El Sindicato Unitario de Cantabria ha anunciado la convocatoria de movilizaciones en los cines Cinesa Bahía, ubicados en El Corte Inglés de Santander, tras la asamblea de trabajadoras celebrada el viernes 9, en la que se ha acordado iniciar un calendario de protestas ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo.

Según ha informado este miércoles el sindicato, las movilizaciones comenzarán con paros parciales los sábados 7 y 21 de noviembre. Asimismo, la convocatoria contempla, en principio, huelga total los días 18, 19, 26 y 27 de diciembre, ante la falta de avances en la negociación.

La organización sindical ha explicado que el principal motivo del conflicto es la posición de Cinesa en materia salarial pues, ha afirmado, “únicamente garantiza la aplicación del IPC para el año 2025, mientras que se niega a incorporar al convenio colectivo una cláusula que garantice el IPC real para los años 2026 y 2027”.

Para el Sindicato Unitario de Cantabria, esta postura supone “dejar sin garantías” la evolución salarial de los dos últimos años de vigencia del convenio y “pone en riesgo” el poder adquisitivo de la plantilla frente al incremento del coste de la vida.

El sindicato considera “inaceptable que una empresa que está obteniendo beneficios se niegue a garantizar que los salarios mantengan su poder adquisitivo durante toda la vigencia del convenio”.

En su opinión, esta situación resulta “especialmente preocupante” teniendo en cuenta que las retribuciones de los trabajadores se sitúan en torno al Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

El Sindicato Unitario ha afirmado que la asamblea “ha mostrado una plantilla unida y convencida de que sus reivindicaciones son justas” y que considera que “garantizar el mantenimiento del poder adquisitivo constituye una exigencia mínima y razonable que Cinesa debería asumir en la negociación”.

Finalmente, la organización sindical ha hecho un llamamiento a la empresa para que “rectifique su posición, desbloquee la negociación y acepte incorporar una cláusula que garantice el IPC real tanto para 2026 como para 2027”. Y ha advertido que, de no producirse avances, las movilizaciones seguirán adelante conforme al calendario anunciado.

UGT no va a firmar en la mesa sectorial de sanidad el Programa de Optimización del Rendimiento Asistencial y Autocobertura porque es “un nuevo acuerdo que agrava las desigualdades en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) entre la Atención Primaria (AP) y los centros hospitalarios”.

Así lo ha anunciado este viernes en un comunicado el secretario de UGT Sanidad en Cantabria, Fernando Carmona, para quien el acuerdo presentado por el SCS, que incorpora a las matronas de atención primaria, “vuelve a ser una serie de acuerdos parciales que generan más desigualdad”.

Carmona ha puntualizado que, aunque UGT no suscribe el convenio, aporta al acta una propuesta consistente en pagar la autocobertura en turno de mañana por paciente atendido.

El sindicalista ha criticado que se plantea un acuerdo con una subida de la prolongación de jornada “que ni siquiera estaba anunciada y que agrava todavía más las desigualdades que ya había”.

Como ejemplo, ha afirmado que una enfermera de Atención Primaria pasará a cobrar de 50 a 63,09 euros por hora de más, “casi tres veces más que sus compañeras de los hospitales, que percibirán entre 18 y 22 euros”, señala.

“No es admisible que la misma hora de trabajo valga tres veces más o tres veces menos según se trabaje en atención primaria o en la atención especializada”, ha recalcado el sindicalista, que ha aseverado que “lo mismo” ocurre con fisioterapeutas, celadores o auxiliares.

El secretario de UGT Sanidad también ha subrayado que, según el lugar donde trabaje, el personal de enfermería de atención primaria cobra “entre 400 y 1.000 euros más al mes que los del hospital”.

Según Carmona, el documento que no suscribe UGT estipula una subida del 27,97% en la prolongación de jornada: por sesión de 15 a 17 horas, en médicos y pediatras de EAP pasan de 160 a 204,75 euros; en personal de enfermería y matronas, de 100 a 127,97; mostrador, de 30 a 38,39; y en SUAP, los médicos de 90 a 115,17 euros, el personal de enfermería de 60 a 76,78 y celadores de 15 a 19,20 euros.

“Habría que preguntarse si hay que esperar a un concurso de traslados e irse del hospital a un centro de salud para acabar con las desigualdades o si la Administración debería valorar a los profesionales de los hospitales como a los de Atención Primaria”, ha cuestionado.

En este sentido ha asegurado que en las últimas oposiciones “muchos han rechazado una plaza fija en el hospital para seguir como sustitutos en Primaria, entre otras razones por el sueldo”.

“No podemos participar en acuerdos parciales que aumentan la brecha entre las distintas categorías y profesionales del Servicio Cántabro de Salud”, ha enfatizado Carmona, que ha reprochado a la Consejería de Salud que siga “sin facilitar los datos de retribuciones solicitados en el Parlamento de Cantabria” y “no haya creado la mesa de retribuciones a la que se comprometió en la reunión del 24 de septiembre”.

Propuesta de autocobertura

Por su parte, UGT ha aportado al acta una propuesta consistente en pagar la autocobertura en turno de mañana por paciente atendido, no como importe diario a repartir, “para aprovechar los huecos libres de las agendas, entre 3,8 y 5,3 citas por médico y día”.

“Nos parece adecuado que, si no hay bolsa de personal temporal disponible en la categoría de matronas, se busquen fórmulas para atajar los problemas que esto supone para los usuarios. Pero no compartimos la fórmula”, ha reiterado.

Finalmente, ha recordado que UGT tampoco firmó el acuerdo de 2022 del que nace este programa y mantiene los motivos para ello porque “sigue dejando fuera a categorías con listas de espera, como fisioterapeutas que han pedido incorporarse, y se ha ido ampliando categoría a categoría, desigualdad a desigualdad”.

El sector de la cuchillería en la provincia de Albacete ya ha firmado su convenio sectorial tras una “compleja negociación” que se inició a principios de 2026, según señalan los sindicatos CCOO Albacete y UGT-FICA tras alcanzar un acuerdo en lo que a la subida salarial se refiere.

El convenio firmado este jueves entre los sindicatos y la parte empresarial afecta alrededor de 700 personas trabajadoras. Desde los sindicatos apuntan que han alcanzado “el objetivo perseguido” de equiparar las tablas salariales del sector del metal, que contempla una subida salarial del 3% más un punto de actualización en el caso de que el IPC supere el porcentaje para 2026 y del 3,5% más un punto de actualización para 2027.

Según informan los sindicatos, este es el aspecto más destacable del nuevo convenio que ha estado precedido de unas negociaciones “complejas”, muy participadas y condicionadas por la “incertidumbre” que generó en las empresas la propuesta de modificación del Reglamento de Armas que acarreaba importantes restricciones para el uso de la navaja, y por tanto para su producción y comercialización.

En este sentido, Comisiones Obreras Albacete y UGT FICA señalan que se sumaron a la defensa de la cuchillería, compartiendo su preocupación “por el riesgo que esta propuesta suponía para el futuro y el empleo de una industria que es seña de identidad de la provincia”.

