El Grup Municipal Socialista a l'Ajuntament de Finestrat denuncia que l'actual alcaldessa, Natividad Algado, manté les mateixes pràctiques de govern que Juan Francisco Pérez Llorca quan era alcalde del municipi: “opacitat, bloqueig i falta d'accés a la informació”. Més encara amb tot el que afecta la parella de l'exalcalde de la localitat i funcionària del consistori, Vanesa Soler, qui va aconseguir una comissió de serveis per treballar a la Diputació de València amb un sou de secretària de direcció per més de 15.000 euros més a l'any de sou.

“L'actuació de l'equip de govern ha estat una negativa constant a l'exercici de les funcions de control per part del PSPV-PSOE. Lluny de corregir-se, aquesta situació es manté amb l'actual alcaldessa. Ha canviat el nom, però no la forma d'actuar. La negativa sistemàtica que patíem amb Juanfran continua ara amb Natividad”, ha assenyalat el portaveu socialista, Juan G. Algado.

En concret, l'alcaldessa de Finestrat amb el suport d'un informe del secretari Jorge Cuerda es neguen a entregar en format físic l'acceptació per part de l'ajuntament de la comissió de serveis de la parella del president de la Generalitat Juan Francisco Pérez Llorca. L'alcaldessa ha denegat la petició física de l'aprovació de la comissió de serveis de Vanesa Soler al·legant que l'oposició ha de fer les peticions de manera telemàtica.

“L'Ajuntament de Finestrat ha requerit al grup perquè es relacione electrònicament amb l'administració sota advertiment de desistiment, mentre continua sense facilitar accés al sistema d'expedients ni reconèixer la seva identitat digital, impedint en la pràctica complir amb dita obligació. Aquesta situació obliga el grup a presentar escrits manualment i li impedeix obtenir documentació essencial, com l'acta de constitució, necessària fins i tot per operar administrativament”, explica Algado. “El problema no és tècnic, és polític: se'ns exigeix complir la llei mentre se'ns neguen els mitjans per fer-ho”, ha afirmat el portaveu.

El PSOE també també denuncia que aquest bloqueig s'estén a les sessions plenàries municipals, on no es garanteix l'accés complet a la documentació, dificultant el control de l'acció de govern. El grup considera que aquests fets vulneren el dret fonamental de participació política i no descarta adoptar noves accions per garantir l'accés efectiu a la informació.“Del bloqueig sembla ser copartícep el secretari de l'Ajuntament Jorge Cuerda Màs”, denuncien els socialistes.

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Finestrat denuncia que la actual alcaldesa, Natividad Algado, mantiene las mismas prácticas de gobierno que Juan Francisco Pérez Llorca cuando era alcalde del municipio: “opacidad, bloqueo y falta de acceso a la información”. Más aún con todo lo que afecta a la pareja del exalcalde de la localidad y funcionaria del consistorio, Vanesa Soler, quien consiguió una comisión de servicios para trabajar en la Diputación de Valencia con un sueldo de secretaria de dirección por más de 15.000 euros más al año de sueldo.

“La actuación del equipo de gobierno ha sido una negativa constante al ejercicio de las funciones de control por parte del PSPV-PSOE. Lejos de corregirse, esta situación se mantiene con la actual alcaldesa. Ha cambiado el nombre, pero no la forma de actuar. La negativa sistemática que sufríamos con Juanfran continúa ahora con Natividad”, ha señalado el portavoz socialista, Juan G. Algado.

En concreto, la alcaldesa de Finestrat con el apoyo de un informe del secretario Jorge Cuerda se niegan a entregar en formato físico la aceptación por parte del ayuntamiento de la comisión de servicios de la pareja del presidente de la Generalitat Juan Francisco Pérez Llorca. La alcaldesa ha denegado la petición física de la aprobación de la comisión de servicios de Vanesa Soler alegando que la oposición debe hacer las peticiones de manera telemática.

“El Ayuntamiento de Finestrat ha requerido al grupo para que se relacione electrónicamente con la administración bajo apercibimiento de desistimiento, mientras sigue sin facilitar acceso al sistema de expedientes ni reconocer su identidad digital, impidiendo en la práctica cumplir con dicha obligación. Esta situación obliga al grupo a presentar escritos manualmente y le impide obtener documentación esencial, como el acta de constitución, necesaria incluso para operar administrativamente”, explica Algado. “El problema no es técnico, es político: se nos exige cumplir la ley mientras se nos niegan los medios para hacerlo”, ha afirmado el portavoz.

El PSOE también denuncia que este bloqueo también se extiende a los plenos municipales, donde no se garantiza el acceso completo a la documentación, dificultando el control de la acción de gobierno. El grupo considera que estos hechos vulneran el derecho fundamental de participación política y no descarta adoptar nuevas acciones para garantizar el acceso efectivo a la información.“Del bloqueo parece ser copartícipe el secretario del Ayuntamiento Jorge Cuerda Más”, denuncian los socialistas.

La comisión de servicios por la que la pareja del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, pasó de su puesto de administrativa en el Ayuntamiento de Finestrat con un sueldo de 38.000 euros a la dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la Diputación de Valencia, con una retribución de 52.000 euros, pudo bordear el incumplimiento de la Ley de Función Pública.

Y es que, el informe de idoneidad por el que se le otorga la plaza a Vanesa Soler contabiliza sus 948 días de experiencia en el Consistorio de la localidad alicantina bajo la fórmula del contrato eventual. Sin embargo, el artículo 20 de la mencionada legislación sobre personal eventual establece que “la prestación de servicios como personal eventual no constituirá mérito alguno para el acceso al empleo público ni para la promoción interna”.

Como informó elDiario.es, el mencionado informe de la Diputación de Valencia cuenta tan solo los días trabajados en la categoría C1 en funciones específicas propias de puestos de secretaria de dirección y no la experiencia en otros puestos con rango C2, lo que descarta al resto de aspirantes con más años como funcionarias.

El documento reseña la cuestión de sus días con contrato eventual por separado de los que realizó como interina y como funcionaria de carrera: “Arroja un total de 5.767 días en puestos de administrativo grupo C1 y adicionalmente un periodo de 948 días en un puesto de secretaria de dirección de categoría C1, si bien este último se desarrolla bajo la fórmula del contrato eventual”. El cuadro superior que acompaña esta explicación desglosa las fechas en las que ha ejercido en cada situación y si son computables o no para la plaza a la que se opta. En su caso, consta como funcionaria eventual del 10 de septiembre de 2007 al 15 de abril de 2010; como interina del 16 de abril de 2010 al 11 de enero de 2024; y como funcionaria de carrera del 12 de enero de 2024 al 30 de enero de 2026. Los tres periodos son computados.

Más allá de que aun sin tener en cuenta los 948 días como funcionaria eventual, la pareja del presidente seguiría contando con más días de experiencia en la categoría C1 que el resto de aspirantes, según diversas fuentes jurídicas consultadas la duda es si al haberlos tenido en cuenta el proceso podría incurrir en defecto de nulidad.

Tal y como publicó este diario, el informe de idoneidad se realiza una vez todos los candidatos han presentado la documentación requerida, principalmente formación y años de experiencia en la función pública en general, y en la categoría de la plaza que se va a cubrir en particular. De esta forma, se trata de revestir o argumentar la adjudicación de una plaza que no deja de ser de libre designación, pero que genera unos derechos para el futuro.

En el caso del procedimiento al que se presentó la pareja de Pérez Llorca se presentaron otras cuatro aspirantes. Una de ellas quedó descalificada al no quedar acreditado que cumpliera con el requisito de pertenencia como funcionaria de carrera del grupo C1.

Del resto de candidatas, la que menos antigüedad en la función pública tenía es Soler, que empezó su andadura el 10 de septiembre de 2007 como funcionaria eventual. El resto de aspirantes accedió a la administración el 31 de diciembre de 1989 como auxiliar administrativa con categoría C2; el 15 de noviembre de 2004 como auxiliar de recaudación en la Diputación de Valencia, en el grupo D; y el 4 de junio de 2001 como auxiliar administrativo en el grupo C2.

Por poner un ejemplo, la aspirante que accedió a la función pública en el año 1989 tenía un total de 3.290 días en puestos de administrativo del grupo C1, pero 9.903 días en la categoría C2. Tras Soler, la segunda candidatura con más días de experiencia en el grupo C1 alcanzó los 5.280 días. Sumando las 2.679 jornadas como auxiliar en categoría C2, también superaría ampliamente a la pareja de Pérez Llorca.

El documento establece que “al tratarse de un puesto de secretaria de dirección a proveer mediante libre designación, la experiencia en el desempeño de tareas similares a las asignadas al mismo resulta ser el factor decisorio determinante para pronunciarse sobre la idoneidad de las candidaturas presentadas, así, entre las funciones asignadas al puesto se pueden distinguir dos bloques, funciones generales propias de personal administrativo (C1) y funciones específicas propias de una secretaria de dirección, resulta pues razonable valorar las candidaturas presentadas en función de la experiencia laboral que se aporte en puestos de las citadas categorías, administrativo (C1) y específicos de puestos de secretaria de dirección o análogos en el ámbito de la administración local”.

La comissió de serveis per la qual la parella del president valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, va passar del seu lloc d'administrativa a l'Ajuntament de Finestrat amb un sou de 38.000 euros a la direcció del Centre d'Assistència a Municipis de la Diputació de València, amb una retribució de 52.000 euros, va poder vorejar l'incompliment de la Llei de Funció Pública.

I és que, l'informe d'idoneïtat pel qual se li atorga la plaça a Vanesa Soler comptabilitza els seus 948 dies d'experiència al Consistori de la localitat alacantina baix la fórmula del contracte eventual. No obstant això, l'article 20 de la mencionada legislació sobre personal eventual estableix que “la prestació de serveis com a personal eventual no constituirà cap mèrit per a l'accés a l'ocupació pública ni per a la promoció interna”.

