Trece trabajadores de Prysmian, la fábrica de cables de fibra óptica de Maliaño que atraviesa este jueves su última jornada de huelga convocada por el comité de empresa, han asistido al Pleno de Camargo para pedir el apoyo de todo el Ayuntamiento a sus reivindicaciones, entre las que se encuentra la negociación de un convenio colectivo “justo” para “no seguir perdiendo poder adquisitivo”.

Los trabajadores, que han acudido al salón de Plenos sobre las 10.00 horas, han tomado la palabra en el turno de participación ciudadana para informar a los concejales sobre su situación.

Según han denunciado, tras cinco jornadas de huelga, “bastante duras” para las familias de los trabajadores, la multinacional “no quiere negociar”.

Y es que en la reunión que han mantenido hace un día en el Organismo de Resolución Extrajudicial de Conflictos Laborales (ORECLA), han aseverado, los directivos de la fábrica de Maliaño les han indicado que “no están autorizados para hacer mejores ofertas” de la inicialmente propuesta, que supone “perder un poder adquisitivo de 10-12 puntos respecto al IPC”.

Los trabajadores han señalado que “una empresa, además de necesitar trabajo, necesita calidad en el empleo que revertirá en calidad para el municipio”. Asimismo, han destacado que “el pueblo ha crecido alrededor de la Standard” y, además, en épocas como la pandemia del Covid, fueron declarados “esenciales”.

“Solo pedimos lo que es justo, que se remunere nuestro trabajo adecuadamente”, han sentenciado los trabajadores, que están convocados a una mesa de negociación con la empresa el próximo 2 de junio.

En declaraciones a Europa Press, Wladimir Palazuelos, miembro del comité de empresa, ha avanzado que en los próximos días la plantilla va a plantear “seguir con los paros”, previsiblemente con cuatro jornadas de huelga -dos martes y dos jueves- el próximo mes de junio.

Además de los trabajadores que han acudido al pleno municipal, parte de la plantilla, formada por unos 140 empleados, permanece este jueves manifestándose un día más en la puerta de la fábrica con pancartas que reivindican “un convenio justo”.

“Standard, origen de Prysmian, forma parte del ADN del municipio”

Por su parte, el alcalde, Diego Movellán, ha trasladado el apoyo de la Corporación a los trabajadores de Prysmian. “Queremos el mejor futuro” para los trabajadores de Prysmian, ha dicho Movellán, que ha recordado que la empresa Standard Eléctrica, origen de Prysmian y que forma parte del “ADN” del municipio, está cerca de cumplir el centenario de su nacimiento.

El regidor ha puntualizado que la negociación forma parte de la empresa y los empleados, si bien ha manifestado su deseo de que éstos puedan seguir manteniendo sus puestos e incluso puedan “mejorar” las cifras de contratación de la fábrica, así como sus condiciones salariales.

Según ha indicado, en los últimos días ha mantenido conversaciones tanto con el comité de empresa como con la dirección, y ésta última le ha trasladado que las expectativas de futuro son “positivas”, lo que, a juicio del alcalde, es “bueno”, por lo que ha animado a ambas partes a alcanzar un acuerdo para garantizar la viabilidad del proyecto industrial en el municipio “para los siguientes cien años”.

También la portavoz del PSOE y exalcaldesa, Esther Bolado, previamente durante su intervención en un punto del orden del día, ha trasladado su apoyo a los trabajadores de Prysmian.

Precisamente, en la sesión plenaria de este jueves la Corporación ha aprobado, con los votos favorables de PP y Vox y la abstención de PSOE y PRC, el nombramiento del suplente del delegado de Protección de Datos y las actualizaciones salariales vinculadas al contrato de servicios deportivos municipales.

También ha salido adelante, por unanimidad, el expediente para la contratación de los servicios de asistencia, mantenimiento y asesoramiento tecnológico de los sistemas y aulas de informática municipales.

La Asociación Retail Textil España (ARTE) y las organizaciones sindicales CCOO y Fetico han alcanzado un acuerdo sobre el texto definitivo del que será el primer Convenio Colectivo Estatal de Grandes Cadenas del Comercio Textil.

El acuerdo, que Fetico ha calificado de “hito histórico en la negociación colectiva en España”, fue alcanzado en la noche de este miércoles tras una larga jornada de conversaciones y más de dos años de negociaciones.

Según han informado las organizaciones sindicales en sendos comunicados, este convenio consolida y mejora las condiciones laborales de más de 120.000 empleados en toda España en un sector que hasta ahora estaba fragmentado en decenas de convenios provinciales.

En este sentido, CCOO ha destacado que se trata de un marco que “asegura el mantenimiento de garantías clave de los marcos provinciales, unifica condiciones e introduce mejoras sustanciales en materias como la jornada, la conciliación y las retribuciones”.

El sindicato presentará este jueves en un encuentro informativo en su sede nacional los principales contenidos del acuerdo, su alcance laboral y las mejoras incorporadas para las personas trabajadoras del sector.

Por su parte, ARTE -integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras firmas de moda- ha destacado que se trata de “un paso muy relevante para el sector”, que sienta “las bases para la firma del convenio en los próximos días”.

Para la patronal textil, este acuerdo “permitirá dotar por primera vez a las grandes cadenas del comercio de moda de un marco estatal homogéneo, moderno y estable, adaptado a la realidad actual del sector y a sus retos de futuro.

Vacaciones, tablas salariales y contratación

Entre otras medidas, el acuerdo incluye la reducción progresiva de la jornada anual, estableciéndose en 1.770 horas para 2026, 1.760 horas para 2027 y 1.740 horas para 2028.

En relación a los salarios, establece tablas salariales según el grupo profesional y, para los años 2027 y 2028, se ha pactado un incremento salarial del 3% anual, con una cláusula de revisión adicional del 1% si la inflación supera el 3%. Asimismo, el “Plus Ad Personam” subirá un 4% para quienes no tengan incremento salarial en 2026.

Asimismo, se garantizan ocho fines de semanas libres en 2026, 10 en 2017 y 11 en 2028, con al menos uno al trimestre. Para el descanso semanal, se establecerán dos días de descanso para centros de más de seis personas. Para el resto de centros, será de un día y medio, disfrutando de tres días consecutivos si la prestación de servicios es continuada durante ocho días.

También se establece un periodo de 31 días de vacaciones anuales y se garantiza la posibilidad de disfrutar de 21 de estos días en el turno de verano (del 1 de junio al 30 de septiembre).

El contrato indefinido, prioritario

Por otro lado, en cuanto a la contratación, el acuerdo “aborda la precariedad limitando el uso de contratos temporales y modelos de contratación precarios y garantiza mínimos de prestación”, según ha explicado CCOO en un comunicado.

Por su parte, Fetico ha subrayado que el pacto alcanzado regula “estrictamente” la parcialidad no deseada y fija un mínimo de 24 horas semanales para los contratos a tiempo parcial, eliminando prácticas de parcialidad abusiva.

Además, se fortalecen las horas complementarias, permitiendo a los trabajadores consolidarlas como jornada estructural si así lo desean, promoviendo previsibilidad y estabilidad laboral.

El convenio priorizará el contrato indefinido como norma general e incluye modalidades de tiempo completo, tiempo parcial y fijo discontinuo, con regulaciones más garantistas para evitar precariedad encubierta.

En el caso de los fijos discontinuos, se ha decidido que deberán tener un mínimo de 180 días de llamamiento al año, de los cuales al menos 90 serán consecutivos. Además, los llamamientos adicionales deben organizarse con un aviso mínimo de 15 días consecutivos, evitando que el empleo se fragmente en días sueltos sin continuidad.

“Este enfoque consolida el principio de empleo estable y de calidad, alineado con los estándares europeos de protección laboral, y asegura que todos los trabajadores puedan planificar su vida personal y profesional con mayor seguridad”, resaltan desde Fetico.

Además, se mantiene y amplía la regulación de descansos retribuidos, así como el trabajo en domingos, que tendrá un plus de 55 euros y festivos, que tendrá un plus de 80 euros.

“Este acuerdo unifica y simplifica la normativa sectorial, aporta seguridad jurídica, establece límites claros a la jornada y a la parcialidad, y mejora la previsión de los horarios, consolidando derechos existentes y creando un marco laboral más equitativo y transparente”, han subrayado desde Fetico.

El sindicato CCOO ha convocado nuevas concentraciones en el sector del calzado de Albacete para este jueves, 28 de mayo, frente a la sede de FEDA en Almansa, señalando que no se descarga la convocatoria de una huelga si continúa sin avanzar el proceso de negociación colectiva.

El secretario regional de CCOO Industria Castilla La Mancha, Juan Antonio Cuevas, y Carlos Navalón, miembro de la mesa negociadora en representación de Almansa, han argumentado que, tras cinco reuniones, tan solo se han abordado las pretensiones de la patronal, y que se está dilatando la negociación sin haber una justificación real para no subir los salarios, según explica el sindicato.

Juan Antonio Cuevas ha resaltado la importancia que el sector del calzado, eminentemente manufacturero, tiene en Castilla-La Mancha, no tanto por el volumen del personas empleadas o por su aportación al PIB, sino porque es clave para la vertebración territorial en comarcas en las que de no ser por esta industria la población no tendría otra salida profesional.

“Hablamos fundamentalmente de dos focos industriales situados en Almansa y Fuensalida, con alrededor de 60 y 35 empresas respectivamente, que dan trabajo a 3.000 personas aproximadamente, muchas de ellas mujeres”, ha señalado el responsable sindical.

