El presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Vicent Mompó, no suele esconderse, aunque a veces eso le haya costado críticas de propios y extraños. Sabe y reivindica de dónde viene: es alcalde del pequeño municipio de Gabarda, hijo de una familia trabajadora y exjugador de fútbol semiprofesional. Y es precisamente ese deporte, que sigue practicando de vez en cuando, el que utiliza para explicar o argumentar cuestiones complejas o polémicas. ¿A quién prefiere como candidato a la Generalitat Valenciana: a Juanfran Pérez Llorca, Susana Camarero o al propio Vicent Mompó? “No hay jugador de fútbol al que no le guste ser titular”, responde el líder provincial del PP.

Mompó ha participado este lunes por la mañana en un almuerzo con los miembros de la Associació de Mitjans Digitals de la Comunitat Valenciana de Comunicació, un colectivo de empresas periodísticas del que forma parte elDiario.es Comunitat Valenciana, y ha hablado de su gestión al frente de la Diputación. En el turno de preguntas, el también presidente provincial del PP ha respondido a numerosas cuestiones sobre la vida orgánica del partido. Mompó ha revelado que “queda poco” para que se conozca quién será el candidato a la presidencia de la Generalitat y ha insistido en que esa designación corresponde única y exclusivamente al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Sobre la posibilidad de que él mismo pudiera encabezar la candidatura del PP a la presidencia de la Generalitat, Mompó no se ha descartado, aunque tampoco se ha postulado. “En política, hablar de mañana es difícil; imagínate dentro de un año”, ha afirmado.

En política, lo que uno dice es importante, pero lo que calla puede serlo aún más. Y en ningún momento de la hora y cuarenta minutos de conversación ha afirmado que su candidato a la Generalitat sea el actual presidente, Juanfran Pérez Llorca, quien sí ha manifestado públicamente su intención de liderar la candidatura de los populares e intentar revalidar la presidencia del Consell. En ese sentido, y pese a la indefinición de Génova, Mompó se ha mostrado contrario a organizar unas primarias para elegir al cabeza de lista autonómico.

Pese a los cantos de sirena, tanto dentro del partido como desde Génova, que lo sitúan como una buena opción para encabezar la candidatura autonómica, Mompó también ha defendido que le gustaría disponer de ocho años más para culminar el proyecto iniciado en la Diputación de Valencia junto a Ens Uneix.

El presidente provincial del PP ha explicado que a él le gusta “cumplir” los estatutos y que, por ello, convoca todas las juntas provinciales que corresponden. Sobre el congreso regional, que debía haberse celebrado en junio de 2025, ha asegurado que “debería celebrarse antes de las elecciones”. “Lo normal es que se haga”, ha puntualizado Mompó, que en este sentido comparte la petición del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, aunque no el momento que este ha elegido para plantearla.

“Paco Camps es uno de los nuestros. Se ha dejado la piel por el partido, pero llega tarde. Su situación se tenía que haber gestionado mejor, pero creo que aún hay tiempo de arreglarlo. No sé muy bien lo que quiere, pero se lo merece”, ha explicado Mompó, quien ha añadido: “Hemos de casar lo que quiere con lo que se puede hacer, pero no me corresponde hacerlo a mí. Debe ser el presidente regional”.

El juez que instruye la causa por el título falso que constaba en el expediente laboral de la Diputación de Valencia del excomisionado del Gobierno para la dana, José María Ángel, ha incorporado al procedimiento un informe pericial aportado por la defensa del expolítico socialista que concluye que la titulación falsificada “careció de relevancia al no ser determinante para el acceso” a las plazas de funcionario que ocupó en la institución provincial.

El informe pericial, al que ha tenido acceso elDiario.es, ha sido elaborado por Ricardo de Vicente Domingo, abogado, exprofesor de Derecho Administrativo de la Universitat de València y exletrado del Gabinete Jurídico de la Generalitat Valenciana.

Tras analizar la documentación sobre el expediente de José María Ángel, el perito asevera que el investigado “accedió inicialmente a la condición de funcionario de carrera” de la Diputación de Valencia en un puesto de auxiliar de Archivos y Bibliotecas, en el marco de un proceso selectivo “regular” que no exigía la posesión de un título universitario.

“Por lo que se refiere a su eventual relevancia en los nombramientos posteriores a su acceso al cargo de Ayudante de Archivo y Biblioteca nada se puede inferir del texto de las resoluciones atinentes a dichos nombramientos y/o adscripciones. Sería preciso consultar el expediente de cada uno de esos actos”, indica el informe.

El perito también asegura que los nombramientos posteriores de Ángel en la Diputación “se produjeron mediante actos administrativos firmes y consentidos, todos ellos en puestos abiertos al grupo B, luego A2”.

“Tiene fundamento la tesis según la cual quien pertenece al grupo B no está impedido a priori en la participación de procesos de provisión propios de movilidad funcional por carecer de título del citado grupo”, explica el informe, que remite a la “idoneidad para el puesto” como “lo que sería más relevante para la adjudicación” de la plaza.

La defensa arguye, tal como declaró ante el juez el excomisionado del Gobierno para la dana el pasado 22 de mayo, que José María Ángel accedió inicialmente a una plaza de archivero que en ningún caso requería una titulación universitaria y que luego sería consolidada. Por otro lado, los puestos que ocuparía posteriormente fueron de libre designación.

Las prolongaciones del servicio activo, que se otorgaron a Ángel una vez acabó su etapa de secretario autonómico de Emergencias con el Ejecutivo autonómico del Pacte del Botànic, “se rigen por unas normas que no toman en consideración los requisitos para la ocupación del puesto de trabajo tales como la pertenencia al grupo de clasificación del puesto y, en su caso, la disposición del título correspondiente”, según indica el informe.

“Están en otra perspectiva relacionada con la edad del funcionario, las necesidades de la organización, y la salud psico-física del funcionario acreditada por informe médico”, apostilla el perito.

José María Ángel aseguró ante el juez instructor de la causa que alguien colocó el título falsificado en su expediente para forzar su dimisión del puesto de comisionado del Gobierno para la dana y dijo que él se enteró por la prensa de la existencia del documento.

El fiscal Fernando Maldonado solicitó recientemente que se requiriera al secretario general de la Diputación de Valencia un informe sobre si José María Ángel cumplía los requisitos exigidos para los puestos que ocupó a lo largo de su trayectoria como funcionario de la institución provincial.

El jutge que instruïx la causa pel títol fals que constava en l'expedient laboral de la Diputació de València de l'excomissionat del Govern per la dana, José María Ángel, ha incorporat al procediment un informe pericial aportat per la defensa de l'expolític socialista que conclou que la titulació falsificada “va mancar de rellevància en no ser determinant per a l'accés” a les places de funcionari que va ocupar a la institució provincial.

L'informe pericial, al qual ha tingut accés elDiario.es, ha estat elaborat per Ricardo de Vicente Domingo, advocat, exprofessor de Dret Administratiu de la Universitat de València i exlletrat del Gabinet Jurídic de la Generalitat Valenciana.

Després d'analitzar la documentació sobre l'expedient de José María Ángel, el pèrit assevera que l'investigat “va accedir inicialment a la condició de funcionari de carrera” de la Diputació de València en un lloc d'auxiliar d'Arxius i Biblioteques, en el marc d'un procés selectiu “regular” que no exigia la possessió d'un títol universitari.

“Pel que fa a la seua eventual rellevància en els nomenaments posteriors al seu accés al càrrec d'ajudant d'Arxiu i Biblioteca, res es pot inferir del text de les resolucions relatives a aquests nomenaments o adscripcions. Caldria consultar l'expedient de cadascun d'aquests actes”, indica l'informe.

El pèrit també assegura que els nomenaments posteriors d'Ángel a la Diputació “es van produir mitjançant actes administratius ferms i consentits, tots ells en llocs oberts al grup B, després A2”.

“Té fonament la tesi segons la qual qui pertany al grup B no està impedit a priori de participar en processos de provisió propis de mobilitat funcional per manca del títol del citat grup”, explica l'informe, que remet a la “idoneïtat per al lloc” com “el que seria més rellevant per a l'adjudicació” de la plaça.

La defensa argumenta, tal com va declarar davant del jutge l'excomissionat del Govern per la dana el passat 22 de maig, que José María Ángel va accedir inicialment a una plaça d'arxiver que en cap cas requeria una titulació universitària i que posteriorment seria consolidada. D'altra banda, els llocs que va ocupar posteriorment van ser de lliure designació.

Les prolongacions del servei actiu, que es van atorgar a Ángel una vegada va acabar la seua etapa de secretari autonòmic d'Emergències amb l'Executiu autonòmic del Pacte del Botànic, “es regeixen per unes normes que no prenen en consideració els requisits per a l'ocupació del lloc de treball, com ara la pertinença al grup de classificació del lloc i, si és el cas, la disposició del títol corresponent”, segons indica l'informe.

“Estan en una altra perspectiva relacionada amb l'edat del funcionari, les necessitats de l'organització i la salut psicofísica del funcionari, acreditada per un informe mèdic”, postil·la el pèrit.

José María Ángel va assegurar davant del jutge instructor de la causa que algú va col·locar el títol falsificat en el seu expedient per a forçar la seua dimissió del càrrec de comissionat del Govern per la dana i va dir que ell se'n va assabentar per la premsa de l'existència del document.

El fiscal Fernando Maldonado va sol·licitar recentment que es requerira al secretari general de la Diputació de València un informe sobre si José María Ángel complia els requisits exigits per als llocs que va ocupar al llarg de la seua trajectòria com a funcionari de la institució provincial.

La jueza de la dana no se acaba de creer a Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia. La magistrada, en un auto dictado este lunes, afirma que cuenta con “abundantísima prueba” que “desmiente” la enrevesada versión que aportó Mompó en su segunda testifical del pasado 30 de junio. La instructora cuestiona la tesis del dirigente popular de que en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) “solo se habló” de la presa de Forata.