Días después de convocarse una huelga para los trabajadores del sector de la logística de Guadalajara para finales de octubre, la patronal ha ofrecido una nueva propuesta para renovar el convenio colectivo que contempla un incremento salarial del 4% y una bajada anual de la jornada.

La Asociación de Empresarios de la Logística de Guadalajara, integrada en CEOE-Cepyme Guadalajara; y UNO, la Organización Empresarial de Logística y Transporte de España (miembro de CEOE), han trasladado a las organizaciones sindicales una propuesta global para la renovación del convenio colectivo, planteando un marco de estabilidad de cuatro años.

Condiciones ofertadas

El texto enviado a los medios recoge un convenio a cuatro años (2026-2029); incrementos salariales del 4% para el 2026, 3,25% para el 2027, 3% para el 2028 y 3% para el 2029, con cláusula de garantía salarial IPC todos los años en los términos recogidos en el convenio actual.

También plantean una reducción de jornada de 8 horas en el año 2029 y permiso/bolsa de acompañamiento, que recoge la disposición a incrementar progresivamente durante la vigencia del convenio hasta 30 horas anuales --respecto a los 24 actuales-- manteniéndose los supuestos que ya están regulados.

En materia de Salud laboral se realizará una propuesta de redactado por la parte empresarial con algunas matizaciones sobre el texto trasladado por la plataforma sindical.

La patronal también ofrece mejorar el plus sábado a 12 euros y el plus domingo/festivo a 23 euros en el 2026. Los siguientes años se revalorizarán dichos pluses con los mismos porcentajes de incremento que se pacten salarialmente.

Mientras, el plus carretillero se revalorizará cada año en los mismos porcentajes de incremento que se pacten salarialmente.

Posibilitar que representantes de los trabajadores y dirección de empresa puedan establecer descansos semanales armonizados en función de las distintas operativas, y que representantes de los trabajadores y dirección de empresa puedan establecer devengos progresivos de los asuntos propios para el personal de nueva incorporación, son otras de las sugerencias.

La patronal, “que reitera su voluntad de avanzar en un acuerdo equilibrado, sostenible y con seguridad para las partes”, ha emplazado a las organizaciones sindicales a continuar el trabajo en la mesa de negociación en las próximas sesiones.

Dicha propuesta viene después de que la convocatoria de huelga en el sector de Guadalajara, cuyos trabajadores están llamados a parar del 28 de octubre al 2 de noviembre.

Los trabajadores y trabajadoras del servicio de estacionamiento regulado en la vía pública (ORA) de La Rioja, conocido como “zona azul”, contarán con un nuevo convenio colectivo que contempla un incremento salarial acumulado de hasta el 14%, rebajas en la jornada anual y la duplicación de los descansos pagados durante las alertas naranjas por temperaturas extremas.

El acuerdo ha sido suscrito por la patronal ASESGA y la organización sindical USO, junto a CCOO como sindicato más representativo. El marco regulador tendrá una vigencia de cuatro años —desde el 1 de enero de 2025 hasta el 31 de diciembre de 2028— y aplicará sus efectos económicos de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025.

En el apartado económico, el texto establece incrementos salariales del 3% anual para los ejercicios 2025, 2026 y 2027, alcanzando una subida del 5% en el año 2028. Además, el aumento del salario base revalorizará automáticamente el complemento personal de antigüedad, estructurado en dos bienios del 5% y quinquenios del 10% calculados sobre el sueldo vigente.

Como novedad destacada en salud laboral, el convenio introduce medidas frente a inclemencias meteorológicas. En situaciones de alerta naranja emitida por la AEMET por temperaturas extremas (tanto por frío como por calor), se duplicarán los tiempos de descanso de la plantilla, computándose íntegramente como jornada efectiva de trabajo.

En paralelo, la jornada máxima anual se reducirá de forma progresiva:

Desde USO Servicios de La Rioja han valorado positivamente la firma del acuerdo, destacando el valor de la negociación colectiva y de la representación sindical para alcanzar estas mejoras operativas y salariales en el sector.

El comité de empresa de MARE, integrado por los sindicatos SIEP, CCOO, USO y UGT, ha expresado su preocupación ante la situación que atraviesan los trabajadores de los puntos limpios y ha reclamado medidas que permitan garantizar unas condiciones laborales adecuadas y una correcta y “eficaz” prestación del servicio público, para lo que ha urgido a avanzar un convenio “que dé respuesta a las necesidades de todos los colectivos de MARE”.

En un comunicado, el comité de la empresa pública del Gobierno de Cantabria considera “especialmente preocupante” la falta de personal en los puntos limpios, una situación que obliga a los trabajadores a desplazarse a distintos centros de la Comunidad Autónoma para evitar su cierre, ha indicado.

A su vez, ha indicado que estos desplazamientos provocan que los centros de procedencia queden en ocasiones con plantillas “bajo mínimos”, como consecuencia de una dotación de personal “que no cubre las necesidades del servicio”.

A esta situación se suma el perjuicio que supone para los trabajadores “tener que asumir personalmente y sin compensación” el tiempo empleado en los desplazamientos cuando deben prestar servicio en un centro de trabajo habitual. El comité considera que esta circunstancia repercute directamente en la concilación de la vida familiar y laboral.

Asimismo, los trabajadores reivindican un horario que facilite dicha concilación y que, al mismo tiempo, permita adelantar la apertura de los puntos limpios, mejorando así la atención a los usuarios.

Según el comité de empresa, son numerosos los ciudadanos que acuden a primera hora y permanecen en las inmediaciones de los centros a la espera de su apertura, por lo que considera necesario adaptar los horarios a las necesidades reales de los usuarios y del propio servicio.

Otro de los problemas que se viene produciendo es la insuficiencia de contenedores y/o los retrasos en su retirada, lo que en determinadas ocasiones impide a los usuarios realizar correctamente sus descargas.

“Esta situación genera protestas y conflictos que los/as trabajadores/as deben afrontar directamente, pese a no disponer de los medios necesarios para resolverlos”, ha especificado.

También considera “imprescindible” que todos los puntos limpios dispongan de los medios, herramientas y recursos necesarios para desarrollar su actividad con normalidad. “No resulta adecuado depender de herramientas o medios itinerantes que deben compartirse entre distintos centros y que impiden disponer de ellos de forma permanente cuando son necesarios”.

El comité ha recordado que el convenio colectivo en vigor data de diciembre de 2008 y ha afirmado que los problemas que afectan a los distintos colectivos de trabajadores “no han sido abordados de manera suficiente a lo largo de las diferentes legislaturas”.

En la actualidad, la mesa de negociación del convenio ya está constituida y por ello, los sindicatos reclaman a la dirección de MARE que “agilice la negociación y avance en la búsqueda de soluciones a los numerosos problemas que afectan a la plantilla”.