Cuevas ha señalado que, sin obviar que los vaivenes internacionales y la implantación de aranceles por parte de la administración americana ha afectado al volumen de exportación y el volumen de negocio, no se puede hablar ni mucho menos de crisis en este sector que continúa en alza y que resiste, por lo que no se puede permitir que quienes paguen por las incertidumbres sean los trabajadores y las trabajadoras del calzado.

Por lo tanto, CCOO considera que impulsar la negociación colectiva, “pero desde luego no aceptando las condiciones que plantea la patronal, que no entiende que el coste de la vida y la cesta de la compra sube también para los trabajadores y trabajadoras y que por eso es necesario mejorar sus condiciones y sus salarios”, ha indicado Cuevas.

La fecha límite para firmar el convenio es junio

De su lado, Carlos Navalón ha afirmado que desde el inicio de las negociaciones, el 16 de febrero, se advirtió que la fecha límite para la firma del convenio era el mes de junio. De lo contrario, ha planteado, se advirtió de un riesgo de huelga, como sucedió en la anterior negociación colectiva.

Uno de los principales motivos de confrontación es la reclamación de la patronal de una mayor flexibilidad, con contratos parciales, que desde la representación de los trabajadores se rechaza, ya que “empeoran notablemente las condiciones de las personas trabajadoras, cuando ya existen los contratos fijos discontinuos y cuando además esos contratos a tiempo parcial son innecesarios”.

Por otra parte, el sindicato considera insuficiente el incremento salarial propuesto del 2,5 para 2026, del 2 para 2027 y del 1,75 para 2028 y 2029, “sin una cláusula de revisión, sólo un punto para cada año de actualización”. “Y de la reducción de la jornada laboral no se habla absolutamente nada”, apuntan desde el sindicato.

“De momento, no queda otra salida que seguir con la conflictividad y para ello, este jueves 28 de mayo, tendrá lugar a una nueva concentración en Almansa, a las 19.00 horas, frente a la sede de FEDA”, ha lamentado Carlos Navalón, insistiendo en que si en la reunión prevista para el 5 de junio no se consigue avanzar hacia un acuerdo, a mediados de junio se convocará una huelga.

La Federación de Servicios de CCOO Toledo ha iniciado una campaña informativa ante el bloqueo del convenio colectivo de Hostelería de esta provincia que afecta a unos 13.000 trabajadores y trabajadoras. Un convenio que se encuentra paralizado por los planteamientos “completamente injustificados de la Federación Empresarial Toledana, que pretende rebajar las condiciones laborales, recortar derechos y que criminaliza a las personas trabajadoras”.

El sindicato ha instalado este lunes en la plaza de Zocodover un estand informativo que se mantendrá hasta mañana. Además, CCOO está yendo a los centros de trabajo para informar a las personas trabajadoras sobre esta situación de bloqueo, explicando la postura de la patronal y las reivindicaciones del sindicato, que no va a aceptar que se quite “ni un derecho más”.

En nota de prensa, también avanza un canal de información de whatsapp para que los trabajadores y trabajadoras estén informados. “No entendemos que ante la situación de bonanza del sector, la patronal intente recortar derechos a quienes están enfermos de baja laboral”, ha denunciado la responsable de la Federación de Servicios de CCOO Toledo, Rocío Fernández.

“Un sector en el que las personas trabajadoras realizan un importante esfuerzo físico, las camareras de piso están arrastrando camas supletorias y carros de limpieza que pesan muchísimo, los cocineros y cocineras mueven ollas que pesan mucho y están constantemente de pie, al igual que las y los camareros, claro que van a estar de baja, cuánto tiempo pueden aguantar esos hombros, esas rodillas, esas caderas... y mientras tanto la patronal dice que estas patologías son cuentos, que la gente no quiere trabajar”.

El sindicato denuncia que estas patologías musculoesqueléticas que mutuas no reconocen como laborales, derivando a estas personas trabajadoras al sistema público de salud de modo que éstas se ven obligadas a estar mucho tiempo de baja, porque la Seguridad Social no tiene los recursos para dar rehabilitación u operar a la velocidad que las personas trabajadoras quisieran para reincorporarse a su puesto en el menor tiempo posible.

Por su parte, el secretario general de CCOO Toledo, Federico Pérez, también ha denunciado la postura patronal de querer recortar derechos, “a pesar de que la propia patronal reconoce la buena salud y los buenos resultados económicos del sector, pretende rebajar las condiciones laborales, castigar a las personas trabajadoras que tienen la desgracia de caer enfermas como consecuencia de cargas de trabajo excesivas y por los incumplimientos en materia de seguridad y salud laboral”.

Denuncia que estos trabajadores son los que menos cobran de la región en este sector y que tienen de media una jornada cinco días superior a la media nacional.

“Si analizamos los salarios de las categorías profesionales más comunes del sector vemos que en la de recepcionista, cocinero/a y camarero/a existe una diferencia de más de 1.858 euros entre los convenios de Albacete, salario más alto en esta categoría, y el de Toledo salario más bajo”.

Asimismo, Pérez ha denunciado que la patronal siga “criminalizando a estas personas trabajadoras”, diciendo que no hay mano de obra. “Sí quieren trabajar, pero no en condiciones de misera laboral que es lo que ofrece la patronal Fedeto”.

“Una patronal que está en contra de hacer un registro horario que pueda verificar la Inspección de Trabajo. Si no hay nada que ocultar no tiene que haber ningún problema en hacer ese registro, el problema es que se dan muchos abusos horarios en la gran mayoría del sector hostelero. Jornadas de doce horas, fines de semana hasta el cierre”, denuncia.

De ahí que CCOO asevere que no va a aceptar que se quite ni un derecho más a las personas trabajadoras del sector, a las que anima a acercarse al estand informativo instalado hasta este martes en la plaza de Zocodover, así como a denunciar las situaciones de abuso que puedan estar sufriendo.

El pasado 4 de marzo las trabajadoras de residencias de personas mayores y centros de día anunciaban un acuerdo con la patronal y desconvocaban la huelga prevista para el 6 de marzo, una cuerdo logrado por los cuatro sindicatos negociadores del IV Convenio Regional de Residencias y Centros de Día de La Rioja (CCOO, CSIF, UGT y USO). Más de dos meses después parece que la situación vuelve al punto de partida y la firma del convenio está bloqueada porque “la patronal se desdice de lo acordado sobre la mejora del descanso semanal”, denuncian las formaciones sindicales.

En una rueda de prensa, los sindicatos han denunciado lo ocurrido en la última reunión de la mesa negociadora donde la representación empresarial “se opone a aplicar lo firmado en el acuerdo previo y relativo a la frecuencia de descanso de un fin de semana por cada dos trabajados, punto que se acordó ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”. Sin embargo, en el acta se recoge “descanso semanal, un fin de semana de cada tres, es decir, de cada tres fines de semana, un tercio (un 33 por ciento) de esos fines de semana han de ser de descanso”. Un cambio de criterio por parte de la parte empresarial “que ha llevado a una nueva solicitud de mediación ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social”.

Ante este cambio de criterio, las formaciones sindicales exigen que “se respete el esfuerzo y las horas de negociación invertidas durante los últimos cinco años”. Reconocen que han existido muchas dificultades para llegar a un acuerdo por lo que acusan a la patronal de “falta de responsabilidad si no asume el acuerdo escrito y firmado, un escrito que no admite ambigüedades, ni diversidad de criterios porque uno de cada tres fines de semana completos, no admite más interpretación que la de que por cada tres fines de semana, uno de esos tres sea de descanso completo”.

Y además consideran justo trabajar dos fines de semana y librar el tercero completo. “Esta medida no es, en absoluto, desproporcionada si se compara con la realidad actual donde las plantillas trabajan tres fines de semana consecutivos para librar únicamente el cuarto; frecuencia que resulta insuficiente para unas plantillas que trabajan, fines de semana, mañanas, tardes, noches y festivos, con salarios bajísimos y con una carga de trabajo brutal”.

Así la firma del convenio sigue en el aire porque la patronal, además de solicitar la mediación de la Inspección de Trabajo también ha propuesto una reunión de la comisión negociadora para “avanzar en la negociación y posterior firma del convenio”. Postura que rechazan las formaciones sindicales que censuran que “una de las partes firmantes pretenda echar marcha atrás y deje en el aire las mejoras acordadas y necesarias”.

Rechazan la postura de la patronal y advierten de que “no darán un paso atrás en la defensa de unos derechos que ya habían sido reconocidos como base a un camino de dignificación del sector y que son fundamentales para la supervivencia de un sector esencial para nuestra sociedad”.

Trabajadores y trabajadoras del sector del comercio y de grandes almacenes, convocados por UGT, se han movilizado en Castilla-La Mancha para protestar por el “vergonzoso” Convenio Estatal de Grandes Marcas del Comercio, Textil y Calzado cuyo preacuerdo ya ha sido firmado por los sindicatos CCOO y Fetico y por la patronal ARTE.

Según afirman, este acuerdo contempla “un claro atropello a los derechos laborales” de las 200.000 personas trabajadoras del sector que hay en España, de las cuales 5.500 son de Castila-La Mancha.

Albacete, Toledo y Guadalajara han sido escenario de esta nueva jornada reivindicativa previa a la huelga general convocada para el 23 de mayo a nivel estatal.