Por otro lado, alguno de los puntos expresados por Mompó en su primera declaración, relativo al Es-Alert, “tampoco se corresponde con las declaraciones de testigos” como Miguel Molla, técnico encargado de validar el mensaje; Inmaculada Piles, jefa de servicio del Centro de Emergencias, o Juan Ramón Cuevas, coordinador de la Unidad de Riesgo y Seguimiento de las Emergencias, afirma el auto.

La resolución deniega el careo entre el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, solicitado por la defensa del antiguo alto cargo del Consell de Carlos Mazón, investigado en la causa junto con el exconsellera Salomé Pradas.

Argüeso cuestiona que la primera edil de Torrent le alertara del desbordamiento del barranco de Horteta, tributario del Poyo, en una llamada efectuada mientras el alto cargo permanecía reunido en el Cecopi en l'Eliana.

La defensa de Emilio Argüeso, para justificar la necesidad del careo con Folgado, aludió a la declaración de Mompó. De ahí la severa referencia de la jueza a la testifical del presidente de la Diputación de Valencia, que en su última declaración aseguró en una treintena de ocasiones que no recordaba nada sobre aspectos relevantes del día de autos, tal como ha informado este diario.

“Dicho testigo [Vicente Mompó], a la mayoría de las preguntas, respondió que no se acordaba o que no recordaba”, remacha el auto.

No ve “ánimo espurio” en la alcaldesa de Torrent

La resolución rechaza la calificación de “falsaria” de la declaración testifical de Folgado, una afirmación de la defensa del investigado que “choca, no solo con la inexistencia de cualquier tipo de móvil ni ánimo espurio en sus manifestaciones, sino también con el hecho de que la declaración de la alcaldesa es coincidente” con otros testigos como el comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Salvador Romo, quien dijo que el Cecopi recibió información sobre el desbordamiento del barranco de Horteta, o como el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez.

El auto sostiene que el testimonio de la alcaldesa de Torrent, en cuanto a la situación del barranco de Horteta, “viene también corroborado” por las declaraciones de varios familiares de víctimas de la dana.

Més d'un advocat es va desesperar el passat 30 de juny durant la declaració testifical davant la jutgessa de la dana de Vicente Mompó, president de la Diputació de València. El testimoni, que compareixia per segona vegada en el marc del procediment, va dir “no recorde” en una vintena d'ocasions, segons indica l'acta de la seua declaració, a la qual ha tingut accés elDiario.es. En una altra desena de vegades, va usar la fórmula: “No me'n recorde”.

Mompó va repetir expressions similars durant la seua declaració: “Sincerament, això no sabria ubicar-t'ho en el temps”; “Sincerament, no me'n recorde de res”; “Sincerament, no sabria contestar-li això”, o “Sincerament, jo no estava pendent de la pantalla”.

A la mateixa fórmula, amb la sinceritat de l'oblit per davant, va recórrer per a contestar a un advocat que li va preguntar per la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) del 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts:

—Sincerament, o siga, és que... No, si ho va dir, doncs ho va dir, però jo no... Ni me'n recorde ara d'aquesta frase concreta ni a qui es va dirigir. Sincerament, no.

També per a referir-se a la seua vicepresidenta, Reme Mazzolari: “Sincerament, aquell dia no sé el que va fer ni el que va deixar de fer”. L'interrogatori sobre les seues comunicacions amb Mazzolari també va incloure respostes com ara: “Cap la possibilitat, però no li sabria dir si va ser així o no va ser així”.

Respostes enrevessades i laberíntiques

Vicente Mompó també va donar una enrevessada resposta sobre la conversa que Amparo Fort, alcaldessa de Xiva (localitat on se situa la capçalera del barranc del Poio), va dir haver mantingut amb el diputat provincial de Bombers, Avelino Mascarell, qui també participava en el Cecopi. Mompó no recordava si va conéixer aquesta conversa per Mascarell o per Mazzolari:

—Eixe dia, clar, eixe dia és que jo no recorde, o siga, jo després he parlat amb els dos d'este tema, però eixe dia en concret no sé qui dels dos va ser el que m'ho va dir primer, sincerament no sabria dir ara mateix, no sé si el dia que vaig declarar sí que us vaig dir que va ser un o altre, però ara mateix, sincerament, no me'n recorde qui dels dos va ser el que m'ho va dir.

En un segon intent de la magistrada per a preguntar-li quan li va contar Avelino Mascarell que havia sigut contactat telefònicament per l'alcaldessa de Chiva, el president de la Diputació va contestar:

—Jo crec que, com vaig dir, eixa conversa no sé en quin moment es produeix, que és quan jo confonc el tema de les hores, però no sé si m'ho va dir eixe mateix dia o va ser ja els dies posteriors contant-me el que va fer eixe dia, jo no sabria ubicar-li la conversa quan exactament la tinc amb el senyor Avelino.

Altres respostes van ser encara més laberíntiques. La jutgessa va al·ludir a les contradiccions entre les seues declaracions al programa Salvados i el seu primer testifical. Mompó, segons l'acta de la seua segona declaració, va afirmar:

—Jo això no ho estic afirmant, jo li dic que no ho sé. De fet, recorde que jo em vaig acollir a les 19.00, 18.55, no recorde, perquè apareixia la trucada, però, si us en recordeu, jo el que vaig dir és que a mi el que em va traslladar ell [Avelino Mascarell] és que fins a la nit no m'havia parlat de Chiva, que recorde que vaig dir... Però bé, això no vull dir-ho jo, com aneu a cridar-lo a ell, m'imagine, ja us ho dirà ell. Aleshores, això és el que ell em va comunicar a mi, perquè jo li estic traslladant el que em va comunicar, no el que jo recorde o el que parle amb ell. Aleshores, abans d'aquestes hores, que jo recorde, no parlem sobre aquest tema, o siga, no sé exactament quan el barranc de Chiva estava ja en les situacions que ara recordem (si va ser a les quatre, a les cinc o a les sis), evidentment no. Ara com ara, tampoc t'ho sabria contestar, per tant, el que sí que és evident és que fins que no estava ple no podien traslladar que estava ple, no sé quina hora era i es veu que no concorden [sic] amb les hores que diuen uns i altres. Però bé, a mi tampoc m'estranya perquè aquest dia, insistisc, és complicat que quadrem hores.

No veu “creïble” la versió d'una alcaldessa del PP

La testimoni va assegurar que no li semblava “creïble” que l'alcaldessa de Chiva, també del PP, alertara Avelino Mascarell del desbordament de la capçalera del barranc del Poio: “És a dir, jo, com a alcalde que sóc, en una situació així, doncs crides la Guàrdia Civil, crides a tothom. Fins i tot hi ha Policia Local a Chiva”, va manifestar Mompó.

La jutgessa, en llargues i didàctiques intervencions, va exposar al president de la Diputació de València la cronologia de les telefonades de l'alcaldessa de Chiva (acreditada amb la factura telefònica). Tanmateix, Vicente Mompó va al·legar:

—M'imagine que no solament en aquest cas, no solament la comunicació dependria que la senyora Fort l'hi diguera al diputat de Bombers. Jo el que li insistisc és que ara, amb el que ja hem vist i sabem, pot semblar tot molt increïble, però que aquell dia o ho traslladaria, si era una informació com està descrivint vosté, o, si no ho va traslladar, entenc, per sentit comú, que no seria com ho està descrivint vosté, però insistisc que li parle des del sentit comú. És a dir, jo no sé el que van parlar ells dos, no li ho puc dir.

La magistrada, per la seua banda, va insistir al testimoni en el fet que Amparo Fort va declarar que va alertar Avelino Mascarell que s'havia desbordat la capçalera del barranc del Poio. Mompó se'n va anar de nou per les branques:

—Jo el que intente explicar-li és que, si aquesta situació va ser així, a mi el que em sembla increïble és que, en aquest cas, els professionals de les forces de seguretat o qui fora, doncs, per exemple, no avisaren el 112 o no avisaren... És a dir, em referisc que entenc jo que si es va transmetre o no, no va en funció de si el senyor Mascarell ho va fer o no ho va fer. És a dir, que entenc que si la situació era així, vull pensar que al 112 estaven informats o algun policia local avisaria el 112, o alguna ambulància, o...

La jutgessa li va dir que, per la seua condició d'alcalde d'una localitat com Gavarda i de president de la institució provincial, bé sabria que “els mitjans d'un ajuntament són molt limitats”. “Bé, els de Gavarda, sí, els de Chiva no tant”, va argüir el testimoni.

“No li puc dir el que va passar, perquè no ho sé”

Mompó va concloure:

—O siga, em costa creure que ningú vulga ocultar informació per a no ajudar. Si [a Avelino Mascarell] li va arribar informació, doncs la donaria. I si [Amparo Fort] no li ho va dir o no va ser capaç de fer-li veure la gravetat de la situació, doncs no ho diria, és que no ho sé. No li puc dir el que va passar, perquè no ho sé.

El president de la Diputació també va intentar diferenciar la perspectiva de la vivència en primera persona de l'anàlisi dels fets amb la perspectiva que dona el temps:

—En el meu cas, tot el que va passar aquell dia ho veig lògic, tot. Ja sé que des de fora poden semblar coses il·lògiques, però està clar que, per a qui no hi era aquell dia, no és fàcil entendre-ho. Qui hi érem, els alcaldes s'agafen a tot el que poden. No veig cap alcalde... Ho poden fer bé o malament, però no veig cap persona que no haja intentat ajudar. Per part de ningú.

L'alerta sobre el barranc de l'Horteta: “No recorde aquesta situació”

La magistrada també va preguntar a Mompó per la telefonada que li va fer l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, alertant-lo del desbordament del barranc de l'Horteta, afluent del Poio, mentre el president de la Diputació participava en el Cecopi.

—Jo això ho he llegit en premsa, però no recorde aquesta situació. Si la senyora Folgado o qui fora, si es va comunicar amb mi i va aportar informació, jo estava allí, al Cecopi, m'imagine que ho diria allí, al Cecopi, però no recorde aquesta informació concreta. Ara ho sé perquè ho ha dit la senyora Folgado. Però el meu primer record amb la senyora Folgado era ja molt avançada la nit.

—No recorda que li diguera que el barranc de l'Horteta baixava amb ones?

—No.