Com va informar elDiario.es, l'esmentat informe de la Diputació de València compta tan sols els dies treballats en la categoria C1 en funcions específiques pròpies de llocs de secretària de direcció i no l'experiència en altres llocs amb rang C2, la qual cosa descarta la resta d'aspirants amb més anys com a funcionàries.

El document ressenya la qüestió dels seus dies amb contracte eventual per separat dels que va realitzar com a interina i com a funcionària de carrera: “Aporta un total de 5.767 dies en llocs d'administratiu grup C1 i addicionalment un període de 948 dies en un lloc de secretària de direcció de categoria C1, si bé aquest últim es desenvolupa baix la fórmula del contracte eventual”. El quadre superior que acompanya aquesta explicació desglossa les dates en les quals ha exercit en cada situació i si són computables o no per a la plaça a la qual s'opta. En el seu cas, consta com a funcionària eventual del 10 de setembre de 2007 al 15 d'abril de 2010; com a interina del 16 d'abril de 2010 a l'11 de gener de 2024; i com a funcionària de carrera del 12 de gener de 2024 al 30 de gener de 2026. Els tres períodes són computats.

Més enllà que fins i tot sense tindre en compte els 948 dies com a funcionària eventual, la parella del president seguiria comptant amb més dies d'experiència en la categoria C1 que la resta d'aspirants, segons diverses fonts jurídiques consultades el dubte és si en haver-los tingut en compte el procés podria incorrer en defecte de nul·litat.

Tal com va publicar aquest diari, l'informe d'idoneïtat es realitza un cop tots els candidats han presentat la documentació requerida, principalment formació i anys d'experiència en la funció pública en general, i en la categoria de la plaça que s'ha de cobrir en particular. D'aquesta manera, es tracta de revestir o argumentar l'adjudicació d'una plaça que no deixa de ser de lliure designació, però que genera uns drets per al futur.

En el cas del procediment al qual es va presentar la parella de Pérez Llorca es van presentar quatre aspirants més. Una d'elles va quedar desqualificada en no quedar acreditat que complira amb el requisit de pertinença com a funcionària de carrera del grup C1.

De la resta de candidates, la que menys antiguitat en la funció pública tenia és Soler, que va començar la seua marxa el 10 de setembre de 2007 com a funcionària eventual. La resta d'aspirants va accedir a l'administració el 31 de desembre de 1989 com a auxiliar administrativa amb categoria C2; el 15 de novembre de 2004 com a auxiliar de recaptació a la Diputació de València, en el grup D; i el 4 de juny de 2001 com a auxiliar administrativa en el grup C2.

Per posar un exemple, l'aspirant que va accedir a la funció pública l'any 1989 tenia un total de 3.290 dies en llocs d'administratiu del grup C1, però 9.903 dies en la categoria C2. Després de Soler, la segona candidatura amb més dies d'experiència en el grup C1 va assolir els 5.280 dies. Sumant les 2.679 jornades com a auxiliar en categoria C2, també superaria àmpliament la parella de Pérez Llorca.

El document estableix que “al tractar-se d'un lloc de secretària de direcció a proveir mitjançant lliure designació, l'experiència en l'acompliment de tasques similars a les assignades al mateix, resulta ser el factor decisiu determinant per pronunciar-se sobre la idoneïtat de les candidatures presentades, així, entre les funcions assignades al lloc es poden distingir dos blocs, funcions generals pròpies de personal administratiu (C1) i funcions específiques pròpies d'una secretària de direcció, resulta doncs raonable valorar les candidatures presentades en funció de l'experiència laboral que s'aporte en llocs de les esmentades categories, administratiu (C1) i específics de llocs de secretària de direcció o anàlegs en l'àmbit de l'administració local”.

Amb un padró de 9.919 habitants segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), l’Ajuntament de Finestrat ha abonat sous a funcionaris amb categoria C1 més elevats dels que paguen tres de les administracions més importants de la Comunitat Valenciana com són l’Ajuntament de València, la Diputació o la Generalitat.

Almenys així ha sigut en l’última etapa de Vanesa Soler, parella del president del Govern valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, com a funcionària administrativa en el consistori de la Marina Baixa que el mateix Llorca va dirigir com a alcalde entre el 2015 i el 2025.

Malgrat que segons les dades oficials de la relació de llocs de treball (RLT) del 2018 el sou base d’un C1 sense comptar plusos estaria al voltant de 26.000 euros a l’any, el cap del Consell va revelar dimecres passat 1 d’abril en la sessió de control de les Corts que “la senyora Soler ha eixit de l’Ajuntament de Finestrat cobrant 38.017,88 euros”.

Pérez Llorca tractava així d’aplacar les crítiques del PSPV i de Compromís sobre el fet que, amb el seu polèmic fitxatge en la Diputació de València per mitjà d’una comissió de servei, passarà a duplicar el sou, ja que en la corporació provincial percebrà un mínim de 52.070,50 euros bruts a l’any com a secretària de direcció del Centre d’Assistència a Municipis.

No obstant això, amb la seua afirmació, Pérez Llorca va llançar nous dubtes i interrogants, perquè aflora un augment important de 13.000 euros sobre el sou base en la categoria C1 que, a preguntes d’elDiario.es, ni des de Presidència ni des de l’Ajuntament de Finestrat han justificat.

El cas és que, si es comparen aquests 38.000 euros amb el que s’abona a funcionaris de la mateixa categoria en les administracions esmentades, l’Ajuntament de Finestrat es converteix, almenys en aquest cas concret, en un dels que més paga a una administrativa. I això és perquè, segons la documentació pública recaptada per aquesta redacció, en la Generalitat Valenciana amb carrera i triennis corresponents a 20 anys es paguen uns 30.000 euros. En el cas de la Diputació de València, amb cinc triennis de mitjana s’abonen entre 32.000 i 36.000 euros. Finalment, en l’Ajuntament de València, segons les taules salarials públiques, hi ha una forqueta entre 33.000 euros i 40.000 euros, per la qual cosa eixiria una mitjana de 36.000 euros.

El PSPV demana una comissió d’investigació

El PSPV ha sol·licitat en la Diputació de València una comissió d’investigació per a determinar com es va contractar la parella del president de la Generalitat i si es van complir els principis de legalitat, igualtat i imparcialitat. Per als socialistes, hi ha sospites fundades que s’han utilitzat les institucions per a beneficiar la dona del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, en un cas de ‘col·locació’ i s’han de conéixer tots els detalls del procés de contractació per a tornar la confiança a la ciutadania i garantir que l’Administració actua amb transparència i imparcialitat.

En aquest sentit, defensen que les declaracions del president de la Generalitat en els últims dies no han fet més que augmentar les sospites i les zones d’ombra sobre la contractació de la seua parella, i recorden que es tracta d’una persona que va accedir per via d’urgència a un lloc que estava mesos sense ocupar i que li ha permés, pràcticament, doblar els ingressos que percebia en l’Ajuntament de Finestrat.

El secretari d’Organització del PSPV-PSOE i diputat provincial, Vicent Mascarell, afirma que “és una exigència preservar la confiança en els procediments de provisió dels llocs de treball en la Diputació de València, que presideix el popular Vicente Mompó” i assenyala que “esperem que el PP i els seus socis de Vox i Ens Uneix no s’oposen a fer llum sobre el que sembla un cas de ‘col·locació’ de manual i al fet que es donen totes les explicacions que calga per a saber com es va justificar la contractació de la parella de Pérez Llorca”.

Con un padrón de 9.919 habitantes según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Ayuntamiento de Finestrat ha abonado sueldos a funcionarios con categoría C1 más elevados de los que pagan tres de las administraciones más importantes de la Comunitat Valenciana como son el Ayuntamiento de València, la Diputación o la Generalitat.

Al menos así ha sido en la última etapa de Vanesa Soler, pareja del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, como funcionaria administrativa en el Consistorio alicantino que el propio Llorca dirigió como alcalde entre 2015 y 2025.

Pese a que según los datos oficiales de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de 2018 el sueldo base de un C1 sin contar pluses rondaría los 26.000 euros al año, el jefe del Consell reveló el pasado miércoles 1 de abril en la sesión de control de las Corts que “la señora Soler ha salido del Ayuntamiento de Finestrat cobrando 38.017,88 euros”.

Pérez Llorca trataba así de aplacar las críticas del PSPV y de Compromís sobre que con su polémico fichaje en la Diputación de Valencia por medio de una comisión de servicio pasará a duplicar su sueldo, puesto que en la corporación provincial percibirá un mínimo de 52.070,50 euros brutos al año como secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios.

Sin embargo, con su afirmación Pérez Llorca, arrojó nuevas dudas e interrogantes puesto que aflora un importante aumento de 13.000 euros sobre el sueldo base en la categoría C1 que a preguntas de elDiario.es ni desde presidencia ni desde el Ayuntamiento de Finestrat han justificado.

El caso es que, si se comparan esos 38.000 euros con lo que se abona a funcionarios de la misma categoría en las administraciones mencionadas, el Ayuntamiento de Finestrat se convierte, al menos en este caso concreto, en uno de los más paga a una administrativa. Y es que, según la documentación pública recabada por esta redacción, en la Generalitat Valenciana con carrera y trienios correspondientes a 20 años se pagan unos 30.000 euros. En el caso de la Diputación de Valencia, con cinco trienios de media se abona entre 32.000 y 36.000 euros. Por último, en el Ayuntamiento de València, según las tablas salariales públicas, hay una horquilla de entre 33.000 euros y 40.000 euros, por lo que saldría una media de 36.000 euros.

