Alrededor de las 13 horas, la Conselleria de Educación remitía a los sindicatos docentes presentes en la mesa de negociación -STEPV, CCOO, UGT, CSIF y UGT- su última propuesta para intentar resolver el conflicto laboral en la enseñanza pública no universitaria de la Comunitat Valenciana. El documento del Gobierno valenciano detalla una inversión plurianual que aseguran que alcanzará los 3.338,26 millones de euros entre los ejercicios de 2026 y 2031. Esta inyección presupuestaria se desplegará de forma progresiva comenzando con 661,27 millones este mismo año y articula un plan estratégico centrado en la modernización de infraestructuras, la ampliación estructural de las plantillas docentes, un “drástico” recorte de las ratios de alumnado y una mejora en las condiciones salariales del profesorado valenciano.

Esta nueva propuesta llega cuando los docentes valencianos llevan cinco semanas de huelga indefinida -veintidós jornadas de paros- y después de la maratoniana reunión del lunes, de casi doce horas de duración -recesos incluidos-, en la que se produjeron algunos avances, según reconocían ambas partes.

En el escrito de Educación, el capítulo de personal representa uno de los pilares del acuerdo a través del denominado “Pla +Mestre”, presupuestado en 469,12 millones de euros. El Consell se compromete a realizar 5.000 nuevas contrataciones fijas para reforzar las plantillas y la inclusión educativa, además de la estabilización de 10.000 plazas —con un mínimo del 50 % reservado a la atención inclusiva— y la adscripción de otros 2.742 docentes específicos para acometer el descenso de ratios. Este incremento de personal permitirá reducir el número de alumnos por aula de cara al curso 2030/2031: Infantil y Primaria bajarán un 12 % (hasta 22 alumnos); Educación Secundaria Obligatoria disminuirá un 17 % (25 alumnos); y Bachillerato se reducirá un 20 % (28 alumnos). La Formación Profesional y las Escuelas Oficiales de Idiomas también registrarán recortes de ratio de hasta el 17 % y el 10 % respectivamente, fijando además un límite máximo de 8 alumnos en las aulas de unidades específicas en centros ordinarios (UECO).

Por lo que respecta a las infraestructuras, la dotación económica se eleva hasta los 1.409,7 millones de euros. Entre las principales novedades destaca la creación del “Pla EduClima”, una partida de 140 millones de euros —que incluye una línea específica de 2 millones para la zona afectada por la dana— destinada a garantizar la climatización del 100 % de las aulas del territorio. Asimismo, la Generalitat blindará y reforzará el Plan Edificant con 829,7 millones entre 2026 y 2029, a los que se sumarán 400 millones de inversión directa autonómica y los 40 millones del “Pla Recol·le” para la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética en centros de propiedad municipal (CEIP y CEE). Toda la planificación constructiva tendrá como prioridad contractual la erradicación definitiva de las aulas prefabricadas.

La propuesta también aborda el conflicto retributivo mediante un desembolso acumulado de 802,3 millones de euros para financiar una subida salarial lineal de 200 euros mensuales por docente, cuyos incrementos futuros quedarán vinculados formalmente a la evolución del IPC. Paralelamente, Educación destinará 658 millones de euros a garantizar la gratuidad total del tramo de 0 a 3 años y a la mejora de sus ratios correspondientes. Dentro del apartado social y laboral, el borrador recoge una flexibilización de las condiciones de trabajo, blindando el derecho a la desconexión digital, reduciendo la jornada lectiva para los mayores de 55 años y permitiendo el trabajo no presencial fuera del centro durante el mes de julio, limitando la presencialidad exclusivamente a las reuniones y tareas de coordinación indispensables.

Finalmente, el documento técnico contiene un paquete de 20 medidas de simplificación burocrática orientadas a aliviar la carga administrativa del profesorado, las cuales se tramitarán mediante un decreto del Consell en un plazo máximo de seis meses tras la firma del acuerdo. Entre estas iniciativas destaca la implantación del Expediente Digital del Docente (EDEN) para el curso 2026/2027, la automatización de oficio de recursos extraordinarios y evaluaciones diagnósticas virtuales, y la introducción de herramientas de inteligencia artificial para la traducción automática de documentos entre el valenciano y el castellano. El texto también contempla la asunción de competencias en materia de Personal de Administración y Servicios (PAS), permitiendo la incorporación progresiva de auxiliares administrativos para agilizar el funcionamiento diario de las escuelas e institutos valencianos.

El hallazgo de decenas de cascos de hierro frente a la costa de Benicarló (Castellón) ha permitido resolver un enigma arqueológico que llevaba décadas sin respuesta. Un nuevo estudio publciado en la revista Antiquity ha logrado datar directamente los tejidos conservados en el interior de varias de estas piezas mediante radiocarbono, una técnica nunca antes aplicada a un conjunto de cascos metálicos recuperados en un contexto submarino. Los resultados sitúan el depósito entre finales del siglo XIV y comienzos del XV y obligan a revisar las interpretaciones previas sobre unos objetos que durante años se consideraron mucho más antiguos.