El secretario de Comercio y Grandes Almacenes de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Castilla-La Mancha, José Manuel Barquero, sostiene que este primer convenio estatal no mejora las condiciones laborales de las plantillas, más bien “consolida un modelo basado en la precariedad laboral y salarial e incluso supone una clara involución en derechos”.

Entre otras cosas, el nuevo texto fija salarios “claramente insuficientes”, alejados de la realidad económica actual y del incremento de los costes de la vida.

Penaliza a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como son las mujeres y las personas con contrato a tiempo parcial

Además introduce mecanismos que permiten a las empresas aumentar la disponibilidad de las personas trabajadoras “sin una compensación justa”, abriendo la puerta a “una mayor desregularización del tiempo de trabajo”, con medidas que afectan a la conciliación y que incrementan la incertidumbre en la organización de la jornada, lo cual “penaliza a colectivos ya de por sí vulnerables en el sector, como son las mujeres y las personas con contrato a tiempo parcial”.

FeSMC UGT ha decidido no firmar un convenio que “responde más a los intereses de la patronal que a los de las personas trabajadoras” y que representa, añade, una “grave irresponsabilidad” por parte de CCOO y Fetico.

“UGT ni se vende ni vende a los trabajadores y trabajadoras del sector. Somos un sindicato que sabe negociar de forma constructiva y de buena fe para llegar a acuerdos, pero que también sabe decir 'no' cuando lo que se pretende es formalizar en una foto una pantomima para blanquear una cultura empresarial que está demostrando que su visión del diálogo social es puro atrezzo para mejorar su imagen ante la sociedad, mientras niega el pan y la sal a quienes sostienen el sector, cada día, con su trabajo y dignidad”, ha concluido José Manuel Barquero.

La Federación de Servicios de Movilidad y Consumo de UGT ha clamado ante el preacuerdo alcanzado para el textil y calzado porque “precariza las condiciones de trabajo” con una concentración en la que no se ha descartado una huelga en La Rioja. Bajo gritos de “esto no es arte, es robarte” frente a la tienda que Zara tiene en San Antón, La Rioja ha secundado la convocatoria estatal frente al preacuerdo firmado entre la Asociación de Textil (Arte) y los sindicatos Fetico (Confederación Estatal Independiente) y Comisiones Obreras.

La secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT de La Rioja, Ana Cruz Llach, ha explicado que la asociación Arte congrega al Grupo Inditex, Mango, Cortefiel y “prácticamente la mayoría del comercio que hay en La Rioja de textil y calzado”. Esta entidad ha alcanzado un preacuerdo que “empeora las condiciones de trabajo, precariza más al trabajador”, ha asegurado considerando que “si en La Roja no tenemos ya bastante con el cierre de tiendas”, lo que supone que “hay menos puestos de trabajo” ahora, con este preacuerdo, se “precarizan la jornada laboral y salarialmente”. “Se empeora también el tema del trabajo en domingos y festivos, convirtiendo una voluntariedad en casi una obligación, porque si no se cubre voluntariamente va a haber que cubrirlo”, ha dicho.

Haciendo una “comparativa” con el último convenio de comercio firmado ha señalado que hay una disminución salarial, en una persona nueva, de casi 1.000 euros; y a las personas con antiguedad 2.000.

“Después de haber firmado un convenio que tanto nos ha costado, que tanta necesidad teníamos de firmar el convenio de comercio, pues esto viene a dinamitar directamente la negociación colectiva”, ha afirmando no descartando la huelga en esta comunidad.

ARTE llama al diálogo

Por su parte, la Asociación Retail Textil España (ARTE), que está integrada por Inditex, Mango, Primark y H&M, entre otras firmas de moda, ha enfatizado que el preacuerdo alcanzado hace unas semanas del que será el primer convenio colectivo estatal de grandes cadenas comerciales del comercio textil y del calzado está todavía en negociación, pero que lo acordado promueve la “equidad y mejora real” de las condiciones laborales de los trabajadores del sector y no recorta derechos. Por ello, ha vuelto a apelar “al diálogo” tras las huelgas que se están produciendo este viernes por todo el territorio convocadas por UGT.

“El convenio aún está en negociación y requiere de diálogo responsable, ya que en este momento el texto del futuro convenio aún está en construcción. El preacuerdo promueve la equidad y mejora real de condiciones laborales”, ha asegurado la presidenta de ARTE, Ana López-Casero, en declaraciones a Europa Press.

Hay que recordar que la patronal textil rubricó el pasado 26 de marzo un preacuerdo sólo con CCOO y Fetico, y que contó con la negativa de UGT y CIG. Un preacuerdo que llegaba tras más de tres años de negociación y que conlleva mejoras en materia de contratación, salarios y jornada laboral para más de 100.000 trabajadores en España.

Así, el próximo lunes, la patronal se volverá a reunir con todas las organizaciones sindicales convocadas desde el inicio (UGT, CCOO, Fetico, ELA, CIG), donde ha avanzado que seguirá “trabajando para concretar los puntos del preacuerdo y alcanzar una propuesta final”.

CCOO ha denunciado los despidos de Geacam, la Empresa Pública de Gestión Ambiental de Castilla-La Mancha, que recaen sobre personas que han sido declaradas por la mutua como no aptos para la extinción de incendios, en lugar de adaptar sus puestos de trabajo o recolocarles en otros, tal y como recoge el convenio colectivo y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

El presidente del Comité de Empresa de Geacam, Manuel Amores, ha informado este jueves de los despidos que el pasado año y este está llevando a cabo la empresa responsable del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Castilla-La Mancha, “incumpliendo la normativa en materia laboral y el propio convenio colectivo”.

16 personas despedidas al no superar el reconocimiento médico

Se trata de un total de 16 trabajadores y trabajadoras -4 en Guadalajara, 3 en Cuenca, 1 en Toledo, 2 en Ciudad Real y 6 en Albacete- que, tras no superar el reconocimiento médico y se declarados no aptos para la extinción, se les ha despedido, dejándoles en una situación complicada después de haber prestado servicio entre 30 y 40 años.

Manuel Amores ha indicado que “muchas de estas personas rondan los 60 años y viven en zonas vulnerables donde encontrar trabajo es una misión imposible, lo que significa que se les está mandado al desempleo sin visos de poder volver a trabajar”.

Amores ha explicado que según establece la Ley de Prevención lo primero que debería hacer la empresa es adaptar el puesto de trabajo de las personas no aptas o reubicarlas en otros puestos. Y eso se está haciendo con algunas personas de extinción a las que recolocan en las torres de vigilancia pero, aclara, “lo que ocurre es que esto sólo es posible durante los 100 días que dura ese período y después las mandan a 300 kilómetros de distancia, de tal forma que no les compensa trabajar con esas condiciones”.

No cumple la ley, pero tampoco el convenio según el sindicato

Por otro parte, el convenio colectivo recoge para estos casos la posibilidad de solicitar la extinción del contrato con una indemnización a razón de 40 días por año trabajado por un máximo de 24 mensualidades, pero la empresa tampoco lo está cumpliendo y se está ciñendo al Estatuto de los Trabajadores que establece 20 días por un máximo de 12 mensualidades.

Amores ha lamentado que una empresa pública, con dinero público, actúe de esta manera y ha pedido a la dirección que tome cartas en el asunto para buscar una solución en lugar de dejarlo en manos de los tribunales.

Por su parte, el delegado de CCOO en Cuenca, Alejandro García, ha señalado que Agecam está reproduciendo el mismo patrón de inclumplir la Ley de Prevención en todas las provincias con las personas no aptas, y se ha referido al caso concreto de una trabajadora con una discapacidad declarada del 34% que solicitó la adaptación del puesto del trabajo.

“La empresa, lejos de evaluar su situación y de evaluar las vacantes para reubicarla, ha optado por cambiarle el contaro de indefinida a fija discontinua, es decir, la solución ha sido recortarle derechos”, ha indicado. La única salida, según lamenta, de momento, es acudir a los tribunales.

El sindicato USO denuncia que el Servicio de Atención Domiciliaria (SAD) en Cantabria atraviesa “una situación crítica que pone en riesgo” su calidad y las condiciones laborales de las cerca de 3.000 profesionales que lo sostienen, en su mayoría mujeres, que reclaman un convenio autonómico.

En un comunicado, USO denuncia que, a pesar de que el presupuesto del Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS) para 2026 alcanza “una cifra récord”, las profesionales denuncian que “continúan enfrentando condiciones laborales indignas, con salarios bajos, jornadas fragmentadas y una preocupante falta de formación continuada”.

Uno de los principales problemas, según el sindicato, es la aplicación de un convenio estatal que no contempla las particularidades territoriales de Cantabria. Y explica así que la dispersión geográfica obliga a las trabajadoras a realizar constantes desplazamientos en sus vehículos personales, muchas veces sin compensación adecuada por kilometraje ni por el tiempo de traslado.

“Esta situación está generando una alta rotación de personal que afecta directamente a los más de 30.000 usuarios del servicio en la comunidad autónoma, comprometiendo la continuidad y calidad de la atención”, advierte USO.

Ante este escenario, las trabajadoras del servicio reclaman la creación de un convenio autonómico propio que garantice condiciones laborales dignas y homogéneas en todo el territorio, dice el sindicato.

Entre sus principales demandas destacan la protección frente a prácticas abusivas por parte de empresas privadas; la vinculación de los salarios al IPC y a los precios de licitación pública; la igualdad de condiciones laborales en todos los municipios y el reconocimiento profesional del sector sociosanitario.

