Asetra, Cesintra y el sindicato UGT han suscrito un nuevo convenio colectivo para las empresas de transporte de mercancías por carretera, logística y aparcamientos del Principado de Asturias, para el período 2024-2030, que afectará a más de 5.000 trabajadores del sector.

Entre las principales novedades figuran el cobro de un nuevo plus dominical que tendrá carácter retroactivo desde el pasado 1 de enero, la incorporación de 30 minutos de descanso considerados como tiempo efectivo de trabajo en las jornadas continuadas superiores a seis horas, y la recuperación de la subrogación.

Más estabilidad para la plantilla

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT ha sido la única organización sindical que se ha sumado a la patronal. El sindicato sometió a votación la firma de este convenio que ha sido respaldado por los delegados y delegadas al considerar que con el mismo se consiguen “avances reales” y dota de estabilidad y seguridad jurídica a la plantilla.

El responsable del Sector de Carreteras, Urbanos y Logística, Iván López Reguero, reconoce que este nuevo documento permitirá situar a Asturias entre las comunidades autónomas que contemplan mejores jornadas en el sector.

Jornada máxima de 1.720 horas

El nuevo convenio mantiene una jornada máxima de 1.720 horas anuales de trabajo efectivo. Los representantes del sindicato han analizado más de 50 convenios provinciales del transporte de mercancías y han llegado a la conclusión de que estas 1.720 horas le convierten en el segundo convenio con menor jornada anual de todos los que han sido evaluados.

“Mantener las 1.720 horas ha sido una cuestión fundamental durante toda la negociación y permite conservar una de las mejores condiciones laborales del convenio asturiano frente al resto del país”, señala Iván López Reguero.

Un nuevo plus dominical

Los 30 minutos de descanso contemplados como tiempo efectivo de trabajo tendrán una especial repercusión para el personal no móvil y aquellos trabajadores de los grandes centros logísticos, donde las jornadas continuadas tienen una mayor implantación.

Por primera vez se incorpora un plus dominical para las personas trabajadoras que presten servicios en domingo dentro de su jornada ordinaria en los términos establecidos en el propio convenio. El complemento será equivalente al 50 % del salario base diario de cada categoría profesional por cada domingo trabajado.

Carácter retroactivo desde enero

El representante de UGT recalca que esta era una reivindicación histórica, puesto que al reconocer su carácter retroactivo desde enero implicará que los domingos trabajados desde esa fecha que generen el derecho al complemento deberán ser abonados conforme a lo establecido en el nuevo convenio.

En materia económica, el convenio garantiza incrementos salariales vinculados al IPC real más un 0,25 %, junto con el abono de los atrasos correspondientes desde el 1 de enero de 2026.

La subrogación

“Además, para 2029 y 2030 se mejora la fórmula salarial hasta alcanzar el IPC real más un 0,50%, garantizando incrementos por encima de la evolución de los precios”, destaca.

El nuevo convenio recupera también la subrogación, lo que ha sido resaltado de manera especial por UGT al ofrecer estabilidad laboral a la plantilla ante los cambios de empresa.

La anulación del marco anterior

Por su parte, la patronal ha resaltado que “con este acuerdo culmina la estrategia jurídica e institucional impulsada por Asetra, que logró la anulación del marco anterior por resultar inadecuado para la operativa de las empresas de mercancías y logística”.

El nuevo texto deroga de forma definitiva la Ordenanza Laboral de 1971 y asume la aplicación directa del II Acuerdo General del Transporte de Mercancías.

Frenar la deslocalización

Además, la jornada se ordena “de manera técnica y flexible” según las distintas áreas de actividad (transporte en ruta, ciclos industriales continuos y plataformas logísticas), distinguiendo entre personal móvil y no móvil.

Asimismo, el acuerdo “frena la deslocalización de flotas, aporta certidumbre para invertir y competir en igualdad de condiciones, y actualiza las condiciones de trabajo —con especial atención al personal de conducción— para hacer más atractiva la profesión y retener talento”.

El texto articulado se ha remitido ya a la autoridad laboral para su tramitación y publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BOPA).

Los trabajadores de Glovo comienza a organizarse sindicalmente en Euskadi. Después de meses de disputas judiciales con la dirección de la compañía, Álava y Bizkaia cuentan ya con comités de empresa. El organismo de representación de los trabajadores en Álava fue primero en constituirse, en el mes de marzo de este año a instancias de CCOO, y el de Bizkaia hace apenas unas semanas, el pasado mes de julio, impulsado por ELA, en lo que supone un paso esencial -a falta de que se sume Gipuzkoa- en la defensa de estos trabajadores que pertenecen a uno de los sectores más precarios y desregulados del panorama laboral actual.

Han tenido que pasar cinco años desde que la 'Ley Rider' acabara con los falsos autónomos que inundaban este sector, para que los trabajadores empiecen a organizarse sindicalmente. Un lustro y un ERE, con el que la empresa despidió a 436 personas en toda España, -aunque su propuesta inicial era de 750-, además de los despidos individuales que precedieron a la medida colectiva. La normativa legal

Los sindicatos no lo han tenido fácil para organizar a los trabajadores. La empresa se ha opuesto desde el primer momento a que los comités se constituyeran de forma provincial y ha llevado la cuestión a los tribunales, que han terminado dando la razón a los trabajadores, ratificando que Glovo cuenta con centro de trabajo en Álava y Bizkaia y, por lo tanto, con derecho a constituir un comité de empresa provincial.

Ambos comités de empresa vascos cuentan con 13 delegados, los que corresponden a empresas con más de 250 trabadores y menos de 500. En el caso de Bizkaia, el comité más reciente, fue el sindicato ELA el que impulsó la celebración de las primeras elecciones sindicales el pasado 29 de julio, en las que este sindicato obtuvo la mayoría, con 11 de los 13 delgados. Los otros dos delegados corresponden a CCOO, sindicato que es mayoritario en Álava, al copar todo el comité tras impulsar las elecciones que se celebraron el pasado mes de marzo.

“Es un hito para la plantilla”, señalan fuentes de ELA, sobre todo después de que la empresa lo haya intentado evitar mediante impugnaciones al proceso electoral. El resultado trasciende el ámbito estrictamente electoral“, indican: ”La victoria representa un avance significativo en la defensa de los derechos laborales en un sector marcado por la precariedad y por nuevos modelos empresariales que deterioran las condiciones de trabajo“.

“Ha sido un proceso engorroso porque la empresa no quería reconocer que éramos un centro de trabajo”, dice Carlos Rodríguez, responsable Sindical de FSC-CCOO en Álava. El sindicato, que impulsó las elecciones denunció las discrepancias entre las cuentas de cotizaciones, que reflejaban 292 personas trabajando en el centro de Álava, mientras el censo entregado por la empresa contenía 170. Tras superar impugnaciones, laudos arbitrales la votación se celebró con el Juzgado ratificando la validez el proceso y desestimando la demanda de la empresa. “El resultado transformó la situación: el comité puede solicitar información, intervenir en prevención, revisar decisiones colectivas, acompañar sanciones y plantear negociación sobre jornada, nóminas, gastos y organización del trabajo”.

La negociación con la empresa acaba de empezar, ya que la primera reunión del comité de Álava tuvo lugar el pasado 29 de junio. “Se trataron planificación de horarios, vacaciones, nóminas, canales de comunicación, prevención de riesgos, métricas de rendimiento, régimen disciplinario y situación de personas migrantes. CCOO reclamó un protocolo de incidencias, transparencia en pedidos e incentivos y avances verificables en seguridad y salud”, señala Carlos Rodríguez.