El PSPV pide una comisión de investigación

El PSPV ha solicitado en la Diputación de València una comisión de investigación para determinar cómo se contrató a la pareja del presidente de la Generalitat y si se cumplieron los principios de legalidad, igualdad e imparcialidad. Para los socialistas, existen fundadas sospechas de que se han utilizado las instituciones para beneficiar a la mujer del president de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, en un caso de enchufismo y es necesario conocer todos los detalles del proceso de contratación para devolver la confianza a la ciudadanía y garantizar que la Administración actúa con transparencia e imparcialidad.

En este sentido, defienden que las declaraciones del president de la Generalitat en los últimos días no han hecho más que aumentar las sospechas y las zonas de sombra sobre la  contratación de su pareja, y recuerdan que se trata de una persona que accedió por vía de urgencia a un puesto que llevaba meses sin ocupar y que le ha permitido, prácticamente, doblar los ingresos que percibía en el Ayuntamiento de Finestrat.

El secretario de Organización del PSPV-PSOE y diputado provincial, Vicent Mascarell, afirma que “es una exigencia preservar la confianza en los procedimientos de provisión de los puestos de trabajo en la Diputación de Valencia, que preside el popular Vicente Mompó” y señala que “esperamos que el PP y sus socios de Vox y Ens Uneix no se opongan a arrojar luz sobre lo que parece un caso de enchufismo de manual y a que se den cuantas explicaciones sean necesarias para conocer cómo se justificó la contratación de la pareja de Pérez Llorca”.

La polèmica al voltant del trasllat en comissió de serveis de la parella del president del Govern valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, de l’Ajuntament de Finestrat a la Diputació de València continua en el focus de la polèmica.

Com va avançar elDiario.es, Vanesa Soler Sillero, fins ara administrativa de l’Ajuntament de Finestrat que dirigia com a alcalde el mateix Pérez Llorca des del 2015, tenia una retribució de 25.652 euros a l’any, sense comptar plusos, segons les dades oficials de la relació de llocs de treball (RLT). Dimecres, en la sessió de control de les Corts, el cap del Consell va assegurar que la seua parella va eixir del consistori cobrant 38.017,88 euros, cosa que dona un augment de quasi 13.000 euros respecte del salari de la seua categoria, un C1. Ara, en la seua nova plaça com a secretària de direcció del Centre d’Assistència a Municipis de la institució provincial, cobrarà un mínim de 52.070,50 euros bruts a l’any.

La Diputació va oferir el 28 de gener passat la plaça esmentada en comissió de serveis, dos mesos després de la presa de possessió de Pérez Llorca com a president. Com va informar aquest diari, una vegada presentades les cinc candidatures al lloc, la corporació provincial va triar una fórmula de valoració que tan sols va tindre en compte els dies treballats en la categoria C1 en funcions específiques pròpies de llocs de secretària de direcció i no l’experiència en altres llocs amb rang C2, cosa que va descartar la resta de les aspirants amb més anys com a funcionàries.

Una situació similar es va donar en el procés d’estabilització que va dur a terme l’Ajuntament de Finestrat l’any 2024, amb Pérez Llorca com a alcalde, quan Soler va aconseguir la seua plaça com a funcionària de carrera, a pesar que el president va afirmar que va adquirir aquesta categoria fa 20 anys. En concret, van ser quatre les places amb categoria d’administratiu les que es van traure per a consolidar com a funcionaris de carrera de l’Administració general sense fer cap mena de prova, examen o entrevista.

A diferència d’altres ajuntaments o de la mateixa Diputació d’Alacant que van dur a terme procediments d’aquesta mena per a reduir el percentatge d’interins, en el cas de l’Ajuntament de Finestrat només es va tindre en compte l’experiència en places de la mateixa categoria a què es volia accedir sense baremar formació o titulació, per la qual cosa Vanesa Soler, que estava en el seu lloc com a interina del 2010 al 2024 va obtindre la màxima puntuació.

Segons les bases del procediment “es valoraran els serveis prestats en l’Administració pública en llocs de treball d’igual grup/subgrup de titulació, naturalesa jurídica, escala i subescala (i classe), o de categoria laboral equivalent a la dels llocs que es corresponguen amb la plaça objecte de la convocatòria; sempre que s’hagen fet funcions pròpies de la plaça convocada, amb la valoració següent”. En aquest sentit, “els serveis prestats com a empleat públic amb vinculació temporal en la mateixa plaça o categoria a què es vol accedir, a raó de 0,60 punts per mes complet treballat en l’Administració local convocant”, sent la màxima puntuació establida. L’experiència en altres ajuntaments es puntuava a raó de 0,45 punts, i en altres administracions a raó de 0,40 punts.

El tribunal qualificador estava compost per un president i tres vocals designats per l’alcaldia i un secretari que podia ser el mateix de la corporació o un funcionari de carrera en qui delegue.

Diverses fonts consultades per aquesta redacció han assegurat que no és normal que aquests processos d’estabilització tan sols es tinga en compte l’experiència en la mateixa plaça que es consolida i posen com a exemple les bases d’altres procediments. No significa que mai s’haja fet, però insisteixen que la cosa més normal és que es tinguen en compte més variables.

Per exemple, l’Ajuntament de Santa Pola, per a estabilitzar tres places d’auxiliars administratius, segons les bases publicades en el Butlletí Oficial de la Província (BOP), van incloure a més de l’experiència, els mèrits acadèmics fins a 40 punts, la superació de processos selectius fins a 8 punts, o cursos de formació i perfeccionament fins a 24 punts. També es té en compte el coneixement del valencià (2 punts), altres idiomes (2 punts) o titulacions acadèmiques (4 punts).

En el cas de l’Ajuntament de Benidorm, en el procés per a consolidar una plaça d’agent d’igualtat, també es van tindre en compte els mèrits acadèmics i de formació, que suposaven un 40% de la puntuació atorgada, amb un màxim de 16 punts.

La Mancomunitat de Municipis del Baix Segura va llançar un procés d’estabilització de dues places d’auxiliar administratiu en què es va puntuar, a més de l’experiència, la titulació acadèmica, els cursos de formació, els idiomes i el valencià.

En el cas de la Diputació d'Alacant on també es va dur a terme un procés d'estabilització, a més de l'experiència que es valorava amb 60 punts, també es puntuaven altres mèrits amb fins a 40 punts, com per exemple, les titulacions acadèmiques o el nivell de valencià i d'altres idiomes.

La parella del president va entrar a treballar en l’Ajuntament de Finestrat el 2007. Després de la victòria d’Honorato Algado, l’alcalde popular va ocupar en el consistori una tanda de 34 simpatitzants del PP, entre ells Vanesa Soler, filla d’un apoderat del partit. Els dos anys i mig següents va ser secretària de direcció de la Regidoria de Recursos Humans, en mans aquells dies de l’edil Pilar Martínez Salazar.

Encara que constava com a funcionària eventual, la Diputació de València va reconéixer aquest període per a atorgar la comissió de serveis a la parella de Pérez Llorca. Comptant el període en què Soler va ser funcionària interina (entre el 2010 i el 2024) i els dos anys següents, ja estabilitzada com a funcionària de carrera, la candidata es va imposar a les altres quatre aspirants. La institució provincial no va tindre en compte el treball en una categoria inferior (d’auxiliar administratiu) d’una de les candidates, que es va incorporar a la funció pública molt abans (el 1989), deixant via lliure per a seleccionar la funcionària de Finestrat.

La polémica en torno al traslado en comisión de servicios de la pareja del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, del Ayuntamiento de Finestrat a la Diputación de Valencia sigue en el foco de la polémica.

Como avanzó elDiario.es, Vanesa Soler Sillero, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat que dirigía como alcalde el propio Pérez Llorca desde 2015, tenía una retribución de 25.652 euros al año, sin contar pluses, según los datos oficiales de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). Este miércoles, en la sesión de control de las Corts, el jefe del Consell aseguró que su pareja salió del Consistorio cobrando 38.017,88 euros, lo que arroja un aumento de casi 13.000 euros con respecto al salario de su categoría, un C1. Ahora, en su nueva plaza como secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, cobrará un mínimo de 52.070,50 euros brutos al año.

La Diputación ofertó el pasado 28 de enero la mencionada plaza en comisión de servicios, dos meses después de la toma de posesión de Pérez Llorca como presidente. Como informó este diario, una vez presentadas las cinco candidaturas al puesto, la corporación provincial escogió una fórmula de valoración que tan solo tuvo en cuenta los días trabajados en la categoría C1 en funciones específicas propias de puestos de secretaria de dirección y no la experiencia en otros puestos con rango C2, lo que descartó al resto de aspirantes con más años como funcionarias.

Una situación similar se dio en el proceso de estabilización que llevó a cabo el Ayuntamiento de Finestrat en el año 2024, con Pérez Llorca como alcalde, cuando Soler logró su plaza como funcionaria de carrera, a pesar de que el presidente afirmó que adquirió esta categoría hace 20 años. En concreto, fueron cuatro las plazas con categoría de administrativo las que se sacaron para consolidar como funcionarios de carrera de la Administración General sin realizar ningún tipo de prueba, examen o entrevista.

A diferencia de otros ayuntamientos o de la propia diputación de Alicante que llevaron a cabo procedimientos de este tipo para reducir el porcentaje de interinos, en el caso del Ayuntamiento de Finestrat solo se tuvo en cuanta la experiencia en plazas de la misma categoría a la que se deseaba acceder sin baremar formación o titulación, por lo que Vanesa Soler que llevaba en su puesto como interina desde 2010 a 2024 obtuvo la máxima puntuación.

Según las bases del procedimiento “se valorarán los servicios prestados en la Administración Pública en puestos de trabajo de igual grupo/subgrupo de titulación, naturaleza jurídica, escala y subescala (y clase), o de categoría laboral equivalente a la de los puestos que se correspondan con la plaza objeto de la convocatoria; siempre que se hayan realizado funciones propias de la plaza convocada, con la siguiente valoración”. En este sentido, “los servicios prestados como empleado público con vinculación temporal en la misma plaza o categoría a la que se desea acceder, a razón de 0,60 puntos por mes completo trabajado en la Administración Local convocante”, siendo la máxima puntuación establecida. La experiencia en otros ayuntamientos se puntuaba a razón de 0,45 puntos, y en otras administraciones a razón de 0,40 puntos.

