La mesa de contratación del Ayuntamiento de Santander ha propuesto adjudicar a la empresa Copsesa, por importe de 416.091 euros, las obras de renovación urbana del tramo final de la calle Sol, desde el paseo de Menéndez Pelayo hasta la rotonda de la Sardinera.

El proyecto incluye la ampliación de aceras, el asfaltado del vial, la plantación de arbolado y la renovación de las redes de abastecimiento y saneamiento, ha indicado el concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, César Díaz.

Con ello, se pretende conseguir que la calle sea más accesible, resolviendo las dificultades que plantea en la actualidad, e incorporando además vegetación y nuevo mobiliario urbano que mejoren la imagen y contribuyan a generar un espacio “más amable, funcional y atractivo”.

Además, ha agregado que la intervención en este tramo supondrá completar los trabajos realizados con anterioridad en el resto de la calle Sol, y continuar con las actuaciones de renovación urbana que el Ayuntamiento está desarrollando por distintos puntos de la ciudad.

El proyecto planteado en este caso, que ha sido redactado por los servicios municipales y tiene un plazo de ejecución de cinco meses, afectará al tramo comprendido entre el paseo de Menéndez Pelayo y la calle Casimiro Sainz.

Uno de los principales problemas que presenta este tramo de la calle Sol es la sucesión de diferentes niveles, barandillas y escaleras en las aceras que dificultan el tránsito peatonal.

Además, en muchos casos no se alcanza la anchura mínima de accesibilidad, ha apuntado el edil.

Con esta intervención se ensancharán las aceras con el fin de habilitar un recorrido peatonal con la amplitud suficiente para evitar esos obstáculos y escaleras de acceso a los edificios, y se renovará todo el pavimento con la colocación de nuevas baldosas y bordillos.

Asimismo, se acometerá la renovación integral de las escaleras de la calle Antonio Quirós, regularizando su geometría, adaptando los peldaños a las normativas de accesibilidad y cambiando los pasamanos y barandillas.

La actuación contempla también el asfaltado del vial, la colocación de nuevo mobiliario urbano y la plantación de 20 perales de flor, dotando así de espacios verdes a esta zona, que carece en la actualidad de arbolado.

En cuanto a la red de abastecimiento, se sustituirán las actuales conducciones de fibrocemento, hierro fundido y polietileno por otras nuevas de fundición dúctil que seguirán un nuevo trazado.

Asimismo, se renovarán todas las acometidas de las viviendas y locales y se instalarán válvulas, bocas de riego y un nuevo hidrante a propuesta del servicio de Bomberos.

Por último, se mejorará también la red de saneamiento con la sustitución de los colectores actuales por otros de PVC, se cambiarán las acometidas y se colocarán nuevos sumideros en los bordes de la calzada para la recogida de las aguas pluviales.

Ni finales de 2010, ni mediados de 2016; las obras del Centro Deportivo de Monte acabarán en febrero de 2017. Esa es la nueva fecha que maneja el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Santander para poner al servicio de los vecinos una infraestructura cuyo proyecto se presentó en el año 2007, que comenzó a ejecutarse en 2009 y que estaba prevista finalizar en 2010.

La nueva previsión de fin de obra la ha anunciado este jueves el alcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna (PP), que ha girado una visita a los trabajos de construcción, los cuales se han intensificado en los últimos meses después de permanecer parados durante un larguísimo tiempo. Hacía más de un lustro que De la Serna, promotor del proyecto al comienzo de su primera legislatura como regidor -esta es la tercera-, no visitaba el esqueleto del centro.

De hecho, los populares han guardado silencio en torno al retraso en la puesta en funcionamiento de esta dotación, salvo cuando el grupo socialista ha denunciado en diversas ocasiones la demora, así como el cabreo de los vecinos, que en 2009 perdieron una parcela pública para ganar un “cementerio”, como bautizaron a este espacio muerto.

La ejecución de las obras corre a cuenta de la UTE Montemar, liderada por Copsesa -la empresa del exalcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio (PP)- e integrada inicialmente por Excavaciones Saiz, que se retiró del proyecto al poco de iniciarse tras entrar en concurso de acreedores.

Este considerable retraso en la apertura del centro deportivo ha sido saldado por el Consistorio santanderino con dos sanciones a Copsesa, una por valor de 1.800 euros y otra de 900, tal y como publicó eldiario.es Cantabria.

Durante la visista, De la Serna ha manifestado su satisfacción porque el proyecto haya podido salir adelante después de “ciertas dificultades” y los trabajos se estén desarrollando actualmente “a pleno rendimiento”.

Además, el alcalde ha destacado que supone una inversión productiva de alrededor de 9,5 millones de euros -medio millón más de lo inicialmente previsto-, fruto de la colaboración público-privada, a través de una concesión, por lo que esta dotación “no le cuesta ni un solo euro al Ayuntamiento”, según ha subrayado.

El Centro Deportivo de Monte, con capacidad para atender la demanda de unos 9.000 usuarios, tendrá una superficie total construida de unos 8.750 metros cuadrados distribuidos en un sótano, planta baja, primera planta y azotea.

Sobrecostes Copsesa

Entre el año 2007 y 2013, el Ayuntamiento de Santander adjudicó mediante concurso público a Copsesa 13 obras, de las cuales más de la mitad -siete- conllevaron posteriormente sobrecostes, la mayoría no justificados conveniente según el Tribunal de Cuentas.

En total, la empresa propiedad de Domingo San Emterio recibió de las arcas públicas más de 13 millones de euros -sin contar las adjudicaciones de las sociedades municipales-, una quinta parte correspondiente a modificados de obra.

