicatos”.

Este viernes ha concluido el quinto día consecutivo de huelga de profesionales de la medicina de toda España. Se trata de una primera tanda de movilizaciones convocada a nivel nacional por la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM), y por el Sindicato Médico Castilla-La Mancha (CESM-CLM) a nivel regional.

De los casi 10.000 médicos, facultativos y residentes que estaban llamados a secundar el paro, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) cifra entre 1.100 y 1.900 los profesionales que se han sumado cada día a la huelga, con un balance medio del 21%.

El director general de Recursos Humanos y Transformación, Íñigo Cortázar, ha pedido “disculpas” a la población porque una huelga “no es algo deseable, tampoco para los huelguistas”, aunque asegura que estos días no se han producido incidentes “graves”.

Por su parte, el presidente CESM-CLM, Jorge Curiel, no da cifras, ya que prefiere no entrar “en la guerra de datos con el SESCAM”, y asegura que el SESCAM les “ha boicoteado” al no proporcionarle la información necesaria para realizar los cálculos.

En cuanto a la afección a pacientes, desde CESM-CLM aseguran que ha habido “miles de consultas que se han anulado y de cientos de intervenciones quirúrgicas que se han suspendido”.

“¿Esa era nuestra intención? Por supuesto que no. Nuestra intención era llamar la atención a los gestores sanitarios, a los políticos para que se sienten en una mesa con nosotros a negociar”, matiza el presidente de CESM-CLM.

La huelga nacional continuará

Esta huelga ha tenido una doble vertiente. Por un lado, ha sido nacional, para protestar contra el borrador del Estatuto Marco propuesto desde el Ministerio de Sanidad. CESM reclama un estatuto propio para los médicos “que reconozca su singularidad, su responsabilidad y su nivel de formación”.

En este sentido, hay previstas otras cuatro semanas de huelga más, repartidas a razón de una semana cada mes hasta junio. La próxima será del 16 al 20 de marzo, una previsión que sigue adelante tras no haber avances con el Ministerio.

Queremos una jornada diaria razonable, una jornada semanal razonable, un reconocimiento a nuestra formación y, sobre todo, tener los recursos y los medios necesarios para atender bien a nuestros pacientes

“Queremos una jornada diaria razonable, una jornada semanal razonable, un reconocimiento a nuestra formación y, sobre todo, tener los recursos y los medios necesarios para atender bien a nuestros pacientes. Y si este Gobierno no lo va a hacer, pues que justifique ante los ciudadanos por qué no quiere”, reivindica Curiel.

En cuanto a Castilla-La Mancha, el sindicato centra su principal reivindicación en la recuperación de la Carrera Profesional, suprimida en 2012 bajo el Gobierno de María Dolores de Cospedal y que no fue recuperada por el Gobierno de Emiliano García-Page, así como en el aumento de plantillas tanto en Atención Primaria como en el ámbito hospitalario.

Y señalaba una novedad producida este viernes: el Gobierno regional les ha convocado a una reunión el próximo lunes.

Sindicatos y Gobierno regional se reúnen el lunes

“A partir del lunes podremos informar de cuál es la postura del Ejecutivo de García Page y de su consejero de Sanidad, y qué es lo que nos plantean una vez que se ha acabado la semana de huelga”, explica el líder sindical, que añade que lo que esperan obtener de dicho encuentro es “un calendario de negociaciones”.

Por su parte, Íñigo Cortázar, director general de Recursos Humanos del Sescam, ha confirmado el encuentro que se producirá el lunes, para el cual se ha mostrado “optimista” en llegar a acuerdos.

“El lunes nos reunimos para fijar ese calendario de negociaciones que nos tiene que llevar, seguro, a buen puerto o a una serie de acuerdos”.

Igual de optimista se ha mostrado el directivo con poder satisfacer las demandas principales que hacen desde el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha: la recuperación de la carrera profesional sanitaria y el aumento de plantillas.

La carrera profesional es un asunto complejo, con un componente presupuestario innegable. La nueva financiación autonómica determinará mucho

No obstante, reconoce que la carrera profesional es un “asunto complejo”, con un componente presupuestario “innegable”. Por eso, asegura que la nueva financiación autonómica “determinará mucho”.

“En cuanto al incremento de plantillas”, añade Cortázar, “tenemos un acuerdo precisamente firmado con el sindicato médico en el que establece unas ratios de cupos por tarjetas sanitarias que, si se sobrepasan, se cubre la plaza automáticamente”.

Un acuerdo que asegura que “está funcionando de una manera bastante razonable”, pero que están dispuestos a “actualizarlo, a mejorarlo y a aplicarlo de la mejor manera posible”.

Dentro del ámbito de la comunidad autónoma, CESM-CLM mantiene una convocatoria de huelga para los días 15, 17 y 19 de junio. “Queremos dar margen de negociación”, explica Jorge Curiel. “Si de aquí a junio llegamos a acuerdos, pues esa huelga se desconvocará”. Si no es así, lo que pasará es que nosotros, a nivel autonómico, empezaremos a convocar días de huelga en marzo, en abril, en mayo, porque esto ya no puede parar“.

Amb una xifra de negoci de 833 milions d’euros el 2024 (quasi 25 milions més que l’exercici anterior), la matriu del grup Ribera Salud declara un resultat consolidat de 3,5 milions, segons indiquen els últims comptes anuals depositats davant el Registre Mercantil. Es tracta de Primerosalud SLU, els comptes consolidats de la qual anoten una reducció de 745 treballadors (de 9.459 el 2023 baixa a 8.714 l’any següent). Així doncs, la firma matriu registra una rebaixa de les despeses de personal de 412,3 a 376,5 milions d’euros.

Primerosalud SLU engloba com a matriu Ribera Salud SA, de la qual deté el 100% del capital, i totes les seues societats, a més de Torrejón Salud SA. Pertany al grup francés Vivalto Santé.

La caiguda del nombre de treballadors, segons fonts de l'empresa consultades per aquest diari, es correspon amb la reversió de la gestió de l'Hospital de Dénia, avalada pel Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

Les mateixes fonts asseguren que en el següent exercici —2025— l'empresa ha ocupat uns 500 nous treballadors.

La major part dels ingressos de la firma procedeixen de la Generalitat Valenciana i de les conselleries de Salut de la Comunitat de Madrid, Galícia i Múrcia.

La firma també controla societats a la República Txeca i Eslovàquia, mentre que Ribera Salud gestiona un hospital a Cascais (Portugal) i posseeix participacions en dues societats al Perú, que controlen sengles centres hospitalaris impulsats per Sergio Blasco, exgerent de l’Hospital General de València i nebot d’un exconseller del PP.

Els comptes anuals indiquen que l'empresa es va embutxacar liquidacions per part de Generalitat Valenciana i de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid per una suma de 219 milions (incloent l'import reconegut en l'exercici 2025 per les UTE de Ribera Salut II i de Torrevella). D'altra banda, l'empresa assegura que té pendent de cobrament 153,8 milions d'euros de la Comunitat de Madrid.