Los cascos fueron recuperados en 1990 en el yacimiento submarino de Piedras de la Barbada, frente a la desembocadura de la Rambla de Cervera, en la localidad valenciana de Benicarló. El conjunto apareció a unos seis metros de profundidad, formando grandes masas de hierro soldadas por la corrosión y cubiertas por concreciones marinas. Debido a la presencia en la zona de materiales de época antigua, incluidos restos romanos y cascos de tradición itálica, inicialmente se pensó que las piezas pertenecían también a periodos muy anteriores. Sin embargo, una nueva revisión del material llevó a los investigadores a sospechar que su cronología era mucho más reciente.

Tejidos conservados durante siglos bajo el mar

La clave para resolver el problema apareció en el interior de algunos cascos. Las concreciones marinas y los sedimentos atrapados entre las piezas crearon pequeños microambientes que permitieron la conservación excepcional de fragmentos textiles asociados al uso de los cascos. Estos restos orgánicos sobrevivieron protegidos entre el metal, los productos de corrosión y los depósitos sedimentarios, algo extremadamente poco habitual en contextos submarinos.

Los investigadores sometieron esos tejidos a una batería de análisis microscópicos, químicos y radiométricos. El estudio identificó fibras vegetales tejidas en un patrón sencillo y resistente. Además de caracterizar su composición, estos fragmentos permitieron obtener fechas absolutas mediante espectrometría de masas con acelerador, una metodología que proporciona cronologías mucho más precisas que las comparaciones tipológicas tradicionales.

Las dataciones realizadas en dos laboratorios independientes ofrecieron resultados muy similares. Cuatro de las cinco muestras analizadas situaron el conjunto entre el último cuarto del siglo XIV y las primeras décadas del XV. Aunque una muestra proporcionó una fecha más tardía, los autores consideran que probablemente se trata de una anomalía causada por contaminación posterior o por alteraciones sufridas durante siglos bajo el agua. En conjunto, la evidencia apunta a que las piezas corresponden a una cronología homogénea y podrían estar relacionadas con un mismo acontecimiento.

Un equipo militar anterior a las grandes armaduras europeas

La cronología obtenida encaja también con el análisis formal de las piezas. Los cascos presentan características que los sitúan en una fase de transición anterior a la estandarización de las armaduras europeas que se produciría durante el siglo XV. Algunos muestran crestas longitudinales y formas hemisféricas, mientras que otros recuerdan a modelos utilizados por infanterías ligeras en diferentes regiones europeas. Según los investigadores, estas piezas habrían sido fabricadas en talleres secundarios o regionales, lejos de los grandes centros productores que dominarían el mercado armamentístico europeo décadas después.

Aunque el origen exacto de los cascos sigue siendo incierto, el estudio plantea distintas posibilidades sobre su procedencia y circulación. Su diseño sencillo y funcional apunta a equipamiento utilizado por soldados de infantería y no por miembros de las élites militares. Precisamente por ello, el conjunto ofrece una oportunidad poco habitual para estudiar armamento cotidiano de un periodo mucho menos documentado que el de las grandes armaduras nobiliarias conservadas en museos y colecciones.

El hallazgo también aporta información sobre el contexto histórico de la costa valenciana en los siglos XIV y XV. Los autores recuerdan que aquel fue un periodo marcado por conflictos políticos, inseguridad marítima y frecuentes incursiones piráticas procedentes del Mediterráneo occidental. La necesidad de proteger las poblaciones costeras impulsó la construcción de defensas y la movilización de milicias locales. En ese contexto, el conjunto recuperado frente a Benicarló constituye una valiosa evidencia arqueológica de la circulación y utilización de equipamiento militar durante la Baja Edad Media. Más allá de la datación de estos cascos, el estudio demuestra cómo la combinación de arqueometría y arqueología subacuática puede aportar nuevas herramientas para reinterpretar hallazgos históricos que han permanecido durante siglos bajo las aguas del Mediterráneo.

La Conselleria d'Educació i les organitzacions sindicals han tancat aquest dilluns les negociacions en tres blocs estratègics —reducció de la burocràcia, infraestructures i ràtios escolars—, en el marc d'una nova maratoniana jornada de la mesa sectorial (l'onzena des que va començar la vaga indefinida l'11 de maig) que coincideix amb l'inici de la cinquena setmana d'aturades en l'ensenyament públic no universitari valencià. Malgrat els significatius avanços reconeguts per les parts, la trobada ha conclòs sense cap signatura oficial. Les centrals sindicals majoritàries han supeditat qualsevol rúbrica definitiva a l'aval dels seus respectius òrgans de govern (CSIF i ANPE) i les bases del professorat (STEPV, CCOO i UGT), després d'analitzar el document definitiu que el secretari autonòmic, Daniel McEvoy, s'ha compromès a remetre formalment el matí de dimarts abans de les 12 hores.

La jornada, que s'ha estès des de poc abans de les onze del matí fins a passades les 22 hores amb un parell de recesos, ha estat marcada per un gir en la dinàmica negociadora. Els portaveus de STEPV, CCOO i UGT han coincidit en assenyalar que el tarannà de la conselleria ha estat “radicalment diferent” al de cites anteriors, una rectificació que atribueixen directament a la persistència de les mobilitzacions als carrers i a la pressió afegida que les sessions es retransmetan per streaming des del passat divendres. Mentre a l'interior se succeïen els debats, a les portes de la seu d'Educació, a l'avinguda de Campanar de València, desenes de docents han mantingut una concentració de suport, arropats en aquesta ocasió per la Plataforma per la Millora i Defensa de la Sanitat Pública Valenciana.

