Hay debates que colocan la sospecha sobre quien menos poder tiene. Eso ocurre con las bajas laborales. Alberto Núñez Feijóo ha definido el absentismo como “un cáncer que no podemos pagar” y ha planteado revisar los complementos salariales “con o sin acuerdo”. No es solo un exceso verbal: prepara el terreno para castigar económicamente a quien enferma y debilitar la negociación colectiva.

Lo que hemos escuchado no es una reflexión seria sobre la incapacidad temporal. Es una ofensiva. Se habla de costes, de lunes y viernes, de supuestos abusos y de recortes, pero apenas se habla de prevención, listas de espera, salud mental, accidentes de trabajo o ritmos laborales que enferman. Se quiere poner el foco en la persona trabajadora de baja, no en las causas que explican por qué acaba de baja.

Especialmente grave ha sido el señalamiento a la juventud trabajadora. Apuntar a quienes tienen entre 25 y 35 años como sospechosos de aprovecharse del sistema es atacar a una generación que ya soporta precariedad, salarios insuficientes, alquileres imposibles, temporalidad e incertidumbre vital. No es falta de compromiso: demasiadas veces se les exige producir mucho a cambio de muy poco.

Conviene aclarar algo básico: incapacidad temporal no es absentismo injustificado. Una baja médica no es una ocurrencia ni una decisión unilateral del trabajador. Responde a una enfermedad, accidente, intervención, recuperación o problema de salud que impide trabajar, y se reconoce mediante criterio sanitario. Desde la Organización Médica Colegial también se ha recordado que la baja laboral debe diferenciarse del absentismo. Poner bajo sospecha las bajas es cuestionar también el criterio profesional de quienes las conceden.

Las personas como mercancía

UGT lo ha dicho con claridad: confundir enfermedades que impiden trabajar con absentismo es tratar a las personas trabajadoras como mercancía. Ahí está el fondo de este discurso: una visión del trabajo en la que la persona vale mientras produce, pero se convierte en problema cuando enferma. Plantear que quien está de baja cobre menos no es modernidad; es castigar a quien está en situación de vulnerabilidad.

Además, se oculta cómo funciona la incapacidad temporal. En enfermedad común o accidente no laboral, los tres primeros días no están cubiertos; del cuarto al vigésimo se cobra el 60% de la base reguladora; y desde el día 21, el 75%. La ley ya contempla una pérdida económica para quien enferma. Por eso, cuando un convenio mejora esa protección, no premia el absentismo: evita que enfermar signifique también empobrecerse.

Ahí está la clave: la negociación colectiva. Las mejoras de incapacidad temporal que existen en muchos sectores no han caído del cielo. No son un regalo de la patronal ni una concesión amable de la empresa. Son fruto de años de organización sindical, mesas de negociación, conflictos, acuerdos, afiliación y lucha colectiva.

Mejorar la vida de la clase trabajadora

En UGT Extremadura hemos elaborado recientemente un informe sobre la incapacidad temporal en los convenios colectivos sectoriales extremeños. Sin entrar en su contenido técnico, deja una conclusión política clara: las mejoras en materia de IT son un elemento clave de la negociación colectiva. Allí donde hay convenio y sindicato hay más garantías para que una enfermedad no se convierta en castigo económico. No hablamos de una regulación descontrolada, sino de cláusulas pactadas, con condiciones y límites según cada sector.

Por eso este debate no va solo de bajas. Va de poder sindical. Va de si las personas trabajadoras tienen herramientas colectivas para defenderse o quedan solas frente a la empresa. Va de si los derechos se pactan en convenios o se recortan desde un atril político.

Desde UGT Extremadura, venimos defendiendo una línea coherente con esta posición: empleo de calidad, salarios dignos, servicios públicos y negociación colectiva como instrumento para mejorar la vida de la clase trabajadora. Hablar de bajas laborales sin hablar de empleo digno, sanidad pública y prevención es hacer trampa.

También debemos recordar algo incómodo: muchos derechos que hoy disfruta una plantilla existen porque alguien los negoció. Subidas salariales, permisos, complementos de IT, jornadas o mejoras sociales se consiguen porque hay sindicatos, delegados y delegadas, recursos, afiliación y organización. Cuestionar a los sindicatos mientras se aprovechan los derechos que conquistan es una contradicción evidente.

Durante años nos han repetido que casi todos somos clase media, pero la realidad es más sencilla: la mayoría vivimos de nuestro salario. Si enfermamos y no hay protección, nuestra vida se tambalea. Si no hay convenio, dependemos de la voluntad empresarial. Eso se llama clase trabajadora.

Si de verdad se quiere reducir la duración de las bajas, hay que reforzar la sanidad pública, reducir listas de espera, mejorar la atención primaria, invertir en salud mental, perseguir a las empresas que incumplen la prevención y analizar qué condiciones laborales están enfermando a la gente. Lo que no puede aceptarse es señalar al enfermo, atacar a la juventud y usar la incapacidad temporal como excusa para debilitar derechos.

Enfermar no es absentismo. Enfermar no es abuso. Enfermar no es deslealtad a la empresa. Que nadie se equivoque: cuando la patronal y la derecha señalan a quien enferma, no están defendiendo la productividad; están atacando derechos conquistados por la clase trabajadora. Y ahí nos van a encontrar enfrente, defendiendo la salud, el salario, la negociación colectiva y la dignidad de quienes sostienen este país con su trabajo.

La Asociación Retail Textil España (ARTE) ha asegurado que la tramitación del convenio colectivo del sector textil “continúa con normalidad y en ningún caso se ha paralizado el procedimiento”. ARTE ha respondido así al anuncio de UGT de que el Ministerio de Trabajo ha suspendido el registro y la tramitación del convenio ARTE antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras estimar una impugnación de este sindicato sobre la legalidad de diferentes artículos de su contenido.

En un comunicado, la asociación ha explicado que, en el marco del proceso administrativo habitual, la autoridad laboral “ha formulado observaciones/requerimientos de subsanación” sobre el texto presentado, pero éstas “no suponen el rechazo del convenio ni implican que el expediente quede bloqueado” sino que se trata “de un trámite ordinario previo a su inscripción”.

ARTE ha afirmado que atenderá y subsanará dichas observaciones conforme al procedimiento legalmente establecido para que el expediente siga avanzando en las fases previstas y el convenio prosiga su tramitación con plena normalidad.

El Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja han firmado este miercoles la renovación del Convenio de Capitalidad, un acuerdo dotado con más de tres millones de euros, la mayor cuantía alcanzada hasta la fecha.

La aportación, procedente del Fondo de Cooperación Local del Gobierno de La Rioja, se destinará a financiar áreas de competencia municipal vinculadas al desarrollo local.

Durante el acto de firma, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha calificado el acuerdo como “una buena noticia para Logroño y una buena noticia para la Comunidad Autónoma”, al considerar que refuerza la colaboración entre ambas administraciones para impulsar proyectos estratégicos para la ciudad.

Entre los proyectos desarrollados gracias a esta colaboración, el alcalde ha recordado la futura construcción del nuevo Colegio de Educación Especial Marqués de Vallejo. Tambien ha hecho referencias a iniciativas relacionas con la vivienda, el desarrollo del polígono de Las Cañas, actuaciones vinculadas al Camino de Santiago y proyectos deportivos como las mejoras en Centro Deportivo Municipal Lobete.

En materia de vivienda, ambas administraciones han destacado dos actuaciones impulsadas junto al IRVI. La primera contempla la construcción de viviendas de alquiler asequible, mientras que la segunda prevé la promoción de viviendas públicas protegidas en la avenida de Burgos. Ambos proyectos sumarán alrededor de un centenar de viviendas y contarán con financiación en los presupuestos regionales de 2027.

“La dinamica de colaboración es constante y, con independencia de la cifra, nuestra voluntad es seguir profundizando en proyectos que beneficien a la capital de La Rioja”, ha afirmado el alcalde.

Asimismo, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, asegura que más allá de la cifra, “hay una filosofía más importante: la colaboración entre administraciones”. El ejecutivo autonómico ha destinado 148,3 millones de euros a inversiones en Logroño durante los últimos tres años para impulsar infraestructuras que prestan servicio al conjunto de La Rioja.