Liquidacions de la Generalitat de 104,6 milions

La Generalitat Valenciana, després de la resolució dels nombrosos procediments contenciosos amb el grup sanitari, va assumir liquidacions pels hospitals valencians (la major part amb contractes rescindits) per un valor total de 104,6 milions d’euros, segons indica la memòria de comptes anuals consolidada. Es tracta del pagament parcial de liquidacions corresponents al 2023 (amb 53,9 milions) i la resta de l’import abonat en l’exercici següent (50,7 milions).

Les liquidacions corresponen als hospitals d’Elx-Crevillent (del 2010 al 2012); de Marina Salud (del 2014 al 2016) i de les UTE de Ribera Salud II (2016 i 2017) i de Torrevella (2013 a 2015).

D’altra banda, el febrer del 2025, l’empresa va rebre les resolucions que van aprovar les liquidacions obertes fins a l’exercici 2022, que inclouen els imports a liquidar vinculats a les dues UTE: 25,2 milions d’euros.

La Conselleria de Sanitat de Madrid: 89,2 milions

Pel que fa als saldos de la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, durant l’exercici 2023, l’empresa va cobrar la liquidació del 2020, a més d’altres conceptes reclamats, per un import total de 20,7 milions d’euros.

D’altra banda, el 2024 va cobrar les liquidacions dels exercicis 2021, 2022 i 2023 per un import de 59,6 milions d’euros, a més d’interessos de demora de 8,9 milions.

A més, en l’apartat de saldo de clients no vinculats, el balanç inclou imports per 153,8 milions d’euros pendents de cobrament generats amb la Conselleria de Sanitat de la Comunitat de Madrid, corresponents a la capita del mes de desembre del 2024, a la provisió de liquidació del mateix exercici i a una compensació per Covid-19.

Con una cifra de negocio de 833 millones de euros en 2024 (casi 25 millones más que el ejercicio anterior), la matriz del grupo Ribera Salud declara un resultado consolidado de 3,5 millones, según indican las últimas cuentas anuales depositadas ante el Registro Mercantil. Se trata de Primerosalud SLU, que engloba como matriz a Ribera Salud SA, de la que ostenta el 100% de su capital, y a todas sus sociedades en España, además de Torrejón Salud SA. Pertenece al grupo francés Vivalto Santé.

Las cuentas consolidadas anotan una reducción de 745 trabajadores (de 9.459 en 2023 baja a 8.714 al año siguiente). La firma matriz registra una rebaja de los gastos de personal de 412,3 millones de euros a 376,5 millones.

La caída del número de trabajadores, según fuentes de la empresa consultadas por este diario, se corresponde con la reversión de la gestión del Hospital de Dénia, avalada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV).

Las mismas fuentes aseguran que en el siguiente ejercicio —2025— la empresa ha empleado a unos 500 nuevos trabajadores.

La mayor parte de los ingresos de la firma proceden de la Generalitat Valenciana y de las consejerías de salud de la Comunidad de Madrid, Galicia y Murcia.

La firma también controla sociedades en República Checa y Eslovaquia, mientras que Ribera Salud gestiona un hospital en Cascais (Portugal) y posee participaciones en dos sociedades en Perú, que gestionan sendos centros hospitalarios impulsados por Sergio Blasco, exgerente del Hospital General de Valencia y sobrino de un exconseller del PP.

Las cuentas anuales indican que la empresa se embolsó liquidaciones por parte de Generalitat Valenciana y de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid por un monto de 219 millones (incluyendo el importe reconocido en el ejercicio 2025 por las UTE de Ribera Salud II y de Torrevieja). Por otro lado, la empresa asegura que tiene pendiente de cobro 153,8 millones de euros de la Comunidad de Madrid.

Liquidaciones de la Generalitat de 129,8 millones

La Generalitat, tras la resolución de los numerosos procedimientos contenciosos con el grupo sanitario, asumió liquidaciones por los hospitales valencianos por un valor total de 104,6 millones de euros, según indica la memoria de cuentas anuales consolidada.

Se trata del pago parcial de liquidaciones correspondientes a 2023 (53,9 millones) y el resto del importe abonado en el ejercicio siguiente (50,7 millones).

Las liquidaciones corresponden a los hospitales de Elche-Crevillent (de 2010 a 2012); de Marina Salud (de 2014 a 2016), y de las UTE de Ribera Salud II (2016 y 2017) y de Torrevieja (2013 a 2015).

Por otro lado, en febrero de 2025, la empresa recibió las resoluciones que aprobaron las liquidaciones abiertas hasta el ejercicio 2022, que incluyen los importes a liquidar vinculadas a las dos UTE: 25,2 millones de euros.

89,2 millones de Madrid y 153,8 millones pendientes de cobro

Respecto a los saldos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, durante el ejercicio 2023, la empresa cobró la liquidación de 2020, además de otros conceptos reclamados, por un importe total de 20,7 millones de euros.

En 2024, cobró las liquidaciones de los ejercicios 2021, 2022 y 2023 por un importe de 59,6 millones de euros, además de intereses de demora de 8,9 millones.

En el apartado de saldo de clientes no vinculados, el balance incluye un importe total de 153,8 millones de euros pendiente de cobro, generado con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y correspondientes a la cápita del mes de diciembre de 2024, a la provisión de liquidación del mismo ejercicio y a una compensación por Covid-19.

El Partido Popular de Cantabria ha criticado este miércoles al PSOE de “utilizar” el convenio singular de 256 millones de euros con el Hospital Santa Clotilde, recordando que el partido socialista colaboró con Santa Clotilde durante el gobierno en coalición con el Partido Regionalista de Cantabria (PRC). Y, después, el PSOE ha reaccionado acusando al PP de “engañar” a los cántabros comparando su convenio singular hasta 2042, con los contratos que se han firmado con anterioridad, “cuando las diferencias son claras y notorias”.

El diputado regional del PP y portavoz de Salud, Miguel Ángel Vargas, ha recriminado al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), “que siga utilizando la sanidad pública para embarrar, intoxicar y enfrentar”, al calificar de privatización “aquello que la actual presidenta socialista, María Luisa Real, contrataba y elogiaba en su etapa como consejera”.

Así, Vargas ha pedido a Casares que explique “¿por qué la misma colaboración de siempre con la única entidad sanitaria sin ánimo de lucro de Cantabria es privatizar y es mala si lo hace el Gobierno del PP, pero no lo fue cuando el Gobierno PRC-PSOE destinó 91 millones de euros entre 2015 y 2023 al pago de las derivaciones a Santa Clotilde”.

Desde el PSOE, la replica he venido mediante la portavoz de la Comisión Ejecutiva Autonómica, Ainoa Quiñones, ha advertido de que “no es lo mismo firmar un mega contrato, por la puerta de atrás, sin publicidad y a dedo” que los contratos público-privados “para complementar a la sanidad pública” , por periodos de cuatro años“, ha respondido por alusiones a gobiernos anteriores.

La portavoz socialista ha especificado que “durante décadas todos los gobiernos han firmado convenios” para servicios no clínicos con concursos público, con licitación y adjudicación con bases, por periodos de cuatro años, como rige la ley de contratos con la administración pública, “y con objetivos a cumplir para recibir la financiación”.

En un comunicado de prensa, Quiñones ha matizado que el PSOE “no cuestiona el papel complementario de los hospitales privados” que tiene el Servicio Cántabro de Salud, pero ha contrapuesto el modelo habitual con Santa Clotilde con el nuevo convenio singular: “No es lo mismo ni parecido; una cosa es la colaboración público- privada, que se ha hecho siempre, y otra iniciar la privatización sanitaria en Cantabria privatizando servicios básicos como los cribados de cáncer de mama y de colón”, ha argumentado.

