El pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la ley de las Corts Valencianes 3/2025, de protección y ordenación de la costa valenciana. La resolución judicial tumba los preceptos clave con los que la Generalitat pretendía amparar la conservación de las históricas edificaciones de la playa de Babilonia, en Guardamar del Segura (Alicante), cuyas órdenes de derribo acumulaban resoluciones judiciales firmes y se encontraban pendientes de ejecución.

La sentencia, de la que ha sido ponente la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, examina las alegaciones de la Abogacía del Estado en relación con este emblemático núcleo del litoral alicantino. Aunque el tribunal reconoce que la Comunitat Valenciana posee competencias para proteger los valores culturales, históricos y etnológicos de sus núcleos costeros, advierte de que dicha protección “no puede limitar las facultades que corresponden al Estado sobre estos terrenos”.

El fallo declara la inconstitucionalidad —si bien sin llegar a declarar su nulidad— del artículo 17 y de la disposición final primera, exclusivamente en cuanto se apliquen a bienes integrantes del dominio público marítimo-terrestre.

El conflicto surge porque la norma autonómica no se limita a reconocer el valor etnológico de estos enclaves, sino que permite aprobar planes especiales y los incorpora al régimen de protección del patrimonio cultural valenciano. Esto impone obligaciones de conservación y restricciones a la demolición que, según el Alto Tribunal, entran en colisión con la legislación estatal al “impedir que el Estado adopte las actuaciones necesarias para garantizar su integridad y recuperación”. No obstante, al no ser declarados nulos, ambos preceptos podrán seguir aplicándose en los demás espacios del litoral donde no exista conflicto competencial.

Por su parte, la disposición adicional cuarta ha corrido peor suerte, ya que el tribunal la ha declarado inconstitucional y nula de pleno derecho. Dicho apartado permitía a la Generalitat elaborar un inventario de terrenos degradados dentro del dominio público. Los magistrados argumentan que esta facultad invade las competencias exclusivas del Estado, al que compete en exclusiva determinar qué superficies forman parte de dicho dominio, así como decidir sobre su deslinde y eventual desafectación.

La resolución cuenta con el voto particular anunciado por los magistrados Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y José María Macías . Con este pronunciamiento, el futuro de las emblemáticas viviendas de Babilonia queda abocado al cumplimiento de los mandatos judiciales de derribo previos, al decaer el paraguas normativo autonómico que frenaba su ejecución.

La comitiva judicial, acompañada por un amplio despliegue policial, ha ejecutado este jueves el desahucio de Daniel González, físico e investigador de la Universitat de València, en Burjassot. El Sindicat d'Habitatge de València había convocado a los medios de comunicación a primera hora ante el inmueble, pero el desalojo se ha adelantado y ha sorprendido a Daniel.

El operativo, con gran presencia de unidades de la Unidad de Intervención Policial, ha cogido por sorpresa al afectado, quien se encontraba durmiendo tras apenas haber descansado unas pocas horas, según él mismo ha relatado. “Me he despertado sobre las 6 de la mañana porque he empezado a oír ruidos en la calle. Yo sí que es cierto que tengo un sueño muy ligero, pero me he despertado y bueno, pues había furgones de estos de intervención policial, o sea, antidisturbios, cortando la calle, un montón de señores”, ha explicado Daniel.

Tras lograr tranquilizarse lo suficiente para vestirse y recoger una mochila y su bicicleta, Daniel ha salido del edificio tras ser requerido para identificarse. “Me he sentido claramente acorralado, que era lo que quería evitar; por eso no quería hacer más protestas”, ha relatado el investigador valenciano, que ha sufrido un episodio de ansiedad. “Yo ya sabía que esto iba a pasar”, ha añadido, al tiempo que lamentaba: “Luego no ponen dispositivos policiales para cosas más importantes, pero para esto, como si fuese yo aquí un puñetero terrorista de Al Qaeda; vamos, me he sentido así”.

Este lanzamiento se produce semanas después de que la movilización ciudadana impulsada por el Sindicat d'Habitatge lograra aplazar cautelarmente el desahucio previsto inicialmente para finales de septiembre, gracias a la presión vecinal y el apoyo de compañeros del Instituto de Física Corpuscular (IFIC). El investigador, que residía en régimen de alquiler desde 2009 con un contrato que contemplaba derecho a compra, se ha visto finalmente desposeído de la vivienda tras la demanda interpuesta por el fondo propietario, culminando un proceso que él mismo definía con crudeza: “Es una parte más de esta pesadilla que espero que llegue pronto a su fin”.

Vox ha hecho públicas este miércoles sus candidaturas para las elecciones generales del próximo 29 de noviembre en la Comunitat Valenciana. La gran novedad se sitúa en la circunscripción de Valencia, donde Ignacio Gil Lázaro encabezará la lista al Congreso de los Diputados en sustitución de Carlos Flores Juberías, que encabezó la lista por esta provincia en 2023.

Gil Lázaro es diputado o senador de forma ininterrumpida desde 1982, en la segunda legislatura -hasta la fecha han sido 40 años como diputado y cuatro como senador-. Tras una larga trayectoria en el Partido Popular, pasó a formar parte de las filas de Vox en el pasado mandato. Recientemente ha ejercido como portavoz de la formación en la comisión de investigación sobre la dana en la Cámara Baja.

El nombramiento de Gil Lázaro supone el desplazamiento de Carlos Flores Juberías al tercer puesto de la candidatura. Flores Juberías fue el candidato de Vox a la presidencia de la Generalitat Valenciana en las elecciones autonómicas de 2023, cargo del que dimitió tras trascender una condena por violencia psicológica contra su exmujer. Posteriormente encabezó la lista al Congreso por Valencia, posición que ahora pierde en favor del veterano parlamentario.

El número dos de la candidatura por Valencia lo ocupará Ana Bellver, actual diputada en las Corts Valencianes y considerada la mano derecha del síndic parlamentario José María Llanos. Su incorporación a la lista nacional obligará a correr la candidatura autonómica de la formación.

En la provincia de Castellón, el partido apuesta por la continuidad. El militar retirado Alberto Asarta repetirá como cabeza de lista al Congreso, acompañado en el segundo puesto por Llanos Massó, actual presidenta del parlamento valenciano. Massó no está obligada a dimitir de la presidencia de la Cámara autonómica para figurar en las candidaturas pero, en caso de resultar elegida, deberá optar por uno de los dos cargos al existir incompatibilidad legal para pertenecer simultáneamente a dos cámaras legislativas.

Por la circunscripción de Alicante, el actual diputado David García repetirá al frente de la lista. En los puestos dos y tres le seguirán Ana María Cerdán y José María Sánchez García.

Un juzgado de Villena ha sobreseído provisionalmente las diligencias previas abiertas hace unas semanas contra el alcalde de la localidad, el socialista Fulgencio Celdrán, por el robo del Tesoro de Villena, una de las mayores colecciones europeas de oro de la Edad del Bronce.

Según ha informado en la red social X el despacho de abogados Soriano i Piqueras, que representa a los denunciantes de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho y la Lucha contra la Corrupción (ADED), en una resolución bien fundamentada pero con la que discrepan el tribunal ha acordado el sobreseimiento provisional.