Durante su intervención, Capellán ha defendido que el actual periodo representa “momentos históricos de colaboración entre el Gobierno y el Ayuntamiento”. Además, insiste en que ambas administraciones deben centrarse en respoder a las necesidades de los ciudadanos.

La renovación del convenio consolida así una línea de colaboración estrecha entre ambas instituciones que, además de financiar servicios municipales, servirá para seguir impulsando nuevos proyectos estratégicos.

ELA, el principal sindicato vasco, ha anunciado este martes que a partir del mes de septiembre negociará únicamente en euskera los 27 convenios sectoriales que se encuentran actualmente en proceso “aunque no exista un servicio de traducción”. Es una medida que afectará por ejemplo a la negociación de convenios tan importantes como el Metal de Bizkaia y Álava, el de Intervención Social de Gipuzkoa y buena parte de los relativos a Servicios e Industria.

Paralelamente, ha solicitado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que habilite los recursos necesarios para que las mesas de negociación puedan desarrollarse en euskera con normalidad. Según ha señalado el responsable de negociación colectiva del sindicato, Pello Igeregi, ELA “no renunciará al uso del euskera” y durante la negociación “corresponderá al resto de organizaciones sindicales y a las patronales buscar los medios necesarios para seguir el desarrollo de las negociaciones”.

El sindicato parte de la base de que ni la patronal ni el CRL están colaborando para favorecer el uso del euskera en la negociación colectiva. En este sentido, Igeregi ha recordado que en 2022, junto a LAB y Euskalgintzaren Kontseilua, propuso la universalización de los planes de euskera en las empresas, “una iniciativa que fue rechazada y en los convenios colectivos rara vez aceptan medidas a favor de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes”. En este contexto, considera que el primer paso regular el euskera en los convenios es hacerlos visibles en las negociaciones.

En cuanto al CRL , ha señalado que “carece de un servicio estable de traducción e interpretación, por lo que las escasas negociaciones que se desarrollan en euskera dependen del trabajo de su propio personal que no cuenta con formación específica para desempeñar esa función”. En este sentido, ha señalado que se han reunido con la presidenta del CRL, Emilia Málaga, a quien han trasladado la necesidad de que el organismo disponga de medios para garantizar negociaciones en euskera.

ELA concluye del análisis de 1.499 convenios vigentes, que el 83,19% no incorpora ninguna medida para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes en el ámbito laboral y que las medidas existentes son, en su mayoría, “de carácter simbólico” como el pago de los costes de cursos para aprender euskera y o la regulación del paisaje lingüístico. “Solo el 5,07% de los convenios cuenta con un plan de euskera o contempla el compromiso de elaborarlo. El 13,8% prevé ayudas para el aprendizaje de la lengua, el 4,37% permite estudiar euskera dentro de la jornada laboral y únicamente el 1,66% establece que el conocimiento del euskera se valorará en la contratación”, han señalado.

“Al igual que ocurre con cualquier otra opresión social, como las opresiones de género, clase o raza, la opresión lingüística solo puede superarse si se regula el uso de las lenguas y se destinan recursos para superar la situación de subordinación. El uso de la lengua que ha ganado la supremacía absoluta se naturaliza y el uso de otras lenguas se considera excepcional, a menos que existan normas y recursos para equiparar los derechos lingüísticos”, ha afirmado Igeregi. Como ejemplo, ha indicado que si una empresa no dispone de medios para celebrar reuniones en euskera y parte de la plantilla no conoce la lengua, estas se desarrollarán en castellano. Del mismo modo, si el aprendizaje del euskera no se reconoce como un derecho laboral, el único idioma cuyo conocimiento estará realmente garantizado será el castellano.

En este sentido, reconoce que el sindicato no ha conseguido “situar los derechos lingüísticos al mismo nivel que otras reivindicaciones laborales, como las mejoras salariales o la reducción de jornada”, una cuestión que atribuye tanto a la negativa de las patronales a negociar medidas de normalización del euskera como a la incapacidad de los sindicatos para organizar movilizaciones y huelgas específicas en defensa de estos derechos.

Tras el anuncio de ELA, el sindicato LAB ha dado la “bienvenida” a la iniciativa de usar solo el euskera, a partir de septiembre, pero ha asegurado que le sorprende que no haya contado con ellos porque “haberla impulsado conjuntamente, habría sido más eficaz”. El sindicato ha defendido que se necesitan garantías “para poder utilizar el euskera no solo en la negociación colectiva, sino también en los juzgados y en otras muchas instancias”. A través de un comunicado, LAB ha advertido, además, de que “en los últimos tiempos estamos viviendo una ofensiva contra el euskera”, por lo que ha defendido dar “un nuevo impulso a las medidas en favor del euskera” y que esta lengua adquiera “una centralidad aún mayor en la acción sindical”. “Seguiremos reclamando garantías para la euskaldunización de la administración pública y continuaremos impulsando planes de euskera en los centros de trabajo”, han añadido.

Por contra, UGT de Euskadi ha mostrado su “sorpresa” por el anuncio de ELA y ha apelado a “construir consensos por el euskera en vez de lanzar ultimátums y falsos debates en torno a su uso en el ámbito sociolaboral”. “Cabe preguntarse por qué no lo han hecho antes si lo estimaban necesario, dado que la misma cuestión, intervenir exclusivamente en euskera, es algo que ya venían haciendo con normalidad desde hace años en las negociaciones del sector público”, ha dicho el sindicato.

La reunión en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) entre la dirección de Prysmian y el comité de empresa ha concluido sin acuerdo al no presentar la empresa ninguna mejora sobre la última oferta trasladada a la representación sindical, por lo que se mantiene la jornada de huelga convocada para este miércoles, 8 de julio.

La representación sindical ha lamentado que la compañía “haya desaprovechado una nueva oportunidad” para desbloquear la negociación del convenio colectivo, especialmente porque ambas partes ya están de acuerdo en los incrementos salariales para 2026 y 2027, y sólo hay discrepancias en 2025, según el comité.

“Hemos vuelto a poner sobre la mesa una propuesta que creemos que es la más equilibrada y beneficiosa para la mayoría de la plantilla, que es renunciar a la actualización salarial vinculada al IPC a cambio de igualar los pluses de turnicidad y nocturnidad de todos los trabajadores de producción”, ha indicado el comité, que ha recordado que la plantilla se opuso a la última, en una proporción de dos cada tres trabajadores, si bien la actual es 0,5 puntos superior a la de hace una semana.

El comité de empresa ha subrayado que con esta propuesta pretenden igualar esos pluses para toda la plantilla, es decir, que el mayor porcentaje de ese incremento se dirija al grupo más amplio de trabajadores que menos cobran. Concretamente equivaldría a un 80% del 2,9%, que es el IPC del 2025 y, después, a mayor categoría salarial menor incremento, ha explicado.

“Sería más justo y también más económico para la empresa porque el gasto total sería equivalente a un incremento del 1,3% para toda la plantilla. En realidad nos separan poco más de 5.000 euros brutos al mes en una compañía con un beneficio récord en 2025 de 1.270 millones de euros netos. Resulta difícil de entender que una cantidad tan reducida siga impidiendo alcanzar un acuerdo”, ha apuntado el presidente del comité, Ismael Vega.

Por ello, la convocatoria de huelga del miércoles se mantiene en pie a pesar de que la dirección de Prysmian haya vuelto a condicionar la continuidad de la negociación a la desconvocatoria de las movilizaciones.

El Partido Regionalista de Cantabria ha denunciado la “discriminación salarial” que sufren los médicos de familia del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria y ha pedido explicaciones al consejero de Salud, César Pascual (PP), por su situación y por la falta de acuerdo con la Gerencia de la Fundación Marqués de Valdecilla para mejorar sus condiciones retributivas.

La diputada y portavoz del PRC en materia sanitaria, Paula Fernández, ha mantenido este viernes un encuentro con estos profesionales, tras el cual ha defendido que desempeñan “una labor esencial” para garantizar el funcionamiento del Banco de Sangre y el desarrollo de las campañas de donación.

