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OPINIÓN | En un país ordinario, por Antón Losada

REPORTAJE

La SGAE, al borde de la ruina

La sede la SGAE

Corrupción, malversación, luchas intestinas, juicios abiertos, un encadenamiento de presidencias que duran un respiro, megalómanas inversiones fracasadas, el papel del malo de la película y, por si todo fuera poco, el profundo impacto de la crisis del coronavirus en los autores. "A esta entidad le quedan meses de vida, la situación es límite", expresan fuentes internas.

La SGAE y en particular su nuevo presidente, Antonio Onetti, no va a poder afrontar su continuidad sin adoptar medidas drásticas, debido a la radical bajada de ingresos consecuencia del confinamiento que se suma a la situación que acarrea. Estas medidas están siendo estudiadas en estos días por la Junta Directiva y pretenden evitar lo que desde dentro han denominado como "cercano a la bancarrota".

Técnicamente, la bancarrota no es posible en la SGAE pues existe un mecanismo legal para evitarla: reducir el reparto a los socios, aumentando la parte de la recaudación que se queda la casa; este es el conocido como descuento de la administración, que actualmente está en un 15%. Este porcentaje puede variarse en cualquier momento si la situación financiera lo requiere y, de esa manera, retener el reparto y recapitalizar la sociedad. ¿Cuál es la consecuencia? Que esta medida obviamente no gusta a los socios y la SGAE cuenta con el riesgo de abandono de los músicos que más dinero generan, los cuáles podrían irse a entidades extranjeras, como ya hicieron Julio Iglesias o José Luis Perales.

El guionista Antonio Onetti, hasta ahora vicepresidente del colegio audiovisual, ha sido elegido presidente por la Junta Directiva este 30 de abril, después de quince días de interinidad de Fermín Cabal, en quien recayó el puesto por ser la persona de más edad de la junta, tras la moción de censura interpuesta por 22 personas contra Pilar Jurado. En estas do semanas, se han producido cambios en la composición de la junta y, sobre todo, del Consejo de Gobierno, retirando de los asientos de poder a personas presuntamente favorecedoras de los mecanismos de "la rueda", según explican diversas fuentes conocedoras de la casa autoral.

A pesar de ello, Onetti se enfrenta a una de las presidencias más complicadas ya que debe cumplir con los requisitos de saneamiento ético y financiero, transparencia y equidad que le exige el Ministerio de Cultura para no retirarle la licencia y la confederación internacional Cisac para readmitirla en su organización. Y tendrá que hacerlo con un presupuesto desgarrado.

La previsión para 2020 que había presentado Pilar Jurado, ya solo es válida para los dos primeros meses del año. Con la declaración del estado de alarma el pasado 13 de marzo, la recaudación ha caído en picado y la entidad no tiene músculo de fondo del que subsistir. De todas las áreas de ingresos sociales de la SGAE, la comunicación pública es la segunda que más dinero aporta, tras radiodifusión y cable. Y es esa fuente de generación de pagos por derechos de autor la más dañada por el confinamiento, pues incluye la música grabada y reproducida en locales de ocio nocturno, así como de restauración y establecimientos comerciales.

En las últimas cuentas publicadas, las de 2018, la música grabada trajo 43,4 millones de euros de ingresos. La música en vivo aportó 9,2 millones de euros y casi la mitad de ellos provienen de las contrataciones directas de los ayuntamientos. Los receptores de televisión en los bares es otra fuente de ingresos, tan potente como la del directo, con 9,9 millones de euros y, finalmente, la exhibición cinematográfica proporciona 3,9 millones de euros. En total, la comunicación pública aportó en 2018 66,7 millones de euros. Con la estricta reducción al ámbito privado que ha traído la pandemia, este apartado de los ingresos se ha reducido a su mínima expresión en marzo y abril, contando como comunicación pública casi únicamente la música que nos acompaña durante la compra en el supermercado.

La desescalada irá aumentando paulatinamente la recaudación, y los técnicos de la SGAE trabajan con diferentes proyecciones, pero todas serán insuficientes para salvar la entidad, por sí solas. El impacto del coronavirus en la SGAE es "brutal", según una de las personas que ha tenido acceso a estas cifras internas, pero es que la situación financiera antes tampoco era buena.

La Junta de Pilar Jurado había elaborado un presupuesto para 2020 que hacía descender los ingresos de radiodifusión y cable por debajo de los de comunicación pública: de 105,8 a 65,5 millones de euros, debido a una previsión de retrasos, impagos y recortes en los derechos que abonan las televisiones, un problema que viene de lejos.