El tribunal calificador estaba compuesto por un presidente y tres vocales designados por alcaldía y un secretario que podía ser el propio de la Corporación o un funcionario de carrera en quien delegue.

Diversas fuentes consultadas por esta redacción han asegurado que no es normal que estos procesos de estabilización tan solo se tenga en cuenta la experiencia en la propia plaza que se consolida y ponen como ejemplo las bases de otros procedimientos. No significa que nunca se haya hecho, pero insisten en que es poco común y que lo normal es que se tengan en cuenta más variables.

Por ejemplo, el Ayuntamiento de Santa Pola para estabilizar tres plazas de auxiliares administrativos, según las bases publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), incluyeron además de la experiencia, los méritos académicos con hasta 40 puntos, la superación de procesos selectivos con hasta 8 puntos, o cursos de formación y perfeccionamiento con hasta 24 puntos. También se tiene en cuenta el conocimiento del valenciano (2 puntos), otros idiomas (2 puntos) o titulaciones académicas (4 puntos).

En el caso del Ayuntamiento de Benidorm, en el proceso para consolidar una plaza de agente de igualdad, también se tuvieron en cuenta los méritos académicos y de formación, suponiendo un 40% de la puntuación otorgada, con un máximo de 16 puntos.

La Mancomunidad de Municipios Bajo Segura lanzó un proceso de estabilización de dos plazas de auxiliar administrativo en el que se puntuó, además de la experiencia, la titulación académica, los cursos de formación, los idiomas y el valenciano.

En el caso de la Diputación de Alicante donde también se llevó a cabo un proceso de estabilización, además de la experiencia que se valoraba con 60 puntos, también se puntuaban otros méritos con hasta 40 puntos, como por ejemplo, las titulaciones académicas o el nivel de valenciano y de otros idiomas.

La pareja del presidente entró a trabajar en el Ayuntamiento de Finestrat en 2007. Tras la victoria de Honorato Algado, el alcalde popular empleó en el consistorio a una tanda de 34 simpatizantes del PP, entre ellos a Vanesa Soler, hija de un apoderado del partido. Los siguientes dos años y medio fue secretaria de dirección de la Concejalía de Recursos Humanos, en manos en aquel entonces de la edil Pilar Martínez Salazar.

Aunque constaba como funcionaria eventual, la Diputación de Valencia reconoció ese periodo para otorgarle la comisión de servicios a la pareja de Pérez Llorca. Contando el periodo en que Soler fue funcionaria interina (entre 2010 y 2024) y los dos años siguientes, ya estabilizada como funcionaria de carrera, la candidata se impuso a las otras cuatro aspirantes. La institución provincial no tuvo en cuenta el trabajo en una categoría inferior (de auxiliar administrativo) de una de las candidatas, que se incorporó a la función pública mucho antes (en 1989), dejando vía libre para seleccionar a la funcionaria de Finestrat.

El fitxatge de la parella del president del Govern valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, per part de la Diputació de València per mitjà d’una comissió de serveis ha posat en el focus aquesta mena de procediments tan habitual en la funció pública com discrecional per l’absència de criteris objectius i preestablits per a valorar els procediments. Es tracta d’un mecanisme destinat a afavorir la mobilitat dels funcionaris.

Com va avançar elDiario.es, Vanesa Soler Sillero, fins ara administrativa de l’Ajuntament de Finestrat, que dirigia com a alcalde el mateix Pérez Llorca, tenia una retribució de 25.652 euros a l’any. Ara, en la seua nova plaça com a secretària de direcció del Centre d’Assistència a Municipis de la institució provincial, cobrarà uns 52.070,50 euros bruts a l’any.

La Diputació de València té un protocol que regula les comissions de servei en què no es concreten els aspectes que s’han de valorar en cada convocatòria, per la qual cosa queda a costa del responsable del servei a què s’adscriu la plaça (el que serà el seu cap) l’elaboració d’un “informe d’idoneïtat” per a triar qui es queda amb la plaça. “Aquest informe haurà de fonamentar-se en les competències i les capacitats de la persona proposada per al compliment de les funcions específiques del lloc”, assenyala el protocol.

L’informe, a més, es du a terme una vegada tots els candidats han presentat la documentació requerida, principalment formació i anys d’experiència en la funció pública en general, i en la categoria de la plaça que s’ha de cobrir en particular. D’aquesta manera, es tracta de revestir o d’argumentar l’adjudicació d’una plaça que no deixa de ser de lliure designació.

En el cas del procediment a què es va presentar la parella de Pérez Llorca, a què ha tingut accés elDiario.es, es van presentar quatre aspirants més. Un d’ells va quedar desqualificat per no quedar acreditat que complira el requisit de pertinença com a funcionària de carrera del grup C1.

De la resta dels candidats i candidates, la que menys antiguitat en la funció pública tenia és Soler, que va començar la seua marxa el 10 de setembre de 2007 com a funcionària eventual. La resta d’aspirants va accedir a l’Administració el 31 de desembre de 1989 com a auxiliar administrativa amb categoria C2; el 15 de novembre de 2004 com a auxiliar de recaptació en la Diputació de València, en el grup D; i el 4 de juny de 2001 com a auxiliar administratiu en el grup C2.

Segons l’informe, emés amb data 13 de febrer, l’objectiu és “valorar motivadament els mèrits dels candidats presentats a la convocatòria esmentada a fi de proposar el més idoni per a la cobertura del lloc de treball esmentat”.

El document estableix que “com que es tracta d’un lloc de secretària de direcció a proveir mitjançant lliure designació, l’experiència en l’acompliment de tasques similars a les assignades a aquest resulta ser el factor decisori determinant per a pronunciar-se sobre la idoneïtat de les candidatures presentades; així doncs, entre les funcions assignades al lloc es poden distingir dos blocs, funcions generals pròpies de personal administratiu (C1) i funcions específiques pròpies d’una secretària de direcció, resulta, doncs, raonable valorar les candidatures presentades en funció de l’experiència laboral que s’aporte en llocs de les categories esmentades, administratiu (C1) i específics de llocs de secretària de direcció o anàlegs en l’àmbit de l’Administració local”.

Aquest és el motiu fonamental pel qual és Vanesa Soler l’escollida. Com que no tenia l’experiència en altres categories inferiors com el C2, queda com la que més dies ha dedicat al llarg de la seua carrera a la categoria específica del lloc que s’ha de cobrir. En concret, dona un total de 5.767 dies en llocs d’administratiu en el grup C1 i addicionalment un període de 948 dies en un lloc de secretària de direcció de categoria C1, si bé aquest últim es desenvolupa sota la fórmula del contracte eventual.

Per posar-ne un exemple, l’aspirant que va accedir a la funció pública l’any 1989 tenia un total de 3.290 dies en llocs d’administratiu del grup C1, però 9.903 dies en la categoria C2.

Després de Soler, la segona candidatura amb més dies d’experiència va arribar a 5280 dies en llocs d’administratiu grup C1. Sumant les 2.679 jornades com a auxiliar en categoria C2, també superaria àmpliament la parella de Pérez Llorca.

Com ha informat aquesta redacció, Soler va consolidar la seva plaça el 2024 en un procés d'estabilització, estant fins aleshores en situació d'interinitat, per la qual cosa ha exercit dos anys com a funcionària de carrera. La parella del president va entrar a treballar a l'Ajuntament de Finestrat el 2007. Després de la victòria d'Honorato Algado, l'alcalde popular va emprar al consistori una tanda de 34 simpatitzants del PP, entre ells Vanesa Soler, filla d'un apoderat del partit. Els següents dos anys i mig va ser secretària de direcció de la Regidoria de Recursos Humans, en mans en aquell temps de l'édila Pilar Martínez Salazar.

El fichaje de la pareja del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, por parte de la Diputación de Valencia por medio de una comisión de servicios ha puesto en el foco este tipo de procedimientos tan habitual en la función pública como discrecional por la ausencia de criterios objetivos y preestablecidos para valorar los procedimientos. Se trata de un mecanismo destinado a favorecer la movilidad de los funcionarios.

Como avanzó elDiario.es, Vanesa Soler Sillero, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, que dirigía como alcalde el propio Pérez Llorca, tenía una retribución de 25.652 euros al año, sin contar pluses. Ahora, en su nueva plaza como secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, cobrará unos 52.070,50 euros brutos al año como mínimo.

La Diputación de Valencia cuenta con un protocolo que regula las comisiones de servicio en el que no se concreta los aspectos que se deben valorar en cada convocatoria, por lo que queda a expensas del responsable del servicio al que se adscribe la plaza (el que será su jefe) la elaboración de un “informe de idoneidad” para escoger quién se queda con el puesto. “Dicho informe deberá fundamentarse en las competencias y capacidades de la persona propuesta para el cumplimiento de las funciones específicas del puesto”, señala el protocolo.

El informe, además, se realiza una vez todos los candidatos han presentado la documentación requerida, principalmente formación y años de experiencia en la función pública en general, y en la categoría de la plaza que se va a cubrir en particular. De esta forma, se trata de revestir o argumentar la adjudicación de una plaza que no deja de ser de libre designación, pero que genera unos derechos para el futuro.

En el caso del procedimiento al que se presentó la pareja de Pérez Llorca, al que ha tenido acceso elDiario.es, se presentaron otras cuatro aspirantes. Una de ellas quedó descalificada al no quedar acreditado que cumpliera con el requisito de pertenencia como funcionaria de carrera del grupo C1.

