Ha muerto Maribel Permuy, una mujer que era mucho más que la madre del cámara gallego José Couso. Su fallecimiento nos obliga a recordar su lucha incansable por obtener justicia para su hijo, asesinado en Bagdad por tropas estadounidenses en 2003, durante la invasión ilegal de Irak por los ejércitos de EEUU y Reino Unido.

Aquella invasión y ocupación ilegal del país se basó en dos grandes mentiras, ya sabidas en aquel momento, y que acabarían confirmándose pocos años después. Ni Irak tenía armas de destrucción masiva ni el régimen de Sadam Hussein mantenía relación alguna con Al Qaeda.

Sin embargo, una gran parte de los medios occidentales no cumplió con el principal deber de su oficio: dudar, hacerse preguntas, investigar y evitar asumir como única información válida la que procede de los grandes despachos (en este caso, de Washington y Londres). Esa propaganda normalizada fue el pecado original que desencadenó la muerte de miles de iraquíes solo en las primeras semanas de bombardeos, y también la del hijo de Maribel Permuy.

El crimen de guerra

Fuimos testigos del asesinato de José Couso, con quien llevábamos compartiendo semanas de duro trabajo en Bagdad. En menos de tres horas, en la mañana del 8 de abril de 2003, las tropas estadounidenses atacaron tres sedes de la prensa internacional -la de Al Jazeera, la del canal Abu Dhabi y el hotel Palestine- y mataron a tres periodistas: Tarek Ayoub, Taras Prosyuk y José Couso. Estos dos últimos se encontraban en el hotel Palestine, donde nos alojábamos más de doscientas personas que trabajábamos para medios de comunicación europeos y americanos, y donde no había ninguna amenaza para las tropas que invadían la capital iraquí.

Pese a ello, un tanque estadounidense giró su cañón hacia nuestro hotel, pidió permiso para actuar, esperó diez minutos -apuntándonos- obtuvo luz verde de sus superiores y disparó un proyectil de fragmentación contra el piso decimoquinto del Palestine, donde un equipo de Reuters filmaba desde su balcón y enviaba esas imágenes en tiempo real a numerosos medios de comunicación de todo el mundo. Aquella retransmisión quedó interrumpida de inmediato.

Un fragmento del proyectil mató casi en el acto al reportero ucraniano Taras Prosyuk, de la agencia internacional Reuters, e hirió a varios más, entre ellos a José Couso, quien grababa con su cámara desde un balcón del piso decimocuarto. Tres horas después, Couso fallecía en un hospital de la capital iraquí.

Las consecuencias de aquellos ataques estadounidenses fueron inmediatas y provocaron una oscuridad informativa hasta el día 9 de abril. Los periodistas tuvimos que barajar opciones de seguridad, trasladar a los heridos a diferentes hospitales y llorar a nuestros muertos. Por ello, no hay ni una sola imagen de las siguientes horas, en las que las tropas estadounidenses avanzaron para ocupar el centro de Bagdad.

El tanque estadounidense que mató a José Couso podía vernos perfectamente desde el puente desde el que nos disparó, y así lo comprobó el juez Santiago Pedraz años después, en una inspección in situ. Además, Washington sabía perfectamente que la prensa internacional se alojaba en el hotel Palestine de Bagdad, como posteriormente reconoció el secretario de Estado, Colin Powell.

Maribel defendió justicia para Couso, consciente de que la impunidad podría sentar un peligroso precedente contra la libertad de información

La lucha

Cuando regresamos de Bagdad conocimos a Maribel Permuy, la madre de Couso. No olvidamos sus primeras palabras. En lugar de exhibir su dolor, Maribel insistió en la importancia de defender justicia para su hijo, consciente de que la normalización de lo ocurrido podría sentar un peligroso precedente contra la libertad de información, como así ha ocurrido. Apenas habían transcurrido unas semanas desde que había recibido el cuerpo sin vida de su hijo y ya mostraba la determinación de trabajar hasta conseguir que el asesinato de José fuera juzgado por los tribunales.

Comenzaba así una lucha desigual, plagada de grandes obstáculos. Unos gobiernos la despreciaron y otros incumplieron lo que habían prometido. “Me han utilizado”, lamentaría posteriormente. A Aznar le vino mal que ni ella ni el resto de su familia aceptaran una medalla y un cheque a cambio de su silencio. El entonces presidente del Gobierno no pudo evitar que Couso se convirtiera en un símbolo más de la sinrazón que suponía haber involucrado a España en aquella maldita guerra.

Maribel no estaba sola. Contaba con sus cuatro hijos -quienes, como ella, se prometieron luchar para que el crimen contra su hermano no quedara impune- y con numerosos compañeros y amigos. Detrás, y aún más importantes, miles y miles de ciudadanos.

Si se permite que un crimen de guerra quede impune, estaremos abonando el terreno para más y mayores abusos en el futuro

Maribel Permuy

La muerte de José Couso no fue un accidente, ni un “gaje del oficio”. Fue un ataque premeditado sin justificación alguna. Así lo repitió ella siempre, en todas sus intervenciones públicas, en todas las concentraciones ante la embajada estadounidense, en todos los actos exigiendo justicia a los distintos gobiernos españoles, hasta hoy.

Maribel fue consciente muy pronto de que no peleaba solo por la memoria de José. Intentar impedir que su asesinato quedara impune suponía defender la libertad de prensa y la necesidad de hacer respetar las leyes internacionales SIEMPRE. “Si no hay justicia para José, se estará creando un peligroso precedente”, solía decirnos.

“Si se permite que hoy se incumpla la ley, que un crimen de guerra quede impune, estaremos abonando el terreno para más y mayores abusos en el futuro”, repetía. Solo hay que mirar hacia Palestina, donde los ataques israelíes han matado a más de doscientos periodistas en los últimos veintidós meses, para ser conscientes de la importancia de lo que defendía.

Solo hay que mirar hoy a Palestina para entender la importancia de lo que ella defendía

El proceso judicial

Paradójicamente, y a pesar de pelear contra Goliat, la Justicia también le dio la razón. Los distintos magistrados de la Audiencia Nacional que se hicieron cargo del caso -y, muy especialmente, Santiago Pedraz- avanzaron en la investigación, a pesar de las presiones de EEUU y de los obstáculos de la propia Fiscalía española.

El juez Pedraz recabó testimonios y pruebas que le permitieron concluir que había indicios sólidos de que la muerte de Couso fue un crimen de guerra. Desde su despacho salió una orden de búsqueda y captura contra tres de los militares estadounidenses que abrieron fuego contra el Hotel Palestina.

El magistrado viajó a Bagdad en 2011 y ratificó in situ todas y cada una de sus sospechas. “A mí la palabra que me queda de estos años es «dignidad» porque han intentado ningunearnos, han intentado anularnos y no lo han conseguido”, señaló entonces Maribel Permuy. “Un montón de gente anónima nos ha seguido apoyando y vamos a continuar con nuestra lucha”, dijo en el décimo aniversario del asesinato de su hijo.

Pese a las promesas, ningún gobierno español ha recuperado la Ley de Justicia Universal ni ha revertido la reforma que permitió que el asesinato de Couso quedara impune

La Justicia Universal

Solo unos meses después, el Gobierno del PP de Mariano Rajoy cambió sobre la marcha las reglas del juego. Con su mayoría absoluta impuso una reforma legal que acababa con la llamada Ley de Jurisdicción Universal -ya limitada en 2009 por el Gobierno del PSOE- y restringía drásticamente la capacidad de los jueces españoles de perseguir delitos cometidos fuera de su territorio.

“El flexo no podrá mantenerse encendido”, escribió el juez Pedraz en su auto, en 2015, lamentando la imposibilidad de mantener abierta la investigación tras la reforma de la ley.

En los años siguientes, y pese a las promesas de varios partidos, ningún gobierno español ha recuperado la Ley de Justicia Universal ni ha revertido la reforma que permitió que el asesinato de José Couso quedara impune. A pesar de ello, Maribel Permuy siguió luchando por conseguir justicia para su hijo, por defender la libertad de información, por proteger la aplicación del derecho internacional, consciente de que la impunidad asienta la ley del más fuerte.

En julio del pasado año llegó otra mala noticia: el Tribunal Europeo avaló el archivo del caso Couso por la Justicia española. El doble rasero en la aplicación de las leyes y el derecho de quita y pon son características que definen nuestra actualidad.

En un momento de enorme retroceso en derechos y libertades en muchas partes del mundo, en un contexto de genocidio contemplado y consentido en tiempo real, las voces de madres como Maribel están cargadas de verdad y de humanidad frente a la brutalidad de las armas y frente la complicidad de gobiernos que facilitan el belicismo, la impunidad o la inacción ante crímenes masivos.

Si siempre es difícil decir adiós, decírselo a Maribel Permuy lo es aún más. Esta Madre Coraje ferrolana perseverante nos dio a todos una lección. Convivió con la tristeza por el asesinato de José Couso pero también con la alegría que le causaban sus hijos y sus nietos. La ciudadanía en general y la profesión periodística en particular le debemos mucho. Su lucha no solo fue por José. Fue por todos.

Por eso solo te podemos decir adiós de una manera: Gracias, Maribel, infinitas gracias y hasta siempre.

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Carlos Hernández y Olga Rodríguez cubrieron la guerra de Irak desde Bagdad y, junto con los reporteros Jon Sistiaga y Jesús Quiñonero, declararon ante la Audiencia Nacional como testigos del asesinato de José Couso en Bagdad

La decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de rechazar el recurso de la familia de José Couso pone punto y final a años de batalla legal para intentar que el asesinato del cámara bajo fuego estadounidense en Irak en 2003 no quede impune. Una resolución que avala los efectos de la reforma que impulsó en solitario el Gobierno del Partido Popular hace una década y que condenó al archivo de una docena de causas relacionadas con la justicia universal: desde el caso Couso hasta las masacres del Tíbet pasando por la muerte de españoles en Mauthausen y desembocando en la liberación de medio centenar de narcotraficantes que se vieron beneficiados.

El concepto de justicia universal que había funcionado en España durante tres décadas murió hace diez años y medio en el Congreso de los Diputados tras un debate de dos horas. El Partido Popular impuso el rodillo de la mayoría absoluta de Mariano Rajoy para sacar adelante la reforma impulsada por el entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que esos días justificó que España no podía ser “gendarme del mundo”.

Sobre el papel, la modificación tocaba algunos puntos esenciales de la Ley Orgánica del Poder Judicial para endurecer los requisitos que permitían a los jueces abrir estas investigaciones: en casos de genocidio o crímenes contra la humanidad, el acusado debe ser español o vivir de forma habitual en España. En casos de torturas o desapariciones forzadas, la víctima debe tener nacionalidad española y el acusado estar en el país. El laberinto para llevar a un criminal de guerra al banquillo, por tanto, se complicaba.

Ese jueves de 2014 el diputado del PP, José Miguel Castillo, culminó su defensa parlamentaria de la reforma con una frase: “Sin demagogia ni cuentos chinos”. Detrás de la expresión se escondía la verdadera exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2014: el conflicto diplomático abierto con China por la imputación de los expresidentes Hu Jintao y Jiang Zemin, además de varios miembros de la cúpula del Partido Comunista chino, por la represión a 15 miembros de Falun Gong.