Las negociaciones que apenas han arrancado, -en Bizkaia todavía no han tenido tiempo de celebrar un primer encuentro con la empresa- tendrán uno de los escollos fundamentales en la reclamación de la aplicación de un convenio diferente y actualizado -propio o sectorial- frente al que se les aplica ahora estos trabajadores, ya que se rigen por el convenio estatal de empresas de mensajería, publicado en 2006, de forma que se actualice la “regulación de salarios, jornada, gastos, prevención, régimen disciplinario y gestión algorítmica conforme a la realidad de 2026”.

El siguiente paso que se marcan los sindicatos es organizar a los trabajadores de las 'flotillas' que operan alrededor de Glovo y de otras plataformas digitales. CCOO en Álava ya ha presentado el preaviso de elecciones sindicales en FLIITS24 en Álava, empresa vinculada al reparto a domicilio.El proceso afecta a 89 personas trabajadoras del centro de trabajo de Vitoria.

“El objetivo es garantizar que la laboralización del sector se traduzca en empleo con derechos y evitar que la externalización sirva para mantener situaciones de precariedad”, señala el representante de CCOO, que recuerda que con la reforma legal para acabar con los 'falsos autónomos' el conflicto no se ha solucionado del todo. “La figura del falso autónomo ha dado paso a modelos basados en empresas interpuestas y flotas externalizadas que, en muchos casos, pueden reproducir dinámicas de control y dependencia similares”, denuncia.

Los técnicos de sonido y espectáculos en huelga este viernes para exigir un convenio propio han alterado la programación de la Aste Nagusia donostiarra, como lo hicieron en la pasada jornada de huelga del colectivo coincidiendo con las fiestas de Vitoria. Durante la jornada se han suspendido todos los conciertos que estaban programados por el colectivo Donostiako Piraratak, en solidaridad con las reivindicaciones de los trabajadores en huelga, como ya lo hicieran las txosnas en Vitoria el pasado día 5 de agosto y han anunciado que hará Bilboko Konpartsak el proximo día 26, en el que se reproducirán los paros en la Aste Nagusia de Bilbao. Esto ha dejado fuera de la programación los conciertos en La Flamenka del grupo de ska y reggae Skabidean, así como al programa de actividades de la Plaza de la Trinidad. Además, se ha cancelado por la huelga el espectáculo de danza ‘PICASSa’, que iba a representarse en dos sesiones dentro del ciclo Tabakalera Dantzan de la Quincena Musical.

Se mantienen los conciertos de la noche previstos para este viernes, como el de La Kali en el escenario de Sagües, ya que trae sus propios técnicos. Algunos otros como la actuación de Quatuor Béla (20.00 horas, Sala II de Tabakalera) se desarrollará en formato acústico debido a la huelga También se llevará a cabo, aunque sin técnicos, el concierto de Coro Luberri Abesbatza, en la plaza Alfonso XIII del Antiguo, a partir de las 23.45 horas, según informan desde los trabajadores en huelga.

Durante todo el día los trabajadores han protagonizado piquetes en diversos actos de la Aste Nagusia de la capital guipuzcoana y han realizado una concentración ante el Victoria Eugenia.

Según ha señalado Andrés Tejería desde el colectivo Teknikariok, convocante de los paros junto a los sindicatos ESK, LAB, UGT, CCOO, ELA y CNT, esperarán a que termine este ciclo de huelgas, el próximo día 26 en Bilbao, para ver si la patronal Euki cede en la negociación del convenio. Con estos paros quieren denunciar que la patronal se niega a desbloquear, lo que consideran “el punto más sangrante” de la negociación y el detonante de la ruptura de las negociaciones: la flexibilidad y la falta de preaviso digno en los calendarios laborales. Se quejan de trabajar en un sector “completamente desregularizado” que, además, tiene que cohabitar con “paracaidistas”, empresas que vienen de fuera a los festivales o que acompañan a algunos artistas con condiciones diferentes a las suyas.

El Gobierno de La Rioja financiará el 90 por cierto de las obras del nuevo centro social, cultural y de usos múltiples de Cabezón de Cameros, una infraestructura destinada a reforzar los servicios públicos y la vida comunitaria en el medio rural. La actuación contará con una aportación autonómica de 431.225,77 euros, mientras que el coste total del proyecto asciende a 479.139,74 euros.

El convenio de colaboración se ha firmado este miércoles por el consejero de Política Local, Infraestructuras y Lucha contra la Despoblación, Daniel Osés, y el alcalde de Cabezón de Cameros, Rodrigo Alba, en un acto en el que también ha participado el director general de Política Local y Lucha contra la Despoblación, Óscar León.

Durante la firma, Osés ha destacado que esta inversión forma parte de la estrategia del Ejecutivo regional para mejorar las infraestructuras y los servicios en los municipios riojanos. “Esta inversión responde al compromiso del Ejecutivo riojano por impulsar espacios de ocio, convivencia y sociabilidad que contribuyan a la mejora de las infraestructuras y los servicios públicos que se prestan en el medio rural, así como favorecer la cohesión, la calidad de vida y la fijación de población en todo el territorio de nuestra región”, ha afirmado.

El nuevo centro social se construirá en un solar municipal de la calle Erilla, junto a la iglesia, el parque infantil, el asador y el bar del municipio, una ubicación estratégica que concentra buena parte de la actividad social de la localidad. El alcalde, Rodrigo Alba, ha agradecido el apoyo económico del Gobierno de La Rioja para hacer realidad un proyecto que permitirá disponer de un espacio adecuado para la celebración de actividades durante todo el año.

El edificio tendrá una superficie aproximada de 300 metros cuadrados, distribuidos entre planta baja y entreplanta. Contará con un salón multiusos, una segunda sala polivalente, cocina equipada, almacén y aseos adaptados, lo que permitirá acoger reuniones vecinales, actividades culturales, jornadas formativas o celebraciones municipales de forma simultánea.

El proyecto también incorpora medidas para mejorar la eficiencia energética, como un elevado aislamiento térmico, carpinterías de altas prestaciones e iluminación de bajo consumo. Además, el inmueble será completamente accesible, con recorridos adaptados y espacios libres de barreras arquitectónicas.

La actuación sustituirá al actual centro social, un edificio de más de un siglo de antigüedad que presenta importantes deficiencias de accesibilidad, seguridad y espacio. Con esta nueva infraestructuras, el Ejecutivo riojano busca reforzar los servicios públicos, dinamizar la vida social y cultural del municipio y contribuir a fijar población en el medio rural.

Los sindicatos CCOO Industria y UGT FICA han suscrito un preacuerdo con la patronal del sector vinícola de Ciudad Real de cara al próximo convenio colectivo en la provincial.

El preacuerdo incluye una subida salarial del 3,5% en 2026, y del 3% en 2027 con cláusula de revisión salarial de hasta un 1% adicional cada uno de los años de vigencia, según han informado las organizaciones sindicales.

Los salarios podrán llegar al 4,5% y al 4% con efecto retroactivo desde el 1 de enero, para los 6.000 trabajadores del sector en la provincia.

Reducción de la jornada laboral

Además incluye una reducción de la jornada laboral en 8 horas quedando fijada la máxima anual en 1.792 horas por lo que las personas trabajadoras tendrán un día más de descanso.

En el preacuerdo se establece el mantenimiento de la antigüedad y los complementos de IT en las mismas condiciones uno de los puntos de fricción entre los sindicatos y la patronal.

