El consejero de Obras Públicas, Transporte y Vivienda del Gobierno de Canarias, Sebastián Franquis, y la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, han pedido a las familias de las 119 VPO de Añaza, en la capital isleña, “tranquilidad”, porque están intentando solucionar un problema “serio” que han “heredado” y que “no habrá desahucios”:

Hernández ha afirmado que las rentas de 300 euros impuesta por la empresa pública de vivienda de Canarias (Visocan) desde noviembre a las familias se debe a que el Ejecutivo regional y el Consistorio capitalino de Coalición Canaria diseñaron mal la adquisición de viviendas al utilizar una promoción privada, según recoge Efe.

Las cosas se hicieron “de aquella manera, con prisas, sin analizar el perfil de cada unidad familiar”, asegura Hernández, a pesar de que en febrero de este año, cuando el Gobierno de Canarias oficializó la compra por parte de Visocan de las viviendas de Añaza (tres meses antes de las elecciones) el entonces presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, aseguraba que a esas VPO tendrían acceso las personas “que tienen derecho y lo necesitan” y que analizarían “cada circunstancia y eso implicará modificaciones de los contratos de alquiler”.

Sin embargo, nueve meses después, los inquilinos de esas viviendas, muchos en situación de vulnerabilidad, aseguran que les han impuesto a todos un alquiler de 300 euros además del pago de una deuda por los meses en los que no abonaron el importe correspondiente; en algunos casos, una cifra superior a la que pagaban cuando las viviendas estaban en manos privadas.

Visocan comunicó a varios vecinos esta medida por carta, en la que se les amenazaba con el desalojo si no firmaban el contrato. El gerente de la empresa pública, Víctor González, remitió posteriormente un comunicado en el que desmentía “rotundamente” que vaya a tomar esta medida y añadía que los vecinos que no pudieran sufragar los 300 euros de alquiler, tenían la opción de pedir al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ayudas.

Pero las familias aseguran que, si no firmaban el contrato, no podían solicitar esas ayudas. Así lo ha reconocido el Consistorio capitalino, que achaca esta situación a que Visocan gestiona las VPO de forma privada. Y para poder otorgar las ayudas, el Ayuntamiento debe cerrar antes el alquiler con la empresa pública, algo para lo que tienen dificultades, reconoció la alcaldesa.

Más vecinas de las 358 viviendas de protección oficial en Añaza (Santa Cruz de Tenerife) se han sumado a las protestas contra la empresa de vivienda pública del Gobierno de Canarias (Visocan), que compró los edificios en febrero de este año por casi 25 millones de euros para evitar que se produjeran desahucios por impagos después de que el Banco Santander, propietario de las viviendas, pretendiera vender a un fondo buitre los inmuebles. 

Después de que Marta Suárez, que vive con su marido y sus dos hijas con unos ingresos de 750 euros, relatara a Canarias Ahora que le es imposible hacer frente a las condiciones que le impone Visocan (pagar 300 euros al mes y hacer frente al pago de una deuda), Engryd Padrón afirma encontrarse en la misma situación.

Padrón vive con su madre en un ático desde hace 10 años. Ella no trabaja ni cobra ningún tipo de prestación, viven con los 600 euros que cobra su madre como limpiadora a media jornada. Asegura que en 2016 se le caducó el contrato y el Santander, a quien pagaba cada mes unos 412 euros, dejó de cobrarles. Esta situación se produjo con varios vecinos y se generaron conflictos bajo amenazas de desahucios constantes hasta que el Gobierno regional compró los inmuebles. Aunque Padrón aclara que a ella “nunca” la llamaron para renovar su contrato ni le abrieron ningún proceso de desahucio.

Padrón asegura que, cuando fue a la sede de Visocan a preguntar, le aseguraron que le cobrarían una renta de alquiler según sus ingresos y, para ello, le pidieron documentación, como los ingresos, el contrato del piso, declaraciones de Hacienda o el catastro. Pero “hace una semana nos llamaron para que fuéramos a firmar el contrato, que ascendía a 350 euros al mes, más 100 euros de deuda; yo me niego a firmar eso, pagaríamos 450 euros, más de lo que abonábamos al Santander”. 

La solución que le ofrecen es reclamar ayudas al alquiler al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, pero sin contrato, no lo puede pedir, “y esa ayuda tarda mucho en llegar”.

En esas viviendas también habitan más de 100 okupas. Una de ellas, que no quiere dar su nombre, explica que vive en Añaza desde hace dos años con sus tres hijas, cobrando solo 300 por la manutención. Decidió habitar en uno de los inmuebles cuando le vendieron una llave porque se vio “sin trabajo”.

“Ningún okupa ha podido firmar un contrato. Yo estoy dispuesta a pagar 150 euros y ya me buscaré la vida para comer, no quiero vivir de gratis, pero quiero un contrato que pueda pagar con mis ingresos”, pero asegura que le han dicho que no y que “en enero o febrero nos iremos a la calle”.

Unos padres con dos hijos, que tampoco quieren dar su nombre, explican que han firmado el contrato porque les llegó una carta, al igual que a Marta Suárez, firmada por el gerente de Visocan en la que les amenazaban con que si no firmaban el contrato el 2 de diciembre, serían desalojados. Han pasado varios meses y no han podido abonar el alquiler.

Cobran 970 euros y deben pagar 300 euros más una deuda de 100 euros al mes, que en total asciende a 1.500, pues cuando entró a su vivienda, en 2012, tuvo que abonar una fianza de más de 1.000 que mitigó la deuda. Defiende que no puede pagar 400 euros hasta que no reciba la ayuda al alquiler del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha solicitado. “Son muchos gastos y cuesta llegar a fin de mes, queremos pagar, pero acorde a nuestros ingresos”. Otra vecina, Nuria Rodríguez, también firmó el contrato a pesar de que solo recibe 500 euros de ingresos y vive con otra persona. No puede hacer frente al alquiler y hasta que no lleguen las ayudas del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, dice que no puede pagar. Además, su casa sufrió un incendio en 2018 y tanto el Santander como Visocan se han desentendido de las reparaciones de la vivienda que habita. Rodríguez reconoce que está en tratamiento por todo lo que ha pasado en los últimos años con la casa, viéndose obligada incluso a dejar su empleo. 