Esta parte ha adelantado que recurrirá la medida en apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante para que siga viva la denuncia por un posible delito de daños por imprudencia que dirigió el pasado 29 de agosto tanto contra el alcalde como contra la directora del museo donde estaba el Tesora, Laura Hernández, del Muvi; la tercera teniente de alcalde, María Server, del PSPV-PSOE; y también la persona responsable de seguridad del centro expositivo por la posible falta de protección de las instalaciones.

La demanda fue presentada unos días después del robo al considerar que hubo una falta de protección de las instalaciones del museo, de titularidad municipal, y al atribuir esa omisión a las personas responsables de la custodia del conjunto.

El Tesoro de Villena está formado por 66 piezas de distintos materiales entre los que destacan unos 10 kilogramos de oro entre 11 cuencos, 28 brazaletes, dos recipientes y botellas, mientras que de plata también hay tres recipientes.

Hay otros objetos de hierro y oro, así como de ámbar y oro, y también un brazalete de hierro que es muy sobresaliente porque ese metal procede de un meteorito, lo que añade valor a la pieza.

Tras el golpe en la madrugada del pasado 27 de agosto, sólo han quedado tres vasijas de plata, un brazalete y gran parte de los adornos del bastón, así como una de las cuatro coronas que, sospechan los investigadores, se debió caer a los ladrones en la huida.

El Gobierno aprobará en Consejo de ministros la declaración de todos los municipios afectados por la dana Adam como zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, según ha anunciado este martes el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el Puesto de Mando Avanzado de Oliva, en Valencia.

Sánchez, junto al president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, se ha reunido en Oliva con los responsables de los dispositivos de emergencias y de coordinación, y con alcaldes de los municipios afectados por la dana Adam, que en el litoral sur de Valencia y el litoral norte de Alicante ha dejado acumulados de lluvias de más de 700 litros por metro cuadrado.

Tras la reunión, el presidente ha afirmado en una declaración institucional que el Gobierno “por supuesto va a estar” en la reconstrucción y pondrá los recursos económicos y facilitará la agilidad en la contratación pública para que los afectados recuperen “cuanto antes la normalidad”, y ha urgido de nuevo a “un gran acuerdo de país frente a la emergencia climática”.

Sánchez, que ha expresado sus condolencias por los fallecidos en esta dana y ha agradecido el trabajo de los cuerpos del sistema de protección civil, ha destacado la cooperación de todas las instituciones en esta situación de emergencia climática, ya que el Estado lo forman desde los ayuntamientos a las diputaciones, el Gobierno autonómico y el de España.

El presidente ha defendido que hay que “estar unidos” y cooperar en la respuesta ante la emergencia climática y en la protección civil, y ha considerado que lo sucedido en los últimos días en la Comunitat Valenciana “es una ejemplo de cómo unidos y cooperando el Estado en su conjunto puede dar una respuesta eficaz”.

Cooperar antes y después

Además, ha pedido que esa cooperación se traslade “al antes y al después” de la emergencia de protección civil, de manera que se incorpore “la variable climática” a la prevención para mitigar los efectos de la emergencia climática, “no hacer como si el elefante en la habitación no existiera”, y a la reconstrucción, con inversiones en infraestructuras “más resilientes”.

Sánchez ha insistido en la necesidad de “un gran acuerdo” de todas las instituciones públicas, todos los representantes políticos y toda la sociedad civil de España para reforzar la cooperación ante la emergencia climática, no solo cuando se produce, “un acuerdo de puro sentido común, que salvaría muchas más vidas”.

Ha señalado que las danas “han sido recurrentes” en el Mediterráneo español, pero no “con esta gravedad, no con esta intensidad, no con esta peligrosidad” para el vecindario, lo cual “tiene mucho que ver con una realidad climática que está sobrepasando, por desgracia”, lo que la ciencia advertía hace ya mucho años.

Así, ha indicado que el hecho de que las temperaturas en el Mediterráneo en octubre estén entre 3 y 4 grados por encima de la media significa que “la emergencia climática está actuando como combustible exponencial para alterar aún más gravemente este tipo de sucesos climático”.

El presidente ha afirmado que le ha emocionado oír a alguna alcaldesa contar que fueron de madrugada megáfono en mano bajo la lluvia para pedir a los ciudadanos que subieran a un piso superior, un “compromiso político que trasciende las ideologías” y que en su opinión debe inspirar a todos los políticos.

Sánchez ha estado acompañado por las ministras Sara Aegesen y Diana Morant y a su llegada al Puesto de Mando Avanzado de Oliva un grupo reducido de jóvenes que estaban tras la valla de acceso al recinto han proferido insultos contra él.

Compromís ha denunciado ante la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (AVAF) la gestión de los contratos de emergencia tramitados tras la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024. La formación pretende que Antifraude investigue exhaustivamente lo que consideran un patrón generalizado de sobrecostes desproporcionados, fraccionamiento de facturas y elusión deliberada de los procedimientos ordinarios de licitación pública.

En una rueda de prensa celebrada este martes, los diputados autonómicos Joan Baldoví, Isaura Navarro y Carles Esteve han detallado el contenido de la denuncia, y han arremetido duramente contra la gestión del Consell. Así, la documentación aportada por Compromís —respaldada también por informes de la Sindicatura de Comptes— pone el foco en los expedientes de la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, además de entidades instrumentales como Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR).

De los 223 contratos de emergencia iniciales por valor de 584 millones de euros, aseguran que al menos 16 han sufrido modificaciones sustanciales que disparan la factura final en más de 58 millones adicionales (un incremento superior al 10%).

Entre los casos más flagrantes destacan: la gestión de residuos, donde los lotes adjudicados inicialmente por 59,6 millones de euros se incrementaron en 15 y 9,7 millones respectivamente bajo el argumento de un volumen imprevisto de restos; infraestructuras y depuradoras, con modificaciones en la depuradora de Algemesí-Albalat, cuyo precio inicial se multiplicó por ocho hasta alcanzar los 3,6 millones de euros, o el complejo de Valencia Sud de FGV, que pasó de 19,2 a 28,9 millones; o las diferencias de precios con el Estado.

En este sentido, el informe denuncia que la Generalitat llegó a pagar materiales de construcción con sobrecostes de entre el 29% y el 325% en comparación con los importes abonados por el Ministerio de Transportes en actuaciones similares (como abonar 13,68 euros por metro cuadrado de excavación mecánica frente a los 3,23 euros estatales).

El “truco” del 49,99% en Montserrat

En el ámbito local, la denuncia destapa prácticas orientadas a burlar la legalidad de los contratos públicos. Un ejemplo paradigmático es el del Ayuntamiento de Montserrat, donde la reforma del polideportivo municipal —adjudicada a la constructora Bertolín y a una asistencia técnica— aprobó un modificado de obra por un porcentaje exacto del 49,99936%. El presupuesto inicial de 1,4 millones se elevó hasta los 2,1 millones de euros (un sobrecoste de más de 703.000 euros).

Según se detalla en el escrito presentado por Compromís ante Antifraude, este porcentaje milimétrico se diseñó de forma intencionada para quedarse justo por debajo del límite legal del 50%, evitando así la obligación de resolver el contrato original y convocar un nuevo concurso público. Todo ello se ejecutó, además, omitiendo la función fiscalizadora de la Intervención Municipal, cuya titular emitió un informe de advertencia sobre la gravedad de la infracción.