Esa causa tardó unos pocos meses en archivarse. Diligencia tras diligencia, la Audiencia Nacional estampó el sello del sobreseimiento en las principales causas de justicia universal que instruían desde hacía años: el ataque israelí a la Flotilla de la Libertad, la muerte de miles de españoles en el campo de concentración de Mauthausen, el genocidio en Ruanda o los ataques al campo de refugiados iraquí de Ashraf.

Pocas causas sobrevivieron a la criba: el asesinato de cinco jesuitas españoles en El Salvador terminó con una condena firme de 133 años de prisión para el coronel Inocente Montano. Y las decisiones no fueron unánimes por parte de los jueces. Tanto en la Audiencia Nacional como en el Tribunal Supremo y en la Fiscalía surgieron voces discrepantes contra la aplicación general de la reforma. Supuso, dijo el Supremo, “una restricción sustancial del derecho de los ciudadanos españoles víctimas de tales delitos en el extranjero que excluye de forma extrema su acceso a la jurisdicción”.

La reforma impulsada en solitario con el PP para que España dejara de ser el “gendarme” del mundo también tuvo efectos imprevistos: los jueces dejaron en libertad a más de medio centenar de acusados de narcotráfico tras dejar de ser competentes para investigar delitos fuera del territorio nacional. En esa ocasión, al contrario de lo que sucedió más recientemente con la ley del 'solo sí es sí', el Consejo General del Poder Judicial no encargó un recuento mensual de excarcelaciones, pero los archivos judiciales recuerdan quién se benefició de la reforma de rebote: desde siete marineros sirios detenidos a pocos kilómetros de las costas de Alborán con 16 toneladas de hachís a ocho supuestos narcos detenidos cerca de Málaga con otras 12 toneladas.

El caso Couso: el archivo que llegó a Europa

El archivo de estas causas, con más o menos entusiasmo, fue refrendado por el Tribunal Supremo y en algunos casos por el Tribunal Constitucional, que rechazó el recurso del PSOE contra la ley. Pero el único caso que pasó el filtro de admisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo fue el de José Couso. El cámara de Telecinco que fue asesinado en el hotel Palestina de Bagdag por los disparos de las fuerzas estadounidenses durante la invasión de Irak.

La investigación fue llevada desde la Audiencia Nacional por el juez Santiago Pedraz, que llegó a procesar a tres militares de EEUU y a desplazarse personalmente a Bagdag para inspeccionar el lugar del crimen. El archivo en aplicación de la ley llegaba en el verano de 2015: “Pese a que existen múltiples esfuerzos y recomendaciones a nivel mundial para perseguir y sancionar este tipo de ilícitos, el delito quedaría impune”, lamentó el juez.

El aval definitivo de Europa llegó hace unos días, cuando el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo rechazó de forma definitiva el último recurso de la familia del cámara asesinado. Una sentencia que no solo puso el último clavo en el ataúd de la causa sino que avaló, al menos en su aplicación práctica, la reforma de 2014. “No parece irrazonable que un Estado ponga condiciones al ejercicio de la justicia universal, por ejemplo que existan vínculos con ese Estado”, afirmaba la sentencia.

En el caso concreto de Couso, según Estrasburgo, la decisión de los tribunales españoles de no seguir investigando no vulneró la Convención de Derechos Humanos. Todo sin dejar de defender, un párrafo después, que no se cuestiona el “consenso” de la comunidad internacional sobre el derecho de las víctimas de crímenes internacionales para obtener reparación, y la obligación de los Estados a examinar sus casos. Es “recomendable” que los Estados hagan esfuerzos para garantizar el acceso de estas víctimas a los tribunales, dijo el TEDH en la misma sentencia que le cerraba la puerta a la familia de José Couso para siempre.

Eduardo Gómez, abogado de Red Jurídica que representó a la familia de Couso ante Europa, explicaba minutos después de recibir la sentencia que el fallo no había producido “ninguna sorpresa”. “Causa poca sorpresa que se haya avalado hoy una modificación legislativa como la que se produjo en nuestro país hace 10 años y que permitió que, tanto el caso Couso, como otros muchos crímenes de guerra y lesa humanidad que estaban siendo investigados por nuestros tribunales, fuesen archivados”, afirmaba en un comunicado.

La sentencia de Estrasburgo es el punto final al recorrido judicial del asesinato de José Couso tanto dentro como fuera de España. Y cualquier hipotética reforma legal para volver a ampliar los supuestos de la justicia universal tampoco tendrá ningún efecto sobre el caso por la imposibilidad de aplicar una norma más dura de forma retroactiva a un acusado, en este caso a los militares estadounidenses que nunca se sentarán en el banquillo por el asesinato de José Couso.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha decidido rechazar el recurso de la familia de José Couso, el cámara asesinado en Irak en 2003 bajo fuego estadounidense, contra el archivo de la investigación judicial en España. La corte de Estrasburgo entiende que el carpetazo judicial tras la reforma de la jurisdicción universal que impulsó el ejecutivo de Mariano Rajoy no vulneró su derecho a un juicio justo ni tampoco al respeto a los derechos humanos.

“A nadie se le escapa que vivimos tiempos de absoluto desprestigio del Derecho Internacional Humanitario, y la sentencia dictada hoy por el TEDH es hija de estos tiempos”, ha dicho el despacho de abogados Red Jurídica, cooperativa que lleva la defensa letrada de la familia del cámara de televisión. 

El tribunal considera, según explica en su fallo unánime, que la decisión de los jueces españoles tras la enterada en vigor de la reforma de la justicia universal “no fue desproporcionada” y que no ha habido una violación de los derechos de la familia del cámara, recogidos en la Convención.

La Audiencia Nacional puso en marcha una investigación penal por el asesinato del cámara de Tele5 bajo fuego del ejército estadounidense en el Hotel Palestina de Irak en abril de 2003. Unas pesquisas que fueron archivadas en 2015, poco después de la entrada en vigor de la reforma de la jurisdicción universal impulsada por el Gobierno del PP y Mariano Rajoy. Hasta ese momento, el juez Santiago Pedraz había dirigido su investigación contra varios militares de EEUU por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de homicidio.

Los sucesivos archivos fueron confirmados por los distintos tribunales españoles, tal y como sucedió con otras causas como la que investigaba el genocidio en el Tíbet, aunque en 2020 la Audiencia Nacional reconoció una indemnización, por la vía administrativa, para la familia del cámara por “omisión de protección diplomática”. El hermano de Couso decidió finalmente acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, consiguiendo superar el primer filtro de la admisión a trámite.

El resultado, después de meses de deliberaciones, ha sido rechazar el último recurso que podía interponer la familia del cámara asesinado. Los jueces destacan, en primer lugar, que la investigación “siguió durante un tiempo después de la entrada en vigor de la reforma” y, por tanto, “no puede decirse que la intervención de la ley hiciera inútiles cualquier continuación del procedimiento”. Y antes de la entrada en vigor de la norma “la jurisdicción fue ejercida de forma efectiva”.

Entiende el TEDH que no existió una actuación “arbitraria o manifiestamente irrazonable” en la actuación de los tribunales españoles al declarar que, tras la reforma, no tenían capacidad para seguir investigando a militares estadounidenses. “Todo estuvo dentro del margen de apreciación del Estado español”, afirma la sentencia.

“Con tristeza pero sin sorpresa”

Las acciones judiciales de la familia de Couso ante los tribunales internacionales ha sido llevada por el letrado Eduardo Gómez Cuadrado, de Red Jurídica. En un comunicado emitido este lunes a través de su página web, explica que ha recibido la decisión del TEDH “con tristeza, pero sin ninguna sorpresa” al denunciar que “vivimos en tiempos de absoluto desprestigio del Derecho Internacional Humanitario”. La sentencia conocida hoy, aseguran, es “hija de estas tiempos”.

La reforma de la Justicia universal impulsada en 2014 por el Gobierno de Rajoy, recuerdan los letrados, “permitió que, tanto el caso Couso, como otros muchos crímenes de guerra y lesa humanidad que estaban siendo investigados por nuestros tribunales, fuesen archivados”.

El caso de José Couso, explican, “ha ido a morir a Estrasburgo” con una sentencia que, según su criterio, implica que los jueces “avalan la impunidad de determinados criminales de guerra y ratifica la insoportable vacuidad del derecho internacional humanitario”. 

En este último año hemos vuelto a ver imágenes que nos recuerdan demasiado a aquella guerra de Irak en la que el ejército estadounidense asesinó al reportero español José Couso. Muerte, destrucción y una marea de hombres, mujeres y niños obligados a dejar, repentinamente, sus vidas más o menos felices para convertirse en tristes refugiados. Un país, Ucrania, invadido por una gran potencia mundial que se ampara en excusas y falsedades para arrasarlo. Censura y propaganda ejercida por ambos bandos. Periodistas que mueren en el campo de batalla, reporteros detenidos irregularmente y otros que son asesinados deliberadamente por la nación agresora. El mundo entero sigue la guerra entre Rusia y Ucrania con el mismo interés con el que contempló en 2003 la destrucción de Irak a manos de las tropas de George W. Bush.

La proximidad geográfica y cultural, las consecuencias provocadas en los mercados energéticos y financieros, así como el poder nuclear de la Rusia de Putin justifica ese interés. La ausencia de unos motivos tan poderosos explica, pero no justifica, que nuestra sociedad, teledirigida por la clase política y los medios de comunicación, no preste una atención proporcional al drama humano vivido en otros conflictos bélicos como los de Yemen, Afganistán o Palestina. En estos y otros escenarios se siguen generando destrucción, muerte, sufrimiento y grandes oleadas de refugiados. Refugiados que no hemos acogido con los brazos abiertos tal y como hemos hecho acertadamente con los ucranianos. Para quienes tienen diferente color de piel y rezan a otro dios no solo no ha habido una mínima política de acogida, sino que hemos permitido y promovido que naciones como Marruecos, Libia y Turquía actúen como diques de contención en los que hoy se les sigue maltratando, humillando, asesinando y violando. El diputado ultraderechista español Hermann Tertsch verbalizó la posición del neofascismo mundial en este tema: “En Ucrania son refugiados de verdad. Son blancos y cristianos”. El gran problema para las democracias mundiales no es que un ultraderechista lance ese mensaje abiertamente racista. Lo que debería preocuparnos es que la Unión Europea y Estados Unidos, aunque no lo digan públicamente, están siguiendo el criterio de Tertsch.