Del resto de candidatas, la que menos antigüedad en la función pública tenía es Soler, que empezó su andadura el 10 de septiembre de 2007 como funcionaria eventual. El resto de aspirantes accedió a la administración el 31 de diciembre de 1989 como auxiliar administrativa con categoría C2; el 15 de noviembre de 2004 como auxiliar de recaudación en la Diputación de Valencia, en el grupo D; y el 4 de junio de 2001 como auxiliar administrativo en el grupo C2.

Según el informe, emitido con fecha 13 de febrero, el objetivo es “valorar motivadamente los méritos de los candidatos presentados a la citada convocatoria con el objeto de proponer al más idóneo para la cobertura del citado puesto de trabajo”.

El documento establece que “al tratarse de un puesto de secretaria de dirección a proveer mediante libre designación, la experiencia en el desempeño de tareas similares a las asignadas al mismo, resulta ser el factor decisorio determinante para pronunciarse sobre la idoneidad de las candidaturas presentadas, así, entre las funciones asignadas al puesto se pueden distinguir dos bloques, funciones generales propias de personal administrativo (C1) y funciones específicas propias de una secretaria de dirección, resulta pues razonable valorar las candidaturas presentadas en función de la experiencia laboral que se aporte en puestos de las citadas categorías, administrativo (C1) y específicos de puestos de secretaria de dirección o análogos en el ámbito de la administración local”.

Este es el motivo fundamental por el que es Vanesa Soler la elegida. Al no tenerse en cuenta la experiencia en otras categorías inferiores como el C2, queda como la que más días ha dedicado a lo largo de su carrera a la categoría específica del puesto que se cubrirá. En concreto, arroja un total de 5.767 días en puestos de administrativo en el grupo C1 y adicionalmente un periodo de 948 días en un puesto de secretaria de dirección de categoría C1, si bien este último se desarrolla bajo la fórmula del contrato eventual. En este sentido, se tienen en cuenta las jornadas dedicadas tanto en fase de eventual, como de interina, algo que es habitual, según diversas fuentes consultadas por este diario.

Por poner un ejemplo, la aspirante que accedió a la función pública en el año 1989 tenía un total de 3.290 días en puestos de administrativo del grupo C1, pero 9.903 días en la categoría C2.

Tras Soler, la segunda candidatura con más días de experiencia en el grupo C1 alcanzó los 5280 días. Sumando las 2.679 jornadas como auxiliar en categoría C2, también superaría ampliamente a la pareja de Pérez Llorca.

Como ha informado esta redacción, Soler consolidó su plaza en 2024 en un proceso de estabilización, estando hasta entonces en situación de interinidad, por lo que ha ejercido dos años como funcionaria de carrera. La pareja del presidente entró a trabajar en el Ayuntamiento de Finestrat en 2007. Tras la victoria de Honorato Algado, el alcalde popular empleó en el consistorio a una tanda de 34 simpatizantes del PP, entre ellos a Vanesa Soler, hija de un apoderado del partido. Los siguientes dos años y medio fue secretaria de dirección de la Concejalía de Recursos Humanos, en manos en aquel entonces de la edil Pilar Martínez Salazar.

“És funcionària, va aprovar l’oposició, però té el pecat per a l’esquerra que és la parella del president de la Generalitat Valenciana”. El president Juan Francisco Pérez Llorca es va pronunciar així dijous passat 26 de març (vegeu el vídeo) en la sessió de control de les Corts Valencianes per a defensar el fitxatge de la seua parella, Vanesa Soler, per la Diputació de València amb un sou de 52.000 euros, el doble del que percebia en la seua destinació anterior en l’Ajuntament de Finestrat.

No obstant això, les afirmacions del cap del Consell modula la realitat, ja que Soler només va consolidar la seua plaça fins a 2024 en un procés d'estabilització, encara que segons requerixen fonts del Palau de la Generalitat “en 2008 aprova una oposició, pren posesió del càrrec i assumix les mateixes obligacions bàsiques que qualsevol empleat públic”. Així ho va reconéixer indirectament el propi Ajuntament de Finestrat quan va publicitar el 12 de gener de 2024 la presa de possessió de nou funcionaris, en el marc del procés d'estabilització. Es tractava de “empleats que han estat ocupant amb caràcter temporal de manera ininterrompuda amb anterioritat a l'1 de gener de 2016” i que “han superat tots els processos establits”. Quatre d'aquells nou (entre ells la parella de Juan Francisco Pérez Llorca), amb categoria d'administratius, van passar així a ser funcionaris de carrera de l'Administració General.

El mateix Pérez Llorca, llavors alcalde de Finestrat, va expressar la seua “il·lusió” i va avalar el “fabulós treball” dels funcionaris estabilitzats. “En nom de tota la localitat, he d’agrair-los la seua tasca i, sobretot, animar-los a continuar treballant com han fet fins ara”, va afirmar.

La parella del president va entrar a treballar en l’Ajuntament de Finestrat el 2007. Després de la victòria de Honorato Algado, l’alcalde popular va ocupar en el consistori una tanda de 34 simpatitzants del PP, entre ells Vanesa Soler, filla d’un apoderat del partit. Els dos anys i mig següents va ser secretària de direcció de la Regidoria de Recursos Humans, en mans aquells dies de l’edil Pilar Martínez Salazar.

Encara que constava com a funcionària eventual, la Diputació de València va reconéixer aquest període per a atorgar-li la comissió de serveis la parella de Pérez Llorca. Comptant el període en què Soler va ser funcionària interina (entre el 2010 i el 2024) i els dos anys següents, ja estabilitzada com a funcionària de carrera, la candidata es va imposar a les altres quatre aspirants. La institució provincial no va tindre en compte el treball en una categoria inferior (d’auxiliar administratiu) d’una de les candidates, que es va incorporar a la funció pública molt abans (eln 1989), deixant via lliure per a seleccionar a la funcionària de Finestrat.

A més, Pérez Llorca va adduir, en les seues primeres declaracions després de la polèmica per la comissió de serveis, que la seua parella era “funcionària de carrera fa més de 20 anys” i va defensar el procés de selecció. No obstant això, la dona a penes estava des del 2024 com a funcionària de carrera, després d’haver sigut interina durant el període anterior.

En la mateixa compareixença de dijous en les Corts, Pérez Llorca també va patinar quan va dir que la vacant de secretària de direcció del Centre d’Assistència a Municipis de la Diputació, coberta per urgència, es va oferir el juliol del 2025, moment en què ell encara no era president. La realitat és que el juliol de l’any passat es va aprovar, es va crear al novembre, però es va oferir el 28 de gener, dos mesos després de la seua presa de possessió. L’anunci tan sols es va publicar en el tauler virtual de la pàgina web de la Diputació de València durant tot just huit dies, del 28 de gener passat al 4 de febrer, tal com ha informat aquest diari.

El criteri d’idoneïtat, determinat una vegada els candidats van presentar les seues sol·licituds, va restringir l’experiència laboral als llocs d’administratiu C1 i, també, a la trajectòria com a secretària de direcció. Amb aquest criteri discrecional, Vanesa Soler es va imposar a la resta de les candidates.

“Es funcionaria, aprobó su oposición, pero tiene el pecado para la izquierda de que es la pareja del presidente de la Generalitat Valenciana”. El president Juan Francisco Pérez Llorca se pronunció así el pasado jueves 26 de marzo (ver vídeo a continuación) en la sesión de control de las Corts Valencianes para defender el fichaje de su pareja.

Sin embargo, lo afirmado por el jefe del Consell modula la realidad, puesto que Soler solo consolidó su plaza hasta 2024 en un proceso de estabilización, aunque según precisan fuentes del Palau de la Generalitat “en 2008 aprueba una oposición, toma posesión del cargo y asume las mismas obligaciones básicas que cualquier empleado público”. Así lo reconoció indirectamente el propio Ayuntamiento de Finestrat cuando publicitó el 12 de enero de 2024 la toma de posesión de nueve funcionarios, en el marco del proceso de estabilización. Se trataba de “empleados que han estado ocupando con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad al 1 de enero de 2016” y que “han superado todos los procesos establecidos”. Cuatro de aquellos nueve (entre ellos la pareja de Juan Francisco Pérez Llorca), con categoría de administrativos, pasaron así a ser funcionarios de carrera de la Administración General.

El propio Pérez Llorca, entonces alcalde de Finestrat, expresó su “ilusión” y avaló el “fabuloso trabajo” de los funcionarios estabilizados. “En nombre de toda la localidad agradecerles su labor y, sobre todo, animarles a seguir trabajando como han hecho hasta ahora”, afirmó.

La pareja del presidente entró a trabajar en el Ayuntamiento de Finestrat en 2007. Tras la victoria de Honorato Algado, el alcalde popular empleó en el consistorio a una tanda de 34 simpatizantes del PP, entre ellos a Vanesa Soler, hija de un apoderado del partido. Los siguientes dos años y medio fue secretaria de dirección de la Concejalía de Recursos Humanos, en manos en aquel entonces de la edil Pilar Martínez Salazar.

Aunque constaba como funcionaria eventual, la Diputación de Valencia reconoció ese periodo para otorgarle la comisión de servicios a la pareja de Pérez Llorca. Contando el periodo en que Soler fue funcionaria interina (entre 2010 y 2024) y los dos años siguientes, ya estabilizada como funcionaria de carrera, la candidata se impuso a las otras cuatro aspirantes. La institución provincial no tuvo en cuenta el trabajo en una categoría inferior (de auxiliar administrativo) de una de las candidatas, que se incorporó a la función pública mucho antes (en 1989), dejando vía libre para seleccionar a la funcionaria de Finestrat.

Además, Pérez Llorca adujo, en sus primeras declaraciones tras la polémica por la comisión de servicios, que su pareja era “funcionaria de carrera hace más de 20 años” y defendió el proceso de selección. Sin embargo, la mujer apenas llevaba desde 2024 como funcionaria de carrera, tras haber sido interina durante el periodo anterior.

