La fotografía era inevitable: un coche de la Guardia Civil prácticamente empotrado en la puerta del Palacio de Longoria, aparcado sobre la estrecha acera que da paso a la sede de la Sociedad General de Autores. Era 1 de julio de 2011. Unos estudiantes presentaban en el salón de actos sus trabajos de fin de máster y eran desalojados sin recibir explicaciones. Mientras ellos salían, los guardias civiles entraban. Esa imagen marcó el futuro de la historia de la SGAE de una manera indeleble.

Ha sido necesaria una década para cerrar judicialmente esa herida, cuyas repercusiones en términos reputacionales van mucho más allá. El caso Saga, cuya sentencia absolutoria acaba de conocerse, es la punta del iceberg de una deriva que ha dejado a la casa de los autores al borde de la ruina, asolada por luchas intestinas y una perniciosa inercia conocida como 'la rueda', donde unos pocos autores se beneficiaban de la explotación de repertorio en la franja nocturna de la televisión.

Aquel 1 de julio, la Guardia Civil se llevó detenido a Teddy Bautista por supuestos delitos de apropiación indebida y malversación de fondos, cuya sentencia de absolución es la que ahora ha visto la luz. Esa mañana de verano detuvieron a ocho personas más, una de ellas era José Luis Rodríguez Neri, miembro de la Junta Directiva de la SGAE entre el año 2000 y 2007, director de Gestión de la Información de la entidad y director general de la SDAE, una sociedad creada para ofrecer servicios que facilitaran la difusión en internet de los autores de la SGAE, con el objetivo ulterior de fomentar la recaudación de derechos digitales. Además, Neri era consejero, apoderado y administrador solidario en otra empresa nueva asociada a la SGAE, Portal Latino, un sello para publicar a algunos autores y promover su obra en Internet. Eso era lo que se contó en su día, pero la investigación judicial que asomó a la opinión pública aquel verano expuso unas intenciones diferentes: una trama de desvío de fondos para el enriquecimiento personal de Neri y su entorno. Es la conocida como 'operación Saga'.

Servicios subcontratados

La empresa Microgénesis, que Neri había dirigido hasta el año 2000, había quedado en manos de su esposa, María Antonia García Pombo y su hermana, Eva García Pombo. Microgénesis se convirtió en la principal contratista de SDAE. Posteriormente, Microgénesis se integra en la empresa Ribera de Mayorga, cuya principal accionista es Elena Vázquez, otra de las acusadas. El director financiero de Microgénesis, Celedonio Martín, también quedó imputado, así como Rafael Ramos, el administrador único de la empresa. Por parte de la SGAE, además de Bautista y Neri, fueron investigados y acusados el director financiero de la entidad, Ricardo Azcoaga Quincoces, y el Director General de la SGAE entre 1990 y 2021, Enrique Loras Garcías.

El registro de la sede y las nueve detenciones sorprendieron a la opinión pública pero no a Víctor Domingo ni a Luis Cobo 'Manglis', que llevaban cuatro años esperando algo así. La primera denuncia se había presentado el 14 de noviembre de 2007 ante la Fiscalía por un delito continuado de estafa de especial gravedad. Lo hizo Víctor Domingo, el presidente de la histórica y pionera Asociación de Internautas, bandera de la lucha contra el canon de la SGAE en los soportes digitales y fallecido en 2019. “Víctor Domingo tomó la decisión de participar y de ponernos manos a la obra para poder destapar lo que allí estaba ocurriendo, porque las personas que estaban dirigiendo la SGAE en aquel momento estaban profundamente en contra de lo que suponían los derechos digitales, tanto para los autores como para los usuarios de internet”, recuerda Ofelia Tejerina, actual presidenta de la asociación. “Lo que les interesaba es que todo continuara como siempre, había una decisión absolutamente rancia en la gestión de estos derechos que impedía a los autores aprovecharse de las ventajas que ofrecía internet”, añade.

Domingo, junto a los presidentes de la Asociación de Usuarios de Internet, de la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías y de la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon, se dirigieron a la fiscalía anticorrupción para poner en conocimiento unos indicios que consideraron de carácter delictivo sobre la relación de SGAE con empresas “de clara naturaleza lucrativa”. Microgénesis era una de ellas. Que Rodríguez Neri hubiera sido el director de esta última, para luego ser un alto directivo de la SGAE que contrataba a Microgénesis como proveedor, o que el email con el que se había registrado el dominio de esta empresa fuera la del administrador de la SDAE era, para ellos “extraño”. Comunicaron a la fiscalía una “indudable evidencia” de “malversación” de los recursos económicos de la SGAE.

El origen de las denuncias

Anteriormente a esa denuncia, la primera persona que aireó una sospecha sobre este entramado de relaciones de la SGAE con empresas para gestionar los derechos digitales fue un autor de la casa, Luis Cobo 'Manglis', quien realizó una sonora intervención en una Asamblea de socios en mayo de 2007 que le costó ser expedientado. En ella, hizo preguntas sobre el despilfarro en obras arquitectónicas —el proyecto Arteria— y solicitó que Neri respondiera sobre el “trato de favor” de la SGAE a Microgénesis. Ese día, Neri justificó de esta manera cuál era la relación entre la SGAE, Portal Latino y Microgénesis: “En 2011 el Consejo de SDAE decide que hay que intervenir en internet (...) y se entendía que el brazo armado en internet tenía que ser una organización 'n'. Como en aquella época la creación de la SDAE estaba en riesgo, porque había algunos editores habían llegado a la conclusión de que estaba mal creada o que pudiera hacer competencia desleal, esto se demostró a lo largo del tiempo que no había sido así, Microgénesis vino a crear Portal Latino, pero siempre desde el primer momento se tenía que claro que terminaría siendo de la SDAE”.

Las preocupaciones de Manglis venían de más atrás, de 1999, cuando realizó un trabajo de composición y producción de 28 grabaciones musicales para Neri y Microgénesis, que fueron insertadas en unos deuvedé de vídeos de cocina y en un cd-rom que realizó la SDAE. Este incluía un tutorial sobre cómo acceder al mundo digital, usar un correo electrónico especial para los socios y su propio espacio virtual en una nueva web denominada Portal Latino, sobre la cual la SGAE hizo una potente campaña de promoción. De ese cd-rom se fabricaron 52.000 unidades, según recuerda Manglis, para regalar a los socios y socias. El autor explica a elDiario.es que pactó “verbalmente” una compensación del 30% en derechos por esas obras que nunca vio: “me sentí estafado”, dice. Esto, sumado a un retraso en el cobro de sus derechos de autor, hizo estallar un conflicto con la entidad en el año 2005.

“Estuve años intentando arreglar con José Neri este asunto y, créeme que fue imposible solucionarlo”, asegura Manglis. Tras un acto de conciliación interno, consiguió cobrar una parte de los derechos que reclamaba. Pero la SGAE le abrió un expediente disciplinario por “falta de respeto” y “afán obstruccionista en las asambleas” con una multa de 3.000 euros y una suspensión de cinco años de sus derechos como socio. El músico denunció la injusticia de esa sanción, la Audiencia Provincial le dio la razón y acabó interponiendo una demanda por daños y perjuicios, la cual también le favoreció.

Catorce años después, Manglis reflexiona lo siguiente, en una entrevista realizada antes de que se conociera la sentencia: “Nunca deseé exponer en aquella asamblea lo que averigüé tras el contencioso con José Neri y Microgénesis, y tras el análisis de la copia simple en el Registro Mercantil de la empresa Microgénesis, que no era otra cosa que el tráfico de influencias en el que comprobé que estaba inmerso Neri, la SDAE y Microgénesis, porque sabía que profesionalmente habría una destrucción masiva, tanto para él, como para mí, pero me vi obligado a resolver esa cuestión de mi remuneración”. Cuando intuyó que podría haber un desvío de fondos fraudulentos, que se han resuelto como no probados, el músico sintió que estaba siendo personalmente perjudicado, al no haber cobrado lo que se le debía. Explica también que sintió “impotencia” por “no poder solucionar ese tema económico”, a pesar de que “no era una cantidad importante pero era el pan de mi casa y el fruto de mi trabajo”.

Al respecto de lo que significó la SDAE para los planes de intervención en el mercado digital de la SGAE, el compositor, profesor de la Universidad Europea de Madrid y experto en propiedad intelectual José Sánchez-Sanz, explica que, de esa entidad, no recuerda “nada más que los pleitos y juicios que acarreó”. Para él, lo que fue creado como una sociedad paralela, tenía como objetivo algo similar a la herramienta actual de SGAE denominada “Socios en Línea”. “Recuerdo vagamente que Portal Latino se vendió a bombo y platillo entre las socias y los socios de la entidad. Nos llegaban correos electrónicos, y cartas a nuestros domicilios con muchísimas cosas que, a la hora de la verdad, nunca supe su utilidad. Era una herramienta excesivamente ambiciosa, ya que combinaba el simple registro de obra, con una plataforma para escuchar música, incluso con intenciones de red social. Un 'totum revolutum' que nunca sirvió para nada, ya que en aquel entonces surgían ya iniciativas tecnológicas con apoyos mucho más fuertes, como MySpace, por ejemplo. Fue otra maniobra megalomaníaca de Teddy Bautista, quizá impulsado por el momento de éxito en el que estaba la SGAE, tanto a nivel de recaudación como de repercusión social. Subidos a la ola de lo digital montaron una propuesta que, como tantas que surgieron en ese momento, tenía el recorrido equivalente a la realidad de los objetivos planteados. Los del Portal Latino eran bastante irreales”, explica.