La portavoz adjunta de la coalición valencianista, Isaura Navarro, ha denunciado que esta práctica erosiona los recursos públicos y ha criticado duramente el contexto normativo actual. Así, han advertido que el nuevo reglamento de la agencia Antifraude “se carga la participación y la transparencia en el órgano, se acaba la rendición de cuentas a las entidades cívicas y, por tanto, a la sociedad, y la colaboración con la Fiscalía”.

Por último, los valencianistas han subrayado la necesidad de que la Agencia investigue de oficio todos estos contratos de emergencia para depurar responsabilidades contables o penales, al tiempo que exigen que se remitan de forma íntegra los expedientes completos tanto de la administración autonómica como del consistorio de Montserrat para aclarar el destino de unos fondos públicos que, a su juicio, han sufrido un uso claramente fraudulento e injustificado.

La mano derecha de la reconstrucción para pilotar una nueva reconstrucción. El número dos del Comisionado de la dana, Roger Llanes, será desde este martes el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana tras el cese de Pilar Bernabé, que deja la representación del Ejecutivo para encabezar la lista del PSOE por Valencia para las elecciones del 29N.

Llanes pilotará la representación del Ejecutivo en Valencia, que deberá centrarse en la reconstrucción de las comarcas afectadas por la dana Adam (La Safor y La Marina Alta), un trabajo que conoce bien. En 2025 fue designado como subdirector general de la Oficina de Relaciones Institucionales del Comisionado especial para la reconstrucción de la dana de octubre de 2024, aunque tras la última reestructuración pasó a dirigir la Oficina, con Zulima Pérez a la cabeza. Junto a Pérez, coordinó el grupo de expertos para la reconstrucción, la primera piedra de este comisionado. Ha sido el encargado de trabajar mano a mano con alcaldes y asociaciones de víctimas y damnificados.

El representante socialista forma parte del núcleo de miembros del Gobierno de Ximo Puig que ha ido incorporándose al Gobierno central. Llanes llegó al departamento entonces dirigido por José María Ángel y después junto a la comisionada, Zulima Pérez, o el ministro de Hacienda, Arcadi España, antes en el departamento de Política Territorial con Ángel Víctor Torres. La hornada de cargos de confianza del expresidente Puig se consolida en el Ejecutivo central.

Ingeniero agrónomo por la Universitat Politécnica de València, Llanes acumula más de 30 años de experiencia en la Administración Pública como funcionario o representante institucional. Es un gran conocedor del campo valenciano y de su modelo territorial, ya que fue responsable de agricultura en la Generalitat Valenciana y encargado de estas políticas en el PSPV. Pasó por todos los niveles de la Administración autonómica antes de ser el número dos de la conselleria de Agricultura: técnico, director general y secretario autonómico.

En concreto, el nuevo delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana formó parte del Gobierno del Botánico, encabezado por Ximo Puig, desde la firma del pacto con Compromís y Unides Podem-Esquerra Unida en 2015. Fue nombrado director general de Agricultura y en 2020 elevado a secretario autonómico del mismo ramo, tras la salida de Francisco Rodríguez Mulero por desavenencias con la entonces consellera de Compromís, Mireia Mollà. En medio de estas disputas, intentó encauzar acuerdos con la vertiente más ecologista de la consellería.

Los servicios de emergencia y rescate han localizado el cuerpo sin vida de un agricultor en la marjal de Pego-Oliva, un entorno natural gravemente golpeado por las inundaciones causadas por la DANA Adam. Fuentes conocedoras del caso han confirmado a la Agencia EFE el hallazgo y han señalado que se ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del deceso y determinar si guarda relación directa con el fuerte temporal de lluvias torrenciales. De confirmarse este vínculo, la cifra trágica derivada del paso de la borrasca se elevaría a cinco víctimas mortales.

Hasta el momento, las autoridades han verificado el fallecimiento de cuatro personas en el marco de este episodio meteorológico. La comarca de la Safor ha sido una de las más castigadas: en la localidad de Oliva, la Unidad Militar de Emergencias (UME) halló este lunes el cadáver de una mujer de 71 años durante los trabajos de rastreo y achique de agua. En el mismo municipio, un hombre de 64 años perdió la vida en un camping, presuntamente tras sufrir un paro cardíaco en medio de la emergencia.

El cómputo de víctimas mortales se completa con el hallazgo, durante la jornada del domingo, del cuerpo de una mujer en la playa de Sagunt (Valencia), arrastrada por el oleaje y la fuerza de las corrientes marítimas, y el fallecimiento de otra mujer en el municipio costero de Cabrera del Mar (Barcelona).

Un episodio extraordinario de precipitaciones

El trágico balance personal coincide con una de las mayores embestidas pluviométricas registradas en los últimos años en la fachada mediterránea. De acuerdo con los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet), entre el sábado 17 y la mañana de este lunes 19 de octubre, el centro del temporal descargó con violencia extrema en las comarcas de la Safor y la Marina Alta, donde diversas estaciones oficiales sobrepasaron de forma holgada los 500 y 600 milímetros acumulados.

Los registros más extremos se focalizaron en la pedanía de Forna (l'Atzúbia), con una cifra récord de 720 mm, y en el término municipal de Pego, donde se contabilizaron 693 mm. Estos volúmenes representan el equivalente a la media pluvial de todo un año concentrada en apenas 48 horas, una descarga torrencial que provocó la desbordante crecida de ríos, ramblas y barrancos, anegando amplias extensiones de terreno de cultivo como la marjal y paralizando la red viaria de la zona.

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, junto a los efectivos de bomberos y la UME, mantienen desplegado un amplio dispositivo de supervisión y auxilio en toda la comarca ante el riesgo persistente en las zonas inundadas.

El paso de la borrasca y temporal Adam está dejando registros pluviométricos de magnitud extraordinaria en las comarcas de la Safor y la Marina Alta. Entre el sábado 17 y las 10:00 horas de este lunes 19 de octubre, varias estaciones meteorológicas de la zona interior y prelitoral han sobrepasado holgadamente los 500 y 600 milímetros acumulados, provocando la crecida vertiginosa de barrancos y ríos.

Las mayores precipitaciones se han localizado en la pedanía de Forna (l'Atzúbia), donde se han recogido hasta 720 mm, seguido muy de cerca por la localidad vecina de Pego, con 693 mm. Estos volúmenes suponen la práctica totalidad de la media pluvial de todo un año concentrada en apenas 48 horas.

El impacto del temporal ha sido especialmente persistente en los valles del prelitoral valenciano, donde el flujo de levante ha alimentado de forma ininterrumpida los núcleos tormentosos. En la comarca de la Safor, Oliva roza los 650 mm (643 mm), mientras que poblaciones como el Real de Gandia (615 mm) y la zona de Barx - la Drova (602 mm) superan la barrera de los 600 mm.

La orografía de los valles del Serpis y del Gallinera ha actuado como pantalla ascendente para las masas de aire húmedo procedente del Mediterráneo, dejando acumulados severos en la Vall d'Ebo (580 mm), Vilallonga (551 mm) y las zonas altas de Gandia (Parpalló) (548 mm).

Los más de 400 y 500 mm registrados en el arco que abarca desde la franja costera de Miramar (491 mm) hasta la cuenca media del Girona y el Girona-Gorgos con municipios como Orba (445 mm) y Benimaurell (461 mm) mantienen en alerta a los servicios de emergencias por posibles desbordamientos de ramblas y ríos. Municipios como Alfauir (499 mm) y Potries (498 mm) permanecen atentos a la evolución del río Serpis.