Según ha explicado en una nota de prensa, el personal del Banco de Sangre y Tejidos depende de la Fundación Marqués de Valdecilla y se rige por el séptimo convenio de personal laboral, vigente desde 2004, una situación que se traduce en condiciones económicas “notablemente inferiores a las de otros facultativos con responsabilidades similares”.

Ante esta situación, el colectivo planteó en julio de 2025 una propuesta de mejora de sus condiciones laborales para corregir aspectos como la cuantía que perciben por los trienios, la ausencia de diferenciación retributiva por categorías profesionales o la inexistencia de complementos de productividad. Sin embargo, la Gerencia de la Fundación Marqués de Valdecilla no respondió a esta propuesta hasta enero de este año y, tras varios meses de negociaciones, no han alcanzado un acuerdo.

Fernández ha cuestionado las diferencias laborales que existen entre los propios profesionales del Banco de Sangre, dado que los hematólogos sí han visto incrementadas sus remuneraciones con un complemento específico para evitar su marcha del servicio.

Esta situación está teniendo “consecuencias directas” sobre el funcionamiento del Banco de Sangre, asegura el PRC, ya que los médicos de familia asumían solidariamente la cobertura de bajas y vacaciones para garantizar la continuidad de los servicios. Con una plantilla reducida a tres profesionales, y ante la falta de incentivos, ya no se hace.

Además, las extracciones en Valdecilla se están realizando sin presencia médica en horario de mañana, mientras que la unidad móvil del Banco de Sangre permanece “numerosos” días sin facultativo, lo cual ha obligado a cancelar colectas programadas.

Fernández cree que la situación se agravará durante el verano, dado que los donantes habituales fallan por vacaciones y las necesidades aumentan por la llegada de visitantes.

Por ello, exigirá explicaciones al consejero en el Parlamento, para conocer “por qué discrimina a los médicos de familia del Banco de Sangre y Tejidos respecto a otros profesionales sanitarios” y qué medidas piensa adoptar para resolver un conflicto que, a su juicio, “está afectando a la calidad y seguridad del servicio”.

Más de 300 personas se han manifestado en Toledo en una marcha que ha recorrido el trayecto entre la sede de la patronal de Castilla-La Mancha, CECAM, y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en defensa de “un convenio colectivo digno que recoja condiciones salariales decentes” y para exigir en Castilla-La Mancha que se abra una única mesa de negociación de un convenio de ámbito regional que favorezca las condiciones de trabajo y permita combatir la precariedad laboral.

En la región existen cinco convenios colectivos provinciales de limpieza de edificios y locales, cuya vigencia finaliza este año, y que afectan a más de 18.000 personas trabajadoras. De ellas más del 80% son mujeres y 3 de cada 4 con contratos a tiempoparcial.

“Basta ya de precariedad laboral”

“Convenio justo, salario digno”, “No somos invisibles, somos imprescindibles”, “Patronal escucha, la limpieza está en la lucha”, “Basta ya de precariedad laboral” o “Una sola mesa de negociación” son algunos de los eslóganes que han coreado los trabajadores y trabajadoras durante la movilización.

El responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat, Juan Carlos García, ha explicado que el objetivo es “trasladar a la patronal nuestro desacuerdo con las condiciones de trabajo que se están planteando” y, a la Consejería, “que se comprometa con el sector para que podamos abrir una mesa de convenio regional para intentar que las condiciones de las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales de la región sean homogéneas”.

La secretaria general de la Federación de CCOO del Hábitat, Maribel Cabañero, ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha es el mayor cliente de las empresas de limpieza si bien ha lamentado que “cada vez destina menos dotación, lo que nos hace pensar que la administración está en modo ahorro en algo que no es un gasto sino una inversión como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Cabañero ha indicado que los empresarios están bloqueando las mesas de negociación con el tema del absentismo. “Lo que pretenden es empeorar la situación de las prestaciones cuando alguien cae enfermo. Pero no olvidemos una cosa: la gente trabajadora no se firma el parte de baja, lo firma un facultativo o facultativa”.

En cuanto a las principales reivindicaciones, el colectivo pide mejoras salariales acordes al coste de la vida, el mantenimiento de los derechos laborales y el reconocimiento profesional de un servicio esencial para el funcionamiento de centros sanitarios, educativos, administrativos e industriales.

Los responsables sindicales han explicado que estas trabajadoras están muy afectadas por la parcialidad y han denunciado la discriminación que sufren con respecto a los trabajadores del sector, teniendo ellas categorías profesionales de limpiadora y ellos de especialistas.

De cara a la negociación colectiva del año que viene en la región CCOO del Hábitat pretende que haya una única mesa para las cinco provincias donde se negocien las mismas condiciones de trabajo y que la administración se implique“ han señalado.

En este sentido, se ha registrado un escrito en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo solicitando su apoyo a este sector y que realice las gestiones convenientes con las distintas patronales para la apertura de una mesa de negociación de ámbito regional.

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, junto a la concejala de Comercio, Alicia Zapata, ha firmado este martes la renovación del convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Mula, Acohomul, representada por su presidente, Juan Boluda.

El acuerdo mantiene la misma aportación económica, destinada a apoyar las acciones de dinamización comercial, promoción del comercio de proximidad e impulso de las compras en el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Mula destacan que este convenio permite seguir reforzando iniciativas que repercuten directamente en el conjunto de la ciudadanía, “ya que apostar por el comercio local supone dinamizar la economía del municipio, generar actividad en calles y barrios y contribuir al mantenimiento del empleo y de los servicios de cercanía”.

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, ha señalado que “apoyar al comercio local es apoyar a Mula. Cada compra en nuestros establecimientos ayuda a mantener viva la economía del municipio y beneficia, de una forma u otra, a todos los muleños y muleñas”.

Una veintena de trabajadores de la empresa Oxital han anunciado una huelga indefinida de basuras a partir de este lunes, 22 de junio, y que afectará a 18 municipios del occidente de Cantabria, entre los que figuran Cabezón de la Sal, Comillas, San Vicente de la Barquera, Ruiloba, Cabuérniga o Mazcuerras, entre otros.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, Jesús de Cos, responsable del sector en la Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria, que ha explicado que la huelga se ha convocado ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo de la empresa en la zona afectada, que abarca desde Casar de Periedo (Cabezón de la Sal) hasta el Desfiladero de la Hermida, en su límite con Potes.

La parte sindical reclama mejoras retributivas y laborales (jornada, vacaciones, descansos...) que, por ahora, según De Cos, no están teniendo respuesta por parte de Oxital, a la que la empresa pública MARE, dependiente del Gobierno de Cantabria, adjudicó la recogida de basuras en esta zona.

De Cos ha indicado que este contrato con Oxital ya ha agotado todas las prórrogas posibles y desde MARE “se han dormido en los laureles” a la hora de elaborar los pliegos del siguiente, lo que a su vez está afectando a la negociación del convenio colectivo. El sindicalista ha explicado que le consta que Oxital ha dado traslado a MARE de las reivindicaciones de los trabajadores pero “el Gobierno de Cantabria está en otras historias”.

Salarios desfasados

Además, De Cos ha señalado que el hecho de que no estén siendo aprobados nuevos convenios colectivos en las empresas que prestan servicios de basuras de distintos ayuntamientos hace que los pliegos que están siendo elaborados plantean tablas salariales desfasadas, con salarios de años anteriores sin recoger ni siquiera subidas del IPC.

Además, ha censurado que los contratos salen a licitación en un precio y luego acaban siendo adjudicados con rebajas de hasta un 20%, que acaban afectando a las condiciones de los trabajadores.

“No vamos a pasar ni una”, ha advertido De Cos, que ha alertado que situaciones como la que se está viviendo en la zona occidental podrían replicarse en otros municipios de la región, como Suances o Laredo, donde también se va a negociar los nuevos convenios.

Vuelta a la huelga en Bezana

Por otra parte, el pasado 15 de junio se inició en Santa Cruz de Bezana una huelga indefinida de basuras por la negativa de la adjudicataria del servicio -la empresa Agricultores de Valencia- a mejorar en el nuevo convenio las condiciones salariales de la plantilla (de 13 trabajadores) que lleva “demasiado tiempo” con ellos “congelados”, según CCOO.