Quiñones ha subrayado que le preocupa que “mientras se recorta y deteriora” la sanidad pública en Cantabria con el Gobierno del PP, “se destinan 256 millones de euros a un hospital privado”, con la presidenta Buruaga (PP), “estamos ante el principio del fin de la sanidad pública en Cantabria”..

“Un pelotazo a la sanidad”

Ainoa Quiñones ha reiterado que el convenio singular es “un pelotazo a la sanidad pública en toda regla que la hipoteca durante las próximas dos décadas”.

“Comenzó este desmantelamiento en 2011 privatizando por 900 millones de euros los servicios no sanitarios del Hospital Valdecilla, y vuelve al ataque ahora con este mega contrato con Santa Clotilde por 256 millones, en el que hay más oscuros que claros”, ha denunciado Quiñones en su comunicado.

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras en Cantabria ha acusado a la presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, y al consejero de Salud, César Pascual, de “secuestrar sindicatos afines para canjearlos por negociación política para los presupuestos”.

Una acusación que se produce tras la firma, este martes, de la adenda al Pacto por la Sanidad entre el Gobierno regional, el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico, y tras la que ha anunciado que llamará a todo el personal del Servicio Cántabro de Salud y a la ciudadanía en general a salir a las calles en defensa de sus derechos laborales y de una sanidad pública “justa y equitativa”.

En un comunicado, el sindicato ha denunciado que el Ejecutivo ha “vuelto a vulnerar de forma flagrante los derechos sindicales y la negociación colectiva dinamitando la sanidad pública con pactos opacos y sectoriales que atentan contra los derechos no sólo del personal de la sanidad sino también de la ciudadanía y que, además, suponen una traición hacia un bien común, esencial e imprescindible como es la salud”.

La federación ha criticado la forma de actuar del Gobierno tras conocer la firma de la adenda de un pacto rubricado en 2024 por el Colegio y el Sindicato Médico, “excluyendo de manera deliberada al resto de organizaciones sindicales con representación legal y sacando de la mesa sectorial preacuerdos que ya estaban iniciados”.

Para CCOO Sanidad, este nuevo acuerdo constituye un paso más en una estrategia del Gobierno basada en “imponer decisiones unilaterales y seleccionar interlocutores que caen rendidos a sus pies sólo por el hecho de que les prometan dinero sin haber presupuestos”.

Se trata, en su opinión, de un sindicato que “se cree las mentiras y el humo, que son incautos y se prestan al juego de Buruaga, permitiendo que les tomen como rehenes de sus intereses políticos y arrogándose una representación que en las urnas no tienen”.

A juicio de la secretaria general de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO en Cantabria, Arantxa Cossio, “lo que ahora se ha escenificado” no es un pacto por la sanidad pública sino “un acuerdo parcial, corporativo, opaco, oscuro y profundamente antisindical, que vulnera derechos fundamentales de representación y negociación y que encima recoge muchos aspectos que ya están sobre la mesa, es decir, no es más que una venta de humo”. Cossio lo ha definido como “caciquismo en estado puro que vuelve a poner de manifiesto el desprecio de este Gobierno al resto de los profesionales, a los que deja al margen”.

Exclusión del resto de profesionales sanitarios

Para la representación sindical, el Gobierno de Cantabria “está jugando con dinero público que debería servir para la mejora de la sanidad pública y de las condiciones laborales de toda su plantilla” porque “un médico no puede hacer toda la actividad extraordinaria él solo: necesita al resto de categorías, que el equipo trabaje al completo”. Por eso, al sindicato le resulta “intolerable que se gaste el dinero de los impuestos de todos en hacer ricos sólo a una parte y ni siquiera a todos”.

“La presidenta saca pecho diciendo que se consolida el modelo sanitario invirtiendo en profesional médico, pero lo que de verdad ocurre es que se excluye a otros profesionales, generando discriminaciones y desigualdades”, ha censurado CCOO, así como que se ofrecen subidas salariales y peonadas “como solución parcial a problemas estructurales sin planificación integral y sin diálogo con las organizaciones sindicales que representamos al conjunto de la plantilla”.

“Privatización encubierta”

Tras denunciar “la férrea apuesta (del Gobierno) por la privatización encubierta, tal y como ha sucedido con el convenio con Santa Clotilde”, el sindicato ha insistido en que estos acuerdos selectivos “rompen la cohesión del sistema y consolidan un modelo que camina hacia la privatización de servicios y la externalización de la actividad ordinaria”.

Según CCOO, “Buruaga hace lo mismo que critica del Gobierno central: acusa de sectarismo, pero en Cantabria modifica normas para beneficiar solo a un grupo profesional y sin negociación real con los interlocutores legales”, ha sostenido Cossío, para quien “Buruaga está demostrando ser la peor presidenta que jamás hemos tenido para la sanidad pública porque miente de forma descarada a la ciudadanía, lo que vende es la nada y encima compra voluntades con promesas vacías”.

En diciembre de 2024, la lista de espera para el servicio de cardiología del hospital comarcal Sierrallana era de 80 días; en noviembre de 2025, pasó a 180 y, en febrero de 2026, la cifra está en 160 días para una plantilla de 10 profesionales.

El consejero de Salud del Gobierno de Cantabria, César Pascual (PP), ha admitido este lunes que el servicio de cardiología de Sierrallana afronta “demoras excesivas”, pero “no faltan cardiólogos” porque la plantilla “está completa”, ha respondido a preguntas de la diputada del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), Paula Fernández, durante el pleno parlamentario.

Sobre las demoras en el servicio de cardiología, Pascual ha considerado “que tienen una justificación que no encontramos, para ser un hospital que no tiene intervenciones complejas”.

Sin embargo, los datos del PRC y del PP no han coincidido: si en noviembre de 2025, había ocho especialistas de diez -tras una baja y una renuncia-, el PRC ha advertido este lunes que ahora hay solo nueve profesionales, pese a la reciente incorporación de un cardiólogo. “No está la plantilla completa”, ha advertido Fernández antes de plantear el contexto de la especialidad: “En este momento, si un médico pide una consulta con especialista de cardiología, las fechas que le dan son hasta septiembre”. 

Ante esta situación, Pascual ha asegurado que el Servicio Cántabro de Salud (SCS) “está buscando un nuevo jefe de sección, reordenando agendas y redistribuyendo cargas asistenciales” para cubrir ausencias puntuales, además de evaluando el desempeño.

“¿Son objetivos económicos?”

En este sentido, Fernández ha explicado que para reducir la demora, los especialistas han ofrecido un plan de choque para hacer jornadas de tarde de marzo a mayo para reducir tiempos: “¿Por qué se rechaza ese plan?, son objetivos financieros o económicos?”, ha cuestionado la diputada del PRC.

Pascual ha respondido que la direccion médica “está evaluando” la propuesta: “no hay ninguna razón para que se rechace nada, ni es un criterio económico”. A lo que ha añadido: “Las agendas no son de los médicos, no es su propiedad privada, se negocia, pero la responsabilidad asistencial es de la dirección médica y se traslada a los jefes de servicio”.