La resta del testifical va seguir els mateixos derroters. Vicente Mompó també va argumentar que el sentit de la declaració d'un testimoni pot ser “lògic o no lògic”. Ací va donar en el clau.

Más de un abogado se desesperó el pasado 30 de junio durante la declaración testifical ante la jueza de la dana de Vicente Mompó, presidente de la Diputación de Valencia. El testigo, que comparecía por segunda vez en el marco del procedimiento, dijo “no recuerdo” en una veintena de ocasiones, según indica el acta de su declaración, a la que ha tenido acceso elDiario.es. En otra decena de veces, usó la fórmula de: “No me acuerdo”

Mompó repitió expresiones similares durante su declaración: “Sinceramente, eso no sabría ubicártelo en el tiempo”; “Sinceramente, no me acuerdo de nada”; “Sinceramente, no sabría contestarle eso”, o “Sinceramente, yo no estaba pendiente de la pantalla”.

A la misma fórmula, con la sinceridad del olvido por delante, recurrió para contestar a un abogado que le preguntó por la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos:

— Sinceramente, o sea, es que... No, si lo dijo, pues lo dijo, pero yo no... Ni me acuerdo ahora de esa frase concreta ni a quién se dirigió. Sinceramente, no.

También para referirse a su vicepresidenta, Reme Mazzolari: “Sinceramente, ese día no sé lo que hizo ni lo que dejó de hacer”. El interrogatorio sobre sus comunicaciones con Mazzolari también incluyó respuestas tales como: “Cabe la posibilidad, pero no le sabría decir si fue así o no fue así”.

Respuestas enrevesadas y laberínticas

Vicente Mompó también dio una enrevesada respuesta sobre la conversación que Amparo Fort, alcaldesa de Chiva (localidad donde se sitúa la cabecera del barranco del Poyo), dijo haber mantenido con el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, quien también participaba en el Cecopi. Mompó no recordaba si conoció esa conversación por Mascarell o por Mazzolari:

— Ese día, claro, ese día es que yo no recuerdo, o sea, yo después he hablado con los dos de este tema, pero ese día en concreto no sé quién de los dos fue el que me lo dijo primero, sinceramente no sabría decir ahora mismo, no sé si el día que declaré, sí que os dije que fue uno u otro, pero ahora mismo, sinceramente no me acuerdo quién de los dos fue el que me lo dijo.

A un segundo intento de la magistrada por preguntarle cuándo le contó Avelino Mascarell que había sido contactado telefónicamente por la alcaldesa de Chiva, el presidente de la Diputación contestó:

—Yo creo que, como dije, esa conversación no sé en qué momento se produce, que es cuando yo confundo el tema de las horas, pero no sé si me lo dijo ese mismo día o fue ya los días posteriores contándome lo que hizo ese día, yo no sabría ubicarle la conversación esa cuando exactamente la tengo con el señor Avelino.

Otras respuestas fueron aún más laberínticas. La jueza aludió a las contradicciones entre sus declaraciones al programa Salvados y su primer testifical. Mompó, según el acta de su segunda declaración, afirmó:

—Yo eso no lo estoy afirmando, yo le digo que no lo sé. De hecho, me acuerdo que yo me acogí a las 19.00 18.55, no me acuerdo, porque aparecía la llamada, pero si os acordáis, yo lo que dije es que a mí lo que me trasladó él [Avelino Mascarell] es que hasta por la noche no me había hablado de Chiva, que me acuerdo que dije... Pero bueno, esto no quiero decirlo yo, como vais a llamarle a él, me imagino, ya os lo dirá él. Entonces eso es lo que él me comunicó a mí, porque yo le estoy trasladando lo que me comunicó, no lo que yo me acuerde o lo que hablé con él. Entonces, antes de esas horas, que yo recuerde, no hablamos sobre ese tema, o sea, no sé exactamente cuándo el barranco de Chiva estaba ya en las situaciones que ahora recordamos (si fue a las cuatro, a las cinco o a las seis), evidentemente no. A día de hoy, tampoco te lo pudiera contestar, por tanto, lo que sí que es evidente es que hasta que no estaba lleno no podían trasladar que estaba lleno, no sé qué hora era y que parece ser que no concuadran [sic] con las horas que dicen unos y otros. Pero bueno, a mí tampoco me sorprende porque ese día, insisto, que es complicado que cuadremos horas.

No ve “creíble” la versión de una alcaldesa del PP

El testigo aseguró que no le parecía “creíble” que la alcaldesa de Chiva, también del PP, alertara a Avelino Mascarell del desbordamiento de la cabecera del barranco del Poyo: “O sea, yo, como alcalde que soy, en una situación así, pues llamas a la Guardia Civil, llamas a todo el mundo. Incluso hay Policía Local en Chiva”, manifestó Mompó.

La jueza, en largas y didácticas intervenciones, expuso al presidente de la Diputación de Valencia la cronología de llamadas de la alcaldesa de Chiva (acreditada con la factura telefónica). Sin embargo, Vicente Mompó adujo:

—Me imagino que no solo en ese caso, no solo la comunicación dependería de que la señora Fort se lo dijese al diputado de Bomberos. Yo lo que le insisto es que ahora, con lo que ya hemos visto y lo sabemos, puede parecer todo muy increíble, pero que ese día o lo trasladaría, si era una información como está describiendo usted, o si no lo trasladó, entiendo por sentido común que no sería como lo está describiendo usted, pero insisto que le hablo desde el sentido común. O sea, yo no sé lo que hablaron ellos dos, no se lo puedo decir.

La magistrada, por su parte, insistió al testigo en el hecho de que Amparo Fort declaró que alertó a Avelino Mascarell de que se había desbordado la cabecera del barranco del Poyo. Mompó se fue de nuevo por las ramas:

— Yo lo que intento explicarle es que, si esa situación fue así, a mí lo que me parece increíble es que, en ese caso, los profesionales de Fuerzas de Seguridad o quien fuese, pues por ejemplo, no avisase al 112 o no avisase, o sea, me refiero, que entiendo yo que si se transmitió o no, no va en función de si el señor Mascarell lo hizo o no lo hizo. O sea, que entiendo que si la situación era así, quiero pensar que en el 112 están informados o algún policía local avisaría el 112, o alguna ambulancia, o...

La jueza le dijo que, por su condición de alcalde de una localidad como Gabarda y de presidente de la institución provincial, bien sabría que “los medios de un ayuntamiento son muy limitados”. “Bueno, los de Gavarda, sí, los de Chiva no tanto”, arguyó el testigo.

“No le puedo decir lo que pasó, porque no lo sé”

Mompó concluyó:

— O sea, no me cabe en la cabeza que nadie quiera ocultar información para no ayudar. Si [a Avelino Mascarell] le llegó información, pues la daría. Y si [Amparo Fort] no se lo dijo o no fue capaz de hacerle ver la gravedad de la situación, pues no lo diría, es que no lo sé. No le puedo decir lo que pasó, porque no lo sé.

El presidente de la Diputación también trató de diferenciar la perspectiva de la vivencia en primera persona del análisis externo de los hechos a toro pasado:

— En mi caso, todo lo que pasó ese día lo veo lógico todo. Ya sé que desde fuera pueden parecer cosas ilógicas, pero claro, para los que no estaban allí ese día. Los que estábamos, claro, los alcaldes se cogen a todo lo que pueden, no veo ningún alcalde... lo pueden hacer bien o mal, pero no veo a ninguna persona que no haya intentado ayudar. Por parte de nadie.

La alerta sobre el barranco de Horteta: “No recuerdo esa situación”

La magistrada también preguntó a Mompó por la llamada que le hizo la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, alertándole del desbordamiento del barranco de Horteta, tributario del Poyo, mientras el presidente de la Diputación participaba en el Cecopi.

— Yo eso lo he leído en prensa pero no recuerdo esa situación. Si la señora Folgado o quien fuese, si se comunicó conmigo y aportó información, yo estaba allí en el Cecopi, me imagino que lo diría allí en el Cecopi, pero no recuerdo esa información concreta. Ahora lo sé porque lo ha dicho la señora Folgado. Pero mi primer recuerdo con la señora Folgado era muy adelantada la noche.

— ¿No recuerda que le dijera que el barranco de Horteta venía con olas?

— No.

El resto de la testifical siguió los mismos derroteros. Vicente Mompó también argumentó que el sentido de la declaración de un testigo puede ser “lógico o no lógico”. Ahí dio en el clavo.

A la jueza instructora de la causa de la dana, la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, le “llama poderosamente la atención” que la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, no contactara el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, con el presidente Vicente Mompó, que no conociera el despliegue de la Unidad Militar de Emergencias (UME) o que se enterara por la televisión de que se había convocado una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), tal como reconoció la dirigente popular en su testifical del pasado 29 de junio.

La instructora destaca, en un auto dictado este viernes, que la responsable del área de Carreteras de la Diputación —“ante un proceso meteorológico de tanta gravedad, anunciado por los medios”— se quedara en su casa teletrabajando y sin mayor preocupación hasta bien entrada la tarde, cuando se enteró al ver la televisión autonómica mientras se disponía a preparar la cena que estaba ocurriendo una catástrofe.

“Es una versión del desconocimiento de lo sucedido que contradice el testimonio de la alcaldesa de Chiva [Amparo Fort]”, afirma la resolución. Reme Mazzolari cuestionó la versión de la primera edil, de su mismo partido, quien dijo en su testifical que la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, la llamó sobre la hora de comer para preguntar por la situación en la cabecera del barranco del Poyo.

De hecho, la medida preventiva de mandar a casa a los trabajadores a las 14.00 se tomó por parte de altos funcionarios del departamento de Recursos Humanos de la Diputación sin intervención alguna de los políticos.

La instructora rechaza una serie de diligencias propuestas por una de las acusaciones particulares de la causa, relativas a las carreteras, escudándose en la posición de garante como “elemento determinante en la atribución de responsabilidades penales”, según indica el auto.

La acusación, que proponía un careo entre la vicepresidenta de la institución provincial y la alcaldesa de Chiva, pretendía imputar a Mazzolari una supuesta responsabilidad penal, a tenor de su pobre actuación el día de autos.