No hay criminales de guerra entre “los nuestros”

Ucrania ha puesto sobre la mesa otro tema esencial, presente en todos los conflictos bélicos: el incumplimiento de la legislación internacional. Políticos y tertulianos han defendido la necesidad de que Vladímir Putin sea juzgado por crímenes de guerra. Viendo lo ocurrido durante esta invasión, no parece que les falten argumentos y pruebas para sostener dicha acusación. Aunque solemos olvidarlo, ni siquiera en las guerras vale todo. La sociedad internacional se ha ido dotando de una serie de convenios y leyes, unas normas mínimas que los contendientes no pueden ni deben rebasar. Atacar objetivos civiles, asesinar o torturar prisioneros, bombardear hospitales o violar mujeres entra dentro de esas líneas rojas. Putin ha hecho méritos de sobra para ser, al menos, investigado por crímenes de guerra. La pregunta que surge a continuación es por qué en otros conflictos similares no se ha hecho ese mismo planteamiento. ¿No invadió George W. Bush un país soberano como era Irak? ¿No lo hizo en contra del criterio de la ONU y amparándose en una doble mentira: Sadam tiene armas de destrucción masiva y Sadam colabora con Al Qaeda? ¿No causaron las tropas estadounidenses miles de víctimas civiles, muchas de ellas de forma intencionada? ¿No torturaron prisioneros de guerra en recintos siniestros como Abu Ghraib o Guantánamo? ¿No está haciendo lo mismo Israel en Palestina o Arabia Saudí en Yemen? Siendo así, ¿podemos defender que Putin es un criminal de guerra mientras miramos para otro lado ante las atrocidades perpetradas por Washington, Tel Aviv o Riad? 

Esa doble vara de medir daña profundamente la credibilidad de nuestro mundo democrático. No podemos dar lecciones a los demás de ética y exigir respeto a los derechos humanos sin predicar con el ejemplo. Denunciar el agravio que sufren los refugiados sirios o yemeníes no es minusvalorar el dolor de los ucranianos. Apuntar los posibles crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos, Arabia Saudí o Israel no es justificar las atrocidades perpetradas por Putin. Solo se trata de ser coherente y justo. Y solo así, sin justificar a “nuestros malos”, puede que logremos fortalecer los debilitados y amenazados sistemas democráticos en que vivimos.

Cumplir siempre la legislación internacional

Esa coherencia la llevan ejerciendo 20 años la familia, los amigos y compañeros de José Couso. Sabedores de que el reportero de Telecinco fue asesinado deliberadamente por las tropas estadounidenses, decidieron luchar para evitar que el crimen quedara impune. Era y sigue siendo mucho más que una batalla por Couso. Era y sigue siendo una defensa del derecho a la libertad de prensa y un enfrentamiento, cara a cara, contra quienes violan la legislación internacional.  

Antes de nada, disipemos cualquier duda sobre lo que dicen o no las leyes que la mayor parte de los países juraron respetar. Robin Geiss, experto jurídico del Comité Internacional de la Cruz Roja, explica con claridad la protección que el derecho internacional humanitario brinda a los periodistas en los conflictos bélicos: “En su condición de civiles, el derecho internacional humanitario protege a los periodistas contra ataques directos, salvo que participen directamente de las hostilidades y mientras dure tal participación. Las infracciones de esta norma constituyen una violación grave de los Convenios de Ginebra y del Protocolo adicional I. Además, dirigir un ataque contra un civil de manera intencional –ya sea durante un conflicto armado internacional o no internacional– también equivale a un crimen de guerra de conformidad con el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional”. 

Siendo así de clara la protección legal con que cuentan los periodistas, tan solo nos quedaría recordar lo ocurrido en Bagdad aquel 8 de abril de 2003. José Couso y el cámara ucraniano Taras Protsyuk no murieron en medio de un combate. No perecieron “porque la guerra es un lugar peligroso”, como dijo el entonces presidente Bush, mientras José María Aznar le aplaudía la ocurrencia. No fueron víctimas del fragor del combate, de un obús perdido ni de una equivocación. Sus muertes no fueron parte de esos “gajes del oficio” que todos los que somos o hemos sido corresponsales de guerra aceptamos conscientemente. Aunque llevamos 20 años explicándolo, recordemos nuevamente los hechos acaecidos ese día para evitar que el olvido deje espacio a las falsedades y las medias verdades de quienes justifican este y otros crímenes de guerra. 

1.- El blindado estadounidense que disparó sobre el Hotel Palestina llevaba horas inmóvil, en un puente sobre el río Tigris. Un largo periodo de tiempo en el que varios centenares de periodistas le grabábamos, sin escondernos, a pecho descubierto, desde decenas de balcones del hotel. Horas en las que sus ocupantes nos estuvieron observando y pudieron confirmar que, tal y como sabían hasta en el último puesto de mando norteamericano, el Palestina era el centro de la prensa internacional.

2.- El ataque contra el Palestina no fue el único que se perpetró esa mañana contra la prensa internacional. Los blindados estadounidenses ya habían disparado antes contra las sedes de Al Jazeera y Abu Dhabi TV, asesinando a otro periodista e hiriendo a tres más. Los militares comandados por Bush también sabían perfectamente que se trataba de edificios en los que la única amenaza provenía de bolígrafos, libretas, micrófonos y cámaras.

3.- El Ejército de Estados Unidos cambió dos veces de versión según se iban desmintiendo las anteriores: la estrategia habitual de todo buen mentiroso. Primero dijo que había recibido “fuego hostil” desde la base del hotel. Al resultar evidente que ese “argumento” no justificaba su ataque contra la planta 15 del edificio, corrigió el relato y afirmó que estaban disparando a sus tropas desde la azotea del Palestina. Cuando los centenares de periodistas alojados allí, estadounidenses y británicos incluidos, aseguramos que no se había producido disparo alguno, el ejército de EEUU volvió a cambiar de versión y apuntó su última tesis: en un balcón había un “oteador”, un hombre con prismáticos que estaba “delatando” la posición de sus tanques. Un argumento igual de falso que los anteriores y que rozaba el ridículo porque desde media ciudad de Bagdad, con solo tener dos ojos, era posible divisar perfectamente a esos blindados detenidos durante horas en mitad del puente.

4.- El militar que mandaba el blindado que disparó contra el Palestina aseguró, posteriormente, que no había visto en ningún momento a periodistas en los balcones. Hay horas y horas de grabaciones, miles de fotografías y cientos de testimonios que demuestran la falsedad de tal afirmación.

El motivo del ataque

A menos que algún oficial estadounidense decida contar la verdad, es muy probable que nunca sepamos por qué las tropas de George W. Bush decidieron asesinar reporteros aquel 8 de abril. Solo hay dos teorías suficientemente consistentes, aunque quizás la respuesta pueda estar en una combinación de ambas.

Teoría 1. Estados Unidos quiso destruir los tres puntos desde los que se estaban retransmitiendo imágenes en directo del avance de sus tropas. En 2003 ni existían las redes sociales ni era tan fácil como lo es hoy difundir fotografías o vídeos en tiempo real. Esa posibilidad quedaba limitada, casi por completo, a las agencias de noticias televisivas y a las grandes cadenas. En el caso de la capital iraquí las todopoderosas BBC o CNN contaban con equipos limitados y con restricciones impuestas por el régimen de Sadam. Por ello solo dos cadenas árabes: Al Jazeera y Abu Dhabi TV tenían autorización para disponer de sedes propias desde las que retransmitían en directo el día a día de la guerra. El resto de la prensa internacional nos concentrábamos en el Hotel Palestina, edificio en el que solo la agencia Reuters estaba ofreciendo imágenes en directo en el momento del ataque. Poco después del amanecer los blindados estadounidenses dispararon contra los edificios en los que trabajaban las dos televisiones árabes. Horas más tarde lanzaron un obús contra el cuartel general que la agencia Reuters tenía en la planta 15 del Hotel Palestina, dañando también el balcón superior y el inferior en el que se encontraba trabajando Couso. El plan se había completado. Los monitores en los que todo el planeta contemplaban las imágenes en directo de Bagdad se fueron a negro. Tres periodistas habían muerto y otros siete habían resultado heridos. 

Teoría 2. Estados Unidos quiso silenciar y amedrentar a la prensa internacional que no estaba bajo su control. Desde que empezó a preparar la invasión, Washington diseñó su estrategia de información y propaganda. Para controlar las crónicas y las imágenes que se ofrecían desde el campo de batalla trató de que solo hubiera periodistas en su área de influencia. Así, en la zona controlada por las tropas angloestadounidenses no se permitía a los reporteros moverse libremente. Si alguien quería contar lo que ocurría tenía que ir “empotrado” con las propias unidades militares. Eso requería ya una primera criba porque los invasores aceptaban o vetaban a los periodistas que solicitaban acompañarlos en el avance. Los que lo lograban tenían que ceñirse a unas normas muy estrictas que coartaban enormemente su libertad de movimiento y, por tanto, su capacidad de informar adecuada y verazmente. Todos realizaron un magnífico e insustituible trabajo. Un trabajo que a algunos, como nuestro querido Julio Anguita Parrado, les costó hasta la vida. Sin embargo, ellos mismos fueron siempre conscientes de la censura directa e indirecta que sufrían. Las tropas les decían dónde, cuándo y en qué condiciones podían moverse. 

En esta estrategia sobrábamos los periodistas que nos encontrábamos en zona iraquí. Por ello, antes de que comenzara la guerra el Pentágono lanzó numerosos mensajes amenazantes a quienes informábamos desde Irak y nos instó a abandonar el país. Sadam nos iba a tomar como rehenes. Sadam iba a usar armas químicas que provocarían nuestra muerte… Patrañas que calaron en algunos colegas, especialmente entre los norteamericanos. Ese objetivo se tradujo también en la presión atroz que algunos directivos de medios de comunicación españoles afines al gobierno de Aznar ejercieron sobre sus corresponsales. Quienes allí estuvimos compartíamos las llamadas que íbamos recibiendo. “Tenéis que salir de allí ahora mismo. Van a arrasar Bagdad”, me dijo repetidas veces Ernesto Sáenz de Buruaga, director de informativos de Antena 3 TV, la cadena para la que yo trabajaba. “No te lo estoy pidiendo, te lo estoy ordenando… marchaos de allí”, añadió en una conversación posterior. Ángela Rodicio de TVE y otros compañeros y compañeras recibieron presiones igual de intensas. Cuanto más afín al gobierno de Aznar era el medio, más extremos eran los intentos de empujarnos a tirar la toalla antes de empezar. Sabíamos que más que interesarse por nuestra seguridad, lo hacían por cumplir las instrucciones que habían recibido de la Moncloa. Los colegas de diarios, radios y televisiones ajenos a la órbita gubernamental solo recibieron de sus jefes mensajes bienintencionados de preocupación, comprensión y solidaridad. Les animaban a irse, a no correr riesgos, a no pensar en el medio para el que trabajaban sino en sus familias.

A 4.000 kilómetros de distancia de nuestras redacciones y a las puertas de una guerra no existía la competencia. Unos y otros compartíamos aquellos mensajes que llegaban desde despachos enmoquetados ubicados en Madrid, Sevilla o Barcelona. “No nos podemos ir”, me dijo José Couso en aquellas inciertas horas. “Tenemos que quedarnos para contar lo que ocurra”. Él era plenamente consciente de la importancia que tenía su trabajo. Importancia para la sociedad española, que merecía recibir información de primera mano. Importancia también para los iraquíes que necesitaban testigos que relataran, con independencia y rigor, lo que el destino les deparara. Y por eso nos quedamos. Decenas de periodistas incómodos seguíamos en Bagdad aquel 8 de abril. La propia información que se filtraba desde el alto mando invasor reflejaba una enorme preocupación por lo que pudiera ocurrir en la capital iraquí. La enorme superioridad militar de estadounidenses y británicos se reduciría considerablemente en una eventual guerra urbana, librada casa por casa. Era presumible una campaña larga y sangrienta que se vería perjudicada por la difusión de imágenes de las víctimas civiles iraquíes. 