El 75 aniversario del incendio que en 1941 arrasó buena parte del centro histórico de Santander no es la única conmemoración que se rememora en la ciudad este 15 de febrero. Tal día como hoy, hace justo un año, el corazón de Amparo Pérez dejó de latir. Durante meses, la anciana de 86 años luchó para que el equipo de Gobierno (PP) negociara una solución consensuada a la expropiación de su casa, donde la Administración local había proyectado construir un vial de apenas 800 metros de longitud que uniría la autovía S-20 con la Avenida de Los Castros.

Pese al apoyo social que despertó la historia de Amparo y los múltiples intentos que ella y su familia protagonizaron por alcanzar un acuerdo, los populares, capitaneados por Íñigo de la Serna, siguieron adelante con sus planes, tramitaron una orden de desalojo y ordenaron el derribo de la vivienda a la empresa que ejecutaba las obras -COPSESA, propiedad del exalcalde de Ramales de la Victoria, Domingo San Emeterio, también del PP-.

El 9 de febrero una pala excavadora echaba abajo en pocos minutos los cimientos que Amparo y su marido habían levantado en la década de los 50 con sus propias manos y la ayuda de algunos amigos en una finca cedida por un familiar. La demolición se produjo con la anciana en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, donde cinco días antes había ingresado por problemas respiratorios provocados por la angustia de perder su casa. Al día siguiente, vencía el plazo judicial para desalojar la vivienda.

“Todo fue muy rápido. El 4 la llevé a Valdecilla, el 5 nació mi niña y el 9 tiraron la casa”, recuerda su nieto Marco Santamaría, quien en todo momento permaneció junto a su abuela al tiempo que se convertía en padre primerizo de una niña que Amparo no llegó a conocer.

Como no podía ser de otro modo, el 15 de febrero es un día muy triste para la familia, que todavía no ha logrado pasar página. “Está todo muy reciente. Parece que fue ayer”, señala Marco, quien ha acudido a la 'Concentración por la dignidad y memoria de Amparo Pérez' que se ha celebrado esta tarde frente a la sede del Ayuntamiento y que ha sido convocada por diversos asociaciones y plataformas ciudadanas.          

Cerca de un centenar de personas se han concentrado de forma silenciosa en recuerdo a la octogenaria mujer que se ha convertido en un símbolo de “lucha, entusiasmo, fuerza y coraje”. Ha sido y es un ejemplo para vecinos como los de Prado San Roque o Río de la Pila, que se han organizado para defender sus viviendas de nuevos planes urbanísticos y expropiaciones. En su caso, no es un nuevo vial lo que justifica el derribo de sus casas, sino la construcción de unas nuevas, más lujosas.

Igualmente, han estado presentes miembros de la Asociación para la Defensa de la Senda Costera, de la Plataforma DEBA y afectados por el incendio de Tetuán, entre otros. Tras este acto, que ha concluido con un minuto de silencio, La Vorágine ha celebrado una sesión de 'micro abierto' en la que quienes lo han deseado han tomado la palabra para dedicar unas palabras de homenaje y, además, se ha mostrado un vídeo testimonio.   

Así, Marco agradece las numerosas muestras de apoyo que ha recibido de estos colectivos, de personas anónimas conmovidas por la historia de su abuela y también de representantes de algunos partidos políticos. Por ejemplo, los tres diputados de Podemos han lucido en la sesión plenaria de este lunes crespón negro en recuerdo a Amparo.

El caso aún sigue abierto en los tribunales. El juez ha ordenado una peritación independiente del inmueble, tasado por el Ayuntamiento en 79.000 euros. 

Esa cifra aparece al sumar sendas sanciones urbanísticas de 90.151,81 euros impuestas a la Junta Vecinal de Arce y a la constructora Copsesa

Izquierda Unida denuncia que el Ayuntamiento de Piélagos ha dejado de percibir 180.303,62 euros al no liquidar dos sanciones urbanísticas impuestas a la Junta Vecinal de Puente Arce y a la constructora Copsesa por valor de 90.151,81 euros respectivamente.

“Nuestra sorpresa fue mayúscula cuando descubrimos, mientras revisábamos las relaciones entre las Juntas Vecinales y el Ayuntamiento, que la sanción no había sido ejecutada”, señala el concejal de IU en la localidad, Rubén V. Carrillo, que remarca la situación de “bloqueo” generada, pues al no liquidarse la sanción se corría el riesgo de que prescribiese.

Según sus datos, la historia de esta multa sin cobrar comienza en 2013. A principios de ese año, se iniciaron unos trabajos de tala y relleno de un terreno de alisos en una finca comunal propiedad de la Junta Vecinal de Arce, situada junto al río Pas en una zona de protección del POL y de Costas, y a escasos 20 metros, entonces, del Lugar de Importancia Comunitaria (LIC), junto al río. “El objetivo, con el tiempo se supo, era establecer un vertedero ilegal”, remarca el edil a través de una nota de prensa.

Al detectar esa actuación, SEO/Bird Life y Ecologistas en Acción Cantabria la denunciaron ante el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (SEPRONA), la Dirección General de Montes, la Demarcación de Costas y la Consejería de Medio Ambiente, pidiendo la paralización de los movimientos de tierras y las talas, algo que llevo a cabo el SEPRONA.

Así, las diferentes administraciones implicadas requirieron al Ayuntamiento de Piélagos, gobernado entonces con mayoría absoluta por el Partido Popular, que abriese un expediente sancionador urbanístico tanto a la empresa como a la Junta Vecinal, gobernada entonces, como ahora, por José Manuel Alegría (PP). Dicho expediente finalizó el 11 de febrero de 2014, cuando el Pleno del Ayuntamiento impuso las multas señaladas.

“Son más de 180.000 euros que el Gobierno del PP decidió no cobrar para beneficiar a una empresa privada, muy vinculada a la administración pública, y a un compañero de partido”, subraya el concejal de la formación de izquierdas.