SGAE, única perjudicada

En el largo camino hasta la sentencia absolutoria ha habido otros protagonistas ocultos. Son los autores que decidieron presentarse como acusación particular y que acabaron descolgados. Uno de ellos fue Eme Navarro, un autor que destacó por la defensa de las licencias libres en el restringido entorno de la SGAE. “Se necesitaban socios que nos personáramos para apoyar a Luis [Cobo]”, recuerda en conversación con elDiario.es, “y lo dejamos en manos de [el abogado experto en propiedad intelectual] Javier de la Cueva”. Eran los tiempos anteriores a las actuales plataformas de streaming, un momento dorado para la autogestión en internet, cuando seguía vigente el intercambio de archivos P2P, Napster daba sus últimos coletazos, algunos blogs era más leídos que algunos medios digitales, estaba activa la guerra contra el canon y se cernía la amenaza de cierre de páginas webs que no pagaban a la SGAE.

En ese contexto es en el que Navarro sintió que debía intervenir: “yo me apuntaba a un bombardero”, recuerda. “Lo hice por motivaciones activistas —aclara— porque había un intento constante de censura de la SGAE a la red y a la difusión de la obra”, por lo que sintió que debía luchar “contra el monopolio de la SGAE desde el punto de vista del propio autor, vimos aquella época como una oportunidad de eliminar los intermediarios pero no lo hemos conseguido”.

El pianista y compositor Antonio Prieto también decidió personarse en la causa. En su caso, lo hizo porque se sentía “perjudicado”: “La SGAE me debe dinero”. Afirma Prieto que son “miles de euros” en “derechos con nombre y apellido, de orquestas y bandas de dentro y fuera de España” tanto por ejecución en locales como en televisión. Prieto consideró que si había un presunto dinero malversado de fondos de la SGAE y él no cobraba lo suyo, estaba siendo perjudicado. Al habla con elDiario.es unas semanas antes de conocerse la sentencia, Prieto afirmó que la Audiencia Nacional nunca le comunicó que le expulsaba del procedimiento. Una persona más, junto a Prieto, Navarro y Manglis, formó esta cuadrilla de autores que quisieron participar de este proceso juridíco para darle una dimensión más amplia, sin conseguirlo. Se trata del músico de jazz y fundador del mítico sello Calandria —parte de cuyas ediciones fueron recopiladas por la discográfica Vampisoul, de Munster Records— Antoliano Toldos, fallecido en mayo de 2020. Antoliano fue un socio crítico con la SGAE e incansable hasta el final.  

En el juzgado les dijeron que no podían personarse por separado y que debían ir bajo la misma dirección letrada, por lo que De la Cueva se retiró pronto del proceso, dejándolo en manos de los otros abogados. A la intención de Toldos, Prieto, Navarro y Manglis, se sumó otro autor: Hermes Calabria, batería de Barón Rojo. Los cuatro primeros quedaron descolgados y el único rastro que queda de ellos en la sentencia es que “no dieron cumplimiento a los requisitos de personación exigidos por el Juzgado Central”, pero la acusación de Calabria sí superó la fase de instrucción.

No obstante, al llegar el juicio, la Sala decidió declarar su falta de legitimación por “carecer de la cualidad de perjudicado”, reservándosela exclusivamente a la propia Sociedad General de Autores y Editores. Calabria se había personado para ejercer una acción penal por la posible comisión de un delito societario que finalmente no ha sido objeto de acusación.

“La SGAE ha sido la gran perjudicada de este asunto”, valora Luis Cobo 'Manglis'. “La mala prensa, que ya tenía por aquel tiempo y las guerras y frentes abiertos con toda la sociedad, se multiplicaron cuando aquel día entró la Guardia Civil, y de ahí nunca más se ha levantado”. Para el actual presidente de la entidad, Antonio Onetti, “es una magnífica noticia que después de diez años haya habido una sentencia, porque han sido diez años donde toda la cúpula de la SGAE en 2011 ha estado a disposición judicial, y eso ha sido muy duro para ellos, para la casa y la gestión colectiva”, ha expresado a la agencia Efe. “Es una satisfacción el hecho de comprobar que la justicia aprecia que no haya habido corrupción dentro de su casa”, ha añadido.

Los hechos que ha juzgado la Audiencia Nacional arrojan luz sobre la sospecha que en su día hubo sobre apropiación indebida o administración desleal. Según la sentencia, los órganos de la SGAE estaban al tanto de todos estos movimientos, por lo que son legítimos. Pero estos hechos también permiten viajar en el tiempo al contexto de aquel momento, unos años clave en la explotación de los derechos digitales donde predominaba la tensión entre la gestión de los derechos de autor y la esencia de cultura libre y compartida intrínseca al nacimiento de internet. “Con SDAE se podría haber abierto un buen camino, si se hubiesen hecho las cosas bien, por supuesto”, analiza José Sánchez-Sanz. “Si se hubiese estado pendiente de lo que estaba sucediendo, investigando a fondo las posibilidades y observando las direcciones que tomaban los acontecimientos, ahora mismo la SGAE estaría preparada a enfrentarse al entorno digital con solvencia, tal y como ha sucedido con otras entidades de gestión. Están a tiempo de encontrar una vía, por supuesto, pero que van tarde es la cruda realidad”.

El que fuera presidente del Consejo de Dirección de la SGAE durante 16 años, Teddy Bautista, ha quedado absuelto del delito de desvío de fondos de la entidad en un juicio celebrado en la Audiencia Nacional entre octubre y diciembre del pasado año. Los otros nueve acusados también han sido absueltos. Entre ellos se encuentra José Luis Rodríguez Neri, director general de la SDAE, una sociedad creada para ofrecer servicios que facilitaran la difusión en internet de los autores de la SGAE, con el objetivo ulterior de fomentar la recaudación de derechos digitales. Las denuncias que dieron pie a la investigación, y que fueron interpuestas hace catorce años, señalaban que había habido un presunto desvío de fondos de la SGAE a varias empresas controladas por el entorno de Rodríguez Neri, como la sociedad Microgénesis (que dirigía su esposa, la también acusada María Antonio García Pombo, cuando él abandonó ese puesto al entrar en la Junta Directiva de la SGAE en el año 2000).

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba penas que iban desde los dos años a los doce años y medio de cárcel por delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad de documento mercantil y asociación ilícita.

En la sentencia, la Sección Segunda de la Sala Penal afirma que las decisiones de contratación entre Microgénesis, la SGAE y la SDAE eran conocidas por la entidad, estaban aprobadas en los presupuestos, la SGAE era beneficiaria de ellos y se trataba de productos “absolutamente imprescindibles para el correcto funcionamiento de la SGAE”. La Sala tampoco encuentra apropiación indebida pues “los fondos de las SGAE, transferidos a la SDAE, se utilizaron para la adquisición y pago de los servicios acordados” y que esos servicios se prestaron “bajo unos precios usuales de mercado”. Mediante estas contrataciones, SGAE contó con una serie de productos, como Teseo o la web Portal Latino que, según la sentencia “eran básicos para la gestión de la Sociedad y la promoción del repertorio”.

El escrito recalca que tanto Bautista como Neri no se extralimitaron en sus facultades e informaron a los Consejeros y los órganos competentes de sus actuaciones. De hecho, la propia SGAE ya había retirado primero la acusación penal y después la civil al no sentirse perjudicada por estos hechos. Y “si no hay perjuicio, no hay delito”, dice la sentencia.

Respecto a los otros dos delitos de los que se les ocusaba, el de falsedad documental, tampoco se ha probado ninguna relativa a los registros contables ni de las empresas ni de la Sociedad. Aunque el Tribunal sí ha observado la falsedad (ha sido “burdamente falsificada”, dice el escrito) de un acta aportada por la SGAE en el juzgado de una reunión del Consejo de Administración de la SDAE, que la Fiscalía utilizó como prueba y sobre la que basó su tesis acusatoria. Este acta pretendía probar una “confabulación” entre SGAE, SDAE y Microgénesis.

En cuanto al último delito, asociación ilícita, decae por falta de prueba, entendiendo el tribunal que era más “una fórmula de estilo que un contenido material” de la acusación pública hacia Rodríguez Neri y siete acusados más, algunos de ellos miembros de su familia.

La Audiencia Nacional ha absuelto al músico y expresidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores (SGAE) Teddy Bautista por la causa denominada como “operación Gran Vía”, en la que se investigaba un presunto delito de administración desleal por la compra de los teatros Lope de Vega y Coliseum, en Madrid. La sentencia, que ha sido adelantada por el periódico ABC, descarta que se haya producido “mala fe” o engaño.