La huelga se suspendió el miércoles por la reunión que mantuvo la representación sindical con responsables del Ayuntamiento y de la adjudicataria para intentar poner fin a la convocatoria. Sin embargo, el encuentro, “tras varias horas de negociación y debate, concluyó sin avances reseñables”, por lo que la huelga se ha retomado este jueves, ha indicado CCOO.

“Se están haciendo los servicios mínimos en colegios y residencias pero la huelga continúa en todos los términos”, ha indicado. El sindicato ha asegurado que existía un “compromiso del Ayuntamiento de que iba a haber subidas importantes tras una etapa liderada por otro sindicato donde se optó por la congelación salarial”.

“La plantilla tuvo la buena voluntad de aguantar para salvar los pliegos del concurso pero con el compromiso y el preacuerdo adquirido de que en 2026 se iba a cumplir lo acordado. Pero, ahora que estamos en 2026, vemos que no es así”, ha señalado De Cos. El sindicalista ha asegurado que la plantilla “está convencida de seguir luchando por la mejora de sus derechos laborales y, fundamentalmente, de unos salarios que han tenido congelados demasiado tiempo”.

Los sindicatos de la Policía Local de Cantabria APLB-USO, CC.OO, CSIF y SIEP han rechazado el borrador de las futuras normas marco del Cuerpo en la Mesa de Coordinación de Policías Locales.

En un comunicado conjunto, las organizaciones sindicales han explicado que esta decisión no responde a una “postura de bloqueo” sino al “convencimiento” de que el texto presentado por el Gobierno de Cantabria supone “una oportunidad perdida para avanzar en la coordinación, homogeneización y mejora de las condiciones profesionales de las policías locales de nuestra comunidad autónoma”.

Tras más de año y medio de trabajo, reuniones y negociación, durante el que se elaboró un borrador consensuado con el anterior Gobierno, los sindicatos esperaban que el texto definitivo incorporase las mejoras que eran objeto de debate desde el inicio del proceso, pero “nos encontramos con un documento que elimina o diluye cuestiones esenciales para el futuro de la Policía Local en Cantabria”.

Riesgos laborales y complemento de destino

“Especial preocupación” les produce la negativa a reconocer expresamente la toxicidad y la exposición a agentes físicos, químicos y biológicos inherentes a la función policial desde una perspectiva de prevención de riesgos laborales y protección de la salud.

En este sentido, han concretado que las intervenciones en accidentes de tráfico, incendios, emergencias, situaciones con presencia de sustancias peligrosas, contacto con fluidos biológicos o actuaciones con personas en situaciones de especial vulnerabilidad exponen a los agentes a riesgos “que merecen ser reconocidos y contemplados dentro de una norma moderna y adaptada a la realidad del servicio”.

Asimismo, consideran “incomprensible” que una norma cuya finalidad principal debería ser coordinar y homogeneizar criterios en toda Cantabria “renuncie a abordar cuestiones tan importantes como la homogeneización del complemento de destino de las policías locales de la comunidad autónoma”.

Los representantes sindicales también han expresado su preocupación por la aparición de informes y objeciones “de última hora” que alteran acuerdos previamente trabajados durante meses. “Tenemos la sensación de que determinadas presiones procedentes de algunos ayuntamientos han condicionado de manera decisiva el resultado final del texto”, han comentado. A su juicio, resulta “especialmente preocupante que los intereses particulares de determinadas administraciones locales parezcan imponerse sobre el interés general de la coordinación policial en Cantabria”.

Por todo ello, han rechazado el borrador “pues ni tan siquiera el Gobierno de Cantabria ha querido realizar la votación tal y como recoge el régimen de funcionamiento de dicha Comisión”.

“Seguiremos defendiendo una norma marco moderna, valiente y útil, que reconozca la realidad de la profesión, proteja la salud de los agentes, garantice criterios homogéneos en toda la comunidad autónoma y responda verdaderamente a la finalidad para la que fue concebida: coordinar y mejorar las policías locales de Cantabria”, han concluido.

Hace apenas dos semanas, el 2 de junio, se firmó el I Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas Comerciales del Sector de Comercio Textil y del Calzado. Lo han suscrito la patronal Asociación Retail Textil España (ARTE) y los sindicatos CCOO y Fetico. Su ámbito abarca todo el territorio del Estado y afecta a las grandes cadenas del sector con más de 400 empleados y presencia en al menos tres comunidades autónomas. Afecta a más de 120.000 personas en empresas como Zara, H&M, Uniqlo, Mango, Primark o Springfield… Es un convenio que no existía. Que nadie había negociado antes. Y eso, por sí solo, ya es una noticia relevante.

Pero lo es mucho más por lo que representa. Porque este convenio no es solo un acuerdo laboral: es también la reparación de un absurdo. El absurdo de que personas de la misma empresa, haciendo el mismo trabajo, vean sus condiciones marcadas por la provincia en la que está ubicado su centro de trabajo, en lugar de que respondan a la realidad económica de su empresa, que es la misma para sus compañeras y compañeros del resto de centros de trabajo presentes en otras provincias. Este nuevo convenio es un paso para superar la atomización de la negociación colectiva, una de las causas que explica la debilidad sindical que padecen muchos sectores económicos de nuestro país.

La negociación colectiva no es un tecnicismo jurídico reservado a especialistas. Es el instrumento mediante el cual millones de personas que trabajan por cuenta ajena regulan colectivamente derechos y obligaciones, algo tan concreto como cuánto cobran, cuántas horas trabajan, la clasificación profesional, la formación y promoción, qué descansos tienen o cómo se organiza su jornada. No es casualidad que cuando un convenio colectivo está bien negociado, con equilibrio entre las partes, no solo mejora la vida de quien trabaja, también obliga a las empresas a competir por eficiencia y calidad en lugar de hacerlo por el abaratamiento del coste laboral. Es, en definitiva, una de las palancas más eficaces de las que dispone una sociedad para distribuir de forma más justa la riqueza.

España tiene más de cinco mil convenios colectivos. Cinco mil. Una cifra que, leída deprisa, podría parecer una muestra de vitalidad negociadora. En realidad, es el síntoma más claro de una debilidad estructural que arrastramos desde los tiempos del franquismo. Tras reiterados intentos de reforma entre las confederaciones empresariales y sindicales, ni estas ni los diferentes gobiernos han sido capaces de corregir esta realidad y modernizar suficientemente la estructura de la negociación colectiva.

La explicación hay que buscarla en las resistencias de quienes, en muchos ámbitos y sectores, no están dispuestos a abandonar espacios de negociación sostenidos por débiles patronales provinciales representadas, en la mayoría de los casos, por despachos de abogados que hacen de esa función su principal actividad. El resultado es conocido: centenares de convenios provinciales de múltiples sectores, con décadas de inercia, contenidos desfasados y una capacidad reguladora mínima, con salarios rozando o directamente superados por el Salario Mínimo Interprofesional. Resultado, en última instancia, de la debilidad sindical fruto de la fragmentación y disgregación de la fuerza de sus trabajadoras y trabajadores.

Quien conoce las leyes de la negociación colectiva sabe que el ámbito condiciona el contenido de un convenio colectivo, y en este caso, el de las grandes cadenas del textil y el calzado, es el mejor ejemplo. Empresas con marcas globales, gestionadas globalmente y de forma integrada en todo el territorio, con plantillas distribuidas por decenas de provincias y políticas de personal centralizadas, tenían enfrente, hasta este nuevo convenio de ámbito estatal, a unos sindicatos fragmentados en múltiples mesas provinciales en las que no coincidían en el espacio ni en el tiempo. No es difícil entender que ese no era el escenario más equilibrado para los trabajadores y trabajadoras, ni la mejor estrategia sindical para construir la identidad colectiva que es condición indispensable para generar la fuerza necesaria para proponer, negociar, movilizar y acordar un convenio colectivo.