“Siguiendo nuestra vocación de servicio público, y como no podía ser de otra forma, hemos puesto esta anomalía en conocimiento de la alcaldesa, Verónica Samperio (PSOE), quien nos ha asegurado que ha procedido a la ejecución inmediata de las sanciones”, concluye el representante de IU en Piélagos.

“Las obras del centro deportivo de Monte arrancan esta semana tras cuatro años paradas”; “Las obras del centro deportivo de Monte se reanudarán en noviembre”; “Las obras del centro deportivo de Monte se aceleran”. Son algunos de los muchos titulares de prensa con los que el Ayuntamiento de Santander y Copsesa han anunciado en distintas ocasiones la reanudación de los trabajos de construcción de esta infraestructura deportiva, cuyas obras permanecen prácticamente paralizadas desde 2009, el mismo año en el que se adjudicaron, y ello pese a que debían de estar finalizadas desde 2010.    

La realidad es que el centro deportivo de Monte va camino de convertirse en la obra del Escorial, aquella que el rey Felipe II mandó levantar para conmemorar la victoria de San Quintín contra Francia y que duró 22 años. La que ejecuta la empresa del exalcalde de Ramales de la Victoria, Domingo San Emeterio (PP), en la capital cántabra acumula ya un lustro de retraso y, por el momento, tanto la constructora como el Ayuntamiento guardan silencio sobre los plazos previstos para su finalización, así como sobre los causas por las que no se retoman las obras.

Según la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, el equipo de Gobierno, presidido por Íñigo de la Serna (PP), ha aprobado un modificado del proyecto, del que tampoco se ha informado públicamente. En el acuerdo, aprobado el pasado 14 de diciembre, no se especifica si dicha modificación conlleva un sobrecoste, tal y como sí sucedió con otros proyectos que esta sociedad llevó anteriormente en la ciudad, como los 200.000 euros adicionales en la promoción de 111 VPO de La Albericia o los 220.000 euros en el vial de Amparo Pérez, entre otros.

La explicación con la que se da cuenta de la reforma es muy breve y tan solo hace referencia a una “nueva reorganización de los espacios dedicados a los usuarios, la optimización de las zonas sin uso, además de hacer más viable la solución estructural y técnica del proyecto”, sin entrar en más detalles. El cambio ha sido propuesto por la empresa y cuenta con el visto bueno de los servicios técnicos municipales, según se hace constar en la resolución.

Los técnicos municipales ya hacían referencia en un informe fechado con anterioridad a que la reforma del proyecto presentada por la promotora era una de las causas del retraso en la conclusión de las obras, rechazando así que la demora fuera debida a la dilación en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana, como esgrimía Copsesa. De este modo, a comienzos de este mes, los populares sancionaron a la empresa con 1.800 euros, optando por no rescindir el contrato, posibilidad que también recoge el pliego de condiciones ante una falta calificada como “muy grave”.

A esa cantidad se suman otros 900 euros con los que Copsesa ya había sido multada. Por el momento, el lustro de retraso en la ejecución del centro deportivo se ha saldado con 2.700 euros de sanción.

La construcción del Centro Deportivo de Monte parece el 'cuento de nunca acabar'. La UTE Montemar acumula ya más de cinco años de retraso en la ejecución de la obra, que debía haber concluido en el año 2010 y que, sin embargo, a día de hoy se encuentra varada y a medio realizar. Por el momento, el Ayuntamiento de Santander ha saldado este lustro de demora con dos multas que, en conjunto, no llegan a los 3.000 euros.

La última sanción ha sido aprobada el pasado 15 de noviembre por la Junta de Gobierno local y asciende a 1.800 euros por una infracción que ha sido calificada de “muy grave”, según recoge el documento al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria. El Consistorio santanderino ha optado por una sanción económica y ha rehusado emplear el derecho que le otorga el pliego de condiciones de rescindir el contrato a la UTE, que está formada únicamente por Copsesa, la sociedad del exalcalde de Ramales de la Victoria, Domingo San Emeterio (PP). 

El expediente sancionador se inició el pasado 15 de agosto y ahora se han resuelto las alegaciones presentadas por esta empresa, las cuales han sido desestimadas. Los técnicos municipales rechazan que la tardanza en la construcción se deba al retraso en la aprobación del nuevo Plan General de la ciudad, como esgrimía la constructora, sino que lo achacan a la modificación del proyecto de edificación inicial llevado a cabo por los promotores.

“La presentación de un proyecto reformado y de una concreción de equipamiento con posterioridad a la concesión de la licencia, obedecen a la exclusiva necesidad de los actuantes de materializar un edificio diferente del aprobado y que no tiene cabida con el planeamiento anterior y, en menor medida, de subsanar errores cometidos durante la ejecución de la obra (por lo que se refiere a la modificación de la cota de planta baja)”, destaca el informe elaborado por el arquitecto municipal. 

Al mismo tiempo, el instructor del proceso recuerda que el contrato fue firmado el 26 de marzo de 2009, aunque el acta de replanteo, que determina el inicio oficial de las obras, se retrasó hasta el 16 de marzo de 2012 por motivos que no se especifican. En cualquier caso, subraya que se ha sobrepasado el periodo establecido y cita literalmente lo que dice el pliego de condiciones al respecto: “El plazo máximo de ejecución de la totalidad de las obras en instalaciones interiores y exteriores será de 20 meses a partir de la fecha de su comienzo. Estos plazos no podrán ser objeto de demora bajo ningún pretexto (…)”. 

Estos hechos son considerados como una “falta muy grave” que, tal y como recoge el artículo 22 del contrato, “podrá ser sancionada con multa de hasta 1.800 euros, y/o con la resolución del contrato”.

