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El Ayuntamiento de Santander mantiene la fecha del desalojo de Amparo Pérez

La vecina de 86 años deberá abandonar la vivienda el 5 de febrero, después de que la reunión mantenida con el alcalde haya finalizado sin acuerdo y sin una propuesta en firme para encontrar un alojamiento a la anciana.

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Amparo Pérez e Íñigo de la Serna se reunieron en el Ayuntamiento de Santander.

Amparo Pérez e Íñigo de la Serna se reunieron en el Ayuntamiento de Santander.

La orden de entrada en el domicilio particular de Amparo Pérez se mantiene. El desalojo de esta mujer de 86 años, cuya vivienda ha sido expropiada por el Ayuntamiento de Santander para construir un nuevo vial, tiene como fecha límite el próximo 5 de febrero. La vía de diálogo abierta tras la primera reunión de la anciana y su familia con el alcalde de la ciudad, Íñigo de la Serna, después de meses de conflicto no ha sido suficiente para llegar a un acuerdo satisfactorio.

El encuentro celebrado en el despacho del regidor municipal, y en el que han estado presentes la afectada, Amparo Pérez; su nieta Mar Santamaría; el portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Santander, Juanma Sánchez, junto al alcalde y los concejales de Familia, Servicios Sociales y Protección Ciudadana, Antonio Gómez, y de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda, Cesar Díaz, ha concluido tras más de una hora de conversación con muy pocos avances.

La anciana, muy delicada de salud y con evidentes muestras de cansancio, ha comparecido en rueda de prensa entre sollozos, cediendo la palabra a su nieta, que ejerció como portavoz de la familia. "Mi abuela tiene que abandonar su casa el 5 de febrero, después de una situación de acoso increíble. Ella va a estar ahí hasta que conozca la alternativa, que intentaremos que llegue lo antes posible", ha explicado Mar Santamaría a los periodistas.

La familia, que presentó por escrito una petición para reunirse con el alcalde acompañada de más de 4.000 firmas de apoyo, ha querido hacer patente el sufrimiento que está padeciendo la anciana, que vive rodeada de la maquinaria que ejecuta la obra que propició la expropiación del que ha sido su hogar durante 60 años. "Queremos negociar una posible solución ante el derribo inminente de la casa", ha recordado.

Las alternativas propuestas por el Ayuntamiento de Santander durante la reunión se reducen a tres. En el primero de los casos proponen a la anciana que, si cumple los requisitos legales establecidos, solicite una de las viviendas sociales que saldrán próximamente a concurso y que se otorgarán a través de un sorteo.

Además, han propuesto a Amparo Pérez que acuda a los Servicios Sociales en busca de ayuda. Entre estas posibilidades, los responsables municipales han citado la ayuda a domicilio, la teleasistencia o el catering social, unos servicios a los que la mujer puede acogerse como cualquier otro vecino que lo necesite y que no resuelve el problema de alojamiento propiciado por la expropiación de su casa.

Como tercera opción, el alcalde ha ofrecido a Amparo Pérez y a su familia utilizar los recursos de la Sociedad de Vivienda y Suelo (SVS) de Santander a modo de 'agente inmobiliario', para rastrear el mercado privado y poner sobre la mesa la posibilidad de adquirir una vivienda en una zona cercana a su barrio, siempre a cargo de la afectada. También existe la posibilidad de buscar un alquiler asequible.

Tras la comparecencia pública, en la que Mar Santamaría reconoció albergar "una esperanza" tras abrir la vía de diálogo con el Ayuntamiento, la familia de Amparo Pérez ha enviado un comunicado a los medios de comunicación. Ahí, de forma más contundente, expresa su "frustración" porque el Consistorio no ofrece "soluciones reales ni rápidas" que lo comprometan.

"El dinero nunca ha sido el problema, sino la dignidad y el trato humano a sus casi 87 años. Durante el último año varios responsables del Ayuntamiento la han atacado a través de los medios de comunicación y han impulsado la obra generando una situación de acoso y hostigamiento a Amparo que soporta, a pocos metros de su casa, la maquinaria pesada que construye un vial que no se ha demostrado ni necesario, ni de carácter urgente", señalan en el texto.

Tras analizar las propuestas, emplazan a Íñigo de la Serna a ofrecer una solución "concreta" que ponga fin al sufrimiento de la anciana y agradecen la solidaridad de los vecinos, plataformas y movimientos sociales que la han ayudado en todo este tiempo. "No creemos que se pueda gobernar a base de decretos o de informes técnicos, sino que la sensibilidad y la humanidad deben formar parte de las capacidades de nuestros representantes", subraya la familia.

"Escrupulosamente legal"

El alcalde de Santander también ha comparecido en rueda de prensa escoltado por los ediles que lo han acompañado en la reunión. De la Serna no ha variado un ápice su discurso sobre este caso, y ha insistido en que "no se trata de un desahucio, sino de una expropiación". En esta línea, ha señalado que el Ayuntamiento ha seguido "rigurosamente" el procedimiento, que ha sido ratificado en los tribunales por tratarse de una obra de "interés general" y "escrupulosamente legal".

De hecho, ha recordado que ese vial está recogido en el planeamiento urbanístico y no es "ningún imprevisto", por lo que un retraso de la obra conllevaría daños económicos importantes para la UTE que se encarga de la construcción, formada por la empresa Copsesa -propiedad del alcalde de Ramales de la Victoria, también del Partido Popular- y por Isolux-Corsán -señalada por el Tribunal de Cuentas por el sobrecoste de un puente a escasos 500 metros del vial que se ejecuta ahora- y serios perjuicios para la ciudad.

Sobre el desalojo, ha augurado que se producirá "con normalidad" porque la vivienda ya es "propiedad municipal" y ha recordado que el plazo hasta el día 5 de febrero lo ha marcado el Consistorio porque consideraba conveniente dar un tiempo a la anciana para abandonar la casa.

En cuanto a la indemnización por la expropiación, que asciende a 79.000 euros, ha repetido que esta cuantía la ha fijado el Jurado Provincial de Expropiaciones y que el Ayuntamiento "no tiene margen ni capacidad para dar más" y, de hacerlo, "estaría incurriendo en prevaricación".

La expectativa, por tanto, sigue abierta a la espera de que el Ayuntamiento y la familia de Amparo Pérez vuelvan a establecer un contacto que acerque la solución definitiva. La idea pasa por buscar una casa similar a la que se le ha expropiado, para lo que el Consistorio utilizará las herramientas y recursos de los que dispone para realizar "un barrido" y localizar las viviendas particulares en venta y alquiler que hay en el entorno.

Principalmente, la búsqueda se centrará en las que están en venta y que cuenten con "algo de terreno", que es lo que quiere la anciana. Una vez hecha esa "prospección de las posibilidades", el alcalde ha indicado que el Ayuntamiento informará a la familia para que "si le parece adecuado" adquiera la que más se ajuste a lo que están buscando o la que consideren "la mejor opción" para que Amparo fije su nueva residencia.

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