Visocan descarta los desahucios

Las nuevas protestas vecinales han provocado que Visocan remita un comunicado en el que “desmiente rotundamente que se vaya a desahuciar a aquellos vecinos que no han contestado a los requerimientos para actualizar su situación”. La empresa pública sí reclama a los inquilinos que “aporten cuanto antes la documentación” para “conocer con toda claridad” sus demandas y necesidades.

En la nota, añade que “desde febrero” ha notificado a los vecinos “su nuevo estatus” y les ha pedido información para actualizar sus datos. En marzo se les informó “de los nuevos importes de los alquileres, único para las 358 viviendas”. Visocan critica que “en estos nueve meses varios inquilinos de viviendas han hecho caso omiso a todas esas peticiones de información para regularizar los datos sobre su situación familiar o personal. En algunos casos, incluso han dejado de pagar los alquileres”.

En referencia a la circular firmada por el gerente de la entidad, en la que se amenaza con el desalojo, Visocan dice que se limitan a “avisar de que tienen que regularizar sus datos de manera inexcusable para atender de forma debida y orientarlos sobre las ayudas que tienen derecho a pedir”.

“Visocan, por su naturaleza, no puede dar ayudas al alquiler, pero sí buscar otras opciones a las familias con dificultades para abonar las rentas y/o deudas, coordinándose con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y con el Icavi para activar algún apoyo temporal a través del programa Canarias + vivienda por familia de la Comunidad Autónoma”, concluye.

Desde el Instituto Canario de la Vivienda han explicado a Canarias Ahora que “legalmente a esas viviendas no se les puede aplicar el régimen público, se gestionan como una VPO privada” al haber sido compradas con vecinos ocupándolas con anterioridad. Añaden que “en ningún momento se está contemplando el desahucio” y tratarán de “estudiar caso a caso de manera personal para adaptar los contratos”. En el caso de los okupas, dicen que “estudiarán las opciones” dependiendo de “cada circunstancia”.

“Nos mintieron, nos dijeron que adaptarían los contratos a cada situación familiar”. Con 750 euros que recibe de ayudas familiares, Marta Suárez vive junto a su marido y su hija de 5 años en una las 358 viviendas de protección oficial en Añaza (Santa Cruz de Tenerife Tenerife) que el Gobierno de Canarias, a través de la empresa pública Visocan, compró al Santander en febrero por casi 25 millones de euros para evitar que se produjeran desahucios por impagos.

Nueve meses después, Visocan le ha enviado una carta en la que le insta a firmar un contrato de alquiler que le obliga a pagar una mensualidad de 300 euros y hacer frente a una deuda que se remonta a julio de 2016; de no firmar el contrato el 2 de diciembre, Visocan asegura que procederá al desalojo del inmueble. “Entre la renta, la deuda, el agua y la luz serían casi 600 euros al mes, me quedarían 150 para comer, es horrible”, afirma.

Estas viviendas fueron construidas en suelo público en régimen de VPO hasta 2021. Suárez decidió mudarse en 2014. Durante tres años pagó su mensualidad de 240 euros a Luri 6, del Banco Santander, según asegura, pero en 2016, cuando le subieron el arrendamiento “hasta los 360 euros”, ella, así como otros vecinos, decidieron dejar de abonar el pago. Desde entonces se generaron conflictos bajo amenazas de desahucios constantes hasta que el Gobierno regional compró los inmuebles. 

En febrero, tres meses antes de las elecciones, el entonces presidente del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo, aseguraba que esas VPO pasaban a ser “vivienda pública” y tendrían acceso aquellas personas “que tienen derecho y lo necesitan”; “analizaremos cada circunstancia y eso implicará modificaciones de los contratos de alquiler”, afirmaba.

“Nos dijeron que iban a establecer los contratos según la situación de cada familia, pero esto no ha sido así. Han fijado un precio de 300 euros a todos”, protesta Suárez.

El gerente de Visocan, Víctor González, asegura que la empresa pública “ha mejorado las condiciones de los vecinos” y “todos saben que tienen que pagar la renta establecida de 300 euros” y, en caso de no poder asumir el arrendamiento, “deben tramitar a través del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife las ayudas correspondientes”.

Sobre la deuda, González ha explicado que los vecinos “la pueden negociar y aplazar hasta los tres años”. Suárez está citada para el 2 de diciembre para que firme el contrato. En la carta, firmada por González, Visocan considera que “está obligado a adoptar medidas legales oportunas a fin de proceder al desalojo del inmueble, al carecer esa parte de título legal alguno que le ampare para continuar ocupando la vivienda aludida”.

Sin embargo, González afirma que si Suárez no firma el contrato, se valorará “en su momento qué decisión adoptar” y añade que “la mayoría de los vecinos ya han firmado”.

Suárez reconoce que teme lo que pueda ocurrir el próximo 2 de diciembre, pero tiene claro que no puede firmar ese contrato porque sus condiciones actuales no se lo permiten. Afirma que ha acudido al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pero, para poder pedir las ayudas al alquiler, precisa de un contrato firmado y “el dinero tarda meses en llegar”, un tiempo en el que no podría hacer frente a los gastos mensuales de alquiler y deuda.

La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (Visocan) y el Gobierno regional han convocado a los inquilinos de las viviendas de las parcelas I-7 e I-8 de Añaza a una “reunión informativa” el próximo lunes 22 de abril, en el patio central común del edificio azul (parcela I-8), para “facilitar información”, sin especificar de qué información se trata.

En realidad, el objetivo es sofocar el malestar creciente entre los vecinos de las 358 viviendas de Añaza, que el Gobierno de Canarias compró a un fondo buitre para evitar que se materializaran los desahucios por impagos. La inquietud no ha hecho otra cosa que crecer después de que les prometieran rebajas en los precios del alquiler y sin embargo les hayan llegado recibos con incrementos de entre 50 y 100 euros con respecto a lo que venían abonando.

A esto se suma el hecho de que sigan pendientes una serie de reformas en los edificios que Visocan y el Gobierno no han acometido aún, que siga existiendo un gran número de viviendas vacías en los edificios (algunos vecinos aseguran que son cerca de 40), o que muchos de ellos estén en la vivienda en situación de “okupas”, pues o bien han entrado a vivir en los inmuebles o bien no han renovado el contrato que tenían con los propietarios anteriores y se encuentra caducado.