Por el contrario, “no basta la atribución de una infracción administrativa, si no viene acompañada de una posición de garante que la testigo no ostentaba durante la gestión de la emergencia, posición de garante que ha de partir de la normativa autonómica de protección civil y las diferentes fases del plan especial de inundaciones”, afirma la jueza.

La declaració com a testimoni davant la jutgessa de la dana de la vicepresidenta de la Diputació de València, Reme Mazzolari, no va aportar massa dades per a l'esclariment dels fets esdevinguts el 29 d'octubre de 2024, tràgica jornada que va acabar amb 230 morts.

No obstant això, la testifical de Mazzolari va retratar cert caos institucional davant la catàstrofe de la dana, segons es desprén de l'acta de la seua declaració del passat 29 de juny, a la qual ha tingut accés elDiario.es.

La vicepresidenta de la Diputació, responsable de l'àrea de Carreteres, amb prou feines va mantenir contacte amb el president, Vicente Mompó, que participava en la reunió del Centre de Coordinació Operativa Integrat (Cecopi) colze a colze amb el diputat provincial de Bombers, Avelino Mascarell.

—No sabia vosté que hi havia un Cecopi aquell dia, que s'estava celebrant un Cecopi a l'Eliana? —va preguntar la jutgessa a la testimoni.

—Jo me n'assabente per les notícies.

Reme Mazzolari va relatar que aquella jornada es va anul·lar a primera hora un acte en què havia de participar amb Vicente Mompó i va decidir quedar-se “teletreballant” a Llíria, municipi del qual és regidora del PP. El director de l'àrea de Carreteres li havia informat que la carretera d'accés a Gavarda, municipi del qual Mompó és alcalde, s'anava a tallar a conseqüència de les pluges de la dana.

—I no vaig parlar amb el president —va dir la testimoni.

Mazzolari va matisar que en la factura del seu telèfon mòbil hi figura “alguna” telefonada perduda “de segons” amb Mompó.

—Tampoc el vaig molestar molt, perquè entenia que aquell dia ell estava com a alcalde [de Gavarda] davant la situació que s'estava produint al seu municipi —va postil·lar la vicepresidenta de la institució provincial.

La testimoni es va assabentar per les notícies de la televisió autonòmica que s'estava celebrant la reunió del Cecopi:

—No tinc cap record de res extraordinari que m'arribara. És a les set i mitja de la vesprada, quan encenc la tele, amb la intenció de preparar el sopar, que veig les notícies d'À Punt. A partir d'ací, cride els meus companys de la comarca que estan prop del llit del Túria, concretament els de Vilamarxant i Benaguasil. I, després, quan ixen aquestes imatges de Xiva. Bé, la veritat és que em vaig sorprendre tant que ho vaig gravar i li envie eixes imatges, que ara ja tinc esborrades, però es veu perfectament l'hora. I li pregunte: “Això és Xiva?”. És a dir, abans d'aquella hora jo no tenia cap notícia del que estava passant a Xiva.

La testimoni va reconéixer que no li va arribar cap alerta

La declaració de Mazzolari qüestionava de pla la testifical anterior de l'alcaldessa de Xiva, la també popular Amparo Fort, que va assegurar en la seua declaració del passat 22 de maig que la vicepresidenta de la Diputació la va telefonar a l'hora de dinar per interessar-se per la situació del barranc del Poio. “La sorpresa soc jo que diga això”, va dir Mazzolari, que va exhibir una factura amb una relació de telefonades en la qual, en cap cas, figurava la de l'alcaldessa de Xiva, municipi on se situa la capçalera del barranc del Poio.

—I no li trobe cap altra explicació més que aquesta senyora estiga confosa. Cosa que fins i tot s'entendria per la situació que es va viure aquell dia. Però jo no vaig parlar amb ella.

Mazzolari va reconéixer que no va rebre cap tipus d'“alerta o instrucció relativa a la situació que s'aveïnava el dia 29 d'octubre”, tal com li va preguntar l'advocat d'una de les acusacions. “Jo, personalment, no. No tinc constància de si l'hauria rebuda el director de l'àrea de Carreteres”, va contestar la testimoni. Tampoc es va celebrar cap reunió preparatòria prèvia ni va rebre l'alerta hidrològica, activada aquell matí al riu Magre i al barranc del Poio pel Centre de Coordinació d'Emergències de la Generalitat, segons va reconéixer la vicepresidenta de la Diputació.

La institució provincial, tal com va revelar aquest diari dos dies després de la catàstrofe, va enviar els seus treballadors a casa a les 14.00, en una decisió presa per funcionaris de l'àrea de Recursos Humans sense intervenció alguna dels polítics. “No vaig tindre cap participació [en la presa de la decisió]”, va afirmar Reme Mazzolari.

Una decisió “merament tècnica”

Tampoc va mantenir contacte amb el Consorci Provincial de Bombers. “Com a responsable de Carreteres, la informació arribava per vies oficials”, va al·legar la testimoni. En matèria de Carreteres, Mazzolari va explicar que “la presa de decisions no és del polític, és merament tècnica”.

Tant de la celebració del Cecopi com de l'enviament de l'Es-Alert, la vicepresidenta de la Diputació se'n va assabentar per la televisió pública:

—Jo me n'assabente per les notícies. (...) Nosaltres, des de l'àrea de Carreteres, estem notificant, en compliment —torne a dir— del Pla Sectorial de Carreteres al CEGESEM [Centre de Gestió de Serveis de Mobilitat de la Generalitat] i, en tot cas, és el CEGESEM qui trasllada aquesta informació al Cecopi, no nosaltres directament. És a dir, en cap moment interferisc en el treball que ja sé que estan fent els tècnics.

Reme Mazzolari també es va escudar en el fet que a la “zona zero” de la dana, corresponent a l'àrea metropolitana de València, no hi havia cap carretera dependent de la Diputació. “L'únic que és de titularitat provincial és el Pont dels Cavalls d'Aldaia, que va ser l'únic afectat que vam haver de reconstruir des de la Diputació”, va agregar.

La declaración como testigo ante la jueza de la dana de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, no aportó demasiados datos para el esclarecimiento de los hechos acaecidos el 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos.

Sin embargo, la testifical de Mazzolari retrató cierto caos institucional ante la catástrofe de la dana, según se desprende del acta de su declaración del pasado 29 de junio, a la que ha tenido acceso elDiario.es.

La vicepresidenta de la Diputación, responsable del área de Carreteras, apenas mantuvo contacto con el presidente, Vicente Mompó, quien participaba en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) codo con codo con el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell.

“¿No sabía usted que había un Cecopi ese día, que se estaba celebrando en l'Eliana un Cecopi?”, preguntó la jueza a la testigo.

—Yo me entero de eso por las noticias.

Reme Mazzolari relató que aquella jornada se anuló a primera hora un acto en el que iba a participar con Vicente Mompó y decidió quedarse “teletrabajando” en Llíria, localidad en la que es concejala del PP. El director del área de Carreteras le había informado que la carretera de acceso a Gabarda, localidad de la que Mompó es alcalde, se iba a cortar a consecuencia de las lluvias de la dana.

“Y no hablé con el presidente”, dijo la testigo. Mazzolari matizó que en la factura de su teléfono móvil reseña “alguna” fallida llamada “de segundos” con Mompó.

“Tampoco le molesto mucho, porque entendía que ese día él estaba como alcalde [de Gabarda] en la situación que se estaba dando en su localidad”, apostilló la vicepresidenta de la institución provincial.

La testigo se enteró por las noticias de la televisión autonómica de que se estaba celebrando la reunión del Cecopi:

—No tengo ningún recuerdo de nada extraordinario que a mí me llegara. Es a las siete y media de la tarde, cuando yo entro en la cocina de casa con la intención de preparar la cena que enciendo la tele. A partir de ahí, sí que veo las noticias en À Punt. Llamo a mis compañeros de la comarca que están cerca del cauce del Turia. Vilamarxant y Benaguacil, en concreto. Y, luego, cuando salen estas imágenes de Chiva. Bueno, la verdad es que me sorprendí tanto, que lo grabé y le mando esas imágenes que las tengo borradas, pero se ve perfectamente la hora. Y le pregunto, ¿esto es Chiva? Es decir, yo anteriormente a esa hora de Chiva no tenía ninguna noticia.

La testigo reconoció que no le llegó ninguna alerta

La declaración de Mazzolari cuestionaba de plano la testifical anterior de la alcaldesa de Chiva, la también popular Amparo Fort, quien aseguró en su declaración del pasado 22 de mayo que la vicepresidenta de la Diputación la telefoneó a la hora de comer para interesarse por la situación del barranco del Poyo. “La sorprendida soy yo de que diga eso”, dijo Mazzolari, quien exhibió una factura con una lista de llamadas en la que, en ningún caso, figuraba la de la alcaldesa de Chiva, localidad donde se sitúa la cabecera del barranco del Poyo.

—Y no le encuentro otra explicación más que esta señora esté confundida. Cosa que hasta se entendería por la situación que se vivió aquel día. Pero que yo no hablé con ella.

Mazzolari reconoció que no recibió ningún tipo de “alerta o instrucción relativa a la situación que se avecinaba el día 29 de octubre”, tal como le preguntó el abogado de una de las acusaciones. “Yo, personalmente, no. No tengo constancia si lo habría recibido el director del área de Carreteras”, contestó la testigo. Tampoco se hizo ninguna reunión preparatoria previa ni recibió la alerta hidrológica, activada aquella mañana en el río Magro y en el barranco del Poyo por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, según reconoció la vicepresidenta de la Diputación.

La institución provincial, tal como desveló este diario dos días después de la catástrofe, envió a sus trabajadores a casa a las 14.00, en una decisión tomada por funcionarios del área de Recursos Humanos sin intervención alguna de los políticos. “No tuve ninguna participación [en la toma de la decisión]”, afirmó Reme Mazzolari.

Una decisión “meramente técnica”

Tampoco mantuvo contacto con el Consorcio Provincial de Bomberos. “Como responsable de Carreteras, la información estaba llegando por cauces oficiales”, adujo la testigo. En materia de Carreteras, Mazzolari explicó que “la toma de decisión no es del político, es meramente técnica”.