En el bloc d'infraestructures, el departament que dirigeix Carmen Ortí ha incorporat el compromís per escrit de prioritzar l'eliminació de les aules prefabricades en tots els seus plans d'inversió. Així mateix, Educació ha acceptat adjuntar un annex tècnic que detalle l'estat d'execució i les memòries de les obres de reconstrucció en els centres educatius afectats per la dana. Al mateix temps, Ortí ha avançat la redacció d'un pla director dissenyat per mitigar el confort tèrmic a les aules, adaptant-se a les diferents casuístiques geogràfiques i estructurals de la xarxa escolar de la Comunitat Valenciana.

Pel que fa a les ràtios, la proposta definitiva de la Generalitat preveu un descens progressiu en totes les etapes, que la consellera ha qualificat d'“ambiciosa” per avançar-se a les previsions del ministeri. El pla estipula una reducció del 12 % en Infantil i Primària (fixa el límit en 22 alumnes), del 17 % en l'ESO (25 alumnes), del 20 % en Batxillerat (28 alumnes) i del 17 % en Formació Professional, a més d'una retallada del 10 % a les Escoles Oficials d'Idiomes i una partida de 658 milions d'euros per al tram de 0 a 3 anys. En matèria de simplificació administrativa, el preacord abasta 20 mesures orientades a alleujar la càrrega del professorat —que es tramitaran per decret en un termini de sis mesos—, destacant la implantació de l'Expedient Digital del Docent (EDEN) de cara al pròxim curs.

Malgrat el clima d'aproximació, el conflicte retributiu continua presentant-se com el principal escull per desconvocar de forma immediata les aturades. Els sindicats majoritaris exigeixen de forma unànime “reobrir des del principi” el debat salarial, en denunciar que el text literal del document no aclareix la vinculació a l'IPC de la pujada de 200 euros que la conselleria va pactar inicialment amb les forces minoritàries (ANPE i CSIF). Per la seua banda, Carmen Ortí ha refredat la possibilitat de modificar aquest apartat, en recordar que aquest increment ja constitueix “un compromís assumit i signat” pel Consell, alhora que ha suggerit que, davant l'evidència que la Conselleria està assumint les demandes sindicals en un marc responsable, les mobilitzacions “perden sentit per si mateixes”.

Ortí ha convocat els sindicats el pròxim dijous, a les 9 hores, perquè decidisquen si rubriquen l'acord que han de rebre aquest dimarts. Una vegada rebut, STEPV, CCOO i UGT convocaran una nova consulta perquè els docents decidisquen si secunden o no l'última proposta del Govern valencià.

La Conselleria de Educación y las organizaciones sindicales han cerrado este lunes las negociaciones en tres bloques estratégicos —reducción de la burocracia, infraestructuras y ratios escolares—, en el marco de una nueva maratoniana jornada de la mesa sectorial (la undécima desde que empezó la huelga indefinida el 11 de mayo) que coincide con el inicio de la quinta semana de paros en la enseñanza pública no universitaria valenciana. Pese a los significativos avances reconocidos por las partes, el encuentro ha concluido sin ninguna firma oficial. Las centrales sindicales mayoritarias han supeditado cualquier rúbrica definitiva al aval de sus respectivos órganos de gobierno (CSIF y ANPE) y las bases del profesorado (STEPV, CCOO y UGT), tras analizar el documento definitivo que el secretario autonómico, Daniel McEvoy, se ha comprometido a remitir formalmente la mañana del martes antes de las 12 horas.

La jornada, que se ha extendido desde poco antes las once de la mañana hasta altas horas de la noche con un par de recesos, ha estado marcada por un giro en la dinámica negociadora. Los portavoces de STEPV, CCOO y UGT coincidieron en señalar que el talante de la conselleria ha sido “radicalmente distinto” al de citas anteriores, una rectificación que atribuyen directamente a la persistencia de las movilizaciones en las calles y a la presión añadida de que las sesiones se retransmitan por streaming desde el pasado viernes. Mientras en el interior se sucedían los debates, a las puertas de la sede de Educación en la avenida de Campanar de València decenas de docentes mantuvieron una concentración de apoyo, arropados en esta ocasión por la Plataforma per la Millora i Defensa de la Sanitat Pública Valenciana.

En el bloque de infraestructuras, el departamento que dirige Carmen Ortí ha incorporado el compromiso por escrito de priorizar la eliminación de las aulas prefabricadas en todos sus planes de inversión. Asimismo, Educación ha aceptado adjuntar un anexo técnico que detalle el estado de ejecución y las memorias de las obras de reconstrucción en los centros educativos afectados por la dana. Al mismo tiempo, Ortí ha avanzado la redacción de un plan director diseñado para facilitar el confort térmico en las aulas, adaptándose a las diferentes casuísticas geográficas y estructurales de la red escolar de la Comunitat Valenciana.