En ese contexto, atacar en unas pocas horas los tres únicos edificios en los que trabajaba la prensa internacional supuso una advertencia y un acto de amedrentamiento contra los periodistas que, a partir de ese momento, tuvimos que preocuparnos por nuestra seguridad tanto o más que por hacer nuestro trabajo. El objetivo, en este caso, no se cumplió. Primero porque fue innecesario ya que no se produjo la esperada resistencia armada iraquí y la ciudad cayó en pocas horas. Segundo porque, tras ver morir a nuestros compañeros, los periodistas nos conjuramos para seguir informando... pasara lo que pasara.

La lucha por la Verdad, la Justicia y la Reparación continúa

Si aquel 8 de abril de 2003 alguien nos hubiera contado los avatares judiciales y políticos que marcarían el caso Couso, no nos lo habríamos creído. Han sido 20 años en los que Goliat se ha defendido de David aprovechándose no solo de su enorme diferencia de volumen y poder, sino actuando como un matón insensible, tramposo y corrupto. Un Goliat que, salvo por aplicarse una fina capa de maquillaje, se ha comportado de la misma manera cuando sus hilos eran manejados por dos gobiernos del PP, por otro del PSOE y por el actual de coalición entre los socialistas y Unidas Podemos.

2003 y 2004 fueron los años del desprecio. Aznar justificó la muerte del reportero, se puso del lado de su amigo Bush y despreció a todos aquellos que exigían, simplemente, que se investigara lo ocurrido. Couso se convirtió muy pronto en una víctima de tercera. Su familia, sin embargo, comenzó su lucha en los tribunales y la Audiencia Nacional se hizo cargo del asunto. A pesar de que el Gobierno del PP utilizó torticeramente a la Fiscalía para intentar archivar el caso y presionó al magistrado responsable de la investigación, se fueron acumulando pruebas y testimonios indicando que lo ocurrido en Bagdad había sido un crimen de guerra.

Entre 2004 y 2011 fueron los años de la hipocresía política. El PSOE había llegado al poder tras pedir “Justicia para Couso” y comprometerse a facilitar la investigación desde la Moncloa. De cara a la galería se hicieron gestos de acercamiento y de comprensión hacia la familia. Lo que ocurría de puertas adentro solo lo pudimos conocer unos años más tarde, gracias a las filtraciones de Wikileaks. El gobierno socialista no solo no ayudó, sino que mantuvo una actitud cómplice con las autoridades estadounidenses. Los documentos que vieron la luz en 2010 demostraban que el ejecutivo presidido por Zapatero veía con preocupación los avances judiciales en el caso. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz reunió tantas evidencias que terminó procesando a tres militares norteamericanos y dictando sendas órdenes de búsqueda y captura internacional contra ellos. La documentación revelada por Wikileaks demuestra que el gobierno del PSOE maniobró contra el magistrado y trató de ayudar a los criminales. El entonces Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, se reunió varias veces con el embajador estadounidense para tranquilizarle, asegurarle que los fiscales “seguirían oponiéndose” a la orden de detención y que el caso acabaría siendo archivado. Por si en Washington no quedaban suficientemente satisfechos, la mismísima vicepresidenta, Mª Teresa Fernández de la Vega, también rindió pleitesía al embajador al que le dijo “estar muy implicada en el seguimiento del caso, al que prestan atención los más altos cargos del Gobierno español”. De la Vega llegó a adelantarle las intenciones del ejecutivo de recurrir el auto de Pedraz. Una decisión que se consumó en mayo de 2007 a través de la fiscalía. 

2011-2018. Si no puedes manipular a un juez, cambia la ley. En enero de 2011 el magistrado Santiago Pedraz dio el paso definitivo en su investigación y viajó hasta Bagdad. Visitó la habitación en la que grababa Couso cuando resultó mortalmente herido, recorrió el puente desde el que disparó el blindado estadounidense… El juez y una valiente secretaria judicial pusieron en riesgo su vida, en una ciudad sumida en el caos y la inseguridad, para conocer la verdad. Meses después, Pedraz reafirmó su conclusión: había pruebas suficientes para considerar los hechos un crimen de guerra y para juzgar a sus responsables. Con el Partido Popular de nuevo en la Moncloa, frenar la vía judicial del caso Couso se convirtió en una prioridad. Constatando la independencia y profesionalidad del juez, así como la contundencia de las pruebas, el gobierno de Mariano Rajoy optó por una solución tan drástica como antidemocrática: cambiar las reglas del juego a mitad del partido. Rajoy modificó la ley en 2014, a través de una reforma exprés, y acabó de un plumazo con la llamada Justicia Universal. De nada sirvió que expertos juristas, asociaciones judiciales y organizaciones como Amnistía Internacional consideraran que la modificación era de dudosa legalidad porque atentaba contra el derecho internacional. De la noche a la mañana, nuestros tribunales no podían investigar ni juzgar casos de genocidio, crímenes de guerra y de lesa humanidad, salvo que el autor fuera español. La reforma tenía además carácter retroactivo lo que suponía una intromisión sin precedentes del Poder Legislativo en el trabajo del Poder Judicial que tenía varios casos abiertos en aquellos momentos.

Santiago Pedraz se negó inicialmente a archivar el caso Couso al mantener que el derecho internacional seguía prevaleciendo sobre el interno. Su resistencia terminó un año después, cuando el Tribunal Supremo dictó jurisprudencia al impedir que se juzgara el genocidio perpetrado por China en el Tíbet. “Casualmente” el miembro del alto tribunal que llevó ese caso y que dio la puntilla definitiva a la Justicia Universal fue Cándido Conde-Pumpido, aquel fiscal general del Estado “socialista” que se dedicaba a complacer los deseos del embajador estadounidense.  En el auto en el que comunicó su inevitable decisión de archivar el caso, Pedraz reiteró que la muerte de Couso fue un crimen de guerra contemplado en el Convenio de Ginebra y añadió que “el delito quedará impune, aunque existan múltiples esfuerzos y recomendaciones para perseguirlo”. El magistrado advertía de la indefensión que, a partir de ese momento, tendrían los civiles españoles que tengan que desplazarse a una zona en conflicto: “Ante crímenes contra periodistas, cooperantes o personas españolas consideradas como población civil”, ni la Fiscalía ni los familiares de las víctimas podrán instar la apertura de diligencias en España para “identificar a la víctima, solicitar la autopsia o investigar cómo acontecieron los hechos”. De las palabras de Pedraz se deducía que se abría una barra libre para que cualquier combatiente pueda asesinar españoles sabiendo que no tendrá que pagar precio alguno por ello. Una barra libre que hoy sigue abierta.

2018-2023. La ignominia continúa. Tras ratificar el Tribunal Constitucional el archivo del caso, la familia de José Couso recurrió al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, la llegada al poder del PSOE en 2018 y la posterior coalición gubernamental con Unidas Podemos pareció abrir una nueva vía. Ambos partidos se habían comprometido, en su acuerdo de gobierno, a derogar la reforma de 2014 y regresar a la senda de la legalidad internacional restaurando la Justicia Universal. Nada de eso ha ocurrido. Es más, cuando en enero de 2020 la Audiencia Nacional condenó al Estado español por no haber brindado la debida protección diplomática a la viuda y los hijos de José Couso, el gobierno de coalición PSOE-UP se mostró en desacuerdo y recurrió al Tribunal Supremo. No le sirvió de nada; un año después el alto tribunal ratificó de forma contundente la decisión de la Audiencia Nacional. En su sentencia, el Supremo afirmaba que el Estado “estaba obligado a hacer gestiones en pro de una investigación internacional objetiva de los hechos y, en su caso, utilizar los medios que estimara procedente que pudiera dar como resultado la reparación del daño ocasionado”. Por ello, criticaba que, en lugar de eso, diera “la callada por respuesta” o se limitara “a dar por buenos los argumentos dados en contra de la ilicitud del hecho por el Estado que lo ocasionó”. 

Han pasado más de tres años desde que se formó el gobierno de coalición y cinco desde que Pedro Sánchez es presidente, pero España sigue manteniendo el criterio de Injusticia Universal aprobado por el PP en 2014. Las promesas de acabar con la impunidad de los criminales de guerra y de los genocidas siguen guardadas en un cajón, quizás a la espera de ser rescatadas en la próxima campaña electoral o cuando PSOE y UP regresen a la oposición. En este contexto, la familia, compañeros y amigos de José Couso saben que si algún día hay Justicia, será porque llegue impuesta desde Estrasburgo. La última palabra la tiene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que está investigando el caso. Allí la batalla tampoco está siendo fácil. El “gobierno de progreso” español está peleando para que se rechace el recurso presentado por los letrados de la familia. 

Couso somos todos

La resolución final que dicte el TEDH nos afectará a todos porque lo que está en juego no es la suerte o la desgracia de una familia. Lo que está en juego es el cumplimiento o la violación institucionalizada de la ley. La sentencia dirá si perseguimos todos los crímenes de guerra o solo aquellos que les interesen a determinados gobiernos. El veredicto establecerá si la Unión Europea defiende la libertad de información o si establece una peligrosa excepción, diseñada al gusto de sus aliados estadounidenses. La decisión determinará si hay o no personas con licencia para asesinar periodistas, cooperantes o civiles impunemente. El fallo, en definitiva, servirá para demostrar si en Europa, a diferencia de lo que ocurre en España, todos somos iguales ante la ley.

David Couso, uno de los hermanos del cámara de Tele 5 asesinado en Irak en 2003, lo contaba hace mes y medio, en el homenaje por el 14º aniversario de su muerte: “Hemos presentado un recurso ante el Tribunal Constitucional, viendo que se violan derechos fundamentales recogidos en la Carta Magna y que no todos somos iguales ante la ley. Esperamos que se vuelva a iniciar el juicio que se archivó por parte de una administración que hizo uso de la mayoría absoluta para reformar la ley de justicia universal”.

La respuesta del Constitucional ha llegado este lunes: ha admitido sendos recursos de amparo presentados por la madre de José Couso, María Isabel Permuy, y la Asociación Libre de Abogados ante el archivo de la Audiencia Nacional por “especial trascendencia constitucional”.

De acuerdo con fuentes jurídicas consultadas, el tribunal puede esperar a resolver estos recursos a tener un fallo sobre el recurso contra la reforma de la justicia universal presentado por el PSOE en junio de 2014.

El Congreso aprobó el 27 de febrero de 2014, con la mayoría absoluta del PP y la oposición del resto de grupos políticos, la proposición de modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial que limitaba los casos de la llamada jurisdicción universal en los que pueden intervenir los jueces españoles.

La reforma, que entró en vigor el 15 de marzo de 2014, dos días después de ser aprobada en el Senado, establece que los delitos de justicia universal serán perseguibles siempre que los responsables sean españoles o extranjeros con nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y solo si la víctima o la fiscalía han presentado una querella en los tribunales.

