Un hombre de 52 años ha sufrido lesiones moderadas -intoxicación por inhalación de humo y quemaduras de primer grado en la espalda- al incendiarse una vivienda en la calle majorera Jorjao (Corralejo, La Oliva), informa la web del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES).

Sobre las 21.32 horas de la noche del viernes, el CECOES fue alertado de que se había incendiado una vivienda abandonada y que había afectado a una palmera en la localidad de Corralejo, por lo que el 112 activó de inmediato los recursos de emergencia.

Al lugar acudieron una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y efectivos de Bomberos de La Oliva, Policía Local y Guardia Civil.

La nota destaca que los bomberos extinguieron las llamas -al parecer se originaron por una vela- que calcinaron la vivienda en su totalidad.

Por su parte, los sanitarios del SUC realizaron la asistencia inicial del afectado y, tras estabilizarlo, lo trasladaron al Hospital General de Fuerteventura.

El colectivo ambiental Limpiaventura realizará este sábado una limpieza de los fondos marinos de Corralejo, una actividad que tendrá, como acción principal, el reflote y retirada de una embarcación turística hundida en la zona del muelle de la localidad.

El Ayuntamiento de La Oliva se ha implicado en esta actividad, que se lleva a cabo coincidiendo con el Día de la Limpieza del Planeta, en que se realizan batidas de recogida de residuos y de restauración ambiental por todo el mundo, ha explicado el Consistorio en un comunicado.

En el mes de febrero se hundió en la Bahía de Corralejo una embarcación dedicada a actividades turísticas, que ha quedado en la zona desde entonces y que, según ha explicado el vicepresidente de Limpiaventura, Ángel Campos, es necesario retirar, “porque contiene materiales que podrían contaminar la zona, como aceites, plásticos y demás elementos químicos”.

Además, “es importante actuar ahora, porque se está acercando el momento en que este tipo de embarcaciones de fibra se empieza a descomponer por la corrosión marina, y es algo que queremos evitar”.

Limpiaventura ha organizado la actividad junto a Punta Amanay Diving Center, el club de buceo aporta a unos treinta buzos experimentados que participarán en la operación y que estarán apoyados por tres embarcaciones, una de ellas el barco-grúa que habitualmente retira la basura de isla de Lobos.

El barco hundido tiene unos 5,5 metros de eslora y se encuentra a unos cuatro metros de profundidad. Para poder retirarlo, será necesario utilizar un sistema de flotadores que permitan elevar la embarcación a la superficie y sacarla del mar.

El concejal de Medio Ambiente, David Fajardo, ha asegurado estar “muy contento de tomar parte en esta campaña, en este caso colaborando para conseguir todos los permisos y facilitar que la limpieza se pueda llevar a cabo”.

La Fiscalía ha denunciado una serie de actividades irregulares que atribuye a la empresa Nautic Corralejo Charter, constituida entre otros socios por Juan López Vila, cabo de la Guardia Civil y destinado en la patrullera de Corralejo, y considera que la propia Guardia Civil habría hecho la 'vista gorda' con la situación.

En su denuncia, el Ministerio Fiscal señala que durante la investigación que se ha efectuado se constata la existencia de la citada empresa, que fue constituida por López Vila, su pareja sentimental, Evelyn Gómez, concejal en el Ayuntamiento de La Oliva, que figuró como administradora única de la sociedad, y Alien Alonso, que “es el que materialmente la explota”.

La Fiscalía explica que la empresa se dedica a la explotación turística de tres embarcaciones: Siña María III, Ruthy Cuatro y Nautic Corralejo Charter, principalmente para “excursiones turísticas para pesca en alta mar” o traslado de pasajeros al espacio natural protegido del Islote de Lobos.

“Dicha actividad”, destaca el fiscal Tomás Fernández, “se realiza con graves irregularidades que impedirían la navegación de dichas embarcaciones y que no han sido nunca denunciadas” por el Destacamento Marítimo de la Guardia Civil de Corralejo, “servicio con la competencia de inspección” en la matera.

Así, el fiscal subraya que en el Destacamento Marítimo de la Guardia Civil “presta sus servicios de forma activa” Juan López Vila, “la mayoría de veces como patrón de las patrulleras” del Instituto Armado. La pasividad que la Fiscalía resalta en las tareas de inspección hacia la empresa fundada por el cabo López Vila, que “nunca” han sido denunciada, contrasta, para el fiscal, con que otras embarcaciones “sí han sido denunciadas y sancionadas” por “infracciones administrativas” en la zona.

En ese sentido, el fiscal una serie de irregularidades cometidas, según su denuncia, por la empresa constituida por el cabo de la Guardia Civil, como “realizar excursiones con pasajeros a bordo careciendo de despacho”, es decir, la comprobación que hace Capitanía Marítima sobre “todos los buques y embarcaciones civiles” y, por tanto, “también las embarcaciones de recreo”, de que “cumplen con todos los requisitos exigidos por las normas legales” y la tripulación “adecuada”.

Además, el fiscal destaca que en la investigación se constató que las embarcaciones de la empresa navegaban “con pasajeros a bordo sin persona al frente con el título de patrón”, o “con marinero desenrolado y sin certificado médico expedido por el Instituto Social de la Marina”. También navegaban “careciendo de preceptivo e indispensable seguro de responsabilidad civil” y se producía la navegación con marineros en embarcaciones “sin libreta de inscripción marítima”.

“Presunta falsedad”

La Fiscalía insiste en que “esta actividad marítima se realiza a título oneroso”, con el “correlativo beneficio para la entidad y sus socios”. La investigación también ha incluido a la propia empresa. El fiscal señala que se ha comprobado que en la escritura de constitución de la sociedad “se comete una presunta falsedad”.

Así, resalta que en la escritura se afirma que los socios aportaban como cien por cien del capital social “la titularidad de barco Siña María III, cuando, según el Registro Marítimo, dicha embarcación” en aquel momento, estaba vinculada a otra compañía.

“Prueba de esta falsedad es, además, el hecho de que pocos meses después la entidad Nautic Corralejo Charter” arrienda de forma efectiva la citada embarcación por un periodo de cinco años, abunda el fiscal.

Delitos investigados

Para la Fiscalía, “sin perjuicio de las infracciones administrativas a las que dieran lugar, estos hechos podrían ser constitutivos” de un delito continuado de prevaricación omisiva, de un delito de negociaciones y actividades prohibidas a los funcionarios públicos, y de un delito de falsedad en documento público.

El fiscal Tomás Fernández explica que se han practicado como diligencias, antes de formular su denuncia para el Juzgado, declaraciones de testigos, oficios al Destacamento Marítimo de la Guardia Civil, Capitanía Marítima e instituto Social de la Marina, así como el estudio de la materia desde el punto de vista administrativo, y la coordinación y reunión con agentes de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Puerto del Rosario.

Por las irregularidades investigadas, además de dirigir la denuncia al Juzgado para que se inicie la instrucción que corresponda, también se traslada a Capitanía Marítima ante las “posibles infracciones administrativas detectadas”.

Las nueve empresas de water taxi que cubren la ruta de transporte marítimo entre Corralejo y el Islote de Lobos defienden la “absoluta legalidad” del servicio que prestan y garantizan que son los “primeros interesados” en desarrollar su actividad con “la máxima seguridad” posible. Así lo han sostenido este lunes en un comunicado después de que este periódico destapara el descontrol en este servicio que no tienen permisos oficiales, ni ningún tipo de autorización, ni tampoco licencia del Ayuntamiento de La Oliva.

Por esa razón, solicitan a todas las administraciones implicadas una reunión urgente para pactar y poner en marcha cuanto antes “todas las medidas que se consideren necesarias para solucionar la problemática generada en los últimos días con la intervención unilateral del Ayuntamiento de La Oliva”.

“Por nuestra profesionalidad, por nuestros clientes y por nuestro compromiso con un servicio turístico de calidad, somos los primeros interesados en resolver el problema”, resalta el portavoz del colectivo del water taxi, Alien Alonso Gil. Las empresas garantizan que cuentan con todos los permisos oficiales para realizar su actividad y cumplen a rajatabla con las condiciones de desembarque fijadas en el Plan de Uso y Gestión del Parque Natural. Además, cuentan con la totalidad de los permisos, título y seguros exigidos por Capitanía Marítima.

Advierten de que la presión “injusta” sobre su actividad empresarial pone en riesgo los 56 puestos de trabajo directos que sostienen y la supervivencia de nueve compañías majoreras que cubren desde hace años y sin ningún accidente registrado la ruta entre Corralejo y Lobos.