Así funcionan, desde hace décadas, la mayoría de los sistemas de negociación colectiva en Europa, articulados en torno a convenios sectoriales de ámbito estatal como columna vertebral. Y con todo, la firma de este convenio ha recibido el rechazo —más allá del contenido, que supone claras mejoras salariales, de jornada, de empleo, sociales y de organización del trabajo, además de mayores garantías de contratación, incluida la garantía de que los convenios provinciales vigentes con condiciones superiores se mantienen— de aquellas organizaciones sindicales cuya lógica y razón de ser responden única y exclusivamente a su comunidad autónoma. Este es el caso por ejemplo de la Confederación Intersindical Gallega (CIG). La lógica de quienes solo negocian en clave autonómica es comprensible desde su identidad, pero deja sin respuesta cómo equilibrar fuerzas con empresas que operan de forma integrada en todo el país. No todos los sindicatos han suscrito este convenio, y ese debate merece un análisis propio. Una contradicción que, en todo caso, no es nueva ni particular de este convenio: es la misma problemática que han encontrado todos los convenios colectivos de ámbito estatal hoy vigentes.

Pero más allá del contenido concreto de este nuevo convenio, que introduce mejoras sustanciales en tiempo de trabajo, descansos semanales, garantías de contratación y salarios, aporta algo más difícil de medir pero igual de importante a medio y largo plazo: construir la identidad de un mismo sector distribuido por todo el país. La identidad que nace de afrontar unidos la interlocución con una patronal fuerte y cohesionada como es ARTE.

La negociación colectiva necesita una reforma profunda en España. Se sabe y viene reiterando desde hace décadas. El I Convenio Estatal de Grandes Marcas del Textil y Calzado puede ser un buen ejemplo y un acicate para impulsar esa reforma pendiente. Demuestra que con constancia —más de tres años desde el inicio de su negociación— es posible dar pasos en la dirección correcta, aunque cueste, aunque genere resistencias, aunque no todos se suban al tren a la vez.

El sindicato CCOO Casilla-La Mancha se ha movilizado este martes en las cinco provencias de la región para denunciar que ninguno de los 27 convenios sectoriales pendientes de renovar en 2026 se ha firmado en el primer semestre del año, una situación que afecta a “más de 136.000 trabajadores y trabajadoras castellanomanchegos” que ven su “salario congelado”.

El secretario general de CCOO CLM, Javier Ortega, ha calificado la situación de bloqueo absoluto por parte de la patronal. “Ya advertimos que no íbamos a firmar ningún convenio colectivo que no recogiera incrementos salariales por encima de la media” Por eso, ve “imprescindible” que, en un contexto de beneficios empresariales “tan importante como el actual”, se actualicen los salarios entre un 4% y un 7% y ha avanzado que CCOO “va a dar la batalla convenio a convenio”.

Ortega ha rasaltad que “la economía de la región tiene una gran deuda con las personas trabajadoras. No puede ser que el criterio para que las empresas se instalen aquí sea que Castilla-La Mancha tiene los salarios más bajos”. El secretario general ha advertido de que se va a mantener la tensión en todas y cada una de las mesas de negociación y ha hecho un llamamiento al empresariado: “Es necesario dar ese impulso a los salarios para que la economía regional se asiente y no seamos los últimos en condiciones laborales”. Si la situación no se desbloquea se van a poner todas las herramientas encima de la mesa, desde las movilizaciones a los paros “y lo que sea necesario para que se cumplan las reivindicaciones de las personas trabajadoras”.

Concentraciones en todas las provincias

Declaraciones que ha realizado en la concentración de Toledo donde el secretario general de CCOO en esta provincia, Federico Pérez, ha cifrado en más de 50.000 las personas afectadas por el bloqueo de la negociación colectiva en la provincia. “Nos encontramos en un momento en el que los beneficios empresariales son 20 puntos superiores al incremento retributivo de las personas trabajadoras por lo que hay margen para mejorar salarios”.

En Albacete, ante la FEDA, el secretario general Paco Gómez ha dicho que las personas trabajadoras “están hartas de excusas, de justificaciones y de mentiras por las que todavía no se ha cerrado ningún convenio”.

La convocatoria de Ciudad Real se ha escenificado ante el Pabellón IFEDI donde se inauguraba Fenavín Match de cara a visualizar la problemática en el sector de vinícolas. La secretaria general en esta provincia, Esther Serrano, ha recordado que la negociación colectiva sectorial de la provincia afecta a más de 32.400 trabajadores y trabajadoras. “No vamos a permitir que toquen derechos que ya están consolidados, que nos quiten la antigüedad o los salarios sigan congelados mientras todo sube por las nubes, como el precio de la vivienda”.

Las concentraciones de Cuenca y Guadalajara se han desarrollado ante la sede de la CEOE–Cepyme. En la de Cuenca, el secretario general, Carlos Hortelano, se ha referido por ejemplo al convenio del campo del que no se ha tenido contestación y por el que no descarta ir a mediación arbitral. En el caso de la industria agroalimentaria sí están abiertas las negociaciones y confía en poder llegar a un acuerdo.

Por su parte, el secretario general de CCOO en Guadalajara, Javier Morales, ha dicho que en el convenio de logística ha habido un ligero avance, en materia de salud laboral, aunque el acuerdo está aún lejano. Otras 8.000 personas están afectadas por el de comercio. En total 33.000 personas cuyos convenios “están sin vigencia”.

La Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha prevé formar a 2.500 alumnos y alumnas de toda la comunidad autónoma al año. Será en el nuevo centro que erigirá en el barrio del Polígono de Toledo, que tendrá un presupuesto de cuatro millones de euros.

Esta es una de las medidas que el presidente regional, Emiliano García-Page, anunció en el Plan de Acción por la Vivienda con horizonte en el año 2030, y que también prevé dos líneas de apoyo para la incorporación de la mujer en las labores de construcción.

Así lo ha indicado en rueda de prensa este lunes el director de la mencionada Fundación, Manuel Carmona, junto al consejero de Fomento, Nacho Hernando, tras la formalización del otorgamiento de la parcela a favor del organismo por parte del Gobierno regional.

Carmona ha explicado que este centro de formación, desde el punto de vista del diseño, será “funcional y práctico”, pero también “armónico” con el entorno teniendo en cuenta que se encuentra en un barrio que conjuga la construcción industrial con la construcción residencial. Asimismo, contará con las últimas técnicas de construcción y será eficiente desde el punto de vista energético, diseñado con los últimos sistemas en cuanto a aislamiento térmico, energías renovables y optimización de consumos.

“Será un edificio proyectado de 3.000 metros cuadrados con una inversión aproximada de cuatro millones de euros”, ha manifestado, para agregar que constará de zona administrativa, aularios modulares y talleres de mil metros cuadrados.

Tres familias profesionales

En el mismo se impartirá formación de las tres familias profesionales: edificación y obra civil, energía y agua y electricidad y electrónica. Además, se impartirá “formación a medida” para empresas y trabajadores, formación en prevención de riesgos laborales y formación reglada de las tres familias profesionales.

“Es un proyecto muy ambicioso donde aspiramos a formar 2.500 alumnos, no solo de la provincia de Toledo porque esperamos que sea un centro de referencia en toda la región”, ha resumido el director de la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla-La Mancha.

La Fundación formó el pasado año a 5.600 alumnos de toda Castilla-La Mancha e impartió casi 240.000 horas de formación. De estos alumnos, solo el 15 por ciento fueron menores de 25 años y solo el 30 por ciento menores de 35. Además, solo entre el 8 y el 10 por ciento fueron mujeres.

Otro dato que ha puesto encima de la mesa su director es que por primera vez en toda la historia de la Fundación Laboral de la Construcción en Castilla-La Mancha, en 2025 el porcentaje de alumnos extranjeros superó al de españoles, siendo un 53 por ciento frente a un 47 por ciento.

Por ello, el director de la Fundación ha indicado que el objetivo del sector, ante el envejecimiento de la mano de obra y la falta de relevo generacional, es tratar de atraer jóvenes formándolos con el fin de que la construcción sea un sector con futuro.