El comité ha señalado que una parte importante de estas cuestiones debe abordarse mediante la negociación colectiva, por lo que considera urgente avanzar en la negociación de un nuevo convenio “que dé respuesta a las necesidades de todos los colectivos de MARE”.

En este sentido, el Comité reitera su disposición a trabajar en la búsqueda de soluciones que permitan mejorar las condiciones laborales de la plantilla y, al mismo tiempo, garantizar una prestación adecuada y eficaz del servicio público a la ciudadanía.

Comisiones Obreras (CCOO) y los trabajadores y trabajadoras del ciclo integral del agua de la provincia de Toledo van a iniciar movilizaciones para exigir un “convenio colectivo digno” que “no elimine derechos ni provoque la pérdida de poder adquisitivo”.

Lo harán el próximo 8 de octubre en la capital castellanomanchega, con una concentración frente a la sede de Infraestructuras del Agua de Castilla-La Mancha (IACLM). El objetivo de la protesta es exigir que la Junta de Castilla-La Mancha presione a las empresas concesionarias para que se sienten a negociar “de inmediato” el convenio colectivo y se garanticen los derechos laborales “de un servicio público esencial”.

Bajo el lema 'Por un convenio digno y con derechos', la plantilla manifiesta su “rotundo rechazo” al “estancamiento” de la negociación, a la vez que quiere visibilizar el malestar de un sector esencial para la ciudadanía frente a las empresas concesionarias.

Entre las principales reivindicaciones del colectivo destacan la actualización salarial vinculada al IPC para evitar la pérdida de poder adquisitivo, la recuperación del 2% pendiente del convenio anterior, la “regulación justa” de la jornada laboral y la retribución de las guardias, así como el refuerzo de las medidas de seguridad y salud laboral.

No podemos permitir que un sector tan crítico y profesionalizado continúe sufriendo una pérdida constante de derechos

El sindicato destaca que la labor desarrollada en el ciclo integral del agua (que abarca desde la captación, potabilización y distribución, hasta el saneamiento y la depuración), es fundamental para el día a día de los municipios y de la ciudadanía. Por ello, considera “inaceptable precarizar el servicio a costa de empeorar las condiciones laborales”.

“No podemos permitir que un sector tan crítico y profesionalizado continúe sufriendo una pérdida constante de derechos. Los trabajadores y trabajadoras han demostrado sobradamente su compromiso y profesionalidad y es hora de que las empresas del sector reconozcan su valor con un convenio justo y proporcionado”, subraya Enrique Clavero, secretario general de la Federación de Servicios a la Ciudadanía (FSC) de CCOO Toledo.

CCOO advierte por último de que si no se producen avances y las empresas no se sientan a la mesa de negociación en los próximos días, no se descartan intensificar las medidas de protesta. Entre las acciones contempladas figura la convocatoria de un calendario ampliado de concentraciones ante los principales ayuntamientos de la provincia (Toledo, Talavera de la Reina, Illescas, Mora y Ocaña), así como ante la Consejería de Desarrollo Sostenible.

Asetra, Cesintra y el sindicato UGT han suscrito un nuevo convenio colectivo para las empresas de transporte de mercancías por carretera, logística y aparcamientos del Principado de Asturias, para el período 2024-2030, que afectará a más de 5.000 trabajadores del sector.

Entre las principales novedades figuran el cobro de un nuevo plus dominical que tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, la incorporación de 30 minutos de descanso considerados como tiempo efectivo de trabajo en las jornadas continuadas superiores a seis horas, y la recuperación de la subrogación.

Más estabilidad para la plantilla

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha sido la única organización sindical que se ha sumado a la patronal. El sindicato sometió a votación la firma de este convenio que ha sido respaldado por los delegados y delegadas al considerar que con el mismo se consiguen “avances reales” y dota de estabilidad y seguridad jurídica a la plantilla.

El responsable del Sector de Carreteras, Urbanos y Logística, Iván López Reguero, reconoce que este nuevo documento permitirá situar a Asturias entre las comunidades autónomas que contemplan mejores jornadas en el sector.

Jornada máxima de 1.720 horas

El nuevo convenio mantiene una jornada máxima de 1.720 horas anuales de trabajo efectivo. Los representantes del sindicato han analizado más de 50 convenios provinciales del transporte de mercancías y han llegado a la conclusión de que estas 1.720 horas le convierten en el segundo convenio con menor jornada anual de todos los que han sido evaluados.

“Mantener las 1.720 horas ha sido una cuestión fundamental durante toda la negociación y permite conservar una de las mejores condiciones laborales del convenio asturiano frente al resto del país”, señala Iván López Reguero.

Un nuevo plus dominical

Los 30 minutos de descanso contemplados como tiempo efectivo de trabajo tendrán una especial repercusión para el personal no móvil y aquellos trabajadores de los grandes centros logísticos, donde las jornadas continuadas tienen una mayor implantación.

Por primera vez se incorpora un plus dominical para las personas trabajadoras que presten servicios en domingo dentro de su jornada ordinaria en los términos establecidos en el propio convenio. El complemento será equivalente al 50 % del salario base diario de cada categoría profesional por cada domingo trabajado.

Carácter retroactivo desde enero

El representante de UGT recalca que esta era una reivindicación histórica, puesto que al reconocer su carácter retroactivo desde enero implicará que los domingos trabajados desde esa fecha que generen el derecho al complemento deberán ser abonados conforme a lo establecido en el nuevo convenio.

En materia económica, el convenio garantiza incrementos salariales vinculados al IPC real más un 0,25 %, junto con el abono de los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de 2026.

La subrogación

“Además, para 2029 y 2030 se mejora la fórmula salarial hasta alcanzar el IPC real más un 0,50%, garantizando incrementos por encima de la evolución de los precios”, destaca.

El nuevo convenio recupera también la subrogación, lo que ha sido resaltado de manera especial por UGT al ofrecer estabilidad laboral a la plantilla ante los cambios de empresa.

La anulación del marco anterior

Por su parte, la patronal ha resaltado que “con este acuerdo culmina la estrategia jurídica e institucional impulsada por Asetra, que logró la anulación del marco anterior por resultar inadecuado para la operativa de las empresas de mercancías y logística”.

El nuevo texto deroga de forma definitiva la Ordenanza Laboral de 1971 y asume la aplicación directa del II Acuerdo General del Transporte de Mercancías.

Frenar la deslocalización

Además, la jornada se ordena “de manera técnica y flexible” según las distintas áreas de actividad (transporte en ruta, ciclos industriales continuos y plataformas logísticas), distinguiendo entre personal móvil y no móvil.

Asimismo, el acuerdo “frena la deslocalización de flotas, aporta certidumbre para invertir y competir en igualdad de condiciones, y actualiza las condiciones de trabajo —con especial atención al personal de conducción— para hacer más atractiva la profesión y retener talento”.