Las empresas del water taxi recuerdan que en 2017 se pactaron -en una mesa en que estaban sentadas todas las administraciones competentes- normas “claras” para garantizar la seguridad del servicio y el desembarco en la zona del Puertito “con total garantía” para los usuarios del servicio. “Si esas normas no parecen ahora suficientes”, indica Alien Alonso Gil, “estamos totalmente abiertos a revisarlas y mejorarlas”.

Sin embargo, los representantes de estas nueve empresas majoreras consideran que la opción de realizar el desembarco y recogida de los visitantes de Lobos en el muelle grande de Lobos carece en la actualidad de “las mínimas garantías de seguridad”. Para el colectivo, la medida unilateral que propone el Ayuntamiento de La Oliva “es muy peligrosa”, ya que el muelle exterior no reúne las condiciones para operar desde pequeñas embarcaciones por su antigüedad y falta de mantenimiento. “Como profesionales, no podemos poner en riesgo la seguridad de nuestros clientes y cualquier accidente sería responsabilidad única del Ayuntamiento si finalmente nos obliga a trabajar en condiciones de riesgo”, indicó Alien Alonso Gil.

“Nuestro colectivo está sometido a una de las más estrictas legislaciones en materia empresarial y de seguridad, regulada toda esta normativa por Capitanía Marítima órgano competente en otorgar los permisos para ejercer nuestra actividad”, recuerda el representante de las empresas del water taxi. El cumplimento “riguroso” de estos requisitos legales y de seguridad ha tenido como efecto que en “muchos años de trabajo profesional ninguna de nuestras embarcaciones ha producido ningún accidente o negligencia en nuestras competencias o desarrollo de nuestra actividad”.

Plan rector

El Plan Rector de Lobos recoge que los únicos dos sitios del Islote donde se pueden acceder para descargar personas y mercancías son el muelle exterior y el espigón del refugio natural denominado el Puertito. Además, la Ley de Puertos establece que la zona destinada a atraque de barcos o zonas de carga y descarga de mercancías y personas está terminantemente prohibida el baño.

En consecuencia, las empresas del water taxi llevan mucho tiempo solicitando a las administraciones competentes el balizamiento del área para delimitar por donde circulan los barcos y por donde se pueden bañar los visitantes sin peligro. Recuerdan que la solución de balizar la zona de baño y la recreativa ya se ha adoptado en la playa del Waikiki en Corralejo, del mismo municipio de La Oliva. Además, las empresas proponen poner un coordinador de tierra que organice el pasaje y de paso en orden a las entradas y recogidas de usuarios del servicio.

Como segunda opción y más a medio plazo, el colectivo ha puesto sobre la mesa en varias ocasiones la posibilidad de instalar un pantalán flotante para la descarga de personas en el muelle exterior, con lo que “se garantizaría la seguridad y un servicio de calidad”. Las empresas aseguran que incluso están dispuestas a costear dicha inversión y mejora provisional “si se facilitaran los trámites administrativos debido a las extraordinarias circunstancias que nos rodean”.

Los water taxis que cubren el trayecto entre Corralejo, en el noreste de Fuerteventura, y Lobos trasladando turistas a esta isla protegida no tienen permisos oficiales, ni ningún tipo de autorización, ni tampoco licencia del Ayuntamiento de La Oliva para desarrollar esa actividad comercial. Así lo confirma el concejal de Medio Ambiente de La Oliva, Óliver González, ante un caso de dudosa legalidad medioambiental que hasta incumple la propia Guardia Civil en esta comarca, contraviniendo sus mismas órdenes.

La Policía Local de La Oliva, respaldada por el Servicio Marítimo de la Guardia Civil, se presentó el pasado viernes en la playa del Puertito de Lobos, un islote deshabitado de seis kilómetros cuadrados catalogado como Parque Natural, y levantó acta de lo que allí viene sucediendo a diario este verano, el trasiego de taxis acuáticos a través del canal que separa Fuerteventura de Lobos. Las fuerzas de seguridad notificaron a los patrones de este tipo de embarcaciones que no podían seguir desarrollando la actividad de embarque y desembarque de turistas, en base a lo establecido por la Ley de Costas.

Sin embargo, según pudo comprobar este diario durante el fin de semana, las órdenes han caído en saco roto. A lo largo de todo el sábado y el domingo, la Policía Local no acudió al islote y los water taxis, desoyendo la advertencia de la autoridad municipal, continuaron utilizando la playa del Puertito para desarrollar su actividad comercial.

Solo una de las empresas dedicadas a este negocio cumplió con la advertencia municipal ese fin de semana. Se trata de las zodiacs que forman parte de la compañía que gestiona el Celia Cruz, que toma su nombre de uno de los barcos de línea que históricamente han cubierto este trayecto hasta la aparición de los water taxis. Sus zodiacs desembarcaron a sus pasajeros en el muelle, y no en la playa del Puertito, tal como se les indicó el viernes.

Según fuentes de las empresas de taxis acuáticos, hasta que no reciban una comunicación por escrito del Ayuntamiento de La Oliva para que no entren al Puertito, continuarán haciéndolo. Y el responsable de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de la Oliva pasa la pelota a la Dirección General de Costas: “El Ayuntamiento no les va a notificar nada por escrito, más allá de lo que la Policía les ha comunicado ya”.

“Si a pesar de las advertencias de la Policía hay reincidencia se dará traslado de los informes policiales a la autoridad competente, que en este caso es la Dirección General de Costas, que es la que tiene autoridad para sancionar”, añade el concejal.

“Problema para la seguridad de las vidas”

La solicitud ante el Ayuntamiento de estas empresas de water taxis para que se les balizara una entrada a la playa del Puertito para poder así desarrollar su actividad de forma segura quedó hace poco frustrada ante la negativa de la Demarcación de Costas de conceder el permiso para dicha instalación, dado que la Isla de Lobos es un Parque Natural donde está prohibido por ley hacer ese tipo de actuaciones.

Además, Costas considera, en un informe firmado por el jefe de la Demarcación, Rafael López Orive, que “existe un problema para la seguridad de las vidas humanas en la zona del baño del Puertito” de Lobos.

Además, en el informe de la Demarcación también se destaca que de acuerdo con la Ley de Costas, le corresponde al Ayuntamiento de La Oliva “realizar las acciones necesarias para hacer efectiva la observancia de las normas e instrucciones dictadas por la Administración del Estado sobre salvamento y seguridad de las vidas humanas”.

Riesgos para el Parque, para navegantes y bañistas

En el Puertito de Lobos, los bañistas y visitantes continúan protestando. El consejero del Cabildo de Podemos, Andrés Briansó, pasó un viernes de finales de julio contabilizando todas las personas que desembarcaron en Lobos, desde las ocho de la mañana hasta las ocho de la tarde. ¿El resultado? Más de 1.300 personas y 103 embarcaciones. Unas cifras que superan con mucho el límite de capacidad de carga declarada para esta isla, que es Parque Natural, y que por el momento es de 200 personas presentes de forma simultánea, según el vigente Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Los responsables de la gestión en Lobos se pasan la pelota entre administraciones y consejerías.

Por otra parte, el desarrollo de la actividad de transporte a cargo de los water taxis está generando constantes situaciones de riesgo, tanto durante la navegación desde Corralejo hasta Lobos a través del Paso de La Orchilla, como dentro de la propia playa del Puertito, donde los bañistas nadan alrededor del las embarcaciones que tratan de embarcar y desembarcar pasajeros sin ningún tipo de medida de seguridad, en un espacio muy reducido, en el que podría suceder un accidente en cualquier momento.

Durante las últimas semanas también ha habido incidentes y situaciones de peligro durante la travesía entre Corralejo y Lobos, con varias denuncias contra alguna de estas empresas de water taxis por haber atropellado a un windsurfista en el agua, que afortunadamente no resultó herido. Hace escasamente una semana, dos turistas que viajaban en una de estas zodiacs de vuelta desde Lobos tuvieron que ser asistidas médicamente, siendo necesario colocarles un collarín ortopédico tras desembarcar en Corralejo.

La quejas se basan sobre todo en que estas embarcaciones navegan a gran velocidad, generando una gran estela, y no respetan los derechos de preferencia de paso de las embarcaciones de vela sobre las de motor.

La Guardia Civil incumple sus propias órdenes

Pero la situación de esta actividad viene si acaso agravada por el hecho de que uno de los patrones de la patrullera de la Guardia Civil con base en Corralejo, el cabo Juan López Vila, es copropietario de una de estas empresas de taxis acuáticos.