El Patronato Municipal de Personas con Discapacidad ha convocado este martes una reunión de urgencia para abordar las “medidas legales” a tomar para “impedir la celebración de un encuentro pseudocientífico que vincula las vacunas con el autismo y enfermedades raras en Ciudad Real” y que está previsto para el próximo 28 de febrero en una sala privada de la capital provincial.

La cita ha contado con representantes de la Delegación Provincial de Sanidad, de los colegios profesionales de Médicos, Farmacéuticos y Enfermería, y de las asociaciones Autismo España, Poco Frecuentes y Alianza de Enfermedades Raras, además del resto de entidades que integran el Patronato, un total de 32.

Posición unánime de “rechazo” al evento

La posición de rechazo a este evento ha sido unánime por parte de todos ellos, y así ha quedado recogido en un comunicado conjunto, tal y como ha explicado la concejala de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Ciudad Real, Aurora Galisteo.

“Ciudad Real ha dicho frontalmente que no, no va a entrar en el juego, no quiere la celebración de un congreso pseudocientífico, y de esta reunión ha salido ese manifiesto en el que mostramos nuestro rechazo”, y es que ese firme respaldo ha sido contundente, “una imagen vale más que mil palabras: todos unidos, todos a favor de la ciencia. Ha costado mucho trabajo llegar hasta aquí, las entidades lo saben, trabajan 365 días al año y no podemos tirar por tierra ahora con bulos, con desinformación y con pseudociencia esa labor que tantas y tantas personas han realizado y ha costado mucho reconocer”.

Ciudad Real ha dicho frontalmente que no, no va a entrar en el juego, no quiere la celebración de un congreso pseudocientífico, y de esta reunión ha salido ese manifiesto en el que mostramos nuestro rechazo

Aurora Galisteo — Concejala de Servicios Sociales de Ciudad Real

La Consejería de Sanidad estudia elevar la denuncia a la Fiscalía

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Ciudad Real están estudiando las medidas legales que se puedan adoptar contra la sala que tiene previsto acoger el evento y que figura en la cartelería como organizadora del mismo. Igualmente, desde la Consejería de Sanidad también se está trabajando para elevar la correspondiente denuncia a la Fiscalía, una denuncia que el Colegio Oficial de Médicos de Ciudad Real, por su parte, ya tiene prácticamente ultimada.

En este sentido, tal y como ha explicado su presidente, Manuel Rayo, se ha trabajado con la Organización Médica Colegial y con el Consejo General de Colegios de Médicos, y ya se han perfilado actuaciones que han funcionado previamente en otras provincias como Alicante y Málaga donde se logró impedir la celebración de un encuentro de estas características.

“Desde el punto de vista del código deontológico estamos dispuestos a hacer las denuncias oportunas para que los médicos colegiados que participen en este tipo de actividades tengan las sanciones correspondientes de inhabilitación si a ello hubiese lugar. Hemos hablado con los Colegios de Médicos de Madrid, Gerona, Alicante, Málaga y Palma para que estos médicos que se apartan de la ética profesional, y que algunas de ellos ya han sido inhabilitados y sancionados de forma permanente en algún caso o temporal tengan el cumplido castigo en esta línea”, ha indicado Rayo, que ha asegurado que su organización permanecerá vigilante ante la posibilidad de que alguno de estos médicos carezca de la titulación necesaria para decir que son especialistas en alguna cosa.

La alarma en torno a este evento la dio Autismo España y su federación en Castilla-La Mancha que pidieron a las administraciones públicas impedirlo por la falsedad de sus argumentos.

Las tres investigaciones judiciales contra el Gobierno andaluz por irregularidades en la contratación a dedo con la sanidad privada siguen caminos divergentes.

Un juzgado de Sevilla acaba de dar carpetazo a la causa por prevaricación en los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Salud (SAS) entre 2020 y 2024, tras 15 meses de instrucción. Casi en paralelo, el juzgado de Cádiz que investigaba al SAS por malversación en el “fraccionamiento masivo e indebido” de contratos menores durante 2021 ha abierto una “pieza separada” para poner bajo la lupa la misma querella del PSOE que acaba de archivarse en Sevilla.

Este movimiento del juez Manuel Jesús Gómez, que pasó desapercibido en la última línea de una providencia firmada el pasado 4 de diciembre, ha empezado a caminar este lunes, cuando el magistrado imputó a dos altos cargos del SAS en Cádiz -el exgerente del hospital Puerta del Mar y el responsable de compras- y abrió una nueva línea de investigación. Ambos directivos tendrán que acudir a declarar al juzgado, acompañados de sus abogados, el próximo 24 de marzo.

La “ampliación” de la querella interpuesta por el PSOE, como acusación popular, viene a unificar las dos causas judiciales que salpican al Gobierno de Juan Manuel Moreno por adjudicaciones a dedo millonarias a la sanidad privada entre 2020 y 2024: el caso de los contratos troceados y el caso de los contratos de emergencia amparados en un Real Decreto ya derogado.

Ambos tienen el mismo origen: los informes “desfavorables” de la Intervención de la Junta de Andalucía que alertaron reiteradamente a la Consejería de Salud y al departamento de Hacienda de las “irregularidades” detectadas en los procedimientos de contratación del SAS con la sanidad privada, a dedo, sin publicidad ni concurrencia competitiva, y sorteando los controles habituales de los auditores.

La conexión entre ambas investigaciones forma parte de la estrategia procesal del PSOE, cuyos abogados han visto cómo, en apenas un mes, una de las causas se desinflaba, y otras dos cogían fuerza. La pieza separada que ha abierto el juez de Cádiz viene a corregir y ampliar la instrucción original, que partió de una denuncia de Podemos centrada exclusivamente en los contratos troceados del SAS.

Los socialistas, promotores de la querella por prevaricación contra los tres últimos gerentes del SAS en el juzgado de Sevilla, se personaron luego en el tribunal de Cádiz con la causa ya abierta, y con la idea de unificar todas sus denuncias en un mismo procedimiento.

Lo han logrado en este tribunal, pero también en otro de Córdoba, que ha abierto diligencias este mismo mes para investigar desde el principio tanto el abuso de los contratos menores -a través del fraccionamiento de un mismo contrato millonario por el mismo servicio y con la misma empresa para eludir los topes legales- como las prórrogas de los contratos de emergencia hasta 2024 usando un Real Decreto derogado en mayo de 2021, y en contra de las instrucciones de la propia Consejería de Hacienda.

La causa judicial abierta en Córdoba hace tres semanas, que instruye el magistrado José Luis Rodríguez Laínz, concentra toda la estrategia procesal del PSOE contra el “uso sistémico” de la adjudicación a dedo de contratos a empresas privadas, bien con la fórmula del contrato de emergencia, o bien a través del troceamiento recurrente de contratos menores.

La querella criminal se apoya, como las otras, en las denuncias que emitieron los interventores de la Junta de Andalucía en sus informes a posteriori de la contabilidad del SAS, de los ejercicios 2020, 2021, 2022 y 2023. “Dado que este incumplimiento ha sido advertido en anteriores informes y recomendaciones, se trata de una práctica mantenida en el tiempo y cuyo montante sigue siendo amplio”, reza uno de las últimas auditorías del supervisor, que obra en manos de los jueces.