Las autoridades recomiendan extremar la precaución, evitar los desplazamientos innecesarios y no cruzar bajo ningún concepto vados ni pasos subterráneos en las zonas afectadas mientras continúe el episodio de inestabilidad.

Más de 102.000 alumnos -80.913 en la provincia de Valencia y 21.868 en la de Alicante- se han visto afectados por la suspensión de clases debido al temporal de lluvias intensas y tormentas que afectan a la Comunitat Valenciana, según ha informado la Conselleria de Educación.

En la provincia de Alicante han decidido el cierre de los centros educativos un total de 25 municipios: El Verger, Pego, Callosa d'En Sarrià, ⁠Benissa, ⁠Pedreguer, ⁠Gata de Gorgos, Els Poblets, ⁠Dénia, Murla, Benigembla, ⁠Altea, ⁠Xàbia, ⁠Calpe, ⁠La Sella, Poble Nou de Benitatxell, ⁠Teulada-Moraira, ⁠Benidoleig, ⁠Orba, ⁠Tàrbena, Bolulla, ⁠Sagra (CRA LA Rectoría), ⁠Ràfol d’Almúnia (CRA LA Rectoría), ⁠Benimeli (CRA LA Rectoría), Sanet i Negrals (CRA LA Rectoría) y ⁠Muro de Alcoy.

En la ciudad de València no hay clase en 27 centros de zonas inundables y afectadas por la dana de octubre de 2024 y en cinco centros de las pedanías de El Saler y Pinedo se mantendrán abiertos pero sin actividad lectiva.

Otros 42 municipios de la provincia de Valencia han suspendido las clases, son: Barx, Beneixida (hasta 11.30), L'Alcúdia, Gandia, Fortaleny, Algemesí, Oliva, Alberic, Sueca y Alzira por la mañana, Carcaixent, Carlet, Montroi, Càrcer, Cullera, Sollana, Albalat de la Ribera, Riola, Tavernes de la Valldigna, Xeraco, Bellreguard, Piles, Benirredrà, ⁠Xeresa, ⁠Tous, ⁠Beniarjó, ⁠Benifairó de la Valldigna, ⁠Rafelcofer, ⁠Aldaia (hasta las 15:00) y ⁠Guadassuar.

También lo están ⁠Miramar, Chiva (centros educativos abiertos sin actividad lectiva), Massalavés, ⁠Picassent, CEE Virgen de la Esperanza y Complejo Educativo de Cheste, La Pobla Llarga, Benifaió, Potries, Daimús, Palma de Gandia, Palmera y Antella.

Els grans incendis forestals no sols arrasen el territori i destrueixen ecosistemes, sinó que també actuen com a acceleradors invisibles del canvi climàtic. Així ho posa en relleu una nova investigació liderada per l'Institut de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (Itaca) de la Universitat Politècnica de València (UPV), en col·laboració amb el Natural Resources Institute Finland (Luke), que ha desenvolupat una metodologia pionera per a calcular amb absoluta precisió la petjada de carboni dels incendis a l'arc mediterrani.

El mètode s'ha aplicat al devastador incendi declarat a Bejís (Castelló) l'estiu de 2022, un sinistre que va calcinar un total de 18.538 hectàrees. Els càlculs revelen que el foc va tindre un impacte en l'escalfament global equivalent a 626.000 tones de diòxid de carboni (CO₂). Aquesta xifra supera àmpliament les emissions generades durant tot un any per una gran ciutat com València i representa prop del 0,22% de les emissions anuals totals de gasos d'efecte d'hivernacle en el conjunt d'Espanya.

Quan un bosc crema, gran part del carboni emmagatzemat durant dècades en els arbres, arbustos i el sòl s'allibera de manera abrupta a l'atmosfera. A aquesta emissió directa se suma la pèrdua temporal de la coberta vegetal, cosa que redueix la capacitat d'absorció de CO₂ dels ecosistemes afectats.

“Els resultats posen de manifest que els incendis no sols generen pèrdues econòmiques, ambientals, socials i emocionals, sinó que també tenen un important impacte climàtic”, assenyala Helena van den Berg Sesma, investigadora d'Itaca-UPV i autora principal de l'estudi, publicat en la revista científica Fire. Per la seua banda, el coautor Edgar Lorenzo-Sáez adverteix que es produïx una retroalimentació perillosa: “L'escalfament global derivat del canvi climàtic afavoreix condicions de risc més elevat d'incendi, mentre que els grans focs poden afegir gasos d'efecte d'hivernacle a l'atmosfera i reduir temporalment la capacitat d'absorció de carboni dels sistemes naturals”.

Fins ara, molts models de càlcul aplicaven un patró uniforme a les superfícies cremades. La gran novetat d'aquest treball radica en el fet que combina les imatges del satèl·lit europeu Sentinel-2 amb dades detallades sobre la biomassa prèvia, el tipus de vegetació i la intensitat amb què va cremar cada metre quadrat.

“A diferència de models que assignen un únic tipus de vegetació a cada superfície, el nou enfocament identifica la coexistència de diferents tipus de coberta vegetal dins d'una mateixa zona”, aclareix l'investigador José Vicente Oliver-Villanueva. L'anàlisi demostra que les majors emissions es van concentrar en les àrees amb presència de coníferes barrejades amb matollar i vegetació herbàcia, especialment en els punts on la severitat del foc va ser alta o moderada-alta, on van representar més del 81% de les emissions estimades.

Els autors de l'estudi defenen que aquesta metodologia transcendeix la simple comptabilitat acadèmica i ha de convertir-se en una ferramenta fonamental per a la gestió forestal preventiva. Conéixer amb exactitud quin tipus de biomassa i quines zones generen més emissions permet a les administracions prioritzar les tasques de neteja de combustible, dissenyar paisatges més resistents i millorar els inventaris oficials de gasos d'efecte d'hivernacle en l'àmbit regional i nacional.

Los grandes incendios forestales no solo arrasan el territorio y destruyen ecosistemas, sino que también actúan como aceleradores invisibles del cambio climático. Así lo pone de relieve una nueva investigación liderada por el Instituto de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (Itaca) de la Universitat Politècnica de València (UPV), en colaboración con el Natural Resources Institute Finland (Luke), que ha desarrollado una metodología pionera para calcular con absoluta precisión la huella de carbono de los fuegos en el arco mediterráneo.

El método se ha aplicado al pavoroso incendio declarado en Bejís (Castellón) en el verano de 2022, un siniestro que calcinó un total de 18.538 hectáreas. Los cálculos revelan que el fuego tuvo un impacto en el calentamiento global equivalente a 626.000 toneladas de dióxido de carbono (CO₂). Esta cifra supera con creces las emisiones generadas durante todo un año por una gran ciudad como València y representa cerca del 0,22% de las emisiones anuales totales de gases de efecto invernadero en el conjunto de España.

Cuando un bosque arde, gran parte del carbono almacenado durante décadas en los árboles, arbustos y el suelo se libera de forma abrupta a la atmósfera. A esta emisión directa se suma la pérdida temporal de la cubierta vegetal, lo que reduce la capacidad de absorción de CO₂ de los ecosistemas afectados.