Se trata de la segunda sanción a esta empresa en lo que va de año por el mismo motivo, ya que el pasado mes de febrero fue multada por la administración municipal con 900 euros. En aquella ocasión, la única alegación presentada por la concesionaria aludía a que había actuado “de buena fe” y justificaba que el retraso en la finalización de las obras se produjo “por causa ajena a su voluntad”. En este sentido, alegó que una de las empresas que formaban la UTE, Excavaciones Saiz S.A., entró en concurso de acreedores y abandonó el proyecto, lo que ocasionó demora en la ejecución de las obras. 

Unión Progreso y Democracia (UPyD) ha pedido a la Comisión Europea que continúe la investigación abierta en torno a la planta de aglomerado asfáltico de la empresa Copsesa en Igollo (Camargo, Cantabria) “sin demoras”, ya que a juicio del partido magenta no debe haberlas cuando se trata de delitos relacionados con la salud y el medio ambiente.

Así lo ha expresado este lunes en Santander la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa en un encuentro con los medios convocado a propósito de la proyección, este lunes a las 19 horas, en la sede del Colegio Oficial de Arquitectos de Cantabria en Santander, en la calle Aguayos 5, del documental 'TóxicaCOrrupción', sobre “delitos ecológicos y chanchullos” en este municipio cántabro.

En la comparecencia, en la que ha estado acompañada por el candidato de UPyD al Congreso por Cantabria, Román San Emeterio Pedraja, representantes de Ecologistas en Acción y vecinos de Camargo, la eurodiputada ha explicado que han pedido agilizar la investigación porque el asunto en torno a la fábrica -cerrada por sentencia judicial y que al parecer carecería de licencia y control ambiental, según una denuncia de los ecologistas- es lo “suficientemente serio” como para que “no se pierdan días”.

Pagazaurtundúa ha recordado además que su partido preguntó en Bruselas, en enero de este año, sobre el proyecto de asfalto ecológico por el que la empresa recibió más de 634.000 euros de fondos europeos y sin que, en principio, habría construido las instalaciones necesarias. Ante esta solicitud, la Comisión Europea requirió en abril aclaraciones para seguir la investigación ante la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), que es competente en el asunto.

Tras esto, el pasado mes de octubre UPyD se volvió a dirigir a la Comisión para solicitar un nuevo encuentro, del que podría formar parte incluso los ecologistas y vecinos, e instar a que no haya “demoras” en la investigación del caso, al tratarse de posibles delitos contra la salud y el medio ambiente.

En este sentido, la europarlamentaria ha reflexionado que en muchos lugares estos temas se tratan con “frivolidad” y “oportunidad política”, favoreciendo así la “corrupción” a través de “amiguetes” que están en el poder y que “en vez de cumplir las leyes, miran para otro lado”. Y en el caso de Copsesa podrían verse afectados, además, intereses financieros, según ha agregado Pagazaurtundúa, en alusión a las ayudas europeas.

Nuevas imputaciones

Por su parte, Floren Enríquez, portavoz de Ecologistas en Acción, ha informado de que este colectivo ha ampliado la denuncia interpuesta ante la Fiscalía de Cantabria por la planta de Copsesa, al considerar que se ha incurrido en más delitos de los ya denunciados y, también, para pedir nuevas imputaciones, ocho en total, entre políticos y funcionarios que la organización considera que estarían involucrados.

Ahora están imputados por esta causa el exalcalde de Ramales de la Victoria y propietario de la constructora, Domingo San Emeterio (PP), y el anterior director general de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, David Redondo. También lo estuvo el director de Industria, y Ecologistas recurrió el auto por el que dejaba de estar imputado.

Con motivo de esta causa, que sigue abierta, se están investigando dos denuncias en la vía penal, y cuatro en los juzgados de lo contencioso administrativo, por posible malversación y alzamiento de bienes y probables delitos contra el medido ambiente, ordenación del territorio, desobediencia, prevaricación y tráfico de influencias, según ha detallado Enríquez.

“Cementerios clandestinos”

Otro portavoz de Ecologistas, Bernardo García, se ha referido a la concentración de residuos en Camargo, como el cerca de medio millón de toneladas de escorias en la cantera de Emilio Bolado, que ha tachado de “ilegal”. Ha añadido al respecto que este vertido no se ha podido hacer “de espaldas” a la administración porque “no es un vertido puntual”.

A ello se suman otras 2.000 toneladas más de escorias almacenadas en la cantera de Candesa, que serían contrarias también a la Ley de residuos.

Según el ecologista, los primeros vertidos estarían próximos a una zona residencial y sobre un acuífero, cerca de una captación de agua para el suministro a Camargo. Además, ha apuntado que llevarlos a un centro de gestión adecuado costaría más de 10 millones de euros.

Un vecino del Valle, José María García, presente en la rueda de prensa ha pedido que “se empiecen a controlar” estos “cementerios clandestinos” de residuos, pues la gestión de los mismos en el municipio tiene “tintes mafiosos”.

El PP, “responsable directo”

Además, este hombre ha criticado que el PP lleve en sus listas al Congreso y el Senado con motivo de las próximas elecciones generales del 20 de diciembre al exconsejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, que encabeza la lista a la Cámara Alta, o al exalcalde e Camargo, Diego Movellán, número 3 a la Cámara Baja.

Y es que a juicio de este vecino, Fernández “se asegura” así su aforamiento, cuando tanto él como el que fuera regidor son “responsables directos” del “descalabro sanitario y medioambiental” en Camargo.

La empresa pública Cantur necesitará apoyarse en la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por Copsesa y Casli para sacar adelante uno de los proyectos estrella del Gobierno de Ignacio Diego durante la presente legislatura: la innivación artificial de la Estación de Esquí de Alto Campoo. Los cañones de nieve de la instalación deportiva supondrán una inversión cercana a los diez millones de euros, que correrá a cargo de estas compañías, tras la firma del contrato de adjudicación que se produjo esta semana.