El texto articulado se ha remitido ya a la autoridad laboral para su tramitación y publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Los trabajadores de Glovo comienza a organizarse sindicalmente en Euskadi. Después de meses de disputas judiciales con la dirección de la compañía, Álava y Bizkaia cuentan ya con comités de empresa. El organismo de representación de los trabajadores en Álava fue primero en constituirse, en el mes de marzo de este año a instancias de CCOO, y el de Bizkaia hace apenas unas semanas, el pasado mes de julio, impulsado por ELA, en lo que supone un paso esencial -a falta de que se sume Gipuzkoa- en la defensa de estos trabajadores que pertenecen a uno de los sectores más precarios y desregulados del panorama laboral actual.

Han tenido que pasar cinco años desde que la 'Ley Rider' acabara con los falsos autónomos que inundaban este sector, para que los trabajadores empiecen a organizarse sindicalmente. Un lustro y un ERE, con el que la empresa despidió a 436 personas en toda España, -aunque su propuesta inicial era de 750-, además de los despidos individuales que precedieron a la medida colectiva. La normativa legal

Los sindicatos no lo han tenido fácil para organizar a los trabajadores. La empresa se ha opuesto desde el primer momento a que los comités se constituyeran de forma provincial y ha llevado la cuestión a los tribunales, que han terminado dando la razón a los trabajadores, ratificando que Glovo cuenta con centro de trabajo en Álava y Bizkaia y, por lo tanto, con derecho a constituir un comité de empresa provincial.

Ambos comités de empresa vascos cuentan con 13 delegados, los que corresponden a empresas con más de 250 trabadores y menos de 500. En el caso de Bizkaia, el comité más reciente, fue el sindicato ELA el que impulsó la celebración de las primeras elecciones sindicales el pasado 29 de julio, en las que este sindicato obtuvo la mayoría, con 11 de los 13 delgados. Los otros dos delegados corresponden a CCOO, sindicato que es mayoritario en Álava, al copar todo el comité tras impulsar las elecciones que se celebraron el pasado mes de marzo.

“Es un hito para la plantilla”, señalan fuentes de ELA, sobre todo después de que la empresa lo haya intentado evitar mediante impugnaciones al proceso electoral. El resultado trasciende el ámbito estrictamente electoral“, indican: ”La victoria representa un avance significativo en la defensa de los derechos laborales en un sector marcado por la precariedad y por nuevos modelos empresariales que deterioran las condiciones de trabajo“.

“Ha sido un proceso engorroso porque la empresa no quería reconocer que éramos un centro de trabajo”, dice Carlos Rodríguez, responsable Sindical de FSC-CCOO en Álava. El sindicato, que impulsó las elecciones denunció las discrepancias entre las cuentas de cotizaciones, que reflejaban 292 personas trabajando en el centro de Álava, mientras el censo entregado por la empresa contenía 170. Tras superar impugnaciones, laudos arbitrales la votación se celebró con el Juzgado ratificando la validez el proceso y desestimando la demanda de la empresa. “El resultado transformó la situación: el comité puede solicitar información, intervenir en prevención, revisar decisiones colectivas, acompañar sanciones y plantear negociación sobre jornada, nóminas, gastos y organización del trabajo”.

La negociación con la empresa acaba de empezar, ya que la primera reunión del comité de Álava tuvo lugar el pasado 29 de junio. “Se trataron planificación de horarios, vacaciones, nóminas, canales de comunicación, prevención de riesgos, métricas de rendimiento, régimen disciplinario y situación de personas migrantes. CCOO reclamó un protocolo de incidencias, transparencia en pedidos e incentivos y avances verificables en seguridad y salud”, señala Carlos Rodríguez.

Las negociaciones que apenas han arrancado, -en Bizkaia todavía no han tenido tiempo de celebrar un primer encuentro con la empresa- tendrán uno de los escollos fundamentales en la reclamación de la aplicación de un convenio diferente y actualizado -propio o sectorial- frente al que se les aplica ahora estos trabajadores, ya que se rigen por el convenio estatal de empresas de mensajería, publicado en 2006, de forma que se actualice la “regulación de salarios, jornada, gastos, prevención, régimen disciplinario y gestión algorítmica conforme a la realidad de 2026”.

El siguiente paso que se marcan los sindicatos es organizar a los trabajadores de las 'flotillas' que operan alrededor de Glovo y de otras plataformas digitales. CCOO en Álava ya ha presentado el preaviso de elecciones sindicales en FLIITS24 en Álava, empresa vinculada al reparto a domicilio.El proceso afecta a 89 personas trabajadoras del centro de trabajo de Vitoria.

“El objetivo es garantizar que la laboralización del sector se traduzca en empleo con derechos y evitar que la externalización sirva para mantener situaciones de precariedad”, señala el representante de CCOO, que recuerda que con la reforma legal para acabar con los 'falsos autónomos' el conflicto no se ha solucionado del todo. “La figura del falso autónomo ha dado paso a modelos basados en empresas interpuestas y flotas externalizadas que, en muchos casos, pueden reproducir dinámicas de control y dependencia similares”, denuncia.

Los técnicos de sonido y espectáculos en huelga este viernes para exigir un convenio propio han alterado la programación de la Aste Nagusia donostiarra, como lo hicieron en la pasada jornada de huelga del colectivo coincidiendo con las fiestas de Vitoria. Durante la jornada se han suspendido todos los conciertos que estaban programados por el colectivo Donostiako Piraratak, en solidaridad con las reivindicaciones de los trabajadores en huelga, como ya lo hicieran las txosnas en Vitoria el pasado día 5 de agosto y han anunciado que hará Bilboko Konpartsak el proximo día 26, en el que se reproducirán los paros en la Aste Nagusia de Bilbao. Esto ha dejado fuera de la programación los conciertos en La Flamenka del grupo de ska y reggae Skabidean, así como al programa de actividades de la Plaza de la Trinidad. Además, se ha cancelado por la huelga el espectáculo de danza ‘PICASSa’, que iba a representarse en dos sesiones dentro del ciclo Tabakalera Dantzan de la Quincena Musical.

Se mantienen los conciertos de la noche previstos para este viernes, como el de La Kali en el escenario de Sagües, ya que trae sus propios técnicos. Algunos otros como la actuación de Quatuor Béla (20.00 horas, Sala II de Tabakalera) se desarrollará en formato acústico debido a la huelga También se llevará a cabo, aunque sin técnicos, el concierto de Coro Luberri Abesbatza, en la plaza Alfonso XIII del Antiguo, a partir de las 23.45 horas, según informan desde los trabajadores en huelga.

Durante todo el día los trabajadores han protagonizado piquetes en diversos actos de la Aste Nagusia de la capital guipuzcoana y han realizado una concentración ante el Victoria Eugenia.

Según ha señalado Andrés Tejería desde el colectivo Teknikariok, convocante de los paros junto a los sindicatos ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT, esperarán a que termine este ciclo de huelgas, el próximo día 26 en Bilbao, para ver si la patronal Euki cede en la negociación del convenio. Con estos paros quieren denunciar que la patronal se niega a desbloquear, lo que consideran “el punto más sangrante” de la negociación y el detonante de la ruptura de las negociaciones: la flexibilidad y la falta de preaviso digno en los calendarios laborales. Se quejan de trabajar en un sector “completamente desregularizado” que, además, tiene que cohabitar con “paracaidistas”, empresas que vienen de fuera a los festivales o que acompañan a algunos artistas con condiciones diferentes a las suyas.