En el departamento de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas confirman que este agente es “copropietario de una de las empresas de water taxis”, pero aseguran que no incumple la normativa de incompatibilidades de los funcionarios porque lo consideran como “una inversión particular”.

En todo caso, aseguran desde el Instituto Armado que, en abril de este año, una patrulla de la propia Guardia Civil de Las Palmas se trasladó por sorpresa a Fuerteventura para hacerle una inspección a la citada empresa y “no encontraron ningún tipo de irregularidad en ese momento”.

Entre la población de Corralejo se ha extendido la desconfianza sobre el control real que se haga de esta actividad por parte de la propia Guardia Civil. Además, se da la circunstancia de que el cabo Vila está casado con la concejala de Comercio y Desarrollo Local del Ayuntamiento de La Oliva, Evelin Gómez Morera, del Partido Progresista Majorero, fundado por el histórico cacique del norte de Fuerteventura, Domingo González Arroyo, un ex del PP conocido como El Marqués de las Dunas.

Tanto el cabo como su esposa son copropietarios de la empresa Nautic Corralejo Charter, que dispone de varias embarcaciones tipo zodiac dedicadas a esta actividad.

Al menos una de estas zodiacs continuó durante todo el fin de semana pasado realizando traslado de pasajeros a la Isla de Lobos, y embarcando y desembarcando en la playa del Puertito, contraviniendo lo establecido por la propia Guardia Civil y la Policía de La Oliva durante su presencia en Lobos del pasado viernes.

El Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo ha informado de que la Justicia ha vuelto a dar la razón a los vecinos de la localidad majorera, al considerar que la familia Calero Santana es la legítima propietaria de la emblemática Casa de la Partera, ubicada en el número 25 de la calle La Iglesia. 

La plataforma, premio del Cabildo de Fuerteventura al Mérito Social en 2006, se conformó para hacer frente a lo que en su momento definió como una trama urbanística, centrada en vender las viviendas a sociedades y a particulares, a sabiendas de que los legítimos propietarios de ellas eran los “viejitos”. 

Según señala el Comité de Afectados en un comunicado, con la del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Puerto del Rosario, ya son 114 las resoluciones judiciales favorables a los vecinos del pueblo marinero. En la Casa de la Partera, recuerda, residió María Santana Figueroa, quien colaboró y participó en el nacimiento de muchos de los habitantes de Corralejo. En el expediente judicial consta que la posesión del domicilio quedó acreditado desde hace un siglo, concretamente, en 1918.

De hecho, el Ayuntamiento de La Oliva rindió hace décadas un homenaje a la ya fallecida dando su nombre a una de las calles del pueblo y situando en la fachada de la vivienda una placa que reza “en esta casa vivió doña María Santana Figueroa a quien las madres e hijos de Corralejo agradecen su ayuda, atención y cariño en ese momento tan hermoso como es el alumbramiento de un recién nacido por lo que merecería el título de madre de Corralejo”.

Sin embargo, en el año 2009 el administrador único de la mercantil Delval Internacional, José Manuel Jiménez del Valle – como lo había hecho con otras 65 propiedades – solicitó al Ayuntamiento la licencia de segregación de la susodicha casa “como si de un solar se tratase y como si fuere suya”.

Una licencia que obtuvo por silencio administrativo, al no ser contestada en tiempo por el Consistorio. La plataforma recuerda que Jiménez del Valle aprovechó ese momento para inscribir la vivienda en el Registro de la Propiedad a nombre de una de sus empresas, “a espaldas, claro está, de sus legítimos propietarios, para posteriormente, con el objeto de perjudicar a éstos, ofrecer la misma en garantía para la concesión de un préstamo a una tercera entidad”. En concreto Ejercicio y Deportes S.L. administrada por el empresario madrileño Ángel López Sánchez - que el Comité de Afectados sitúa en paradero desconocido – y dedicada a la explotación de un gimnasio de Madrid.

La Caja de Ahorros de Galicia otorgó entonces un préstamo de 184.000 euros que “como ya ha sucedido con otras casas también hipotecadas, se dejó de pagar y el banco se la quedó”.

“Dicha operación urbanística de la que el señor Del Valle no sabe precisar si obtuvo algún rendimiento económico, fue realizada con posterioridad a la denuncia que interpusieron los vecinos de Corralejo ante la Fiscalía Anticorrupción, ante el Fiscal Jefe Provincial y ante los Juzgados del Puerto del Rosario el pasado 6 de marzo del 2009”, apostilla el Comité de Afectados.

Mala fe

El juez considera ahora que Jiménez del Valle y la Caja de Ahorros de Galicia “no actuaron de buena fe” en la operación comercial llevada a cabo con el inmueble al tener pleno conocimiento de que la propiedad de la familia Calero Morera, al igual que otras muchas dentro del casco histórico de Corralejo, tenía dueño “y así todo la hipotecó como si fuera suya”.

Sobre la entidad bancaria, resume que la sentencia recoge que “tenía sucursal en Corralejo, debiendo por tanto sus empleados conocer la situación que se estaba produciendo en la localidad con las casas situadas en el Casco Viejo”. Otro dato relevante se refiere a que en la escritura de constitución de la hipoteca, de fecha 31 de junio de 2010 y aportada a las actuaciones, se recoge que “los comparecientes no pueden acreditar la referencia catastral recogida en la escritura; bastaba pedir la certificación catastral de la finca objeto del presente procedimiento, para comprobar que el titular catastral de la misma era Manuel Calero Santana”.

El juez no considera al banco como tercero de buena fe y acuerda anular la hipoteca concertada con la entidad, así como la inscripción hecha en el Registro de Propiedad.

El Comité de Afectados recuerda que el Juzgado de Instrucción número 2 de Puerto del Rosario, tras haberle tomado en su día declaración a Jiménez del Valle, le imputó un delito de estafa continuado. “Los hechos denunciados tras la instrucción llevada por el Juzgado han sido calificados como delito de estafa, por lo que se ha presentado escrito de acusación por el pueblo entero de Corralejo pidiéndole nueve años de cárcel”, concluye.

La puesta en marcha del tramo principal de la autovía entre La Caldereta y Corralejo, con una inversión presupuestada de 62 millones de euros, ha situado en primer plano el futuro de la carretera que atraviesa las Dunas de Corralejo y su Parque Natural. La normativa aprobada desde hace 11 años es clara: el tráfico rodado tal y como se conoce por el litoral tiene que desaparecer con la entrada en servicio de la autovía. Al acercarse ese momento, se ha avivado el debate entre los partidarios de mantener la carretera por las Dunas, los que consideran que se debe eliminar por completo y los que apuestan por una solución intermedia.

Por la carretera FV-1, que conecta Puerto del Rosario con Corralejo y que se adentra a lo largo de casi nueve kilómetros por el paisaje dunar protegido, han circulado cada día más de 10.000 vehículos. Según el consejero regional de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, la apertura de un tramo de 12 kilómetros de la autovía serviría para reducir “de manera importante” ese flujo de tráfico. El tramo entre La Caldereta y La Capellanía, poco antes de Corralejo, se abrió en doble sentido a mediados de julio. En los dos meses que lleva en funcionamiento, y a falta de cifras oficiales, se aprecia que ese propósito no se ha cumplido y que buena parte del tráfico sigue circulando por la vía del litoral.

En el Plan Rector del Parque Natural de Corralejo, en vigor desde diciembre de 2006, se establece como medida de “restauración paisajística”, de forma “específica”, el “levantamiento de la carretera FV-1” que atraviesa las Dunas, en su “tramo intermedio”. Una intervención “prioritaria” para el Parque Natural pero “condicionada a la construcción de la nueva carretera entre Puerto del Rosario y Corralejo”, que estará finalizada el próximo año. “Así mismo”, subraya el planeamiento, se procederá a la eliminación de un carril en el acceso por el norte y de otro carril en el acceso por el sur. En el carril que se mantendría se contempla una parte para ciclistas y, en cualquier caso, sólo se permitiría la circulación de “vehículos oficiales de las administraciones públicas con competencias en el ámbito del Parque Natural” y de un “vehículo lanzadera que transporte a los visitantes”.

Podemos, la única fuerza política que de manera abierta ha manifestado su posición de que la vía del litoral debe cerrarse para “preservar” el espacio natural, argumenta que tanto la carretera como los hoteles “con licencias a medida” afectan a las Dunas al interrumpirse el “movimiento natural de la arena hacia el mar”. En ese sentido, cita un estudio de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria que advierte que en la década de los 90 las Dunas ocupaban 2.081 hectáreas mientras que en la actualidad su superficie se ha reducido a 1.812 hectáreas. El portavoz de Podemos en el Cabildo, Andrés Briansó, subraya que la carretera del litoral está haciendo “daño” al Parque Natural, y añade que la “prioridad” debería ser “preservar el medio ambiente y los ecosistemas únicos en el mundo que tenemos en nuestra Isla”.