Además incluye ultraactividad de forma que el convenio estará vigente mientras no haya otro que lo sustituya. Una vez se firme y se publique el texto definitivo del convenio los atrasos irán desde los 400 euros para la categoría más baja en adelante.

El secretario general de CCOO Industria Ciudad Real, Víctor Manuel Arias, ha indicado que “todas estas mejoras, sin ningún recorte, se han conseguido gracias a la movilización de los trabajadores y trabajadoras del sector que avanzan en derechos y mejoran sus condiciones laborales”.

El responsable sindical ha apuntado a la importancia de las subidas salariales y la reducción de la jornada Recuerda que la lucha que comenzó el sector del metal “no solo ha servido para el convenio del metal sino que está sirviendo de referencia para todos los convenios de la provincia de Ciudad Real ya que, de forma mayoritaria, se están firmando con cláusulas de revisión salarial y subidas por encima del IPC”.

Por parte de UGT FICA Ciudad Real, Alfredo Nieto ha destacado que, hasta llegar al acuerdo que hace posible este convenio, la negociación ha sido “dura y difícil” con momentos en los que “hemos tenido que recurrir a la movilización”.

Al final, ha apuntado, “nos podemos sentir satisfechos con las mejoras alcanzadas, sobre todo con la subida salarial y la cláusula de revisión que hemos podido introducir en el texto; la reducción de la jornada; y, algo muy importante, la ultraactividad, de tal manera que este convenio permanecerá vigente mientras no haya otro que lo sustituya”. La Federación de Industria Construcción y Agro de UGT resaltaba que se trata de un sector estratégico en Ciudad Real, provincia a la cabeza tanto en producción como en exportación, de ahí “nuestro empeño en seguir avanzando en derechos y en mejores condiciones laborales”.

Alfredo Nieto ha señalado que aún quedan reivindicaciones pendientes “sobre las que seguiremos trabajando en las próximas negociaciones”.

La diputada regionalista Paula Fernández ha instado al consejero de Comercio, Eduardo Arasti (PP), a promover un acuerdo interprofesional con la patronal y los sindicatos del comercio textil para “blindar” el convenio colectivo autonómico publicado en enero y evitar la aplicación del marco laboral estatal, menos favorable a los intereses de los trabajadores cántabros.

“Lo que tiene que hacer el Gobierno no es impugnar el convenio del Estado, sino garantizar que prevalezca el firmado en Cantabria”, ha asegurado en un nota de prensa, en respuesta a las declaraciones realizadas este viernes por Arasti sobre la posibilidad de acudir a la vía judicial.

A su juicio, la apertura de un procedimiento judicial “no garantiza que el convenio estatal no sea aplicado en Cantabria”, un objetivo que el PRC considera “prioritario” y que sigue el modelo que ya aplica el País Vasco. “Es la mejor vía para garantizar que los acuerdos negociados en la Comunidad Autónoma mantengan su eficacia cuando aseguran mejores condiciones laborales”, ha precisado.

En este sentido, ha defendido que el marco autonómico vigente “beneficia al conjunto de los trabajadores del textil”, por lo que cree que el Gobierno de Cantabria “debe concentrar todos sus esfuerzos en garantizar su prevalencia mediante el diálogo social y el acuerdo con los agentes económicos y sociales”.

Para Fernández, la protección de los trabajadores cántabros “exige dotar de estabilidad y seguridad jurídica a la negociación colectiva propia, en lugar de confiar esa defensa a una eventual impugnación judicial”.

El Convenio Colectivo de Residencias y Centros de Día de La Rioja se firmó este martes después de casi un año de intensas movilizaciones, incontables reuniones de la mesa negociadora, dos convocatorias de huelga y dos procesos de mediación ante la Inspección de Trabajo.

Las organizaciones sindicales CCOO, UGT, CSIF y USO celebran el consenso alcanzado en todos y cada uno de los puntos clave del acuerdo. “Esta firma supone un punto de inflexión crucial para abrir un camino de mejoras reales en un sector históricamente precarizado, invisibilizado y azotado por una continua y grave falta de personal. Quienes día a día se dedican con empatía y profesionalidad al cuidado de nuestros mayores por fin verán reconocidos sus derechos y verán dignificadas sus condiciones de trabajo”, señalan en un comunicado.

Entre los avances más significativos negociados y pactados entre las partes, destacan:

Desde la representación de las personas trabajadoras, dicen recibir “con ilusión y esperanza” esta firma que consideran “histórica”, confiando plenamente en que cada uno de los avances se traslade de forma efectiva al día a día de todos los centros de trabajo de la comunidad.

“Entendemos que este convenio no es una meta final, sino la continuidad de un camino de transformación que aún debe seguir recorriéndose”, señalan antes de añadir: “Cuidar a quienes nos cuidan debe ser una prioridad absoluta: la atención a nuestros mayores solo puede ser sinónimo de calidad si las empresas del sector sitúan en el centro el bienestar y la dignidad de las personas trabajadoras que sostienen este pilar fundamental de nuestra sociedad”.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado, con el apoyo “unánime” de las organizaciones sindicales CCOO, CSIF, STAS-CLM y UGT, el IX Convenio Colectivo del personal laboral al servicio de la Administración de la Junta de Comunidades, un texto que beneficiará a más de 7.500 trabajadores de la Administración regional.

El nuevo convenio, que entrará en vigor el próximo 1 de agosto, tendrá una vigencia de cuatro años, hasta el 31 de julio de 2030, y establece el marco regulador de las condiciones de trabajo del personal laboral de la Junta de Comunidades, de sus organismos autónomos y del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha.

La firma de este acuerdo es el resultado de un amplio proceso de negociación entre la Administración regional y la representación sindical, materializado en 25 reuniones de la Comisión Negociadora del convenio colectivo, además de nueve reuniones específicas del grupo de trabajo creado para diseñar un nuevo procedimiento de gestión de las bolsas de trabajo del personal laboral.

El IX Convenio Colectivo incorpora avances significativos en las condiciones laborales del personal, con medidas dirigidas a mejorar la organización del trabajo, favorecer la conciliación y reforzar las oportunidades de desarrollo profesional, según ha informado la Junta en nota de prensa.

Entre las principales novedades destaca la implantación de un nuevo sistema de gestión de las bolsas de trabajo, que permitirá la oferta de puestos mediante llamamientos voluntarios, una medida que facilitará una cobertura más ágil y eficaz de las plazas vacantes. Asimismo, el convenio introduce mejoras en la participación en los concursos de traslados, en los procedimientos de movilidad, en la promoción interna y en el régimen de permisos y descansos.

El texto incorpora una bolsa de horas de conciliación para el personal laboral, para compatibilizar la vida personal, familiar y laboral, y adecuando el convenio al II Plan Concilia y a la legislación vigente.

Además, el nuevo convenio reconoce un complemento específico para el personal que desempeña su jornada exclusivamente en horario de tarde, al tiempo que continúa impulsando mejoras en ámbitos como la formación, la salud laboral y el fortalecimiento de los derechos de representación colectiva.

El acuerdo también supone un avance en la estabilidad y calidad del empleo público, al incluir el compromiso de conversión de los contratos que aún permanecen bajo las modalidades de personal fijo discontinuo y personal de fin de semana en contratos a tiempo completo, mejorando así las condiciones de contratación de estos trabajadores y trabajadoras.

Por último, el IX Convenio incorpora la jubilación parcial anticipada para el personal laboral de la Administración regional, una medida que será posible tras la reciente aprobación de la normativa estatal que regula esta modalidad.