Tanto en el juzgado de Sevilla, como en Cádiz y Córdoba, los socialistas habían presentado cientos de expedientes de gasto del SAS con empresas privadas para denunciar hasta cinco delitos de corrupción: prevaricación administrativa, falsedad documental, fraude en la contratación pública, malversación de fondos y pertenencia a organización criminal.

De momento, el juez de Cádiz investiga si el Gobierno de Moreno malversó fondos públicos y el juez de Córdoba se centra en los delitos “administrativos”. Con la ampliación de su querella, el PSOE ha logrado en Cádiz algo que el juez de Sevilla les denegó: reclamar “auxilio pericial” a la Intervención General del Estado para que analice, de forma “global”, todos los expedientes de gasto bajo sospecha y que elabore informes sobre la justificación de los contratos, sobre los precios que autorizó el SAS y “el daño producido al erario público, aun de manera aproximativa o potencial” debido a la falta de publicidad y concurrencia competitiva.

Comparar los precios antes y después de los contratos a dedo

El juzgado de Cádiz investiga un delito de malversación, no es de extrañar que el magistrado haya pedido a los interventores que “revisen los precios” que pagaba el SAS a la sanidad privada usando los contratos de emergencia o el fraccionamiento masivo, y que los compare con los precios estipulados para los mismos servicios en un contrato ordinario en abierto, que la Junta dejó de usar como regla general entre 2020 (inicio de la pandemia) hasta 2025.

Lo que busca el juez con esta “evaluación de contraste” entre los precios contratados [a dedo] y los resultantes de haberse seguido los debidos procedimientos de la Ley de Contratos del Sector Público, mediando publicidad y concurrencia, es aclarar “si existió o no, la debida justificación de la prestación de los servicios contratados y abonados”. Para ello, el magistrado también ha pedido una comparativa de precios de los servicios sanitarios contratados en otras comunidades autónomas.

El juzgado de Sevilla ha ordenado archivar la causa sin llegar a cotejar este desfase de precios, de hecho, en su auto niega de plano esta posibilidad: “La contratación se desarrolló con todas las empresas sanitarias hasta entonces contratantes con el SAS, siendo así que no consta empresa o asociación alguna que haya cuestionado la contratación de emergencia, como tampoco perjuicio a la Administración, ni por exceso de gasto, ni por pérdida de Fondos europeos”, reza el escrito.

En la querella criminal interpuesta contra los tres últimos gerentes del SAS, el PSOE llegó a cuantificar en más de 24 millones el delito de malversación de caudales públicos, una cifra que representa el 10% de los 243 millones adjudicados a dedo entre 2021 y 2023 que están bajo sospecha. Ese 10% es la rebaja media que suele haber en las contrataciones públicas de la Junta de Andalucía sobre los precios de licitación, cuando se usa el procedimiento abierto, con publicidad y concurrencia competitiva, a resultas de las distintas ofertas que hacen las empresas interesadas para hacerse con el contrato.

Según los denunciantes, el abuso de la contratación a dedo durante más de dos años restringió esa libre competencia, lo cual redundó en “una presunta e indiciaria lesión al caudal público andaluz”. 

Defensa de la legalidad de los contratos

El Gobierno de Moreno ha defendido en todo momento la legalidad de los contratos del SAS y ha sacado pecho de su gestión sanitaria tras el archivo de una de las causas. Sin embargo, cuando elDiario.es destapó los informes de la Intervención censurando el abuso de la contratación de emergencia entre 2021 y 2024, la Junta se apresuró a anunciar la cancelación de ese tipo de contratos 24 horas después de la publicación (14 de marzo de 2023).

Entre 2019 -antes de la pandemia de coronavirus- y 2025, el SAS orilló la contratación en abierto, con publicidad y concurrencia, para hacer adjudicaciones directas de servicios, obras y prestaciones a empresas privadas elegidas a dedo, encadenando todas las variantes que le permite la Ley de Contratos del Sector Público: el contrato de emergencia, el contrato menor y el contrato negociado sin publicidad.

Las tres variantes son legales, pero pueden dejar de serlo si la Administración no argumenta una urgente e imperiosa necesidad que justifique saltarse los controles regulares y evitar un procedimiento en abierto ante una situación sobrevenida, imprevista o catastrófica, como una dana. O como lo fue la pandemia de Covid-19.

Los interventores del SAS consideraron -y así lo plasmaron en una docena de informes- que la pandemia no justificaba el uso sistemático del contrato de emergencia ya en 2021. Y menos en 2022, 2023 y 2024. El juez José Antonio Gómez, que acaba de dar carpetazo a la investigación más avanzada sobre este asunto, admite en su auto ese cúmulo de “irregularidades” detectadas por los auditores, pero concluye que “no hay delito”.

Y defiende justo lo contrario, que el impacto de la pandemia en la presión asistencial andaluza seguía justificando la contratación a dedo dos años y medio después de que la Consejería de Hacienda remitiera un escrito a Salud para que dejara de hacerlo y limitara este sistema a un uso “residual”.

Los órganos de fiscalización interna reprochan a la Junta de Andalucía haber convertido estas figuras excepcionales de contratación en la regla general del SAS, por la que se adjudicaron a dedo cientos de millones de euros a un puñado de empresas privadas. El carpetazo a la causa abierta en Sevilla va camina de un recurso de apelación por parte de las acusaciones, PSOE y Podemos, aunque es probable que la Fiscalía Anticorrupción se inhiba.

Otros dos juzgados siguen investigando, por separado, la adjudicación a dedo de 243 millones de euros a clínicas privadas a través de contratos de emergencia entre 2021 y mediados de 2023, prorrogando dos años y medio la vigencia de un Real Decreto derogado, que el Gobierno central habilitó durante el primer año de la pandemia para flexibilizar las compras de suministros y la contratación de servicios por parte de las administraciones.

También se investiga si hubo malversación en la concesión de 235 millones de euros en cientos de contratos menores troceados en 2021 en Cádiz, donde está imputado el responsable provincial de compras del SAS, que ya declaró ante el juez, junto a los interventores provinciales que emitieron un durísimo informe denunciando el “abuso” de los contratos menores y el “fraccionamiento” masivo de esos contratos con una misma empresa y por la misma prestación.

La “libertad” de elegir hospital para los pacientes madrileños está saliendo cara a las arcas públicas y a los hospitales propiedad de la Comunidad de Madrid, según un informe interno de la Consejería de Sanidad, liderada por Fátima Matute, una profesional que ha trabajado en la sanidad pública y también para el grupo Quirón. Desde que Esperanza Aguirre abrió la puerta a los hospitales de gestión privada —hay cuatro de Quirón y uno de Ribera Salud— y a la libre elección de hospital —cada madrileño puede decidir en qué hospital se trata, le toque o no por zona—, la sangría de pacientes se acelera en la pública, mientras las empresas privadas logran más ingresos al conseguir más pacientes de fuera de su área, por los que facturan aparte.