Ni el grupo de gobierno del Cabildo (CC y PSOE), ni la patronal turística Asofuer, ni tampoco la Cámara de Comercio de Fuerteventura están de acuerdo con el “cierre” de la carretera de las Dunas. De la misma opinión son los vecinos de Parque Holandés y La Caleta, que hace seis meses iniciaron una recogida de firmas en la Red que se ha reactivado y que ha recogido cerca de 2.600 apoyos. Los vecinos reclaman que la autovía tenga un enlace con Parque Holandés, una opción que se barajó en su día pero que en la actualidad, a punto de culminarse las obras, no se ha contemplado. Para los vecinos, “sería una locura cerrar la antigua FV-1” y dejarles “aislados”.

Por su parte, el presidente de la patronal, Antonio Hormiga, considera que el tráfico pesado y los residentes se terminarán desviando por la autovía para “ganar en rapidez”, pero considera que el cierre de la carretera de las Dunas, previsto para el próximo año como condicionante ambiental del proyecto de la autovía, requiere de “alternativas que eviten la clausura total de la principal entrada” a Corralejo. “Es la puerta a algunos de los arenales más atractivos de la Isla para los residentes, turistas y apasionados de los deportes acuáticos”, considera Hormiga, que apuesta por “prohibir el paso de vehículos pesados” o limitar la velocidad.

Un criterio similar mantiene el presidente de la Cámara de Comercio, Antonio Rodríguez Marichal, que pide “preservar una carretera por la que siempre hemos circulado los majoreros”. El Cabildo de Fuerteventura ha trasladado al Gobierno de Canarias su parecer de que la vía del litoral se debe mantener abierta al tráfico, aunque se establezcan algunas limitaciones como las señaladas. El debate está servido.

Esta es una información de la edición de papel de Diario de Fuerteventura.Diario de Fuerteventura

El Ejecutivo autonómico prevé inaugurar la obra completa durante los primeros meses de 2018.

El Gobierno de Canarias tiene previsto poner en servicio este jueves un primer tramo de la carretera Caldereta- Corralejo que forma parte del Eje Insular de la Isla de Fuerteventura.

La nueva vía podrá ser utilizada desde el enlace de Lajares hasta la glorieta de La Caldereta, en sentido Corralejo-Aeropuerto a lo largo de 12,4 kilómetros, según informa el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Por su parte, a lo largo del próximo año, los trabajos continuarán tanto en la calzada del sentido Aeropuerto - Corralejo del tramo que se pondrá en servicio (con previsión de apertura durante la primavera), como en el que va desde Lajares hasta la llegada a Corralejo. El Ejecutivo autonómico prevé inaugurar la obra completa durante los primeros meses de 2018.

La apertura parcial al tráfico de esta nueva vía fue declarada de interés público por el Gobierno de Canarias y se hará efectiva una vez se rubriquen los documentos administrativos necesarios, entre los que destacan la cesión de este tramo desde el Gobierno de Canarias al Cabildo de Fuerteventura, administración competente en materia de carreteras.

A partir de este momento será la Administración insular la que se encargará de las funciones de explotación, uso y defensa de la nueva infraestructura, según lo previsto en el decreto de traspaso de funciones de la Comunidad Autónoma de Canarias a los cabildos insulares en materia de carreteras.

La Consejería de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias se ha dirigido al Cabildo Insular, Ayuntamiento de La Oliva, Guardia Civil y 112 para informar sobre la apertura parcial al tráfico de la nueva vía, con el fin de que los habitantes de Fuerteventura puedan disfrutar de la nueva infraestructura desde el mismo momento de su puesta en servicio.

Importantes retrasos

La nueva carretera Caldereta-Corralejo es una de las que figuran en el Convenio Canarias-Estado en materia de carreteras. Los trabajos de construcción de esta vía, que en principio se estimaban en casi cuatro años, han sufrido importantes retrasos como consecuencia de los recortes impuestos por el Gobierno de España a este convenio, lo cual obligó a la ampliación de plazos de las infraestructuras en marcha de toda Canarias. El presupuesto vigente de esta construcción alcanza los 60,4 millones de euros.

Con todo, la obra de la nueva carretera entre Caldereta y Corralejo se desarrolla en su totalidad en el término municipal de La Oliva y pretende sustituir a la actual vía que discurre por la costa para ocasionar la menor afección a su paso por el Parque Natural de las Dunas de Corralejo, y así resolver problemas de capacidad de la actual carretera.

Se trata de una autovía de 18 kilómetros que consta de dos calzadas con dos carriles que están separadas por una mediana de 14 metros, en previsión de una futura ampliación de la infraestructura en caso necesario. La velocidad prevista en esta nueva carretera es de 100 kilómetros por hora.

La vía en construcción consta de tres enlaces, el de La Caldereta que une con la FV-102, de acceso a ese núcleo, el enlace de Lajares que intersecta con la carretera La Oliva-Corralejo (FV-101) y con el cruce del Cambrillo, y el enlace que da acceso a la urbanización Tamaragua.

Con anterioridad se acondicionó la carretera de acceso a La Caldereta, desde la glorieta de este mismo nombre (punto inicial del tramo del Eje Insular de Fuerteventura en construcción) hasta la conexión con la carretera de interés regional que une Puerto del Rosario con las dunas de Corralejo. Dicha actuación ha consistido en una mejora completa de firme, trazado y drenaje, asemejándola en su capacidad a la nueva autovía.

Desde el enlace que da acceso a la urbanización Tamaragua, hasta la llegada a Corralejo, se ha ejecutado una glorieta que conecta la nueva infraestructura con barrios colindantes (Geafond). A partir de esta glorieta cambia la sección de la vía incluyendo aceras a ambos lados para adaptar su introducción al tramo urbano.

Así el final de la autovía se produce en su llegada a Corralejo, donde conecta el Eje Insular con la trama urbana mediante una glorieta semejante a la actualmente en uso.

A lo largo del trazado de la nueva autovía se han ejecutado restituciones de caminos existente, los cuales han dado lugar a la construcción de cuatro pasos superiores.

Los marineros de la Cofradía de Pescadores de Corralejo, con base en Puerto del Rosario y Pozo Negro, han pedido al Cabildo majorero y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario más control de los servicios de vigilancia sobre la venta clandestina de la pesca procedente de las embarcaciones deportivas.

La institución insular ha informado en un comunicado de la reunión mantenida entre los pescadores con el consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo, Juan Estárico, y el responsable del área en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Raimundo Elvira.

Juan Estárico ha informado a los representantes del sector de que el presidente del Cabildo, Marcial Morales, ha transmitido las quejas sobre actividades clandestinas en reiteradas ocasiones a las autoridades competentes y de que, debido a ello, “el esfuerzo y los medios que se utilizan para la vigilancia han mejorado y seguirán mejorando en el próximo año, con equipamientos que facilitarán las labores de inspección y control”.

Asimismo, los marineros de la Cofradía de Corralejo han pedido disponer de un centro de almacenaje y distribución para la pesca, equipado con cámaras frigoríficas de mantenimiento, pesas y otros utensilios en las inmediaciones de la zona de atraque con la finalidad de facilitar la conservación, la distribución y venta de pescado a las pescaderías.

Por otro lado, han expuesto la necesidad de concentrar la flota que opera en Puerto del Rosario en uno de los pantalanes más próximos a la línea de atraque para facilitar las operaciones de carga y descarga.

Tanto Juan Estárico como Raimundo Elvira han acordado con los marineros realizar las gestiones oportunas para que se puedan atender las demandas solicitadas, indica la nota.

Una agresión el pasado mes de julio en las Fiestas del Carmen de Corralejo y una denuncia que ha destapado un caso de corrupción en torno a las concesiones de explotación y servicios de las hamacas en las playas de Corralejo y El Cotillo son dos actos que en principio no tienen relación. Sin embargo, cuando el portavoz de Votemos La Oliva, Álvaro de Astica, acudió a denunciar el ataque que había desfigurado la cara de su hijo, encontró un nexo que le permitió relacionar las dos cosas. Y es que Dennis Miranda, abogado del presunto agresor, es uno de los investigados en el conocido como caso Hamacas, además del hijo de uno de los considerados principales beneficiados de esta red que presuntamente amañaba concursos con adjudicaciones por precios de explotación muy inferiores a los iniciales.