La incertidumbre sigue siendo la tónica dominante para muchos de los habitantes de estos edificios, que estaban inscritos en las listas de espera de promoción pública de viviendas porque sus ingresos no superan el 1,5 del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), un índice empleado como referencia para la concesión de ayudas, subvenciones o el subsidio de desempleo.

Ahora se encuentran en una vivienda con un supuesto “alquiler de bajo coste”, pero han tenido que darse de baja de la lista de espera anterior, y sin embargo no pueden hacer frente a los pagos de forma regular.

La compra al Banco Santander de las 358 viviendas de Añaza se materializó tras meses de negociación y sin que se sometiera a concurso público, el procedimiento habitual en este tipo de casos.

Estos inmuebles fueron construidos en régimen de VPO (Viviendas de Protección Oficial) y el Gobierno tenía derecho de tanteo y retracto, por lo que la entidad financiera no podía vender hasta 2021 sin contar con el Ejecutivo regional, que anunció la adquisición tras trasladar que el banco tenía la idea de venderlas a un fondo buitre.

Luis Celso fue paradigma de cómo un movimiento vecinal, liderado con dignidad y sólidos principios de solidaridad, propició que un barrio marginado en su origen alcanzase la entidad actual de zona urbana reseñable y considerada ejemplo de evolución y desarrollo; a pesar de las trabas oficiales y oficiosas de una Administración adversa por la gestión de una burocracia enfermiza e inoperante.

El activismo social, las movilizaciones ciudadanas y la divulgación mediática de acontecimientos escandalosos como este palían momentáneamente una parte del gravísimo problema que las autoridades son incapaces de resolver motu proprio. Reaccionan cuando la presión les agobia por sus intereses políticos, aunque solo les sirva para salir del atolladero puntual y pasajero hasta que se monte otro escándalo. Pero el fondo del problema seguirá latente y latiente, sin resolver por los responsables de velar por los intereses ciudadanos y procurar que la justicia social, preconizada en nuestra Carta Magna, seque su papel mojado para cumplir y hacer cumplir al pie de la letra con los derechos humanos plasmados en tinta indeleble.

Dicho activismo social, sin ánimo de lucro, debiera ser el pilar fundamental en el que apoyarse todas las sinergias administrativas, tanto políticas como populares, en orden a imponer filosofías generalizadas de actuación que erradicasen los casos flagrantes de injusticia económica, social y humanitaria. No solo esporádicas puntas de iceberg que asoman como tímida boya que apenas señaliza la magnitud sumergida del verdadero problema. Si solo se consigue eliminar la porción que asoma, acto seguido emergerá una parte nueva del inmenso bloque flotante.

La actividad reivindicativa y desinteresada del artífice gratuito, como lo fue Luis Celso, suele verse rodeada de varios frentes colaterales que merman su eficacia y capacidad de acción a la hora de afrontar el problema o conflicto específico que requiere la máxima aportación colectiva para abordarlo globalizado desde su raíz. No puntual y superficialmente, ni seguido de una desbordada autocomplacencia ficticia.

Algunos ejemplos de esta “contaminación operativa”:

- El activismo altruista es saludable y gratificante para la conciencia de bien. Pero la ausencia de intención lucrativa suele atraer parásitamente a quienes pretenden aprovecharse del esfuerzo ajeno para medrar en beneficio propio. Son una molestia de la que conviene desprenderse apenas detectada su presencia.

- La ley de participación ciudadana, como invitación a la población para colaborar en la gestión política, en la realidad resulta todo lo contrario. Plantear un problema detectado a ras de suelo, proponer soluciones y ofrecer cooperación desinteresada y gratuita, suele encontrar el rechazo institucional sistemático. Parece quedar en evidencia la ineptitud o desidia de los responsables oficiales, que cobran generosamente por un trabajo que debieran hacer y no hacen. Son un hándicap difícil de lidiar.

- Algunas plataformas vecinales o asociaciones lideradas por personajes más o menos reseñables capitalizan reivindicaciones populares con iniciativas políticamente correctas para utilizar su repercusión mediática como trampolín para significarse e intentar medrar en política o captar algún cargo público bien remunerado. Son una lacra inevitable que desarrolla su estrategia sin pudor y en perjuicio del beneficio social colectivo, sustituyéndolo por llamativos casos puntuales para su promoción individual.

- Políticos ejercientes que no desaprovechan una. Se suben al carro y se apuntan el tanto en cada oportunidad de colgarse una medalla y hacerse la foto con el titular de lo que han conseguido otros. Son el símbolo del peyorativo concepto de política para una resignada población, afectada por la penosa praxis de algunos dirigentes que han de estar técnicamente dotados para ocupar un cargo de cierta entidad, pero sobre todo deberían disponer de un mínimo de sensibilidad humanitaria. El reciente caso de la compra de los pisos de Añaza, en riesgo de desahucios múltiples, por parte del Gobierno de Canarias supone una millonaria inversión de dinero público, contestada por algunos sectores que se preguntan si con el grueso del iceberg se va a hacer lo mismo. Un costosísimo parche vendido con triunfalismo de propaganda electoralista, con cuidado de que no afecte al yacimiento de potenciales votos. Todo con nuestro dinero para camuflar lo mal hecho.

- La perversa gestión de la pobreza, la exclusión social, el hambre y los demás casos de injusticia humanitaria se agravan con la picaresca instituida de quienes simulan situaciones extremas para captar ayudas que corresponderían a los verdaderamente necesitados. Estos casos son los que habitualmente aprovechan los activistas trepadores antes aludidos. Amarillean algunos medios de comunicación y contaminan la buena fe de una incauta opinión pública.