Según las fuentes jurídicas consultadas, podría darse la paradoja de que “la ley esté bien aplicada en el archivo de la Audiencia Nacional y no haya habido por tanto vulneración de derecho fundamental; y otra cosa es que la ley sea constitucional, lo cual está aún pendiente de resolución por parte del Constitucional”. Así, lo previsible es que “el TC resuelva primero el recurso a la la ley y luego los recursos de amparo”.

La mayoría de causas que se tramitaban en la Audiencia Nacional han quedado archivadas tras la aprobación de la última reforma de la legislación relativa a la justicia universal, aprobada por la mayoría absoluta del PP en 2014.

Esta reforma ha acabado con la posibilidad de perseguir judicialmente desde España delitos internacionales como crímenes de guerra cometidos contra españoles fuera, como es el caso Couso. A pesar de existir tres militares estadounidenses procesados y una investigación abierta por el juez Santiago Pedraz, esta nueva legislación zanjó el proceso.

Ahora, la familia, tras el sobreseimiento del Tribunal Supremo después de presentar un recurso de casación, decidió recurrir el archivo ante el Constitucional y, también, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo.

¿Es normal que el TC admita recursos? “Es muy difícil que se admitan los recursos de amparo”, explican fuentes jurídicas: “La ley orgánica se modificó en 2007 y a partir de esa fecha se cerró mucho el filtro, porque se entiende que el recurso es un recurso subsidiario, en el sentido que los derechos de los ciudadanos están protegidos por el resto de tribunales. Con 35 años de jurisprudencia tienen ya bagaje para saber cómo proceder en casi todo. Y en 2007 se introdujo un elemento: la especial trascendencia, que si no queda demostrado que existe la especial trascendencia constitucional no se admiten”.

Varios dirigentes políticos han reaccionado a la noticia, entre ellos el abogado y excandidato de IU Enrique Sontiago y el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias.

José Couso fue asesinado después de que EEUU atacara el hotel Palestina, objetivo civil, donde se alojaba la prensa internacional durante la guerra de Irak.

El 8 de abril de 2003, en el que el hotel Palestina fue atacado por el ejército norteamericano, también lo fueron la televisión Al Jazeera y Abu Dhabi TV. En total, tres periodistas perdieron la vida y varios más resultaron heridos. Ningún responsable ha sido juzgado.

El secretario general de Podemos ha explicado este lunes su breve reunión con el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, en una entrevista en La Cafetera. Pablo Iglesias ha lamentado el escaso tiempo para conversar con el presidente americano, “un poco más de tres minutos”, en los que abordaron “las diferencias en la izquierda estadounidense” y la situación de falta de Gobierno en España. Han quedado muchos temas en el tintero sobre la relación de ambos países, como el TTIP, el futuro de la OTAN y la impunidad del ejército de EEUU, ha apuntado Iglesias.

El líder de Podemos ha coincidido, como defendieron Obama y Rajoy este domingo, que las relaciones de España y EEUU deben ser “buenas y fructíferas” con el próximo gobierno que resulte del 26J. “Estoy de acuerdo en que la política exterior debe ser una política de Estado”, ha afirmado Iglesias.

Sin embargo, Podemos tiene “posiciones muy claras” sobre cuestiones como el TTIP y la OTAN de las que Pablo Iglesias habría querido tratar con el presidente estadounidense. “Me habría gustado expresarle que nosotros no compatimos el TTIP, que no nos gusta, que pensamos que hace daños a los agricultroes y a los consumidores españoles, que pone en peligro nuestro vino”, ha apuntado.

Sobre la implicación de España en la OTAN, protagonista en la visita de Obama a la Base Naval de Rota, Pablo Iglesias también defiende una postura diferente a la del actual Gobierno en funciones. “Le habría dicho a Obama que me gustaría un futuro sin OTAN, en el que no hubiera soldados europeos bajo el mandato de generales estadounidenses”.

Iglesias ha afirmado que, de haber tenido tiempo, habría abordado también “la impunidad” con la que actúa el ejército estadounidense. “No puedo evitar acordarme del Caso Couso”.

Negociaciones para formar gobierno

Pablo Iglesias ha afirmado que, aunque la falta de gobierno en España fue uno de los temas de conversación con Obama, el presidente de EEUU fue “muy elegante” y no se posicionó a favor de ninguna opción política. “Nos ha dado ánimos”. 

Durante la espera de la reunión con el presidente estadounidense, Iglesias ha contado que habló con Albert Rivera y Pedro Sáchez de “generalidades de la investidura”, pero que el líder del PSOE no se ha reunido ni ha mantenido conversaciones con él sobre una posible alianza para formar un gobierno progresista. “Me encantaría que las fuerzas progresistas dialogasen, creo que hay una alternativa al biomio PP-Ciudadanos”, ha añadido Iglesias. Según el líder de Podemos, la iniciativa debe partir del PSOE: “Yo preferiría que tuviera una actitud más proactiva porque los número siguen dando”.

Sobre la situación del PSOE, ha considerado que hay una compleja situación interna, en la que varios representantes que defienden la abstención para permitir un gobierno del PP, mientras otros abogan por un voto negativo.

Iglesias ha reiterado que su partido votará 'no' a una investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, como le manifestará al líder del PP en su reunión programada para este martes.

La Audiencia Nacional ha decretado el archivo provisional de la causa seguida por la muerte durante la invasión de Irak del cámara José Couso, que se produjo el 8 de abril de 2003 en el hotel Palestina de Bagdad, con la condición de que reabrirá el procedimiento si los tres militares estadounidenses acusados pisan el territorio español.

La Sección Tercera de la Sala de lo Penal ha dictado un auto en el que también rechaza plantear una cuestión de inconstitucionalidad sobre la reforma de la justicia universal al Tribunal Constitucional, como requería la familia de la víctima y la Asociación Libre de Abogados (ALA).

Los magistrados han confirmado el auto de conclusión de sumario dictado por el juez Santiago Pedraz y han acordado el sobreseimiento de la causa, hasta que se cumpla el requisito exigido por la ley basado en que los tres militares americanos se encuentran en territorio nacional.

Los magistrados Alfonso Guevara, Ángeles Barreiro y AntonioDíaz Delgado explican que se trata de un tipo de sobreseimiento “especial”, similar al provisional, pues “una vez archivado el procedimiento, si en algún momento posterior se constata que concurren los requisitos para activar la jurisdicción española en el delito enjuiciado, por ejemplo, la presencia de los acusados en el territorio, el sobreseimiento quedará sin efecto y el procedimiento debe reiniciarse”.

Se rechaza plantear una cuestión de inconstitucionalidad

Además, la Sala ha rechazado plantear una cuestión de inconstitucionalidad contra los artículos 23.4, 5 y 6 y la disposición transitoria única de la Ley de Justicia Universal, al recordar que el Tribunal Supremo ya resolvió el pasado septiembre que esta norma “no infringe el derecho de los tratados” y, por consiguiente, el artículo 10 de la Constitución.

El Supremo subrayó que los tratados internacionales no marcan la obligación de que los Estados firmantes deban “imperativamente investigar y perseguir, sin limitación alguna, los hechos constitutivos de delitos internacionales”.

Además, el alto tribunal advirtió de que la “actividad jurisdiccional expansiva” de la Audiencia Nacional había situado a España como “polo de atracción para procedimientos” en los que los presuntos autores no se encontraban en nuestro territorio.

Pedraz cerró el pasado junio este caso, alertando de que a pesar de que existen “suficientes indicios racionales” contra tres militares del Ejército de Estados Unidos, este “crimen de guerra” va a quedar “impune”. “El flexo no podrá mantenerse encendido”, se lamentó Pedraz.

Desde 2010, mantuvo procesados y bajo orden de busca y captura al teniente coronel del Ejército de Estados Unidos Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson, a los que acusaba de delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado en concurso con homicidio.

“Lo que pienso de corazón desde esta mañana es que esto es completamente inaceptable. ¿Cómo ha podido suceder? ¿Qué se gana con esto?”. El enfermero de Médicos Sin Fronteras Lajos Zoltan Jecs vomitaba en un artículo las preguntas que atormentaban su mente horas después de presenciar el ataque de EEUU que mató a compañeros y pacientes en un hospital de la ONG de Kunduz (Afganistán). No tiene respuestas, y no es el único. Preguntas similares han sonado en las cabezas de decenas de familiares y allegados de víctimas de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas norteamericanas.

Lajos reconoce “no tener palabras”. Tampoco hay explicaciones oficiales consistentes por ahora, solo un cruce de acusaciones entre EEUU y Afganistán, a las que MSF ha contestado contundencia: “La realidad es que EEUU ha lanzado las bombas”. Sobre un hospital de una ONG con pacientes y cooperantes del que conocía la ubicación exacta.

Repasamos otros ataques perpetrados por el Ejército estadounidense contra la sociedad civil. Las justificaciones se repiten: la fría respuesta de “daños colaterales”, los argumentos de interpretaciones erróneas, la creencia de que los civiles asesinados portaban armas, la consideración de las víctimas como supuestas amenazas. También suele reiterarse un desenlace parecido: la impunidad y los obstáculos impuestos a la apertura de una investigación independiente.

Ataque al Hotel Palestina: el caso Couso

Respondían a “una amenaza”, concluía la investigación de Estados Unidos sobre el ataque de sus tropas al Hotel Palestina de Bagdad, donde se hospedaban los periodistas internacionales encargados de cubrir la guerra de Irak.

Detrás de aquello que el ejército estadounidense consideraba atemorizante estaba el cámara de Telecinco José Couso, cuyas últimas imágenes grabadas mostraban el giro realizado por el tanque norteamericano que acabó con su vida el 8 de abril de 2003. Rotaba para apuntar y disparar al edificio que alojaba a decenas de informadores y del que conocían su ubicación exacta -como en el caso del hospital de Médicos sin Fronteras, se les había proporcionado las coordenadas GPS-.

El periodista ucraniano Taras Protsyuk, de la agencia Reuters, falleció en el acto. Couso resultó herido de gravedad mientras filmaba desde el piso inferior. Una vez trasladado a un hospital de Bagdad, murió mientras estaba siendo intervenido.

Desde que la Audiencia Nacional abriese diligencias para investigar lo ocurrido en 2005, la causa ha sido archivada y reabierta en varias ocasiones, en respuesta a los recursos impuestos por la familia Couso. Durante el pasado mes de junio el juez Santiago Pedraz se vio obligado a cerrar el caso tras la reforma de la justicia universal, que limitó la competencia de los magistrados españoles para investigar crímenes cometidos en el extranjero aunque las víctimas fueran nacionales de España.

A lo largo de más de una década de investigación, los autos de Pedraz alcanzaron contundentes conclusiones . El juez acusó a los militares de asesinato y de un delito contra la comunidad internacional. Y llegó a lanzar orden de busca y captura contra los tres soldados estadounidenses imputados.

Mientras el proceso judicial experimentaba avances, la embajada estadounidense en España intentó presionar para lograr el cierre del caso Couso, como desvelaron varios documentos diplomáticos filtrados por el portal Wikileaks.