“Los resultados ponen de manifiesto que los incendios no solo generan pérdidas económicas, ambientales, sociales y emocionales, sino que también tienen un importante impacto climático”, señala Helena van den Berg Sesma, investigadora de Itaca-UPV y autora principal del estudio, publicado en la revista científica Fire. Por su parte, el coautor Edgar Lorenzo-Sáez advierte de que se produce una retroalimentación peligrosa: “El calentamiento global derivado del cambio climático favorece condiciones de mayor riesgo de incendio, mientras que los grandes fuegos pueden añadir gases de efecto invernadero a la atmósfera y reducir temporalmente la capacidad de absorción de carbono de los sistemas naturales”.

Hasta ahora, muchos modelos de cálculo aplicaban un patrón uniforme a las superficies quemadas. La gran novedad de este trabajo radica en que combina las imágenes del satélite europeo Sentinel-2 con datos detallados sobre la biomasa previa, el tipo de vegetación y la intensidad con la que ardió cada metro cuadrado.

“A diferencia de modelos que asignan un único tipo de vegetación a cada superficie, el nuevo enfoque identifica la coexistencia de distintos tipos de cubierta vegetal dentro de una misma zona”, aclara el investigador José Vicente Oliver-Villanueva. El análisis demuestra que las mayores emisiones se concentraron en las áreas con presencia de coníferas mezcladas con matorral y vegetación herbácea, especialmente en los puntos donde la severidad del fuego fue alta o moderada-alta, donde abarcaron más del 81% de las emisiones estimadas.

Los autores del estudio defienden que esta metodología trasciende la simple contabilidad académica y debe convertirse en una herramienta fundamental para la gestión forestal preventiva. Conocer con exactitud qué tipo de biomasa y qué zonas generan más emisiones permite a las administraciones priorizar las labores de limpieza de combustibles, diseñar paisajes más resistentes y mejorar los inventarios oficiales de gases de efecto invernadero en el ámbito regional y nacional.

La Conselleria d'Educació ha posat en marxa un nou procediment per a analitzar amb més precisió la realitat de les aules valencianes. A través d'una resolució publicada dimarts passat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el departament que dirigeix Carmen Ortí ha regulat l'avaluació del context social, econòmic i cultural de l'alumnat per a aquest curs escolar 2026-2027. Els resultats obtinguts pels alumnes valencians en l'últim informe PISA eren preocupants i van fer saltar les alarmes.

La mesura respon a la necessitat de complementar els processos ordinaris d'avaluació del sistema educatiu. Tal com recorda el text, la sociologia de l'educació i la investigació internacional demostren des de fa dècades que les condicions de l'entorn familiar, el nivell formatiu de les llars i la disponibilitat de recursos materials influeixen directament en el progrés acadèmic, les oportunitats d'aprenentatge i el benestar de l'alumnat. Una circumstància sobre la qual també va alertar recentment CCOO-PV després d'una primera anàlisi dels resultats de PISA.

L'avaluació del context tindrà caràcter censal i s'aplicarà obligatòriament en tots els centres educatius públics, privats concertats i privats de la Comunitat Valenciana que impartisquen els cursos seleccionats. En concret, el procés afectarà l'alumnat matriculat en tercer i sisé de Primària; segon i quart d'Educació Secundària Obligatòria (ESO); segon de Batxillerat, i segon de Formació Professional bàsica. Uns 210.000 alumnes en total.

La recollida d'informació es farà mitjançant un qüestionari estructurat amb preguntes de resposta tancada i breu, dissenyat per a analitzar les variables socioeconòmiques i culturals de l'entorn de l'estudiant. La Conselleria remetrà les claus d'accés telemàtiques als centres educatius perquè l'alumnat emplene els formularis en horari lectiu sota la supervisió directa del professorat i dels equips directius.

Qüestionaris completament anònims

Per a garantir la fiabilitat i la transparència de les dades, la normativa estableix que els qüestionaris seran completament anònims, ja que no incorporaran cap codi ni element identificatiu que permeta vincular les respostes amb un alumne concret, de manera que queden exclosos de l'aplicació estricta de la normativa sobre protecció de dades personals.

El període oficial per a emplenar els qüestionaris telemàticament serà del 26 d'octubre al 18 de desembre de 2026, tots dos inclosos. Una vegada vençut aquest termini, l'Administració autonòmica elaborarà un informe individualitzat per a cada centre participant, amb l'objectiu de proporcionar a les comunitats educatives una ferramenta útil de reflexió i planificació estratègica.

Aquesta iniciativa s'emmarca en un context de preocupació institucional creixent per la qualitat i l'equitat del sistema educatiu valencià, especialment després dels senyals d'alarma recents que han posat de manifest informes d'avaluació comparada com PISA, que exigeixen diagnòstics precisos per a orientar els recursos públics i combatre les desigualtats de rendiment a les aules.

La Conselleria de Educación ha puesto en marcha un nuevo procedimiento para analizar con mayor precisión la realidad de las aulas valencianas. A través de una resolución publicada el pasado martes en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), el departamento que dirige Carmen Ortí ha regulado la evaluación del contexto social, económico y cultural del alumnado para el presente curso escolar 2026/2027. Los resultados obtenidos por los alumnos valencianos en el pasado informe PISA eran preocupantes e hicieron saltar las alarmas.

La medida responde a la necesidad de complementar los procesos ordinarios de evaluación del sistema educativo. Tal y como recuerda el texto, la sociología de la educación y la investigación internacional demuestran desde hace décadas que las condiciones del entorno familiar, el nivel formativo de los hogares y la disponibilidad de recursos materiales influyen de manera directa en el progreso académico, las oportunidades de aprendizaje y el bienestar del alumnado. Una circunstancia sobre la que también alertó recientemente CCOO-PV tras un primer análisis de los resultados de PISA.

La evaluación de contexto tendrá carácter censal y se aplicará de forma obligatoria en todos los centros educativos públicos, privados concertados y privados de la Comunitat Valenciana que impartan los cursos seleccionados. En concreto, el proceso afectará al alumnado matriculado en tercer y sexto curso de Educación Primaria; segundo y cuarto curso de Educación Secundaria Obligatoria (ESO); segundo curso de Bachillerato; y segundo curso de Formación Profesional básica. Unos 210.000 alumnos en total.

La recogida de información se efectuará mediante un cuestionario estructurado con preguntas de respuesta cerrada y breve, diseñado para desentrañar las variables socioeconómicas y culturales que rodean al estudiante. La conselleria remitirá las claves telemáticas a los centros educativos para que el alumnado cumplimente los formularios en horario lectivo bajo la supervisión directa del profesorado y de los equipos directivos.

Cuestionarios completamente anónimos

Para asegurar la fiabilidad y la transparencia de los datos, la normativa estipula que los cuestionarios serán completamente anónimos, al no incorporar ningún código ni elemento identificativo que permita vincular las respuestas con un alumno concreto, de forma que se exime así de la aplicación estricta de la normativa sobre protección de datos personales.

El periodo oficial de cumplimentación telemática transcurrirá entre el 26 de octubre y el 18 de diciembre de 2026, ambos inclusive. Con posterioridad a este plazo, la administración autonómica elaborará un informe individualizado para cada centro participante, con el objetivo de proporcionar a las comunidades educativas una herramienta útil de reflexión y planificación estratégica.