Necesitamos que haya gente también sobre la base de que es un sector atractivo porque la formación es reglada y hay una tutela moral por parte de empresarios y sindicatos para que sean trabajos que se dignifiquen

De su lado, el consejero de Fomento ha destacado la importancia de dignificar la formación en los oficios, lo que viene a plantear la inversión en este centro de formación de la Fundación Laboral de la Construcción.

Según Hernando, lo que se necesita para poder resolver la dificultad de encontrar una vivienda asequible es, además de que haya mucha más oferta, el que haya gente que pueda construirla. “Necesitamos que haya gente también sobre la base de que es un sector atractivo porque la formación es reglada y hay una tutela moral por parte de empresarios y sindicatos para que sean trabajos que se dignifiquen”.

Así, ha avanzado que más allá de la inversión que el Gobierno regional hace en suelo, “desde ya mismo” va a trabajar con la Fundación en establecer dos líneas de apoyo para la incorporación de la mujer al sector de la construcción y con toda la formación vinculada a la vivienda industrializada.

Finalmente, tras dar las gracias a la Fundación por la inversión, el consejero ha rogado al Ayuntamiento de Toledo que acelere “al máximo” los trámites para poder otorgar la licencia y “empezar ya” la obra, haciendo también una reflexión sobre las cargas fiscales a las que se somete a este tipo de proyectos.

Trece trabajadores de Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño que atraviesa este jueves su última jornada de huelga convocada por el comité de empresa, han asistido al Pleno de Camargo para pedir el apoyo de todo el Ayuntamiento a sus reivindicaciones, entre las que se encuentra la negociación de un convenio colectivo “justo” para “no seguir perdiendo poder adquisitivo”.

Los trabajadores, que han acudido al salón de Plenos sobre las 10.00 horas, han tomado la palabra en el turno de participación ciudadana para informar a los concejales sobre su situación.

Según han denunciado, tras cinco jornadas de huelga, “bastante duras” para las familias de los trabajadores, la multinacional “no quiere negociar”.

Y es que en la reunión que han mantenido hace un día en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), han aseverado, los directivos de la fábrica de Maliaño les han indicado que “no están autorizados para hacer mejores ofertas” de la inicialmente propuesta, que supone “perder un poder adquisitivo de 10-12 puntos respecto al IPC”.

Los trabajadores han señalado que “una empresa, además de necesitar trabajo, necesita calidad en el empleo que revertirá en calidad para el municipio”. Asimismo, han destacado que “el pueblo ha crecido alrededor de la Standard” y, además, en épocas como la pandemia del Covid, fueron declarados “esenciales”.

“Solo pedimos lo que es justo, que se remunere nuestro trabajo adecuadamente”, han sentenciado los trabajadores, que están convocados a una mesa de negociación con la empresa el próximo 2 de junio.

En declaraciones a Europa Press, Wladimir Palazuelos, miembro del comité de empresa, ha avanzado que en los próximos días la plantilla va a plantear “seguir con los paros”, previsiblemente con cuatro jornadas de huelga -dos martes y dos jueves- el próximo mes de junio.

Además de los trabajadores que han acudido al pleno municipal, parte de la plantilla, formada por unos 140 empleados, permanece este jueves manifestándose un día más en la puerta de la fábrica con pancartas que reivindican “un convenio justo”.

“Standard, origen de Prysmian, forma parte del ADN del municipio”

Por su parte, el alcalde, Diego Movellán, ha trasladado el apoyo de la Corporación a los trabajadores de Prysmian. “Queremos el mejor futuro” para los trabajadores de Prysmian, ha dicho Movellán, que ha recordado que la empresa Standard Eléctrica, origen de Prysmian y que forma parte del “ADN” del municipio, está cerca de cumplir el centenario de su nacimiento.

El regidor ha puntualizado que la negociación forma parte de la empresa y los empleados, si bien ha manifestado su deseo de que éstos puedan seguir manteniendo sus puestos e incluso puedan “mejorar” las cifras de contratación de la fábrica, así como sus condiciones salariales.

Según ha indicado, en los últimos días ha mantenido conversaciones tanto con el comité de empresa como con la dirección, y ésta última le ha trasladado que las expectativas de futuro son “positivas”, lo que, a juicio del alcalde, es “bueno”, por lo que ha animado a ambas partes a alcanzar un acuerdo para garantizar la viabilidad del proyecto industrial en el municipio “para los siguientes cien años”.

También la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Esther Bolado, previamente durante su intervención en un punto del orden del día, ha trasladado su apoyo a los trabajadores de Prysmian.

Precisamente, en la sesión plenaria de este jueves la Corporación ha aprobado, con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de PSOE y PRC, el nombramiento del suplente del delegado de Protección de Datos y las actualizaciones salariales vinculadas al contrato de servicios deportivos municipales.

También ha salido adelante, por unanimidad, el expediente para la contratación de los servicios de asistencia, mantenimiento y asesoramiento tecnológico de los sistemas y aulas de informática municipales.

La Asociación Retail Textil España (ARTE) y las organizaciones sindicales CCOO y Fetico han alcanzado un acuerdo sobre el texto definitivo del que será el primer Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil.

El acuerdo, que Fetico ha calificado de “hito histórico en la negociación colectiva en España”, fue alcanzado en la noche de este miércoles tras una larga jornada de conversaciones y más de dos años de negociaciones.

Según han informado las organizaciones sindicales en sendos comunicados, este convenio consolida y mejora las condiciones laborales de más de 120.000 empleados en toda España en un sector que hasta ahora estaba fragmentado en decenas de convenios provinciales.

En este sentido, CCOO ha destacado que se trata de un marco que “asegura el mantenimiento de garantías clave de los marcos provinciales, unifica condiciones e introduce mejoras sustanciales en materias como la jornada, la conciliación y las retribuciones”.

El sindicato presentará este jueves en un encuentro informativo en su sede nacional los principales contenidos del acuerdo, su alcance laboral y las mejoras incorporadas para las personas trabajadoras del sector.

Por su parte, ARTE -integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras firmas de moda- ha destacado que se trata de “un paso muy relevante para el sector”, que sienta “las bases para la firma del convenio en los próximos días”.

Para la patronal textil, este acuerdo “permitirá dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro.

Vacaciones, tablas salariales y contratación

Entre otras medidas, el acuerdo incluye la reducción progresiva de la jornada anual, estableciéndose en 1.770 horas para 2026, 1.760 horas para 2027 y 1.740 horas para 2028.

En relación a los salarios, establece tablas salariales según el grupo profesional y, para los años 2027 y 2028, se ha pactado un incremento salarial del 3% anual, con una cláusula de revisión adicional del 1% si la inflación supera el 3%. Asimismo, el “Plus Ad Personam” subirá un 4% para quienes no tengan incremento salarial en 2026.

Asimismo, se garantizan ocho fines de semanas libres en 2026, 10 en 2017 y 11 en 2028, con al menos uno al trimestre. Para el descanso semanal, se establecerán dos días de descanso para centros de más de seis personas. Para el resto de centros, será de un día y medio, disfrutando de tres días consecutivos si la prestación de servicios es continuada durante ocho días.

También se establece un periodo de 31 días de vacaciones anuales y se garantiza la posibilidad de disfrutar de 21 de estos días en el turno de verano (del 1 de junio al 30 de septiembre).

El contrato indefinido, prioritario

Por otro lado, en cuanto a la contratación, el acuerdo “aborda la precariedad limitando el uso de contratos temporales y modelos de contratación precarios y garantiza mínimos de prestación”, según ha explicado CCOO en un comunicado.

Por su parte, Fetico ha subrayado que el pacto alcanzado regula “estrictamente” la parcialidad no deseada y fija un mínimo de 24 horas semanales para los contratos a tiempo parcial, eliminando prácticas de parcialidad abusiva.

Además, se fortalecen las horas complementarias, permitiendo a los trabajadores consolidarlas como jornada estructural si así lo desean, promoviendo previsibilidad y estabilidad laboral.

El convenio priorizará el contrato indefinido como norma general e incluye modalidades de tiempo completo, tiempo parcial y fijo discontinuo, con regulaciones más garantistas para evitar precariedad encubierta.