El 'Asesinato colateral' desvelado por Wikileaks

“No hay duda de que las fuerzas de la coalición estaban claramente en medio de operaciones de combate contra una fuerza hostil”, declaró al día siguiente del ataque el teniente – coronel Scott Bleichwehl, un portavoz de las fuerzas armadas norteamenricanas. Justificaba el ataque estadounidense del 12 de julio de 2007 en Bagdad, cuando dos helicópteros estadounidenses abrieron fuego contra un grupo de iraquíes, dos de ellos colaboradores de la Agencia de noticias Reuters. 12 personas murieron, incluidos los informadores.

Reuters solicitó sin éxito las imágenes grabadas desde la cámara del helicóptero y la apertura de una investigación de lo sucedido, apelando al derecho a la información. Tres años más tarde, el vídeo salió a la luz a través del portal de filtraciones Wikileaks. Las imágenes y audios desacreditaban buena parte de la primera versión oficial.

Antes de ser atacadas, las personas asesinadas caminaban con aparente calma, no estaban inmersos en combate alguno. Después de informar de su posición, los soldados indicaron que sobrevolaban a un grupo de hombres “armados” y solicitaron permiso para disparar. Lo hicieron. El grupo de personas desaparece de forma inmediata en medio de una gran humareda.

Posteriormente, los miembros de las fuerzas norteamericanas se felicitan por “la buena puntería” entre risas. “Miren a esos muertos hijos de puta”, dice uno de ellos. “Tenemos a uno de ellos arrastrándose”, afirma otro de los soldados desde el helicóptero. Era Saeed, chofer y asistente de Reuters en Irak. Una furgoneta se acercó para ayudarle pero, mientras lo recogían, abrieron fuego de nuevo. En el interior del vehículo se encontraban dos niños que resultaron heridos. Quienes salieron a prestar asistencia al colaborador de la agencia de noticias murieron.

La masacre de Haditha

El 19 noviembre de 2005, 24 civiles iraquíes desarmados, entre ellos niños, murieron en manos de un grupo de marines de Estados Unidos en la ciudad de Haditha. A primera hora de aquella mañana, un marine estadounidense murió por culpa de la explosión de un artefacto en la cuneta de la carretera por donde transitaba un convoy del Ejército. Otros dos soldados resultaron heridos.

En una primera versión, los marines aseguraron que interpretaron este incidente como una emboscada y que, por esta razón, reaccionaron contra los que creían que habían perpetrado el atentado. Comenzaron a registrar las casas cercanas en busca de los supuestos responsables. Los testimonios de los vecinos de Haditha contradecían desde el inicio el parte oficial, y denunciaron que todos los muertos eran civiles y que tan solo uno de ellos iba armado. Apuntaban que fueron asesinados de forma deliberada por los soldados norteamericanos.

En 2006, la revista Time reveló que tres funcionarios del Ejército no investigaron de forma correcta la masacre e hicieron la vista gorda a la hora de analizar los hechos ocurridos tras la matanza. El Pentágono confirmó que los jefes de la Segunda División de marines pasaron por alto contradicciones e incongruencias de la versión de los soldados implicados, y solicitaron su imputación.

Los drones que matan civiles en Pakistán

La organización Amnistía Internacional documentó en un exhaustivo informe decenas de matanzas perpetradas por aviones no tripulados -drones- estadounidenses en el área tribal de Waziristán, en el noroeste paquistaní, la más afectada por ese tipo de ofensivas. La ONG revisó 45 ataques efectuados entre enero de 2012 y agosto de 2013 y, entre otras, constató “la falta de transparencia” del Gobierno estadounidense en torno a ese tipo de operaciones que, concluyó, podían suponer “crímenes de guerra”.

Los habitantes de esta zona vivían angustiados ante el temor de los explosivos que podrían caer del cielo en cualquier momento. “El miedo a los ataques con ”drones“ está presente en la mente de la población local. ¿Cómo podemos saber que un misil lanzado por un ‘dron’ no caerá en nuestras casas? Puede caer en cualquier lugar”, explicó un vecino a MSF.

La toma del hospital de Faluya

Durante la madrugada del 7 de noviembre de 2004, soldados norteamericanos y fuerzas especiales iraquíes capturaron el principal hospital de Faluya (Irak). Se trataba de una de las acciones que componía una operación militar en diversos puntos de la región que aspiraba a sitiar la ciudad para empujar a los rebeldes hacia el sur.

Según publicó la cadena pública italiana RAI, el Ejército de Estados Unidos utilizó grandes cantidades de un arma química, incluida una variante del Napalm, durante esta ofensiva en Faluya. El uso de estas armas había sido denunciado por medios próximos a la insurgencia. EEUU reconoció el uso de una de ellas, el fósforo blanco, sobre la que defendió su legalidad. Según aseguró el ejército estadounidense, solo la había usado para iluminar posiciones enemigas, disparando al aire.

Hace unos días se hizo pública la sentencia del Tribunal Supremo en el conocido como caso Tíbet, en la que se afirmó una suerte de doctrina cuyas consecuencias van mucho más allá del caso concreto. De hecho, y por si alguien pudiera tener duda, el mismo Tribunal Supremo (TS) señaló que lo que mantenía para ese caso concreto debía aplicarse a “otros supuestos similares”. Y precisamente eso es lo que ha ocurrido con el Auto del Juzgado Central de Instrucción 1 de la Audiencia Nacional del pasado día 9, en el que el Juez Pedraz se ha visto obligado a dar por cerrada la investigación por la muerte de José Couso.

No es tarea sencilla condensar las más de cien páginas de esta sentencia del TS, tampoco traducir sus vueltas y revueltas jurídicas. Valga, eso sí, adelantar una consecuencia práctica general: los responsables de crímenes como el genocidio, los crímenes contra la humanidad o de guerra pueden estar tranquilos, también si sus víctimas son españolas, porque nuestros tribunales no van a poder hacer nada de nada contra ellos mientras se mantengan fuera de nuestras fronteras. En menos palabras: una garantía bastante amplia de impunidad para los criminales y de desamparo para sus víctimas.

Como es sabido, el punto de arranque hasta llegar a este desolador panorama hay que situarlo en la Ley Orgánica 1/2014, con la que el legislador pretendió dinamitar el principio de Jurisdicción Universal en nuestro ordenamiento. El motivo es también conocido: lograr que se archivasen distintos procedimientos judiciales que incomodaban a algunas de nuestras autoridades. De este modo, y en resumen, se intentó imponer que los tribunales españoles sólo podrían perseguir los más graves crímenes internacionales si su autor era español, o residía habitualmente en España, o estando en nuestro país, otro Estado pedía su extradición y nosotros no la concedíamos. Punto final.

En realidad, me corrijo, existía aún un escollo para ratificar semejante cosa: una  serie de normas internacionales aceptadas por España, cuyo contenido parecía hacer imposible lo que el legislador deseaba. En ellas se sostuvo, de hecho, el mismo Juez Pedraz para recién aprobada la Ley Orgánica 1/2014, en su Auto de 17 de marzo, afirmar que aquella restrictiva ley no podía ser de aplicación ante crímenes de guerra, acordando así continuar con el caso Couso. El motivo principal es que la normativa (internacional pero también española) al respecto dispone literalmente que: España “tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, [”crímenes de guerra“], y deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad” (artículo 49 del primer Convenio de Ginebra, 50 del Segundo, 129 del Tercero y 146 del Cuarto –en BOE desde 1952).

A partir de aquí, mantener que el legislador pudiera modificar estas disposiciones con la Ley Orgánica 1/2014, exigiendo sin más que ahora ya sólo podría abrirse un proceso si el criminal de guerra era español, etc., supondría hacer saltar por los aires distintos principios básicos del Derecho, así como lo que expresamente señala nuestra Constitución (artículo 96) y es pacífico para todos nuestros tribunales. En consecuencia, el punto final  vino por otro lado. Transformando lo reproducido en un interrogante, digamos que la (auto)pregunta sería o fue algo como: Pero, ¿cuándo tendrá España esa obligación de buscar a los criminales de guerra? ¿Desde que tenga evidencias de ese crimen, en tanto que es un crimen internacional que por definición atenta contra la Comunidad Internacional en su conjunto, España incluida? O, ¿quizá sólo a partir de un momento o circunstancia determinada? Pues sí, esto último… Y es que, en síntesis, lo que mantuvo el TS es que cuando el artículo citado afirma la obligación de nuestras autoridades de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, un crimen de guerra, lo que realmente está diciendo no es exactamente eso, sino que esto debe hacerse sólo y exclusivamente si están o desde que estén en España. ¿Y si no lo están? Pues entonces no. Esto es, que nuestros tribunales nada podrán hacer. Y cuando digo “nada”, me refiero exactamente a eso. Por parafrasear el mismo Auto del Juez Pedraz: “Así, ante un crimen de tal tipo cometido contra periodistas o personas españolas consideradas como población civil (p.e. cooperantes), ni aun los familiares de víctimas o el Ministerio Fiscal podrán instar la apertura de diligencias en España para al menos identificar a la víctima, solicitar la autopsia u otras diligencias urgentes o investigar cómo acontecieron los hechos”.

De este modo es como se llegó al acto final, que por la misma sentencia del TS supuso el fin del caso Tíbet, y tras él y en su virtud, el del caso Couso. La base de todo ello, en fin, es que la Ley Orgánica 1/2014 no sólo no vulnera ninguna obligación internacional en materia de persecución de crímenes internacionales, sino que es total y plenamente acorde con todas ellas. Y ello porque aunque ninguna de estas obligaciones lo dice, lo que hay que entender es que sólo exigen perseguir a los responsables de estos crímenes cuando estén en nuestro país; y todo esto, añade el TS, pese a que por “la gravedad y universalidad de [estos] delitos [fuera] aconseja[ble]” que sean perseguidos universalmente... Con todo, parece olvidársele al mismo TS que para la Ley Orgánica 1/2014, ni siquiera esta restrictiva interpretación es suficiente, pues rizando el rizo lo que exige es, en general, no ya que el presunto autor  esté en España, sino que “resida habitualmente en España”, como ya vimos. Como sobre esto nada indica el TS, a la postre cabe entender que la tesis final pudiera resumirse así: Lo que en verdad dicen los Convenios Ginebra no es lo que todos podemos leer, sino que España “tendrá la obligación de buscar a las personas acusadas de haber cometido, u ordenado cometer, [”crímenes de guerra“], sólo cuando estén en España pero no de paso sino que solamente si residen habitualmente aquí, y (entonces sí) deberá hacerlas comparecer ante los propios tribunales, sea cual fuere su nacionalidad”.