Se trata de una pieza separada del caso Arteria (en el que se investiga un delito de administración fraudulenta) y que aún está pendiente de sentencia y por el que la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión y que se indemnice a la SGAE con 30 millones.

La sentencia conocida este sábado se remonta al año 2009, cuando Bautista sometió a votación del patronato de la Fundación Autor la compra de los dos teatros sin aportar documentación sobre su tasación. Sin embargo, las escrituras se firmaron ese mes “y absolutamente nadie lo impugnó”, recoge el juez.

Según la información de ABC, la sentencia concluye que los patronos tenían una “cultura medio- alta” y que no son “indocumentados” por lo que descarta que se haya producido engaño al resultar que no se trataba de un edificio protegido y que no sería cierto que solo con los contratos de de explotación en vigor, más lo que se obtendría de los alquileres de los locales y apartamentos, se podría cubrir el préstamo hipotecario.

“Ninguno de los promotores asistentes a la reunión del patronato manifestó en juicio de forma patente haberse visto engañado por la exposición del acusado”, señala el juez. Además, añade que resulta “poco comprensible” que ningún patrono “se opusiera de forma radical y terminante” a aprobar sin dichos documentos (de tasación, plan de negocio o auditoría) la operación de compra de los teatros.

Así mismo, el juez no aprecia que se haya podido producir administración desleal ya que “ni si quiera en los escritos de acusación se alega que obtuviese beneficio alguno” y tampoco cree que el expresidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores propusiera la compra de los teatros Lope de Vega y Coliseum para perjudicar porque sí a la Fundación.

El juez, además, considera que los hechos están prescritos.

La Fiscalía ha pedido 4 años de prisión para el expresidente del Consejo de Dirección de la Sociedad General de Autores Teddy Bautista por considerarle autor de un delito de administración fraudulenta, y que indemnice a la Fundación SGAE con cerca de 30 millones de euros.

De acuerdo al escrito de acusación, Arteria, antes Iberautor, fue un paso más en la compleja estructura societaria que Bautista promovió desde su presidencia en la SGAE. Desde esta sociedad se realizaron inversiones por encima de los 259 millones de euros dentro y fuera de España, especialmente en la compra de teatros.

“No obstante la diversidad de entidades involucradas en el 'Proyecto ARTERIA', el acusado, con su posición preponderante en todas ellas, que no suponía más que una extensión de sus enormes prerrogativas en todas y cada una de las que conformaban el llamado 'Grupo SGAE', evitó la creación de una auténtica estructura directiva ordenada y funcionalmente responsabilizada”, dice Anticorrupción.

Considera que esto “desembocó, como ya sucedía en el resto de la organización, en una concentración y falta de rigor de las decisiones meramente personalistas que acometió y que le eran sometidas a su criterio de forma asistemática por quienes por él fueron situados en diversos órganos y comités con supuesta participación en el 'Proyecto'”.

La Fiscalía ya solicitó en septiembre de 2017 un total de 7 años de cárcel para Bautista y de 12 años y medio para su socio José Luis Rodríguez Neri por el fraude cometido en la SGAE en la pieza principal del caso.

El año 1978 pasará a la historia como el año de los tres papas. El cónclave cardenalicio se vio condenado a un verano de humo tras la muerte de Pablo VI. Su sucesor –Albino Luciani– moriría poco después. La brevedad de su papado levantaría sospechas que, años más tarde, el director Francis Ford Coppola convirtió en certezas. Aparecerán en la última entrega de El Padrino.

Con el nuevo papa –de nombre secular Karol Wojtyła– se empezaba a vislumbrar la llegada de una época difícil para las clases más desfavorecidas. No era casualidad. La religión católica, una vez más, no iba a perder la oportunidad de bendecir al verdugo. La Iglesia, como institución de hegemonía, bendecirá las políticas reaccionarias de Thatcher y Reagan. De esta manera, el nuevo papa Wojtyła formará parte de la Santísima Trinidad que dominó la década de los ochenta. Poca gente se dio cuenta entonces de la gravedad de los tiempos que empezaban a oscurecer el horizonte del Estado de Bienestar.

Así andaban las cosas por el mundo en aquel verano de 1978, mientras en España todavía andábamos buscando nuestra memoria perdida. Nos la habían escondido en un lugar tan recóndito que tardaríamos mucho tiempo en recuperarla. Los mismos años que median desde aquel verano de humo hasta la primavera del año 2011, cuando nos dio por salir a la calle, dispuestos a rastrear incógnitas, buscando de qué preguntas era respuesta nuestro presente. Algunas veces, habíamos estado tan cerca de saberlo que ahora parece mentira que no nos diéramos cuenta de su proximidad. Una de esas veces tuvo fecha. Ocurrió el 22 de septiembre de 1978, cuando se celebró un concierto histórico en Madrid bautizado como “Rocktiembre”.

El festival tuvo lugar en la plaza de toros de Vista Alegre, en los Carabancheles. Iba a ser la primera vez que los melenudos gestionaban un concierto para recaudar fondos destinados al incipiente sindicato de músicos de Madrid. En el cartel del festival figuraban los grupos del llamado “Rrollo”, sí, con doble erre. Músicos con pelos largos y pinta jipiosa que habían formado conjuntos de nombre tan contundente como Topo, Coz, Cucharada o Leño. La conciencia de clase se expresaba con rabia en cada una de sus canciones, letras que iban desde la denuncia social de Cucharada al descaro de Rosendo, al frente de Leño, escupiendo verdades: “Es una mierda, este Madrid... que ni las ratas pueden vivir”. Por decirlo de manera política, los grupos del “Rrollo” mantenían una relación orgánica con la calle, con el barrio y con sus gentes. De ahí que cada uno de sus conciertos se llenase de público. Luego estaban los otros, los que poco o nada tienen que ver con la lucha social y que, más que apoyar el evento, lo utilizaron como trampolín para abrirse camino al otro lado de la trinchera, en el obsceno pasillo que lleva a los despachos ejecutivos de la administración de derechos de autor.

Juan Márquez –en aquel momento bajista del grupo Mad– acabaría trabajando para las editoras musicales multinacionales y, por decir no quede, Teddy Bautista ya andaba dentro del palacio de Longoria, abriéndose camino entre el viejo cónclave, dispuesto a ser lo más cercano a un ministro en las sombras bendecido por los partidos dinásticos. En resumidas cuentas, Teddy Bautista ya estaba acabado cuando subió al escenario de Vista Alegre para llenarlo todo con el hastío de sus teclas. Se puso a hacer música al estilo de Emerson, Lake&Palmer, pero sin Emerson, Lake&Palmer; no sé si me explico.

Hay quienes aseguran que fue Juan Márquez el que impulsó el concierto, aunque hay también gente que dice que fue Armando de Castro, guitarrista de Coz que luego formaría parte de una banda que pudo haber sido mucho más de lo fue, si no hubiese sido por él mismo. Sí. Barón Rojo. Pero de lo que no cabe la duda es de que Teddy Bautista movió los hilos y puso a disposición del evento toda la infraestructura necesaria para que arrancase. Luego estaba Vicente “Mariskal” Romero, activista de energía desbordada que consiguió dar forma de disco al concierto. Con el título “Nos va la marcha” saldría un doble vinilo, grabado en directo. También una película; la primera de rock español. En ella, no sólo podemos ver a los grupos actuar, sino también una entrevista a Teddy Bautista que resulta reveladora. Sus palabras anuncian la trayectoria de un hombre que va ser protagonista cultural de nuestra Transición. “Estas cosas cuando empiezan –dice Bautista en la película– no hay quien las pare. Hay cosas de este tipo que han empezado con menos posibilidades, e incluso han sido asimiladas por el sistema. A mí no me importa en absoluto que el sistema me asimile, siempre y cuando el sistema me permita crear con un mínimo de libertad”.

Décadas después de aparecer en el documental, Teddy perdería la libertad. También perdería la impunidad. Había caído. El día 3 de julio del año 2011, los periódicos daban la noticia en primera. Las fotografías reflejaban a un hombre con todo el aspecto de haber sido paseado por la tabla de un barco pirata. “Toda realidad que se ignora, prepara su venganza”, dejó dicho Ortega en uno de sus párrafos. Teddy Bautista había ignorado la sentencia del filósofo. No se la supo aplicar. Porque cuando una persona se deja asimilar por el sistema, se está dejando comprar por el sistema. No hay otra forma, y en el precio va incluida la fecha de la venganza. Esa es la realidad.