El Gobierno de La Rioja financiará el 90 por cierto de las obras del nuevo centro social, cultural y de usos múltiples de Cabezón de Cameros, una infraestructura destinada a reforzar los servicios públicos y la vida comunitaria en el medio rural. La actuación contará con una aportación autonómica de 431.225,77 euros, mientras que el coste total del proyecto asciende a 479.139,74 euros.

El convenio de colaboración se ha firmado este miércoles por el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Cabezón de Cameros, Rodrigo Alba, en un acto en el que también ha participado el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León.

Durante la firma, Osés ha destacado que esta inversión forma parte de la estrategia del Ejecutivo regional para mejorar las infraestructuras y los servicios en los municipios riojanos. “Esta inversión responde al compromiso del Ejecutivo riojano por impulsar espacios de ocio, convivencia y sociabilidad que contribuyan a la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos que se prestan en el medio rural, así como favorecer la cohesión, la calidad de vida y la fijación de población en todo el territorio de nuestra región”, ha afirmado.

El nuevo centro social se construirá en un solar municipal de la calle Erilla, junto a la iglesia, el parque infantil, el asador y el bar del municipio, una ubicación estratégica que concentra buena parte de la actividad social de la localidad. El alcalde, Rodrigo Alba, ha agradecido el apoyo económico del Gobierno de La Rioja para hacer realidad un proyecto que permitirá disponer de un espacio adecuado para la celebración de actividades durante todo el año.

El edificio tendrá una superficie aproximada de 300 metros cuadrados, distribuidos entre planta baja y entreplanta. Contará con un salón multiusos, una segunda sala polivalente, cocina equipada, almacén y aseos adaptados, lo que permitirá acoger reuniones vecinales, actividades culturales, jornadas formativas o celebraciones municipales de forma simultánea.

El proyecto también incorpora medidas para mejorar la eficiencia energética, como un elevado aislamiento térmico, carpinterías de altas prestaciones e iluminación de bajo consumo. Además, el inmueble será completamente accesible, con recorridos adaptados y espacios libres de barreras arquitectónicas.

La actuación sustituirá al actual centro social, un edificio de más de un siglo de antigüedad que presenta importantes deficiencias de accesibilidad, seguridad y espacio. Con esta nueva infraestructuras, el Ejecutivo riojano busca reforzar los servicios públicos, dinamizar la vida social y cultural del municipio y contribuir a fijar población en el medio rural.

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA han suscrito un preacuerdo con la patronal del sector vinícola de Ciudad Real de cara al próximo convenio colectivo en la provincial.

El preacuerdo incluye una subida salarial del 3,5% en 2026, y del 3% en 2027 con cláusula de revisión salarial de hasta un 1% adicional cada uno de los años de vigencia, según han informado las organizaciones sindicales.

Los salarios podrán llegar al 4,5% y al 4% con efecto retroactivo desde el 1 de enero, para los 6.000 trabajadores del sector en la provincia.

Reducción de la jornada laboral

Además incluye una reducción de la jornada laboral en 8 horas quedando fijada la máxima anual en 1.792 horas por lo que las personas trabajadoras tendrán un día más de descanso.

En el preacuerdo se establece el mantenimiento de la antigüedad y los complementos de IT en las mismas condiciones uno de los puntos de fricción entre los sindicatos y la patronal.

Además incluye ultraactividad de forma que el convenio estará vigente mientras no haya otro que lo sustituya. Una vez se firme y se publique el texto definitivo del convenio los atrasos irán desde los 400 euros para la categoría más baja en adelante.

El secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha indicado que “todas estas mejoras, sin ningún recorte, se han conseguido gracias a la movilización de los trabajadores y trabajadoras del sector que avanzan en derechos y mejoran sus condiciones laborales”.

El responsable sindical ha apuntado a la importancia de las subidas salariales y la reducción de la jornada Recuerda que la lucha que comenzó el sector del metal “no solo ha servido para el convenio del metal sino que está sirviendo de referencia para todos los convenios de la provincia de Ciudad Real ya que, de forma mayoritaria, se están firmando con cláusulas de revisión salarial y subidas por encima del IPC”.

Por parte de UGT FICA Ciudad Real, Alfredo Nieto ha destacado que, hasta llegar al acuerdo que hace posible este convenio, la negociación ha sido “dura y difícil” con momentos en los que “hemos tenido que recurrir a la movilización”.

Al final, ha apuntado, “nos podemos sentir satisfechos con las mejoras alcanzadas, sobre todo con la subida salarial y la cláusula de revisión que hemos podido introducir en el texto; la reducción de la jornada; y, algo muy importante, la ultraactividad, de tal manera que este convenio permanecerá vigente mientras no haya otro que lo sustituya”. La Federación de Industria Construcción y Agro de UGT resaltaba que se trata de un sector estratégico en Ciudad Real, provincia a la cabeza tanto en producción como en exportación, de ahí “nuestro empeño en seguir avanzando en derechos y en mejores condiciones laborales”.

Alfredo Nieto ha señalado que aún quedan reivindicaciones pendientes “sobre las que seguiremos trabajando en las próximas negociaciones”.

La diputada regionalista Paula Fernández ha instado al consejero de Comercio, Eduardo Arasti (PP), a promover un acuerdo interprofesional con la patronal y los sindicatos del comercio textil para “blindar” el convenio colectivo autonómico publicado en enero y evitar la aplicación del marco laboral estatal, menos favorable a los intereses de los trabajadores cántabros.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno no es impugnar el convenio del Estado, sino garantizar que prevalezca el firmado en Cantabria”, ha asegurado en un nota de prensa, en respuesta a las declaraciones realizadas este viernes por Arasti sobre la posibilidad de acudir a la vía judicial.

A su juicio, la apertura de un procedimiento judicial “no garantiza que el convenio estatal no sea aplicado en Cantabria”, un objetivo que el PRC considera “prioritario” y que sigue el modelo que ya aplica el País Vasco. “Es la mejor vía para garantizar que los acuerdos negociados en la Comunidad Autónoma mantengan su eficacia cuando aseguran mejores condiciones laborales”, ha precisado.

En este sentido, ha defendido que el marco autonómico vigente “beneficia al conjunto de los trabajadores del textil”, por lo que cree que el Gobierno de Cantabria “debe concentrar todos sus esfuerzos en garantizar su prevalencia mediante el diálogo social y el acuerdo con los agentes económicos y sociales”.

Para Fernández, la protección de los trabajadores cántabros “exige dotar de estabilidad y seguridad jurídica a la negociación colectiva propia, en lugar de confiar esa defensa a una eventual impugnación judicial”.

El Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de La Rioja se firmó este martes después de casi un año de intensas movilizaciones, incontables reuniones de la mesa negociadora, dos convocatorias de huelga y dos procesos de mediación ante la Inspección de Trabajo.

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y USO celebran el consenso alcanzado en todos y cada uno de los puntos clave del acuerdo. “Esta firma supone un punto de inflexión crucial para abrir un camino de mejoras reales en un sector históricamente precarizado, invisibilizado y azotado por una continua y grave falta de personal. Quienes día a día se dedican con empatía y profesionalidad al cuidado de nuestros mayores por fin verán reconocidos sus derechos y verán dignificadas sus condiciones de trabajo”, señalan en un comunicado.

Entre los avances más significativos negociados y pactados entre las partes, destacan:

Desde la representación de las personas trabajadoras, dicen recibir “con ilusión y esperanza” esta firma que consideran “histórica”, confiando plenamente en que cada uno de los avances se traslade de forma efectiva al día a día de todos los centros de trabajo de la comunidad.

“Entendemos que este convenio no es una meta final, sino la continuidad de un camino de transformación que aún debe seguir recorriéndose”, señalan antes de añadir: “Cuidar a quienes nos cuidan debe ser una prioridad absoluta: la atención a nuestros mayores solo puede ser sinónimo de calidad si las empresas del sector sitúan en el centro el bienestar y la dignidad de las personas trabajadoras que sostienen este pilar fundamental de nuestra sociedad”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, con el apoyo “unánime” de las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, STAS-CLM y UGT, el IX Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, un texto que beneficiará a más de 7.500 trabajadores de la Administración regional.

El nuevo convenio, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, tendrá una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de julio de 2030, y establece el marco regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta de Comunidades, de sus organismos autónomos y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

La firma de este acuerdo es el resultado de un amplio proceso de negociación entre la Administración regional y la representación sindical, materializado en 25 reuniones de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, además de nueve reuniones específicas del grupo de trabajo creado para diseñar un nuevo procedimiento de gestión de las bolsas de trabajo del personal laboral.

El IX Convenio Colectivo incorpora avances significativos en las condiciones laborales del personal, con medidas dirigidas a mejorar la organización del trabajo, favorecer la conciliación y reforzar las oportunidades de desarrollo profesional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre las principales novedades destaca la implantación de un nuevo sistema de gestión de las bolsas de trabajo, que permitirá la oferta de puestos mediante llamamientos voluntarios, una medida que facilitará una cobertura más ágil y eficaz de las plazas vacantes. Asimismo, el convenio introduce mejoras en la participación en los concursos de traslados, en los procedimientos de movilidad, en la promoción interna y en el régimen de permisos y descansos.

El texto incorpora una bolsa de horas de conciliación para el personal laboral, para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral, y adecuando el convenio al II Plan Concilia y a la legislación vigente.

Además, el nuevo convenio reconoce un complemento específico para el personal que desempeña su jornada exclusivamente en horario de tarde, al tiempo que continúa impulsando mejoras en ámbitos como la formación, la salud laboral y el fortalecimiento de los derechos de representación colectiva.

El acuerdo también supone un avance en la estabilidad y calidad del empleo público, al incluir el compromiso de conversión de los contratos que aún permanecen bajo las modalidades de personal fijo discontinuo y personal de fin de semana en contratos a tiempo completo, mejorando así las condiciones de contratación de estos trabajadores y trabajadoras.

Por último, el IX Convenio incorpora la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración regional, una medida que será posible tras la reciente aprobación de la normativa estatal que regula esta modalidad.

El Ministerio de Trabajo ha ordenado la inscripción y publicación del convenio colectivo de ARTE, el primero a nivel nacional de grandes cadenas del comercio textil y que afecta a más de 120.000 trabajadores, tras subsanar los aspectos requiridos a la comisión negociadora tras la impugnación del mismo por parte de UGT, según informan fuentes sindicales.

En concreto, el convenio, firmado el pasado 2 de junio por los sindicatos CCOO Servicios y Fetico y la patronal ARTE, que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, ha superado el control de legalidad y las correspondientes subsanaciones técnicas, de acuerdo con el procedimiento ordinario y en tiempo y plazo, según informa Europa Press.

De esta forma, los requerimientos se han centrado en correcciones, adaptaciones y aclaraciones de determinados aspectos de la redacción que refuerzan los acuerdos alcanzados y la seguridad jurídica del texto.

La resolución de inscripción y publicación emitida por la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado de Trabajo, ordena “la inscripción del citado Convenio en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad”, y su inserción en el BOE, prevista para los próximos días.

Este acuerdo, que tiene que ser publicado ahora en el BOE, permite dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro.

Fetico ha recordado que el convenio aumenta de “forma significativa” la capacidad de negociación de las organizaciones firmantes. A través de la comisión paritaria, los diferentes observatorios y las herramientas previstas en el texto, se velará por el avance permanente no solo de las condiciones laborales, sino también de los derechos relacionados con la igualdad, la diversidad, las personas LGTBI y la discapacidad, entre otros ámbitos.

Por su parte, CCOO Servicios ha celebrado la culminación del “largo proceso” de negociación y tramitación de un convenio histórico que homologa y da garantías a nivel estatal y que incorpora “mejoras sustanciales” en jornada, conciliación y retribuciones para los trabajadores del sector.

En 2027, la fábrica de cable para telefonía Standard Eléctrica cumpliría cien años en Maliaño. La Standard, inaugurada por el rey Alfonso XIII, fue la segunda industria en un municipio de fuerte arraigo industrial -la primera fue la Cros, de fertilizantes, que da nombre a un parque emblemático local-, hasta que la compró Alcatel. Tiene tal peso simbólico que el Ayuntamiento (PP) planteó este año ponerle Standard Eléctrica, a una calle con nombre de exalcalde franquista, aunque finalmente pasó a llamarse con otro nombre.

En la misma ubicación donde estuvo esa fábrica, siempre ha habido industria de cableado de algún tipo: Alcatel, Nexans, Draka y, desde hace quince años, la fábrica de cable para fibra óptica de la multinacional Prysmian. Es con Prysmian con la que la mayor parte de la plantilla está enfrentada por la negociación de un convenio colectivo que ha llevado a once jornadas de huelga, medio año después de ocho despidos individuales, en una fábrica de 142 empleados.

“Después de los despidos, que te vengan con esta congelación tan tremenda, pues no: se lo hemos dicho muchas veces, ya hicimos un esfuerzo tremendo con el anterior convenio”, advierte Ismael Vega, presidente del comité de empresa de Prysmian. En el anterior convenio, acordaron recuperar un punto de IPC por cada año del siguiente convenio, el actual, para compensar la pérdida de poder adquisitivo en periodo de inflación. Pero, hubo un ERTE, que se prolongó durante dos años, por lo que el “desfase” salarial entre los que cobran más y los que cobran menos, se volvió más notorio.