Las trabajadoras, insiste USO, hacen un llamamiento a las instituciones para que adopten medidas urgentes que aseguren la sostenibilidad del servicio. Para ello, iniciarán una campaña de sensibilización pública con recogidas de firmas.

Al voltant de 16 milions d'euros destinats a implementar la intel·ligència artificial en la sanitat valenciana hauran d'esperar fins a la signatura d'un conveni, a causa de la falta d'entesa entre administracions. El Ministeri de Transformació Digital i de la Funció Pública pretenia celebrar el passat 26 de març un acte amb mitjans de comunicació a La Fe de València, però la impossibilitat d'assistir del conseller Marciano Gómez per qüestions d'agenda va provocar que la presentació i, per tant, la signatura del conveni no pogueren realitzar-se. La Conselleria de Sanitat no va contestar a la possibilitat de l'ús de les instal·lacions públiques de l'hospital sense el conseller i l'acte es va anul·lar.

«El conveni és amb la Generalitat, per la qual cosa no tenia gaire sentit fer una presentació sense la Generalitat», argumenten fonts de la Conselleria, que precisen que mai es va negar l'espai de La Fe i que va ser el ministeri el que «no va proposar una data alternativa».

Fonts del Ministeri de Transformació Digital van lamentar la «manca d'esperit de cooperació» de la Conselleria de Sanitat, i consideren que ni tan sols es va arribar a valorar la sol·licitud d'un espai «per a la presentació d'un projecte que beneficia tots els valencians i valencianes». «Entenem que aquesta nul·la voluntat de cooperació opera únicament en detriment dels interessos de la ciutadania valenciana», asseguren en unes paraules que també van ser traslladades a l'equip del conseller.

La petició formal del ministeri amb la data proposada es va realitzar el passat 20 de març. En haver-hi un cap de setmana pel mig, la resposta va arribar el dilluns, gairebé al migdia. En ella, la Conselleria al·legava que ni el conseller ni el secretari autonòmic podrien assistir el dia 26 a la presentació. Hores després, aquest mateix dia 23, el ministeri va reiterar la sol·licitud de la sala a l'Hospital La Fe i va plantejar la possibilitat que acudira un altre representant de Sanitat. Aquesta vegada no va obtindre resposta. El 25 de març, el ministeri va enviar un altre correu en què retreia la falta de col·laboració i va haver de desistir en la seva intenció de celebrar l'acte de presentació del conveni de Serveis Digitals Intel·ligents en el Sistema Nacional de Salut amb la Generalitat Valenciana.

Fonts de la Conselleria de Sanitat van mostrar el seu malestar amb la situació: “El conseller tenia compareixença a les Corts i el secretari autonòmic, una roda de premsa. El conveni és amb la Generalitat, per la qual cosa no tenia gaire sentit fer una presentació sense la Generalitat. Van insistir que el ministre tenia una agenda molt complicada i que no podia un altre dia. Nosaltres reiterem que l'agenda ja estava tancada. El següent va ser un correu dient-nos que no la feien per la 'poca col·laboració'”, van explicar des del departament de Marciano Gómez.

Sobre la possibilitat que l'arribada dels 16 milions d'euros puguen bloquejar-se, des de la Conselleria assenyalen que «aquest mateix conveni s'ha signat amb altres comunitats autònomes telemàticament, sense condicionar-lo a un acte de presentació».

Des del Ministeri de Transformació Digital també van mostrar el seu malestar per no poder presentar el conveni. Entenen que, tractant-se d'una inversió tan elevada, resulta inapropiat signar de manera telemàtica. «Cal explicar-ho perquè no és la primera vegada que s'apropien de fons que vénen de l'Estat com si foren seus», ironitzen.

En el rerefons d'aquesta polèmica es troba l'intensa batalla política a la Comunitat Valenciana i l'ús, per part del Consell, de l'argument del greuge per la manca d'inversió del Govern central al territori que el Govern vol revertir. Ambdues administracions necessiten traslladar a la ciutadania el seu compromís amb els valencians i valencianes.

Alrededor de 16 millones de euros destinados a implementar la inteligencia artificial en la sanidad valenciana tendrán que esperar hasta la firma de un convenio, debido a la falta de entendimiento entre administraciones. El Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública pretendía celebrar el pasado 26 de marzo un acto con medios de comunicación en La Fe de València, pero la imposibilidad de asistir del conseller Marciano Gómez por cuestiones de agenda provocó que la presentación y, por tanto, la firma del convenio no pudieran realizarse. La Conselleria de Sanidad no contestó a la posibilidad del uso de las instalaciones públicas del hospital sin el conseller y el acto se anuló.

«El convenio es con la Generalitat, por lo que no tenía mucho sentido hacer una presentación sin la Generalitat», argumentan fuentes de la Conselleria, que precisan que nunca se negó el espacio de La Fe y que fue el ministerio el que «no propuso una fecha alternativa».

Fuentes del Ministerio de Transformación Digital lamentaron la «falta de espíritu de cooperación» de la Conselleria de Sanidad, y consideran que ni siquiera se llegó a valorar la solicitud de un espacio «para la presentación de un proyecto que beneficia a todos los valencianos y valencianas». «Entendemos que esta nula voluntad de cooperación opera únicamente en detrimento de los intereses de la ciudadanía valenciana», aseguran en unas palabras que también fueron trasladadas al equipo del conseller.

La petición formal del ministerio con la fecha propuesta se realizó el pasado 20 de marzo. Al haber un fin de semana de por medio, la respuesta llegó el lunes, casi al mediodía. En ella, la Conselleria alegaba que ni el conseller ni el secretario autonómico podrían asistir el día 26 a la presentación. Horas después, ese mismo día 23, el ministerio reiteró la solicitud de la sala en el Hospital La Fe y planteó la posibilidad de que acudiera otro representante de Sanidad. Esta vez no obtuvo respuesta. El 25 de marzo, el ministerio envió otro correo en el que afeaba la falta de colaboración y tuvo que cejar en su intención de celebrar el acto de presentación del convenio de Servicios Digitales Inteligentes en el Sistema Nacional de Salud con la Generalitat Valenciana.

Fuentes de la Conselleria de Sanidad mostraron su malestar con la situación: “El conseller tenía comparecencia en Les Corts y el secretario autonómico, una rueda de prensa. El convenio es con la Generalitat, por lo que no tenía mucho sentido hacer una presentación sin la Generalitat. Insistieron en que el ministro tenía una agenda muy complicada y que no podía otro día. Nosotros reiteramos que la agenda ya estaba cerrada. Lo siguiente fue un correo diciéndonos que no la hacían por la 'poca colaboración'”, explicaron desde el departamento de Marciano Gómez.

Sobre la posibilidad de que la llegada de los 16 millones de euros pueda bloquearse, desde la Conselleria señalan que «ese mismo convenio se ha firmado con otras comunidades autónomas telemáticamente, sin condicionarlo a un acto de presentación».

Desde el Ministerio de Transformación Digital también mostraron su malestar por no poder presentar el convenio. Entienden que, tratándose de una inversión tan elevada, resulta inapropiado firmarlo de manera telemática. «Hay que explicarlo porque no es la primera vez que se apropian de fondos que vienen del Estado como si fueran suyos», ironizan.

En el trasfondo de esta polémica se encuentra la intensa batalla política en la Comunitat Valenciana y el uso, por parte del Consell, del argumento del agravio por la falta de inversión del Gobierno central en la región que el Gobierno quiere revertir. Ambas administraciones necesitan trasladar a la ciudadanía su compromiso con los valencianos y valencianas.

La Junta de Castilla-La Mancha y la Fiscalía regional han firmado un nuevo convenio de colaboración para reforzar el trabajo conjunto en el ámbito de la seguridad y la salud laboral en la región.

De este forma, se ha presentado el programa 'Castilla-La Mancha Más Segura', que cuenta con una dotación económica de 2,63 millones de euros, con el objetivo de continuar “apoyando la inversión, innovación, certificación y el trabajo de pymes y autónomos en la mejor de la salud en el trabajo”, según exponen desde el Gobierno regional.

Durante el acto, Patricia Franco, consejera de Economía, Empresas y Empleo, se ha referido a la Fiscalía de Castilla-La Mancha como un “aliado estratégico” en un ámbito, el de la seguridad y salud en el trabajo, “que forma parte de nuestras prioridades, porque de nada serviría que consolidemos la población activa más alta de nuestra historia, el dato de ocupación más alto de toda la serie histórica en nuestra región, si no trabajamos de manera intensa y conjunta para lograr que nuestros trabajos sean seguros”.

Novedades del convenio

El convenio, que tiene una vigencia de cuatro años renovable por otros cuatro a continuación, incluye novedades y refuerzos en ámbitos como ampliar la cobertura de las actuaciones, establecer cauces de comunicación “más ágiles, fluidos y recíprocos”; junto con una mejora en la trazabilidad y una apuesta por la formación, el asesoramiento y la coordinación en seguridad y salud laboral. “Se establece un técnico de seguridad y salud de enlace en cada una de las provincias con la Fiscalía, para reforzar esa labor recíproca de comunicación”, ha señalado Patricia Franco, enmarcando la firma del convenio en el Acuerdo Estratégico de Prevención de Riesgos Laborales, “que tiene vigencia hasta final de este año y que cuenta con el 85% de sus medidas iniciadas y en desarrollo, 94 de las 111 programadas”, al tiempo que ha expresado que el Ejecutivo regional y los agentes sociales, tanto en el Consejo Regional de Seguridad y Salud Laboral como en el Instituto Regional, van a trabajar en paralelo para diseñar y definir el nuevo acuerdo estratégico que entrará en vigor el año que viene.