Sin forzar tanto el cuadro para lograr el encaje de la Ley Orgánica 1/2014, en la cuestión general, la posición defendida por el TS es ciertamente una de las que han estado presentes en el debate jurídico desde hace tiempo. En lo que nos ocupa, eso sí, la más restrictiva. Cabría abrir aquí entonces una discusión sobre múltiples cuestiones, empezando por las reglas de interpretación de un tratado internacional. No obstante, no es éste el momento ni el lugar para ello, pero una mínima consideración al menos: En realidad, el TS sí apunta en su sentencia algunas de estas reglas interpretativas, pero omite otras y entre ellas una no menor: todo tratado internacional debe interpretarse teniendo en cuenta su objeto y fin. Lo que sí aparece, fugazmente, es alguna mención al objeto y fin del sistema en que descansa la persecución de estos crímenes internacionales; de hecho, afirmó el mismo TS que “la Jurisdicción Universal supone que los Tribunales de un Estado deben ejercer jurisdicción extraterritorial sobre ciertos delitos en función de su naturaleza, para evitar que los responsables puedan encontrar un lugar de refugio donde alcanzar la impunidad”. Estoy de acuerdo. Ahora bien, debates técnicos al margen, la clave es que con la interpretación que ha defendido de las normas en cuestión, el TS a donde nos ha llevado es a lo siguiente: A partir de este momento, los responsables de crímenes que atentan contra todos nosotros tendrán, de hecho y de Derecho, un estupendo refugio en cualquier lugar del mundo, con tal de que no vengan a España. Perdón, también lo tendrán aquí salvo que se decidan a residir habitualmente dentro de nuestras fronteras.

Frente a esta realidad, ya se está trabajando en la redacción de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Confiemos entonces en que terminemos logrando que las víctimas de los más graves internacionales, que todos los que formamos parte de la Comunidad Internacional contra la que también atentan, finalmente logremos ser amparados por la justicia española.

El recorte de la justicia universal aprobada por el PP en marzo de 2014 se acaba de llevar por delante el caso Couso. La Audiencia Nacional, concretamente el juez Santiago Pedraz, investigaba la muerte del cámara a manos de militares norteamericanos en Bagdad en 2003. Desde 2011 hay un acto de procesamiento contra un sargento, un capitán y teniente coronel de la Tercera División de Infantería del Ejército de EEUU. Va a acabar en un cajón. El mismo juez Pedraz, que la emitió, ha cerrado el caso lamentando la situación de desprotección en la que quedarán los ciudadanos españoles fuera de España. Desde la reforma de la justicia universal solo se puede perseguir a los presuntos culpables si se encuentran en territorio español, y no es el caso. Uno de los hermanos de José, David Couso, habla con el diario.es.

La Audiencia Nacional acaba de cerrar la vía de investigación en España. ¿Es el fin del caso Couso?

No. Vamos a continuar. Hemos vivido un día agridulce, pero también tenemos que celebrar que era la única causa abierta en el mundo contra militares norteamericanos, y esa ha sido una victoria de 12 años de lucha. Vamos a recurrir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo porque esto no se acaba aquí. El Partido Popular, que conoce muy bien la impunidad, decía que no iba a abandonar a los ciudadanos españoles, pero nos han dejado abandonados como perros en la cuneta. Son unos hipócritas, porque hablan de patria, pero patriota es quien busca la justicia para los ciudadanos de su país.

El juez Pedraz dice en su auto que se puede llevar el caso a otro país donde aplique la justicia universal (Francia, Sudáfrica, Argentina...). ¿Están pensando en trasladar el caso fuera de España?

De momento vamos a recurrir a Estrasburgo. Hay otra vías judiciales y las utilizaremos todas, pero aún estamos desgranando en profundidad el auto del juez y trabajando con nuestros abogados.

Después de 12 años intentando que haya caso y se juzgue a los responsables, el desgaste psicológico debe ser importante.

Esta lucha es lo único que nos queda, porque a José no lo vamos a recuperar. Las madres de Plaza de Mayo en Argentina consiguieron juzgar sus asesinos después de 30 años, y nosotros hasta que no veamos a los asesinos juzgados no vamos a parar.

¿Y el desgaste económico? ¿Cómo afecta este revés?

Tenemos un equipo de abogados que trabaja desinteresadamente con nosotros. Solo hacemos frente al gasto que generan los procuradores y los trámites administrativos. Además, recaudamos dinero a través de conciertos, camisetas, un libro publicado, micromecenazgo... Después de este tiempo la gente continúa con nosotros, y ese es uno de nuestros motores. Ese calor se nota y conforta cuando te falta un hermano.

¿Han tenido contacto con el juez Pedraz? Evidencia en su auto que está contra el cierre del caso Couso.

Nunca. No hemos querido contactar con él pese a que hemos tenido la oportunidad de coincidir. No queremos enturbiar su trabajo. El día que ganemos le podremos saludar... Y lo haremos. Mientras el caso pueda estar abierto, no. Destaco de su auto la frase “la decisión del legislador será discutible y podrá provocar debates en torno a tal impunidad, no solo para el presente caso sino para otros posibles; mas no corresponde a los jueces suplir al legislador”.

¿Y el PP y el PSOE, qué relación han tenido estos años con la familia? 

El PP nos ha recibido estando en la oposición y el Gobierno, pero han incumplido los tratados internacionales. Resulta que albergamos bases militares, el escudo antimisiles... Y no pueden mantener una conversación de tú a tú con EEUU. Hemos tenido que aguantar que desde la Administración Bush se dijera que antes de ver a soldados americanos en el banquillo se helaría el infierno. El PP ha obligado al juez a cerrar la causa, pero se empezó a limitar la justicia universal en 2009 con el PSOE. Y el PP en 2014 ha tratado de acabar con ella, pese a que va contra la IV Convención de Ginebra que obliga a perseguir estos delitos estén donde estén.

¿Qué siente el día que acaba el caso Couso en la Audiencia?

Es un día raro, como familia y como víctimas. Pero también el periodismo tendría que sentirlo, la ciudadanía, y habría que echarse a la calle para decirle a estos defensores de la impunidad que no queremos un mundo así, que queremos que se respeten los tratados internacionales y que se defienda a los ciudadanos.

El juez Pedraz ha archivado el caso Couso. Lo hace aplicando la jurisprudencia establecida por el Tribunal Supremo al ordenar a la Audiencia nacional cerrar el caso Tíbet, al constatar la falta de competencia de los tribunales españoles tras la reforma de la justicia universal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy.

Con el archivo, quedan sin efecto las órdenes de detención internacional contra los tres militares del Ejército de Estados Unidos procesados por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado y Homicidio. Los presuntos asesinos del cámara José Couso ya nunca serán juzgados ni deberán responder por sus actos.

No habrá juicio para esclarecer un crimen de guerra cometido para dejar claro que la única información que valía era la oficial, que resultaba más prudente no hablar de los civiles muertos, los bombardeos indiscriminados o la operación de saqueo gestionada por las empresas privadas que se quedaron con la contrata de la Guerra de Irak.

La justicia universal vuelve a perder ante su peor enemigo: el cinismo universal. Los mismos que se rasgan las vestiduras ante las violaciones de los derechos humanos en Venezuela, callan ante Guantánamo o aplauden, ríen las gracias, hacen reverencias y van de caza con los sátrapas Arabia Saudí, Egipto o China únicamente por asegurar mercados y negocios y así vender unos trenes, unos zapatos, unos condones o unas naranjas más. Nuestros principios democráticos valen lo que vale su PIB.

Puede que no haya juicio para el caso Couso pero aún puede haber algo de justicia. No existe reforma legal capaz de impedirnos condenar a quienes votaron y aplaudieron la Guerra de Irak. No existe ley que nos prohíba acusar a un gobierno que, no sólo ha ayudado a encubrir a los criminales e impedir que sepamos la verdad, sino que impone cada día la pena de silencio, censura y olvido a la memoria de José Couso y a toda su familia. 

José Couso, muerto el 8 de abril de 2003, junto con otros periodistas, por el fuego de un carro de combate de EE UU que bombardeaba el Hotel Palestine, uno de los emplazamientos de la prensa en Bagdad. Un cámara gallego asesinado por hacer su trabajo y a quien quieren que olvidemos y no honremos como la víctima que fue de aquella guerra cruel, inmoral y extraordinariamente lucrativa para quienes la apoyaron. No le olvides.

El juez Santiago Pedraz ha concluido la investigación del caso Couso con la decisión de elevar a la Sala de lo Penal la propuesta de cerrar la causa. En ese sumario están procesados tres militares norteamericanos por el ataque al Hotel Palestina en Bagdad el 8 de abril de 2003 en el que murió el cámara de Telecinco José Couso y el ucraniano Taras Protsyiuk. Los militares estaban siendo investigados por delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, en concurso con delito de Homicidio.

En un auto, Pedraz justifica esta decisión por la reforma de la ley de jurisdicción universal y, en especial, por la sentencia del Tribunal Supremo que puso fin a la investigación de los delitos cometidos por las autoridades chinas en Tíbet. El juez recuerda que esa sentencia se dictó por unanimidad y sin votos particulares, y además se decía en ella “que la misma es extensible a procedimientos con similar fundamento”.

Pedraz lamenta que los procesados no puedan ser buscados ni investigados, a pesar de que “queda constatado que existen suficientes indicios racionales de que los procesados serían autores de los delitos señalados”. El juez deja claro quién es el responsable: la nueva norma impide la persecución de cualquier crimen de guerra cometido contra un español, “salvo en el difícil supuesto de que los presuntos criminales se hayan refugiado en España”.

Indignación de la familia de Couso

La familia del periodista ha anunciado que recurrirá la decisión y llegarán si es preciso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Familiares y amigos han dicho en un comunicado que están “desolados, indignados y decididos a no tirar la toalla”.

“El Gobierno cambió la ley para proteger a los asesinos de mi hermano”, afirma David Couso, hermano del reportero asesinado. “Fue un cambio de ley hecho a la carta, para favorecer a determinados criminales como los militares estadounidenses que acabaron con la vida de mi hermano y también de genocidas como los responsables de decenas de miles de muertes en el Tíbet y en otras naciones”.

Cousa destaca que los argumentos empleados por el juez Pedraz confirman que hay indicios sólidos para que los responsables del ataque al hotel sean procesados, y que sólo la “impunidad” creada por la reforma de la ley de justicia universal les permitirán librarse del proceso judicial: “A Pedraz le ha obligado a cerrar el caso el Partido Popular con su antidemocrática reforma”.

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha avalado la decisión del juez Santiago Pedraz de continuar con la instrucción de la causa en la que investiga la muerte del cámara de Telecinco José Couso, que se produjo en 2003 durante la entrada en Bagdad (Irak) de las tropas de Estados Unidos, informaron fuentes jurídicas. Los 16 magistrados presentes en la reunión celebrada este viernes han rechazado el recurso presentado por la Fiscalía en el que pedía que el juez instructor cerrara la causa y la elevara a este órgano superior para su archivo.

Pedraz rechazó el pasado 17 de marzo archivar este procedimiento al considerar que la limitación de la Justicia universal aprobada por el Congreso de los Diputados contravendría la cuarta Convención de Ginebra, que obliga a “perseguir los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado”. La nueva decisión es de relevancia porque da la razón al juez y, por tanto, se determina que pesa más el tratado internacional que la reforma nacional, por lo que podría sentar un precedente en los casos de crímenes de guerra.

La nueva normativa establece que los tribunales españoles sólo son competentes para investigar causas de justicia universal cuando los investigados tengan la nacionalidad española, residan en nuestro país o existan indicios de que el delito se cometió en territorio nacional.