Siguiendo los movimientos de las piezas que componen el engranaje, no está de más observar que se dan casualidades que resultan muy sospechosas. Sin ir más lejos, la entrada en prisión de Teddy Bautista coincidió con el momento en que recuperamos la memoria. Porque durante el verano del 2011 tuvimos la certeza de que algo estaba cambiando. Con Teddy Bautista preso, se derrumbaba la hegemonía cultural de todos aquellos, y todas aquellas, que ostentaban el protagonismo del relato de la Transición. Ya no nos representaban, ni los políticos ni tampoco los que se entregaban al Capital en nombre de la izquierda, por mucho que llamasen a las puertas de La Muralla: “Pum, pum, quién es... una rosa y un clavel...abre la muralla”

El 15M y la entrada en prisión de Teddy Bautista fueron cosas que vinieron juntas. Pero nadie consiguió identificar ambos hechos. Desde el Canal Único de Información –por decirlo a la manera de Vázquez Montalbán– se dedicaron a poner banda sonora al cadáver político del hombre que, desde las sombras, movió los hilos de la música de nuestra Transición. Hubo unanimidad. La canción a elegir para tan significativo momento no era otra que la más conocida de los Canarios, la de Get on your knees baby and pray, pray, pray for your love; una canción vital y pegadiza con alma de soul y con un título que, trasladado al castellano, resulta castigador: “Ponte de rodillas”.

Sin duda alguna, hubiese quedado mejor un tema hastiado de los que Bautista tocó posteriormente, llevado por un complejo de Vivaldi rockero. Cualquiera de los temas que hizo en Vista Alegre para despedir aquel verano de humo, hubiese sido más adecuado. Ya puestos, qué mejor que el titulado: “Si no te ríes de tu propio culo acabarás tomándotelo en serio”.

Teddy Bautista no regresará a la Junta Directiva de la SGAE. Quien fuera presidente del Consejo de Dirección entre 1995 y 2011 no obtuvo los votos necesarios dentro del Colegio de Pequeño Derecho (músicos) por el que se presentaba. Sin embargo, su fracaso no cambia la sensación que ha quedado en numerosos socios después de estos comicios. Como resumió Antonio Meliveo, del Colegio de Audiovisuales, a eldiario.es, “vamos a una junta más conflictiva todavía”. Patacho Recio, del grupo de socios que ha promovido la abstención, tampoco estaba contento: “Aquí no ha triunfado nadie”, señaló a este periódico poco después de conocer los resultados.

Las elecciones celebradas este 26 de octubre para elegir a los 35 miembros de la Junta Directiva llegaron en un clima de bastante tensión interna. Tres bandos tensaban las cuerdas. Por un lado, quienes han estado más o menos cerca de Bautista y no han criticado el escándalo de la rueda de las televisiones (música en horario nocturno), por otro, los candidatos alternativos, en su mayoría cineastas, contrarios a la rueda, y por último, los músicos que promovieron la abstención.

Estos últimos, entre los que se encuentran Patacho, Amaro Ferreiro, Jota de Los Planetas o Jorge Ilegales, han triunfado en gran parte porque la participación fue mínima: 1.373 socios votaron de los 18.970 llamados al voto, lo que supone un 7,25% del total. En 2015 votaron 2.582 socios, lo que supuso una participación del 11,85% de los 21.778 socios con derecho a voto.

Regusto amargo entre los abstencionistas

No obstante, para Patacho, “aunque es verdad que se han cumplido nuestros pronósticos” el regusto es amargo. “En Pequeño Derecho y los Editores lo que ha entrado es rueda”, recalcó. De hecho, en Pequeño Derecho han entrado nombres como Josemi Carmona o José Ángel Hevia. Ayer, después de votar, Juan Carmona lo dejaba muy claro a eldiario.es: “Hoy tenemos que votar porque tenemos que sacar esto adelante. Nos hemos dedicado a pelearnos. Se han dedicado a hablar de la rueda, pero ¿tendrá que ser un juez quien diga algo, no?”.

Por este motivo, Patacho insistió en que “vamos a valorar si merece la pena impugnar las elecciones, porque se han cometido anomalías como la de no permitir el voto electrónico”, y manifestó que, al margen de esperar la reacción del Ministerio de Cultura con respecto a la intervención de la SGAE, “vamos a seguir trabajando en la retirada del repertorio y la creación de una nueva entidad”.

Los Audiovisuales critican la abstención

Para los miembros del Colegio de Audiovisuales (cineastas, compositores audiovisuales) y Gran Derecho (dramaturgos, coreógrafos) los resultados tampoco gustaron del todo. Entraron en la nueva Junta Antonio Onetti, Antonio Meliveo, Fermín Cabal, Maria Pagés y Yolanda García Serrano, entre otros artistas, pero tampoco había demasiadas alegrías. Su principal desencanto estribó en la baja participación. “Con la abstención que ha habido estamos más solos que antes. Esa llamada a no votar ha hecho que la oposición a la rueda se debilite”, apuntó Meliveo.

De hecho, en la jornada de este viernes entre estos socios no había mucho entusiasmo. Un compositor que no quiso dar su nombre, y que fue a votar “porque hace falta renovar la SGAE”, insistió en que “la rueda es un cáncer y mientras no se saque su estirpe la institución estará mal gobernada”. Otros directamente señalaron que, aunque preferían votar, “aquí no va a cambiar nada hasta que no metan en la cárcel a los que están aquí dentro”.

Antonio Onetti fue algo más conciliador: “La participación ha sido muy baja, pero eso es un mensaje claro de los socios de que hay que buscar un entendimiento en la Junta que se ha perdido”. Para el guionista es un buen síntoma que la Junta Directiva se haya renovado en un 90%, ya que “es una oportunidad para recuperar un entendimiento entre los distintos colegios”. De hecho, con respecto a la rueda, Onetti resaltó que “es una realidad que existe en toda Europa, pero regulada y con unos parámetros razonables. Los músicos tienen que entender que los audiovisuales no podemos ser aplastados y nosotros tenemos que entender que la música nocturna no va a desaparecer”.

El próximo mes de noviembre se elegirá al nuevo presidente de la SGAE entre los distintos miembros de la Junta Directiva. Aunque no estará Bautista, ésta vuelve a estar dividida y con un gran peso de los músicos defensores de la rueda, que son los que más opciones tienen para salir como presidente (Hevia y Josemi Carmona estuvieron entre los más votados). Según Onetti, “vamos a una SGAE menos presidencialista, con más peso técnico y de los colegios”.

Pero aún queda por ver qué hará el Ministerio de Cultura, que se ha dado de plazo hasta el 27 de diciembre, para una posible intervención. Y también qué harán los músicos abstencionistas, puesto que como advirtió Patacho, “nosotros no legitimamos estos resultados, por lo que no les vamos a aprobar los estatutos”. La crisis continúa.

Teddy Bautista vuelve a la SGAE, la entidad de gestión de derechos de autor de la que quizá nunca se marchó. Se presenta a las elecciones para la Junta Directiva que se celebrarán el próximo 26 de octubre con la pretensión de volver a cambiar los estatutos. Bautista tiene aún causas pendientes desde aquel 1 de julio de 2011 en el que fue detenido por el caso SAGA.

Continúa imputado por apropiación indebida y administración desleal y a la espera de un juicio que todavía no tiene fecha. Pero ahora Bautista quiere hablar, dejar de estar en silencio y dar su versión de lo que ocurrió aquellos días.

¿Por qué se presenta ahora?

Es cuando se han convocado las elecciones. Y coincide con que después de siete años de guardar silencio respetuoso estoy legitimado para hablar. La teoría de la espiral del silencio expresa cómo funciona el entorno a tu alrededor y yo lo rompo porque no quiero que la espiral me lleve al vórtice. En la SGAE hay una situación insólita: es objetivo de múltiples ataques que vuelven muy vulnerable a una organización que tiene casi 120 años. Ha pesado mucho que yo soy autor de casi mil títulos y esa condición te hace sentirte responsable.

Pero usted dejó muy tocada la imagen de la entidad… Hay mucha gente que desconfía de la SGAE.

Esa imagen es anterior a los autos del 1 de julio de 2011. Viene de cuando la SGAE lucha, porque es su obligación legítima, por la remuneración por copia privada. Y en ese momento se movilizan unos sectores, algunos agrupados como la Asociación de Internautas y la Asociación de Víctimas del canon, junto a  intermediarios necesarios que son los medios, y que también coinciden con un sector empresarial que son usuarios del repertorio de la SGAE. Uno de estos estaba conformado por todas las grandes tecnológicas más las empresas de comunicación, que constituían un lobby muy poderoso con una fuerza de inversión publicitaria superior a los 500 millones anuales. Ante eso, nosotros nos tuvimos que defender como pudimos.

En aquella época se estaba produciendo un cambio de paradigma en los hábitos de consumo de los productos culturales. ¿No entendió la SGAE ese cambio?

Se entendió perfectamente. Fuimos los primeros en empezar a trabajar con código abierto, en trabajar con Big Data y en crear el concepto de los metadatos. Usted me pregunta si nos cogió con el pie cambiado y yo cuestiono la mayor. Éramos parte del cambio, pero nuestro cambio no fue percibido.

En aquel tiempo  usted hizo declaraciones como ‘bajarse música es como robar un jersey’.