Esta iniciativa se enmarca en un contexto de creciente preocupación institucional por la calidad y la equidad del sistema educativo valenciano, especialmente tras las recientes señales de alarma arrojadas por informes de evaluación comparada como PISA, que exigen diagnósticos precisos para orientar los recursos públicos y combatir las desigualdades de rendimiento en las aulas.

Las entidades y asambleas de la comunidad educativa valenciana han impulsado una propuesta conjunta de hoja de ruta para mantener la presión sobre la Conselleria de Educación y exigir la reapertura efectiva de las negociaciones. El calendario planteado, que será sometido a votación del profesorado y del personal de atención educativa y de administración entre el 19 y el 23 de octubre, combina jornadas de huelga general, movilizaciones descentralizadas y una campaña continuada de protesta bautizada como el “Novembre Verd”.

La iniciativa nace de las aportaciones del conjunto de colectivos tras las movilizaciones de final del pasado curso y busca dotar al sector de una respuesta coordinada ante la falta de acuerdos concretos con la administración autonómica. El objetivo principal de estas movilizaciones radica en “mantener la presión sobre la Conselleria de Educació, exigir la reanudación efectiva de les negociaciones y avanzar en las reivindicaciones de la comunitat educativa”.

El calendario de grandes movilizaciones contempla como primera cita clave la jornada de huelga general del próximo 11 de noviembre, que contará con un bloque específico enfocado en la enseñanza pública. Asimismo, la estrategia prevé la celebración de manifestaciones en las capitales de provincia el sábado 12 de diciembre.

De cara al inicio del segundo trimestre, el proceso de consulta ofrece dos opciones alternativas para secundar huelgas sectoriales por provincias: una primera horquilla fijada para los días 19 de enero en Alicante, 20 de enero en Valencia y 21 de enero en Castellón; y una segunda alternativa los días 2, 3 y 4 de febrero. Con ello se busca consolidar una escalada progresiva del conflicto en función de la respuesta del departamento que dirige Carmen Ortí.

El “Novembre Verd” y la presión en los centros

Como eje vertebrador de la protesta a corto plazo, el plan establece el inicio del 'Novembre Verd', una ronda continuada de concentraciones que tendrán lugar tanto en horario matinal como vespertino frente a la sede de la Conselleria en València, las direcciones territoriales de Alicante y Castelló, y otros puntos. Estas movilizaciones pretenden facilitar la participación de familias, alumnado y profesorado por medio de turnos rotatorios de hora y media de duración.

En el ámbito de los centros educativos, la hoja de ruta fomenta los denominados “dijous combatius”, el uso diario de prendas reivindicativas, la remisión masiva de escritos de queja y el cumplimiento estricto del horario laboral con la suspensión de actividades voluntarias. Además, se promoverán acciones comarcales y locales —como bicicletades, marchas y actos culturales— en colaboración con otros servicios públicos y movimientos sociales.

Para validar la estrategia, los convocantes han habilitado un sistema de votación telemática idéntico al empleado en los procesos anteriores del pasado mes de junio. El formulario permitirá al personal docente posicionarse sobre el documento global, elegir las fechas de los paros previstos para el segundo trimestre y determinar el grado de participación semanal en las concentraciones del 'Novembre Verd', garantizando que cualquier modificación sustancial responda a una decisión colectiva y verificable.

Investigadores de la UPV desarrollan un sistema de IA que ayuda a detectar sexismo en videos y memes de TikTok

El modelo combina el análisis de los vídeos y memes con datos sobre la actividad cerebral, el movimiento de los ojos y el ritmo cardíaco de las personas al ver estos contenidos

Ayuda a identificar mensajes sexistas, especialmente cuando aparecen disfrazados de humor o dependen del contexto

Un equipo de investigadores del grupo PRHLT de la Universitat Politècnica de València (UPV) ha desarrollado un nuevo sistema de inteligencia artificial que ayuda a detectar contenidos y mensajes sexistas en memes y videos de TikTok. El sistema combina el análisis del contenido de los vídeos con datos sobre la actividad cerebral, el movimiento de los ojos y el ritmo cardíaco de los espectadores.

“Muchas veces, tanto en los memes como en los videos de TikTok, existen contenidos en los que el sexismo aparece camuflado mediante el humor, la ironía, los estereotipos o comentarios aparentemente inofensivos. Además, para interpretar correctamente un vídeo es necesario tener en cuenta simultáneamente el lenguaje, los textos que aparecen en pantalla, las imágenes, los gestos y el contexto. Nuestro sistema ayuda a detectar y denunciar esos contenidos sexistas de forma más eficaz que los sistemas utilizados actualmente”, apunta Iván Arcos, investigador del PRHLT.

¿Qué ocurre cuando vemos contenido sexista?

Para desarrollar el sistema, los investigadores analizaron unos cuatro mil memes y unos dos mil quinientos vídeos de TikTok en español e inglés, procedentes de los conjuntos de datos de EXIST, una competición internacional sobre detección de sexismo en redes sociales. “Trabajamos con diez personas en el estudio con vídeos y con dieciséis en el de memes, que visualizaron estos contenidos mientras se registraban sus respuestas mediante seguimiento ocular, electroencefalografía (EEG) y medición del ritmo cardíaco”, explica Paolo Rosso, catedrático del Departamento de Sistemas Informáticos y Computación y miembro de ValgrAI (Valencian Graduate School and Research Network of Artificial Intelligence).

Y, según recoge el estudio, las reacciones ante contenidos sexistas y no sexistas fueron muy diferentes. Los vídeos sexistas generaron, entre otros efectos, mayores tiempos de reacción y un incremento de las fijaciones de la mirada, además de diferencias en determinados patrones de actividad cerebral. En concreto, el número medio de fijaciones de la mirada aumentó en los vídeos en los que muestran o juzgan situaciones sexistas.

Los movimientos rápidos de los ojos de un punto a otro (sacadas) y los parpadeos siguieron la misma tendencia, y el ritmo cardíaco mostró mayores fluctuaciones ante los vídeos sexistas. En el caso de los memes se observó un patrón similar. “La respuesta también variaba según el tipo de sexismo. El estudio distingue, por ejemplo, entre sexismo directo y contenidos que muestran o juzgan situaciones sexistas, cuya correcta interpretación exige comprender mejor la intención y el contexto del mensaje”, explica Iván Arcos.

Según los investigadores, estas diferencias en la mirada reflejan una mayor carga cognitiva: cuanto más difícil es interpretar un contenido, más se detiene y se desplaza la mirada, porque el espectador explora la pantalla en busca de pistas (el texto, los gestos, el contexto) antes de decidir qué significa. Por eso el efecto es máximo en los vídeos que muestran o juzgan situaciones sexistas, en los que no basta con reconocer lo que aparece en pantalla, sino que además hay que deducir cuál es la postura de quien lo publica.

“El EEG registra la actividad eléctrica del cerebro a través de 16 electrodos, o canales, colocados sobre la cabeza, y permite distinguir entre ondas cerebrales lentas y rápidas. Cuando los sujetos veían un vídeo sexista, las ondas lentas (delta, theta y alfa) perdían intensidad en los canales de la zona central y parietal, es decir, en la parte alta y trasera de la cabeza. Puede parecer contradictorio, pero es una señal de que el cerebro está prestando más atención: estas ondas, sobre todo las alfa, son más intensas cuando el cerebro está relajado y se reducen cuando se concentra”, explica Iván Arcos.