Repasemos el esperpéntico episodio de hace unos años en Tacoronte con el desalojo legalizado de dos ancianos en el 102 de tal calle. Todo fue un fiasco. Por un simple conflicto vecinal de lindes se montó un escándalo mediático con repercusión nacional; se creó una plataforma de defensa; movilización masiva de la Guardia Civil; intervención de líderes políticos y algunos que pretendían serlo… Todo fue una flagrante mentira que algunos periodistas se tragaron por no contrastar (o no les interesó contrastar) las informaciones. Ni los pobres ancianos eran pobres, ni tenían razón alguna en un conflicto juzgado y sentenciado reiteradamente a favor del denostado vecino adversario, al que se masacró injusta y cruelmente por una turba popular, manipulada desde intereses espurios que dejaron en evidencia la vulnerabilidad de una opinión pública demasiado sensible al engaño organizado. Fue terrible cómo se indujo a la violencia desde la plataforma defensora y por parte de alguna formación política, con pintadas de amenazas de muerte y pasquines en las redes con fotos del vecino, de su abogado y de la jueza, enmarcados en una diana con el punto de mira en la frente.

Conclusión: adversidades que, lejos de empañar ideales, confirman el buen camino y se convierten en incentivo para seguir plantando cara, con firmeza y buena voluntad.

Gracias, Celso por marcar la singladura y ejemplarizarnos con tu noble entrega a la causa solidaria sin reservas. Hoy también te echamos de menos. Descansa en paz.

Las elecciones se acercan y traen consigo anuncios de promesas políticas. El pasado 18 de octubre se proclamaba una de esas iniciativas que a priori nadie tomó de mala fe ya que podía acabar con la situación de amenaza de desahucios que sufren varias familias del barrio de Añaza, en Santa Cruz de Tenerife. El presidente del Gobierno regional, Fernando Clavijo (CC), anunciaba entonces que compraría al Banco Santander las 358 viviendas para acabar con esta situación. Días más tarde, la consejera de Vivienda, Cristina Valido, matizaba este anuncio y aseguraba que se estaba negociando la operación. Este miércoles, previo a la noche de los Difuntos, la Consejería pedía tiempo en un comunicado. La compra despierta ahora mismo dudas jurídicas y de presupuesto, que para esta materia sólo ha crecido en 2,5 millones de euros con respecto al año 2018.

Es cierto que uno de los mayores problemas que afronta ahora mismo Canarias y al que no se le está poniendo apenas solución es precisamente la vivienda. A la subida de los alquileres se suma la imposibilidad de afrontar una hipoteca, el alquiler vacacional y la paralización del parque público, que dan como resultado que, al menos, 13.400 personas, según datos del propio Gobierno, se encuentren demandando una vivienda. Sin embargo, a la hora de poner solución a este problema y proclamar medidas como la de comprar las casas de Añaza, es necesario tener en cuenta el marco jurídico y presupuestario en el que se mueve la comunidad autónoma. También no caer en una posible trampa del banco.

Según fuentes jurídicas consultadas por este periódico, lo normal en estos casos es que si el Gobierno quiere comprar viviendas para ampliar su parque público y ponerlas luego en alquiler social, promueva primero un concurso público en el que se justifique esta necesidad social y se puedan presentar así distintas propuestas, ya que puede darse el caso de que haya ofertas mucho mejores que la que pueda hacer un determinado banco al Gobierno. Otra de las opciones que tiene el Ejecutivo regional para hacerse con viviendas es la cesión urbanística, para lo que necesita un título jurídico, que puede venir en la propia legislación del suelo. Sin embargo, si carece de título jurídico, tendría que iniciar un procedimiento expropiatorio, para lo que necesita una ley parlamentaria.

En el caso de las viviendas de Añaza, fueron construidas en régimen de VPO (Viviendas de Protección Oficial) y, según explicó la consejera de Políticas Sociales en una entrevista en el programa La Trinchera, de Mírame TV, el Gobierno tiene derecho de tanteo y retracto, por lo que el banco no puede vender hasta 2021 sin contar con el Ejecutivo Regional, que tiene prioridad en la compra. Ante este escenario aumentan las dudas de si de verdad alguna vez existió la idea del banco de vender estas casas a un fondo buitre, argumento que se utilizó para que el Gobierno anunciara que las compraría.

La posible compra de estos inmuebles puede traer consecuencias en el sentido de que otras que puedan estar en una situación similar empleen el mismo argumento para deshacerse de esos inmuebles. Según Valido, no tiene conocimiento de que existas otros edificios en esa situación y aclara que todas las viviendas que le ofrecen los bancos al Gobierno de Canarias o no están en buenas condiciones o se las venden a un precio que no puede pagar.

Ya se han producido reuniones entre el Gobierno regional y la entidad bancaria para desbloquear esta situación. De momento, el banco se ha comprometido por escrito a no desahuciar a ninguna familia, según informó este miércoles en un comunicado la consejería. La última novedad de la posible compra de los dos edificios es que se espera iniciar el proceso de tasación la próxima semana, para tener una cifra que se corresponda con la realidad y negociar con el banco.

En una reunión con los vecinos, Cristina Valido les explicó las gestiones realizadas hasta ahora y pidió “tiempo” para poder “realizar operaciones tan complejas como estas con la seguridad jurídica necesaria”. El banco asigna un valor a estas viviendas de 29 millones de euros en su balance patrimonial, pero, según el Gobierno canario, “en ningún momento” la entidad ha dicho que las venderá por ese precio. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por su parte, ha asegurado que “creará un dispositivo especial dedicado a tramitar, en el menor tiempo posible, una línea de ayudas para poder saldar los impagos por parte de los vecinos que estén en situación de vulnerabilidad”.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y los vecinos afectados han pedido este viernes al Banco Santander que la solicitud de paralización de los desahucios en los dos edificios de viviendas que posee la entidad, a través de la firma Luri 6, en el barrio de Añaza se haga por escrito y en los juzgados, puesto que aún hay fechas fijadas para lanzamientos (desalojos).

Así lo han señalado a los medios el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y la portavoz de los vecinos, Inma Évora, tras una reunión celebrada en el Ayuntamiento a raíz del preacuerdo entre el Gobierno de Canarias y el Banco Santander que permitirá al Ejecutivo canario la adquisición de las 358 viviendas radicadas en dos bloques del polígono residencial de Añaza.

El alcalde indicó que ha sido una reunión que ha transcurrido en un tono “más distendido” y en la que han calificado de manera “positiva” tanto el comunicado de la entidad, diciendo que se paran los desahucios, como el del Gobierno de Canarias, anunciando que adquiere las viviendas: “Eso es algo positivo que tranquiliza más a las familias”.