Tanto de la celebración del Cecopi como del envío del Es-Alert, la vicepresidenta de la Diputación se enteró por la televisión pública:

—Yo me entero de eso por las noticias. (...) Nosotros desde el área de carreteras estamos notificando en cumplimiento, vuelvo a decir, del plan sectorial de carreteras al CEGESEM [Centro de Gestión de Servicios de Movilidad de la Generalitat] y, en todo caso, es el CEGESEM el que traslada esa información al Cecopi, no nosotros directamente. Es decir, en ningún momento interfiero en el trabajo que ya sé que se está haciendo por parte de los técnicos.

Reme Mazzolari también se escudó en que en la “zona cero” de la dana, correspondiente al área metropolitana de València, no había ninguna carretera dependiente de la Diputación. “Lo único que es de titularidad provincial es el Pont dels Cavalls de Aldaia, que fue el único afectado que tuvimos que reconstruir desde Diputación”, agregó.

El presidente del PP de la provincia de Valencia y de la Diputación, Vicent Mompó, ha afirmado que el 'president' de la Generalitat y presidente de la gestora que dirige el PPCV, Juanfran Pérez Llorca, “es una opción, obviamente”, a ser el candidato 'popular' a la Generalitat en las próximas elecciones autonómicas, aunque ha recordado que es “de momento, todavía oficialmente no hay” un aspirante elegido por la dirección nacional de Génova.

En su caso, sobre si se ve como una posible opción, Mompó ha asegurado que “ahora mismo” está centrado en la corporación provincial y en un perfil “claramente municipalista”. Además, ha remarcado que “en política es muy complicado hablar de futuro”.

Así lo ha manifestado a preguntas de los periodistas sobre el hecho de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, todavía no se haya pronunciado sobre la hipotética candidatura de Llorca a la Generalitat como cabeza de lista del PPCV. Precisamente, Feijóo visitó la Comunitat Valenciana el mes pasado a un almuerzo organizado por el PP provincial de Mompó, tras lo que este viernes participa en otro acto en Castelló en el que ejercerá como anfitriona la presidenta del PP de Castellón y de la Diputación, Marta Barrachina.

En este contexto, Mompó ha señalado que desde la dirección del Partido Popular les han trasladado que el próximo 18 de julio “van a nombrar a todos los alcaldables para las capitales de provincia” en un acto en Santiago de Compostela, “y ya posteriormente se centrarán en las comunidades autónomas”.

“De momento, (Feijóo) no se ha pronunciado todavía, de momento oficialmente no hay candidato y es una decisión que, como marcan los estatutos del Partido Popular a nivel nacional, la competencia la tiene el presidente nacional porque es una competencia nacional”, ha expuesto.

Preguntado por si piensa que Llorca tiene el apoyo de Feijóo para ser el candidato, Mompó ha reiterado, como ha “dicho por activa y por pasiva” en los últimos meses, que “es el actual 'president'” y, a su juicio, “es de justicia reconocer el paso que ha dado, un paso importante: renunciar a ser alcalde, trasladarse de Finestrat a València”.

“Está trabajando, está incorporando una estabilidad que hace falta en nuestra comunidad y, por tanto, es una opción, obviamente, de ser el candidato de futuro a presidir la Generalitat Valenciana”, ha dicho en este punto.

Cuestionado por si él no se ve como una opción, Mompó ha replicado: “Yo ahora mismo estoy en la Diputació de València, con mucho gusto, en compañía de Ens Uneix, formando un gobierno en el que hemos demostrado que se puede trabajar desde la diferencia para nuestros pueblos. Creo que somos un ejemplo de cómo partidos que piensan diferente tienen altura de miras e incorporan políticas que sirven para mejorar la vida de la gente”.

Y sobre si en un futuro le gustaría aspirar a presidir la Generalitat, ha zanjado: “En política es muy complicado hablar de futuro. Insisto: yo creo que el perfil de Vicent Mompó es claramente municipalista y ahora mismo estoy donde me gusta”.

Por su parte, la alcaldesa de València, María José Catalá, ha asegurado este miércoles que el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, está haciendo “un buen trabajo y merece todo el respaldo posible”, si bien ha insistido en que la decisión de presentar candidatos para las próximas elecciones es competencia del partido.

“Creo que el 18 de julio, por lo que yo sé, las candidatura a las capitales de provincia estarán decididas. Estamos convocados en Santiago de Compostela ese día; pero las autonómicas tienen su propio calendario, fijado por la dirección nacional, el presidente, y estoy convencida de que estamos trabajando para hacerlo lo antes posible”, ha agregado en declaraciones a los periodistas.

Preguntada por si apuesta por la candidatura de Pérez Llorca, Catalá ha respondido: “no me compete a mí, solo soy la candidata a la alcaldía de València, que es mucho y estoy muy contenta de serlo”.

“Eso compete a mi partido, estoy convencida de que tomará la mejor decisión. Pérez Llorca está haciendo un buen trabajo y merece todo el respaldo posible, pero no me compete a mi esa decisión”, ha insistido.

El presidente de la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, regresa a declarar, por segunda vez, ante la jueza de la dana. Mompó ha afirmado que no recordaba que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, también del PP, lo llamara en plena reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) para alertarle del desbordamiento del barranco de Horteta, tributario del Poyo. “No la recuerdo”, ha declarado Mompó, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la testifical. Por otro lado, el presidente de la Diputación ha indicado que habla con Folgado todas las semanas (ella también es diputada provincial) y “nunca” le ha dicho en todos estos meses de instrucción de la causa que lo llamó en plena emergencia. “Será verdad si dice que habló conmigo lo haría”, ha manifestado ante la jueza, quien ha expresado cierta desesperación ante las contradicciones de Vicente Mompó.

Fuentes conocedoras de la testifical han tildado la declaración de Mompó de “inconexa” y “fragmentada”. El testigo, tal como hiciera en su primera declaración del 17 de julio de 2025, ha repetido en varias ocasiones que no se acuerda de los hechos, alegando que ha pasado mucho tiempo y que confunde las horas y la cronología. “No ha hilado dos frases seguidas”, reseñan las mismas fuentes.

La magistrada ha repreguntado en numerosas ocasiones al testigo sobre la llamada de Folgado y sobre la de la alcaldesa de Chiva, Amparo Fort, al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, que también participaba en el Cecopi, alertándole del desbordamiento de la cabecera del barranco del Poyo. Sin embargo, Vicente Mompó ha seguido en su línea de declaración en tono amnésico.

Mompó ha sostenido, tirando del argumentario del PP, que ni la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ni la Aemet alertaron en el Cecopi de la situación en el barranco del Poyo.

El testigo también ha dicho que desconoce los contactos en plena emergencia entre representantes de la Diputación de Valencia (institución que envió a casa a sus trabajadores a las 14.00) y los alcaldes. Tampoco recordaba cuando supo que se había activado la alerta hidrológica en el barranco del Poyo.

El baile de versiones de Mompó

La magistrada instructora citó de nuevo a Mompó después de que la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado, desvelara que lo llamó el día de autos para advertirle del desbordamiento del barranco de Horteta, tributario del Poyo, mientras el presidente de la Diputación participaba en la reunión del Cecopi. La factura del teléfono móvil de la primera edil popular acreditó la llamada (efectuada a las 18.38).

A pesar de que en el programa Salvados de La Sexta aseguró que durante el Cecopi tuvo información sobre el barranco del Poyo, en su primera declaración ante la jueza de la dana se desdijo de esa afirmación. En su segunda testifical, celebrada este martes, el testigo ha vuelto a mantener la misma tesis. “Tiene una memoria muy selectiva”, afirma una fuente jurídica.

El proceso de selección de la dirección de la Institució Alfons el Magnànim (IAM), la histórica editorial pública de la Diputación de Valencia, puede verse abocado a los tribunales después de que el sociólogo y técnico cultural Vicent Flor, exresponsable de este organismo durante ocho años, ha presentado un recurso de reposición contra el informe de idoneidad que avala el nombramiento de Miquel Nadal —hasta hace unas semanas director general de Cultura de Carlos Mazón y Juanfran Pérez Llorca— al frente de la entidad. En el documento, Flor denuncia graves irregularidades, omisiones en su propio expediente e indicios de un presunto delito de prevaricación administrativa al considerar que el proceso ha sido diseñado para favorecer una decisión política “previamente pactada”.

El recurso sitúa en el centro de la diana a la jefa de servicio de Recursos Humanos de la corporación provincial, María Escamilla, encargada de firmar la valoración de los currículums. Flor califica de “sorprendente” que una funcionaria de la administración general, con trayectoria como secretaria-interventora municipal, decida la idoneidad para un puesto tan específico de gestión editorial y cultural sin contar con la colaboración de ningún jurado técnico ni especialistas en la materia.

Además, el texto vincula a la jefa de servicio con una “relación especial de carácter profesional” con el actual presidente de la Diputación, el popular Vicente Mompó, lo que a juicio del exdirector del Magnànim hace dudar de la imparcialidad del proceso. Según Flor, esta afinidad técnico-administrativa ha primado a la hora de elegir a Nadal, un graduado en Derecho cuyo perfil profesional, asegura, carece de cualquier tipo de experiencia previa en la gestión estrictamente cultural o editorial.

Doble vara de medir respecto al MuVIM

Para evidenciar el carácter arbitrario del proceso, Flor compara este informe con el emitido por la misma funcionaria apenas ocho días antes para la dirección del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM). Mientras que en el caso del museo se blindaron las exigencias técnicas vinculadas a la definición museológica, la investigación y la dirección científica, en el informe del Magnànim apunta que se rebajaron de forma explícita los requisitos: “El perfil buscado no se limita exclusivamente a alguien especializado sustancialmente en el ámbito de la gestión cultural”, reza el documento técnico. Para el sociólogo valenciano, esta cláusula fue redactada “ex professo” contra su candidatura.

La Diputación justificó la elección de Nadal basándose en un acuerdo de pleno de marzo de 2026 que busca “redireccionar” la gestión cultural hacia una visión “municipalista”. Sin embargo, Flor alega que en las ocho páginas del informe técnico no hay una sola línea que demuestre de qué manera el currículum de Nadal cumple con ese enfoque local, dado que toda su trayectoria reciente se ha desarrollado en el ámbito jurídico-administrativo de la Generalitat Valenciana.