En el caso de los fijos discontinuos, se ha decidido que deberán tener un mínimo de 180 días de llamamiento al año, de los cuales al menos 90 serán consecutivos. Además, los llamamientos adicionales deben organizarse con un aviso mínimo de 15 días consecutivos, evitando que el empleo se fragmente en días sueltos sin continuidad.

“Este enfoque consolida el principio de empleo estable y de calidad, alineado con los estándares europeos de protección laboral, y asegura que todos los trabajadores puedan planificar su vida personal y profesional con mayor seguridad”, resaltan desde Fetico.

Además, se mantiene y amplía la regulación de descansos retribuidos, así como el trabajo en domingos, que tendrá un plus de 55 euros y festivos, que tendrá un plus de 80 euros.

“Este acuerdo unifica y simplifica la normativa sectorial, aporta seguridad jurídica, establece límites claros a la jornada y a la parcialidad, y mejora la previsión de los horarios, consolidando derechos existentes y creando un marco laboral más equitativo y transparente”, han subrayado desde Fetico.

El sindicato CCOO ha convocado nuevas concentraciones en el sector del calzado de Albacete para este jueves, 28 de mayo, frente a la sede de FEDA en Almansa, señalando que no se descarga la convocatoria de una huelga si continúa sin avanzar el proceso de negociación colectiva.

El secretario regional de CCOO Industria Castilla La Mancha, Juan Antonio Cuevas, y Carlos Navalón, miembro de la mesa negociadora en representación de Almansa, han argumentado que, tras cinco reuniones, tan solo se han abordado las pretensiones de la patronal, y que se está dilatando la negociación sin haber una justificación real para no subir los salarios, según explica el sindicato.

Juan Antonio Cuevas ha resaltado la importancia que el sector del calzado, eminentemente manufacturero, tiene en Castilla-La Mancha, no tanto por el volumen del personas empleadas o por su aportación al PIB, sino porque es clave para la vertebración territorial en comarcas en las que de no ser por esta industria la población no tendría otra salida profesional.

“Hablamos fundamentalmente de dos focos industriales situados en Almansa y Fuensalida, con alrededor de 60 y 35 empresas respectivamente, que dan trabajo a 3.000 personas aproximadamente, muchas de ellas mujeres”, ha señalado el responsable sindical.

Cuevas ha señalado que, sin obviar que los vaivenes internacionales y la implantación de aranceles por parte de la administración americana ha afectado al volumen de exportación y el volumen de negocio, no se puede hablar ni mucho menos de crisis en este sector que continúa en alza y que resiste, por lo que no se puede permitir que quienes paguen por las incertidumbres sean los trabajadores y las trabajadoras del calzado.

Por lo tanto, CCOO considera que impulsar la negociación colectiva, “pero desde luego no aceptando las condiciones que plantea la patronal, que no entiende que el coste de la vida y la cesta de la compra sube también para los trabajadores y trabajadoras y que por eso es necesario mejorar sus condiciones y sus salarios”, ha indicado Cuevas.

La fecha límite para firmar el convenio es junio

De su lado, Carlos Navalón ha afirmado que desde el inicio de las negociaciones, el 16 de febrero, se advirtió que la fecha límite para la firma del convenio era el mes de junio. De lo contrario, ha planteado, se advirtió de un riesgo de huelga, como sucedió en la anterior negociación colectiva.

Uno de los principales motivos de confrontación es la reclamación de la patronal de una mayor flexibilidad, con contratos parciales, que desde la representación de los trabajadores se rechaza, ya que “empeoran notablemente las condiciones de las personas trabajadoras, cuando ya existen los contratos fijos discontinuos y cuando además esos contratos a tiempo parcial son innecesarios”.

Por otra parte, el sindicato considera insuficiente el incremento salarial propuesto del 2,5 para 2026, del 2 para 2027 y del 1,75 para 2028 y 2029, “sin una cláusula de revisión, sólo un punto para cada año de actualización”. “Y de la reducción de la jornada laboral no se habla absolutamente nada”, apuntan desde el sindicato.

“De momento, no queda otra salida que seguir con la conflictividad y para ello, este jueves 28 de mayo, tendrá lugar a una nueva concentración en Almansa, a las 19.00 horas, frente a la sede de FEDA”, ha lamentado Carlos Navalón, insistiendo en que si en la reunión prevista para el 5 de junio no se consigue avanzar hacia un acuerdo, a mediados de junio se convocará una huelga.

La Federación de Servicios de CCOO Toledo ha iniciado una campaña informativa ante el bloqueo del convenio colectivo de Hostelería de esta provincia que afecta a unos 13.000 trabajadores y trabajadoras. Un convenio que se encuentra paralizado por los planteamientos “completamente injustificados de la Federación Empresarial Toledana, que pretende rebajar las condiciones laborales, recortar derechos y que criminaliza a las personas trabajadoras”.

El sindicato ha instalado este lunes en la plaza de Zocodover un estand informativo que se mantendrá hasta mañana. Además, CCOO está yendo a los centros de trabajo para informar a las personas trabajadoras sobre esta situación de bloqueo, explicando la postura de la patronal y las reivindicaciones del sindicato, que no va a aceptar que se quite “ni un derecho más”.

En nota de prensa, también avanza un canal de información de whatsapp para que los trabajadores y trabajadoras estén informados. “No entendemos que ante la situación de bonanza del sector, la patronal intente recortar derechos a quienes están enfermos de baja laboral”, ha denunciado la responsable de la Federación de Servicios de CCOO Toledo, Rocío Fernández.

“Un sector en el que las personas trabajadoras realizan un importante esfuerzo físico, las camareras de piso están arrastrando camas supletorias y carros de limpieza que pesan muchísimo, los cocineros y cocineras mueven ollas que pesan mucho y están constantemente de pie, al igual que las y los camareros, claro que van a estar de baja, cuánto tiempo pueden aguantar esos hombros, esas rodillas, esas caderas... y mientras tanto la patronal dice que estas patologías son cuentos, que la gente no quiere trabajar”.

El sindicato denuncia que estas patologías musculoesqueléticas que mutuas no reconocen como laborales, derivando a estas personas trabajadoras al sistema público de salud de modo que éstas se ven obligadas a estar mucho tiempo de baja, porque la Seguridad Social no tiene los recursos para dar rehabilitación u operar a la velocidad que las personas trabajadoras quisieran para reincorporarse a su puesto en el menor tiempo posible.

Por su parte, el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, también ha denunciado la postura patronal de querer recortar derechos, “a pesar de que la propia patronal reconoce la buena salud y los buenos resultados económicos del sector, pretende rebajar las condiciones laborales, castigar a las personas trabajadoras que tienen la desgracia de caer enfermas como consecuencia de cargas de trabajo excesivas y por los incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral”.

Denuncia que estos trabajadores son los que menos cobran de la región en este sector y que tienen de media una jornada cinco días superior a la media nacional.

“Si analizamos los salarios de las categorías profesionales más comunes del sector vemos que en la de recepcionista, cocinero/a y camarero/a existe una diferencia de más de 1.858 euros entre los convenios de Albacete, salario más alto en esta categoría, y el de Toledo salario más bajo”.

Asimismo, Pérez ha denunciado que la patronal siga “criminalizando a estas personas trabajadoras”, diciendo que no hay mano de obra. “Sí quieren trabajar, pero no en condiciones de misera laboral que es lo que ofrece la patronal Fedeto”.

“Una patronal que está en contra de hacer un registro horario que pueda verificar la Inspección de Trabajo. Si no hay nada que ocultar no tiene que haber ningún problema en hacer ese registro, el problema es que se dan muchos abusos horarios en la gran mayoría del sector hostelero. Jornadas de doce horas, fines de semana hasta el cierre”, denuncia.

De ahí que CCOO asevere que no va a aceptar que se quite ni un derecho más a las personas trabajadoras del sector, a las que anima a acercarse al estand informativo instalado hasta este martes en la plaza de Zocodover, así como a denunciar las situaciones de abuso que puedan estar sufriendo.