En los dos meses de huelgas, mientras se han sucedido las negociaciones de mediación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla), ha habido avances en la negociación del convenio: el comité de empresa ha acordado con Prysmian incrementos salariales. Por un lado, un mínimo garantizado del 2% y un tope máximo del 3% sobre el IPC para 2026 y un mínimo del 2,5% y un máximo del 3,5%, para 2027.

2025 por resolver

El punto de fricción es 2025: Prysmian ha mantenido, por ahora, una congelación salarial, para una plantilla cuyo sueldo se compone de dos tablas (salario base e incentivo global), en la que los pluses se calculan exclusivamente sobre la primera.

“El desacuerdo es más de concepto, que económico”, dice el presidente del comité de empresa. “Cuando hace muchos años se estableció que una hora de turnicidad equivaldría al 15% de una hora de la tabla de salario base y la nocturnidad un 50%, había poca diferencia entre categorías. Con el paso de los años y de los aumentos de IPC esa diferencia ha crecido mucho”, cuestiona.

La plantilla suma 142 empleados ahora mismo. Se divide entre trabajadores de producción (113), que son los que hacen turnos y noches, y empleados (28), pero la mayoría de la plantilla de producción está en las categorías salariales mas bajas. Para contrarrestar la situación, y aún reconociendo que el salario es “decente”, el comité ha propuesto igualar los pluses de turnicidad y nocturnidad -asociados a un porcentaje del salario base-. “Lo normal sería que todos cobremos lo mismo, para que al menos las categorías más bajas recuperen la mayor parte posible; entendemos que es justo igualar los pluses, pero la empresa parece ser que está más interesada en mantener esas diferencias, que en ser equitativa por un coste asumible para una multinacional”, cuestiona el presidente del comité.

La mayor parte de la fábrica está en conflicto con Prysmian, pero las huelgas las secundan los 113 empleados de producción. Los 28 empleados de oficinas no forman parte de una movilización, que tomó consistencia tras los ocho despidos de 2025, después de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de dos años.

ElDiario.es ha tratado de contactar con trabajadores de Prysmian, tanto de producción, como empleados, pero no ha sido posible. Solo Jose Salmón, que también es concejal socialista en el ayuntamiento de Camargo, ha accedido. Como empleado de producción y tras pasar por Nexan, Draka y Prysmian, coincide con el presidente del comité en que las negociaciones con Prysmian están siendo complejas: “Son intransigentes y menos negociadores” que las compañías previas. “Normalmente en una mesa negociadora el IPC es como una línea roja. Esta empresa nos debe cinco puntos de IPCs anteriores y está especulando siempre con nuestro dinero en modo de acciones o diciendo que lo paga el año que viene”, afirma.

Los despidos “como preludio”

“El ERTE ha terminado siendo el preludio de despidos. Cuando la empresa decidió de finalizarlo, de una forma unilateral, pues unos días después despide a 8 trabajadores, algunos con más de 30 años de antigüedad”. Así se dirigió en una interpelación en el pleno del Parlamento de Cantabria una diputada socialista al consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti (PP), en diciembre de 2025, días después de una huelga secundada al 100% como respuesta a los despidos.

Arasti respondió que su consejería estaba en comunicación con Prysmian y con el comité, pero frente a otros casos recientes en los que el consejero de Industria ha informado con comunicados de su voluntad de ejercer de interlocutor -y ha ejercido en algunos casos, como Solvay y Nestlé-, en el conflicto de Prysmian, ha tenido un perfil bajo, sin comunicados públicos.

El comité defiende que los ocho despidos unieron más a la plantilla, que fueron clave para entender por qué resisten 11 jornadas de huelga. “Es una inversión a futuro, al final de este convenio, es decir, en diciembre del año que viene, ya habríamos recuperado el dinero”, sintetiza Ismael Vega. “También queremos dejar un precedente de que no nos venimos abajo, porque es el primer conflicto grande que tenemos con Prysmian”.

El Ayuntamiento de Camargo, que aglutina a varios municipios, entre ellos, el de Maliaño, donde está la fábrica Prysmian, respaldó a los trabajadores de Prysmian en el pleno municipal de mayo, entendiendo que se trata de una negociación que corresponde a empresa y trabajadores, desde el Ayuntamiento existe un objetivo claro, que es “garantizar el mejor futuro posible para los trabajadores y para la continuidad del proyecto industrial”.

Para Javier Salmón, el trabajador de Prysmian y concejal, el departamento de producción es “la fuerza de la fábrica, los que hacemos los cables y los que hemos sufrido los despidos. Por eso la gente dice: ”¿Qué es esta desigualdad que existe aquí?“.

La negociación en Prysmian, advierte Salmón, “tiene muchos simbolismo para Maliaño”, al final de la antigua Standard Eléctrica ha sido como el motor“ económico histórico del municipio.

En su opinión, la clave para entender cómo la plantilla ha aguantado económicamente 11 jornadas de huelga es el efecto del pasado reciente: “Después de los últimos ocho despidos el año pasado, sin avisar al comité, yo creo que la gente ha quitado el miedo y ha dicho: ”Bueno, ¿qué más da? Si me van a echar, pues vamos a pelear por algo digno“. Ahí está la fuerza que se tiene ahora”.

La cadena de supermercados Lidl y los sindicatos han firmado el nuevo convenio colectivo que garantiza, entre otros aspectos, un incremento salarial mínimo acumulado del 15% hasta 2030, con una subida consolidable del 4% en 2026 y del 3% anual entre 2027 y 2029.

Además de las mejoras salariales, el cuarto convenio colectivo de la compañía incorpora avances en materia de conciliación de la vida laboral y personal, contratación, consolidación de jornada, permisos retribuidos y beneficios sociales, según han informado las partes en diferentes comunicados.

El acuerdo actualiza distintos aspectos relacionados con la igualdad, la diversidad, la prevención de riesgos laborales y la adaptación de las relaciones laborales a los nuevos desafíos derivados de la transformación tecnológica. También se recoge una política retributiva para el trabajo en domingos y festivos.

Lidl ha asegurado que realizará una inversión “histórica” de más de 280 millones de euros en los próximos cuatro años para dar un salto “cualitativo” en las condiciones económicas, sociales y de conciliación de la plantilla, lo que supone duplicar el presupuesto del anterior convenio. Solo en 2026 la inversión será de más de 70 millones de euros.

Lidl mantiene que el pacto hace que la empresa se sitúe “a la vanguardia del sector” gracias a un “robusto paquete de derechos y beneficios sociales para su plantilla a fin de garantizar su bienestar y facilitar la conciliación”.

Su consejero delegado para España, Claus Grande, ha añadido que la firma es la “consolidación” del compromiso con las personas, que son el “motor” que mueve a la empresa.

Con este acuerdo, “aseguramos que nuestro crecimiento vaya siempre de la mano del bienestar de nuestros colaboradores, dando seguridad económica y garantizando incrementos salariales muy importantes para los próximos cuatro años”, ha remarcado.