Después de que De Astica hiciera conocedora del caso a la Fiscalía Provincial de Las Palmas en abril, el pasado 10 de octubre, el Ministerio Público remitió al juzgado de Puerto del Rosario una petición para que se tome declaración como investigados a cerca de un centenar de personas y representantes de empresas supuestamente implicadas en esta trama en la que aprecia hasta cuatro delitos: cohecho, tráfico de influencias en grado de tentativa, varios delitos de alteración en concursos públicos y estafa.

Según explica el político de Podemos, desde el momento en que comenzó a denunciar el caso ha sufrido numerosas amenazas y coacciones que tiene grabadas en su teléfono. Asegura que uno de los investigados, Felipe Miranda, exconcejal del PSOE en el municipio, padre de Dennis Miranda y hermano de la interventora del Cabildo de Fuerteventura Dolores Miranda (también investigada por la Fiscalía), intentó sacarle de la carretera con su vehículo; en otra ocasión, asegura, le sabotearon el barco con el que trabaja llenando con agua los tanques, lo que provocó que los motores quedaran inservibles.

Sin embargo, lo más grave fue la agresión sufrida por su hijo, quien, en las Fiestas del Carmen de este año, sufrió diversas contusiones tras ser atacado por la espalda. El sospechoso de la agresión es un vecino conflictivo, que, según afirma De Astica, habría sido enviado por la familia Miranda. El concejal señala, además, que tanto Felipe Miranda como su hijo Dennis estarían detrás del blog Fuerteventura Limpia, una cabecera que busca descubrir trapos sucios de políticos de la isla y en la que desde hace dos años el portavoz de Votemos ha sido la principal diana de informaciones que el edil tacha de difamaciones y mentiras. “Antes de que llegase yo y destapara lo de las hamacas, ellos se dedicaban a desvelar la corrupción de los demás. Ahora yo soy el más golfo para este blog”, señala. De Astica asegura que teme por su integridad física y la de su familia, por lo que pedirá protección policial.

“Vinieron a comprarme por 3.000 euros”

El caso Hamacas comenzó a destaparse el pasado mes de abril cuando el político acudió ante la Fiscalía y puso en su conocimiento que el empresario Gregorio R. Vega había contactado con él en varias ocasiones para que, a cambio de dinero, influyera en otros ediles con el fin de que se le adjudicase el servicio de explotación de playas. “De todos los concejales que hay en el Ayuntamiento y en la Mesa de Contratación, vinieron a comprarme por 3.000 euros. Hablé con la Fiscalía, me puso en contacto con la Policía Judicial y seguimos adelante. Cuando (Gregorio R. Vega) me pagó 2.300 euros y salimos de mi casa, fuimos detenidos”. Los agentes simularon la detención de ambos con el fin de que no se sospechara por aquel entonces del político denunciante. Tras interrogar a este empresario, se descubrió, según indica en su escrito la fiscal jefe del área de Arrecife, María Yolanda López, que este dinero provenía de su socio, Vicente Curbelo C., con el que pretendía lograr la explotación de servicios de playas.

El Ministerio Fiscal indica que desde 2009 y hasta el año 2015 (años en los que fueron alcaldes González Arroyo (PPM), Claudina Morales (CC) y la socialista Rosa Fernández), diversas personas efectuaron pujas en los concursos públicos convocados para la explotación de servicios de temporada de los sectores de las playas de La Oliva, concertándose con otras para alterar las licitaciones. De este modo, el precio final por el que se adjudicaba la explotación de las hamacas siempre era “muy inferior” a la puja más elevada. El modus operandi empleado consistiría en que las personas que presentaban las ofertas más ventajosas desde el punto de vista económico para el Ayuntamiento, luego desistían o no entregaban documentos preceptivos, lo que equivalía a la renuncia. Así, se llegaron a producir retiradas sucesivas, en ocasiones hasta 18, para que los adjudicatarios finales de las hamacas obtuvieran la concesión del servicio por un precio inferior, con el consiguiente perjuicio económico a los fondos públicos y cuantiosos beneficios económicos para los adjudicatarios. De Astica señala que las hoy concejalas Claudina Morales y Rosa Fernández conocían “perfectamente la escalera y decían que no se podía hacer nada. ¿Cómo que no? Yo he denunciado y mira lo que ha pasado”, comenta en relación a la investigación abierta.

“Por paquetes adjudicados por 120.000 euros se pagaban 15.000”

El político, que se dedica profesionalmente a realizar excursiones de biología marina, describe cómo se repartían el pastel los investigados: “Se reunían fuera del Ayuntamiento y se repartían los sectores. Una vez que se repartían los sectores, para evitar que entrara gente de fuera, cada clan mafioso hacía una serie de pujas. Si no entraba nadie de fuera, por paquetes adjudicados por 120.000 euros se pagaban 15.000. Si entraba alguno de fuera que pujara por 40.000, la escalera se detenía en 50.000 y lo dejaban fuera o le ofrecían dinero para que se retiraran”. El edil calcula que el ahorro para los adjudicatarios supondría un perjuicio para los vecinos de cerca de 500.000 euros anuales.

A De Astica le llama la atención que entre quienes se presentaban a los concursos figurasen personas sin recursos, que eran beneficiarias de servicios sociales. “Hacían pujas por 120.000 euros, ¿de dónde los han sacado?”, cuestiona el edil.

Entre las personas citadas a declarar por presentarse a estos concursos presuntamente amañados, destacan tres: Felipe Miranda López, su hijo Dennis y su hermana Dolores, interventora en el Cabildo de Fuerteventura y que, según la Fiscalía, efectuó pujas en concursos públicos ostentando un cargo incompatible para hacerlo y con la única finalidad de “alterar al precio final, con el consiguiente perjuicio económico al erario público y beneficio económico para su hermano”.

Así establece el denunciante la conexión entre el Cabildo insular y el caso Hamacas pues en las pujas aparece repetido en varias ocasiones el nombre de la interventora. Aunque nunca llega a ser la adjudicataria final, sí que es adjudicataria inicial de varios sectores y su renuncia siempre favorecería a su hermano. En cuanto a Dennis Miranda, este ya fue condenado recientemente en primera instancia por la agresión al exsecretario insular de Podemos Pablo Gómez. Pese a que en la condena se le impone una multa de 180 euros por ser estudiante, en los últimos años habría hecho pujas por elevadas cifras.

Sobre la interventora, el denunciante hace hincapié en que lleva desde hace meses intentando quedar con el presidente del Cabildo, el nacionalista Marcial Morales, para informarle de los hechos. “Hace meses que lo sabe, le llamo y no me coge el teléfono” y añade que lo único que ha conseguido fue una cita a la que no pudo acudir porque fue durante su horario laboral.

“La interventora es la que garantiza la legalidad de las operaciones económicas del Cabildo. La fiscal jefe dice que esta señora, de modo ilegal, sabiendo que no podía hacerlo, se presentaba a los concursos causando un gran daño al erario público para favorecer a su hermano. Si el señor Marcial Morales no dice nada, Clavijo, presidente del Gobierno (también de Coalición Canaria), tiene que explicar quién está gestionando el dinero del Cabildo de Fuerteventura, una presunta estafadora es la que firma los cheques del Cabildo”, sentencia De Astica.

Una de las bandas de Fuerteventura con más proyección en el exterior llevará este verano su blues a festivales como el de Vizcaya

Una de las bandas de Fuerteventura con más proyección en el exterior, Bocinegro, llevará este verano su blues a festivales como el de Getxo, en Vizcaya, tras haber sorteado todo tipo de inconvenientes en casa; el último de ellos, el de su ayuntamiento, que les prohibió tocar en la calle.

Inma Costanzo, Raúl González, David Llop, Jordi Benito y Pablo Aranda, el último en incorporarse a la formación, llegaron a la isla desde Nápoles, Asturias, Barcelona y Murcia en momentos distintos, pero con el mismo pensamiento: comprobar qué tenía de cierto ese eslogan turístico de “Fuerteventura, la isla tranquila”.

La mayoría se instalaron en Lajares, al norte de la isla, y epicentro en los últimos tiempos de una cultura alternativa con cada vez más adeptos en Fuerteventura.

Tras probar suerte en distintas bandas, la más conocida Le Caravan Guitars, donde David e Inma compartieron un proyecto que llegó a durar diez años, en 2014 decidieron unir sus instrumentos a los de otros músicos y crear una banda de blues acústico: Bocinegro.