El pasado 4 de marzo las trabajadoras de residencias de personas mayores y centros de día anunciaban un acuerdo con la patronal y desconvocaban la huelga prevista para el 6 de marzo, una cuerdo logrado por los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja (CCOO, CSIF, UGT y USO). Más de dos meses después parece que la situación vuelve al punto de partida y la firma del convenio está bloqueada porque “la patronal se desdice de lo acordado sobre la mejora del descanso semanal”, denuncian las formaciones sindicales.

En una rueda de prensa, los sindicatos han denunciado lo ocurrido en la última reunión de la mesa negociadora donde la representación empresarial “se opone a aplicar lo firmado en el acuerdo previo y relativo a la frecuencia de descanso de un fin de semana por cada dos trabajados, punto que se acordó ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. Sin embargo, en el acta se recoge “descanso semanal, un fin de semana de cada tres, es decir, de cada tres fines de semana, un tercio (un 33 por ciento) de esos fines de semana han de ser de descanso”. Un cambio de criterio por parte de la parte empresarial “que ha llevado a una nueva solicitud de mediación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Ante este cambio de criterio, las formaciones sindicales exigen que “se respete el esfuerzo y las horas de negociación invertidas durante los últimos cinco años”. Reconocen que han existido muchas dificultades para llegar a un acuerdo por lo que acusan a la patronal de “falta de responsabilidad si no asume el acuerdo escrito y firmado, un escrito que no admite ambigüedades, ni diversidad de criterios porque uno de cada tres fines de semana completos, no admite más interpretación que la de que por cada tres fines de semana, uno de esos tres sea de descanso completo”.

Y además consideran justo trabajar dos fines de semana y librar el tercero completo. “Esta medida no es, en absoluto, desproporcionada si se compara con la realidad actual donde las plantillas trabajan tres fines de semana consecutivos para librar únicamente el cuarto; frecuencia que resulta insuficiente para unas plantillas que trabajan, fines de semana, mañanas, tardes, noches y festivos, con salarios bajísimos y con una carga de trabajo brutal”.

Así la firma del convenio sigue en el aire porque la patronal, además de solicitar la mediación de la Inspección de Trabajo también ha propuesto una reunión de la comisión negociadora para “avanzar en la negociación y posterior firma del convenio”. Postura que rechazan las formaciones sindicales que censuran que “una de las partes firmantes pretenda echar marcha atrás y deje en el aire las mejoras acordadas y necesarias”.

Rechazan la postura de la patronal y advierten de que “no darán un paso atrás en la defensa de unos derechos que ya habían sido reconocidos como base a un camino de dignificación del sector y que son fundamentales para la supervivencia de un sector esencial para nuestra sociedad”.

Trabajadores y trabajadoras del sector del comercio y de grandes almacenes, convocados por UGT, se han movilizado en Castilla-La Mancha para protestar por el “vergonzoso” Convenio Estatal de Grandes Marcas del Comercio, Textil y Calzado cuyo preacuerdo ya ha sido firmado por los sindicatos CCOO y Fetico y por la patronal ARTE.

Según afirman, este acuerdo contempla “un claro atropello a los derechos laborales” de las 200.000 personas trabajadoras del sector que hay en España, de las cuales 5.500 son de Castila-La Mancha.

Albacete, Toledo y Guadalajara han sido escenario de esta nueva jornada reivindicativa previa a la huelga general convocada para el 23 de mayo a nivel estatal.

El secretario de Comercio y Grandes Almacenes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha, José Manuel Barquero, sostiene que este primer convenio estatal no mejora las condiciones laborales de las plantillas, más bien “consolida un modelo basado en la precariedad laboral y salarial e incluso supone una clara involución en derechos”.

Entre otras cosas, el nuevo texto fija salarios “claramente insuficientes”, alejados de la realidad económica actual y del incremento de los costes de la vida.

Penaliza a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como son las mujeres y las personas con contrato a tiempo parcial

Además introduce mecanismos que permiten a las empresas aumentar la disponibilidad de las personas trabajadoras “sin una compensación justa”, abriendo la puerta a “una mayor desregularización del tiempo de trabajo”, con medidas que afectan a la conciliación y que incrementan la incertidumbre en la organización de la jornada, lo cual “penaliza a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como son las mujeres y las personas con contrato a tiempo parcial”.

FeSMC UGT ha decidido no firmar un convenio que “responde más a los intereses de la patronal que a los de las personas trabajadoras” y que representa, añade, una “grave irresponsabilidad” por parte de CCOO y Fetico.

“UGT ni se vende ni vende a los trabajadores y trabajadoras del sector. Somos un sindicato que sabe negociar de forma constructiva y de buena fe para llegar a acuerdos, pero que también sabe decir 'no' cuando lo que se pretende es formalizar en una foto una pantomima para blanquear una cultura empresarial que está demostrando que su visión del diálogo social es puro atrezzo para mejorar su imagen ante la sociedad, mientras niega el pan y la sal a quienes sostienen el sector, cada día, con su trabajo y dignidad”, ha concluido José Manuel Barquero.

La Federación de Servicios de Movilidad y Consumo de UGT ha clamado ante el preacuerdo alcanzado para el textil y calzado porque “precariza las condiciones de trabajo” con una concentración en la que no se ha descartado una huelga en La Rioja. Bajo gritos de “esto no es arte, es robarte” frente a la tienda que Zara tiene en San Antón, La Rioja ha secundado la convocatoria estatal frente al preacuerdo firmado entre la Asociación de Textil (Arte) y los sindicatos Fetico (Confederación Estatal Independiente) y Comisiones Obreras.

La secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de La Rioja, Ana Cruz Llach, ha explicado que la asociación Arte congrega al Grupo Inditex, Mango, Cortefiel y “prácticamente la mayoría del comercio que hay en La Rioja de textil y calzado”. Esta entidad ha alcanzado un preacuerdo que “empeora las condiciones de trabajo, precariza más al trabajador”, ha asegurado considerando que “si en La Roja no tenemos ya bastante con el cierre de tiendas”, lo que supone que “hay menos puestos de trabajo” ahora, con este preacuerdo, se “precarizan la jornada laboral y salarialmente”. “Se empeora también el tema del trabajo en domingos y festivos, convirtiendo una voluntariedad en casi una obligación, porque si no se cubre voluntariamente va a haber que cubrirlo”, ha dicho.

Haciendo una “comparativa” con el último convenio de comercio firmado ha señalado que hay una disminución salarial, en una persona nueva, de casi 1.000 euros; y a las personas con antiguedad 2.000.

“Después de haber firmado un convenio que tanto nos ha costado, que tanta necesidad teníamos de firmar el convenio de comercio, pues esto viene a dinamitar directamente la negociación colectiva”, ha afirmando no descartando la huelga en esta comunidad.

ARTE llama al diálogo

Por su parte, la Asociación Retail Textil España (ARTE), que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras firmas de moda, ha enfatizado que el preacuerdo alcanzado hace unas semanas del que será el primer convenio colectivo estatal de grandes cadenas comerciales del comercio textil y del calzado está todavía en negociación, pero que lo acordado promueve la “equidad y mejora real” de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y no recorta derechos. Por ello, ha vuelto a apelar “al diálogo” tras las huelgas que se están produciendo este viernes por todo el territorio convocadas por UGT.

“El convenio aún está en negociación y requiere de diálogo responsable, ya que en este momento el texto del futuro convenio aún está en construcción. El preacuerdo promueve la equidad y mejora real de condiciones laborales”, ha asegurado la presidenta de ARTE, Ana López-Casero, en declaraciones a Europa Press.

Hay que recordar que la patronal textil rubricó el pasado 26 de marzo un preacuerdo sólo con CCOO y Fetico, y que contó con la negativa de UGT y CIG. Un preacuerdo que llegaba tras más de tres años de negociación y que conlleva mejoras en materia de contratación, salarios y jornada laboral para más de 100.000 trabajadores en España.

Así, el próximo lunes, la patronal se volverá a reunir con todas las organizaciones sindicales convocadas desde el inicio (UGT, CCOO, Fetico, ELA, CIG), donde ha avanzado que seguirá “trabajando para concretar los puntos del preacuerdo y alcanzar una propuesta final”.