El recurso insiste en que el relevo en el Magnànim era “una decisión conocida que responsables políticos llevaban meses anunciando”, incluso antes de que se convocara la comisión de servicios. El hecho de que Nadal cesara de su alto cargo en el Gobierno de Pérez Llorca a petición propia semanas antes del informe refuerza, según manifiesta, la tesis de un pacto previo entre administraciones gobernadas por las mismas siglas políticas.

Agravio comparativo

Por otro lado, Flor introduce un elemento de agravio comparativo sobre la política de personal de la Diputación, dirigida por María del Remedio Mazzolari. El sindicato y los trabajadores han criticado recientemente el endurecimiento de las condiciones para prolongar la vida laboral de los funcionarios en la institución. En cambio, para la dirección del Magnànim se ha seleccionado a un candidato de 64 años que está a las puertas de la jubilación con el 100% de su pensión, lo que el recurrente interpreta como una “excepción” para favorecer a una persona vinculada al partido de gobierno.

El documento detalla, además, “omisiones e inexactitudes graves” en la baremación del propio Vicent Flor. Así, señala que el informe de Recursos Humanos omitió siete años de su experiencia como conservador de museos —reduciendo su carrera total como técnico cultural en la Diputación, que supera los 28 años— y no contabilizó su acreditación lingüística de nivel B1 en inglés, “clave para negociar derechos de autor internacionales en una editorial”. Tampoco se mencionó que Flor es el único aspirante que ya ha dirigido la institución (durante más de ocho años, entre 2016 y 2024), una etapa en la que, según los balances oficiales del Consejo de Administración, “se realizaron más presentaciones de libros en los municipios valencianos que en cualquier otra época histórica”.

Ante este escenario de supuesta arbitrariedad, que el sociólogo encuadra en el artículo 404 del Código Penal relativo a la prevaricación, Flor solicita el acceso completo al expediente del resto de candidatos y exige la subsanación de la valoración mediante un nuevo informe que “se ajuste al rigor de la administración pública”.

Este recurso se suma a la controversia que rodea la política cultural de la corporación provincial tras el cambio de gobierno, marcada también por la reciente amortización y el traslado forzoso de Flor desde su plaza de conservador en el MuVIM hacia un puesto de perfil logístico.

Desde la Diputación de Valencia explican que la designación del puesto se ha basado en un informe técnico que ha valorado los méritos aportados, al tiempo que recuerdan que se trata de un puesto de libre designación. En este sentido, insisten en que los nombramientos discrecionales “no exigen una comparación de méritos, sino una motivación suficiente que despeje la irrazonabilidad y la arbitrariedad”, según se desprende de una reciente sentencia del Tribunal Supremo.

El procés de selecció de la direcció de la Institució Alfons el Magnànim (IAM), la històrica editorial pública de la Diputació de València, pot veure's abocat als tribunals després que el sociòleg i tècnic cultural Vicent Flor, exresponsable d'aquest organisme durant huit anys, haja presentat un recurs de reposició contra l'informe d'idoneïtat que avala el nomenament de Miquel Nadal —fins fa unes setmanes director general de Cultura de Carlos Mazón i Juanfran Pérez Llorca— al capdavant de l'entitat. En el document, Flor denuncia greus irregularitats, omissions en el seu propi expedient i indicis d'un presumpte delicte de prevaricació administrativa en considerar que el procés ha estat dissenyat per a afavorir una decisió política “prèviament pactada”.

El recurs situa en el centre de la diana la cap de servei de Recursos Humans de la corporació provincial, María Escamilla, encarregada de signar la valoració dels currículums. Flor qualifica de “sorprenent” que una funcionària de l'Administració general, amb trajectòria com a secretària-interventora municipal, decidisca la idoneïtat per a un lloc tan específic de gestió editorial i cultural sense comptar amb la col·laboració de cap jurat tècnic ni d'especialistes en la matèria.

A més, el text vincula la cap de servei amb una “relació especial de caràcter professional” amb l'actual president de la Diputació, el popular Vicente Mompó, cosa que, a parer de l'exdirector del Magnànim, fa dubtar de la imparcialitat del procés. Segons Flor, aquesta afinitat tècnic-administrativa ha primat a l'hora d'elegir Nadal, un graduat en Dret el perfil professional del qual assegura, manca de qualsevol classe d'experiència prèvia en la gestió estrictament cultural o editorial.

Doble vara de mesurar respecte al MuVIM

Per evidenciar el caràcter arbitrari del procés, Flor compara aquest informe amb l'emés per la mateixa funcionària tot just huit dies abans per a la direcció del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM). Mentre que en el cas del museu es van blindar les exigències tècniques vinculades a la definició museològica, la investigació i la direcció científica, en l'informe del Magnànim apunta que es van rebaixar de manera explícita els requisits: “El perfil buscat no es limita exclusivament a algú especialitzat substancialment en l'àmbit de la gestió cultural”, resa el document tècnic. Per al sociòleg valencià, aquesta clàusula va ser redactada “ex professo” contra la seua candidatura.

La Diputació va justificar l'elecció de Nadal basant-se en un acord del ple del març de 2026 que busca “redirigir” la gestió cultural cap a una visió “municipalista”. No obstant això, Flor al·lega que en les huit pàgines de l'informe tècnic no hi ha ni una sola línia que demostra de quina manera el currículum de Nadal compleix aquest enfocament local, atés que tota la seua trajectòria recent s'ha desenvolupat en l'àmbit jurídic i administratiu de la Generalitat Valenciana.

El recurs insisteix que el relleu al Magnànim era “una decisió coneguda que responsables polítics feia mesos que anunciaven”, fins i tot abans que es convocara la comissió de serveis. El fet que Nadal cessara del seu alt càrrec al Govern de Pérez Llorca a petició pròpia setmanes abans de l'informe reforça, segons manifesta, la tesi d'un pacte previ entre administracions governades per les mateixes sigles polítiques.

Greuge comparatiu

Per altra banda, Flor introdueix un element de greuge comparatiu sobre la política de personal de la Diputació, dirigida per María del Remedio Mazzolari. El sindicat i els treballadors han criticat recentment l'enduriment de les condicions per a prolongar la vida laboral dels funcionaris a la institució. En canvi, per a la direcció del Magnànim s'ha seleccionat un candidat de 64 anys que és a les portes de la jubilació amb el 100% de la seua pensió, cosa que el recurrent interpreta com una “excepció” per a afavorir una persona vinculada al partit de govern.

El document detalla, a més, “omissions i inexactituds greus” en la baremació del mateix Vicent Flor. Així, assenyala que l'informe de Recursos Humans va ometre set anys de la seua experiència com a conservador de museus —reduint la seua carrera total com a tècnic cultural a la Diputació, que supera els 28 anys— i no va comptabilitzar la seua acreditació lingüística de nivell B1 d'anglés, “clau per a negociar drets d'autor internacionals en una editorial”. Tampoc es va esmentar que Flor és l'únic aspirant que ja ha dirigit la institució (durant més de huit anys, entre 2016 i 2024), una etapa en què, segons els balanços oficials del Consell d'Administració, “es van realitzar més presentacions de llibres als municipis valencians que en qualsevol altra època històrica”.

Davant aquest escenari de suposada arbitrarietat, que el sociòleg enquadra en l'article 404 del Codi Penal relatiu a la prevaricació, Flor sol·licita l'accés complet a l'expedient de la resta de candidats i exigeix l'esmena de la valoració mitjançant un nou informe que “s'ajuste al rigor de l'Administració pública”.

Aquest recurs se suma a la controvèrsia que envolta la política cultural de la corporació provincial després del canvi de govern, marcada també per la recent amortització i el trasllat forçós de Flor des de la seua plaça de conservador al MuVIM cap a un lloc de perfil logístic.

Des de la Diputació de València expliquen que la designació del lloc s'ha basat en un informe tècnic que ha valorat els mèrits aportats, alhora que recorden que es tracta d'un lloc de lliure designació. En aquest sentit, insisteixen que els nomenaments discrecionals “no exigeixen una comparació de mèrits, sinó una motivació suficient que descarte la irraonabilitat i l'arbitrarietat”, segons es desprèn d'una recent sentència del Tribunal Suprem.

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, ha declarado este lunes ante la jueza de la dana y ha acusado a la exalcaldesa de Chiva, Amparo Fort, también del PP, de mentir en su testifical. Fort, que ostentaba la vara de mando de la localidad durante la dana, aseguró que recibió una llamada de Mazzolari a primera hora de la tarde del 29 de octubre de 2024, trágica jornada que acabó con 230 fallecidos, interesándose por la situación de la cabecera del barranco del Poyo. “No hablé con ella, ni le llamé ni me llamó. La sorprendida soy yo de que ella declare eso”, ha afirmado la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, según informan a elDiario.es fuentes conocedoras de la declaración. La testigo ha aportado la lista de sus llamadas y mensajes del día de la catástrofe para que sean cotejados por la Letrada de la Administración de Justicia (LAJ).

Mazzolari ha cuestionado de plano la versión de su compañera de partido: “No le encuentro más explicación que esté confundida por la situación que se vivía”. La testigo ha explicado que el día de autos, a consecuencia del estado de las carreteras, se anuló a primera hora de la mañana un acto que tenía agendado con el presidente, Vicente Mompó. Mazzolari se quedó “en casa teletrabajando”.

Yo no recuerdo nada más hasta las 19.30, cuando entro en la cocina de casa y enciendo la televisión y ahí veo las noticias en À Punt y llamo a mis compañeros de la comarca del Camp de Túria y luego cuando salen las imágenes de Chiva le escribo a la alcaldesa“, ha relatado la testigo.

Reme Mazzolari ha explicado que, cuando vio en la televisión autonómica las imágenes del desbordamiento de la cabecera del barranco del Poyo grabó la pantalla y le remitió el vídeo a Amparo Fort. La alcaldesa de chiva le envió un audio: “A oscuras, no nos podemos mover, gente desaparecida, un desastre…”. A partir de ese momento, Mazzolari contactó con la alcaldesa de Bétera, localidad que alberga una base de la Unidad Militar de Emergencias (UME) para interesarse por el despliegue de los uniformados.