En la misma comparecencia del pasado jueves en las Corts, Pérez Llorca también patinó cuando dijo que la vacante de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la Diputación, cubierta por urgencia, se ofertó en julio de 2025, momento en el que él aún no era presidente. La realidad es que en julio del pasado año se aprobó, se creó en noviembre, pero se ofertó el 28 de enero, dos meses después de su toma de posesión. El anuncio tan solo se publicó en el tablón virtual de la página web de la Diputación de Valencia durante apenas ocho días, del pasado 28 de enero al 4 de febrero, tal como ha informado este diario.

El criterio de idoneidad, determinado una vez los candidatos presentaron sus solicitudes, restringió la experiencia laboral a los puestos de administrativo C1 y, también, a la trayectoria como secretaria de dirección. Con este criterio discrecional, Vanesa Soler se impuso al resto de candidatas.

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha exigido hoy la creación de una Comisión de Investigación en la Diputación de València sobre la plaza adjudicada a la mujer de Pérez Llorca en un puesto de alta dirección. Así lo ha trasladado en declaraciones a los medios de comunicación este viernes antes de presidir la comisión ejecutiva nacional (CEN) de los socialistas valencianos que se ha celebrado en la ciudad de Alicante, lugar que Morant ha calificado como “la zona cero del modelo especulativo del partido Popular y sus escándalos”: “Aquí se reparten viviendas de protección pública, se privatiza la sanidad y es donde aparecen posibles irregularidades en los bonos comercio que salpican a Carlos Baño”.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ha señalado que Pérez Llorca “está utilizando los puestos públicos en las administraciones para su propio beneficio” y ha censurado que “la urgencia de que su pareja pueda conciliar se traduce en un sueldazo que dobla el que tenía como funcionaria en el Ayuntamiento de Finestrat”: “Eso no es motivo de extrema urgencia para ninguna administración, estamos ante una modificación de la norma para que proveer de un puesto de alta dirección a una persona que no formaba parte de la Diputación de València”.

Asimismo, Morant ha anunciado que los socialistas valencianos se personará -cuando se abran diligencias- en la causa que investiga al presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baños y ha alertado que “el Partido Popular lleva décadas convirtiendo la provincia de Alicante en su cortijo, pero esto tiene que acabar.

Un Consell “ausente”

Por otro lado, la secretaria general del PSPV ha apuntado que Pérez Llorca “ya no tiene que seguir pidiendo a Feijóo un congreso, lo que tiene que asumir es que esta etapa ha terminado y cuanto antes convocar elecciones” y ha subrayado que “el cambio de la Comunitat Valenciana comienza en Alicante”.

Con ello, ha denunciado que “los valencianos y valencianas estemos sufriendo un Consell ausente que, mientras el Gobierno de España aprobando decretos y ayudas para hacer frente a las consecuencias de la guerra, no toma medidas; y un Consell ausente que mientras el Gobierno pone sobre la mesa un nuevo sistema de financiación que da 4.669 millones de euros más al año para la Comunitat Valenciana lo que hace es decir que no por puro sectarismo”.

Tan sols sis dies hàbils per a inscriure’s en una plaça per comissió de servei dotada amb un sou de 52.000 euros i que únicament es va publicar en el tauler d’anuncis digital de la Diputació de València. Realment calia estar alerta per a poder concórrer a aquest procés a què finalment es van presentar cinc candidats.

Aquesta va ser tota la publicitat que es va donar el procediment pel qual finalment Vanesa Soler, parella del president del Govern valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, es va adjudicar la plaça de secretària de direcció del Centre d’Assistència a Municipis de la institució provincial.

Tal com ha comprovat elDiario.es i han confirmat des de la corporació, l’anunci no es va publicar en el Butlletí Oficial de la Província (BOP) ni en cap altre mitjà per no ser preceptiu en les comissions de serveis i tampoc es va notificar als funcionaris de la casa ni de la resta de les administracions (no es fa tampoc amb la resta de les ofertes), per la qual cosa l’única via per a tindre constància del procediment va ser accedir al tauler d’anuncis digital de la Diputació a partir del 28 de gener a les 9.54, segons consta en el certificat publicat en el web de la institució. El termini per a inscriure-s’hi va estar obert fins al 4 de febrer.

Les fonts consultades han insistit que el procediment sempre és el mateix i que ni en aquesta plaça ni en altres que ixen en comissió de servei s’envia cap avís, ja que els funcionaris interessats a moure’s accedeixen de manera periòdica per a consultar les diferents opcions que es van oferint. D’aquesta manera, tant Soler, funcionària fins ara en l’Ajuntament de Finestrat (la Marina Baixa) amb un sou de 25.652 euros (Pérez Llorca ha desmentit aquesta xifra, però sense revelar la que seria correcta), com la resta dels candidats van haver d’accedir aquells dies al tauler digital per a tindre constància del procediment i poder inscriure-s’hi.

Com ha vingut informant este diari, la plaça de direcció del Centre d'Assistència a Municipis de la institució provincial es va aprovar al juliol del passat any, es va crear amb dotació pressupostària el mes de novembre, quedant vacant fins que es va oferir el passat 28 de gener, quasi dos mesos després de la investidura de Pérez Llorca com a president de la Generalitat Valenciana.

Aquesta polèmica va centrar dijous la sessió de control de les Corts en què el cap del Consell va defensar la netedat de tot el procés i l’elecció de la seua parella per ser la candidata amb més experiència, mentre que el PSPV i Compromís el van acusar de fer-li “un vestit a mida” i de “nepotisme”, és a dir, tracte de favor.

Pérez Llorca, davant les crítiques de l’oposició, va traure quatre fulls en què ha assegurat que estan les parelles de membres de l’oposició que van entrar en el seu moment a treballar en l’Administració i es va preguntar quants d’ells van entrar “a dit”.

El síndic del PSPV va negar les acusacions de “masclisme” per part de la bancada popular i va afirmar que es tractava d’un cas de “col·locació”, mentre el de Compromís, Joan Baldoví, li va recordar que la Diputació tenia 40 places vacants i només en van oferir una al gener, quan Pérez Llorca ja era president, “casualment la que tenia una retribució de 52.000 euros i tan sols donen sis dies per a presentar-s’hi amb un cap de setmana pel mig”.

El màxim responsable del Govern valencià va insistir en defensa seua el procés: “Parlem d’una dona que va demanar una comissió de serveis, vostés en van aprovar més d’11.000, però aquesta dona té el pecat que és parella del president, això és el que no tolere. Crec que hem d’estar a l’altura i vostés no ho estan. Només viuen d’atacar”.

Tan solo seis días hábiles para inscribirse en una plaza por comisión de servicio dotada con un sueldo de 52.000 euros y que únicamente se publicó en el tablón de anuncios digital de la Diputación de Valencia. Realmente había que estar alerta para poder concurrir a este proceso al que finalmente se presentaron cinco candidatos.

Esta fue toda la publicidad que se dio el procedimiento por el que finalmente Vanesa Soler, pareja del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, se adjudicó la plaza de secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial.

Tal y como ha comprobado elDiario.es y han confirmado desde la corporación, el anuncio no se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) ni por ningún otro medio al no ser preceptivo en las comisiones de servicios y tampoco se notificó a los funcionarios de la casa ni del resto de administraciones (no se hace tampoco con el resto de ofertas), por lo que la única vía para tener constancia del procedimiento fue acceder al tablón de anuncios digital de la Diputación a partir del 28 de enero a las 9.54 horas, según consta en el certificado publicado en la web de la institución. El plazo para inscribirse estuvo abierto hasta el 4 de febrero.

Las fuentes consultadas han insistido en que el procedimiento siempre es el mismo y que ni en esta plaza ni en otras que salen en comisión de servicio se manda aviso alguno, puesto que los funcionarios interesados en moverse acceden de forma periódica para consultar las distintas opciones que se van ofertando. De esta forma, tanto Soler, funcionaria hasta ahora en el Ayuntamiento de Finestrat (Alicante) con un sueldo de 25.000 euros brutos al año, como el resto de candidatos tuvieron que acceder por aquellos días al tablón digital para tener constancia del procedimiento y poder inscribirse en el mismo.

Como ha venido informando este diario, la plaza de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial se aprobó en julio del pasado año, se creó con dotación presupuestaria en el mes de noviembre, quedando vacante hasta que se ofertó el pasado 28 de enero, casi dos meses después de la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat Valenciana. Según la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Finestrat, su pareja tenía un sueldo de 25.652 euros brutos al año en el Consistorio alicantino al pertencer a la categoría C1, aunque Pérez Llorca ha desmentido esta cifra sin aportar otra. En la Diputación pasará a cobrar 52.000 euros al tratarse de una dirección.

Esta polémica centró este jueves la sesión de control de las Corts en la que el jefe del Consell defendió la limpieza de todo el proceso y la elección de su pareja por ser la candidata con más experiencia, mientras que el PSPV y Compromís le acusaron de hacerle “un traje a medida” y de “nepotismo”, es decir, trato de favor.

Pérez Llorca, ante las críticas de la oposición, sacó cuatro folios en los que ha asegurado que están las parejas de miembros de la oposición que entraron en su día a trabajar en la administración y se preguntó cuántos de ellos entraron “a dedo”.

El síndic del PSPV negó las acusaciones de “machismo” por parte de la bancada popular y afirmó que se trataba de un caso de “enchufismo”, mientras el de Compromís, Joan Baldoví, le recordó que la Diputación tenía 40 plazas vacantes y solo ofertaron una en enero, cuando Pérez Llorca ya era presidente, “casualmente la que tenía una retribución de 52.000 euros· y tan solo dan seis días para presentarse con un fin de semana por medio”.