El Ministerio de Trabajo ha ordenado la inscripción y publicación del convenio colectivo de ARTE, el primero a nivel nacional de grandes cadenas del comercio textil y que afecta a más de 120.000 trabajadores, tras subsanar los aspectos requiridos a la comisión negociadora tras la impugnación del mismo por parte de UGT, según informan fuentes sindicales.

En concreto, el convenio, firmado el pasado 2 de junio por los sindicatos CCOO Servicios y Fetico y la patronal ARTE, que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras enseñas de moda, ha superado el control de legalidad y las correspondientes subsanaciones técnicas, de acuerdo con el procedimiento ordinario y en tiempo y plazo, según informa Europa Press.

De esta forma, los requerimientos se han centrado en correcciones, adaptaciones y aclaraciones de determinados aspectos de la redacción que refuerzan los acuerdos alcanzados y la seguridad jurídica del texto.

La resolución de inscripción y publicación emitida por la Dirección General de Trabajo, dependiente de la Secretaría de Estado de Trabajo, ordena “la inscripción del citado Convenio en el correspondiente registro de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad”, y su inserción en el BOE, prevista para los próximos días.

Este acuerdo, que tiene que ser publicado ahora en el BOE, permite dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro.

Fetico ha recordado que el convenio aumenta de “forma significativa” la capacidad de negociación de las organizaciones firmantes. A través de la comisión paritaria, los diferentes observatorios y las herramientas previstas en el texto, se velará por el avance permanente no solo de las condiciones laborales, sino también de los derechos relacionados con la igualdad, la diversidad, las personas LGTBI y la discapacidad, entre otros ámbitos.

Por su parte, CCOO Servicios ha celebrado la culminación del “largo proceso” de negociación y tramitación de un convenio histórico que homologa y da garantías a nivel estatal y que incorpora “mejoras sustanciales” en jornada, conciliación y retribuciones para los trabajadores del sector.

En 2027, la fábrica de cable para telefonía Standard Eléctrica cumpliría cien años en Maliaño. La Standard, inaugurada por el rey Alfonso XIII, fue la segunda industria en un municipio de fuerte arraigo industrial -la primera fue la Cros, de fertilizantes, que da nombre a un parque emblemático local-, hasta que la compró Alcatel. Tiene tal peso simbólico que el Ayuntamiento (PP) planteó este año ponerle Standard Eléctrica, a una calle con nombre de exalcalde franquista, aunque finalmente pasó a llamarse con otro nombre.

En la misma ubicación donde estuvo esa fábrica, siempre ha habido industria de cableado de algún tipo: Alcatel, Nexans, Draka y, desde hace quince años, la fábrica de cable para fibra óptica de la multinacional Prysmian. Es con Prysmian con la que la mayor parte de la plantilla está enfrentada por la negociación de un convenio colectivo que ha llevado a once jornadas de huelga, medio año después de ocho despidos individuales, en una fábrica de 142 empleados.

“Después de los despidos, que te vengan con esta congelación tan tremenda, pues no: se lo hemos dicho muchas veces, ya hicimos un esfuerzo tremendo con el anterior convenio”, advierte Ismael Vega, presidente del comité de empresa de Prysmian. En el anterior convenio, acordaron recuperar un punto de IPC por cada año del siguiente convenio, el actual, para compensar la pérdida de poder adquisitivo en periodo de inflación. Pero, hubo un ERTE, que se prolongó durante dos años, por lo que el “desfase” salarial entre los que cobran más y los que cobran menos, se volvió más notorio.

En los dos meses de huelgas, mientras se han sucedido las negociaciones de mediación en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (Orecla), ha habido avances en la negociación del convenio: el comité de empresa ha acordado con Prysmian incrementos salariales. Por un lado, un mínimo garantizado del 2% y un tope máximo del 3% sobre el IPC para 2026 y un mínimo del 2,5% y un máximo del 3,5%, para 2027.

2025 por resolver

El punto de fricción es 2025: Prysmian ha mantenido, por ahora, una congelación salarial, para una plantilla cuyo sueldo se compone de dos tablas (salario base e incentivo global), en la que los pluses se calculan exclusivamente sobre la primera.

“El desacuerdo es más de concepto, que económico”, dice el presidente del comité de empresa. “Cuando hace muchos años se estableció que una hora de turnicidad equivaldría al 15% de una hora de la tabla de salario base y la nocturnidad un 50%, había poca diferencia entre categorías. Con el paso de los años y de los aumentos de IPC esa diferencia ha crecido mucho”, cuestiona.

La plantilla suma 142 empleados ahora mismo. Se divide entre trabajadores de producción (113), que son los que hacen turnos y noches, y empleados (28), pero la mayoría de la plantilla de producción está en las categorías salariales mas bajas. Para contrarrestar la situación, y aún reconociendo que el salario es “decente”, el comité ha propuesto igualar los pluses de turnicidad y nocturnidad -asociados a un porcentaje del salario base-. “Lo normal sería que todos cobremos lo mismo, para que al menos las categorías más bajas recuperen la mayor parte posible; entendemos que es justo igualar los pluses, pero la empresa parece ser que está más interesada en mantener esas diferencias, que en ser equitativa por un coste asumible para una multinacional”, cuestiona el presidente del comité.

La mayor parte de la fábrica está en conflicto con Prysmian, pero las huelgas las secundan los 113 empleados de producción. Los 28 empleados de oficinas no forman parte de una movilización, que tomó consistencia tras los ocho despidos de 2025, después de un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de dos años.

ElDiario.es ha tratado de contactar con trabajadores de Prysmian, tanto de producción, como empleados, pero no ha sido posible. Solo Jose Salmón, que también es concejal socialista en el ayuntamiento de Camargo, ha accedido. Como empleado de producción y tras pasar por Nexan, Draka y Prysmian, coincide con el presidente del comité en que las negociaciones con Prysmian están siendo complejas: “Son intransigentes y menos negociadores” que las compañías previas. “Normalmente en una mesa negociadora el IPC es como una línea roja. Esta empresa nos debe cinco puntos de IPCs anteriores y está especulando siempre con nuestro dinero en modo de acciones o diciendo que lo paga el año que viene”, afirma.

Los despidos “como preludio”

“El ERTE ha terminado siendo el preludio de despidos. Cuando la empresa decidió de finalizarlo, de una forma unilateral, pues unos días después despide a 8 trabajadores, algunos con más de 30 años de antigüedad”. Así se dirigió en una interpelación en el pleno del Parlamento de Cantabria una diputada socialista al consejero de Industria de Cantabria, Eduardo Arasti (PP), en diciembre de 2025, días después de una huelga secundada al 100% como respuesta a los despidos.

Arasti respondió que su consejería estaba en comunicación con Prysmian y con el comité, pero frente a otros casos recientes en los que el consejero de Industria ha informado con comunicados de su voluntad de ejercer de interlocutor -y ha ejercido en algunos casos, como Solvay y Nestlé-, en el conflicto de Prysmian, ha tenido un perfil bajo, sin comunicados públicos.

El comité defiende que los ocho despidos unieron más a la plantilla, que fueron clave para entender por qué resisten 11 jornadas de huelga. “Es una inversión a futuro, al final de este convenio, es decir, en diciembre del año que viene, ya habríamos recuperado el dinero”, sintetiza Ismael Vega. “También queremos dejar un precedente de que no nos venimos abajo, porque es el primer conflicto grande que tenemos con Prysmian”.