El descenso de recaudación se debe también al intento de reestructuración de la emisión nocturna de música en la televisión: 14 televisiones y un número de personas cuyos nombres no se han hecho públicos en su totalidad están siendo investigadas en la Audiencia Nacional debido a la programación continuada de solo determinados artistas en la televisión de madrugada. Es el mecanismo conocido como "la rueda" y que todavía está por resolver, tanto en su proceso legal como en el interno de la sociedad, pues la confederación internacional a la que pertenece la SGAE, la Cisac, advirtió el 9 de abril que persisten los conflictos de intereses en algunas de las personas que forman parte de los órganos directivos de la casa, sin citar quienes. La sociedad se dotó a sí misma de una Comisión Deontológica, formado por miembros externos, cuya única misión es detectar esos conflictos entre los intereses personales y los colectivos de la SGAE en junteros y técnicos.

Los 22 autores que dieron un paso adelante para provocar la destitución de Pilar Jurado el pasado 15 de abril lo hicieron, según explica el miembro de la Junta Directiva y compositor de bandas sonoras Antonio Meliveo, porque "el colegio de Pequeño Derecho [los músicos] burlaron la Comisión Deontológica de la SGAE al votar en temas de reparto de derechos para los que la comisión les había inhabilitado por conflicto de intereses". "El secretario general [el jurista Germán Bercovitz] aplicaba la medida de la Comisión Deontológica y el colegio de Pequeño Derecho [con su voto] actuó para cesar al secretario general", añade. Según aclara Meliveo, la elección de las personas que componen el Consejo de Dirección y el reparto de vicepresidencias de acuerdo al deseo de cada colegio era un “pacto intercolegial” establecido al inicio de la presidencia de José Ángel Hevia en noviembre de 2019 y no “una injerencia inaceptable en las decisiones que de forma democrática emanan de colegios profesionales”, como escribe en un comunicado el abogado Cándido Conde-Pumpido, quien ha asumido la representación legal de Inma Serrano y otras personas cesadas en los últimos días. Con Fermín Cabal como presidente interino de la SGAE, la Junta tomó la decisión de cesar a Inma Serrano como vicepresidenta y designar a Pablo Salinas como nuevo vicepresidente por parte del colegio de pequeño derecho.

De inmediato, decidieron sacar a cuatro de los cinco miembros del colegio de los músicos del Consejo de Dirección: Miguel Ángel Chastang, Pablo Pinilla, Inma Serrano e Iván Sevillano. Estos fueron sustituidos por José de Eusebio, Teo Cardalda, Juan Parrilla y Pablo Salinas. Con esta nueva configuración, fuentes internas de la sociedad aseguran que se ha podido desbloquear la falta de información sobre la situación financiera de la casa y empezar a estudiar planes de viabilidad.

Entre las propuestas que se están estudiando, se encuentra un expediente de regulación de empleo, temporal o no, para sus 443 trabajadores, recortes en las dietas y en los salarios de los directivos, reajustes presupuestarios, un abultado aumento del porcentaje de descuento de administración mencionado anteriormente y, aunque algunos socios han señalado que los inmuebles podrían estar en peligro, fuentes internas aseguran que la posibilidad de vender las sedes, como la de la calle Bárbara de Braganza de Fundación SGAE o el propio Palacio de Longoria, no está sobre la mesa. Otro asunto sería el del Cartuja Center Cite, el teatro que la SGAE construyó en la Cartuja de Sevilla y último remanente del estrepitoso fracaso económico que supuso la red de teatros Arteria: unas inversiones de 259 millones de euros cuya gestión por Teddy Bautista está investigada por la fiscalía anticorrupción.

La nueva Junta Directiva se ha encontrado con muchas sorpresas. La primera es la salud agonizante que, aseguran, se les había ocultado deliberadamente y que pudieron intuir debido a filtraciones de los técnicos de la casa. La segunda, que la paciencia de las dos instituciones que ejercen cierto control sobre la SGAE —el Ministerio de Cultura y la Cisac— se había terminado. Según algunos de los socios que promovieron la moción de censura, el Ministerio avisó a la entidad, de manera informal, que podrían retirarle la licencia para operar en junio de este año, lo cual hizo saltar todas las alarmas y sirvió como acicate para que 22 personas propusieran la moción de censura contra Jurado. La confederación Cisac, que expulsó hace un año a la SGAE por no cumplir con sus estándares, daba a atender en la carta que envió a la sociedad, y que Pilar Jurado ocultó durante unos días a la Junta Directiva, que no procedería a su readmisión en mayo al no haber cumplido todos los puntos que les había exigido.

Fuentes directivas expresan la voluntad de la nueva Junta de cumplir a rajatabla con las demandas tanto del Ministerio como de la Cisac. Las objeciones de esta última son varias. Empezando por el planteamiento de la nueva Comisión de Supervisión regulada en unos estatutos aprobados en Asamblea pero que todavía no tienen el visto bueno del Ministerio. Esta estaría formada por diez miembros, cinco de los cuales han de ser socios que hayan pertenecido anteriormente a la Junta Directiva, toda una "grave preocupación" en materia de conflicto de intereses que supone "una infracción de la ley española y del reglamento profesional de la Cisac".