La oposición de Pedraz

La Fiscalía recurrió su decisión en reforma alegando que Pedraz se había extralimitado y había vulnerado “palmariamente” las normas de competencia funcional, al negarse a cerrar la posibilidad de que las partes plantearan una cuestión de inconstitucionalidad contra la limitación de la justicia universal.

El juez rechazó el 27 de marzo este recurso asegurando que la reforma, impulsada por el trámite de urgencia por el Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, carece “de sentido” y presenta “evidentes lagunas” que hacen imposible su aplicación a este caso.

Ante este nuevo auto el fiscal presentó su recurso de queja ante el Pleno de la Sala de lo Penal, al que el juez se opuso en un escrito de alegación en el que ponía de manifiesto la diferencia de criterio en este asunto entre la Fiscalía de la Audiencia Nacional y otras secciones del Ministerio Público como Anticorrupción o Antidroga.

“Mientras una Fiscalía aboga por una interpretación amplia, otra --la de la Audiencia Nacional-- respalda una interpretación más restrictiva”, señalaba Pedraz en su escrito, en el que criticaba el “peculiar” trámite procesal que le solicitaba la acusación pública.

Procesados tres militares de Estados Unidos

En la causa están procesados y bajo orden de busca y captura tres militares del Ejército estadounidense por un delito contra la comunidad internacional en concurso con otro de homicidio. Se trata del teniente coronel Philip de Camp, el capitán Philip Wolford y el sargento Thomas Gibson.

Couso murió en el hotel Palestina de Bagdad (Irak) el 8 de abril de 2003 al ser disparado mientras grababa la entrada de las tropas norteamericanas en la ciudad.

El destino de las otras causas

El pleno de la Audiencia Nacional está estudiando tres aspectos relacionados con la reforma de la Justicia Universal, además del caso Couso, también debate si accede al cierre de la causa del Tíbet y si tiene que excarcelar a otros cinco narcos extranjeros apresados en barcos fuera de aguas territoriales.

En el caso de la acusación de genocidio en el Tíbet, y que según críticos con la reforma fue el detonante de que el Gobierno limitase la aplicación de la justicia universal, el pleno debe determinar si lo archiva definitivamente o si cabe plantear cuestión de inconstitucionalidad contra la nueva norma.

El pasado 10 de febrero, Moreno ordenó la busca y captura para su detención e ingreso en prisión incondicional de cinco exdirigentes chinos, entre ellos el expresidente Jiang Zemin, por genocidio, torturas y lesa humanidad en relación a la represión en el Tíbet.

Esta decisión provocó que el gobierno chino expresara en varias ocasiones su “fuerte malestar” y su “firme oposición” a la decisión de la Justicia española y expresó su deseo de que el Gobierno resolviera “de forma apropiada” este asunto.

Moreno ha sido el único juez que tras la reforma ha accedido a la petición de la Fiscalía de concluir el sumario y elevarlo a la Sala de lo Penal para que este órgano se posicione sobre la disposición transitoria única de la nueva norma, que ordena el archivo de forma retroactiva de los casos de justicia universal abiertos.

El pleno también abordará la excarcelación de cinco presuntos narcotraficantes -un coreano y cuatro brasileños- que iban a ser juzgados el 5 de junio y que fueron detenidos en marzo de 2013 en un buque fuera de las aguas territoriales españolas con 1,7 toneladas de cocaína valorada en 60 millones.

Además, tiene también que resolver un recurso de la Fiscalía Antidroga contra la decisión del juez Ismael Moreno de excarcelar a cuatro narcos turcos apresados en un barco pesquero fuera de las aguas territoriales españolas con 12 toneladas de hachís, en cumplimiento de la reforma.

Eva Amaral y Juan Aguirre actuaron este domingo frente a la Embajada de Estados Unidos pidiendo justicia por el asesinato de José Couso

Discurso de Amaral sobre el caso Couso:

Canción Revolución, en directo y al megáfono:

El sindicato ultra Manos Limpias ha presentado hoy en el Consejo General del Poder Judicial una denuncia contra el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por dos supuestas faltas muy graves al mantener en un auto la investigación por la muerte del cámara José Couso en la guerra de Irak “en contra de la ley”.

En dicha resolución el magistrado se negó a archivar de oficio el caso tras la entrada en vigor de la ley que limita la justicia universal en España.

A juicio de Manos Limpias, si el instructor tenía dudas en la aplicación de la norma “tenía que haber interpuesto una cuestión de inconstitucionalidad, por lo que ha actuado conscientemente en contra de la ley o ha incurrido en una ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales”.

“Actuaciones de esta índole están causando un gravísimo daño en la credibilidad de la justicia cuando aquellos que deben ser los máximos garantes del Estado de derecho vulneran flagrantemente la legalidad vigente”, concluye el sindicato denunciante

Las asociaciones de jueces consideran que la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz de seguir adelante con la investigación del asesinato del cámara de Telecinco José Couso pese a la reforma que ha limitado la justicia universal se ajusta a derecho.

¿Qué le parece que el juez Pedraz siga adelante con la investigación del caso Couso?

Jueces para la Democracia (Joaquim Bosch): Pedraz realiza una ponderación sobre las normas en conflicto y llega a la conclusión de que la norma interna española está por debajo en el grado de aplicación que el tratado internacional y por ello llega a la conclusión de que resulta aplicable la IV Convención de Ginebra. Con ello lo que hace es seguir la jurisprudencia que ha considerado que una norma interna no puede dejar sin investigar un caso que supone un grado preferente.

Asociación para la Magistratura (Antonio Piña): Nosotros mostramos absoluto respeto por las decisiones judiciales y no solemos realizar ni crítica ni alabanza sobre los procesos en curso.

Francisco de Vitoria (Francisco Sexmero): En un principio, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judciial, si el juez entiende que no cumple todos los requisitos para no archivar, es el juez el que debe decidir si persigue un delito cometido contra un español en el extranjero y que no se está investigando en el otro país.

¿Supone esta decisión una vulneración de la nueva regulación de la justicia universal?

Jueces para la Democracia: Más que una vulneración, lo que concluye es que no resulta aplicable en este caso concreto porque se trata de perseguir el delito contra personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado. En este caso, de acuerdo con sus características, el hecho de que en EEUU no se está persiguiendo este delito y que las víctimas -la familia de Couso- no tienen ningún mecanismo para ejercer su derecho a la tutela judicial efectiva, el juez entiende que debe prevalecer la Convención de Ginebra.

Asociación para la Magistratura: El auto se encuentra plenamente motivado en cuanto da respuesta a la duda que se había suscitado en orden a la aplicación de la nueva normativa. El juez expresa una opinión fundada en derecho y, por lo tanto, plenamente sostenible.

Francisco de Vitoria: En principio no. Es una interpretación de la ley, porque los jueces, además de aplicar la ley, tenemos que interpretarla. Pedraz habrá entendido que el caso Couso no está excluido de los requisitos del trámite de la justicia universal. Pero la Sala puede hacer otra interpretación.

¿Archivar el caso Couso incumpliría tratados internacionales, como el Convenio de Ginebra?

Jueces para la Democracia: Efectivamente, porque en este caso el estado español se había comprometido a perseguir los delitos derivados de la protección de personas y bienes en caso de conflicto armado y no los estaría persiguiendo. Tanto en la decisión de no aplicar la ley como en la de no aplicar el tratado, las insitituciones españolas estarían incumpliendo el deber jurídico. En este caso lo que se ha hecho es valorar cuál es la norma que tiene carácter preferente y el juez, con buen criterio, considera que tiene carácter preferente el Convenio de Ginebra.

Asociación para la Magistratura: Los convenios internaciones ratificados por las Cortes son plenamente aplicables en España y su contradicción con la ley se salva en la forma realizada por el juez Pedraz, mediante la inaplicación de la norma que los contradice. Ahora bien, la posible incompatibilidad entre el tratado y la ley puede ser subsanado mediante las reservas oportunas en la aplicación de alguna de las disposiciones del tratado.

Francisco de Vitoria: El problema está en si una modificación de una ley orgánica puede ir en contra de la firma de tratados internacionales que obligan a España a perseguir esos delitos. Es la interpretación del juez y es correcta.

¿Qué procedimiento se puede llevar a cabo para frenar a Pedraz?

Jueces para la Democracia: La resolución no es firme, es susceptible de recurso. En este caso podría ser recurrida y es posible que la recurra la Fiscalía.

Asociación para la Magistratura: La presentación por parte de la Fiscalía de un recurso al auto dictado por Pedraz y el posterior pronunciamiento de la Sala de la Audiencia Nacional.

Francisco de Vitoria: Cabe recurso del Ministerio Fiscal contra esta decisión. Es el único que está legitimado. No se entiende que la modificación de la ley pueda incluir efecto retroactivo. Solo el recurso del fiscal podrá evitar que el juez Pedraz siga investigando.

La familia de José Couso, cámara de televisión asesinado en Bagdad en 2003 a consecuencia de un disparo de las fuerzas militares de EEUU, ha asegurado que llegará hasta el Tribunal Constitucional o, si fuera necesario, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en caso de que se apruebe la reforma propuesta por el PP para limitar la jurisdicción universal de los tribunales españoles.

“Los militares estadounidenses que mataron al cámara español José Couso podrían quedar libres de toda culpa de aprobarse la proposición ley presentada por el Partido Popular, que recorta, hasta prácticamente hacer desparecer, la jurisdicción universal”, ha advertido la familia en un comunicado.

Para la familia de Couso, la reforma propuesta por el PP vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva al establecer que los jueces españoles solo serán competentes para investigar delitos cuando “el procedimiento se dirija contra un español o un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España o se encontrara en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades españolas”.

Los imputados por el juez Santiago Pedraz, instructor en el caso Couso, son ciudadanos estadounidenses que no están en España, por lo que no se permitiría continuar con la investigación y los responsables de la muerte de José Couso, actualmente imputados, “pasarían de un plumazo a ser intocables”.

Por ello, la familia del cámara ha hecho un llamamiento a todos los grupos parlamentarios, también al PP, para que no voten a favor de una reforma que, a su juicio, “sólo busca evitar que determinados actos criminales, como el asesinato de José Couso, queden impunes” y aleja a España “de los principios fundamentales del derecho internacional, que proscribe la impunidad en materia de crímenes contra la humanidad”.

“Los jueces deben poder actuar de forma independiente. Cambiar la ley para que las sentencias se ajusten a los deseos del gobierno hace que la separación de poderes, propia de un Estado de Derecho, quede en entredicho”, ha indicado la familia, que considera que la reforma es “de una enorme gravedad” porque lanza el mensaje de que “asesinar españoles sale gratis”.

Diez años después el caso sigue abierto y es la única causa en el mundo que está siendo investigada contra marines estadounidenses. Los tres militares que ordenaron, autorizaron y efectuaron el disparo que acabó con su vida están procesados, y dos de sus superiores, imputados.

José Couso murió el 8 de abril de 2003, consecuencia de un disparo de las fuerzas militares de EEUU al hotel Palestina de Bagdad, sede de la prensa independiente. Otros dos periodistas perdieron la vida tras el ataque. Ningún responsable ha sido juzgado.