Bermúdez señaló que, una vez se adquieran las viviendas, éstas pasarán a tener un régimen de alquiler social, por lo que “estamos ante una buena noticia porque ello da tranquilidad y seguridad jurídica a las familias, puesto que hay una hoja de ruta para lograr una solución definitiva”.

El alcalde agradeció a los vecinos su organización y a Inma Évora que haya puesto por delante su trabajo desinteresado para ayudar a los afectados. A partir de ahora, tanto los Servicios Sociales del Ayuntamiento como los vecinos buscarán toda la documentación necesaria para que el Gobierno pueda estudiar la situación de cada familia.

Inma Évora, por su parte, admitió que los vecinos están “más tranquilos” y que “está claro que el Santander ha dado el paso que tenía que dar para que los edificios no cayeran en manos de un fondo buitre”. Añadió que con la acción del Gobierno de Canarias se posibilita que las viviendas sigan cumpliendo el fin social para el que fueron creadas.

En cualquier caso, espera que el compromiso del Santander de desjudicializar los desalojos se produzca, porque “de nada nos sirve recibir cada mañana una notificación, pues eso al final va poniendo nerviosa a las familias”. Añadió, además, que queda “mucho camino por recorrer” y estarán pendientes de los pasos que dé el banco.

Respecto a los desahucios que ya tienen fecha fijada, el alcalde aclaró que, desde que los vecinos vayan diciendo cuándo se llevarán a cabo, el Ayuntamiento activará el Pacto Antidesahucios. No obstante, apuntó que, si el Santander ha dicho que los va a parar, “sería el colmo que no lo hiciera”.

Por eso mismo, piden al Santander que emita ya no solo un escrito que haga oficial su intención de no desalojar a ninguna familia vulnerable, sino que además esa intención se traslade al juzgado porque los procedimientos siguen su curso, añadió Inma Évora.

El Gobierno de Canarias y el Banco Santander han llegado a un preacuerdo a través del cual el Ejecutivo autonómico comprará los dos edificios de Añaza con 358 viviendas en alquiler que están gestionadas por LURI 6, vinculada a la entidad financiera, para que sean puestas en alquiler social y poner así fin a los desahucios de los vecinos.

Así lo ha anunciado, informó la agencia Europa Press, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, quien ha indicado que este jueves ha recibido la llamada del presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, para informarle de unas gestiones que ha realizado el miércoles y que ha calificado de “muy positivas”.

El alcalde ha valorado el “esfuerzo personal” del presidente Clavijo para lograr una “solución definitiva” al problema que estaban padeciendo los vecinos, pues al adquirir los inmuebles será el propio Gobierno de Canarias quien los pondrá en alquiler de forma directa, asegurando así los contratos de alquiler.

José Manuel Bermúdez ha avanzado que este preacuerdo entre el Banco Santander y el Ejecutivo canario se va a sustanciar en los próximos días, pero insistió en que es un acuerdo “muy importante” porque da una “solución definitiva” a este problema.

Preguntado por si finalmente se celebrará la reunión prevista este viernes, Bermúdez ha aclarado que, si bien la entidad no ha confirmado si finalmente va a asistir, en principio se mantendrá para que el Gobierno de Canarias pueda informar de primera mano en qué consiste el pacto con el banco.

El alcalde quiso recordar que las viviendas que va a adquirir el Gobierno tienen categoría VPO, por lo que ve “lógico” que ejerza un derecho sobre ellas. Igualmente, valoró la coordinación que ha habido entre el Gobierno, el Cabildo y el Ayuntamiento, pues han demostrado que, “cuando trabajan juntas no hay nadie que, queriendo cometer una injusticia, pueda realizarla”.

En el caso de Cambre, en A Coruña, las personas que viven en estos pisos se encuentran en situación de vulnerabilidad (parados de larga duración, ancianos enfermos, víctimas de violencia de género). Personas a las que la consultora no quiere renovar los contratos. Una vez más, se hace efectivo eso de que la banca siempre gana. Han esperado a que llegase el vencimiento del contrato para poder vaciar los pisos. Una estrategia tan sencilla como cruel. En el caso de Añaza, el 90% de los vecinos utilizan los recursos sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz.

Aunque la Fiscalía haya admitido a trámite la denuncia de los vecinos de Añaza y la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), encabezada por Inma Évora, el papel que juega el Ayuntamiento de Santa Cruz y el Gobierno de Canarias sigue siendo clave. Y es que los mismos que reconocen que van a hacer todo lo posible para ayudar a los vecinos del barrio de Añaza son los que en época no electoral muestran connivencia con la banca.

Y así, mientras se dibuja la nueva burbuja que nos va a explotar a todos en la cara, esta semana ha salido el Informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España.

Una vez más, Canarias lidera el ranking de las regiones con mayor exclusión social. Hay un 40% de personas en riesgo de exclusión, de las cuales el 16,6% no puede permitirse comer carne, pollo o pescado cada dos días, y el 20,2% sufre retrasos en los gastos de la vivienda personal. Además, el 20% de la población, en muchas ocasiones, depende de los servicios de su ayuntamiento, como los vecinos de Añaza que ahora no solo tienen que lidiar con la pobreza, sino también con la familia Botín.

El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, junto al alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez y la consejera del Gobierno de Canarias Cristina Valido, se reunirá con responsables del Banco Santander para buscar una solución al problema que padecen las familias de Añaza en riesgo de desahucio.

Carlos Alonso ha anunciado que esta miércoles y por registro de entrada ha recibido una respuesta a la solicitud que la pasada semana realizó a la entidad bancaria y por tanto “estamos dispuestos a dialogar con el fin de evitar los desahucios de estas personas”. Al encuentro, que tendrá lugar en el Ayuntamiento de Santa Cruz el viernes 19, está previsto que también asistan representantes de las familias afectadas. 

La reacción del Banco Santander surge tras la decisión del Cabildo y del Ayuntamiento de Santa Cruz de retirar del banco un total de 27 y dos millones de euros, respectivamente, como medida de presión ante esta grave situación.