La alcaldesa de Chiva declaró como testigo el pasado 22 de mayo y dijo que llamó al diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell, que participaba en la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi), para alertarle del desbordamiento de la cabecera del barranco del Poyo.

La descoordinación en la Diputación

La testifical de Mazzolari también ha confirmado una cierta descoordinación en el seno de la institución provincial ante la emergencia, a pesar de que la Diputación envió a casa a sus trabajadores a las 14.00 (una decisión tomada, sin la intervención de los políticos, por parte del departamento de Recursos Humanos).

Mazzolari, responsable del área de Carreteras de la institución provincial, ni siquiera sabía que se había convocado el Cecopi, ni mucho menos que Mompó participaba en la reunión junto con el diputado provincial de Bomberos, Avelino Mascarell. Con Mompó habló ya por la noche y con Mascarell sobre las “ocho y pico” de la tarde.

“Yo me entero [del Cecopi] por las noticias. Desde el área carreteras estamos notificando el cumplimiento del plan de carreteras al CEGESEM [Centro de Gestión de Servicios de Movilidad de la Generalitat Valenciana] y serán ellos los que trasladan al Cecopi, son ellos los que lo hacen y yo no interfiero”, ha manifestado Reme Mazzolari.

Mazzolari no recibió la alerta hidrológica

La testigo ha matizado que de su departamento dependen carreteras secundarias que no forman parte de la zona cero de la dana (a excepción de un puente de Aldaia). También ha reconocido que no recibió la alerta hidrológica en el barranco del Poyo, activada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat (ni fue informada de ella).

Mazzolali ha mantenido que el director de Carreteras estuvo “constantemente” informándola, aunque no recordaba “con exactitud” el contenido de las llamadas con el funcionario.

“No hay libertad sin igualdad, ni igualdad sin respeto, ni democracia plena si alguna persona ve cuestionados sus derechos.” Con estas palabras, la vicepresidenta primera de la Diputació de València, Natàlia Enguix, ha abierto este viernes el acto institucional del Día del Orgullo LGTBI, celebrado en el patio del Palau de la Batllia con la tradicional lectura del manifiesto provincial.

Enguix ha estado acompañada por el director general de Diversidad de la Generalitat Valenciana, Stephane Soriano, y la diputada de Bienestar e Inclusión Social, Imma González, en un acto que ha combinado la conmemoración histórica –con referencias a las revueltas de Stonewall de 1969– con una llamada a la acción frente a una realidad que, según los datos, sigue siendo desigual. El acto ha generado también la reacción de Vox –ausente en la lectura–, que ha denunciado que el manifiesto se leyera sin haber sido aprobado previamente en el pleno de la corporación provincial.

Los números desmienten la igualdad formal

El manifiesto recoge datos de la Federación Estatal LGTBI+ que evidencian la brecha entre el reconocimiento legal y la experiencia cotidiana del colectivo. El 44% de las personas LGTBI han sufrido alguna discriminación, acoso o agresión por su orientación sexual durante el último año. La tasa de paro del colectivo se situó en el 12,2% en 2025, por encima de la media general. A ello se suma el incremento de insultos y amenazas en redes sociales, el aumento de agresiones en el ámbito laboral y la persistencia de la infradenuncia.

“La igualdad legal no siempre se traduce en una igualdad real y efectiva”, ha admitido la diputada Imma González durante su lectura del manifiesto.

El foco: los municipios rurales

El acto ha puesto especial énfasis en la situación de las personas LGTBI en los pequeños municipios de la provincia, donde, según González, han contribuido históricamente al desarrollo social y cultural de sus pueblos “a menudo desde la invisibilidad”. La Diputación ha destinado más de un millón de euros entre 2024 y 2026 a que los ayuntamientos de menos de 15.000 habitantes desarrollen actividades de sensibilización y prevención de la LGTBIfobia. Solo en 2026, las ayudas han llegado a más de 160 pueblos valencianos.

“Los derechos humanos no pueden depender del código postal”, ha subrayado Enguix. “Las personas LGTBI tienen que vivir con libertad, seguridad y dignidad en una gran ciudad o en cualquier pueblo de nuestras comarcas.”

Terapias de conversión y discursos de odio

Enguix ha valorado positivamente el reciente paso del Congreso de los Diputados para reforzar la respuesta legal contra las terapias de conversión mediante la reforma del Código Penal. “Es un mensaje claro de que la diversidad no es una enfermedad, y por tanto no necesita tratamiento sino protección del Estado de derecho”, ha afirmado.

El director general de Diversidad del Consell, Stephane Soriano, ha centrado su intervención en la amenaza de los discursos de odio y la desinformación, que “cuestionan derechos ya consolidados en un contexto convulso”. Aunque ha situado a España como país puntero en protección jurídica LGTBI en Europa, ha advertido de una “creciente polarización” en el continente, donde los avances conviven con una reacción política y cultural que los pone en riesgo. Como ejemplo, ha señalado los conflictos en varios países europeos por el intento de excluir contenidos LGTBI de la educación sexual. “Las instituciones deben actuar con firmeza frente a los discursos de odio”, ha instado.

La reacción de Vox

El acto no ha estado exento de polémica. Vox ha denunciado que la Diputación haya leído un manifiesto institucional con motivo del Día del Orgullo “sin ser aprobado en el pleno de la corporación provincial”. El partido ha recriminado que Enguix lo leyera como documento institucional al carecer, según su criterio, “de respaldo del órgano soberano”, y ha señalado al presidente de la Diputación, Vicent Mompó, acusándole de ser “cómplice” de “eludir los procedimientos democráticos” por respaldar el acto.

La formación de extrema derecha también ha criticado la colocación de una bandera LGTBI a la entrada de la sede provincial, aunque con un argumento singular: no porque esté expuesta, sino porque su ubicación en el suelo obliga a pisarla. “Quienes acusan constantemente a otros de faltar al respeto a esta bandera son los mismos que hoy permiten que permanezca en el suelo. No será Vox quien defienda que una bandera, sea la que sea, deba colocarse para que sea pisada”, ha señalado Sergio Pastor, portavoz de Vox en la Diputación.

Vanesa Soler, funcionaria del Ayuntamiento de Finestrat y pareja del presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, no renovará la comisión de servicio en una plaza de secretaria de dirección en la Diputación de Valencia en la que fue nombrada el pasado 3 de marzo, según han confirmado a elDiario.es fuentes de la institución provincial. La concesión de esta plaza generó un gran revuelo en la opinión pública y fue muy criticada por la oposición en las Corts Valencianes, que dudaba de la legalidad de la creación del puesto.

La Diputación de Valencia organizó un proceso para proveerse de una plaza de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial. Soler y otras dos candidatas optaron a la plaza, que consiguió adjudicarse la pareja del presidente de la Generalitat tanto por sus años como funcionaria como por haber estado en un puesto similar. El proceso fue denunciado por PSPV y Compromís, que aseguraron que el puesto se podría haber hecho “a medida”.

En este puesto que ganó en comisión de servicios, la funcionaria de Finestrat pasaba a ganar más de 53.000 euros al año cuando en Finestrat su sueldo era de 38.000, según hizo público en las Corts el propio presidente de la Generalitat.

El presidente de la Generalitat siempre ha defendido la legalidad de la comisión de servicio y llegó a argumentar que el motivo del traslado del Ayuntamiento de Finestrat a la Diputación de Valencia fue la conciliación familiar.

La comisión de servicios adjudicada prevé un plazo inicial de seis meses, aunque se puede prorrogar tantas veces como justifique el equipo de Gobierno.

Vanesa Soler se incorporó al puesto, que depende del diputado provincial Ricardo Gabaldón, según un decreto del pasado 3 de marzo firmado por la vicepresidenta y responsable de Personal, Reme Mazzolari.

El plazo de presentación de solicitudes para optar a la comisión de servicios fue del 29 de enero al 4 de febrero. El 20 de febrero, el Ayuntamiento de Finestrat aceptó la comisión de servicios de la funcionaria. La oposición ha pedido toda la documentación, tanto del proceso en la Diputación de Valencia como en el consistorio alicantino.

El PP valenciano engrasa su maquinaria electoral para las elecciones de 2027 pese a no tener aún un candidato confirmado a la Generalitat. Este sábado, el líder del PP de la provincia de Valencia, Vicente Mompó, ha organizado un comité ejecutivo con un almuerzo con militantes y al que asistirá previsiblemente Alberto Núñez Feijóo, quien no regresaba a València desde el funeral de estado por las víctimas de la dana que provocó la dimisión de Carlos Mazón. En el ágape, al que han confirmado más de 1.200 personas, acudirá el actual presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

El acto del sábado en Sueca se convertirá en una baño de masas y en una demostración de fuerza de Vicente Mompó ante el líder nacional que, pese a que situó al frente de la gestora que dirige el PP valenciano a Pérez Llorca, todavía no ha deshojado la margarita de quién será la persona que ponga su foto en la papeleta popular a la Generalitat. Y el presidente de la Diputación de Valencia cada día suena con más fuerza como alternativa si no acaba cuajando la del actual jefe del Consell. 1.200 personas en un acto no las mete cualquier político en estos tiempos de descrédito y en una autonomía donde la dana desgastó mucho al partido conservador.

La visita de Feijóo tienen ademán un simbolismo añadido, y es que el congreso del PP valenciano para elegir presidente sigue congelado. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que podría ser en otoño, pero nada hay asegurado y ya se sabe, la falta de claridad en quién será el futuro líder de los conservadores agita las estructuras internas de los partidos. Y este caso, además, aunque Génova diera un dedazo, los militantes del PP tendrán que votar porque el expresidente Francisco Camps ha anunciado que quiere liderar el proyecto.

Vicente Mompó lleva años fortaleciendo la maquinaria provincial, más cuando quedó tocado su nombre después de que se filtrara que optaba a suceder a Mazón a largo plazo. Desde ese momento, los movimientos del presidente de la Diputación de Valencia se han acelerado y es, a día de hoy, el contrapeso más grande que tiene Pérez Llorca en el partido.