A falta de un mes para la celebración de las elecciones autonómicas y municipales, se ha querido dar un impulso a la estación campurriana con un proyecto que está previsto que comience esta primavera y se alargue durante los meses de verano para poder dar por finalizadas las obras de cara al comienzo de la próxima temporada de esquí.

Según ha podido saber este diario, el compromiso de las empresas adjudicatarias bajo la marca UTE Nieve Alto Campoo - integrada por la cántabra Copsesa, única empresa de Cantabria que se ha presentado al concurso, y Casli, una compañía madrileña con décadas de experiencia en el sector- es finalizar los trabajos en el menor tiempo posible. Según sus estimaciones, estas obras generarán más de 25 empleos directos, a los que hay que añadir otros de carácter indirecto e inducido, derivados de las obras de ejecución de la infraestructura.

El Gobierno aseguró que los nuevos pliegos han buscado “la mayor seguridad jurídica posible”, tras la paralización del proceso de adjudicación por una reclamación que se resolvió a favor del Ejecutivo autonómico, e incluyen las modificaciones indicadas por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, así como el suministro de una cinta cubierta para transporte de esquiadores a ubicar en la zona conocida como La Calgosa.

Una instalación “imprescindible”

El proyecto tutelado por Roberto Media, responsable de Sodercán, supondrá que los nuevos cañones incrementarán en casi 28.000 personas el número medio de esquiadores que cada año registra la instalación pública, ya que su instalación permitirá abrir a la estación 120 días al año, cuando media actual es de 75 días, según los cálculos de Cantur. En consecuencia, se calcula que la facturación de Alto Campoo aumentará cerca de un 80% con respecto a temporadas anteriores. La oferta presentada por la UTE Nieve Alto Campoo-Copsesa y Casli- ha sido la más ventajosa para el Gobierno Regional, ya que les permite financiar la operación a cinco años, sin tener que hacer frente a ningún tipo de interés financiero.

Ha sido voluntad del Ejecutivo “potenciar” este recurso turístico “tan importante para Campoo” y buscar “usos alternativos” para la estación fuera de la temporada de nieve, objetivos éstos que coinciden, precisamente, con los ejes fundamentales de actuación del Plan Director de Alto Campoo, que se elaboró en 2012.

La instalación de este sistema se supone que logrará garantizar la viabilidad económica de la estación, reforzar su papel económico de la comarca e incrementar su competitividad. La estación de Alto Campoo es la única del entorno que no cuenta con cañones de nieve artificial.

En palabras del máximo responsable de Cantur, “su instalación significará, además, una menor dependencia de los ingresos de la presencia de nieve natural y, por tanto, una menor incertidumbre en cuanto a la planificación económica, incentivando así la venta de forfaits de larga duración y mejorando la imagen de la estación”, según ha subrayado ante las reiteras críticas de la oposición.

El caso de la planta de aglomerado asfáltico de Igollo sigue avanzando en los tribunales. El Juzgado de Instrucción número 4 de Santander ha sumado una nueva imputación, la del director general de Medio Ambiente, David Redondo. El magistrado que instruye la causa, Luis Enrique García Delgado, considera que este dirigente del Gobierno de Cantabria no ha justificado debidamente por qué no informó acerca de la pertinencia de tramitar o no la declaración de impacto medioambiental por parte de la empresa propietaria de la fábrica, Copsesa.

A pesar de que fue requerido en dos ocasiones, el director general de Medio Ambiente no emitió ningún informe, lo que permitió reanudar la actividad de la fábrica, según destaca el propio juez en un auto fechado el 5 de marzo y dado a conocer este martes por la Plataforma de Vecinos Aire Limpio y Ecologistas en Acción, personados en el caso. En la causa, que se encuentra en fase de diligencias previas, también están imputados el director general de Industria, Fernando Javier Rodríguez, y el gerente de Copsesa, José Domingo San Emeterio.

Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma sobre los trabajos que se estaban realizando en las instalaciones fabriles sin tener todas las licencias en regla. Apoyados por Ecologistas en Acción, presentaron una denuncia ante los Juzgados, y la Consejería de Medio Ambiente acordó el cierre de la actividad, una decisión que comunicó a la Consejería de Industria y a los ayuntamientos de Camargo y Santander, territorios donde se ubican las instalaciones.

Tanto la Consejería de Industria como el Ayuntamiento de Camargo ordenaron en un principio el cierre de las instalaciones, pero la empresa lo recurrió alegando que “en ningún momento” se le solicitó la declaración de impacto medioambiental por parte de la Administración pública cuando en 2012 compró las instalaciones a los herederos de Emilio Bolado.

El recurso de Copsesa ante la Consejería de Industria no fue contestado por Medio Ambiente, departamento al que se había solicitado la emisión de un informe que aclara si era necesaria o no dicha declaración. El juez valora que el director general, aun conociendo que el plazo legal para responder era de un mes, no respondió a los dos requerimientos de la Consejería de Industria.

Esta falta de respuesta en el plazo legal de un mes por parte responsable de Medio Ambiente a los requerimientos de Industria ha sido determinante para que el juez le cite a declarar el 5 de junio como imputado por un posible delito de prevaricación administrativa omisiva y otro contra el medio ambiente, tal y como destacan desde Ecologistas en Acción.

David Redondo deberá responder ante el juez sobre la obligación o no de que Copsesa tenga que tramitar la declaración de impacto ambiental, las razones del cambio de criterio de su Dirección General y la aclaración sobre si se han producido cambios o no en la planta de aglomerado asfáltico de la empresa.