El máximo responsable del Gobierno valenciano insistió en su defensa el proceso: “Hablamos de una mujer que pidió una comisión de servicios, ustedes aprobaron más de 11.000 pero esta mujer tiene el pecado de que es pareja del presidente, eso es lo que no tolero. Creo que tenemos que estar a la altura y ustedes no están. Solo viven de atacar”.

El fitxatge en comissió de servei per part de la Diputació de València de la parella del president del Govern valencià, Juan Francisco Pérez Llorca, va desfermar dimecres un tsunami de reaccions polítiques. Com va avançar elDiario.es, Vanesa Soler Sillero, fins ara administrativa de l’esmentat Ajuntament de Finestrat que dirigia com a alcalde el mateix Pérez Llorca, tenia una retribució de 25.652 euros a l’any. Ara, en la seua nova plaça com a secretària de direcció del Centre d’Assistència a Municipis de la institució provincial, cobrarà uns 52.070,50 euros bruts a l’any.

Segons diverses fonts consultades per aquest diari, quan al final del mes de gener passat la corporació provincial va oferir la plaça a què va concórrer Soler, hi havia de l’ordre de 40 vacants de la mateixa categoria que deté com a funcionària de carrera, això és, un C1. No obstant això, la major part d’elles estaven retribuïdes amb uns 30.000 euros per ser per a llocs d’administratiu ras i justament es va oferir una de les que més sou implicaven per a la categoria C1 per tractar-se d’una direcció, amb els 52.070,50 euros esmentats. Per damunt per a un C1 tan sols hi ha una prefectura, que podria arribar a 54.000 euros.

Per què va ser justament aquesta plaça, una de les més ben remunerades, i no una altra la que es va oferir i a què es va poder acollir igualment la parella de Pérez Llorca? Fonts de la Diputació de València han explicat sobre aquest tema que, quan el diputat i alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón, es fa càrrec del Centre d’Assistència als Municipis, amb una activitat de vital importància després de la dana, es decideix crear el mes de juliol de l’any passat la plaça de secretaria de direcció per a dotar-la de contingut: “Es tracta d’un centre que presta assistència tècnica als municipis afectats per la dana per a tramitar determinats projectes, per la qual cosa la tramitació d’aquesta plaça requeria certa urgència”.

Així doncs, les mateixes fonts han detallat que entre octubre i novembre es crea definitivament la plaça amb assignació pressupostària i és el 28 de gener passat quan es publica l’oferta a què pot concórrer qualsevol funcionari de carrera que complisca els requisits. Encara que en primera instància van afirmar que juntament amb la parella del president s’hi va presentar una altra persona, des de la corporació han assegurat ara que van ser un total de cinc els aspirants: “Encara que és una plaça de lliure designació, els aspirants han d’acreditar una experiència i una formació i finalment es tria a qui es considera que s’adapta millor al lloc mitjançant un informe d’idoneïtat, que en aquest cas va ser Soler”.

Sol·licitat per aquesta redacció l’informe d’idoneïtat per a contrastar el procés i la valoració, la Diputació l’ha denegat perquè dades personals dels aspirants, encara que han assegurat que sí que en donaran trasllat a l’oposició, que també l’ha reclamat.

El PP esgrimeix la conciliació i Pérez Llorca parla de “masclisme”

El PP va esgrimir dimecres la conciliació familiar per a defensar el fitxatge en la institució provincial de la parella de Pérez Llorca. El conseller d’Hisenda, José Antonio Rovira, va dir en el ple de les Corts Valencianes que “simplement hi ha hagut una comissió de serveis per conciliació familiar”. No obstant això, la conciliació familiar no té res a veure amb els procediments de comissions de serveis en el si de l’Administració (llevat d’Educació).

El president del Govern valencià, Pérez Llorca, visiblement molest, va defensar que la seua parella, que és “funcionària de carrera fa més de 20 anys, abans de conéixer-me a mi o de tindre una relació, va decidir, per a conciliar la nostra vida familiar i laboral, traslladar-se a València i demanar una comissió de serveis, com demana qualsevol altre funcionari, en aquest cas per a ocupar un lloc en la Diputació de València, en la seua escala”. Per tant, va afirmar que no veu que siga una notícia i va lamentar que “la notícia és que és la dona de, i jo hui el que denuncie és el masclisme d’alguns periodistes i el masclisme de determinats polítics que, amb la condició de danyar la imatge del president, utilitzen la parella de o la dona de”.

Per part seua, els socis del PP en la Diputació de València, per boca de la vicepresidenta, Natàlia Enguix, d’Ens Uneix, van avalar el fitxatge de la funcionària, efectuat amb “concurrència i una transparència total”.

Enguix va recordar que les places de secretària de direcció van ser creades durant el mandat anterior del socialista Toni Gaspar en la institució provincial i va assegurar que en Ens Uneix desconeixien, abans de la publicació de la informació, que la funcionària seleccionada era la parella del president de la Generalitat.

La vicepresidenta, a qui li va tocar reaccionar a la polèmica en absència de Vicente Mompó, va reconéixer que serà el diputat provincial a què està adscrita la funcionària com a secretària (l’alcalde d’Utiel, Ricardo Gabaldón) qui decidirà al cap de sis mesos si prorroga la comissió de serveis.

L’oposició formada pel PSPV-PSOE i Compromís, per part seua, va arremetre contra el que consideren una “finca” del PP i van qualificar de “cara dura” Pérez Llorca.

El fichaje en comisión de servicios por parte de la Diputación de Valencia de la pareja del presidente de la Generalitat, Juan Francisco Pérez Llorca, desató este miércoles un tsunami de reacciones políticas. Como avanzó elDiario.es, Vanesa Soler Sillero, hasta ahora administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, que dirigía como alcalde el propio Pérez Llorca, tenía una retribución de 25.652 euros al año. Ahora, en su nueva plaza como secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, cobrará unos 52.070,50 euros brutos al año.

Cuando a finales del pasado mes de enero la corporación provincial ofertó la plaza a la que concurrió Soler, había unas 40 vacantes de la misma categoría que ostenta como funcionaria de carrera (C1), según ha podido saber este diario. Sin embargo, la mayoría de ellas estaban retribuidas con unos 30.000 euros al ser para puestos de administrativo raso y justamente se ofertó una de las que mayor sueldo implicaban para la categoría C1 al tratarse de una dirección, con los mencionados 52.070,50 euros. Por encima para un C1 tan solo hay una jefatura que podría llegar a los 54.000 euros.

¿Por qué fue justamente esta plaza, una de las mejor remuneradas, y no otra la que se ofertó y a la que se pudo acoger igualmente la pareja de Pérez Llorca? Fuentes de la Diputación de Valencia explicaron al respecto que cuando el diputado y alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, se hizo cargo del Centro de Asistencia a los Municipios, con una actividad de vital importancia tras la dana, se decidió crear en julio de 2025 la plaza de secretaría de dirección para dotarle de contenido: “Se trata de un centro que presta asistencia técnica a los municipios afectados por la dana para tramitar determinados proyectos, por lo que la tramitación de esta plaza requería de cierta urgencia”.

Las mismas fuentes detallaron que, entre octubre y noviembre, se creó definitivamente la plaza con asignación presupuestaria y, el pasado 28 de enero, se publicó la oferta —en un procedimiento abierto a otras administraciones— a la que podía concurrir cualquier funcionario de carrera que cumpliera los requisitos. Aunque en primera instancia afirmaron que junto a la pareja del presidente se presentó otra persona, la Corporación aseguró este miércoles que fueron un total de cinco los aspirantes: “Aunque es una plaza de libre designación, los aspirantes deben acreditar una experiencia y una formación y, finalmente, se elige al que se considera que mejor se adapta al puesto mediante un informe de idoneidad, que en este caso fue Soler”.

Solicitado por esta redacción acceso al informe de idoneidad para contrastar el proceso y la valoración, desde la Diputación se ha denegado alegando que contiene datos personales de los aspirantes, aunque se aseguró que sí lo remitirán a la oposición, que también lo ha solicitado.

El PP esgrime la conciliación y Pérez Llorca habla de “machismo”

Por su parte, el PP esgrimió la conciliación familiar para defender el fichaje en la institución provincial de la pareja de Pérez Llorca. El conseller de Hacienda, José Antonio Rovira, dijo en el pleno de las Corts Valencianes que “simplemente ha habido una comisión de servicios por conciliación familiar”. Sin embargo, la conciliación familiar nada tiene que ver con los procedimientos de comisiones de servicios en el seno de la administración (a excepción de Educación).

El presidente del Gobierno valenciano, Pérez Llorca, visiblemente molesto, defendió la contratación de su pareja: “Es funcionaria de carrera hace más de 20 años, antes de conocerme a mí o de tener una relación, decidió, para conciliar nuestra vida familiar y laboral, trasladarse a València y pedir una comisión de servicios, como pide cualquier otro funcionario, en este caso para ocupar un puesto en la Diputación de Valencia, en su escala”.

Por lo tanto, afirmó que no ve que sea una noticia y lamentó: “La noticia es que es la mujer de, y yo hoy lo que denuncio es el machismo de algunos periodistas y el machismo de determinados políticos que, con tal de dañar la imagen del presidente, utilizan a la pareja de o a la mujer de”.

La Diputación avala la “concurrencia y total transparencia”

Los socios del PP en la Diputación de Valencia, por boca de la vicepresidenta, Natàlia Enguix, de Ens Uneix, avalaron el fichaje de la funcionaria, efectuado con “concurrencia y una total transparencia”.

Enguix recordó que las plazas de secretaria de dirección fueron creadas durante el mandato anterior del socialista Toni Gaspar en la institución provincial y aseguró que en Ens Uneix desconocían, antes de la publicación de la información, que la funcionaria seleccionada era la pareja del president de la Generalitat.