Un documento resumen de la propia Consejería sobre los “Balances Intercentros” (BIC) –lo que se acaba pagando entre hospitales públicos y concertados como resultado del saldo final de pacientes de libre elección que han salido y entrado de cada uno– al que ha tenido acceso elDiario.es cifra el “impacto económico BIC” para la sanidad pública “por flujo de libre elección”, implantada por ley en 2009. Concretamente, entre 2018 y 2023 el Gobierno de Ayuso calcula que pagaron 1.268 millones por tratamientos de pacientes que estaban asignados a hospitales públicos y que se fueron a centros de gestión privada. Pese a todo, los gobiernos del PP desde que ganó la Comunidad Esperanza Aguirre en 2003 han defendido el sistema mixto público-privado como un ejemplo de eficacia. La última en hacerlo y en aumentar el dinero para conciertos privados, la actual presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Desde la pandemia, esas pérdidas de pacientes y el impacto económico que suponen para las cuentas públicas madrileñas (el Sermas tiene que pagar a las empresas concesionarias Quirón y Ribera Salud por tratamientos que ofrece en la pública si los pacientes quieren marcharse a la concertada) se han multiplicado y siempre en favor especialmente de la Fundación Jiménez Díaz, cuya captación de pacientes ha batido récord en 2024. Cuantos más pacientes absorben de fuera de su área las empresas privadas que gestionan hospitales públicos de Madrid, más ganan, ya que cobran por estos tratamientos a la Comunidad, como se hace a la inversa, cuando el paciente cambia de la concertada a la pública. Todo eso se anota en un sistema de información común y da lugar a ese Balance Intercentros, que sale en negativo para las arcas públicas.

Para 2018 (un año antes de que Díaz Ayuso fuera presidenta) la Consejería calcula un impacto negativo por la libre elección en el sistema de hospitales públicos de 174 millones. Al año siguiente fueron 181 millones. En la pandemia, el flujo de pacientes a la privada se ralentizó, por lo que los pagos extra al sistema sanitario concertado se contrajeron a 160 millones.

A partir de 2020, el Gobierno de Díaz Ayuso no ha parado de incrementar sus pagos a las dos multinacionales sanitarias y, paralelamente, ha aumentado el “impacto económico” en el sistema, como muestra su informe, debido a que se aceleró la marcha de pacientes. En 2021, la Consejería cifró el impacto en 192 millones, que se convirtieron en 263 en 2022 y acabaron en 298 en 2023, últimos datos disponibles. La mitad de ellos, por el flujo hacia la Jiménez Díaz (con un impacto de 149 millones que hubo que pagar ese año a ese hospital por este motivo, según el mismo informe interno de Sanidad). En el penúltimo Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 2025 se aprobó pagar más dinero, 176 millones, para los 97.000 pacientes que había conseguido captar este hospital de otras áreas en 2024, lo que confirmaría que la tendencia de pagos de la Consejería de Sanidad por la libre elección se han acelerado más desde 2023, el último año del que aparecen en el informe datos disponibles.

¿Cómo es posible que el sistema público, sostenido con más fondos, donde se hacen los tratamientos más complejos y con tantos medios y profesionales, esté perdiendo pacientes y, por tanto, haya que pagar dinero extra a las empresas concertadas a las que ya se les paga un fijo por atender a su población? La libre elección puso a competir a empresas públicas y privadas por los mismos pacientes de Madrid, pese a que la naturaleza de ambas es distinta. Por ejemplo, si una empresa pública quiere comprar sábanas, tendrá que licitar y sacar a concurso público la compra, algo que tiene unas garantías para los contribuyentes y que puede demorar meses. Quirón o Ribera Salud simplemente tienen que buscar una empresa que les resulte conveniente y pagar. Esto se aplica a bienes, servicios y al personal, que en los hospitales de gestión privada tienen contratos, salarios y derechos y flexibilidad conforme a la empresa privada.

Además, los controles y auditorías en la pública son exhaustivos y completos, mientras que en la privatizada se analiza la facturación por muestreo y no están sujetos a la Ley de Contratos del Sector Público. En la pública no se pueden establecer estrategias para captar pacientes con objetivos meramente económicos. En la de gestión privada, como demostraron los audios de Torrejón y una investigación de elDiario.es, se usa la lista de espera como palanca para captar y atender antes a pacientes de fuera del área, por los que se cobra un plus. Es decir, hay lista de espera A y B para intentar recibir pacientes de otras áreas, algo ilegal en la pública, que ve cómo sus pacientes asignados se marchan buscando listas de espera más cortas, habitaciones individuales o partos en bañera, todos ellos elementos que han activado las empresas que gestionan hospitales públicos para lograr pacientes “no cápita”.

Se ofrecen cirugías antes o incluso pruebas de madrugada. Según datos oficiales, en 2024 Ribera Salud y Quirón captaron casi 250.000 pacientes de libre elección, los más rentables, ya que la Comunidad paga por sus tratamientos al margen del canon fijo que tiene establecido cada año con estas compañías (y que se calcula según los habitantes que tiene la zona en la que está el centro hospitalario). El caso de la Fundación Jiménez Díaz es especial porque tiene un “convenio singular”. No cobra un canon, sino por paciente y tratamiento, con unos precios que la Cámara de Cuentas los puso en cuestión.

Aunque el Gobierno de Ayuso y la propia presidenta han defendido siempre la eficiencia del sistema público-privado y la libre elección sanitaria, el documento elaborado en la parte económica de la Consejería de Sanidad deja al descubierto que hay un impacto negativo para el sistema público, que debe pagar por esos tratamientos a empresas de gestión indirecta de manera extraordinaria según un flujo de pacientes que a la sanidad pública le sale a pagar. El documento cuantifica también en qué hospitales está siendo más gravosa la libre elección, lo que se cuantifica en millones también. En el periodo 2018-2023, los hospitales públicos de gestión directa que se vieron más perjudicados por las marchas y que más contribuyeron a los pagos a las empresas concertadas, según este informe, fueron el de Móstoles (que tiene al lado la competencia del hospital concertado Rey Juan Carlos de Quirón), el hospital de Fuenlabrada, Getafe y La Paz de Madrid. Los que no se vieron afectados y que presentaron un impacto económico positivo fueron el Hospital de Majadahonda, el Gregorio Marañón y el centro hospitalario de Alcorcón (el documento no incluye el hospital Santa Cristina, Niño Jesús ni el de la Cruz Roja).

La Consejería de Sanidad asegura que estos datos responden a “actividad realizada” y fuentes oficiales especifican que “al paciente no le obliga nadie a elegir los hospitales de gestión indirecta [privada], de hecho pueden elegir cualquier de los 37 hospitales de la Comunidad. Tenemos los mejores centros y además dejamos que el paciente elija libremente dónde quiere ser atendido. Lo demás es demagogia y una interpretación sesgada y absolutamente partidista por parte de la izquierda”.

Tras concluir la primera semana de paros a los que estaban llamados médicos de Castilla-La Mancha y España, la huelga no se ha desconvocado. De esta manera, el Sindicato Médico de Castilla-La Mancha (CESM-CLM) advierte: en el próximo año podrían retomarse las movilizaciones si la Consejería de Sanidad no negocia, entre otras demandas la implantación de la carrera profesional.

Así lo ha señalado el presidente del colectivo Jorge Curiel, en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha. Ha insistido en que la Consejería sigue sin llamar a reunión al Comité de Huelga para negociar sobre las demandas que les han llevado a convocar los paros, algo que ha recordado que es una “obligación” que marca la ley.