No dije eso, pero pude haber dicho algo parecido. A mí no me interesaba asociar que bajarse una canción era un acto similar al de llevarse un libro de una librería porque el libro es un objeto físico y la música era digital, está flotando en la nube. Pero ese movimiento de descargarlo era el incentivo que las compañías de comunicación utilizaron para vender la banda ancha.  Eso coincidió con una campaña de cultura gratis  que fue profusamente asumida por determinados sectores y saludada con mucha alegría por mucha gente.  Nosotros lo que decíamos es que si hay que pagar una suscripción, si ahí hay una cadena de valor añadido, ¿dónde está la parte del autor?

Eso me lleva al famoso canon digital, que finalmente fue abolido. ¿Qué piensa de que la recaudación fuera desde el Estado a través de los Presupuestos?

Aquello fue un absoluto disparate. No se le puede hacer pagar a las arcas públicas lo que es un uso individual. No todo el mundo se baja música ni películas. Y nosotros lo denunciamos en la Corte Suprema de Luxemburgo y nos dieron la razón. Lo que ha pasado aquí es lo que los americanos dicen ‘follow the money’. ¿Quién se ha beneficiado después de todo este tiempo de que desapareciera la copia privada?  ¿Quién se ha beenficiado de que la SGAE se debilitara como organización? Pues toda esa industria que gira alrededor de los productos culturales que han dejado de pagar en todos estos años unos mil millones de euros.

¿Está hablando de una conspiración, de una caza de brujas?

Yo creo que fue una caza de ciervos. Nosotros trabajábamos con un cierto toque de ingenuidad. Vivíamos en la comunidad de países europeos y en algunos estos derechos son defendidos por el Estado, porque esta es una cuestión de Estado. La cultura no es una cuestión partidista, ni de socialistas, ni del PP.

Una cuestión que se destapó después fue el asunto de la rueda de las televisiones, que está ahora también en proceso judicial.  ¿Usted cómo se posiciona?

Habido un momento en el que si querías ver a Enrique Morente, Nacha Pop, Chano Dominguez o Jorge Pardo tenías que irte a esa franja horaria porque el resto de la programación estaba ocupada por tertulias, la Voz u Operación triunfo, donde no vas a ver precisamente la música sublime que se hace en nuestro país. Por tanto es un tema en el que hay que descender a los datos numéricos y después podemos cualificar y cuantificar qué daño produce eso. Pero es un tema judicializado y lo más prudente es esperar a ver qué dice el juez competente porque me puedo tirar al agua.

Hablando de procesos judiciales, usted se enfrenta a siete años por apropiación indebida y seis por administración desleal. ¿Qué espera del juicio?

Yo me siento optimista porque hasta ahora las sentencias me han sido favorables. Tengo que seguir confiando en la Justicia. Y sigo confiando hoy igual que hace siete años, porque ingenuamente pensé que había habido una denuncia formulada por la Asociación de Internautas, la Asociación de Víctimas del canon y un abogado catalán que se llamaba Josep Jover, pero estos tres no están ahora mismo personados en la causa. Y si era algo que tanto les preocupaba no sé por qué no siguen sustanciando su denuncia. Muchas veces le echamos la culpa al sistema judicial, pero el sistema lo que hace es aplicar las leyes que las hace el legislativo, no los jueces. Lo que he visto es la precariedad de medios que tiene el sistema judicial español. Si en los Presupuestos hace diez años les hubieran dado más recursos a la justicia para que se informatizara, trabajen en la arquitectura de blockchain, hace tiempo que nosotros estaríamos juzgados y creo que exculpados porque hemos hecho un trabajo muy serio de peritación.  Pero la justicia que necesita ocho o nueve años para liberar a una persona de la carga de la culpa es una justicia incompleta.

¿Qué recuerda del 1 de julio de 2011?

Lo tengo todo muy presente porque lo tengo escrito. Cuando termine esta parte lo primero que voy a hacer es publicar un libro. Aquel día me levanté temprano porque el día anterior hubo elecciones. De madrugada me habían dado el recuento y había ganado una opción que era la que a mí más me gustaba. La mala noticia es que había fallecido Antonio delgado, el gran experto en propiedad intelectual, redactor de la LPI de 1986. Entonces fui a la Sociedad y me extrañó ver aparcadas las furgonetas de las televisiones con las parabólicas y pensé que se quería dar información sobre las elecciones y después me fui al tanatorio. Y cuando llego me dice el secretario general que la policía estaba saltando por las verjas de la Sociedad. Y me volví.

Cuando llegué me estaba esperando la secretaria judicial, el mando de la UCO y  me leyeron el acta judicial. Recuerdo que la secretaria menciona en su lectura que hay una denuncia porque hay un desfalco de 400 millones de euros. Y yo pensé: ‘esto es una cámara oculta’. 400 millones era lo que queríamos llegar de recaudación en 2012. Y nosotros repartimos cuatro veces al año por lo que no podemos acumular esos 400 millones que estaban buscando. Llamé a los directores y les dije que abrieran a la UCO todo lo que tuvieran interés en ver y que quedara claro que estábamos colaborando desde el primer minuto. Y el resto del día lo pasé en mi despacho leyendo papeles, y de vez en cuando entraba uno de los mandos que estaba al frente de la operación.  Después tuve una sensación de alivio cuando veo que la policía se lleva lo que cree conveniente. Y pienso que ojalá se lleven todo lo que les permita comprobar si las denuncias son ciertas o no.

Pero usted tiene una acusación de apropiación indebida, ¿usted no tenía conocimiento…?

Yo tengo una acusación de apropiación indebida, pero nadie ha podido demostrar un incremento patrimonial de mi estatus, con lo cual queremos que llegue la vista oral cuanto antes para que nuestros abogados expongan el conjunto de datos. Pero hay una máxima en el mundo de la abogacía que es ‘la denuncia es la condena’.

Se siente ya juzgado por la sociedad.

Yo creo que en cierta medida eso da en el centro de la diana. Se había trasladado a la opinión pública, cosa que está pasando también ahora, una imagen tan tremenda, tan mala de la Sociedad que al final la opinión pública la hace suya. Este es un país que crea la opinión de arriba abajo, es todavía desde las editoriales de los medios, desde los programas de debate… Y yo creo que los jueces, fiscales y magistrados, sean de un rango y de otro, son parte de la sociedad civil y se ven afectados por ese estado de opinión.

Pero también hubo otros escándalos como el uso indebido de las tarjetas de la SGAE. La fiscalía acusó a Pedro Farré,  exdirector del Gabinete de Presidencia y relaciones corporativas de la Sociedad General de Autores (SGAE) por gastarse casi 40.000 euros en servicios de prostitución con la tarjeta Visa del organismo. Por cierto, ¿se ha leído su libro?

Sí, sí, lo he leído. Yo creo que ahí Pedro deja en ascuas, porque lo más importante no lo dice. Pedro era el que estaba encargado de luchar contra la piratería y vivió muchas circunstancias tremendas. Echo de menos que no cuente esa parte, que creía que era la que iba a contar. Po otro lado está bien…

Ya, pero está el uso indebido de las tarjetas…¿Usted no estaba al tanto?

No, no. Bastante tenía yo con garantizar que yo usaba la mía de la forma más correcta posible. Para eso hay una auditoria, un director general… pero es que si una persona hace un uso inadecuado de la tarjeta es imposible detectarlo…

Pero usted era el máximo responsable de la entidad…

Sí, pero el máximo responsable no precisamente de esos temas y operaciones. Era el responsable de los órganos de gobierno y establecer la estrategia. Hay una confusión. Yo ahora mismo estoy concurriendo a unas elecciones donde se elige a una junta directiva que nombra a un presidente. Pero yo nunca he sido presidente de la SGAE sino del Consejo de Dirección, que es como confundir al presidente del Gobierno con el rey, el jefe del Estado. Yo no podía presidir la Asamblea ni la Junta Directiva. Yo presidía el órgano que llevaba a cabo la trazabilidad de la gestión de la SGAE y tenía que dar cuenta a la Junta Directiva, cada tres meses presentaba un informe sobre cómo iba tal departamento, tal línea…  Yo era el CEO. En el libro que saldrá a la luz en su momento, si vivo hasta entonces [toca la mesa] y si no lo sacarán mis hijos, pero sí que entro en esta intrahistoria.

¿Una confesión?

No, yo ya he confesado todo al fiscal, al juez… No me he guardado nada porque no tenía nada que guardarme.

¿Cómo está la situación económica de la SGAE ahora?

En los dos últimos años ha experimentado una mejora sensible en lo que llamamos puesta a punto de la maquinaria. Y eso se traduce en que la facturación y recaudación ha aumentado y eso hace aumentar el reparto. La Sociedad atraviesa un momento muy difícil porque tiene al estamento judicial con causas pendientes, tiene al ejecutivo con apercibimientos a través del Ministerio y por otro lado tiene al legislativo, donde curiosamente los cuatro partidos se ponen de acuerdo para reformar la LPI. Por eso yo en mi mensaje a los socios sintetizo tres objetivos: cambiar los estatutos y adaptarlos a la Directiva Europea de Propiedad Intelectual, segundo, un equipo de dirección profesional e independiente y de una transparencia garantizada en un rango de edad que permita apostar por una década de crecimiento. Y tercero: tenemos que ser conscientes de que estas obras nuestras que se digitalizan ya no son datos sino metadatos. Tenemos que incorporar arquitectura de blockchain.