El Ayuntamiento de Camargo, que aglutina a varios municipios, entre ellos, el de Maliaño, donde está la fábrica Prysmian, respaldó a los trabajadores de Prysmian en el pleno municipal de mayo, entendiendo que se trata de una negociación que corresponde a empresa y trabajadores, desde el Ayuntamiento existe un objetivo claro, que es “garantizar el mejor futuro posible para los trabajadores y para la continuidad del proyecto industrial”.

Para Javier Salmón, el trabajador de Prysmian y concejal, el departamento de producción es “la fuerza de la fábrica, los que hacemos los cables y los que hemos sufrido los despidos. Por eso la gente dice: ”¿Qué es esta desigualdad que existe aquí?“.

La negociación en Prysmian, advierte Salmón, “tiene muchos simbolismo para Maliaño”, al final de la antigua Standard Eléctrica ha sido como el motor“ económico histórico del municipio.

En su opinión, la clave para entender cómo la plantilla ha aguantado económicamente 11 jornadas de huelga es el efecto del pasado reciente: “Después de los últimos ocho despidos el año pasado, sin avisar al comité, yo creo que la gente ha quitado el miedo y ha dicho: ”Bueno, ¿qué más da? Si me van a echar, pues vamos a pelear por algo digno“. Ahí está la fuerza que se tiene ahora”.

La cadena de supermercados Lidl y los sindicatos han firmado el nuevo convenio colectivo que garantiza, entre otros aspectos, un incremento salarial mínimo acumulado del 15% hasta 2030, con una subida consolidable del 4% en 2026 y del 3% anual entre 2027 y 2029.

Además de las mejoras salariales, el cuarto convenio colectivo de la compañía incorpora avances en materia de conciliación de la vida laboral y personal, contratación, consolidación de jornada, permisos retribuidos y beneficios sociales, según han informado las partes en diferentes comunicados.

El acuerdo actualiza distintos aspectos relacionados con la igualdad, la diversidad, la prevención de riesgos laborales y la adaptación de las relaciones laborales a los nuevos desafíos derivados de la transformación tecnológica. También se recoge una política retributiva para el trabajo en domingos y festivos.

Lidl ha asegurado que realizará una inversión “histórica” de más de 280 millones de euros en los próximos cuatro años para dar un salto “cualitativo” en las condiciones económicas, sociales y de conciliación de la plantilla, lo que supone duplicar el presupuesto del anterior convenio. Solo en 2026 la inversión será de más de 70 millones de euros.

Lidl mantiene que el pacto hace que la empresa se sitúe “a la vanguardia del sector” gracias a un “robusto paquete de derechos y beneficios sociales para su plantilla a fin de garantizar su bienestar y facilitar la conciliación”.

Su consejero delegado para España, Claus Grande, ha añadido que la firma es la “consolidación” del compromiso con las personas, que son el “motor” que mueve a la empresa.

Con este acuerdo, “aseguramos que nuestro crecimiento vaya siempre de la mano del bienestar de nuestros colaboradores, dando seguridad económica y garantizando incrementos salariales muy importantes para los próximos cuatro años”, ha remarcado.

Por su parte, UGT ha subrayado que “uno de los aspectos más relevantes” del nuevo convenio es la mejora de las condiciones retributivas.

Ha puesto también el foco en la regulación de la jubilación parcial con contrato de relevo, una reivindicación sindical “histórica” que favorecerá el relevo generacional y ofrecerá nuevas oportunidades para una transición ordenada hacia la jubilación.

Este sindicato cree, no obstante, que aún existen “importantes” retos en el ámbito del comercio y de la distribución –por ejemplo, ampliar la inclusión de cláusulas de revisión salarial en el sector–. En todo caso, ha valorado este acuerdo que supone “avances concretos” para los profesionales de Lidl.

Hay debates que colocan la sospecha sobre quien menos poder tiene. Eso ocurre con las bajas laborales. Alberto Núñez Feijóo ha definido el absentismo como “un cáncer que no podemos pagar” y ha planteado revisar los complementos salariales “con o sin acuerdo”. No es solo un exceso verbal: prepara el terreno para castigar económicamente a quien enferma y debilitar la negociación colectiva.

Lo que hemos escuchado no es una reflexión seria sobre la incapacidad temporal. Es una ofensiva. Se habla de costes, de lunes y viernes, de supuestos abusos y de recortes, pero apenas se habla de prevención, listas de espera, salud mental, accidentes de trabajo o ritmos laborales que enferman. Se quiere poner el foco en la persona trabajadora de baja, no en las causas que explican por qué acaba de baja.

Especialmente grave ha sido el señalamiento a la juventud trabajadora. Apuntar a quienes tienen entre 25 y 35 años como sospechosos de aprovecharse del sistema es atacar a una generación que ya soporta precariedad, salarios insuficientes, alquileres imposibles, temporalidad e incertidumbre vital. No es falta de compromiso: demasiadas veces se les exige producir mucho a cambio de muy poco.

Conviene aclarar algo básico: incapacidad temporal no es absentismo injustificado. Una baja médica no es una ocurrencia ni una decisión unilateral del trabajador. Responde a una enfermedad, accidente, intervención, recuperación o problema de salud que impide trabajar, y se reconoce mediante criterio sanitario. Desde la Organización Médica Colegial también se ha recordado que la baja laboral debe diferenciarse del absentismo. Poner bajo sospecha las bajas es cuestionar también el criterio profesional de quienes las conceden.

Las personas como mercancía

UGT lo ha dicho con claridad: confundir enfermedades que impiden trabajar con absentismo es tratar a las personas trabajadoras como mercancía. Ahí está el fondo de este discurso: una visión del trabajo en la que la persona vale mientras produce, pero se convierte en problema cuando enferma. Plantear que quien está de baja cobre menos no es modernidad; es castigar a quien está en situación de vulnerabilidad.

Además, se oculta cómo funciona la incapacidad temporal. En enfermedad común o accidente no laboral, los tres primeros días no están cubiertos; del cuarto al vigésimo se cobra el 60% de la base reguladora; y desde el día 21, el 75%. La ley ya contempla una pérdida económica para quien enferma. Por eso, cuando un convenio mejora esa protección, no premia el absentismo: evita que enfermar signifique también empobrecerse.

Ahí está la clave: la negociación colectiva. Las mejoras de incapacidad temporal que existen en muchos sectores no han caído del cielo. No son un regalo de la patronal ni una concesión amable de la empresa. Son fruto de años de organización sindical, mesas de negociación, conflictos, acuerdos, afiliación y lucha colectiva.

Mejorar la vida de la clase trabajadora

En UGT Extremadura hemos elaborado recientemente un informe sobre la incapacidad temporal en los convenios colectivos sectoriales extremeños. Sin entrar en su contenido técnico, deja una conclusión política clara: las mejoras en materia de IT son un elemento clave de la negociación colectiva. Allí donde hay convenio y sindicato hay más garantías para que una enfermedad no se convierta en castigo económico. No hablamos de una regulación descontrolada, sino de cláusulas pactadas, con condiciones y límites según cada sector.

Por eso este debate no va solo de bajas. Va de poder sindical. Va de si las personas trabajadoras tienen herramientas colectivas para defenderse o quedan solas frente a la empresa. Va de si los derechos se pactan en convenios o se recortan desde un atril político.

Desde UGT Extremadura, venimos defendiendo una línea coherente con esta posición: empleo de calidad, salarios dignos, servicios públicos y negociación colectiva como instrumento para mejorar la vida de la clase trabajadora. Hablar de bajas laborales sin hablar de empleo digno, sanidad pública y prevención es hacer trampa.