Desde entonces, actúan en auditorios, bares, restaurantes y calles de la isla con versiones antiguas de blues a las que han unido temas originales de su segundo disco: “Bocinegro”, con un blues más cercano a África que evoca al desierto, al viento y al mar abierto que a diario contemplan en la isla.

Sentado en una de las mesas del Canela Café, uno de los principales refugios del grupo, David Llop asegura a Efe que la gente en Fuerteventura “reacciona bien al blues, porque es más bailable e, incluso, funciona mejor que el swing” que tocaban antes.

Sin embargo, la acogida del público contrasta con las dificultades de un grupo cuyos componentes, salvo Raúl, viven en exclusiva de la música. En la isla hacen frente “a un circuito cerrado y un público que acaba siendo el mismo”, además de las dificultades que supone para cualquier local contratar a cinco músicos. “Cuesta que un bar pague dignamente a cinco”, lamenta David, uno de los guitarristas del grupo.

Llop aclara que estas circunstancias les han llevado a tomar nuevas vías, “hacer más auditorios, intentar salir fuera, en definitiva, crear para vender”, añade.

Desde que Bocinegro comenzó a sonar, las calles de Corralejo han sido una de sus paradas preferentes. En una de ellas, se toparon hace unos meses con el editor de la revista cultural “Kmon”, Jonan Hernández.

La voz de Bocinegro, Inma Costanzo, explica cómo la casualidad hizo que Jonan los escuchara en Corralejo y, aunque tuvo que regresar en cuatro ocasiones para convencerles, al final terminaron sucumbiendo a sus promesas y colándose en el programa “Peligrosamente juntos” de Radio 3.

Esta especie de cazatalentos también ha hecho posible que la banda inicie gira este mes de julio en la península. La primera parada será el Festival Internacional de Blues de Getxo, el próximo día 16, para luego continuar, acompañados del timplista majorero Althay Páez, por otras localidades de País Vasco como Gernika, Markina, Mondragón y Durango, además de Burgos.

Bocinegro se convertirá este verano en embajador de la música creada en Fuerteventura; sin embargo, sus componentes echan en falta una llamada de apoyo por parte del Cabildo.

Tampoco contarán con el respaldo del Ayuntamiento de La Oliva, municipio en el que residen y donde hasta hace un mes se ganaban parte del jornal tocando en una de las calles de Corralejo.

Durante algún tiempo, Bocinegro formó parte del proyecto del Consistorio “Música en la calle”, una iniciativa que permitía a los grupos locales tocar en puntos determinados de Corralejo a cambio de un dinero que debían poner los comerciantes de la zona.

Cansados de batallar para que se cumplieran los pagos, decidieron hace dos años cambiar de ubicación y empezar a tocar en las inmediaciones de un local “amigo”.

Hace unas semanas, el actual alcalde de La Oliva, Pedro Amador, decidió echar el cerrojo a las actuaciones de Bocinegro en la calle: “Un día se le ocurre que había mucha gente viéndonos y que no dejábamos paso a los viandantes, así que llamó a la Policía y esta nos cortó la actuación”, explica David Llop.

Los Bocinegro han intentado consensuar una solución: “a la semana fuimos a ver al alcalde, pero fue difícil tratar con él”, sentencia el barcelonés, que defiende que el grupo cumplía “una labor cultural, cada jueves venía multitud de gente y los vecinos estaban contentos”.

A pesar de los inconvenientes, Bocinegro seguirá intentando colarse en el cartel de los grandes festivales de blues de la península y ya planean un salto a Estados Unidos en 2017.

El Juzgado de Primera Instancia número 4 de Puerto del Rosario ha anulado una hipoteca concedida por Caja Rural de Canarias y obliga a la entidad a pagar las costas de los procedimientos por prestarse a especular en el caso del Casco Viejo de Corralejo, en Fuerteventura.

Según explica el comité de afectados, esta cuestión afectaba a la propiedad de los herederos de la vecina Euleuteria Umpiérrez, fallecida en julio de 2014 a los 94 años. Así, la entidad mercantil Plalafusa SA, administrada por el abogado Alberto Laud, vendió en 1995 el terreno donde se asienta el inmueble a la esposa del que fuera apoderado de esta compañía y este posteriormente, en 2003, se lo traspasó a la sociedad Javal Unión S.L., administrada inicialmente por el empresario de Villaverde Feliciano Alonso y posteriormente por José Manuel Jiménez del Valle, a través de una hipoteca firmada por la Caja de Ahorro de Canarias que fue cancelada por la ampliación de una nueva hipoteca con la Caja Rural de Canarias.

El fallo judicial del pasado 28 de junio, además de anular la hipoteca entre Caja Rural y Javal, también cancela las inscripciones registrales contradictorias a la misma en el Registro de la Propiedad y condena también a los demandados a estar y pasar por la anterior declaración.

La jueza María de la Sierra Soria apunta que la entidad actuó desconociendo la situación real de la finca, discordante con la del Registro, pese a habitar en un pueblo pequeño y a las numerosas publicaciones en los periódicos locales, y concedió la hipoteca a favor de Javal confiando plenamente en la realidad registral y no en la extraregistral.

Así, la magistrada Soria considera que Caja Rural de Canarias no puede estar protegida por el paraguas de la fe pública registral ya que el director de la sucursal en Corralejo, Octavio Cabrera, afirmó en la vista que conocía que José Manuel Jiménez del Valle era objeto de muchas portadas de la prensa por los casos de especulación en la localidad.

La jueza no entiende cómo la entidad financiera se “descuidó tanto” con la operación crediticia concedida a Javal Unión por valor de 350.000 euros “al tener tantas lagunas el expediente hipotecario”. Y es que una empleada de Caja Rural solicitó una tasación de la finca y el “modelo 425, 347 completo, 190 del ejercicio 2004” y la respuesta del tasador fue que “dada la gran cobertura de riesgo entre la tasación y lo solicitado, daríamos por válida la tasación de SIVASA. En otro orden de cosa, te envío los balances firmados por el cliente, al mismo tiempo que te informo que dado que la sociedad estaba sin actividad, no podremos facilitarle los modelos que me solicitas”.

Desde Caja Rural además conocían que los balances del solicitante de la hipoteca mostraban pérdidas continuadas, de hecho en un correo electrónico una empleada solicitaba que se explicara por qué el avalista de la operación presentó una nómina de la sociedad de Sincronía 99, administrada por José Manuel Jiménez del Valle, por importe de algo más de 1.200 euros.

Por esto, la magistrada estima la acción de los damnificados porque advierte que la entidad no actuó con la diligencia suficiente que le hiciera acreedora de la condición de tercero de buena fe ya que hay más que indicios de que la entidad podía tener los conocimientos extraregistrales de que la finca hipotecada tenía dueño y no era precisamente el que constaba en el Registro, tales como la visita de los vecinos del casco antiguo de Corralejo al Director General de la entidad financiera, o la mera lectura de la prensa local pues era un hecho notorio la litigiosidad en la titularidad de los terrenos de Corralejo.

Desde el Comité de Afectados del Casco Viejo de Corralejo animan a aquellos afectados en la trama del pueblo a acudir a la Fiscalía y que “den cuenta de la maquinación económica de las empresas que se han quedado con dinero fácil y han dejado un problema a la entidad bancaria”. Estiman que los bancos han perdido casi tres millones de euros por esta trama inmobiliaria en la que empresas sin actividad alguna, empresas denominadas fantasma, solicitaban un crédito a una entidad financiera hipotecando una propiedad de un vecino del pueblo y, transcurrido unos meses, dejaban de pagar las cuotas financieras obligando a los bancos a ejecutar judicialmente la hipoteca.

Los dos campos de dunas más emblemáticos de Canarias, Maspalomas, en el sur de Gran Canaria, y Corralejo, en el norte de Fuerteventura, han perdido el 24,0 y el 12,9% de su extensión desde los años sesenta, cuando se inició el desarrollo turístico de ambas zonas.

El Instituto de Oceanografía y Cambio Global de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (IOCAG) presenta en la última entrega de la “Revista de estudios de las islas” -una publicación científica canadiense, apoyada por la Unesco- cuál ha sido el impacto del turismo en los principales campos de dunas de Canarias.

Para ello, se fija en las dos extensiones dunares que son referencias turísticas del archipiélago, Maspalomas y Corralejo, así como en otros dos sometidos a mucha menos presión por parte del hombre, Lambra y Jable Sur, ambos en la isla de La Graciosa.

Comparando fotos aéreas y de satélite de los años sesenta y de la actualidad, así como datos recopilados en varios estudios, el IOCAG constata que las dunas de Maspalomas, que legalmente están catalogadas como Reserva Natural, han perdido la cuarta parte de su superficie desde 1961, al pasar de 474,9 a 350,9 hectáreas, 114 menos.