Habla del apercibimiento de Cultura, que podría llevar a una intervención. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias para la SGAE?

Para eso tiene que haber un juez. El Ministerio no puede intervenir. El juez ordenará la intervención  o no. Y yo tengo mis dudas al respecto. El 4 o 5 de julio de 2011 yo le dije al director de industrias culturales que el Ministerio tenía que intervenir la SGAE. Le sugerí cuatro interventores generales del Estado que entrasen y se situasen en las cuatro puntas del conflicto: SDAE,  SGAE, Fundación Autor y Arteria. Y estos interventores tendrían  carta blanca para que levantaran todas las alfombras. Pero la ministra Ángeles González-Sinde dijo que el Ministerio no podía intervenir a la SGAE. La entidad es una entidad privada y como tal el Ministerio no podía intervenirla sin orden judicial.

¿Entonces ahora cree que hay injerencia por parte del Ministerio?

Yo no lo llamaría injerencia, sino un cierto exceso de celo. Es un territorio que le es propio, pero hay un cierto celo o una desconfianza en pensar que los autores no somos lo suficientemente  capaces de arreglar nuestros propios problemas.

El Ministerio ha hecho ese apercibimiento, entre otras cosas, por el voto electrónico. La Directiva Europea de entidades de gestión de derechos habla de la posibilidad del voto electrónico. ¿Usted no está de acuerdo?

La Directiva no dice que haya que votar electrónicamente sino que las sociedades pondrán la información al acceso de la forma más fácil para los miembros de la sociedad, pero no se refiere a votar en unas elecciones sino que yo tengo derecho a saber cómo se explota mi repertorio. Es un derecho unilateral no multilateral. Cuando Anton Reixa ocupa la presidencia en el cambio de estatutos que promueve habla del voto electrónico pero no dice en dónde se puede usar ni tiene el desarrollo reglamentario, porque el voto electrónico es legítimo si hay una identificación biométrica. Si nosotros tuviéramos un sistema de identificación biométrica estoy segura de que no solo la SAGE tendrá voto electrónica, pero ahora no hay ninguna Sociedad [de gestión] en el mundo que tenga instalada el voto electrónico. Pedirnos que instauremos el voto como uno de los movimientos de intervención del ministerio es exceso de celo.

Otra de las cuestiones que se abordan es que el voto en la SGAE es ponderado, es decir, no es una persona, un voto. No parece lo más democrático.

A mí me gustaría cambiar también el accionariado del banco Santander. Es decir, que me den los mismos votos que a cualquiera de los ricachones que tienen un millón de acciones. La SGAE no es una entidad igualitaria o encargada de descrestar estos picos que se producen en el devenir del éxito de las obras. Oiga, que Alejandro Sanz recauda mucho será porque la gente paga más y mejor por escuchar las obras de Alejandro Sanz, Pablo Alborán o el maestro Rodrigo que de un grupo que acaba de empezar o que no está en la actualidad candente. Yo lo del voto único o igualitario me parece que nos colocaría en una situación clara de desventaja con respecto a las otras sociedades del mundo.

En 2005 usted se definió en una entrevista como marxista. ¿Se define así todavía?

Me definía como un marxista en fase de descomprensión anarquista parafraseando a Manuel Vázquez Montalbán. Si no estoy en el anarquismo es porque no creo que me admitan dados mis antecedentes… Yo soy un librepensador, simplemente. Antifascista, partidario de todos los movimientos que propicien la igualdad y la tolerancia, partidario absolutamente del papel que tiene que jugar la mujer en la sociedad y puede haber mecanismos que parece que fuerzan, pero es el camino para que las cuotas sean más… Por ejemplo, en la SGAE en 104 candidatos hay seis o siete mujeres… Eso es terrible.

Cuando usted estuvo tampoco había muchas.

Bueno, cuando yo estuve tuvimos a una presidenta por primera vez en la historia que fue Ana Diosdado. Y estaban Cristina Rosenvinge, Maite Martín, y también estuvieron Pilar Miró, Icíar Bollaín, Rosa León. Y creo que debería haber muchas más. Pero como le decía yo soy un músico y de pensamiento político librepensador con tendencia al descreimiento. Son ya muchos años de haber vivido.

Teddy Bautista vuelve a la SGAE. Después de salir de la entidad de derechos de autor en aquellos infaustos días de julio de 2011 de la Operación Saga, en la que fue detenido y que acabó con su reinado de 34 años, regresa porque ha sido premiado. La asociación Musicaem, que engloba a autores de música para televisión, le concederá este jueves el Premio de Honor por su trayectoria musical en unos galardones que ellos mismos crearon el año pasado –premios Apolo- y que serán entregados en la sala Manuel de Falla de la Sociedad General de Autores.

La entidad se ha desentendido de estos galardones, de este premio a Bautista y de la propia Musicaem. Sin embargo, la imagen de Bautista relacionada con una asociación en la que algunos de sus miembros forman parte de la ejecutiva de la SGAE , y que además, defendieron en junio del pasado año la famosa rueda de las televisiones por las que hubo hasta 18 detenidos –el juez Ismael Moreno amplió el número de investigados a 33 en octubre-, no es muy halagüeña. Bautista se enfrenta en estos momentos a siete años de cárcel tras la apertura del juicio oral por el caso SGAE, en el que se le investiga por desvío de fondos.

Musicaem, según indica en su propia web, ya que no hay más información al respecto y tampoco se facilita ningún número de teléfono y no ha sido posible establecer contacto con ellos, es una asociación independiente presentada a principios de 2014, tal y como señalan en su blog. Se definen como “una plataforma creada desde la necesidad urgente de reaccionar ante la alarmante fractura y división del Colegio de Pequeño Derecho y, en general, de todos los autores de música”, debido a las “descargas ilegales, salas de conciertos y estudios de grabación que se ven obligadas a cerrar, contratos editoriales de por vida, el injusto IVA cultural, la crisis económica, y sobre todo el desprestigio que desde hace algunos años sufrimos a consecuencia de la lamentable imagen proyectada por los escándalos continuos de los administradores de SGAE. Desprestigio del cual se benefician otros colectivos sin ningún tipo de escrúpulo”. Un desprestigio que poco parecen relacionar con los años de Bautista.

En su junta directiva figuran nombres como el compositor sinfónico y de audiovisuales, Carlos Duque (presidente), el autor y compositor Juan Fernández de Valderrama (vicepresidente), y el compositor Juan Carmona (secretario). Este último también está en la directiva de la SGAE, como la hermana de Fernández de Valderrama, Mónica, con la que formó el grupo musical Materia Prima. Tanto Duque como Carmona defendieron la famosa rueda de las televisiones, ya que, según ellos, servía para que muchos compositores pudieran ganarse la vida y que no siempre fueran las multinacionales de música las grandes beneficiadas. Juan Fernández de Valderrama es, además, uno de los investigados por este asunto.

La polémica rueda de las televisiones

La polémica de la rueda saltó en 2013 denunciada por quien fuera el presidente entonces de la SGAE, Antón Reixa. Según explicó el líder de Os resentidos y volvió a señalar en una entrevista realizada por eldiario.es en junio de este año, cuando la policía nacional entró en la entidad como parte de la investigación, la rueda consistía en un complejo entramado por el cual una serie de intermediarios producían minutos musicales que vendían a las televisiones. Estos intermediarios cedían a la editorial de cada cadena el 50% de lo que se llama el derecho editorial y del otro 50%, que habitualmente va para el autor, una parte se lo quedaban ellos mismos y lo registraban a su nombre. Era música que se emitía en horarios de madrugada y que podía generar beneficios para estos autores mucho más altos que los que obtenían cantantes más exitosos. El asunto del fraude estribaba en que, según la investigación, esta música creada para las franjas de madrugada consistía en pequeños arreglos a las sinfonías más conocidas, incluso temas clásicos sin derechos de autor, que se registraban como nuevas para generar derechos. Y aquello, según Reixa, podría haber movido hasta 50 millones de euros destinados a unos pocos autores que se beneficiaban de ello.

En julio, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual dictó un laudo para regular esta rueda y que fijaba un límite en los derechos de autor que se repartían a partir de la música emitida en la franja nocturna.

Sin embargo, el asunto es uno de los que más escuece todavía en la entidad, puesto que ha abierto bandos y disputas entre los que sostienen que discrimina a unos autores y los que manifiestan que acabar con ella sólo daría más beneficios a las majors, entre los que se encuentran miembros de Musicaem. Preguntado por esta asociación, Reixa ha afirmado en declaraciones a eldiario.es no conocer ni siquiera la asociación ni la relación de sus miembros con la rueda. “Yo ya dije todo lo que tenía que decir de la rueda, porque creo que actué en conciencia”, ha señalado.

El año pasado, el premio Apolo de Honor recayó en el recientemente fallecido Jesús Glück, compositor que reconoció que “el 99% estamos ahí [en la franja nocturna] porque no hay otro sitio, ni conciertos en la televisión, ni galas; el único sitio donde oyes música es ahí”. El asunto aún está en plena investigación, un momento en el que quizá la trinidad Bautista, rueda y SGAE no sea la mejor fotografía.