Por eso insiste en que si sigue sin haber novedades en las negociaciones con la entrada del 2026 se interpondrá una denuncia contra la Consejería por “obstrucción sindical”.

“Si para la vuelta de las Navidades no tenemos un calendario de negociación, pues lógicamente adoptaremos las medidas que marca la ley en España y les obligaremos a sentarse”, afirma Curiel, añadiendo que en ese caso también establecerían nuevas fechas de huelga.

El presidente de CESM-CLM ha asegurado que el sindicato estará atento al debate de Presupuestos para 2026 que se celebrará mañana miércoles en el Parlamento Regional. “Hay varias enmiendas sobre la carrera profesional sanitaria. Estaremos pendientes a ver qué argumentos da el Gobierno regional y si finalmente se aprueban esas enmiendas o pasan el rodillo de la mayoría absoluta y nos confirman que no nos quieren dar la carrera profesional. Entonces, ya todo quedaría a la negociación en el ámbito de la huelga”.

La convocatoria o no de nuevos paros en Castilla-La Mancha se realizaría de forma paralela a lo que suceda a nivel nacional, ya que las negociaciones para continuar o no con la huelga en toda España se están llevando con el Ministerio de Sanidad sobre las competencias que dicho organismo tiene atribuidas, aunque la mayoría corresponden a las comunidades autónomas.

En ese sentido, desde CESM recuerdan que están llamados a reunión por el Ministerio este miércoles, si bien avisan de que “de la evolución de estas reuniones dependerá la continuidad de la huelga y las próximas movilizaciones que se lleven a cabo”.

Qué piden los sindicatos convocantes

Por tanto, la huelga de los médicos, facultativos y residentes tiene, para el Sindicato Médico castellanomanchego, dos frentes de negociación: nacional y regional.

A nivel estatal, las peticiones que hacen los sindicatos convocantes (CESM y el Sindicato Médico Andaluz) son un estatuto profesional propio, una clasificación profesional adecuada y una regulación “digna” de la jornada laboral y las guardias. También piden la declaración de la Medicina como profesión de riesgo, la eliminación de la movilidad forzosa y la no discriminación del régimen de incompatibilidades.

Por su parte, en Castilla-La Mancha las demandas giran también en torno a la recuperación de la carrera profesional. Los sindicatos regionales también piden que se cumpla el acuerdo de la Atención Primaria y revisar las plantillas en Atención Primaria y Hospitalaria porque “estamos absolutamente desbordados”, lamenta Curiel.

El Sescam asegura que “ya cumplió”

Consultado por este medio sobre la situación de las negociaciones, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (Sescam) asegura que “ya cumplió” con su obligación legal de negociar, cuando el pasado 5 de diciembre mantuvo una reunión con el Comité de huelga “designado a nivel nacional para esta convocatoria”.

Además, el Sescam asegura que quiere estar “en los foros de negociación que hay en el ámbito nacional, que es el ámbito de huelga convocado hasta ahora”. “No tenemos noticias de ninguna convocatoria autonómica. En cuanto haya una convocatoria autonómica nos sentaremos con el comité de huelga regional”, concluye la institución dependiente de la Consejería de Sanidad de Castilla-La Mancha.

El otoño fue la última estación de Tina, la enferma de ELA de 70 años que renunció a la posibilidad de prolongar su vida con una traqueotomía porque ni tenía dinero para pagar los cuidados profesionales que requiere. La ayuda que garantiza la Ley no llegó a tiempo y ella no quiso “esclavizar” más a sus hijas que han pasado el último año velando por ella día y noche.

22 días después de contar su historia a elDiario.es, Tina se despidió de la vida en una habitación del Hospital Sierrallana, donde con tanto afecto la habían tratado siempre. La denuncia pública de su situación en los medios de comunicación -el dilema que tuvo resolver en contra de su propia esperanza de vida- no obtuvo ninguna respuesta.

Ninguna institución escuchó su grito de socorro. Su hija Reyes confirma que nadie se puso en contacto con ellos para facilitar ninguna ayuda o solución y así poder hacer intervención que podría haberle dado más tiempo de vida.

“No quiero esclavizar a mis hijas” -argumentaba hace solo unas semanas desde su casa de Los Corrales de Buelna. La familia asumía todos los cuidados sin ninguna ayuda ni económica ni profesional por parte de la sanidad o los servicios sociales públicos.

Sus dos hijas habían tenido que dejar de trabajar para asearla, alimentarla, acompañarla a las visitas médicas y estar pendientes de la asistencia respiratoria constante. La parálisis de Tina era ya casi total, no podía tragar y se alimentaba con batidos a través de una sonda por el estómago.

Tres días antes de morir, el Congreso aprobó por unanimidad un real decreto para financiar, por fin, la ley ELA para que las personas en fase avanzada de esta enfermedad tengan derecho a una prestación de hasta 10.000 euros al mes.

500 millones de euros para reforzar el sistema de dependencia y atender 24 horas a estos enfermos que no han llegado a tiempo para tratar de prolongar la vida de Tina. “Mi madre podría estar con nosotras y no lo está por culpa de estas ayudas”, dice su hija. La familia, ahora, solo espera que lleguen pronto y no tengan que morir más personas.

Que no vuelva a repetirse, que ningún otro paciente de ELA tenga que renunciar a la vida como lamentó Tina: “Me siento un poco abandonada y obligada a morir”.

La huelga a la que los médicos y facultativos de toda Castilla-La Mancha están llamados desde este martes hasta el próximo 12 de diciembre va a conservar los servicios mínimos decretados por la Consejería de Sanidad y que el Sindicato Médico consideraba “desproporcionados”.

Ha sido el propio consejero del ramo, Jesús Fernández Sanz, quien ha confirmado este miércoles que el juez ha desestimado la denuncia de los sindicatos a los servicios mínimos. “Así lo esperábamos porque no tienen razón y porque además el juez lo dice claramente en su sentencia. Ni siquiera nos han contrapuesto otra postura”, ha manifestado el consejero de Sanidad.

El recurso se presentó ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJ-CLM) para impugnar la resolución de la Consejería de Sanidad decretando unos servicios mínimos del 100% en determinadas unidades por razones de servicio, del 33% en Atención Hospitalaria y Especializada y del 25% en Atención Primaria. La crítica se basaba en que no se negociaron con el Comité de Huelga, “a pesar de las solicitudes formales de diálogo realizadas por el Sindicato Médico”, además de que los consideraban “desproporcionados”.

El Sindicato Médico estudia recurso ante el Supremo

De hecho, el Sindicato Médico, tras conocer la decisión del Alto Tribunal castellanomanchego ha matizado que el auto “indica expresamente que contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante la Sala Tercera del Tribunal Supremo” y esta es una vía que CESM-CLM “analizará para continuar defendiendo los derechos del colectivo”.

También ha solicitado a todos los médicos, facultativos y residentes que “recopilen los datos de las agendas impuestas como servicios mínimos”, con el fin de analizarlas y proceder, según explican, “a denunciar todas aquellas irregularidades que puedan vulnerar derechos laborales o constitucionales”.

El Sindicato Médico mantiene que el SESCAM “está forzando situaciones que sobrecargan injustificadamente a los médicos, facultativos y residentes, castigándoles y restringiendo presuntamente de forma inconstitucional el derecho de huelga”.