Tampoco admite que la Cisac que SGAE impida que un socio sea elegible a la Junta Directiva si no tiene la totalidad de sus derechos gestionados por ella misma. No obstante, los dos puntos principales de queja de la confederación es la exclusión de las editoriales multinacionales de los órganos de gestión y la cantidad de personas en conflicto de intereses señaladas por la Comisión Deontológica y que siguen formando parte del gobierno de la entidad. La recomendación esencial de la Cisac es la celebración de elecciones, momento en el que podrían entrar de nuevo las editoriales multinacionales, y que deberían realizarse con una adecuada regulación interna previa que impidiera que se presentaran las 14 personas señaladas por la Comisión Deontológica, que diversas fuentes consultadas coinciden en citar como aquellas personas más fuertemente implicadas en el caso de la rueda.

"Todo apunta a que habrá elecciones lo más pronto posible", admite Antonio Meliveo que pertenece, como Onetti, al colegio audiovisual. Si, como dicen, SGAE va a cumplir escrupulosamente con lo que pide Cisac, el nuevo presidente deberá convocar elecciones en un plazo breve, lo cual supondrá un gasto añadido a las maltrechas cuentas de la entidad.

Otra de las "sorpresas", que algunos socios de la SGAE que han participado anteriormente en su gestión ya han aireado en redes sociales y blogs personales, como el expresidente José Miguel Fernández Sastrón o un estrecho colaborador del equipo de Teddy Bautista hasta 2011, Juan José Castillo, es cómo va a pagar la sociedad los 15 millones de euros prometidos para ayudar a los socios y socias que más están sufriendo las consecuencias de la crisis provocada por el coronavirus.

"Esa cifra se la han inventado y no sabemos de dónde sale", citan fuentes internas. Además de los 8 millones previstos para ayudas y asistencia (vía Fundación SGAE y las ayudas de emergencia social), la sociedad anunció el 6 de abril un añadido de 7 millones más, en forma de unos fondos denominados SGAE-Corona, consistentes en una ayuda de 3.000 euros por socio que cese la actividad por motivo de la Covid-19, además de una línea de anticipos inmediatos del 30% de las liquidaciones del último semestre de 2019, solo para autores que en ese periodo hubieran obtenido una recaudación de entre 3.000 y 10.000 euros. Una de las opciones sería tirar de la reserva de la copia privada, un fondo temporalmente intocable acumulado pero que se desbloquea este año y que consta de algo más de 3 millones de euros.

La SGAE recibe un dinero por compensación de las copias privadas que hacen los usuarios en sus casas en soportes físicos de obras del repertorio de la entidad pero, por ley, no todo se reparte sino que debe guardarse un porcentaje para ayudas asistenciales y culturales. Si el Ministerio diera su permiso, la media parte que debería destinarse a acciones culturales y de formación, podría ir a parar también a las ayudas prometidas. No obstante, ni con ese dinero se alcanzaría a la cantidad anunciada y se está estudiando cómo responder tanto a los SGAE-Corona como a la nueva línea de anticipos.

La Junta Directiva de Pilar Jurado presentó internamente unas cuentas para 2019, que aún no se han hecho públicas y tienen que ser auditadas, que fuentes internas han calificado de "disparate" y que han agravaron la situación financiera. Entre los gastos, se incluye la creación de nuevos puestos en el organigrama sin el consentimiento del Ministerio de Cultura, como el de Clifton J. Williams como subdirector general, así como el blindaje de los contratos laborales de nuevos directivos, como la dirección general del alto cargo del Ministerio de Cultura con el PP de Rajoy en la Moncloa, Miguel Ángel Recio, asegurado durante cuatro años y con sueldo anual de 180.000 euros, según publicó El País. Estuvo en su puesto siete meses.

El siguiente director general, estuvo seis y, el actual, lleva en el cargo poco más de dos meses. En una de las Charlas abiertas desde el confinamiento, organizadas por Monkey Week en estos días, el vicepresidente de la Asociación de Intérpretes y Ejecutantes (IAE) Luis Mendo admitió que las estimaciones conjuntas de esa organización, SGAE y la entidad de gestión de derechos de propiedad intelectual Agedi están en un 30% menos de recaudación "por ahora" y en el caso de que se recupere la actividad "en un plazo razonable".

Aunque el plan de desescalada habla de reducción de aforos, se desconoce cuándo se recuperará la actividad en condiciones semejantes a las que había antes de marzo, por lo que el impacto en el mundo de los autores será largo y todavía cuantificable. Una casa de los autores débil y vapuleada empeora las perspectivas.

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Publicado el
30 de abril de 2020 - 21:22 h

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