La presencia de Feijóo está agendada y es un premio al trabajo del líder provincial. Solo se truncaría esta visita en caso que la agenda judicial del Gobierno le obligara a cambiar los planes.

La Diputación de València aprueba una modificación de crédito e incrementará hasta los 16,5 millones de euros la inversión en recuperación del patrimonio histórico local. El área de Cooperación, que dirige la vicepresidenta Natàlia Enguix, ha autorizado un aumento de cinco millones para poder destinar el presupuesto a recuperar 45 bienes catalogados como de interés cultural o relevancia local.

La cifra supone duplicar la inversión que tiene prevista la Generalitat Valenciana para el patrimonio histórico. Según anunció la consellera Carmen Ortí, responsable de Cultura, en enero se aprobó una resolución para conceder cerca de 8,4 millones de euros para la protección, recuperación y restauración del patrimonio cultural valenciano. Ortí destacó que se trata de la mayor inversión de la conselleria, que duplicaba la del año anterior.

En concreto, de esta cantidad 6.898.073 euros corresponden a las subvenciones para la conservación y protección de patrimonio inmueble; 992.949 euros para promover la redacción de catálogos y planes directores de bienes de interés cultural y 488.981 euros para la recuperación de las construcciones de piedra en seco. Estas ayudas se harán efectivas entre los ejercicios 2025 y 2026.

En un principio, la corporación dio luz verde a 30 iniciativas para restaurar Bienes de Interés Cultural o Relevancia Local, con una inversión de 11,3 millones de euros, que se ampliará ahora para dar respuesta a las 15 actuaciones que fueron valoradas pero quedaron fuera por falta de presupuesto. “Este plan, que hemos rescatado después de ocho años, nunca debió de abandonarse, como demuestra el interés que ha despertado en los municipios”, señala la vicepresidenta Enguix, quien explica que “además de proteger los tesoros patrimoniales de nuestros pueblos, les estamos lanzando un mensaje claro, y es que nos importa su identidad y su historia”.

El presidente de la Corporación, Vicent Mompó, destaca que el Plan de Patrimonio de la Diputación “no es chapa y pintura, sino una actuación estratégica para salvar bienes de interés cultural que han estado demasiados tiempos olvidados”. En su opinión, “nuestra historia merece un esfuerzo, que pasa para recuperar esas torres, palacios y ermitas que, además de historia viva, son elementos de promoción económica y dinamización turística”. “Dijimos en abril que destinaríamos más crédito para hacer frente a todas las obras propuestas y lo hemos cumplido”, reitera.

La responsable de Cooperación añade que la modificación de crédito se llevará el próximo martes al pleno de junio. “Se trata de actuaciones técnicas, muchas de ellas en pequeños municipios, que pueden recibir una subvención de hasta el millón de euros en el caso de Bienes de Interés Cultural y hasta 500.000 para los Bienes de Relevancia Local”, detalla Natàlia Enguix, quien recuerda que el 75% de la ayuda concedida se pagará en el momento de la adjudicación de las obras y el resto después de la justificación de los trabajos, y que el plazo de ejecución finaliza el 30 de septiembre de 2028.

Entre los proyectos que se suman en el Plan de Patrimonio provincial destacan la mejora de las cubiertas y la estructura de las Torres de Tapia, en el Castell de Bétera (735.000 euros); la reposición del acceso y la restauración del yacimiento arqueológico del Castellet de Bernabé de Llíria (500.000 euros); la consolidación y accesibilidad de la Iglesia de Santiago de Benicalaf en Benavites (435.000 euros); y la rehabilitación del horno de Alfauir (340.000 euros).

Otras actuaciones previstas son la tercera fase de restauración del Molino del Passiego de Sueca (400.000 euros); la consolidación estructural de ‘La Puesta’ de Tuéjar (485.000 euros); la rehabilitación del antiguo mercado municipal de Burjassot para convertirlo en espacio polivalente (370.000 euros); la restauración del Pou de la Neu de Yátova (300.000 euros); la restauración de las fachadas de la Casa de la Cultura de Rafelbunyol (280.000 euros); y la intervención en la cubierta de la Casa Bou de Rocafort (246.000 euros).

Un informe elaborado por la jefa de servicio de Recursos Humanos de la Diputación de Valencia, María Escamilla, ha inclinado la balanza hacia Miquel Nadal, exdirector general de Cultura tanto de Carlos Mazón como de Juan Francisco Pérez Llorca, para hacerse con la dirección del Institut Alfons el Magnànim, principal organismo cultural de la institución provincial. El informe, al que ha tenido acceso elDiario.es, valora la vertiente jurídica de Nadal y destaca su “mayor experiencia” en la dirección y coordinación en puesto de alta responsabilidad vinculados a planificación estratégica, asistencia técnica a municipios o programas de subvenciones y actividades culturales.

Escamilla, cargo de la máxima confianza del presidente Vicente Mompó, descarta la candidatura de Vicent Flor, exdirector del Magnànim durante la etapa de la izquierda en la institución provincial.

Si bien valora su “vertiente más puramente de gestión cultural”, el informe no aprecia, “sin embargo, que se acredite el mismo nivel de experiencia en la gestión más puramente administrativa, de dirección pública profesional, que requiere no solo una visión muy especializada en la gestión propiamente cultural, sino también cierta visión de conjunto de las necesidades de los municipios, así como experiencia en la gestión de subvenciones, contratos y emisión o supervisión de informes jurídicos al respecto”.

El informe esgrime, para la valoración del “perfil más idóneo” al frente del Magnànim, una trayectoria que cuadre con la “línea estratégica marcada por el equipo de Gobierno de la Diputación de Valencia”. El nuevo camino marcado por el PP y Ens Uneix en el área de Cultura se centra en “impulsar el municipalismo” y asistir técnicamente a los municipios.

María Escamilla detalla el currículum de Flor y destaca que ejerció durante más de ocho años funciones de dirección en el Magnànim y que su actividad profesional se ha centrado “de manera prioritaria” en la gestión y promoción cultural. También alude a su “sólida y continuada trayectoria” como docente universitario de Sociología y de Ciencias Políticas y a sus “numerosísimas” publicaciones, tanto en el ámbito científico como en el narrativo. También cuenta con un título C2 de valenciano (Nadal cuenta con un C1).

El informe también enumera el currículum de Miquel Nadal, funcionario de carrera de la Generalitat Valenciana, con más de 35 años de experiencia en la Administración autonómica, en puesto como el de letrado del Consell Jurídic Consultiu o de director general de Cultura con Mazón, de quien fue una suerte de asesor áulico en materia de valencianismo, y con Pérez Llorca tras la dimisión del primero. También ha sido profesor asociado en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia Política y de la Administración de la Universitat de València.

El tercer candidato, Roberto López Pau, funcionario de carrera desde hace casi tres décadas, cuenta con una licenciatura en Ciencias Económicas y Empresariales y un nivel B1 de valenciano. El informe aprecia una “experiencia no tan amplia en el ámbito específico del área de Cultura” frente a las candidaturas de Nadal y de Flor.

La ofensiva del PP en Cultura

Con la elección de Miquel Nadal, el PP resuelve el vacío en la dirección del Magnànim tras la dimisión hace casi un año del filólogo Josep Enric Estrela, sucesor de Flor (a quien los populares se negaron a renovar el contrato de alta dirección una vez que Francisco Teruel se hizo cargo del área de Cultura de la institución provincial en 2023).

Las maniobras del PP en el área de Cultura también conllevaron la expulsión de Vicent Flor, colaborador de elDiario.es, como conservador del Museo Valenciano de la Ilustración y de la Modernidad (MuVIM) a pesar de mantener una antigüedad de más de 13 años. Flor, castigado por su conocida postura de izquierdas y valencianista, además de su militancia en Compromís, fue relegado a una plaza de logística.

Un informe elaborat per la cap de servei de Recursos Humans de la Diputació de València, María Escamilla, ha inclinat la balança cap a Miquel Nadal, exdirector general de Cultura tant de Carlos Mazón com de Juan Francisco Pérez Llorca, per a fer-se amb la direcció de l'Institut Alfons el Magnànim, principal organisme cultural de la institució provincial. L'informe, al qual ha tingut accés elDiario.es, valora la vessant jurídica de Nadal i destaca la seua “major experiència” en la direcció i coordinació de llocs d'alta responsabilitat vinculats a la planificació estratègica, l'assistència tècnica als municipis o els programes de subvencions i activitats culturals..

Escamilla, càrrec de màxima confiança del president Vicente Mompó, descarta la candidatura de Vicent Flor, exdirector del Magnànim durant l'etapa de l'esquerra en la institució provincial.

Amb l'elecció de Miquel Nadal, el PP resol el buit en la direcció del Magnànim després de la dimissió, fa aproximadament un any, del filòleg Josep Enric Estrela, successor de Flor, a qui els populars es van negar a renovar el contracte d'alta direcció. El tercer candidat, Roberto López Pau, funcionari de carrera des de fa quasi tres dècades, compta amb una llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials i un nivell B1 de valencià. L'informe aprecia una “experiència no tan àmplia en l'àmbit específic de l'àrea de Cultura” en comparació amb les candidatures de Nadal i de Flor.

L'ofensiva del PP en Cultura

Amb l'elecció de Miquel Nadal, el PP resol el buit en la direcció del Magnànim després de la dimissió, fa quasi un any, del filòleg Josep Enric Estrela, successor de Flor (a qui els populars es van negar a renovar el contracte d'alta direcció una vegada que Francisco Teruel es va fer càrrec de l'àrea de Cultura de la institució provincial el 2023).

Les maniobres del PP en l'àrea de Cultura també van comportar l'expulsió de Vicent Flor, col·laborador d'elDiario.es, com a conservador del Museu Valencià de la Il·lustració i de la Modernitat (MuVIM), tot i mantindre una antiguitat de més de 13 anys. Flor, castigat per la seua coneguda postura d'esquerres i valencianista, a més de la seua militància a Compromís, va ser relegat a una plaça de logística.