El juez José de la Mata ha abierto el juicio oral contra el expresidente de la SGAE Eduardo Teddy Bautista y el exdirector de la SDAE, filial digital de SGAE, José Luis Rodríguez Neri, y les pide una fianza de 63,4 millones de euros.

En el auto de apertura de juicio oral, el magistrado impone a Bautista y a otros ocho de los acusados, entre ellos Rodríguez Neri, una fianza conjunta y solidaria en concepto de responsabilidad civil de 63,4 millones de euros, de los cuales 47,6 millones corresponden, según la Fiscalía, al total del perjuicio causado a la SGAE, más el tercio estipulado en la ley, 15,8 millones.

Tanto Bautista como Rodríguez Neri se enfrentan a una petición fiscal de siete y 12 años de cárcel, respectivamente, por el fraude cometido en la entidad.

De la Mata considera que los encausados pusieron en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE” a la organización “comandada” por Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a la mercantil Microgénesis de “decenas de millones de euros, supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas”.

Ello causó “perjuicios y pérdidas constantes” para la sociedad de autores, añade el auto.

Como responsables civiles subsidiarios de los 63,4 millones de euros, la resolución señala a once mercantiles, entre ellas Microgénesis SA, Microgénesis Producciones SL, Microgénesis Media SL, Communi TV o Hipotálamo SL.

Los acusados deberán prestar además fianzas en concepto de multas, que en el caso de Bautista es de 180.000 euros; de 360.000 euros para Rodríguez Neri y Rafael Ramos Díaz; de 100.000 para Enrique Loras García, Ricardo Azcoaga y Leticia Rodríguez; de 344.000 para Eva García Pombo, María Antonia García Pombo, Elena Vázquez Rodríguez y Celedonio Martín, y de 240.000 para Juana Rodríguez Neri.

La Fiscalía pide para Rafael Ramos 12 años, y para María Antonia García, mujer de Rodríguez Neri, su hermana Eva y Elena Vázquez, la cuñada del exdirector de la SDAE, seis años de cárcel; la misma pena que solicita para Enrique Loras y Ricardo Azcoaga.

Ahora, las defensas tiene un plazo de 20 días para presentar los escritos de defensa y se señala a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para el enjuiciamiento de este procedimiento.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido la instrucción de la parte principal de la investigación del llamado “caso SGAE” y entiende que hay indicios suficientes para juzgar a once personas por este asunto, entre ellas el ex presidente de la entidad, Eduardo “Teddy” Bautista.

Bautista está acusado de poner en marcha “una sofisticada estratagema para derivar masivamente fondos de SGAE” a la organización comandada por José Luis Rodríguez Neri mediante la asignación arbitraria a Microgénesis de decenas de millones de euros supuestamente para el desarrollo de soluciones tecnológicas que en la mayoría de los casos no se llevaban a cabo, causando “perjuicios y pérdidas constantes” para la sociedad de autores.

En el auto de transformación de las diligencias a procedimiento abreviado, el equivalente al procesamiento en delitos castigados con menos de nueve años, el magistrado considera que los hechos investigados son constitutivos de los delitos de asociación ilícita u organización criminal, falsedad en documento mercantil, administración desleal y apropiación indebida.

Según señala la Audiencia Nacional en un comunicado, la resolución da a partir de ahora un plazo de diez días a la Fiscalía y las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral mediante la presentación de su escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa, que se dirige también contra catorce sociedades mercantiles como responsables civiles, entre ellas Microgénesis SA.

La SDAE, “un mero artificio”

El auto, de 129 páginas, relata cómo Bautista introdujo siendo presidente de la SGAE a Rodríguez Neri y su empresa Microgénesis para abordar líneas de investigación y desarrollo en materia de tecnologías de la información. En el año 2000 se crea SDAE (Sociedad Digital de Autores y Editores perteneciente a la SGAE) para llevar a cabo la transición de la sociedad de autores hacia un nuevo modelo en esa línea.

“Desde el comienzo SDAE fue concebida como un mero artificio, sin existencia real, con capacidad instalada, sin actividad propia y sin empleados. La única finalidad de SDAE era pues firmar contratos con SGAE para, cada vez con carácter inmediato, ese mismo día, firmar un contrato de idéntico contenido con Microgénesis, burlando el marco estatutario y los mecanismo de control de SGAE”, dice De la Mata.

Añade que no consta que a lo largo de esta relación, que se extendió como un auténtico monopolio desde 1998 a 2011, se realizaran nunca procesos de petición y selección de ofertas de contratación entre SDAE y Microgénesis, ni de que se siguiera la regla de pedir tres presupuestos que existía en SGAE.

Contratos a dedo

Esta situación fue aprovechada, según el auto, por Rodríguez Neri y su pareja María Antonia García Pombo, junto con varios miembros de sus familias y otros investigados, que bajo la dirección de Neri “activaron un entramado de sociedades alrededor de Microgénesis, que les permitió la distribución y apropiación de los fondos de SGAE ”.

“A tal efecto, y mediante estas estructuras societarias interpuestas, armaron un sistema de subcontrataciones entre Microgénesis y tales sociedades y de facturación cruzada entre ellas, que les permitió conseguir unos márgenes de beneficio constantes, con el consiguiente perjuicio también constante para la SGAE, que era la fuente de financiación: aparentes negocios jurídicos mercantiles suscritos entre sociedades interpuestas, por ellos dominadas; contratos de prestación de servicios y de consultoría; facturación justificativa de las operaciones; imputación de costes laborales; concesión de préstamos; fijación de salarios a discreción, etc”, señala el juez, que apunta que a ello se añade que en muchos de los casos las prestaciones objeto de los contratos no se llevaron nunca a cabo.

El auto señala que Bautista fue “el indudable responsable” de estos contratos saltándose las reglas de la SGAE con la colaboración de Enrique Loras García, Director General de SGAE, y Ricardo Azcoaga Quincoces, Director Económico Financiero de SGAE. 

Un fraude de decenas de millones de euros

El auto detalla los perjuicios económicos causados a la SGAE. Entre ellos, indica que en el caso de SDAE, entre 2001 y 2011, SGAE ha pagado en total a SDAE al menos 57.154.984,40 euros. Solo de los fondos de SDAE, Microgénesis habría recibido 31.054.784,39 euros.

Las periciales practicadas en relación con el coste de los desarrollos informáticos, por otra parte (pericial elaborada por expertos de UAM), han evaluado que la diferencia entre las cantidades pagadas por SGAE y el coste estimado de los entregables recibidos a cambio por SGAE, supera los 21.5 millones de euros, que constituirían perjuicios sufridos por el Grupo SGAE como consecuencia de los hechos investigados.

El escándalo de la “Operación Saga”

El escándalo saltó a la luz pública el 1 de julio de 2011, tras la detención de nueve personas, en el marco de la “Operación Saga”, autorizada por la Audiencia Nacional a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, por un presunto desvío de fondos en la filial digital de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), la SDAE.

Entre los detenidos, el entonces presidente de la SGAE, Teddy Bautista, quien tras quedar en libertad con cargos  presentó su renuncia al puesto.

En aquel momento, el juez Pablo Ruz, instructor de la causa, dictó prisión eludible bajo fianza para el director de la SDAE, José Luis Rodríguez Neri, presunto cerebro de la trama, así como para Rafael Ramos, quien ejercía el control de la sociedad Microgénesis, la “cúspide” del entramado empresarial creado para el desvío de fondos desde SGAE. Ambos quedaron en libertad tras pagar la fianza.

No fueron sin embargo las únicas detenciones. El 10 de octubre de 2011, la operación Saga se saldaba con un nuevo detenido: Pedro Farré López, ex director de Relaciones Corporativas de la SGAE, que en noviembre de 2014, fue condenado por la Audiencia Nacional a dos años y medio de cárcel por cargar en su tarjeta corporativa gastos en locales de alterne en horas nocturnas entre 2008 y 2009, que ascendieron a 40.000 euros.

La Audiencia Nacional ha procesado al compositor Caco Senante, al director general de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Enrique Gómez Piñeiro, y a su expresidente Eduardo Teddy Bautista por pagar 30.354 euros al cantante de forma ilegal y comprar un timple de 20.000 euros.

El juez José de la Mata ha acordado el paso a procedimiento abreviado (homólogo al procesamiento y paso previo a la apertura de juicio) de la pieza del caso SGAE sobre Senante, en la que también aparece como procesado el exdirector financiero de la entidad pública Ricardo Azcoaga.

El juez les atribuye delitos de falsedad documental, apropiación indebida y administración fraudulenta por pagar a Senante, “de modo supuestamente ilícito”, cantidades que alcanzaron la suma de 30.354 euros y que fueron abonadas por la SGAE a una empresa del cantante en concepto de asesoramiento.

La segunda conducta que se ha investigado en este pieza es la compra de un timple canario por importe de 20.000 euros llevada a cabo por Senante, Bautista y Azcoaga, sin cumplir la normativa de la SGAE.