Por lo que respecta a las ratios, la propuesta definitiva de la Generalitat contempla un descenso progresivo en todas las etapas, que la consellera ha calificado de “ambiciosa” por adelantarse a las previsiones del ministerio. El plan estipula una reducción del 12 % en Infantil y Primaria (fija el límite en 22 alumnos), del 17 % en la ESO (25 alumnos), del 20 % en Bachillerato (28 alumnos) y del 17 % en Formación Profesional, además de un recorte del 10 % en las Escuelas Oficiales de Idiomas y una partida de 658 millones de euros para el tramo de 0 a 3 años. En materia de simplificación administrativa, el preacuerdo abarca 20 medidas orientadas a aliviar la carga del profesorado —que se tramitarán por decreto en un plazo de seis meses—, destacando la implantación del Expediente Digital del Docente (EDEN) de cara al próximo curso.

Pese al clima de aproximación, el conflicto retributivo sigue presentándose como el principal escollo para desconvocar de forma inmediata los paros. Los sindicatos mayoritarios exigen de forma unánime “reabrir desde el principio” el debate salarial, al denunciar que el texto literal del documento no aclara la vinculación al IPC de la subida de 200 euros que la conselleria pactó inicialmente con las fuerzas minoritarias (ANPE y CSIF). Por su parte, Carmen Ortí ha enfriado la posibilidad de modificar este apartado, al recordar que ese incremento ya constituye “un compromiso asumido y firmado” por el Consell, al tiempo que ha sugerido que, ante la evidencia de que la conselleria está asumiendo las demandas sindicales en un marco responsable, las movilizaciones “pierden sentido por sí mismas”.

Ortí ha convocado a los sindicatos el próximo jueves, a las 9 horas, para que decidan si rubrican el acuerdo que deben recibir este martes. Una vez recibido, STEPV, CCOO y UGT convocarán una nueva consulta para que los docentes decidan si secundan o no la última propuesta del Gobierno valenciano.

La operadora de datos del Sistema Automático de Información Hidrográfica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha afirmado a la jueza que investiga la gestión de la catastrófica dana del 29 de octubre de 2024 que ese día recibieron varias llamadas por parte de Delegación de Gobierno interesándose por la situación pero ninguna del Centro de Coordinación de Emergencias (CCE).

La testigo se ha pronunciado así en su declaración en el juzgado de Catarroja, donde hoy estaba citada por la causa de la dana, en la que hay dos investigados: la exconsellera de Justicia e Interior Salomé Pradas y su exnúmero dos Emilio Argüeso.

La operadora ha manifestado que el 29-O entró a trabajar a las 9 horas y no se fue hasta las tres de la madrugada. Ha explicado que el día de la riada los sensores de la pluviometría y el caudal funcionaba “perfectamente” hasta que “la gran cantidad de agua” se llevó algunos de ellos.

Respecto a Riba-roja, ha explicado que no hay sensores de caudal, sino de nivel y éste les da una altura y la curva de gasto les da un caudal. “Recibimos datos de altura cada cinco minutos. Ese dato se convierte en caudal. Si supera determinados umbrales, nos llega un mensaje. El sistema tiene que recibir tres avisos de 30 ml para activarse”, ha dicho.

Ese día, ha dicho, Delegación de Gobierno les llamó “varias veces” --unas siete u ocho veces-- para pedir información pero no les llegó ninguna llamada del CCE, que es el organismo que “tiene centralizada toda la información”.

En un momento determinado, ante la crecida del barranco del Poyo, ha indicado que decidieron enviar correos, aunque estaban “confiados” en que “estaba todo el mundo avisado, que estaban todos los medios, los ayuntamientos, avisados y controlando el caudal”, ha señalado.

Ha explicado que esa tarde no estuvieron constantemente monitorizando el barranco del Poyo porque vigilaban 25 pluviometros, pero vio la crecida al hacer un barrido. Y mandaron los correos --sobre las 18.43 horas--. No obstante, la testigo ha indicado que no pueden confirmar la lectura de los mails enviados.

Ha señalado que, según su normativa interna vigente desde el año 2015, ellos no tienen que llamar, sino mandar correos electrónicos. “Delegación sí pidió un listado de acumulados de lluvia y que yo sepa no recibimos ninguna llamada del Consorcio de Bomberos. Sí llamo el técnico de Buseo y desde Delegación también preguntaron por Buseo”, ha expuesto. Ha concluido señalando que ellos reciben la alerta hidrológica “igual que todo el mundo”. “Y toda la información se manda por correo electrónico”, ha puntualizado.

Arranca la quinta semana de huelga indefinida en la educación pública valenciana —este lunes se alcanza la vigesimoprimera jornada de paros— con una nueva Mesa Sectorial. Se trata ya de la undécima reunión desde que comenzó el conflicto laboral el pasado 11 de mayo, convocada con el objetivo de aproximar posturas hacia un acuerdo definitivo que permita la desconvocatoria de los paros. La mesa, en la que participan la Conselleria de Educación y los cinco sindicatos con representación (STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE), ha comenzado de nuevo con retraso y entre reproches cruzados debido a la propuesta de grabar y emitir en directo la sesión, y a la exigencia de STEPV de contar con tres representantes en la sala en condición de sindicato mayoritario (ostenta el 53 % de la representación del profesorado). Mientras se desarrollaba la reunión, decenas de docentes se han concentrado a las puertas de la Conselleria siguiendo la negociación en directo por sus móviles.