Este famoso espacio natural, por el que hoy pasan cada día miles de turistas de toda Europa, ha visto en las últimos cinco décadas cómo la parte de su superficie que está ocupada por edificaciones ha crecido de las 6,3 hectáreas que ya estaban construidas en 1961 a las 121,3 hectáreas con las que comenzó el siglo XXI.

Es decir, si hace medio siglo solo el 1,3% del campo de dunas de Maspalomas estaba edificado, hoy la zona cubierta de hoteles, campos de golf, calles y otro tipo de construcciones abarca ya la tercera parte de su extensión total (el 33,6 %).

En el caso de Corralejo, el estudio refleja que las dunas ocupaban 2.081,30 hectáreas de terreno en este enclave del norte de Fuerteventura en 1969, mientras que hoy se extienden por 1.812,40 hectáreas; es decir, han perdido en cuatro décadas 269 hectáreas.

El crecimiento de la antigua villa pesquera del norte de Fuerteventura, hoy reconvertida en un potente destino de vacaciones, ha cubierto de edificaciones 233,40 hectáreas, el 12,8 por ciento de su superficie. Antes del “boom” turístico, solo el 0,2 por ciento de las dunas de Corralejo estaban edificadas (4,6 hectáreas).

Los autores del estudio llaman la atención sobre otro hecho: la acción del hombre no solo ha cubierto de cemento y campos de golf buena parte de esos emblemáticos espacios, sino que ha cambiado las dinámicas naturales de esos espacios, de manera que las dunas que sobreviven están perdiendo su movilidad y están siendo estabilizadas por el crecimiento de vegetación sobre ellas.

En el caso de Maspalomas, la superficie ocupada por vegetación ha crecido un 38,8 por ciento en cinco décadas (de 90,1 a 125 Ha), mientras que la extensión de dunas completamente vírgenes, de solo arena, se reducido un 61,3 por ciento (de 385,9 a 235 Has).

Las dunas de Corralejo han sufrido un proceso similar: la zona cubierta de vegetación ha crecido un 8,9 por ciento (de 926,9 a 1.009,8 Has) y los campos de solo arena han mermado un 32,0 por ciento (de 1.149,4 a 781,3 hectáreas).

Mejor suerte han tenido las dunas de La Graciosa, isla apenas poblada (720 habitantes) y sometida a un presión turística muy inferior a la de Gran Canaria, Fuerteventura o Lanzarote.

El campo de dunas de Lambra, en el norte de la isla, mantiene toda su extensión (401,1 hectáreas), y el de Jable Sur, situado junto a la población de Caleta de Sebo, ha perdido solo un 1,5 por ciento de superficie (ha bajado de 881,7 a 868,7 Has).

En cambio, en ellos también se aprecia uno de los problemas que afecta a Maspalomas y Corralejo: crece la superficie colonizada por vegetación que fija las dunas (que aumenta un 12 % en Lambra y un 60,9 % en Jable Sur) y se reduce de forma drástica la proporción formada solo por arena, sin cubierta vegetal (-47,1 % y -77,5 %).

Los autores del estudio sugieren que en las alteraciones observadas en la dinámica natural de estos campos de dunas también puede estar influyendo el cambio climático.

De hecho, apuntan, “esa puede ser la explicación de la existencia de procesos de estabilización, con descenso de las capas de arena, en el sistema de Lambra, donde no ha habido desarrollo urbano alguno”.

En cualquier caso, subrayan que, si se trata de un proceso natural inducido por el cambio climático, la ocupación humana de esas zonas “lo ha acelerado”, como se aprecia sobre todo en Maspalomas.

Sebastián Ruiz, informático de formación, decidió cambiar su residencia a Fuerteventura hace cinco años, después de una década viajando por el mundo para practicar surf. Una vez allí, ejerció como instructor de buceo, surf y kitesurfing en distintas escuelas de la Isla, colaborando también como voluntario en el club de surf que dirige su esposa, en el norte de la isla.

Sin embargo “con el boom de las nuevas tecnologías y tras oír hablar de la filosofía del trabajo colaborativo, retomé mi profesión, empezando a diseñar páginas webs”, explica Sebastián, que desde enero regenta ‘Hub Fuerteventura’ en Corralejo un co-working, que permite a profesionales independientes, emprendedores y pymes compartir un mismo espacio físico.

Esta nueva manera de trabajar, permitió al atípico empresario, muy implicado con la sociedad local, en especial con la juventud, conjugar su oficio con una faceta más comprometida, creando en las oficinas un área donde formar a los jóvenes en programación. “Llegaron los primeros clientes y, paralelamente, se celebraron los fines de semana, talleres de desarrollo de la creatividad produciendo web series”, explica Sebastián.

El proyecto Hub Fuerteventura se anuncia en la red como ‘tu oficina en el paraíso de los surfistas’, un lema que vende la isla majorera como un auténtico despacho para profesionales amantes de los deportes náuticos. Desde las instituciones locales se apoya esta tendencia, especialmente desde la inauguración, hace un año, del primer parque tecnológico de Canarias en Puerto del Rosario.

“El clima y la cercanía con el continente europeo, a cuatro horas de Londres es un reclamo internacional para este tipo de profesionales freelance, que pueden trabajar desde su ordenador”, explica el responsable técnico del área de Nuevas Tecnologías del Cabildo y miembro del consejo de administración del Parque, Javier Franco.

Sigue leyendo este reportaje en Diario de Lanzarote.

Los daños ocasionados por la borrasca que en estos momentos azota el Archipiélago han obligado al cierre del tramo de la carretera FV-1 a la altura de las dunas de Corralejo, en La Oliva (Fuerteventura).

El jefe de Seguridad y Emergencias del Cabildo de Fuerteventura, Fran Torres, ha explicado que los daños ocasionados en este tramo son consecuencia de un embalse de agua que, tras romperse, arrastró arena y agua hasta la vía produciendo desperfectos.

En estos momentos, el personal de Carreteras del Cabildo de Fuerteventura se encuentra trabajando en la zona para intentar recuperar el tráfico lo antes posible.

Desde el Cabildo han recomendado a los conductores que vayan a utilizar esta vía se desvíen y utilicen la carretera del interior que va a dar al casco de La Oliva.

Está previsto que a lo largo de la mañana el presidente del Cabildo majorero, Marcial Morales, y la consejera insular de Obras Públicas, Edilia Pérez, se trasladen a la zona para valorar los daños ocasionados.

En el resto de la isla apenas se han registrado hasta el momento incidencias graves por la borrasca salvo pequeñas inundaciones en viviendas y locales sobre todo en la zona de Corralejo.

El hombre se había caído desde una plataforma al mar en la zona de Grandes Playas

Un hombre de 54 años y nacionalidad belga ha fallecido este viernes por un posible ahogamiento en una playa de Fuerteventura, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Los hechos han ocurrido a las 13.50 horas en Grandes Playas, en Corralejo, en el municipio de La Oliva, lugar hasta el que se trasladó el personal del Servicio de Urgencias Canario (SUC) tras recibir una alerta de unos ciudadanos que indicaban que habían sacado del agua a un hombre en posible parada cardiorrespiratoria, que se había caído desde una plataforma al mar en el citado lugar.

Una vez en el lugar, el personal del SUC junto al médico y al enfermero del Centro de Salud de Corralejo, confirmaron que el afectado se encontraba en parada cardiorrespiratoria por lo que comenzaron a realizarle maniobras de reanimación sin que se pudiera recuperar, por lo que sólo se pudo confirmar su fallecimiento.

En la zona también se personaron agentes de la Policía Local que colaboró con los recursos en el lugar, mientras que efectivos de la Guardia Civil instruyó las diligencias correspondientes y se hizo cargo del cuerpo hasta la llegada de la Autoridad Judicial.

Los servicios sanitarios confirmaron que el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria y llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin éxito

Un hombre falleció durante la tarde de este viernes tras ahogarse cuando se bañaba en aguas de Corralejo, dentro del término municipal de La Oliva (Fuerteventura), según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112.

Una llamada alertó de que habían sacado a un varón del agua, indicando asimismo que precisaba atención médica, por lo que se trasladaron al lugar una ambulancia medicalizada y otra de soporte vital básico del Servicio de Urgencias Canario (SUC), además del médico y enfermero del centro de salud de la zona.

De esta manera, los servicios sanitarios confirmaron que el bañista se encontraba en parada cardiorrespiratoria y llevaron a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin éxito, confirmando fallecimiento.