Fue lo primero que le quitó Anton Reixa, como explicaba Daniel Verdú en El País, cuando asumió -brevemente- la presidencia de la SGAE, una jubilación de 23.000 euros mensuales que le correspondían según los estatutos. Reixa congeló el dinero, que quedó guardado en una cuenta de Vidacaixa, mientras el expresidente estuviera imputado en el caso Saga por delitos de apropiación indebida, administración fraudulenta y otro societario.

Reixa consideraba que “por todo lo que sabemos y por los informes de la auditoría, ha habido una gestión arbitraria y megalómana. Eso nos ha causado un daño patrimonial importante”. Puesto que la cifra había sido negociada como compensación de sus esfuerzos al frente de la sociedad, era apropiado que quedara en suspenso hasta que se aclarase su situación. Aparentemente, el momento ha llegado pero no como se esperaba. Después de dos años, un juez le ha dado la razón a Bautista. No todo el mundo está sorprendido.

No es el juez Ruz, que lleva el caso Saga desde hace tres años y del que todavía no se ha sacado ninguna conclusión, sino la denuncia que Bautista interpuso contra la SGAE por despido improcedente. El juez al cargo ha considerado que la pensión fue negociada antes de que el caso Saga terminara con la presidencia de Bautista y que, por lo tanto, debería beneficiarse independientemente de los resultados del otro proceso judicial. La entidad no recurrirá la decisión del juez y da por cerrado el proceso, según El País.

Pablo Hernández, secretario general de la SGAE y guardián de sus secretos desde 1996, fue destituido el pasado miércoles en sesión extraordinaria por la Junta Directiva que preside desde junio el guionista José Luis Acosta. Pocas horas antes había entrado a los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid la denuncia criminal que contra él había presentado el socio Fernando Bermúdez, donde se aducen indicios de delitos de estafa, apropiación indebida, delito societario y falsedad. Pero no le han destituido por eso. Según fuentes internas, el cese es parte de un golpe de estado liderado por Teddy Bautista, Fernando Bermúdez y el propio Fernández-Sastrón para recuperar el control de la entidad.

El concepto mismo es chocante: Sastrón encabezó la “revuelta” de 2011 contra Bautista y ha sido el primer miembro de la junta directiva en criticarle abiertamente desde que asumió el poder en 1983. Sin embargo, Bautista lleva tiempo maquinando en la sombra para reivindicar su figura dentro de la organización y vengarse de Hernández y el secretario general Francisco Galindo, a los que acusó de su “descabezamiento” en una carta de ocho páginas enviada al ABC. Y lo más importante: Teddy Bautista pretende recuperar la pensión vitalicia de 23.000 euros que le corresponde según los estatutos y que fue anulada durante el mandato de Antón Reixa. Y esta alianza contra natura es su única oportunidad

Fernández-Sastrón quiere ser presidente. Esto no es un secreto: dos veces se ha presentado a las elecciones y dos veces las ha perdido. Primero perdió frente a Antón Reixa y después contra el actual presidente, José Luis Acosta. Pero se le están acabando las vidas, porque los estatutos establecen un límite de tres candidaturas.

Por eso intentó -también sin éxito- anular las primeras elecciones con la excusa de “las graves irregularidades reveladas en el auto del juez Ruz”, para conseguir una bola extra. Ahora su última esperanza es derrocar a Acosta desde la junta directiva como hizo con Reixa porque el exsobrino político del rey ha sido incapaz de ganarse el apoyo de los editores. Si convoca elecciones anticipadas, lo más probable es que las vuelva a perder y ya no podrá volver a presentarse.

El tercero en concordia, Fernando Bermúdez, también tiene su interés en esta guerra: busca la supervivencia del negocio más lucrativo y más irregular de la nueva SGAE, los derechos musicales de las televisiones en la madrugada.

La rueda de las teles nocturnas

Hasta hace diez años, la SGAE tenía tres fuentes principales de ingresos: el mercado musical, el canon y la televisión. Con el declive del primero y la desaparición del segundo, la entidad recibe más de la mitad de sus ingresos de la televisión, concretamente de los programas que no ve nadie; como los esotéricos que se emiten de madrugada, donde se lee el tarot o se adivina el futuro, o los conciertos de música clásica a las cinco de la mañana. Si alguien se ha preguntado por qué existen esos programas que encima duran varias horas, esta es la explicación: son una mina de oro para algunos autores y para las propias teles.

También es uno de los negocios que denunció Reixa en marzo del año pasado, y que le costó el puestoy que le costó el puesto. Las productoras programan la música de espacios, incluyendo música de fondo, jingles, sintonías de transición, cabeceras, con música que está registrada en su propia editorial. En los espacios de música clásica utilizan partituras clásicas que han registrado como versiones, sin modificar nada en apariencia. Después pagan los derechos de esa música a la SGAE al mismo precio que si hubieran usado el Yellow Submarine de los Beatles en prime time (hasta 200 euros por minuto). Después, las televisiones mandan a su editorial a reclamar la mitad, y así rebajan la factura total que pagan a la SGAE.

Es la fórmula perfecta: cobran como si fueran nuevas por obras que están en el dominio público y se reparten el dinero resultante. Todos ganan, salvo los verdaderos autores, que ven cómo compositores desconocidos que registran versiones modificadas de Vivaldi o melodías de fondo para programas de tarot que solo se emiten en la madrugada de televisión son los que más cobran de toda la SGAE, tanto como un Joaquín Sabina o un Joan Manuel Serrat.

Este es, precisamente, el negocio de Fernando Bermúdez. Junto con Manuel Carrasco es el dueño y fundador de Eurodelta Music y Eurodelta TV, especializadas en cobrar derechos de autor por las obras de Mozart, Chopin, Schubert, Tchaikovsky o Beethoven a través de programas como TVE es música, de RTVE. La empresa editorial registra los nuevos arreglos a nombre de la mujer de Bermúdez y la madre de Carrasco, como publicó Vertele en El turbio negocio de los derechos musicales en televisión. También registran los “arreglos” de clásicos de la zarzuela y ha puesto en marcha una radio dedicada exclusivamente al flamenco.

El negocio es tan boyante que las televisiones en España recuperan hasta un 30% del dinero que pagan la SGAE a los autores (en Europa esa cifra no llega al 7%). Reixa denunció esta situación y le costó la presidencia porque la SGAE no es una democracia: votan más los que más cobran. Y nadie puede competir con el grupo de 11 socios que han cobrado más de 25 millones de euros gracias a los programas nocturnos de televisión.

Bermúdez no ha querido hacer declaraciones a este diario al “encontrarse el asunto (de la denuncia) subjudice”, pero ha contado con el apoyo de ACAM, la Asociación de Compositores y Autores de Música, un grupo muy ligado a Bautista.

El “despido improcedente” de Pablo Hernández

El primer paso ha sido echar a Pablo Hernández, que se va con una indemnización de 420.000 euros por despido improcedente. “Yo era partidario del despido disciplinario y el presidente Acosta también -ha asegurado Sastrón a eldiario.es- pero se decidió lo contrario y creo que es un error. A mi juicio, sí estaba claro que había habido un conflicto de intereses”. Según fuentes oficiales, la convocatoria para echar a Hernández fue realizada en noviembre por ese “posible conflicto de intereses” según “las informaciones que habían ido apareciendo en los últimos tiempos”.

Entre estas informaciones se encontraba la denuncia que Onda Cero planeaba contra la SGAE por la asesoría que Hernández hizo a Kiss FM, que consiguió que esta radiofórmula ganara 205 millones de euros, y por la cual, según algunos medios, el abogado fue retribuido de forma opaca y a instancias de la SGAE.

Hasta ahora, parecía que Hernández caía siempre de pie. Durante la Operación Saga, que acabó con el mandato de Teddy Bautista en junio de 2011, el juez Pablo Ruz tuvo acceso a documentos que atestiguaban cómo había crecido su patrimonio inmobiliario desde que entró en la entidad de gestión. Y sin embargo se mantuvo en su puesto.

Hay que recordar, además, que durante años Hernández fue consejero de la red de teatros de Arteria, una operación que ha provocado una deuda de más de cien millones de euros para la SGAE. Era también uno de los especialistas en propiedad intelectual en la entidad y medió durante la reforma de la ley en la última legislatura del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Asimismo, se le conoce por haber proferido frases tales como “es bueno que la SGAE sea un monopolio”.

De momento, se ha ido con los bolsillos llenos después de un despido probablemente pactado; es uno de los directivos de la historia de la SGAE que más secretos conoce de una entidad pendiente de los juzgados y con sus recursos mermados, pero que sigue manejando un enorme presupuesto con total opacidad. Durante las próximas semanas, la SGAE seguirá dando que hablar.

contubernio a tres bandas: por un lado esta teddy bautista que lleva tiempo intentando reivindicar su personaje y que lleva tiempo intentando jugarsela a hernandez y a francisco galindo

teddy mando una carta que acabo en internet diciendo que entre los dos le habian hecho la cama.