Al inicio del encuentro, los portavoces sindicales han coincidido en que el último borrador remitido por el Consell mejora “notablemente” las propuestas iniciales de la Administración, especialmente en materias clave como las infraestructuras, la simplificación burocrática o la bajada de las ratios de alumnos por aula, aunque matizan que todavía no cubre el total de las demandas de los docentes -insisten en que es necesaria una mayor reducción-. Estas mejoras, según han subrayado las organizaciones, son el “resultado directo” de la presión ejercida por el profesorado en las calles durante las últimas semanas de movilizaciones.

Sin embargo, persisten “líneas rojas” que alejan el consenso definitivo. STEPV, CCOO y UGT han denunciado el “inmovilismo absoluto” del departamento que dirige Carmen Ortí en materia lingüística, un bloque que consideran completamente “bloqueado”. Al mismo tiempo, las tres fuerzas sindicales han insistido en la necesidad de reabrir la negociación salarial para blindar por escrito la vinculación del incremento de 200 euros —pactado inicialmente por la Conselleria con CSIF y ANPE— a la evolución real del IPC.

Por su parte, la Conselleria de Educación insiste en su estrategia de cerrar acuerdos parciales en aquellos bloques sectoriales donde ya existe un consenso, evitando así que las discrepancias en cuestiones ideológicas o presupuestarias, como las retribuciones o la lengua, paralicen los avances logrados en otros ámbitos. Asimismo, la intención de la Administración es que el documento definitivo sobre desburocratización actúe como un texto “vivo” susceptible de incorporar nuevas medidas de simplificación en el futuro.

En el apartado de simplificación administrativa, se incorporan medidas para reducir el papeleo en enseñanzas artísticas y centros superiores, y se propone la creación de una mesa técnica anual para tratar específicamente los desdobles y necesidades organizativas de la Formación Profesional.

El nuevo acuerdo establece como prioridad que todos los planes de inversión deberán priorizar la eliminación definitiva de las aulas prefabricadas. En el caso de los centros afectados por la dana, STEPV ha denunciado que centros afectados por las inundaciones de hace 20 meses siguen con un “cero por ciento” de ejecución de sus obras, y la Conselleria ha aceptado un anexo específico para fiscalizar las actuaciones. También se ha acordado crear reuniones de seguimiento cada tres meses para evaluar el Plan Edificant y la climatización de los centros (Plan Educlima).

Educación se ha comprometido por escrito a no suprimir ninguna unidad de Bachillerato Artístico que tenga alumnos matriculados, incluso si no alcanzan la ratio mínima de 10 estudiantes. Esta medida busca proteger la oferta educativa, especialmente en zonas despobladas. De igual modo, se fija una hoja de ruta para bajar el número de alumnos por aula de forma progresiva en Infantil. Además, se analizará la reducción de ratios en la FP semipresencial y en los centros dependientes del ISEACV durante el curso 2026-2027.

Los sindicatos STEPV, CCOO y UGT han insistido en que deben trasladar el documento a los docentes en una consulta antes de tomar ninguna decisión.

En un moment en què l'educació pública valenciana alça la veu contra el Consell i reclama més recursos per a cobrir deficiències que ja són pràcticament estructurals, Compromís ha denunciat davant el Tribunal de Comptes el finançament amb 72,6 milions d'euros de diners públics de set centres educatius de l'Opus Dei que, segons assegura la formació valencianista, “segreguen il·legalment per sexe”.

El periodista Moisés Pérez analitzava en el seu llibre El negoci de les aules el model dels concerts educatius a la Comunitat Valenciana. En aquesta obra, el redactor d'El Temps explica que el mapa de l'ensenyament concertat a l'autonomia compta amb un sòlid i lucratiu bastió gestionat per mercantils i fundacions vinculades espiritualment a l'Opus Dei.

Així, relata com, a través de la firma Fomento de Centros de Enseñanza SA —nascuda el 1963 sota el paraigua de l'ala tecnòcrata de la dictadura— i d'altres fundacions de caràcter “obra corporativa”, l'organització ultracatòlica ha rebut injeccions milionàries de la Generalitat Valenciana. Això ha permés consolidar un model que històricament ha destacat pel seu elitisme i per la defensa de l'educació segregada, tal com denuncia Compromís.

La investigació de Pérez també al·ludeix al col·legi Altozano, situat a la capital alacantina i tradicionalment segregat per sexes, que va rebre un total de 34,6 milions d'euros en el mateix període. Per la seua part, el col·legi Aitana (Torrellano, Elx), centre de referència al sud del territori valencià i concertat des del curs 1998-1999, va sumar 26,3 milions d'euros fins al 2020.

A la ciutat de València es troba el col·legi Vilavella, incorporat a la xarxa concertada a principis de la dècada dels vuitanta del segle passat, que va rebre subvencions per valor de 23,1 milions d'euros entre 1999 i 2020. Així mateix, a Betxí s'ubiquen els centres Torrenova i Miralvent, que representen el desembarcament del grup a la província de Castelló. Tots dos es van incorporar al règim de concert el 2008 sota el mandat de l'aleshores conseller Alejandro Font de Mora: Torrenova va rebre 11,9 milions d'euros, mentre que Miralvent, el centre masculí del grup, va obtenir 8,2 milions d'euros.