“Tenemos la tarea entre todos de conseguir puestos de trabajo más seguros en nuestra región”, ha indicado la consejera, señalando que ese compromiso “requiere la responsabilidad del conjunto de la sociedad”, y que tiene reflejo, por parte del Gobierno de Castilla-La Mancha, en el Diario Oficial de la región. “Hoy hemos publicado la nueva convocatoria del programa ‘Castilla-La Mancha Más Segura’, que crece en su dotación un 35%, hasta los 2,63 millones de euros, 675.000 euros más, para seguir apoyando a las pymes y autónomos de la región en la inversión en entornos de trabajo más seguros, así como en investigación, innovación o certificaciones en seguridad y salud laboral”, ha señalado, exponiendo que, desde el año 2015 y sumando líneas y partidas que antes no existían, “más de 3.000 pymes y autónomos se han beneficiado de estas ayudas, con una inversión del Gobierno regional de más de 13 millones de euros”.

Red de Inspectores fortalecida

Junto a este programa, Patricia Franco ha valorado el trabajo conjunto con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en la región, una labor que se ha “intensificado” en los últimos años al tiempo que ha crecido la red en torno a la prevención y la seguridad y la salud en el trabajo. “Este año hemos programado más de 32.000 acciones conjuntas, y de ellas, una de cada tres va destinada a la seguridad laboral”, ha indicado la consejera, detallando que las órdenes de servicio en este ámbito, más de 10.000, son las más numerosas dentro de una programación que destina el 25% de sus acciones al área de Seguridad Social, un 24% a la economía regular o un 17% a las relaciones laborales y empleo.

“Esa cifra, las más de 10.000 órdenes de servicio previstas para este año supone triplicar las que se llevaron a cabo por ejemplo en el año 2020, que fueron 3.371, al tiempo que hemos fortalecido también la red de inspectores y subinspectores que trabajan en nuestra región, que han pasado de 84 a 129 en los últimos cinco años”. Ese compromiso, ha dicho la consejera, tiene reflejo en las cifras, como la reducción en el índice de incidencia del 6% el pasado año, o un descenso en el inicio del año del 12,8% en el número de accidentes con baja, “pero debemos seguir reforzando la vigilancia y la prevención para que se reduzcan también los accidentes mortales y los accidentes graves, y seguiremos trabajando con la DGT para reducir también los accidentes in itínere en Castilla-La Mancha”.

Por último, Patricia Franco ha apelado al conjunto de la sociedad para avanzar en este ámbito. “Toda la sociedad debe ser responsable y copartícipe para que consigamos reducir las cifras de accidentabilidad laboral”, ha indicado, señalando también la importancia de introducir la prevención en las etapas tempranas de formación.

La negociación del nuevo Convenio Colectivo Nacional de Farmacia se encasquilla. Después de que el pasado convenio caducara en 2024, los sindicatos reclaman una actualización de las tablas salariales acordes al incremento del coste de la vida. También batallan contra la pérdida de derechos adquiridos que, aseguran, plantea la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), y advierten del éxodo de profesionales a otros sectores tras la pauperización de sus condiciones en las oficinas de farmacia, centros de trabajo donde suele haber pocos empleados.

Numerosas reuniones infructuosas desde junio del año pasado han hecho que los farmacéuticos lleven su lucha a las calles. Han convocado concentraciones en cuatro ciudades para este domingo, 15 de marzo. Según sus cálculos, desde 2010 han perdido un 6% de poder adquisitivo. “Tienen un sector con producto protegido, cliente protegido y un pagador fijo. Deben mirarse si quieren trabajadores cualificados, solo se trata de ser consecuentes”, defiende Ricardo Blanco.

Él es integrante de la Agrupación de farmacéuticos regentes, adjuntos, sustitutos y sin ejercicio de Bizkaia (Afrassebi), también vicesecretario general en la Federación Española de Farmacéuticos No Empresarios (FEFANE), desde donde negocian con la patronal. “Los trabajadores a los que representamos nos decían que no podíamos firmar un convenio que empeorara las condiciones, y eso intentamos”, introduce el sindicalista, quien afirma que las posturas entre parte empresarial y social se mantienen “muy alejadas”.

Este farmacéutico vasco asegura que la patronal los quiere “pobres, sobrecargados y enfermos”, como crítica a la propuesta de FEFE de restringir la incapacidad temporal y eliminar parte de los complementos que ahora perciben por ella en las prestaciones de la Seguridad Social. Los empresarios no han respondido ninguna de las preguntas planteadas por elDiario.es. Su secretaria general, Elena Jiménez, ha señalado que lo hacen así “por respeto a todas las partes que participan en la negociación colectiva y muy especialmente a los farmacéuticos a quienes representamos”, es decir, los dueños de las oficinas.

Sin pluses por festivo y un horario liberalizado

Las reuniones que mantienen desde junio del año pasado, cuando el convenio anterior ya llevaba seis meses en ultraactividad, suelen tropezarse con las exigencias de los sindicatos del cobro de pluses por el trabajo de domingos y festivos, algo que en la actualidad no sucede. La patronal se agarra a un artículo del convenio que recoge que todos los días son laborables para el servicio farmacéutico. “Podemos entender que como entidad privada pero de servicio público esté sometida a guardias, pero bajo ningún concepto eso significa que los trabajadores no cobremos pluses de domingos y festivos”, reivindica Blanco, quien cifra en 22.200 las farmacias que existen en España.

Nuria Martínez, secretaria del Sindicato de farmacéuticos no empresarios de Madrid (Sifnema) e integrante de FEFANE, lo resume de esta forma: “Aquí da igual el día que trabajes y las consecuencias que tenga para la conciliación. Cada hora te la van a pagar igual. Nosotros defendemos lo contrario. Si quieren abrir en domingos y festivos, que lo paguen como tal”. Sin embargo, la parte patronal busca aumentar las horas anuales de trabajo, “cuando todos los sectores en Europa tienen la tendencia contraria”, se queja Blanco.

Subidas salariales no ligadas al IPC

Para salir de este bloqueo, Zigor Etxabe considera que los empresarios deben poner algo más de su parte. Este integrante de la Asociación sindical de farmacéuticos adjuntos de Sevilla (Asfas), entidad que ya representa a toda la región andaluza e integrada en FEFANE, critica que, si no fuera por mejoras en el convenio, el poder adquisitivo se reduciría todavía más. “Entramos como farmacéuticos rasos y salimos como farmacéuticos rasos, con el mismo sueldo y nivel. Da igual que seas nuevo o que lleves 13 años ejerciendo, como es mi caso”, ilustra.

Por el momento, FEFE parece aceptar algunas subidas salariales en el nuevo convenio, que tendrían vigor desde 2025 a 2028, uno de los pocos aspectos en que todos los presentes en la negociación están de acuerdo, incluidos UGT, CCOO y CIGA. “Pero esas subidas no son acordes al IPC ni recuperan todo lo que ya hemos perdido antes”, apuntilla Etxabe, quien considera que “es inaguantable vivir así”.

Según explica, FEFE se estaría fijando en el Estatuto de los Trabajadores para negociar mientras que los sindicatos parten del convenio ahora en ultraactividad. “Nos dicen que ya tenemos tres días de permiso por fallecimiento de familiar, cuando en el Estatuto se recogen dos, y ahora nos quieren quitar ese tercero para hacernos ver las mejoras que hay, pero eso son derechos adquiridos y en ningún caso vamos a empeorar lo que ya tenemos”, ejemplifica el sevillano. Algo similar intenta la patronal con un día de asuntos propios.

Contra la fuga de profesionales, preavisos de 90 días

Blanco explica desde Bizkaia que el preaviso que deben dar los farmacéuticos para dejar su puesto es de 90 días. Si no ocurre así, al trabajador se le descuenta un día de salario por cada dos de incumplimiento de preaviso. Según el vicesecretario de FEFANE, la patronal no permite reducir ese tiempo por el déficit de farmacéuticos para ejercer que existe en estos momentos. “Quieren garantizarse que no se queden sin trabajadores, pero esa no es la mejor alternativa”, añade.

Los sindicatos alertan de que cada vez más compañeros farmacéuticos dejan las oficinas a pie de calle para “huir de la precariedad a la que se ven abocados”. Blanco apunta que ellos son el “engranaje perfecto del mejor modelo de farmacia del mundo, pero hay una desbandada hacia investigación, docencia, la administración pública e, incluso, al extranjero”.

“A mí mi jefe me reclamó que el día del entierro de mi padre no había ido a trabajar”, cuenta Paloma Calvo, farmacéutica en Redueña, un pueblo madrileño que no llega a los 300 habitantes. Ella vive en Colmenar Viejo, tiene 59 años y más de 30 de experiencia, y ahora sí que se siente tranquila en su trabajo. “Soy una excepción a la regla porque mi jefa sí cumple el convenio”, exclama.

Consiguió dejar atrás la anterior farmacia incluso con el periodo tan largo de preaviso. “No hay empresas que esperen tres meses a que te incorpores, o si te mudas, y eso te deja en una situación muy incómoda teniendo que trabajar en un sitio donde no quieres estar y donde ya has dicho que te vas. Nos quieren tener agarrados porque no encuentran gente de la situación tan precaria que se vive en las farmacias”, se explaya.