También debemos recordar algo incómodo: muchos derechos que hoy disfruta una plantilla existen porque alguien los negoció. Subidas salariales, permisos, complementos de IT, jornadas o mejoras sociales se consiguen porque hay sindicatos, delegados y delegadas, recursos, afiliación y organización. Cuestionar a los sindicatos mientras se aprovechan los derechos que conquistan es una contradicción evidente.

Durante años nos han repetido que casi todos somos clase media, pero la realidad es más sencilla: la mayoría vivimos de nuestro salario. Si enfermamos y no hay protección, nuestra vida se tambalea. Si no hay convenio, dependemos de la voluntad empresarial. Eso se llama clase trabajadora.

Si de verdad se quiere reducir la duración de las bajas, hay que reforzar la sanidad pública, reducir listas de espera, mejorar la atención primaria, invertir en salud mental, perseguir a las empresas que incumplen la prevención y analizar qué condiciones laborales están enfermando a la gente. Lo que no puede aceptarse es señalar al enfermo, atacar a la juventud y usar la incapacidad temporal como excusa para debilitar derechos.

Enfermar no es absentismo. Enfermar no es abuso. Enfermar no es deslealtad a la empresa. Que nadie se equivoque: cuando la patronal y la derecha señalan a quien enferma, no están defendiendo la productividad; están atacando derechos conquistados por la clase trabajadora. Y ahí nos van a encontrar enfrente, defendiendo la salud, el salario, la negociación colectiva y la dignidad de quienes sostienen este país con su trabajo.

La Asociación Retail Textil España (ARTE) ha asegurado que la tramitación del convenio colectivo del sector textil “continúa con normalidad y en ningún caso se ha paralizado el procedimiento”. ARTE ha respondido así al anuncio de UGT de que el Ministerio de Trabajo ha suspendido el registro y la tramitación del convenio ARTE antes de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), tras estimar una impugnación de este sindicato sobre la legalidad de diferentes artículos de su contenido.

En un comunicado, la asociación ha explicado que, en el marco del proceso administrativo habitual, la autoridad laboral “ha formulado observaciones/requerimientos de subsanación” sobre el texto presentado, pero éstas “no suponen el rechazo del convenio ni implican que el expediente quede bloqueado” sino que se trata “de un trámite ordinario previo a su inscripción”.

ARTE ha afirmado que atenderá y subsanará dichas observaciones conforme al procedimiento legalmente establecido para que el expediente siga avanzando en las fases previstas y el convenio prosiga su tramitación con plena normalidad.

El Ayuntamiento de Logroño y el Gobierno de La Rioja han firmado este miercoles la renovación del Convenio de Capitalidad, un acuerdo dotado con más de tres millones de euros, la mayor cuantía alcanzada hasta la fecha.

La aportación, procedente del Fondo de Cooperación Local del Gobierno de La Rioja, se destinará a financiar áreas de competencia municipal vinculadas al desarrollo local.

Durante el acto de firma, el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, ha calificado el acuerdo como “una buena noticia para Logroño y una buena noticia para la Comunidad Autónoma”, al considerar que refuerza la colaboración entre ambas administraciones para impulsar proyectos estratégicos para la ciudad.

Entre los proyectos desarrollados gracias a esta colaboración, el alcalde ha recordado la futura construcción del nuevo Colegio de Educación Especial Marqués de Vallejo. Tambien ha hecho referencias a iniciativas relacionas con la vivienda, el desarrollo del polígono de Las Cañas, actuaciones vinculadas al Camino de Santiago y proyectos deportivos como las mejoras en Centro Deportivo Municipal Lobete.

En materia de vivienda, ambas administraciones han destacado dos actuaciones impulsadas junto al IRVI. La primera contempla la construcción de viviendas de alquiler asequible, mientras que la segunda prevé la promoción de viviendas públicas protegidas en la avenida de Burgos. Ambos proyectos sumarán alrededor de un centenar de viviendas y contarán con financiación en los presupuestos regionales de 2027.

“La dinamica de colaboración es constante y, con independencia de la cifra, nuestra voluntad es seguir profundizando en proyectos que beneficien a la capital de La Rioja”, ha afirmado el alcalde.

Asimismo, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, asegura que más allá de la cifra, “hay una filosofía más importante: la colaboración entre administraciones”. El ejecutivo autonómico ha destinado 148,3 millones de euros a inversiones en Logroño durante los últimos tres años para impulsar infraestructuras que prestan servicio al conjunto de La Rioja.

Durante su intervención, Capellán ha defendido que el actual periodo representa “momentos históricos de colaboración entre el Gobierno y el Ayuntamiento”. Además, insiste en que ambas administraciones deben centrarse en respoder a las necesidades de los ciudadanos.

La renovación del convenio consolida así una línea de colaboración estrecha entre ambas instituciones que, además de financiar servicios municipales, servirá para seguir impulsando nuevos proyectos estratégicos.

ELA, el principal sindicato vasco, ha anunciado este martes que a partir del mes de septiembre negociará únicamente en euskera los 27 convenios sectoriales que se encuentran actualmente en proceso “aunque no exista un servicio de traducción”. Es una medida que afectará por ejemplo a la negociación de convenios tan importantes como el Metal de Bizkaia y Álava, el de Intervención Social de Gipuzkoa y buena parte de los relativos a Servicios e Industria.

Paralelamente, ha solicitado al Consejo de Relaciones Laborales (CRL) que habilite los recursos necesarios para que las mesas de negociación puedan desarrollarse en euskera con normalidad. Según ha señalado el responsable de negociación colectiva del sindicato, Pello Igeregi, ELA “no renunciará al uso del euskera” y durante la negociación “corresponderá al resto de organizaciones sindicales y a las patronales buscar los medios necesarios para seguir el desarrollo de las negociaciones”.

El sindicato parte de la base de que ni la patronal ni el CRL están colaborando para favorecer el uso del euskera en la negociación colectiva. En este sentido, Igeregi ha recordado que en 2022, junto a LAB y Euskalgintzaren Kontseilua, propuso la universalización de los planes de euskera en las empresas, “una iniciativa que fue rechazada y en los convenios colectivos rara vez aceptan medidas a favor de los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes”. En este contexto, considera que el primer paso regular el euskera en los convenios es hacerlos visibles en las negociaciones.

En cuanto al CRL , ha señalado que “carece de un servicio estable de traducción e interpretación, por lo que las escasas negociaciones que se desarrollan en euskera dependen del trabajo de su propio personal que no cuenta con formación específica para desempeñar esa función”. En este sentido, ha señalado que se han reunido con la presidenta del CRL, Emilia Málaga, a quien han trasladado la necesidad de que el organismo disponga de medios para garantizar negociaciones en euskera.

ELA concluye del análisis de 1.499 convenios vigentes, que el 83,19% no incorpora ninguna medida para garantizar los derechos lingüísticos de las personas euskaldunes en el ámbito laboral y que las medidas existentes son, en su mayoría, “de carácter simbólico” como el pago de los costes de cursos para aprender euskera y o la regulación del paisaje lingüístico. “Solo el 5,07% de los convenios cuenta con un plan de euskera o contempla el compromiso de elaborarlo. El 13,8% prevé ayudas para el aprendizaje de la lengua, el 4,37% permite estudiar euskera dentro de la jornada laboral y únicamente el 1,66% establece que el conocimiento del euskera se valorará en la contratación”, han señalado.