Centres en etapes educatives no obligatòries

Un cas a banda és el col·legi Guadalaviar, a València, que respon al model d'“obra corporativa”. A diferència dels anteriors, no pertany al grup Foment, sinó que està gestionat per una societat anònima d'accionariat dispers vinculada a famílies de l'alta burgesia local. La Generalitat va finançar progressivament les seues etapes de Primària, Secundària, Infantil, Batxillerat i Educació Especial, fins a sumar una aportació total de 39,8 milions d'euros, segons detalla Pérez.

Finalment, els vincles financers de l'organització s'estenen també als centres de capacitació tècnica. La xarxa compta amb tres Escoles Familiars Agràries (EFA): Torrealdua i Malvesia, a Llombai, i El Campico, a Jacarilla, la concertació conjunta de les quals va suposar quasi dos milions d'euros anuals durant la dècada passada. A aquestes se sumen els centres de Formació Professional Altaviana, especialitzat en hoteleria i gestionat per l'Associació Portomar —amb més de 800.000 euros anuals—, i Xabec, gestionat per la Fundació Eifor. Aquest últim, a més de la subvenció derivada del concert educatiu, ha captat 738.255 euros de Labora i 120.311 euros de fons europeus, compaginant els diners públics amb donacions privades de la banca i d'interproveïdors de grans cadenes de supermercats.

En un momento en el que la educación pública valenciana alza la voz contra el Consell y reclama más recursos para cubrir deficiencias que ya son prácticamente estructurales, Compromís ha denunciado ante el Tribunal de Cuentas la financiación con 72,6 millones de euros de dinero público de siete centros educativos del Opus Dei que, según asegura la formación valencianista, “segregan ilegalmente por sexo”.

El periodista Moisés Pérez analizaba en su libro 'El negoci de les aules' el modelo de los conciertos educativos en la Comunitat Valenciana. En esta obra, el redactor de El Temps explica que el mapa de la enseñanza concertada en la autonomía cuenta con un sólido y lucrativo bastión gestionado por mercantiles y fundaciones vinculadas espiritualmente al Opus Dei. Así, relata cómo, a través de la firma Fomento de Centros de Enseñanza S.A. (nacida en 1963 bajo el paraguas del ala tecnócrata de la dictadura) y de otras fundaciones de carácter “obra corporativa”, la organización ultracatólica ha recibido inyecciones millonarias de la Generalitat Valenciana. Esto ha permitido consolidar un modelo que históricamente ha destacado por su elitismo y la defensa de la educación segregada, tal y como denuncia Compromís.

Según recoge la obra, los datos parlamentarios oficiales de la Conselleria de Educación (período 1999-2020) detallan el reparto del dinero público entre los principales colegios de la organización en las tres provincias, que ascendió a cerca de 193 millones de euros. Entre los referentes de Fomento de Centros de Enseñanza destaca el colegio El Vedat (Torrent), ubicado en una zona residencial exclusiva y de tradición estrictamente masculina. Entre 1999 y 2020 acumuló 46,4 millones de euros de las arcas públicas en una progresión constante: recibió 8,6 millones en el tramo 1999-2005; 16,2 millones entre 2006-2012; y consiguió la cifra más alta, con 21,5 millones, entre 2013-2020.

La investigación de Pérez también alude al colegio Altozano, situado en la capital alicantina y tradicionalmente segregador, que recibió una inyección total de 34,6 millones de euros en el mismo período. Por su parte, el colegio Aitana (Torrellano, Elche), centro de referencia en el sur del territorio valenciano y concertado desde el curso 1998-1999, sumó 26,3 millones de euros hasta 2020.

En la ciudad de València se encuentra el colegio Vilavella, incorporado a la red concertada a principios de los década de los ochenta del pasado siglo, cuyas subvenciones alcanzaron los 23,1 millones de euros entre 1999 y 2020. Asimismo, en Betxí se ubican los centros Torrenova y Miralvent, que representan el desembarco del grupo en la provincia de Castellón. Ambos accedieron al concierto en 2008 bajo el mandato del entonces conseller, Alejandro Font de Mora: Torrenova recibió 11,9 millones de euros, mientras que las aulas masculinas de Miralvent obtuvieron 8,2 millones.

Centros en etapas educativas no obligatorias

Mención aparte merece el colegio Guadalaviar, en València, que responde al modelo de “obra corporativa”. A diferencia de los anteriores, no pertenece al grupo Fomento, sino que está gestionado por una Sociedad Anónima de accionariado disperso ligada a familias de la alta burguesía local. La Generalitat financió progresivamente sus etapas de Primaria, Secundaria, Infantil, Bachillerato y Educación Especial, sumando una aportación total de 39,8 millones de euros, según detalla Pérez.

Finalmente, los vínculos financieros de la organización se extienden a centros de capacitación técnica. La red cuenta con tres Escuelas Familiares Agrarias (EFA): Torrealdua y Malvesía (Llombai) y El Campico (Jacarilla), cuya concertación conjunta supuso casi dos millones de euros anuales durante la pasada década. A ellos se suman los centros de Formación Profesional Altaviana, especializado en hostelería y gestionado por la Asociación Portomar (con más de 800.000 euros anuales), y Xabec, gestionado por la Fundación Eifor. Este último, además de la subvención por concierto, ha captado 738.255 euros del servicio autonómico de empleo (Labora) y 120.311 euros de fondos europeos, compaginando el dinero público con donaciones privadas de la banca e interproveedores de grandes cadenas de supermercados.