Por su parte, la Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias con la autoridad judicial, mientras que la Policía Local colaboró con los recursos de emergencias en la playa facilitando los accesos.

Ya tenemos sobre el territorio de Canarias a la primera gran empresa beneficiada por la nueva Ley de Costas del Partido Popular, que rebaja la protección de todo el litoral español y abre la puerta a la revisión de concesiones en dominio público marítimo-terrestre y a la privatización de zonas que hasta ahora parecían eternamente públicas. Como no podía ser menos, esa gran empresa es la cadena mallorquina RIU, la que anunciaba al Gobierno de España en 2007 su intención de ir abandonando paulatinamente sus explotaciones en Corralejo y que ahora reclama para sí una ampliación de sus concesiones en las dunas para los hoteles Oliva Beach y Tres Islas por otros 75 años. La nueva ley, que cínicamente se llama “de protección y uso sostenible del litoral”, se lo permite al dejar en agua de borrajas los acuerdos que la cadena cerró con el Gobierno socialista tras una sentencia del Supremo de 2003 que ratificaba el deslinde marítimo-terrestre. Según aquellos acuerdos, RIU perdería por caducidad la concesión sobre el Oliva Beach en 2017, y sobre el Tres Islas en 2037, aunque podía extenderla, por renovación automática, hasta 2052. “Nosotros no trabajamos con hoteles sobre concesión administrativa, manejamos la propiedad privada, y aunque nos otorguen 60 años preferimos que nos dejen estar hasta amortizar nuestras inversiones y luego, nos vamos pacíficamente”, dijeron los representantes mallorquines a los responsables de Costas en las negociaciones que se cerraron en 2007. De este modo, la compañía renunciaba a su derecho a 30 y a 37 años, respectivamente, sobre sus dos hoteles de las dunas de Corralejo. Tan cierto era que su deseo era abandonar el norte de Fuerteventura que, en el marco de aquellas negociaciones hasta cedió al Estado la isla de Lobos, afectada también por el deslinde que acababa de ratificarse. Pero llegó el PP, y con él la defensa de los intereses (generales) de empresarios tan poderosos e influyentes como los del sector turístico mallorquín, para los cuales parece estar hecha a la medida esta ley de costas, perdón, de protección y uso sostenible del litoral. Y dos piedras.

Lo que viene ahora: revisión del deslinde

La ley y la postura de RIU son absolutamente coherentes: la compañía mallorquina no quiere trabajar “sobre concesiones administrativas” sino sobre propiedad privada, es decir, la suya. Siendo así, ¿por qué la cadena pide una ampliación de la concesión? ¿Ha cambiado de criterio? En absoluto. Es cierto que la nueva ley de desamparo del litoral permite una renovación casi automática por 75 años de las concesiones antes limitadas a 30 + 30, y a ella ya ha decidido acogerse, pero lo que realmente esconde la ley con su indefinición es la posibilidad de abrir la puerta a que los concesionarios recuperen la titularidad de los espacios naturales o de dominio público marítimo-terrestre que pasaron a titularidad pública con la derogada ley de costas. El procedimiento es bien sencillo y la autoridad no va a poner objeciones: revisión del deslinde mediante alegaciones como, en el caso que nos ocupa, que las dunas no están ligadas a la estabilidad de la playa. Revisado el deslinde en favor del solicitante, la reversión de la propiedad es automática, lo que hace buena la máxima de RIU de no trabajar sobre concesiones. Como en el Oasis de Maspalomas, donde proyecta un hotel sobre un suelo cuya titularidad discuten más de cuatro profesionales y entidades especializadas por las trazas que presentan las cesiones y alguna sentencia del Supremo actualizada.

¿Qué va a decir el Gobierno de Canarias?

Así las cosas, se abre la caja de pandora, porque la ley no sólo sirve para RIU y las cadenas hoteleras apadrinadas por los empresarios más cercanos al Gobierno de Rajoy. Cualquiera que tenga un problemón con el deslinde puede alegar un cambio en las mareas por el calentamiento global y pedir que se le revisen los metros de protección, y en Canarias tenemos casos a porrillo. Pero en el caso que nos ocupa asistimos a una modificación en una concesión administrativa (es lo que de momento se va a tramitar) que requiere un informe preceptivo de la Comunidad Autónoma de Canarias. La primera duda no surge sobre cuál va a ser su pronunciamiento sino sobre qué órgano lo elaborará. Si lo hace Medio Ambiente, en manos del PSOE, es de esperar que se recurra a la protección y a la conveniencia de que el patrimonio natural vaya revertiendo al término de las actuales concesiones en el uso público y la restitución de los espacios ocupados por construcciones intrusas. Pero como se decida que el informe lo elabore Ordenación del Territorio, los tiros irán en dirección contraria previsiblemente. No sólo por la condición de majorero del consejero titular, Domingo Berriel, que habrá de responder a la postura de las autoridades de esa isla, sino por su posición más que ambigua sobre la nueva ley del PP. Prevalecerá, nos tememos, la influencia de RIU, que se viene manifestando de manera descarada en las gestiones encomendadas a la empresa pública Gesplan en la resolución del conflicto abierto en el Oasis de Maspalomas. No tardaremos mucho en verlo.

Santa Brígida tendrá plataforma electoral ciudadana

La cita es este sábado a las once de la mañana en el local de la Asociación Sociocultural Drago de Sataute, dato este último que ya puede irles dando una pista. Un inquieto grupo de ciudadanos de Santa Brígida, hasta el moño (o boina, táchese lo que no proceda) de las cosas que vienen pasando hace años en esa villa del centro de Gran Canaria ha decidido constituirse en plataforma electoral ciudadana, o plataforma ciudadana con aspiraciones electorales. El primer enunciado es “proyecto ciudadano 2014-2023” con la intención de conjurarse “por el buen funcionamiento del municipio” pase lo que pase en las elecciones de 2015, lo que significa que si no sacan alcalde o un mísero concejal, prometen plantear batalla a los que sí salgan. Quieren elaborar “una propuesta ambiciosa de participación ciudadana que cambie la deriva de este municipio hacia un modelo integral y respetuoso que sepa responder a las necesidades” de la población. El movimiento está tan abierto que en esa asamblea del sábado se va a decidir hasta su nombre y su logo, los grupos de trabajo que se constituirán y los diez principios y valores que habrá de regirles. Eso sí, exigirán a los presentes que no se limiten a pasar por allí, sino que se comprometan a trabajar por la causa en sus distintos grados de implicación, también a aprobar. Los partidos tradicionales y las agrupaciones de pulso y púa que les hacen los coros van a tener un duro contrincante en Santa Brígida por razones absolutamente naturales: no enterarse de nada. Y no digan que no les veníamos dando pistas.

María Luisa Antúnez, la esperanza de Pediatría

Continúan tensándose las relaciones entre los médicos que forman parte del Servicio de Pediatría del hospital Materno-Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Ni siquiera la apertura del proceso de evaluación para el nombramiento de nuevo jefe del servicio ha relajado los ánimos, ni por parte de los pediatras ni por parte del actual responsable, Francisco Machado, que no afloja un punto en su empeño en seguir contribuyendo a generar un ambiente irrespirable que por los pelos no afecta a los pacientes. La aparición de una candidata a disputarle el cetro ha ilusionado a unos cuantos facultativos, que ven en ella una esperanza de que las cosas puedan mejorar. La aspirante es María Luisa Antúnez, una pediatra veterana que saltó a la palestra de manera pública por la encendida defensa que hizo en su momento en contra del cierre del servicio de cirugía cardiaca infantil, pulso que se saldó en favor de su mantenimiento. Es precisamente ese enfrentamiento con la Gerencia del hospital la que pudiera restarle puntos en la parte subjetiva de la evaluación (60%) frente a un candidato que incomprensiblemente sigue gozando del blindaje y de la complicidad de la Administración sanitaria canaria. Los pediatras se quejan a menudo de la permisividad con la que se trata al jefe del servicio. El último ejemplo conocido procede de la orden del Servicio Canario de la Salud de ampliar a 37,5 horas semanales el horario de cada facultativo, lo que les obliga a prolongar su horario en dos horas y media a la semana para que pasen consultas de 15.00 a 17.00. El único pediatra de los treinta que conforman el servicio que no hace esa permanencia es precisamente el jefe, Francisco Machado, que es capaz de pasar a horarios de la mañana las consultas que se le colocan en la agenda de sus dos horas y media de tarde. De este modo tiene tiempo para compatibilizar al cien por cien, como hacía antes de la circular, su dedicación a la sanidad pública (hasta las tres) con su consulta particular.