Más imputaciones

Tanto la plataforma vecinal como Ecologistas en Acción Cantabria se han felicitado por esta nueva imputación que esperan que “no sea la última”. En un comunicado, han denunciado el “despropósito” que se ha producido con las autorizaciones. Según relatan, primero fue la “negligencia” de las administraciones que “autorizaron el traspaso del negocio sin control alguno”. Después, la autorización del inicio de la actividad sin tener las autorizaciones legales, en especial, la ambiental, y la tardanza posterior en la orden de cierre. En cuarto lugar, señalan el “cambio de criterio” de ambas direcciones generales y del Ayuntamiento de Camargo, y en quinto lugar, que David Redondo dejara pasar el plazo legal de un mes sin contestar.

“Han tenido que ser los tribunales de justicia, tanto el de lo contencioso administrativo, como el penal de instrucción, quienes están poniendo las cosas en su sitio, obligando a respetar la legalidad, ya que algunas administraciones no lo han hecho y por ello, de momento, dos de sus responsables están imputados por dos posibles delitos”, han concluido.

Con Íñigo de la Serna (PP) al frente del Ayuntamiento de Santander, la empresa Copsesa, propiedad del alcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio (PP), ha ingresado de las arcas municipales más de 13 millones de euros, de los cuales una quinta parte -2,6 millones- corresponden a modificados de obra, es decir, a incrementos del precio aprobados con posterioridad a la adjudicación del concurso público. Estas cuantías corresponden a trece adjudicaciones y a siete modificados, lo que supone que más de la mitad de las obras ejecutadas por Copsesa en Santander conllevaron sobrecostes.

Entre estos modificados se encuentran el Centro de Interpretación Arqueológica de la Plaza Velarde, incluido en el 'Anillo Cultural'. Esta obra fue licitada por 1.216.638 euros y adjudicada en julio del año 2012 por 677.910 euros con un plazo de ejecución de seis meses. Al final, la obra supuso para las arcas públicas 1.216.506 euros, apenas 100 euros menos del precio inicial de licitación y casi el doble del precio de adjudicación. En total, 538.596 euros de incremento.

Anteriormente, Copsesa había llevado a cabo la reforma de esta misma plaza. La obra se presupuestó en 2.283.062 euros, pero la empresa licitó en 1.872.110 euros y ganó el concurso. Pero el descuento del 18% entre el presupuesto y la cantidad comprometida por Copsesa quedó prácticamente en nada, ya que la firma propuso una modificación y ganó 373.687 euros más, con la que la diferencia entre licitación y el precio final de la obra se quedó en este caso en unos 37.000 euros.

A más de medio millón de euros también ascendieron los cambios aprobados por el equipo de Gobierno en la mejora de las redes de abastecimiento y saneamiento en la calle Menéndez Pelayo y en la peatonalización de la calle Juan de Herrera, cuyo presupuesto inicial fue ligeramente superior a dos millones de euros en ambos casos.

Precisamente, el encarecimiento en la primera de estas obras fue puesto en cuestión por el Tribunal de Cuentas al considerar que no estaba justificado. Los modificados tienen que llevar siempre aparejados un informe técnico, pero ello no quita que estén lo suficientemente motivados como para aprobar un incremento del coste inicialmente establecido en el contrato de adjudicación, como advirtió el Tribunal.

Igualmente, la empresa del dirigente del PP ingresó 329.000, 176.600 y 172.500 euros por las 'desviaciones' en las obras de renovación urbana del área San Simón-Entrehuertas, la urbanización del terreno en la calle Colombia-Justicia y el carril bici entre Pronillo y el Complejo de La Albericia, respectivamente.

Estos datos, a los que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, corresponden a obras ejecutadas entre los años 2007 y 2013, con lo que no está contabilizado el último año y medio de la presente legislatura, la segunda de De la Serna como alcalde de la capital cántabra. Tampoco están incluidas las obras licitadas por las sociedades municipales dependientes del Ayuntamiento de Santander, como la Sociedad de Vivienda y Suelo o el Instituto Municipal de Deportes.

El caso Amparo

El encarecimiento en 220.000 euros conocido este lunes sobre el precio de adjudicación del nuevo vial que conectará la S-20 con la Avenida de los Castros -a cargo de la UTE formada por Copsesa e Isolux-Corsán- ha venido a echar más leña al fuego sobre una obra que ya se encontraba en el disparadero público, especialmente por la gestión del equipo de Gobierno en la expropiación y desalojo de Amparo Pérez.

Durante meses, el alcalde ha sostenido que pagar más de los 78.000 euros fijados por el justiprecio para la vivienda de esta mujer -de 90 metros cuadrados y 370 más de terreno- sería prevaricación, y apenas una semana después de su fallecimiento, el Ayuntamiento ha aprobado un modificado que conlleva un desembolso adicional de más de 200.000 euros, y ello sin dar explicación alguna más allá de apuntar que se ha debido a “causas geológicas y geotécnicas”, lo que ha suscitado las críticas del resto de partidos.

El secretario general del PSOE de Santander y candidato a la Alcaldía, Pedro Casares, ha destacado que esta forma de actuar del equipo de Gobierno “no es nueva” y que confirma la “falta de información” con que gestiona sus “macroproyectos de hormigón”. El regionalista José María Fuentes Pila ha criticado el “despilfarro y la falta de sensibilidad” de la que ha “hecho gala” el alcalde, al tiempo que ha destacado que “la bajadas temerarias a las que siguen modificados” comienzan a ser “la norma” en la contratación del Consistorio.

Para Podemos, De la Serna ha demostrado que “sus intereses están muy alejados de las necesidades de los ciudadanos y muy cercanos a aquellos que están haciendo la obra pública”. La Unión ha ido más allá y ha reclamado que se revoque el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

Otros incrementos

El modificado de las obras llevadas a cabo en Menéndez Pelayo no es el único que el Tribunal de Cuentas ha considerado como no justificado. Éste órgano, que se encarga de fiscalizar las cuentas de las Administraciones públicas, también ha puesto en cuestión, entre otros, el puente sobre la Vaguada de Las Llamas, conocido como el Puente Arenas, por un sobrecoste del 30% -1,3 millones de euros-.