“La reacción positiva que el martes esperaba por parte de la entidad bancaria se ha producido este miércoles por lo que estamos abiertos al diálogo”, dijo Alonso. Por su parte, el alcalde de Santa Cruz mostró su satisfacción por el hecho de que este miércoles no se haya producido el desahucio que estaba previsto, “una noticia positiva que abre la puerta a la esperanza de que este problema finalmente se resuelva con éxito y que el resto de desahucios tampoco se produzcan”.

El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado la paralización del lanzamiento judicial previsto para este miércoles a una vecina de un bloque de viviendas de Añaza, propiedad de la entidad Luri 6, SA, y de su avalista, según han informado fuentes oficiales del Ayuntamiento capitalino y recoge la agencia Europa Press.

La paralización del desahucio se produce después de que el alcalde José Manuel Bermúdez haya remitido un escrito al juzgado en el que, tal y como ya hiciera la semana pasada con ocasión de otros dos desahucios también frenados, indicaba al órgano judicial que ha remitido una comunicación a la propia entidad informando de la activación del protocolo municipal antidesahucios.

El propósito no era otro que “conseguir la inmediata paralización de cualquier actuación que pudiera estar llevando esa entidad en el desahucio y lanzamiento contra los afectados por dicho procedimiento, toda vez que esta ocasionaría daños de difícil reparación y dejaba en situación de exclusión residencial” a los residentes en el inmueble.

Del mismo modo, el alcalde ha dado instrucciones al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y a la entidad Viviendas Municipales para que “se contemple la urgencia en el trámite de las prestaciones que correspondan y se gestionen las ayudas necesarias, con el fin de valorar la posibilidad de encontrar una alternativa a la situación que sufren estas personas”.

El alcalde ha querido recordar que la activación del protocolo antidesahucios en Santa Cruz, junto a otras medias complementarias, ha permitido evitar en los últimos años en la ciudad cerca de 200 situaciones de exclusión residencial. El citado protocolo fue aprobado por el pleno del Ayuntamiento el 25 de mayo de 2012.

El Cabildo de Tenerife, en coordinación con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ha iniciado los trámites para retirar 27 millones de euros del Banco de Santander. El presidente del Cabildo, Carlos Alonso, cumple así con lo anunciado la pasada semana cuando solicitó a la entidad bancaria información sobre las viviendas de protección oficial del barrio de Añaza, en Santa Cruz. Se trata de una primera acción, a la espera de una reacción positiva por parte de la entidad bancaria ante un problema que afecta a 358 familias.

También este martes, el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha ordenado la retirada de dos millones de euros de fondos municipales existentes en cuentas del Banco Santander. La medida, según ha explicado el regidor local, surge como consecuencia de la falta de respuesta a los requerimientos de información hechos desde la Alcaldía en el curso de los últimos ocho días y en relación con las viviendas de protección oficial de Añaza.

La decisión fue dada a conocer por Bermúdez en el transcurso de la reunión de seguimiento mantenida este mediodía con representantes de los vecinos y la directora del Instituto Canario de la Vivienda, Pino de León, además de la portavoz de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), Inma Évora, y los concejales de Vivienda, Asuntos Sociales y Distrito Suroeste, Carmen Delia Alberto, Óscar García y Gladis de León, respectivamente. Al encuentro se sumó el presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, a través de la vía telefónica, al encontrarse fuera de la isla.

En el caso de la Corporación insular, esta pidió la pasada semana información “clara y precisa” sobre la situación real de las viviendas y que se paralizara cualquier actuación que pudiera estar en marcha encaminada a proceder al desahucio de las familias que viven en esos inmuebles: “Ante la falta de respuesta a una cuestión humanitaria tan urgente, hemos decidido retirar esos fondos en concordancia con lo aprobado hace tres años por el pleno, puesto que resulta inadmisible la dejadez de la entidad bancaria ante este grave problema”.

El presidente insular recuerda que el pleno del Cabildo, en sesión celebrada el 31 de julio de 2015, adoptó un acuerdo institucional en materia de derecho a la vivienda y solidaridad activa con la ciudadanía afectada por desahucios y las personas sin hogar que recoge diversas medidas. Entre ellas se encuentra instar a todas las entidades financieras con las que actualmente mantiene contratos el Cabildo a que efectúen una paralización de los desahucios de personas y familias cuando éstas no tengan garantizada una alternativa residencial.

El acuerdo insta también a estudiar la viabilidad y los efectos de proceder a la extinción de contratos, la retirada de fondos y la no suscripción de cualquier otro tipo de relación comercial con aquellas entidades financieras que persistan en Tenerife en la práctica de desahucios a personas y familias de sus primeras viviendas sin alternativa residencial.

Los vecinos del barrio santacrucero de Añaza afectados por la posible venta de 358 viviendas protegidas de alquiler y su consiguiente desalojo de ellas han presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía para que esta requiera toda la documentación a los propietarios del inmueble, dado que se han recibido notificaciones para negar la renovación de los alquileres sociales.

En declaraciones a los periodistas a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), informó la agencia Europa Press, la activista social Inma Évora ha comentado que hay sospechas de que las viviendas han sido vendidas por el Banco Santander al fondo buitre Cerberus, “sin autorización” del Gobierno de Canarias, algo que es preceptivo al tratarse de viviendas en régimen de protección social (VPO). Évora ha dicho que también han detectado subidas en los precios a los inquilinos sin conocimiento del Ejecutivo canario, comunicación que es obligada.

Asimismo, ha comentado que esta denuncia es la primera medida de una campaña activa de información en la calle con la que los afectados quieren obligar al banco a “sentarse” y a dar toda la información sobre la situación actual de las reseñadas viviendas.

“La gente está con miedo y los vecinos especulando, y creemos que la vía de la Justicia es la mejor. El Gobierno de Canarias no debería tardar nada en acercarse a la Justicia”, ha agregado.

Évora ha insistido en que “falta mucha regulación” en el sector de la vivienda protegida y que esta no debe ser un “bien de especulación”. También ha lamentado que las familias tengan que abandonar sus casas y “se queden vacías para ser revendidas o dedicadas al alquiler vacacional”.

En la jornada de este lunes, tanto el Ayuntamiento de Santa Cruz como la formación política Podemos han criticado la actitud de la entidad financiera Santander en relación con este asunto de marcado carácter social.