La movilización llega a la calle

Calvo reconoce que el sector farmacéutico es parecido a un reino de taifas de empresas aisladas. “Como nos vemos tan solas en nuestro puesto de trabajo, porque a veces solo estamos con el jefe, pelear por nuestros derechos es muy difícil”, admite. Por eso crearon FEFANE, que ahora batalla contra la patronal por un convenio que les permita no perder todavía más poder adquisitivo.

Martínez, por su parte, reconoce cierta predisposición de la patronal a valorar las propuestas de la parte social tras el último encuentro, celebrado el 10 de marzo. Entre ellas está que los empresarios respeten el anterior convenio: “Aunque recoge que si el PIB subía un 1% la nómina tendría que subir un 2%, muchos propietarios no lo han hecho, así que a muchísimos de nuestros compañeros no les están pagando lo que les deben”.

Le sigue su compañera Rosa Tejerols, portavoz de la Associació de Farmacèutics, Tècnics, Auxiliars i altres treballadors d’oficina de farmàcia de Catalunya (Afascat). “Yo suelo ser bastante ingenua y pienso que la patronal nos puede sorprender, pero visto la experiencia en Barcelona soy muy escéptica con lo que pueda pasar”, admite en referencia a su convenio regional, que está en los tribunales. “Todo lo que sea bueno para el convenio estatal lo será para nosotros, que nos encontramos ahora mismo en tierra de nadie”, agrega.

Apretar en la calle es lo siguiente que hará FEFANE. Este domingo, 15 de marzo, han convocado movilizaciones para expresar sus reivindicaciones en Madrid, Sevilla, Bilbao, Barcelona y La Laguna, todas a las 12.00 horas, a las que invitan a acudir a todos los trabajadores de oficinas de farmacia, también técnicos y auxiliares. Etxabe, del sindicato andaluz, destaca que los trabajadores tienen una sensación de hartazgo con las negociaciones del convenio, pero que se trata de un gremio “muy parado” a la hora de exigir mejoras laborales. “El domingo es el principio de algo un poco más grande”, vaticina.

El sindicato LAB, con un 54,01% de representación en la mesa negociadora, así como CCOO y UGT, han alcanzado un preacuerdo en la negociación del convenio colectivo de los comedores escolares de gestión directa de Euskadi con mejoras en ratios y avances salariales, y han decidido desconvocar las dos jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves. Según ha manifestado LAB en un comunicado, tras meses de negociación y movilización por parte de las trabajadoras del sector, el acuerdo recoge “importantes mejoras laborales, salariales y sociales”, como la modificación de los ratios en el aula de 3 años y en educación primaria. Ha añadido que esta mejora ha sido posible tras las conversaciones mantenidas por el sindicato con el Departamento de Educación y supone “un avance importante para mejorar la atención al alumnado y las condiciones de trabajo del personal”.

En el caso de las aulas de tres años, se establece una monitora cuando se superen los 20 alumnos, mientras que en educación primaria, el ratio se reducirá de 37 a 30 alumnos para el curso 2027-2028. Hasta entonces, en los cursos de 1º a 3º se incorporará una monitora más cuando se superen los 30 alumnos. Asimismo, se recoge la equiparación salarial con el personal de cocina del Gobierno vasco, lo que supondrá una subida del 6,5% al inicio de los contratos de las nuevas licitaciones, que se aplicará como máximo en enero de 2027. Además, el preacuerdo mantiene el calendario de subidas salariales para el personal laboral entre 2024 y 2028, con un incremento del 0,5% en 2024, del 2,5% en 2025, del 1,5% con posibilidad de añadir un 0,5% adicional en 2027, del 4,5%, incluyendo la equiparación salarial en 2027, y del 2% en 2028, informa Europa Press.

El preacuerdo también incorpora otras mejoras laborales y sociales, como la regulación de la limpieza de vestuarios en función de la antigüedad del centro, la inclusión en el convenio de un protocolo sobre antigüedad, la posibilidad de prórrogas en las excedencias y reincorporación anticipada y el anticipo de salarios. Asimismo, incluye el desarrollo de un plan de igualdad y protocolos frente al acoso y la violencia hacia personas LGTBI+, la mejora en la ropa de trabajo, con la incorporación de dos polares y un chubasquero, la modificación de los 10 días de permiso de excedencia a permiso no retribuido, la licencia de entre 3 y 5 días para acompañar a familiares en procesos de aplicación del derecho a la eutanasia, con posibilidad de disfrutarse hasta una semana antes, y la actualización de diversas licencias recogidas en el convenio. El nuevo convenio tendrá una vigencia de 2024 a 2030, “garantizando estabilidad para el sector durante ese periodo”, según ha remarcado el sindicato.

Desconvocatoria de la huelga

Tras la firma de este preacuerdo, los firmantes han decidido desconvocar las jornadas de huelga previstas para este miércoles y jueves, -este martes se ha desarrollado jornada de paro- reconociendo que “la lucha y la movilización de las trabajadoras han permitido alcanzar avances reales y significativos”. LAB ha asegurado que trasladará ahora el contenido del preacuerdo a su afiliación, que tendrá la última palabra para su ratificación. Desde LAB se subraya que estos avances “no habrían sido posibles sin la organización, la unidad y la lucha constante de las trabajadoras del sector, que han demostrado que la movilización y la acción sindical son herramientas eficaces para mejorar las condiciones laborales”.

Por su parte, ELA ha anunciado que no firma el convenio de comedores de Gestión Directa de Euskadi al considerar que el acuerdo alcanzado por LAB, CCOO y UGT no cumple los “mínimos exigidos” por las plantillas del sector. Según el sindicato, el texto no garantiza la equiparación salarial con los sectores de cocinas y limpieza en 2026, establece límites a las subidas salariales y no incluye ninguna referencia al IPC, lo que deja a las trabajadoras “sin garantías para mantener su poder adquisitivo”. En un comunicado, ELA también ha criticado que el convenio no recoge una jornada mínima en el sector, una medida que el sindicato considera “clave” para combatir la precariedad laboral.

Por otro lado, ha denunciado que el Gobierno vasco ha modificado la tabla de ratios únicamente para el personal de infantil y primaria, dejando fuera al personal de secundaria y al personal de office.

En su opinión, esta modificación parcial “no es suficiente” y sostiene que el acuerdo firmado “no responde a los mínimos fijados por las delegadas y delegados en las asambleas del sector, ni a las reivindicaciones defendidas durante los días de huelga”. Por último, ha reprochado que los sindicatos firmantes hayan optado por cerrar el acuerdo “pese al contexto de movilización”.

A la Universidad de La Rioja en bicicelta. El Ayuntamiento de Logroño y la UR han firmado un convenio de de colaboración reducir el precio del servicio de Bicilog a la comunidad universitaria. Además, se han instalado dos nuevas estaciones virtuales en el campus a la altura de la biblioteca y junto al CCT. El convenio ha sido rubricado por el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, y la rectora de la UR, Eva Sanz, junto al representante de de Nextbike España, Jorge Arturo Villareal.

Por primera vez, se suscribe este acuerdo que busca fomentar la movilidad sostenible y los desplazamientos en bicicleta en nuestra ciudad, aprovechando que el colectivo de los estudiantes es uno de los más interesados en este medio de transporte. En el acto ha participado también el concejal de Movilidad, Ángel Andrés.

Gracias a la rúbrica de este convenio, el Ayuntamiento ha instalado dos nuevas estaciones virtuales de Bicilog dentro del campus, con 10 plazas cada una, que estarán ubicadas a la altura de la biblioteca y junto al edificio científico tecnológico (CCT).

Además, el acuerdo contempla descuentos en el sistema Bicilog para toda la comunidad universitaria, no sólo estudiantes sino para todo el personal del entorno universitario (profesores, alumnos de Erasmus o intercambio, personal de investigación, personal evaluador, etc.). Así, los descuentos que se aplican son el 50 por ciento en el abono mensual de bicicletas mecánicas -pasando de 24 a 12 euros- y el 30 por ciento de descuento en el abono anual -que pasa de 36 a 25 euros-. 

“Los estudiantes, los mejores embajadores”

Conrado Escobar ha expresado que “nuestra ciudad es una ciudad abierta y compacta, Logroño reúne las características y condiciones para ser un referente en materia de sostenibilidad, y el Ayuntamiento responde a esta gran demanda con más servicios y facilidades para todos los usuarios”. 

El alcalde ha puesto en valor “la apuesta del Consistorio por una movilidad urbana en la que nuestros vecinos puedan moverse fácil, seguro y sostenible, como una declaración de futuro y compromiso con la salud de nuestra ciudad”.

Escobar ha recordado el importante incremento de la utilización del servicio Bicilog en Logroño “que duplicó el número de alquileres durante el año pasado y la oportunidad que tenemos de que nuestros estudiantes sean los mejores embajadores en cuanto al uso de este medio de transporte saludable, sostenible, que mejora la calidad de vida del entorno urbano”.

Por su parte, la rectora de la UR, Eva Sanz, ha indicado que “cuando universidad y ciudad avanzan juntas, todos ganamos: gana la movilidad, gana la sostenibilidad y gana la calidad de vida de los universitarios riojanos y de los logroñeses e incluso de quienes nos visitan desde otros lugares”.