Del mismo modo, el Tribunal de Cuentas ha mostrado sus recelos sobre la restauración y rehabilitación del Palacio de Riva Herrera de Santander (Pronillo), que concluyó con un retraso de un año y medio sobre el plazo inicial y un incremento presupuestario del 26,5%.

También el Centro de Acogida en la Avenida Candina, donde se autorizó un modificado días antes de la finalización de las obras, en las que hubo una desviación temporal del 62% respecto a la fecha inicial y un incremento presupuestario del 32,2%.

Más recientemente, a finales de 2014, el equipo de Gobierno dio el visto bueno a un sobrecoste de 220.000 euros en la construcción de las 111 viviendas de protección oficial que ejecuta la empresa Ascan en La Albericia, tal y como denunció la portavoz socialista en el Consistorio, Judith Pérez Ezquerra.

SOBRECOSTES EN LAS OBRAS DE COPSESA

La UTE formada por las empresas Isolux Corsán y Copsesa se embolsarán 222.000 euros más de lo previsto por la construcción del nuevo vial que conectará la autovía de El Sardinero S-20 con la Avenida de Los Castros. Y lo harán después de que el equipo municipal del PP haya aprobado este lunes en Junta de Gobierno Local un modificado del proyecto.

Los 'populares' no han especificado los motivos de este incremento del presupuesto más allá de señalar que se debe a “causas geológicas y geotécnicas” y que ha sido “a propuesta de los directores facultativos de la obra”.

De hecho, la información del modificado aparece 'oculto' dentro de un comunicado de prensa remitido por el Ayuntamiento de Santander en el que se destaca que ha aprobado el proyecto para la remodelación de la prolongación de la calle Juan José Pérez del Molino y su intersección con la Calle del Monte como parte de los acuerdos de Gobierno ratificados este lunes.

Fue el pasado 3 de junio de 2014, cuando la Junta aprobaba la adjudicación de la nueva conexión de la S-20 por un presupuesto de 3.795.601 euros y un plazo de ejecución de 14 meses. Un importe que ahora se incrementa en 222.042 euros, lo que supone un aumento del 5,85 por ciento. 

Este nuevo vial ha estado en el ojo del huracán después de que su construcción conllevara la expropiación de Amparo Pérez, la mujer de 86 años que falleció recientemente después de haber ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) el mismo día en que finalizaba la fecha límite para el desalojo de su vivienda.

Durante meses, el equipo de Gobierno se mostró inflexible a atender las peticiones de la anciana que, a cambio de abandonar la casa en la que había vivido durante las últimas seis décadas, reclamaba una vivienda en el mismo entorno y de similares características a su suya, con un pequeño terreno para poder conservar sus plantas y animales. 

Por su parte, el Consistorio ofertó a Amparo Pérez un apartamento de cuarenta metros cuadrados en la otra punta de la ciudad, en Peñacastillo, más el abono de 10.000 euros en concepto de IVA. Esta opción fue descartada desde el inicio por la anciana, ya que supondría alejarse del núcleo donde vive su familia.

La otra opción ofrecida por los 'populares' era algo más de 78.000 euros por una casa de 90 metros cuadrados y los 379 sobre los que se asentaba en plena Vaguada de las Llamas, una zona de expansión de la ciudad. Un precio al que se llegó después de una modificación en la calificación del suelo, que pasó de urbano a rústico en una de las últimas modificaciones del Plan General de Ordenación Urbana. 

El grupo conocido como 'La 9 de Anon' ha hackeado las páginas web de Copsesa e Isolux-Corsán, las empresas que ejecutan las obras de construcción del nuevo vial entre la autovía S-20 y la Avenida de Los Castros de Santander que conllevaron la expropiación de Amparo Pérez, la mujer de 86 años que falleció el pasado domingo después de permanecer varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Residencia Cantabria, donde ingresó un día antes de ser desalojada.

“Esta historia nos ha dolido... y hemos tenido que devolvérsela”, manifiestan en su perfil de twitter, donde cuelgan una imagen que ilustra el hackeo a la web y en la que, en lugar de la información de esta constructora, se puede leer: “Copsesa e Isolux derribaron la casa de una anciana que iba a ser desahuciada tres días después de su ingreso en la UVI. Para nosotros constituye un motivo suficiente para derribarles la web y dejarla tal como ellos dejaron la vivienda de Amparo”.

Actualmente, la web de Copsesa se encuentra bloqueada y cuando intentas acceder aparece el mensaje 'Not Found' (no encontrada). La web de Isolux Corsan también fue hackeada el pasado lunes, el día siguiente al que falleció Amparo, aunque ya se encuentra restablecida.

El Ayuntamiento de Santander ha afirmado este miércoles que la sanción aprobada contra la empresa Copsesa por la demora en la construcción del centro deportivo de Monte es “la máxima que recoge el pliego de condiciones”.

Esta dotación deportiva fue adjudicada por el Consistorio en marzo de 2009, con un presupuesto de más de nueve millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Sin embargo, desde entonces las obras han estado más tiempo paradas que en marcha, y lo que está llamado a ser un centro deportivo es a día de hoy un gran agujero hormigonado.

El equipo de Gobierno municipal ha aprobado este mes sancionar a la empresa con una multa de 900 euros. “La máxima que permite el pliego de condiciones para faltas calificadas como graves”, según ha manifestado a eldiario.es Cantabria un responsable municipal.

Además, los 'populares' han querido destacar que la adjudicataria ha abonado el canon de 100.000 euros exigido a cambio de la explotación a 50 años, así como que durante la Comisión del Instituto Municipal de Deportes celebrada en diciembre, el alcalde y presidente de éste órgano, Íñigo de la Serna, informó a la oposición del proceso sancionador, que “no puso reparos”.