El sistema sanitari públic valencià s'encamina cap a un estiu de complexitat assistencial extrema. CCOO i UGT han alertat davant del que qualifiquen com una falta crònica d'inversió en personal i retallades estructurals que amenacen amb col·lapsar els serveis d'urgències hospitalàries de tot el territori valencià. La situació es veu agreujada per dos factors concurrents: el col·lapse previ de l'Atenció Primària —que aboca els pacients a acudir als hospitals amb patologies ja agreujades— i el fet que la Conselleria de Sanitat encara no els ha facilitat els detalls del Pla de Vacances per al període estival, segons denuncien els sindicats.

L'escenari més alarmant se situa a l'Hospital Arnau de Vilanova, a València, les urgències del qual es troben al límit del col·lapse després de registrar un increment de més de 10.000 assistències anuals entre 2019 i 2025. Els professionals denuncien que calen almenys 14 metges més per a cobrir el servei de manera digna, ja que l'amuntunament de pacients als corredors i a l'àrea d'observació és una constant diària. La situació empitjorarà a l'estiu, quan un terç de la plantilla se'n vaja de vacances.

El nou pla formatiu dels MIR —que redueix les seues guàrdies obligatòries en urgències— compromet encara més la viabilitat dels torns, atés que cap facultatiu extern accepta contractes de substitució en aquestes condicions. Una asfíxia similar per volum de pacients pateix l'Hospital de Sagunt, que ha passat de 75.000 atencions en urgències el 2018 a unes 88.000 el 2025, després d'haver patit recentment la fuga de tres residents que van optar per contractes més atractius en altres departaments. A més, alerten que en aquest mateix centre hospitalari els pacients han passat d'estar tres hores en urgències a haver d'esperar-ne fins a cinc per a ser atesos.

Davant l'escassesa d'efectius a les borses d'ocupació, les direccions de diversos departaments han començat a aplicar mesures restrictives que augmenten el desgast d'un personal cada vegada més “cremat”. A l'Hospital de la Vila Joiosa (la Marina Baixa), la gerència ja ha traslladat que les lliurances i els dies de descans només es concediran si hi ha personal disponible per a la cobertura, i ha advertit que les baixes sobrevingudes podrien quedar sense cobrir.

El conflicte laboral també ha esclatat a l'Hospital de Gandia, on la direcció pretén obligar els metges a realitzar sis guàrdies al mes al·legant “necessitats del servei”, una imposició que compta amb el rebuig unànime d'un equip minvat que també pateix la manca d'infermeres i tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAE). Per la seua banda, a l'Hospital de Xàtiva, la combinació de quatre baixes mèdiques sense cobrir i les vacances preveu deixar el servei amb set metges menys a l'agost, obligant els facultatius restants a assumir més de sis guàrdies individuals en un clima d'alta ansietat.

La precarietat és igualment palpable a la província d'Alacant. A l'Hospital General d'Alacant, els facultatius critiquen que l'Administració mantinga el mateix nombre d'efectius per a l'estiu sense realitzar contractacions de reforç ni cobrir les nombroses baixes actuals. Aquesta situació contrasta amb la de l'Hospital de Torrevella, que es veu obligat a recórrer sistemàticament al pagament de guàrdies extraordinàries durant tot l'any per a poder apedaçar la manca d'estabilitat de la seua plantilla d'urgències. A l'interior, centres comarcals amb menor capacitat d'absorció de recursos, com el d'Alcoi, ja acusen la situació mitjançant el tancament físic de llits hospitalaris.

Una població que augmenta en període estival

La pressió assistencial es desplaça a l'estiu de forma massiva cap als hospitals costaners, on la població estacional es multiplica de forma exponencial. L'exemple més paradigmàtic és l'Hospital de Vinaròs, a Castelló, el departament del qual atén municipis eminentment turístics com Peníscola, que passa de 8.500 habitants a més de 100.000 en els mesos estivals. Les urgències de Vinaròs afronten aquesta onada en una situació límit: les baixes de facultatius no se substitueixen, només hi ha un metge resident assignat a les guàrdies i la direcció estudia obligar els metges internistes a assumir torns d'urgències.

Finalment, l'Hospital General de Castelló o el Consorci Hospital General de València sumen a la falta de personal el problema de les obres estructurals a les seues instal·lacions. A Castelló, la remodelació per fases de les urgències i dels parts ha obligat a desmantellar serveis sencers, com la planta de ginecologia. Des del centre castellonenc adverteixen que el ritme de treball no ha baixat des de l'hivern i que afronten un estiu “dur” en què la falta d'espai i de llits xocarà amb l'arribada massiva de turistes i la celebració de festivals multitudinaris. Davant aquesta radiografia, els sindicats exigeixen una auditoria global i la cobertura immediata del 100 % de les absències per a evitar la degradació de l'atenció sanitària.

Consultada per elDiario.es, la Conselleria de Sanitat no ha realitzat cap valoració respecte de les situacions descrites pels sindicats.

El 27 de març de 2026, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, va anunciar que Disney gravaria als estudis de la Ciutat de la Llum, a Alacant, la superproducció cinematogràfica Enredados, la versió de carn i ossos del gran èxit d'animació amb què la multinacional de l'entreteniment va ingressar més de 650 milions d'euros el 2010.