Sanz cree que “estas dos nuevas estaciones virtuales conectan aún más la universidad con la ciudad, y la ciudad con la universidad. Facilitan que la bicicleta sea una opción real, cómoda y accesible para quienes forman parte de nuestra comunidad y nuestro barrio, así como de quienes se acercan a visitarnos”.

Los interesados en tramitar estos descuentos, lo podrán realizar a través del servicio Nextbike, que verificará la condición de usuario perteneciente a la comunidad universitaria. La Universidad de La Rioja será la responsable del tratamiento de los datos personales.

300 bicicletas, 50 eléctricas

Cabe recordar que el Consistorio habilitó en febrero tres nuevas estaciones virtuales Bicilog en la ciudad, en la Plaza Luis De Góngora (Piqueras), en Vara de Rey con Duques de Nájera y en Pradoviejo. Con las nuevas estaciones virtuales ubicadas en el campus, el sistema Bicilog suma un total de 35 estaciones distribuidas por toda la ciudad, 26 de ellas con anclaje y 9 virtuales. Entre todas se ofrecen 468 puntos de anclaje para recogida y aparcamiento de estos vehículos. En caso de las que las estaciones físicas no cuenten con candados disponibles, se puede aparcar la bicicleta sin anclar, somo si fuera una estación virtual.

La ciudad de Logroño cuenta con 300 bicicletas a disposición de los ciudadanos, de las cuales 50 son eléctricas.

Durante el 2025 se dispararon las cifras de alquiler de bicicletas con 54.647 préstamos a lo largo del año, una cifra muy superior a la conseguida en los meses de servicio del 2024, año en el que hubo un total de 20.378 préstamos. La tendencia en lo que vamos de año es similar, dado que en enero se registraron 4.882 alquileres de bicicletas y en febrero subieron a 5.536, lo que supone un incremento de 654.

La negociación del convenio colectivo regional de Hoteles y Alojamientos turísticos para los próximos tres años (2026-2028) ha alcanzado hoy un preacuerdo que contempla una subida salarial total al término de la vigencia del convenio del 14%, distribuida de la siguiente forma: 5% en 2026; 4,5% en 2027; y 4,5% en 2028, según ha dado a conocer UGT. De igual manera, registra la pertinente cláusula de revisión salarial a aplicar en 2029 si el Índice de Precios al Consumo desde enero de 2026 hasta diciembre de 2028 supera el 14%, con un tope máximo del 2,15%. 

El texto también incorpora la reducción paulatina de la jornada laboral durante los tres años de vigencia, de modo que las personas trabajadoras pasarán de las 1.768 horas actuales a 1.752 en 2028, una reducción efectiva de 16 horas.  Además, el preacuerdo incorpora la ampliación a tres días laborables de permiso por fallecimiento de parientes de hasta primer grado de consanguineidad, cónyuges y parejas de hecho. 

Por otro lado, entre otras mejoras, se incrementan los pluses de nocturnidad mediante un complemento mínimo de 70 euros mensuales; así como la mejora del plus de transporte y la incorporación de un nuevo plus de festivos.

UGT lo ha considerado un “acuerdo satisfactorio” para las más de 1.000 personas trabajadoras incluidas y lo valora especialmente puesto que “supone seguir dotándoles de un paraguas de derecho”s. Además, reduce la jornada laboral, mejora sustancialmente los salarios e impide la pérdida de poder adquisitivo al incluir la cláusula de revisión salarial; una herramienta que han considerado “imprescindible para proteger a las personas trabajadoras de las crecientes subidas de precios”. 

La Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) en Cantabria ha denunciado “el bloqueo” del convenio colectivo del hospital privado Santa Clotilde, en Santander, cuya vigencia finalizó el 31 de diciembre de 2024, y ha anunciado movilizaciones de protesta “ante la indiferencia y dejación” de la dirección que tiene “paralizada” la negociación de los cerca de 200 trabajadores del centro.

Según CCOO, la dirección del hospital ha planteado un convenio para el año 2025 con una subida salarial del 2,9%, exigiendo además que se firme el año 2026 con condiciones “inasumibles” y subida por debajo del IPC. La federación ha criticado que la empresa “no se ha movido de sus posiciones iniciales” desde el inicio de la negociación.

Desde el 1 de enero de 2025, abunda CCOO, “el convenio se encuentra en situación de ultraactividad, lo que supone que la plantilla mantiene las condiciones anteriores mientras se negocia un nuevo texto”. Es decir, que las casi 200 personas que trabajan en el centro continúan percibiendo salarios de 2024, “sin avances en derechos laborales ni mejoras en sus condiciones de trabajo”, ha cuestionado María José Barrio, secretaria de Negociación Colectiva de la Federación de Sanidad.

Según ha explicado CCOO en una nota de prensa, la negociación del nuevo convenio comenzó en marzo de 2025, pero en junio quedó paralizada a petición de la empresa. No fue hasta cinco meses después, en noviembre, cuando se retomaron las reuniones, “sin que hasta ahora se hayan producido avances significativos”, valoran desde CCOO. 

“La empresa se niega a abordar cuestiones fundamentales para la plantilla como la clasificación profesional, la mejora y ampliación de los permisos retribuidos, el reconocimiento de adicionales por antigüedad o la reducción de jornada”, ha lamentado Barrio.

En paralelo, en 2025, el Gobierno de Cantabria ocultó la firma de un convenio singular con el hospital privado Santa Clotilde valorado en 256 millones de euros para externalizar servicios sanitarios que, según un informe técnico, “compromete” el presupuesto de la región hasta 2042.

“Represalias y sanciones”

En el marco de la negociación del convenio colectivo, CCOO ha denunciado “represalias” por parte de la Dirección de Personas y Valores del Hospital Santa Clotilde, “quien ha advertido de posibles sanciones” a quienes participen en las movilizaciones.

“Se trata de una clara acción antisindical que no vamos a tolerar. Si vetan nuestros derechos como personas trabajadoras y si la empresa no modifica su posición y avanza hacia un acuerdo justo que garantice unas condiciones laborales dignas para la plantilla, nos veremos obligadas a recrudecer las movilizaciones, sin descartar incluso la huelga”, han advertido desde CCOO.

Decenas de trabajadores y trabajadoras se han concentrado a las puertas del edificio de Iberdrola en Toledo para reclamar a la compañía avances en la negociación de su convenio colectivo, que según los sindicatos UGT y CCOO “se mantiene en ultraactividad desde diciembre de 2024”.

Desde los sindicatos exigen “de manera inmediata” que se desbloquee el convenio colectivo que regula las condiciones laborales de una plantilla de “más de 9.000 personas en España y 500 en Castilla-La Mancha”.

UGT FICA y CCOO lamentan que, frente a este “inmovilismo de Iberdrola, la plantilla acumula en estos 10 años una pérdida de poder adquisitivo del 18%”. En este sentido, mientras que el IPC de los últimos años ha estado en el 3%, “sus salarios apenas han crecido un 0,5%, algo que resulta aún más intolerable por tratarse de una empresa que presume de beneficios récord y de ser una de las mayores eléctricas del mundo”. Exponen que “precisamente hoy se han publicado los resultados de Iberdrola, en los que se recogen unos beneficios de 6.500 millones de euros después de impuestos” y que a pesar de ello “a los trabajadores y trabajadoras nos niegan el IPC”.

“No vamos a aceptar migajas”

UGT FICA y CCOO denuncian “una actitud obstruccionista y de desprecio hacia quienes sostienen la empresa día a día” y demandan el desbloqueo inmediato de la negociación, que los salarios “recuperen el poder adquisitivo perdido en los últimos años, el mantenimiento de las mejoras en jornada laboral así como un convenio justo y digno”. Desde ambos sindicatos han señalado que si la empresa se niega a negociar continuarán con las movilizaciones: “No vamos a aceptar ni migajas ni brindis al sol”.

La responsable de la sección sindical de UGT en Iberdrola en Castilla-La Mancha, Olga Arribas, apuntaba que, “si bien antes éramos un colectivo bien remunerado, tras estos años en los que los salarios han estado congelados nuestras condiciones han pasado a ser precarias. Ni siquiera somos capaces ya de alcanzar la pensión máxima de nuestro nivel”.

Por su parte, Hans Diedrich, secretario de Organización en la sección de CCOO en Iberdrola, ponía de manifiesto que “lo único que estamos pidiendo es mantener nuestro poder adquisitivo, una demanda ante la que la compañía -después de un año de negociaciones- sigue negándose. En nuestra agenda está seguir con las concentraciones, sin embargo no descartamos volver a convocar una huelga”.

El comité de Cocatech ha procedido a la convocatoria de huelga indefinida en la empresa a partir del próximo domingo como respuesta al “bloqueo absoluto” en la negociación del convenio colectivo por parte de la dirección. La empresa, dedicada a la fabricación de cápsulas de café, se encuentra ubicada en Nájera y cuenta con más de 170 trabajadores y trabajadoras, entre contratos fijos y ETTs.

Tras varios meses de reuniones, en las que se produjeron algunos avances iniciales fruto de la presión y la voluntad negociadora de la parte social, en las últimas semanas “la negociación ha quedado completamente paralizada”, según ha señalado UGT. “La empresa no ha presentado ninguna propuesta de mejora, manteniéndose en una actitud cerrada, inmovilista y sin voluntad real de alcanzar un acuerdo, lo que ha llevado la negociación a un punto muerto”, detalla el sindicato.