El retraso de más de cuatro años en la construcción y puesta en marcha del centro deportivo, ubicado sobre una parcela municipal de 3.000 metros cuadrados, ha sido calificada por el instructor del procedimiento como “grave”.

El pliego de condiciones, consultado por este periódico, destaca que el plazo de ejecución de la obra “no podrá ser objeto de demora bajo ningún concepto” y otorga al Ayuntamiento la facultad de rescindir el contrato ante la reiteración de una falta grave. Si fuese así, el Consistorio tendría que volver a sacar a concurso público la obra.

Por su parte, José Domingo San Emeterio, responsable de Copsesa y a su vez alcalde de Ramales de la Victoria, ha afirmado que se “acelerarán los trabajos”, asegurando al mismo tiempo que el centro deportivo estará en funcionamiento “antes de que acabe 2015”.

Cuando el Ayuntamiento de Santander adjudicó la construcción del centro deportivo de Monte, el Racing de Santander jugaba la Copa de la UEFA, la tasa del paro en Cantabria rondaba el 12% y Miguel Ángel Revilla (PRC) y Dolores Gorostiaga (PSOE) estaban a mitad de su segunda legislatura de coalición. Era el año 2009. El equipo de Gobierno municipal, presidido por el actual alcalde, Íñigo de la Serna (PP), impulsó un proyecto para dotar al santanderino barrio de Monte de un centro deportivo. “Uno de los mejores”, manifestó el alcalde el 1 de abril de ese año, cuando colocó la primera piedra en un acto en el que el Ayuntamiento instaló una gran carpa para que los vecinos fuesen testigos del acontecimiento.   

Cinco años más tarde las obras apenas han avanzado, y lo que está llamado a ser un espacio de uso deportivo es actualmente un “cementerio”, como lo llaman algunos vecinos de la zona. 

Después de que la portavoz socialista en el Consistorio, Judith Pérez Ezquerra, denunciara en varias ocasiones que la obra había pasado a “dormir el sueño de los justos” y después de que su Grupo solicitara el 31 de octubre de 2014 una comisión extraordinaria del Instituto Municipal de Deportes (IMD), la sociedad municipal que licitó y adjudicó las obras, el Ayuntamiento inició el 1 de diciembre el procedimiento para sancionar a la empresa adjudicataria. 

El equipo de Gobierno acaba de cerrar ese expediente, que ha saldado con una multa de 900 euros a la UTE Montemar, encabezada por Copsesa, la empresa del alcalde de Ramales de la Victoria, José Domingo San Emeterio (PP).

Según relata el acuerdo de la Junta de Gobierno local, al que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, la concesionaria ha presentado una única alegación, en la que defiende que ha actuado “de buena fe” y justifica que el retraso en la finalización de las obras -previsto para finales de 2010, según anunció De la Serna- se ha producido “por causa ajena a su voluntad”. En este sentido, alega que una de las empresas que formaban la UTE, Excavaciones Saiz S.A., entró en concurso de acreedores, y por ello solicita el archivo del expediente. 

El instructor del procedimiento -que en la Junta de Gobierno no se especifica quién es- afirma que la empresa ha causado un “perjuicio notable al interés general” debido a la falta de la prestación del servicio y concluye que se trata de un “incumplimiento grave”, ya que ha rebasado el plazo de 20 meses fijado para la puesta en marcha de la instalación deportiva.

Recuerda, al respecto, que el pliego de condiciones del contrato establece que el plazo de construcción del centro deportivo no podrá ser objeto de demora “bajo ningún concepto”. El informe señala que el contrato se firmó el 26 de marzo de 2009 y el acto de comprobación del replanteo tres años después, con lo que el empleado municipal fija el inicio de las obras en el 16 de marzo de 2012. 

El técnico termina advirtiendo que la reiteración de la conducta por parte de la concesionaria puede dar lugar a la resolución del contrato.

La UTE Montemar dispone hasta el próximo 20 de marzo para ingresar en una de las cuentas del Ayuntamiento los 900 euros de sanción con los que se ha saldado la demora y el perjuicio social ocasionado a los vecinos, que desde 2009 están privados del uso y disfrute de esta parcela pública.   

Las obras y el proyecto

Los trabajos se han reanudado recientemente pero a un ritmo reposado. Este martes trabajaban en la obra dos operarios, uno con una pala y otro con una paleta, ambos ataviados con un chaleco de Copsesa. El de la pala descargaba los camiones que periódicamente llegaban cargados de piedra y el de la paleta indicaba las maniobras al camionero y se encargaba de retener el tráfico. Entre camión y camión charlaban tranquilamente, según se podía ver entre la valla que desde 2010 rodea el terreno. 

Los planes del Ayuntamiento de Santander de construir un centro deportivo sobre el antiguo campo de fútbol de Monte se remontan al año 2007. De la Serna, acompañado del concejal de Deportes, Luis Morante, presentó en rueda de prensa el proyecto, que inicialmente estaba previsto adjudicar en el año 2008.   

Fue a comienzos de 2009 cuando la UTE Montemar obtuvo la parcela de titularidad municipal mediante una concesión por un presupuesto cercano a los 9 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Según se anunció entonces, el centro deportivo ocupará una superficie de más de 3.000 metros cuadrados y contará con dos piscinas, áreas de spa, gimnasio, pistas de pádel, áreas de deporte al aire libre y un aparcamiento subterráneo.

Ante las críticas de la oposición, el equipo de Gobierno lamentó el “reiterado oportunismo” del PSOE que, a su modo de ver, “pone en evidencia su interés por tratar de sembrar dudas sobre la actuación del equipo de Gobierno para confundir a los vecinos, en lugar de trabajar por y para éstos”.