“Al igual que ocurre con cualquier otra opresión social, como las opresiones de género, clase o raza, la opresión lingüística solo puede superarse si se regula el uso de las lenguas y se destinan recursos para superar la situación de subordinación. El uso de la lengua que ha ganado la supremacía absoluta se naturaliza y el uso de otras lenguas se considera excepcional, a menos que existan normas y recursos para equiparar los derechos lingüísticos”, ha afirmado Igeregi. Como ejemplo, ha indicado que si una empresa no dispone de medios para celebrar reuniones en euskera y parte de la plantilla no conoce la lengua, estas se desarrollarán en castellano. Del mismo modo, si el aprendizaje del euskera no se reconoce como un derecho laboral, el único idioma cuyo conocimiento estará realmente garantizado será el castellano.

En este sentido, reconoce que el sindicato no ha conseguido “situar los derechos lingüísticos al mismo nivel que otras reivindicaciones laborales, como las mejoras salariales o la reducción de jornada”, una cuestión que atribuye tanto a la negativa de las patronales a negociar medidas de normalización del euskera como a la incapacidad de los sindicatos para organizar movilizaciones y huelgas específicas en defensa de estos derechos.

Tras el anuncio de ELA, el sindicato LAB ha dado la “bienvenida” a la iniciativa de usar solo el euskera, a partir de septiembre, pero ha asegurado que le sorprende que no haya contado con ellos porque “haberla impulsado conjuntamente, habría sido más eficaz”. El sindicato ha defendido que se necesitan garantías “para poder utilizar el euskera no solo en la negociación colectiva, sino también en los juzgados y en otras muchas instancias”. A través de un comunicado, LAB ha advertido, además, de que “en los últimos tiempos estamos viviendo una ofensiva contra el euskera”, por lo que ha defendido dar “un nuevo impulso a las medidas en favor del euskera” y que esta lengua adquiera “una centralidad aún mayor en la acción sindical”. “Seguiremos reclamando garantías para la euskaldunización de la administración pública y continuaremos impulsando planes de euskera en los centros de trabajo”, han añadido.

Por contra, UGT de Euskadi ha mostrado su “sorpresa” por el anuncio de ELA y ha apelado a “construir consensos por el euskera en vez de lanzar ultimátums y falsos debates en torno a su uso en el ámbito sociolaboral”. “Cabe preguntarse por qué no lo han hecho antes si lo estimaban necesario, dado que la misma cuestión, intervenir exclusivamente en euskera, es algo que ya venían haciendo con normalidad desde hace años en las negociaciones del sector público”, ha dicho el sindicato.

La reunión en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA) entre la dirección de Prysmian y el comité de empresa ha concluido sin acuerdo al no presentar la empresa ninguna mejora sobre la última oferta trasladada a la representación sindical, por lo que se mantiene la jornada de huelga convocada para este miércoles, 8 de julio.

La representación sindical ha lamentado que la compañía “haya desaprovechado una nueva oportunidad” para desbloquear la negociación del convenio colectivo, especialmente porque ambas partes ya están de acuerdo en los incrementos salariales para 2026 y 2027, y sólo hay discrepancias en 2025, según el comité.

“Hemos vuelto a poner sobre la mesa una propuesta que creemos que es la más equilibrada y beneficiosa para la mayoría de la plantilla, que es renunciar a la actualización salarial vinculada al IPC a cambio de igualar los pluses de turnicidad y nocturnidad de todos los trabajadores de producción”, ha indicado el comité, que ha recordado que la plantilla se opuso a la última, en una proporción de dos cada tres trabajadores, si bien la actual es 0,5 puntos superior a la de hace una semana.

El comité de empresa ha subrayado que con esta propuesta pretenden igualar esos pluses para toda la plantilla, es decir, que el mayor porcentaje de ese incremento se dirija al grupo más amplio de trabajadores que menos cobran. Concretamente equivaldría a un 80% del 2,9%, que es el IPC del 2025 y, después, a mayor categoría salarial menor incremento, ha explicado.

“Sería más justo y también más económico para la empresa porque el gasto total sería equivalente a un incremento del 1,3% para toda la plantilla. En realidad nos separan poco más de 5.000 euros brutos al mes en una compañía con un beneficio récord en 2025 de 1.270 millones de euros netos. Resulta difícil de entender que una cantidad tan reducida siga impidiendo alcanzar un acuerdo”, ha apuntado el presidente del comité, Ismael Vega.

Por ello, la convocatoria de huelga del miércoles se mantiene en pie a pesar de que la dirección de Prysmian haya vuelto a condicionar la continuidad de la negociación a la desconvocatoria de las movilizaciones.

El Partido Regionalista de Cantabria ha denunciado la “discriminación salarial” que sufren los médicos de familia del Banco de Sangre y Tejidos de Cantabria y ha pedido explicaciones al consejero de Salud, César Pascual (PP), por su situación y por la falta de acuerdo con la Gerencia de la Fundación Marqués de Valdecilla para mejorar sus condiciones retributivas.

La diputada y portavoz del PRC en materia sanitaria, Paula Fernández, ha mantenido este viernes un encuentro con estos profesionales, tras el cual ha defendido que desempeñan “una labor esencial” para garantizar el funcionamiento del Banco de Sangre y el desarrollo de las campañas de donación.

Según ha explicado en una nota de prensa, el personal del Banco de Sangre y Tejidos depende de la Fundación Marqués de Valdecilla y se rige por el séptimo convenio de personal laboral, vigente desde 2004, una situación que se traduce en condiciones económicas “notablemente inferiores a las de otros facultativos con responsabilidades similares”.

Ante esta situación, el colectivo planteó en julio de 2025 una propuesta de mejora de sus condiciones laborales para corregir aspectos como la cuantía que perciben por los trienios, la ausencia de diferenciación retributiva por categorías profesionales o la inexistencia de complementos de productividad. Sin embargo, la Gerencia de la Fundación Marqués de Valdecilla no respondió a esta propuesta hasta enero de este año y, tras varios meses de negociaciones, no han alcanzado un acuerdo.

Fernández ha cuestionado las diferencias laborales que existen entre los propios profesionales del Banco de Sangre, dado que los hematólogos sí han visto incrementadas sus remuneraciones con un complemento específico para evitar su marcha del servicio.

Esta situación está teniendo “consecuencias directas” sobre el funcionamiento del Banco de Sangre, asegura el PRC, ya que los médicos de familia asumían solidariamente la cobertura de bajas y vacaciones para garantizar la continuidad de los servicios. Con una plantilla reducida a tres profesionales, y ante la falta de incentivos, ya no se hace.

Además, las extracciones en Valdecilla se están realizando sin presencia médica en horario de mañana, mientras que la unidad móvil del Banco de Sangre permanece “numerosos” días sin facultativo, lo cual ha obligado a cancelar colectas programadas.

Fernández cree que la situación se agravará durante el verano, dado que los donantes habituales fallan por vacaciones y las necesidades aumentan por la llegada de visitantes.

Por ello, exigirá explicaciones al consejero en el Parlamento, para conocer “por qué discrimina a los médicos de familia del Banco de Sangre y Tejidos respecto a otros profesionales sanitarios” y qué medidas piensa adoptar para resolver un conflicto que, a su juicio, “está afectando a la calidad y seguridad del servicio”.

Más de 300 personas se han manifestado en Toledo en una marcha que ha recorrido el trayecto entre la sede de la patronal de Castilla-La Mancha, CECAM, y la Consejería de Economía, Empresas y Empleo en defensa de “un convenio colectivo digno que recoja condiciones salariales decentes” y para exigir en Castilla-La Mancha que se abra una única mesa de negociación de un convenio de ámbito regional que favorezca las condiciones de trabajo y permita combatir la precariedad laboral.