En el primer caso, el alcalde ha ordenado al concejal de Hacienda que estudie cuál es la relación comercial con esa entidad para proceder a una “revisión a la baja”.

En cambio, Podemos pidió este lunes al Cabildo de Tenerife que deje de trabajar con ese banco si se confirman los desahucios. El Santander tenía en propiedad las viviendas sociales en alquiler de Añaza y ahora parece que se las ha vendido a un fondo de inversión de los conocidos como buitres.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha solicitado formalmente al Juzgado de Primera Instancia número 5 de la capital tinerfeña la paralización de los desahucios de tres vecinos de Añaza previstos para el 11 de octubre, al tiempo que ha puesto en conocimiento de este órgano el escrito remitido a la entidad Luri 6, SA -propietaria del inmueble- en el que informa de la activación del protocolo municipal antidesahucios.

Tanto en su solicitud al Juzgado como en la comunicación remitida a la propiedad, el alcalde indica que el lanzamiento judicial “ocasionaría daños de difícil reparación quedando los afectados en situación de exclusión residencial”.

Del mismo modo, el alcalde ha dado instrucciones al Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) y a la entidad Viviendas Municipales para que “se contemple la urgencia en el trámite de las prestaciones que correspondan y se gestionen las ayudas necesarias, a fin de valorar la posibilidad de encontrar una alternativa a la situación que sufren estas personas”.

La solicitud al Juzgado tiene por objeto “que puedan llegar a buen término las gestiones que realiza esta Corporación municipal frente a la entidad demandante e impedir una situación de exclusión residencial”.

Precisamente, el alcalde ha dirigido escritos a la propia Luri 6. S.A, al Banco Santander y a Altamira Aset Management S.A, en los que solicita la “inmediata paralización de cualquier actuación que pudiera estar llevando esa entidad, tendente al desahucio y lanzamiento de familias” en diversas viviendas de Añaza.

Bermúdez insta a estas tres entidades a informar en el plazo de 48 horas al Ayuntamiento y a los vecinos afectados sobre “las intenciones de esa entidad mercantil en relación con la situación originada, así como a exponer sus pretensiones” y en el caso de las dos últimas, además, “a que mantengan vigentes los contratos de alquiler que existían”.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), ha solicitado esta tarde de lunes a las entidades Luri 6 y Altamira, empresas vinculadas al Banco de Santander, “que paralicen de manera inmediata los procedimientos judiciales de desahucio que han emprendido en un bloque de viviendas de protección oficial (VPO) situado en Añaza”. En ese edificio hay 80 familias y el 70% de ellas reciben ayudas sociales del Ayuntamiento por falta de recursos económicos.

De la misma manera, el regidor capitalino ha emplazado a ambas entidades inversoras “a que nos informen, en un plazo de 48 horas, sobre lo que está ocurriendo allí y nos expongan sus intenciones de manera clara”, señaló de forma tajante el alcalde.

El regidor municipal presidió una reunión en el Ayuntamiento con una representación de los inquilinos afectados por esa medida, que contó con la participación de la consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, y del presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, además de los concejales de Vivienda, Asuntos Sociales y Distrito Suroeste, Carmen Delia Alberto, Óscar García y Gladis de León, respectivamente, en el Ayuntamiento de Santa Cruz, y la directora del Instituto Canario de Vivienda, Pino de León.

“Tienen que parar los desahucios y renovar los contratos de alquiler -prosiguió Bermúdez- porque son viviendas de protección oficial y, como tales, no se pueden transmitir ni vender sin la autorización del Gobierno de Canarias. Por eso, si están pensando en venderlas, o incluso si ya lo han hecho, vamos a iniciar acciones legales para hacer cumplir la ley”.

El alcalde reiteró que “la voluntad del Ayuntamiento es de diálogo y queremos que este asunto se resuelva por esa vía. Pero, al mismo tiempo, tenemos que ser firmes porque ya hay desahucios en marcha y han comunicado a los inquilinos que no van a renovarles los contratos de alquiler”.

Esta situación, a juicio del alcalde, “tiene que cambiar de manera urgente, ya que el 70% de las familias que están allí ahora mismo reciben ayuda de los Servicios Sociales del Ayuntamiento capitalino. Si no les renuevan el contrato de alquiler, va a generarse una situación de desamparo para ellos porque no podrán recibir la ayuda municipal, a la que tienen derecho ahora mismo por estar como inquilinos en esas viviendas”, explicó Bermúdez.

El alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez (CC), ha lanzado este jueves un mensaje de tranquilidad a unas 80 familias del barrio de Añaza que tienen que abandonar sus viviendas, propiedad de un banco, tras recibir una orden judicial de desalojo al no renovárseles los alquileres.

“Nosotros no vamos a dejar en la estacada a esas familias, y no vamos a permitir que ninguna entidad financiera, a sabiendas de que el 70% [de esos inquilinos] son usuarias de los Servicios Sociales, de la noche a la mañana, los deje en la calle. No lo vamos a permitir”, afirmó el alcalde en rueda de prensa.

José Manuel Bermúdez indicó que el Ayuntamiento está trabajando “por las buenas” con la entidad financiera, celebrando reuniones y ofreciéndole su colaboración para que se paren los desalojos. De hecho, señaló que con el banco ya se ha hecho un convenio que permite que 66 familias que viven en el mismo edificio no se vean afectadas por ese desahucio.

Asimismo, explicó que la entidad financiera no puede vender las viviendas sin la autorización del Gobierno de Canarias, dado que fueron construidas bajo el sistema VPO (viviendas de protección oficial), y aclaró que esa autorización no se ha producido. Por ello, insistió en que el banco tiene que “parar, sentarse y ver cómo se puede solucionar el problema”.

En caso contrario, el alcalde advierte de que el Ayuntamiento elevaría “el tono” y acudiría a otras “medidas de presión” -como ya hizo en su día- porque “no se puede desalojar a tanta gente a sabiendas de que no tienen recursos”.

Por último, aclaró que por el momento solo se ha llevado a cabo un desahucio y se han colocado anuncios en los portales anunciando que no se renovarán los alquileres.