Esta situación ha sido trasladada de manera clara a la plantilla, que, junto con el comité de empresa, ha analizado el “bloqueo deliberado de la negociación por parte de la dirección” y ha decidido convocar una huelga indefinida como única herramienta para defender un convenio digno y desbloquear la situación. La huelga indefinida comenzará el 8 de febrero a las 22:00 horas y se desarrollará en el centro de trabajo.

Asimismo, el comité de empresa quiere denunciar que en el día de ayer, 4 de febrero, mantuvo una reunión con la dirección de la empresa con el objetivo de hacer entrega del acta de convocatoria de huelga y de la comunicación oficial de la misma. Un encuentro en el, como ha relatado UGT, que “la empresa se negó expresamente a recepcionar la documentación, rechazando su recogida por los cauces habituales”. Ante esta negativa , el comité de empresa se vio obligado a remitir toda la documentación tanto por correo electrónico como por correo certificado; “una actuación que evidencia una vez más la falta de voluntad de la empresa para mantener un diálogo social efectivo y basado en la buena fe, y que dificulta todavía más cualquier posibilidad real de entendimiento”.

Junto a la convocatoria de huelga, la plantilla también protagonizará varias concentraciones de protesta en el centro para visibilizar el conflicto laboral:

• 8 de febrero, de 21:45 a 22:15 horas.

• 9 de febrero, a las 11:00 horas, el comité atenderá a los medios de comunicación en las puertas de la empresa; también se concentrará de 13:30 a 14:30 horas.

La plantilla de Cocatech y su comité de empresa denuncian “la falta de responsabilidad de la dirección que, con su actitud, está empujando de manera consciente a un conflicto laboral que podría evitarse si existiera una verdadera voluntad de negociar”. Así mismo, el comité de empresa hace un llamamiento a la unidad y a la participación activa de toda la plantilla, así como a la solidaridad del conjunto de la clase trabajadora, para exigir “un convenio colectivo justo, digno y acorde a la realidad del trabajo que se desempeña en la empresa”.

Cientos de delegados y delegadas de Comisiones Obreras de Castilla-La Mancha (CCOO CLM) se han manifestado este miércoles por las calles de Toledo para exigir mejores salarios, soluciones al problema de la vivienda y una mayor igualdad.

Bajo el lema 'De las respuestas a la acción', el encuentro ha tenido un despliegue humano importante, con asistentes llegados desde las cinco provincias de la región, sumando más de 1.200 delegados y delegadas de CCOO CLM, según estimaciones del sindicato, antes de participar en una asamblea general en el Palacio de Congresos 'El Greco' a puerta cerrada.

“Hoy queríamos manifestarnos por las calles de Toledo, visualizar la fuerza del sindicato y que la ciudadanía conozca de primera mano nuestras propuestas y planteamientos”, afirmaba Javier Ortega, secretario regional.

Sordo: el crecimiento económico “no sirve” sin incremento salarial

En la marcha ha participado también el secretario general del sindicato, Unai Sordo. Tras reconocer en su intervención ante los medios que la economía española “es la que más crece” entre las europeas y que el salario mínimo “ha subido”, avisaba de que eso “no sirve”. “España tiene que aspirar al pleno empleo e incrementar todos los salarios”, apuntaba.

“Hay del orden de 10 millones de personas que cobran poco más que el salario mínimo. Hasta los que cobran la media salarial, aunque sus sueldos suban en torno al 3 o el 3,5%, son salarios tan bajos que no sirven para hacer frente al incremento de algunos precios”, remarcaba Sordo.

Para el secretario general de CCOO, “las empresas están acumulando excedentes y beneficios”, y exigía su reparto a través de los salarios.

Además, Sordo avisaba de la intención del sindicato de “tensar la negociación colectiva”. “Este proceso de movilización tiene mucho que ver con eso: concienciar a nuestros representantes de que sean los trabajadores, a través de la movilización, a través de la participación sindical, los que y las que exijan estas subidas de los salarios”, remataba el líder sindical.

Movilizaciones por toda España

Esta convocatoria se suma a las ya realizadas por el sindicato en Logroño y Zaragoza. Desde CCOO avisan de que se van a organizar manifestaciones similares en todas las comunidades autónomas de España, así como en Ceuta y en Melilla.

“La intención del sindicato es movilizar del entorno de 20.000 a 25.000 representantes de los trabajadores con una intención muy clara: mostrar que el sindicato es un agente social de primer orden en un momento en el que España necesita que el crecimiento de la economía llegue al conjunto de los hogares de las familias y de la clase trabajadora de nuestro país”, afirmaba Sordo.

En la misma línea que el secretario general de CCOO se manifestaba Carmen Trujillo, delegada del sindicato en Toledo. Trujillo reclamaba “convenios dignos” y subidas salariales “acorde a lo que está la vida”. La sindicalista mostraba su deseo de que las patronales “asuman su responsabilidad” y mandaba un aviso: “Si los trabajadores no tienen esas subidas y están precarizados, los centros de trabajo no van a estar estables. Vamos a tener conflictos y eso no interesa a nadie”.

“No vamos a permitir que al final se precarice a los trabajadores y trabajadoras de Castilla-La Mancha. Si las patronales no son capaces de sentarse con buena voluntad a negociar los convenios tendremos movilizaciones, seguro”, afirmaba Trujillo.

Por su parte, Ángela Briones, delegada de CCOO Ciudad Real, criticaba que algunos convenios de su provincia, como el  del campo y el de la hostelería, están bloqueados. También pedía una subida de salarios “como mínimo” del 4%, porque “en Castilla-La Mancha somos las personas trabajadoras que más trabajamos en comparación con otras comunidades autónomas y que menos cobramos”, afirmaba. Otra de las reivindicaciones que trasladaba es el de lograr la reducción de la jornada laboral.

Conflictos laborales sin resolver

En su recorrido por las calles de Toledo, los manifestantes han lanzado consignas como Obrero, si no luchas, nadie te escucha o Que viva la lucha de la clase obrera. Otros cánticos también incidían en conflictos laborales recientes, como los sindicalistas de Ciudad Real, que clamaban que La huelga no es delito, a raíz de las detenciones de trabajadores en Puertollano, de los que hoy se ha sabido que ninguno consta como investigado, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, ya que pese a las detenciones, ninguno fue puesto a disposición judicial.

Numerosas también han sido las pancartas que han llevado los manifestantes a lo largo del recorrido, más de una decena, con eslóganes impresos acerca de laborales generales (No más muertes en el trabajo) o que abordaban algunos de los conflictos más recientes (¡No al ERE en Mahle, Transporte sanitario en lucha o Trabajadores de Schreiber por una negociación seria y un convenio justo).

Hasta Toledo ha llegado también el eco de varios conflictos laborales todavía sin resolver de toda Castilla-La Mancha. El de los trabajadores del Ayuntamiento de Villarrobledo (Albacete) es uno de ellos.

“A 184 trabajadores del consistorio se les ha quitado un complemento de antigüedad que tenían reconocido”, denuncia Amelia Valero, secretaria provincial de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Albacete. “Tenemos 36 sentencias favorables dando la razón a los trabajadores y a las trabajadoras, pero el ayuntamiento ha decidido recurrirlas”.

También presentes en la manifestación han estado trabajadores y trabajadoras de Pina S.A., en Cuenca, para exigir el pago de sus salarios y una solución que “permita reparar los daños económicos y morales que arrastran desde 2024”. Diego Martínez, presidente del Comité de empresa, asegura que se les deben tres nóminas y la paga extraordinaria.

Además, denuncia llevar “aguantando” dos años una situación “insostenible”. “Ya no tenemos actividad, llevamos casi dos meses con la fábrica parada y las familias lo están pasando mal”, y critica que la empresa no dé explicaciones más allá de achacar el problema a “una situación económica mala, con muchos acreedores”. “Ojalá llegue una solución pronto. Nos deben tres nóminas y la paga extra y estamos ahora en una situación cada vez más crítica, con mucha gente de baja en la fábrica con ataques de ansiedad ataques al corazón que hemos tenido varios uno de ellos con muerte”.

“De poco sirve subir el sueldo si la vivienda sube más”

La vivienda es otro de los focos que han protagonizado esta jornada de reivindicaciones de CCOO. “De poco sirve subir el sueldo un 3 o un 4% si la vivienda sube un 12%”, señalaba Unai Sordo. “Por tanto, exigimos a todas las administraciones, pero sobre todo a las autonómicas, que son las que tienen las competencias, de que de verdad sean valientes en hacer políticas de vivienda”, reclamaba, pidiendo más vivienda pública, control de precios y movilización de vivienda vacía.

Una situación de la que son bien conscientes en la provincia de Guadalajara. “Guadalajara tiene unos precios de la vivienda absolutamente inasumibles para la clase trabajadora”, apuntaba Javier Morales, secretario provincial de Comisiones Obreras de Guadalajara. Por eso, se marcaba como “principal reto” para el 2026 lograr que el Gobierno regional declarase a la provincia como zona tensionada.

Por último, Morales valoraba como “absolutamente insuficientes e ineficaces” las medidas aprobadas este martes por el Gobierno de Castilla-La Mancha para facilitar el acceso a la vivienda. “No van a solucionar el problema en absoluto”, zanjaba.

El recorrido de la manifestación ha terminado en el Palacio de Congresos de Toledo, donde CCOO Castilla-La Mancha ha celebrado una asamblea.