En la región existen cinco convenios colectivos provinciales de limpieza de edificios y locales, cuya vigencia finaliza este año, y que afectan a más de 18.000 personas trabajadoras. De ellas más del 80% son mujeres y 3 de cada 4 con contratos a tiempoparcial.

“Basta ya de precariedad laboral”

“Convenio justo, salario digno”, “No somos invisibles, somos imprescindibles”, “Patronal escucha, la limpieza está en la lucha”, “Basta ya de precariedad laboral” o “Una sola mesa de negociación” son algunos de los eslóganes que han coreado los trabajadores y trabajadoras durante la movilización.

El responsable de Acción Sindical y Negociación Colectiva de CCOO del Hábitat, Juan Carlos García, ha explicado que el objetivo es “trasladar a la patronal nuestro desacuerdo con las condiciones de trabajo que se están planteando” y, a la Consejería, “que se comprometa con el sector para que podamos abrir una mesa de convenio regional para intentar que las condiciones de las trabajadoras de la limpieza de edificios y locales de la región sean homogéneas”.

La secretaria general de la Federación de CCOO del Hábitat, Maribel Cabañero, ha señalado que la Junta de Castilla-La Mancha es el mayor cliente de las empresas de limpieza si bien ha lamentado que “cada vez destina menos dotación, lo que nos hace pensar que la administración está en modo ahorro en algo que no es un gasto sino una inversión como puede ser la sanidad, la educación o los servicios sociales”.

Cabañero ha indicado que los empresarios están bloqueando las mesas de negociación con el tema del absentismo. “Lo que pretenden es empeorar la situación de las prestaciones cuando alguien cae enfermo. Pero no olvidemos una cosa: la gente trabajadora no se firma el parte de baja, lo firma un facultativo o facultativa”.

En cuanto a las principales reivindicaciones, el colectivo pide mejoras salariales acordes al coste de la vida, el mantenimiento de los derechos laborales y el reconocimiento profesional de un servicio esencial para el funcionamiento de centros sanitarios, educativos, administrativos e industriales.

Los responsables sindicales han explicado que estas trabajadoras están muy afectadas por la parcialidad y han denunciado la discriminación que sufren con respecto a los trabajadores del sector, teniendo ellas categorías profesionales de limpiadora y ellos de especialistas.

De cara a la negociación colectiva del año que viene en la región CCOO del Hábitat pretende que haya una única mesa para las cinco provincias donde se negocien las mismas condiciones de trabajo y que la administración se implique“ han señalado.

En este sentido, se ha registrado un escrito en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo solicitando su apoyo a este sector y que realice las gestiones convenientes con las distintas patronales para la apertura de una mesa de negociación de ámbito regional.

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, junto a la concejala de Comercio, Alicia Zapata, ha firmado este martes la renovación del convenio de colaboración con la Asociación de Comerciantes y Hosteleros de Mula, Acohomul, representada por su presidente, Juan Boluda.

El acuerdo mantiene la misma aportación económica, destinada a apoyar las acciones de dinamización comercial, promoción del comercio de proximidad e impulso de las compras en el municipio.

Desde el Ayuntamiento de Mula destacan que este convenio permite seguir reforzando iniciativas que repercuten directamente en el conjunto de la ciudadanía, “ya que apostar por el comercio local supone dinamizar la economía del municipio, generar actividad en calles y barrios y contribuir al mantenimiento del empleo y de los servicios de cercanía”.

El alcalde de Mula, Juan Jesús Moreno, ha señalado que “apoyar al comercio local es apoyar a Mula. Cada compra en nuestros establecimientos ayuda a mantener viva la economía del municipio y beneficia, de una forma u otra, a todos los muleños y muleñas”.

Una veintena de trabajadores de la empresa Oxital han anunciado una huelga indefinida de basuras a partir de este lunes, 22 de junio, y que afectará a 18 municipios del occidente de Cantabria, entre los que figuran Cabezón de la Sal, Comillas, San Vicente de la Barquera, Ruiloba, Cabuérniga o Mazcuerras, entre otros.

Así lo ha confirmado, en declaraciones a Europa Press, Jesús de Cos, responsable del sector en la Federación de Hábitat de CCOO en Cantabria, que ha explicado que la huelga se ha convocado ante la falta de avances en la negociación del nuevo convenio colectivo de la empresa en la zona afectada, que abarca desde Casar de Periedo (Cabezón de la Sal) hasta el Desfiladero de la Hermida, en su límite con Potes.

La parte sindical reclama mejoras retributivas y laborales (jornada, vacaciones, descansos...) que, por ahora, según De Cos, no están teniendo respuesta por parte de Oxital, a la que la empresa pública MARE, dependiente del Gobierno de Cantabria, adjudicó la recogida de basuras en esta zona.

De Cos ha indicado que este contrato con Oxital ya ha agotado todas las prórrogas posibles y desde MARE “se han dormido en los laureles” a la hora de elaborar los pliegos del siguiente, lo que a su vez está afectando a la negociación del convenio colectivo. El sindicalista ha explicado que le consta que Oxital ha dado traslado a MARE de las reivindicaciones de los trabajadores pero “el Gobierno de Cantabria está en otras historias”.

Salarios desfasados

Además, De Cos ha señalado que el hecho de que no estén siendo aprobados nuevos convenios colectivos en las empresas que prestan servicios de basuras de distintos ayuntamientos hace que los pliegos que están siendo elaborados plantean tablas salariales desfasadas, con salarios de años anteriores sin recoger ni siquiera subidas del IPC.

Además, ha censurado que los contratos salen a licitación en un precio y luego acaban siendo adjudicados con rebajas de hasta un 20%, que acaban afectando a las condiciones de los trabajadores.

“No vamos a pasar ni una”, ha advertido De Cos, que ha alertado que situaciones como la que se está viviendo en la zona occidental podrían replicarse en otros municipios de la región, como Suances o Laredo, donde también se va a negociar los nuevos convenios.

Vuelta a la huelga en Bezana

Por otra parte, el pasado 15 de junio se inició en Santa Cruz de Bezana una huelga indefinida de basuras por la negativa de la adjudicataria del servicio -la empresa Agricultores de Valencia- a mejorar en el nuevo convenio las condiciones salariales de la plantilla (de 13 trabajadores) que lleva “demasiado tiempo” con ellos “congelados”, según CCOO.

La huelga se suspendió el miércoles por la reunión que mantuvo la representación sindical con responsables del Ayuntamiento y de la adjudicataria para intentar poner fin a la convocatoria. Sin embargo, el encuentro, “tras varias horas de negociación y debate, concluyó sin avances reseñables”, por lo que la huelga se ha retomado este jueves, ha indicado CCOO.

“Se están haciendo los servicios mínimos en colegios y residencias pero la huelga continúa en todos los términos”, ha indicado. El sindicato ha asegurado que existía un “compromiso del Ayuntamiento de que iba a haber subidas importantes tras una etapa liderada por otro sindicato donde se optó por la congelación salarial”.

“La plantilla tuvo la buena voluntad de aguantar para salvar los pliegos del concurso pero con el compromiso y el preacuerdo adquirido de que en 2026 se iba a cumplir lo acordado. Pero, ahora que estamos en 2026, vemos que no es así”, ha señalado De Cos. El sindicalista ha asegurado que la plantilla “está convencida de seguir luchando por la mejora de sus derechos laborales y, fundamentalmente, de unos salarios que han tenido congelados demasiado tiempo”.