Precisamente este martes, durante la primera jornada de huelga, Juan José García Cruz, presidente del sindicato de médicos SIMEFYR-CLM, amenazaba con poner a Fernández Sanz “una denuncia penal” por ir “en contra de un derecho fundamental como es el derecho a la huelga”, ya que, a su parecer, “se está obligando a compañeros a hacer intervenciones no urgentes, intervenciones demorables, en nombre de su decreto de servicios mínimos”.

Críticas al Ministerio por negociar sin las comunidades

Mientras, el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz ha defendido hoy el derecho a la huelga, pero también a la asistencia médica y a que se puedan compaginar ambas situaciones. “Eso lo estamos haciendo”, ha dicho, para recordar que este martes hubo un seguimiento del 34 por ciento y espera un seguimiento del paro parecido en el día de hoy.

Consciente de que es una huelga de cuatro días, el consejero ha dicho que el Gobierno regional va a seguir trabajado para que tenga “la menor repercusión posible en las personas”.

En este punto, ha criticado al Ministerio de Sanidad por haber decidido negociar con los sindicatos médicos sin llamar a las comunidades. “Esperemos que esto, después de estos cuatro días, vuelva a tener a una situación de diálogo porque estamos convencidos desde Castilla-La Mancha que una renovación del estatuto es absolutamente necesaria”.

“El Ministerio tomó una decisión que es reunir a los sindicatos exclusivamente de médicos pero nosotros también creemos que es mejor un estatuto para todas las personas y hablar con todo el ámbito, con todos los profesionales, no solo con el ámbito de los médicos”, ha sostenido.

Así, ha calificado de “poco afortunadas” las declaraciones de la ministra del ramo, Mónica García, y ha abundado en que “flaco favor” se hace al sistema si se piensa en un estatuto diferenciado para alguna categoría, “como en este caso los médicos y sin contar con las comunidades autónomas que somos los responsables de la prestación de asistencia”.

“Por lo tanto, creo desde Castilla-La Mancha que no somos culpables de nada que tenga que ver con el no diálogo y estamos abiertos a seguir trabajando en el diálogo con los profesionales y con sus representantes para aliviar este conflicto”, ha concluido.

El Tribunal de Cuentas recomienda reforzar los controles financieros sobre el Servicio Cántabro de Salud, dado el volumen del presupuesto que gestiona. El informe de fiscalización de las cuentas de Cantabria, correspondiente a 2023 y publicado el 27 de noviembre, pone en evidencia “la existencia reiterada de gastos realizados que no disponen de dotación presupuestaria” en este organismo dependiente de la Consejería de Salud por “deficiencias en la adecuación del presupuesto inicial”.

El análisis indica que resulta relevante el hecho de que el SCS, en virtud de lo que disponen sus estatutos, no está sometido a la función interventora, la cual ha sido sustituida por el control financiero que a su juicio resulta insuficiente.

El Tribunal aconseja modificar las normas reguladoras del régimen de funcionamiento del Servicio Cántabro de Salud, el Servicio Cántabro de Empleo y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales para que sea obligatorio que tengan presupuestos propios y rindan cuentas independientes respecto de la Cuenta Anual de la Administración General.

De manera especial pone el acento en que el presupuesto del Servicio Cántabro de Salud se adapte a las necesidades reales de gasto de cada año para evitar gastos extras sin dotación y reducir, al mismo tiempo, la necesidad de endeudarse.

Una recomendación recurrente que se hace cada año. El informe de las cuentas de 2022 subrayaba que las necesidades reales de gasto del SCS habían requerido incrementar su presupuesto en 130 millones de euros.

De hecho, el análisis actual señala una irregularidad –salvedad, en términos contables– en la gestión de las cuentas de Cantabria porque se imputaron al presupuesto de 2023 gastos procedentes de ejercicios anteriores –y que, por tanto, se debían haber reconocido en tales ejercicios– por importe de 115 millones de euros, un 36,3 % más que en 2022. Fecha en la que ya se había producido un aumento interanual del 4,7 %.

De este importe, 64 millones corresponden al Servicio Cántabro de Salud (SCS). Son gastos que se hacen sin disponer de crédito y que se han reconocido –erróneamente desde el punto de vista contable y fiscal– como si se tratara de obligaciones ordinarias de ese año. Todos ellos proceden de obligaciones comprometidas sin disponer de dinero suficiente en el ejercicio en el que se generaron.

El análisis también señala que, en sentido contrario, no se imputaron a presupuesto 109 millones de euros correspondientes a obligaciones generadas en el ejercicio, de los que 61.926 miles corresponden al SCS. En consecuencia, las obligaciones reconocidas están sobrevaloradas en 5,7 millones de euros.

En el análisis de la liquidación del presupuesto de Cantabria de 2023 el Tribunal de Cuentas detecta algunas incidencias más. En primer lugar, se presenta una sucesión de partidas presupuestarias sin ordenar ni agregar por capítulos, secciones y programas, “lo que resta claridad a la información suministrada y dificulta el análisis”, reprocha.

Las recomendaciones que hace el informe son, en general, recurrentes y muy técnicas. El documento evidencia algunos datos relevantes como que en 2023 se dejaron de gastar 228 millones de euros que quedaron sin ejecutar. De igual modo, tampoco se gestionaron otros 216 millones de euros correspondientes al fondo de Recuperación y Resiliencia.

Salvedades

El informe reprocha las modificaciones financiadas con créditos del programa del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia que han sido “una práctica habitual en lugar de excepcional como prevé la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2023”. Es decir, que se ha utilizado ese dinero para modificar gastaos presupuestarios, lo cual no es un procedimiento correcto desde el punto de vista contable y financiero.

Al tiempo, censura que no adjunta información sobre los presupuestos de la Universidad de Cantabria, ni los correspondientes a las sociedades Aberekin, S.A., Parque Empresarial de Cantabria, S.L. y Gran Casino del Sardinero, S.A. que no están sometidos a control.

Añade que en los organismos “sobre los que no se ejerce la función interventora” y, en especial, sobre el Servicio Cántabro de Salud y sobre el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo, las actuaciones de control financiero “resultan insuficientes”.

De hecho, subraya que no se realizan controles sobre la Universidad de Cantabria, ni tampoco sobre tres de las once fundaciones públicas autonómicas, ni sobre 18 de las 19 empresas públicas, pese a que –precisa– todas estas instituciones han sometido a auditoría sus correspondientes cuentas anuales. En resumen, el Gobierno de Cantabria solo acreditó informes de control de eficacia sobre la actividad de 8 entidades públicas.

El análisis subraya algunas otras cuestiones menores como que el Instituto Cántabro de Estadística (ICANE) no tiene registrada la cesión gratuita por la Consejería de Economía y Hacienda de las instalaciones en las que desarrolla su actividad, o que la Oficina de Calidad Alimentaria (ODECA) no ha acreditado el registro contable de la cesión de uso de un inmueble y de un despacho de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad.

Por parte de la Universidad de Cantabria destaca que no ha incluido en su memoria económica la obligatoria explicación del grado de cumplimiento de los objetivos programados y de las desviaciones entre las partidas inicialmente aprobadas y las ejecutadas por lo que las considera “cuestionables”.