La vicepresidenta, a la que le tocó reaccionar a la polémica en ausencia de Vicente Mompó, reconoció que será el diputado provincial al que está adscrita la funcionaria como secretaria (el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón) quien decidirá a los seis meses si prorroga la comisión de servicios.

La oposición formada por el PSPV-PSOE y Compromís, por su parte, arremetió contra lo que consideran un “cortijo” del PP y calificaron de “jeta” a Pérez Llorca.

El presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, se ha pronunciado este miércoles tras desvelar elDiario.es y El Pais que su pareja se trasladó mediante una comisión de servicio de su plaza en el Ayuntamiento de Finestrat, donde Pérez Llorca fue alcalde, a la Diputación de Valencia, cobrando el doble.

Se trata de Vanesa Soler Sillero, hasta ahora administrativa del mencionado Consistorio y actualmente secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, presidida por el también popular Vicente Mompó. Mientras que en el ayuntamiento de la localidad de la Marina Baixa cobraba una retribución de unos 25.652, 96 euros brutos al año, el nuevo sueldo en la Diputación de Valencia asciende a unos 52.070,50 euros, sin contar los trienios que pueda tener la funcionaria de carrera.

Visiblemente molesto, Pérez Llorca ha comentado que cuando fue elegido presidente de la Generalitat, una de las primeras decisiones que tomó fue trasladar su domicilio a València, por razones laborales: “Un tiempo después, mi pareja, que es funcionaria de carrera hace más de 20 años, antes de conocerme a mí o de tener una relación, decidió, para conciliar nuestra vida familiar y laboral, trasladarse a València y pedir una comisión de servicios, como pide cualquier otro funcionario, en este caso para ocupar un puesto en la Diputación de Valencia, en su escala. Por lo tanto, yo no veo que sea una noticia, creo que la noticia es que es la mujer de, y yo hoy lo que denuncio es el machismo de algunos periodistas y el machismo de determinados políticos que, con tal de dañar la imagen del presidente, utilizan a la pareja de o a la mujer de”.

Pérez Llorca ha insistido en que lo que ha hecho su pareja es lo que hace “cualquier funcionario que quiere conciliar la vida laboral, y pasando por un procedimiento como pasaría cualquier otro funcionario, sin ningún trato de favor” y ha añadido que “tampoco tiene que tener ella disminuidas sus pretensiones o sus necesidades por el mero hecho de ser la mujer de”.

Según el jefe del Consell, “ella tiene su funcionariado, porque se lo trabajó y se lo curró, como se lo curran muchísimos funcionarios, y por lo tanto, yo me niego a participar de la cacería del machismo que están teniendo hoy muchísimos políticos, e incluso permítanme, y no se ofendan, algunos periodistas o algunos comentaristas de opinión pública”.

Pérez Llorca ha defendido que está en política “para cambiar todo esto, y para trabajar para que la sociedad sea más justa” y ha pedido “a la gente que se llena la boca todos los días, especialmente a los dirigentes de la izquierda, hablando de conciliación, hablando de feminismo, que se lo apliquen también para todas las mujeres, sin ver con quién están casadas o con quién están emparejadas”.

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, de Ens Uneix (que gobierna en la institución provincial con el PP) ha defendido este miércoles el fichaje de la pareja del president Juan Francisco Pérez Llorca para una comisión de servicios en un puesto de secretaria en el que cobrará el doble que en su anterior destino en el Ayuntamiento de Finestrat, en la provincia de Alicante. “Yo creo que cada uno tiene que buscarse la vida como considere, ella es funcionaria y tiene derecho a optar a cualquier plaza que salga publicada”, ha afirmado Enguix.

La dirigente de Ens Uneix ha manifestado que “no se ha creado ninguna plaza ni se ha hecho ningún traje a medida”. “La Diputación de Valencia tiene una serie de plazas de secretarías de dirección que están por cubrir, yo misma tengo plazas de secretaria que es un C1 por cubrir y esas plazas salen a comisión de servicios y, quien quiere, tiene que ser funcionaria de carrera para poderse presentar, opta a un concurso público y, si se cumplen los requisitos que pedimos, pues obtiene esa plaza”, ha apostillado. 

Natalia Enguix también ha defendido que la comisión de servicios “se publica”, tal como establece la normativa en materia de administración pública, con “concurrencia y una total transparencia”. “Quien piensa que puede cumplir ese perfil que se busca, opta a ello y suele tener una baremación”, ha agregado.

La vicepresidenta de la Diputación también ha dicho que ese tipo de plazas “a veces son difíciles de cubrir porque quien vive o trabaja o son funcionarios o funcionarias de carrera de un pueblo que está lejos de Valencia, suele resultar difícil que la gente quiera venir a la capital”.

También ha destacado que en el marco del proceso de selección hay un “informe motivando por qué esa persona cumple mejor los requisitos que otra”.

Vanesa Soler Sillero, la pareja de Pérez Llorca, pasa a cobrar en su nuevo puesto unos 52.070,50 euros, el doble que en el Ayuntamiento de Finestrat, localidad de la que el president fue alcalde. “Pues la verdad, la Diputación paga bien, eso está claro, que todos sabemos que es la administración que mejor paga”, ha afirmado Natalia Enguix, quien también ha aludido a los desplazamientos necesarios para funcionarios que no viven en la capital.

“Esto viene de la legislatura anterior”

La vicepresidenta de la Diputación también ha señalado al anterior presidente provincial, el socialista Toni Gaspar, como el creador de ese tipo de plazas de secretarias. “Esto viene también de la legislatura anterior, estos puestos se decidió que fueran puestos de libre designación con ese sueldo, esta Corporación no lo ha decidido”, ha esgrimido Enguix. “No lo hemos creado nosotros, el dedazo en todo caso lo hemos heredado”, ha dicho.

Natalia Enguix ha explicado que, tras el plazo inicial de seis meses que prevé la comisión de servicios, es el diputado provincial al que se adscribe la secretaria (en este caso, Ricardo Gabaldón, alcalde de Utiel) quien decide si se prorroga. Preguntada sobre si el hecho de que la funcionaria sea la pareja del president de la Generalitat pueda pesar sobre la decisión de prolongar la comisión de servicios, la vicepresidenta ha contestado: “Eso lo tendrá que decir Ricardo [Gabaldón]. Yo creo que Ricardo es una persona profesional, sobre todo es un buen diputado, es un buen alcalde y trabaja con criterios de profesionalidad y también de confianza, por supuesto, como hacemos todos los diputados y diputadas con la gente que tenemos en estas áreas”.

Los portavoces de los diferentes grupos políticos con representación en las Corts Valencianes se han pronunciado este miércoles antes del pleno sobre la polémica suscitada a cuenta del traslado de la pareja del presidente del Gobierno valenciano, Juan Francisco Pérez Llorca, a la Diputación de Valencia, por medio de una comisión de servicio, cobrando el doble de lo que tenía asignado en puesto de origen en el Ayuntamiento de finestrat.

Como ha informado elDiario.es, se trata de Vanesa Soler Sillero, administrativa del Ayuntamiento de Finestrat, del que Pérez Llorca fue alcalde hasta su incorporación al Palau de la Generalitat, y actualmente secretaria de dirección del Centro de Asistencia a Municipios de la institución provincial, presidida por el también popular Vicente Mompó.

Mientras que en el ayuntamiento de la localidad de la Marina Baixa cobraba una retribución de unos 25.652, 96 euros brutos al año, el nuevo sueldo en la Diputación de Valencia asciende a unos 52.070,50 euros, sin contar los trienios que pueda tener la funcionaria de carrera. 

Al respecto, los portavoces del PP y de Vox han defendido el proceso mientras que el PSPV y Compromís han calificado de “jeta” al presidente Pérez Llorca.

El portavoz del grupo popular en las Corts, Nando Pastor, ha afirma que “lo que no sería ético es que cualquier funcionario no puediera optar a un traslado por comisión de servicio por el mero hecho de tener un parentesco con un cargo público o político” y ha insistido en que “una comisión de servicio es un procedimiento totalmente legal y habitual en la función pública”.

En la misma línea se ha pronunciado el síndico de Vox, José Maróia Llanos, quien, a preguntas de elDiario.es, ha rechazado que la Diputación se haya convertido en un “chiringuito” ya que “si una persona que es funcionaria tiene que pasar a vivir a València porque su marido se ha ido a vivir a València y tiene la opción legal de solicitar una comisión de servicios no hay que hacer ninguna otra valoración”.

El portavoz del PSPV, José Muñoz, ha advertido de que estudiarán acciones legales en las instancias que consideren oportunas y ha calificado de “jeta” a Pérez Llorca: “Vemos un PP repleto de jetas. Cuando conocimos el reparto de VPO a cargos del Partido Popular en Alicante vimos que Pérez Llorca se puso en un ladito y dijo estar muy enfadado con los jetas. Pues resulta que va a ser uno de ellos. Que alguien nos explique por qué es de urgente necesidad ese traslado para que su pareja esté trabajando a 30 metros cobrando el doble de lo que cobraba en el Ayuntamiento del que Pérez Llorca era alcalde”.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha lamentado “la poca vergüenza y la cara” y se ha preguntado si de todos los funcionarios y funcionarias de la Comunitat Valenciana solamente la pareja de Pérez Llorca era la persona idónea para ocupar un despacho a 30 metros del Palau de la Generalitat. Baldoví ha afirmado que el PP se ha creído que “esto es su cortijo” y que ha perdido “toda la vergüenza”.

Por su parte, Carlos Fernández Bielsa, portavoz socialista en la Diputación de Valencia también ha tildado de “cortijo” a la institución provincial que president el popular Vicente Mompó, como en “la peor etapa” desde Alfonso Rus.

Fernández Bielsa ha cuestionado el “caos absoluto” en materia de contratación de la Diputación. “Existen trajes a medida en esta Diputación”, ha agregado el portavoz del PSPV.