La Policía Nacional ha detenido en Santa Cruz de Tenerife a un menor de edad como presunto autor de tres robos con violencia y cinco delitos de hurto cometidos contra vehículos que circulaban por el barrio de Añaza. Aunque inicialmente no pretendía usar la violencia, al resistirse las víctimas a que les sustrajeran sus efectos, el detenido forcejeaba y agredía para llevarse el botín, se indica en una nota de prensa.

El modus operandi siempre era el mismo. El menor elegía el vehículo de alquiler más propicio cuando accedía por el carril de desaceleración al barrio, aproximadamente a la altura del Centro Comercial de Añaza. Ahí conseguía detenerlo mediante la utilización de un ciclomotor que circulaba delante, conducido por un consorte, haciendo que redujese la velocidad hasta quedar el vehículo parado.

El detenido aprovechaba sorpresivamente ese momento para, a través de la puerta del copiloto, acceder al vehículo y sustraer lo que hubiera a mano: bolso, móvil u otros objetos. Si alguno de los ocupantes intentaba frustrar el robo, el menor no dudaba en forcejear y agredirles para conseguir llevarse los efectos.

Otras veces interceptaba el vehículo a pie, con la participación de algún consorte, y en el carril de circulación conseguía detenerlo al ponerse delante y distraer al conductor, accediendo siempre al vehículo a través de la puerta del copiloto. Siempre había un colaborador con un ciclomotor para huir.

Estos delincuentes elegían vehículos de alquiler por ser conscientes de que son utilizados por turistas, que, en algún caso, no presentarán denuncia y en otros es compleja la investigación al abandonar estos la isla en breve.

De los efectos sustraídos se deshacían en el mercado negro mediante la venta directa a clientes o peristas. Solían sustraer móviles, dinero y, en menor medida, alguna joya que hubiera en el bolso. Los hechos han sido cometidos durante el mes de junio, y solían producirse entre las 12.00 y 17.00.

Policía Nacional, Guardia Civil y Policía Local han activado este sábado el protocolo de búsqueda de una furgoneta Nissan de color blanco que puede estar relacionada con un supuesto caso de secuestro ocurrido en Santa Cruz de Tenerife, según han informado a Europa Press fuentes oficiales de la Policía Nacional.

Los hechos han sucedido sobre las 11.40 a la altura de la subida de Añaza con la carretera general, donde una mujer que viajaba en guagua vio a una furgoneta que se paró a la altura de un individuo que iba caminando y de la que se bajaron dos hombres. En ese momento se inició un forcejeo con esta persona, que trató de zafarse de los asaltantes, aunque finalmente lo montaron en el vehículo a la fuerza e iniciaron la marcha en dirección a El Tablero.

La mujer facilitó el número de la matrícula a la Policía Nacional, pero se ha comprobado que no figura como domiciliada en Santa Cruz, por lo que se dio aviso a Policía Local y Guardia Civil para proceder a la localización del vehículo, comprobación de los hechos y posible detención de estas personas.

Un incendio que se declaró en la tarde de este martes en el centro comercial de Añaza, conocido como Carrefour y localizado en el término municipal de Santa Cruz de Tenerife, ha obligado al desalojo del edificio y ha ocasionado un herido por intoxicación con humo que en principio no reviste gravedad.

El incendio, según informó en su perfil de Twitter el 1-1-2 del Gobierno de Canarias, se produjo en la cocina de uno de los restaurantes ubicados en ese recinto, siempre con mucha presencia de gente, mucho más en horas de la tarde-noche.

En la emergencia intervinieron los bomberos, la Policía Local y el Servicio de Urgencias Canario, entre otros cuerpos. Tras apagar el incendio, el personal de Bomberos de Tenerife ha procedido a la ventilación del lugar afectado.

La desaparición del edificio abandonado y en estructura localizado en el litoral de Añaza costará 1,8 millones de euros, según un informe técnico encargado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para averiguar el coste aproximado de la demolición y posterior recogida de escombros y restos, con el objeto de hacer desaparecer esa edificación del paisaje de la ciudad.

La primera teniente de alcalde, Zaida González, acompañada por el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, y la concejala del Distrito Suroeste, Gladis de León, visitó este martes el edificio abandonado en estructura en la urbanización Acorán, donde anunció que el Ayuntamiento “avanza con paso firme para hacer desaparecer esta edificación”.

Durante la visita, que contó con la presencia de técnicos de las áreas de Urbanismo y de Servicios Públicos, Zaida González indicó que vienen trabajando “con prudencia” desde hace meses para encontrar una solución definitiva en dos direcciones: por un lado, garantizar la seguridad cuanto antes para que nadie acceda a su interior, y por otro, llegar a un acuerdo a corto y medio plazo que convierta este edificio en “un recuerdo del pasado”.

La primera teniente de alcalde recordó que esa edificación se inició en 1973, hace 45 años, cuando una promotora privada solicitó al Ayuntamiento una licencia de obras para construir un hotel de 741 apartamentos, licencia que fue concedida entonces de acuerdo a la legalidad vigente y en el marco de los planes especiales de interés turístico.

“Sin embargo, los promotores abandonaron el proyecto en 1975, dejando un edificio en estructura como hoy lo conocemos: un edificio con planta en forma de y, con 22 plantas de altura, sobre una superficie de 2.350 metros cuadrados y con una superficie edificada estimada de 40.000 metros cuadrados”, detalló González.

En relación con este mismo asunto, el concejal de Urbanismo, Carlos Tarife, detalló las dos líneas de actuación que sigue el Ayuntamiento, encaminadas a garantizar la seguridad mediante la instalación de una red perimetral completa de cuatro metros de altura que impedirá el acceso al edificio, debidamente señalizada y con advertencias de prohibición situadas cada diez metros en todo el perímetro. El coste estimado es de 109.450 euros y se ejecutará en el plazo de un mes, aproximadamente.

En segundo lugar, Carlos Tarife mencionó que ya en 1998 el Tribunal Superior de Justicia decretó que el edificio invade una zona de servidumbre marítimo-terrestre y que por tanto debe ser demolido. “Por nuestra parte, en otoño pasado, abrimos un informe sobre el estado del edificio que, debidamente ajustado a la legislación de aplicación, devino en declarar la caducidad de la licencia de edificación otorgada en su día”, indicó.