En cambio, en los vídeos que muestran o juzgan situaciones sexistas, frente a los de sexismo directo, aumentaron las ondas rápidas (beta y gamma) en los canales de la parte frontal y del lado derecho de la cabeza. “Estas ondas se asocian a un razonamiento más elaborado. El sexismo directo basta con reconocerlo, pero en estos vídeos el cerebro tiene que analizar el contexto para entender qué quiere decir quien los publica”, añade Arcos.

Por su parte, los vídeos de violencia sexual redujeron la intensidad de las ondas cerebrales en todos los canales en los que se detectaron diferencias, sobre todo en el lado derecho de la cabeza. Como ocurría con los vídeos sexistas en general, esta reducción indica una mayor implicación del cerebro, en este caso ante un contenido emocionalmente muy desagradable. Además, que se concentre en el lado derecho coincide con estudios previos que muestran que los dos hemisferios no procesan las emociones de la misma forma.

Identificar contenidos sexistas y actuar sobre ellos

A partir de estas diferencias, el equipo de la UPV desarrolló el modelo de inteligencia artificial, combinando las señales fisiológicas con la información textual y visual extraída de los vídeos. El trabajo se acaba de presentar en el XLII Congreso Internacional de la Sociedad Española de Procesamiento del Lenguaje Natural. “Frente al sistema basado únicamente en texto e imágenes, la incorporación de las respuestas fisiológicas mejoró de aproximadamente un 4% la detección de si un vídeo era sexista o no; y de más de un 6% la diferenciación entre sexismo directo y valorativo, así como la clasificación de las diferentes categorías de sexismo. Las mayores mejoras se dan precisamente en los casos más difíciles, cuando hay que interpretar la intención del mensaje o distinguir las categorías más ambiguas, como la cosificación o la desigualdad ideológica. En el caso de los memes, la mejora alcanzó el 26,3 % en la categoría más difícil de identificar, la misoginia y violencia no sexual. Así, al detectar mejor el sexismo, incluido el más implícito o camuflado, nuestra herramienta podría ayudar a las plataformas a identificar estos contenidos y actuar sobre ellos”, concluye Paolo Rosso.

La Generalitat ha puesto en marcha el procedimiento para aprobar la revisión del Plan de Acción Territorial sobre Prevención del Riesgo de Inundación en la Comunitat Valenciana (Patricova). Esta primera fase se centra en el área geográfica más castigada por la dana de octubre de 2024, cuyas conclusiones técnicas revelan un incremento superior al 60% de la superficie catalogada como zona inundable en comparación con la cartografía anterior.

El vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha presentado los resultados de este análisis ante medio centenar de alcaldes y representantes municipales. En el acto también han participado el comisionado para la Recuperación, Raúl Mérida; la secretaria autonómica de Medioambiente y Territorio, Sabina Goretti Galindo; el director general de Urbanismo, Miguel Ángel Ivorra; y Félix Francés, responsable del Grupo de Investigación de Modelación Hidrológica y Ambiental de la Universitat Politècnica de València (UPV).

Martínez Mus ha admitido que la catástrofe de 2024 “evidenció que la realidad de la inundación superó los escenarios que reflejaban nuestras cartografías de riesgo”. Los estudios confirman que fenómenos de tal magnitud se producen en una franja estimada de entre 1.000 y 2.000 años de periodo de retorno. “Pero lo improbable no significa imposible y la planificación territorial debe estar preparada también para esos escenarios”, ha incidido el vicepresidente, que ha subrayado la necesidad de actualizar las herramientas de análisis.

Para modelizar estos episodios extremos, los equipos técnicos han analizado más de 11.700 datos procedentes de 1.090 pluviómetros. Los trabajos de detalle abarcan 51 localidades y se focalizan en cuatro ámbitos clave: el Alto Magro, el Bajo Magro, los barrancos de l’Horta Sud y el Bajo Turia, aguas abajo del embalse de Loriguilla.

Nuevas restricciones y prohibición de subterráneos

La cartografía actualizada establece siete niveles de peligrosidad asociados a periodos de retorno de 25, 100, 500 y 2.000 años. Partiendo de estos datos, los expertos reclaman aplicar el principio de cautela y modificar profundamente el planeamiento urbanístico, ya que el estudio demuestra que la integración del riesgo de inundación por parte de los ayuntamientos ha sido hasta ahora “parcial y desigual”.

Ante este diagnóstico, el plan contempla medidas severas como la prohibición directa de construir aparcamientos subterráneos en áreas de peligrosidad media, vetos absolutos en los enclaves más expuestos, la obligación de adaptar las edificaciones a las cotas de inundación y el diseño de infraestructuras verdes y zonas de laminación.

El anuncio formal de la revisión del plan se publicará este viernes en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), momento en el que se abrirá el correspondiente periodo de información pública y de notificación a los ayuntamientos afectados y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ). El objetivo final del Consell es extender progresivamente esta metodología científica al conjunto del territorio autonómico para “conocer mejor para decidir mejor; decidir mejor para proteger mejor”.

La tensión en el ámbito educativo valenciano regresa a primer plano. Los sindicatos de la enseñanza pública no universitaria STEPV, CCOO y UGT han anunciado este martes que retomarán las movilizaciones y barajan la reactivación de la huelga indefinida del profesorado. La decisión responde a lo que califican como una ruptura de la confianza y de la buena fe negociadora por parte de la Conselleria de Educación, tras considerar insuficientes las propuestas planteadas para resolver las reivindicaciones del sector.

“La conselleria ha roto la confianza, la buena fe negociadora, otra vez y dinamita toda la voluntad de acuerdo que estamos mostrando desde la suspensión de la huelga”, ha manifestado el delegado sindical de UGT Ensenyament en el País Valencià, Kilian Cuerda. Las declaraciones se han producido en una rueda de prensa convocada a las puertas de la Conselleria de Educación, después de que los representantes sindicales denunciaran la denegación de autorización para celebrarla en el interior del edificio oficial.

Desde las organizaciones sindicales critican que la propuesta del departamento que dirige Carmen Ortí se limite a un calendario de 47 mesas ordinarias para el curso 2026/2027 que, a su juicio, elude los temas troncales planteados tras los paros de mayo y junio. Entre las cuestiones pendientes, Marc Candela, coordinador de Acción Sindical del STEPV, ha recordado la recuperación del poder adquisitivo del profesorado, la mejora de la red de infraestructuras y el impulso efectivo de la educación en valenciano.

Primeras acciones y llamada a la huelga general

Como respuesta inmediata al bloqueo, los sindicatos han convocado una gran asamblea abierta a todo el profesorado para el próximo martes, 20 de octubre, con el objetivo de definir una postura firme de presión. Asimismo, han realizado un llamamiento formal a la comunidad docente para secundar la huelga general prevista para el próximo 11 de noviembre, y buscan articular un bloque potente contra la masificación de las aulas, la falta de cobertura en las sustituciones y los recortes presupuestarios en las plantillas.

El malestar sindical también se extiende a medidas recientes de la administración, como la modificación del decreto de comisiones de servicio —rechazada también por CSIF y ANPE—, y a lo que Cuerda ha calificado de “provocación” en alusión a las políticas de control sobre el profesorado. En este escenario, los representantes sindicales confían en que el encuentro previsto para el próximo 21 de octubre con la consellera Carmen Ortí suponga un “gesto” y un cambio radical de postura, aunque advierten de que mantendrán las protestas si no se presentan soluciones tangibles.