Por su parte, UGT ha subrayado que “uno de los aspectos más relevantes” del nuevo convenio es la mejora de las condiciones retributivas.

Ha puesto también el foco en la regulación de la jubilación parcial con contrato de relevo, una reivindicación sindical “histórica” que favorecerá el relevo generacional y ofrecerá nuevas oportunidades para una transición ordenada hacia la jubilación.

Este sindicato cree, no obstante, que aún existen “importantes” retos en el ámbito del comercio y de la distribución –por ejemplo, ampliar la inclusión de cláusulas de revisión salarial en el sector–. En todo caso, ha valorado este acuerdo que supone “avances concretos” para los profesionales de Lidl.

Hay debates que colocan la sospecha sobre quien menos poder tiene. Eso ocurre con las bajas laborales. Alberto Núñez Feijóo ha definido el absentismo como “un cáncer que no podemos pagar” y ha planteado revisar los complementos salariales “con o sin acuerdo”. No es solo un exceso verbal: prepara el terreno para castigar económicamente a quien enferma y debilitar la negociación colectiva.

Lo que hemos escuchado no es una reflexión seria sobre la incapacidad temporal. Es una ofensiva. Se habla de costes, de lunes y viernes, de supuestos abusos y de recortes, pero apenas se habla de prevención, listas de espera, salud mental, accidentes de trabajo o ritmos laborales que enferman. Se quiere poner el foco en la persona trabajadora de baja, no en las causas que explican por qué acaba de baja.

Especialmente grave ha sido el señalamiento a la juventud trabajadora. Apuntar a quienes tienen entre 25 y 35 años como sospechosos de aprovecharse del sistema es atacar a una generación que ya soporta precariedad, salarios insuficientes, alquileres imposibles, temporalidad e incertidumbre vital. No es falta de compromiso: demasiadas veces se les exige producir mucho a cambio de muy poco.

Conviene aclarar algo básico: incapacidad temporal no es absentismo injustificado. Una baja médica no es una ocurrencia ni una decisión unilateral del trabajador. Responde a una enfermedad, accidente, intervención, recuperación o problema de salud que impide trabajar, y se reconoce mediante criterio sanitario. Desde la Organización Médica Colegial también se ha recordado que la baja laboral debe diferenciarse del absentismo. Poner bajo sospecha las bajas es cuestionar también el criterio profesional de quienes las conceden.

Las personas como mercancía

UGT lo ha dicho con claridad: confundir enfermedades que impiden trabajar con absentismo es tratar a las personas trabajadoras como mercancía. Ahí está el fondo de este discurso: una visión del trabajo en la que la persona vale mientras produce, pero se convierte en problema cuando enferma. Plantear que quien está de baja cobre menos no es modernidad; es castigar a quien está en situación de vulnerabilidad.

Además, se oculta cómo funciona la incapacidad temporal. En enfermedad común o accidente no laboral, los tres primeros días no están cubiertos; del cuarto al vigésimo se cobra el 60% de la base reguladora; y desde el día 21, el 75%. La ley ya contempla una pérdida económica para quien enferma. Por eso, cuando un convenio mejora esa protección, no premia el absentismo: evita que enfermar signifique también empobrecerse.

Ahí está la clave: la negociación colectiva. Las mejoras de incapacidad temporal que existen en muchos sectores no han caído del cielo. No son un regalo de la patronal ni una concesión amable de la empresa. Son fruto de años de organización sindical, mesas de negociación, conflictos, acuerdos, afiliación y lucha colectiva.

Mejorar la vida de la clase trabajadora

En UGT Extremadura hemos elaborado recientemente un informe sobre la incapacidad temporal en los convenios colectivos sectoriales extremeños. Sin entrar en su contenido técnico, deja una conclusión política clara: las mejoras en materia de IT son un elemento clave de la negociación colectiva. Allí donde hay convenio y sindicato hay más garantías para que una enfermedad no se convierta en castigo económico. No hablamos de una regulación descontrolada, sino de cláusulas pactadas, con condiciones y límites según cada sector.

Por eso este debate no va solo de bajas. Va de poder sindical. Va de si las personas trabajadoras tienen herramientas colectivas para defenderse o quedan solas frente a la empresa. Va de si los derechos se pactan en convenios o se recortan desde un atril político.

Desde UGT Extremadura, venimos defendiendo una línea coherente con esta posición: empleo de calidad, salarios dignos, servicios públicos y negociación colectiva como instrumento para mejorar la vida de la clase trabajadora. Hablar de bajas laborales sin hablar de empleo digno, sanidad pública y prevención es hacer trampa.

También debemos recordar algo incómodo: muchos derechos que hoy disfruta una plantilla existen porque alguien los negoció. Subidas salariales, permisos, complementos de IT, jornadas o mejoras sociales se consiguen porque hay sindicatos, delegados y delegadas, recursos, afiliación y organización. Cuestionar a los sindicatos mientras se aprovechan los derechos que conquistan es una contradicción evidente.

Durante años nos han repetido que casi todos somos clase media, pero la realidad es más sencilla: la mayoría vivimos de nuestro salario. Si enfermamos y no hay protección, nuestra vida se tambalea. Si no hay convenio, dependemos de la voluntad empresarial. Eso se llama clase trabajadora.

Si de verdad se quiere reducir la duración de las bajas, hay que reforzar la sanidad pública, reducir listas de espera, mejorar la atención primaria, invertir en salud mental, perseguir a las empresas que incumplen la prevención y analizar qué condiciones laborales están enfermando a la gente. Lo que no puede aceptarse es señalar al enfermo, atacar a la juventud y usar la incapacidad temporal como excusa para debilitar derechos.

Enfermar no es absentismo. Enfermar no es abuso. Enfermar no es deslealtad a la empresa. Que nadie se equivoque: cuando la patronal y la derecha señalan a quien enferma, no están defendiendo la productividad; están atacando derechos conquistados por la clase trabajadora. Y ahí nos van a encontrar enfrente, defendiendo la salud, el salario, la negociación colectiva y la dignidad de quienes sostienen este país con su trabajo.

La Asociación Retail Textil España (ARTE) ha asegurado que la tramitación del convenio colectivo del sector textil “continúa con normalidad y en ningún caso se ha paralizado el procedimiento”. ARTE ha respondido así al anuncio de UGT de que el Ministerio de Trabajo ha suspendido el registro y la tramitación del convenio ARTE antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras estimar una impugnación de este sindicato sobre la legalidad de diferentes artículos de su contenido.

En un comunicado, la asociación ha explicado que, en el marco del proceso administrativo habitual, la autoridad laboral “ha formulado observaciones/requerimientos de subsanación” sobre el texto presentado, pero éstas “no suponen el rechazo del convenio ni implican que el expediente quede bloqueado” sino que se trata “de un trámite ordinario previo a su inscripción”.

ARTE ha afirmado que atenderá y subsanará dichas observaciones conforme al procedimiento legalmente establecido para que el expediente siga avanzando en las fases previstas y el convenio prosiga su tramitación con plena normalidad.