Las negociaciones “nunca se han roto”

Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha rechazado tajantemente las acusaciones de inacción, y ha defendido la continuidad del diálogo institucional. “No podemos retomar unas negociaciones que nunca se han roto. Nosotros hemos estado negociando desde hace meses, en julio estuvimos negociando, continuamos negociando y hemos planteado un calendario de 47 mesas de negociación. La negociación en ningún momento se ha roto”, ha afirmado, y ha reiterado la invitación a los tres sindicatos para que se sumen a los espacios de diálogo establecidos.

En paralelo, la Coordinadora d'Assemblees Docents del País Valenciano (CADPV) ha remitido una petición formal a la conselleria para exigir la apertura inmediata de un proceso negociador con plazos definidos y compromisos verificables. Desde la coordinadora advierten de que la situación de la enseñanza pública requiere de “responsabilidad institucional” y de medidas estructurales urgentes que vayan más allá de las meras declaraciones de intenciones, así como que se consolide un canal de comunicación permanente que evite la cronificación del conflicto en las aulas valencianas.

Hasta tres informes llegaron a recomendar que el Museo de Villena (MUVI) tuviera vigilantes las 24 horas del día los siete días de la semana antes de que se produjera el robo del Tesoro el pasado mes de agosto.

Esta es una de las principales conclusiones de la segunda sesión de la comisión municipal que investiga este suceso en el Ayuntamiento de la localidad y que se ha celebrado este miércoles.

Así lo ha trasladado el portavoz municipal del PP, Miguel Ángel Salguero, quien ha sostenido que el primer informe es el del exjefe de seguridad del Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), Tomás Jiménez, uno de los comparecientes hoy y que en su momento actuó como asesor de seguridad del MUVI.

Este expediente fue solicitado por el alcalde de Villena en 2019, Francisco Javier Esquembre.

El segundo informe, según el portavoz popular, fue de una auditoría también a petición del Ayuntamiento, mientras que el tercero es el de la Policía Autonómica.

“Esto deja una reflexión”, ha sostenido Salguero, quien ha añadido que “una cosa es lo que obliga a una institución” y otra es “hacer todo lo que esté en su mano para cumplir con los requisitos necesarios”.

El concejal del PP también ha explicado que el director de Museos de la Generalitat, Nicolás Sergio Bugeda, que había sido citado hoy, ha pedido venir la semana que viene, algo que no se le ha permitido porque, según Salguero, el secretario de la comisión ha afirmado que “esta no es una comisión a la carta”.

Desde Vox, Ana María Cerdán ha explicado que todavía les falta documentación que habían pedido al equipo de gobierno, como informes de la directora del MUVI, Laura Hernández, a Conselleria, además de la documentación que acredite que la cámara era acorazada y la vitrina blindada.

Por su parte, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Martínez, del PSPV-PSOE, ha confirmado que esas recomendaciones de incorporar una persona de seguridad las 24 horas se hicieron, pero que en el caso del exjefe de seguridad del MARQ ese mismo informe aseguraba que ya se cumplían las medidas de seguridad exigidas.

Sobre si la presencia de un vigilante durante el robo hubiera cambiado algo, Martínez ha sostenido que “si coincide que cuando hacen la intrusión está delante de los monitores, pues sí que podía haber hecho la llamada en el mismo tiempo de respuesta, pero si está haciendo una ronda, pues el protocolo hubiera sido el mismo”, ya que al saltar la alarma en centralita el vigilante tendría que haber ido a encerrarse a su cuarto y dar información al resto de cuerpos de seguridad.

A la sesión de este miércoles han acudido el intendente jefe de la Policía Local de Villena, Bertino Óscar Ponce, el técnico de mantenimiento del MUVI, Francisco Javier Martínez, el técnico municipal responsable de Patrimonio, Jsoé Pérez Amorós, el responsable de la empresa de seguridad del museo y la directora del MUVI, Laura Hernández, mientras que los cargos dependientes de la Generalitat, como Bugeda y el inspector jefe operativo de la Policía Autonómica, José Antonio Fernández, se han ausentado.

“No deja de ser irónico que sean los cargos del Partido Popular quienes se desentiendan y no quieran venir a una comisión que ha pedido el propio Partido Popular”, ha sentenciado el portavoz municipal. 

La Conselleria d'Educació ha descartat investigar la concessió de fons públics a set col·legis concertats de la Comunitat Valenciana que separen l'alumnat per sexe. El departament dirigit per Carmen Ortí ha inadmés el requeriment presentat el passat mes de maig pel grup parlamentari Compromís, amb l'argument que els diputats impulsors de la denúncia no van aportar prou proves per a justificar l'obertura d'un expedient d'extinció dels concerts.

Educació ha respost així a la petició registrada per Compromís a través del seu síndic, Joan Baldoví, i del diputat Gerard Fullana, que reclamaven la retirada del finançament públic als centres privats Altozano i Aitana (Alacant); Vilavella, El Vedat i Guadalaviar (València), i Torrenova i Miralvent (Castelló). Segons la formació valencianista, mantindre el concert durant un període de sis exercicis a aquests centres —que van escolaritzar quasi 4.000 alumnes en règim de segregació durant el curs 2025-2026— suposa una despesa de 72,6 milions d'euros dels pressupostos autonòmics que, segons asseguren, incompleix directament la Llei orgànica d'educació (LOE) i la normativa autonòmica de coeducació.

Davant d'aquest requeriment, presentat el 4 de maig, el director general de Centres Docents, Jorge Cabo, va exigir als representants de Compromís l'aportació de documentació probatòria addicional. Després d'expirar els terminis legals establits sense que els diputats accediren a la notificació electrònica ni aportaren nous elements de prova, la consellera Carmen Ortí va firmar el passat 15 de juliol de 2026 la resolució definitiva d'inadmissió del procediment.

La Conselleria argumenta que no consta en els registres de la Generalitat Valenciana cap denúncia formal prèvia per discriminació formulada per l'alumnat o les famílies i defensa que la falta d'aportació documental impedeix iniciar d'ofici la tramitació sancionadora o de rescissió contractual.

Enfrontament a les Corts

Aquesta qüestió ha protagonitzat aquest dimarts part del debat en el ple de les Corts Valencianes, on Gerard Fullana ha retret a la titular d'Educació la seua negativa a investigar la legalitat dels pagaments. “És vosté, que paga aquests centres, qui ha d'investigar, no els diputats de l'oposició”, ha criticat el parlamentari valencianista, que ha qüestionat la coherència del Consell en renovar milions d'euros a escoles que, a parer seu, vulneren frontalment el marc normatiu vigent.

Per la seua banda, la consellera Carmen Ortí ha respost responsabilitzant els anteriors governants del Botànic d'haver mantingut aquest model de finançament en etapes anteriors. La responsable d'Educació ha defensat que les famílies han de disposar de llibertat per a triar la formació moral dels seus fills, emparant-se en l'article 27 de la Constitució espanyola, alhora que ha criticat la “doble vara de mesurar” de Fullana, en recordar-li que el Botànic va renovar aquests concerts durant els huit anys que va governar la Generalitat i que va destinar 152 milions d'euros al finançament d'aquests centres.