Tanmateix, 23 dies abans de l'anunci del cap del Consell, el 4 de març, Sol Films 2026 SLU —filial d'Anima Stilking Films SL i productora encarregada del film— ja havia traslladat la seua seu social de Màlaga a Alacant. Setmanes abans d'aquest moviment administratiu clau, desenes de treballadors de la companyia ja operaven a les instal·lacions de la Generalitat preparant decorats a l'espera de l'arribada dels actors.

L'anunci de Pérez Llorca a penes havia despertat expectació en el sector audiovisual i va arribar quan la productora ja portava prop d'un mes i mig treballant a la Ciutat de la Llum. No va ser fins a la presentació dels pressupostos de 2026, divendres passat, 29 de maig, quan es va fer públic el cost que suposarà per a les arques públiques la pel·lícula dirigida per Michael Gracey: cinc milions d'euros consignats en la secció de Despeses Diverses i articulats com a Projecte Estratègic de la Vicepresidència Segona i Conselleria de Presidència de la Generalitat Valenciana.

“És una ajuda com les que es donen a Ford, PowerCo (Volkswagen) o Stadler”, expliquen fonts de la Conselleria d'Economia. Aquestes tres multinacionals reben ajudes públiques de la Generalitat per a les respectives factories d'automòbils, bateries i trens.

L'anunci d'aquesta injecció de cinc milions d'euros a la productora malaguenya —ara amb seu a Alacant— ha generat malestar en el sector audiovisual valencià, que no se sent ni involucrat ni beneficiari del projecte. A més, l'escassa informació disponible fins ara sobre l'arribada de la producció de Disney a la Ciutat de la Llum ha alimentat alguns rumors que des de la Generalitat han tractat de desmentir, entre aquests, que la pel·lícula només es rodaria durant cinc dies a Alacant.

La realitat és que els rodatges van començar a l'abril i que ja hi ha centenars de persones treballant a la Ciutat de la Llum, segons expliquen des de la Conselleria d'Economia i treballadors consultats per elDiario.es. El rodatge es prolongarà entre huit i deu mesos, segons la versió oferida per Pérez Llorca i altres fonts coneixedores de la producció.

Encara que el gruix de les gravacions es realitzarà als estudis de cinema de la Generalitat, també està previst rodar escenes en diferents punts de la Comunitat Valenciana, així com a Burgos, Girona, Tarragona i Àlaba. Entre els noms previstos figuren la parella protagonista formada per Teagan Croft (Titanes) i Milo Manheim (Zombies), a més d'intèrprets coneguts com Kathryn Hahn (The Studio) i Diego Luna (Y tu mamá también).

El debat sobre els cinc milions

La controvèrsia sobre l'ajuda pública se centra en com s'articularà i sota quin concepte s'abonarà. “L'ajuda a Disney com a projecte estratègic s'està tramitant com absolutament tots els projectes estratègics de la Comunitat Valenciana. Es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana un decret amb tots els informes preceptius que justifiquen la subvenció nominativa”, argumenten des de la Conselleria d'Economia a preguntes d'elDiario.es.

Les mateixes fonts afegeixen: “Les dades d'impacte es publicaran juntament amb el decret. Com ocorre amb tots els projectes estratègics, l'entitat beneficiària haurà d'acreditar mitjançant factures abonades l'impacte econòmic per a poder rebre la subvenció”.

Segons la Conselleria, el pressupost de la Generalitat, en tindre rang de llei, obliga el Consell al seu compliment i tant la seua elaboració com la seua aprovació han sigut “totalment respectuoses amb les normes de transparència i publicitat”.

“Una vegada aprovat el pressupost, el procediment de concessió de l'ajuda, mitjançant decret del Consell, se sotmés a un rigorós procés administratiu que garanteix, a més de la transparència, tots els informes jurídics i econòmics favorables, tant de l'Advocacia com de Pressupostos i Intervenció. Les xifres d'impacte també seran públiques en el moment de l'aprovació del decret”, apunten.

Per a rebre els diners, l'empresa haurà d'acreditar l'impacte econòmic promés a la Comunitat Valenciana mitjançant “una auditoria específica en la qual haurà d'aportar tota la documentació, incloses les factures abonades”. Segons les mateixes fonts, aquest impacte “està garantit tant en ocupació com en proveïdors” i quedarà “absolutament fiscalitzat”.

Preocupació per un possible conflicte amb les normes europees de competència

En el sector audiovisual ha emergit una preocupació de fons: que algun competidor denuncie aquestes ajudes davant les autoritats europees de competència, com va ocórrer el 2010 amb una denúncia impulsada per un estudi britànic i que va acabar anys després amb el tancament de la Ciutat de la Llum.

La justícia europea va obligar la Generalitat a retornar 265 milions d'euros en ajudes públiques i no va ser fins al 2022 quan es va alçar la sanció, després de les negociacions impulsades per l'expresident Ximo Puig i el Govern d'Espanya.

En un comunicat conjunt, les associacions de productores audiovisuals de la Comunitat Valenciana van recordar que aquella sanció de la UE per ajudes d'Estat il·legals “va provocar un enorme perjudici per a tota la indústria audiovisual espanyola i valenciana, truncant el desenvolupament d'una infraestructura cridada a convertir-se en un dels grans motors audiovisuals d'Europa”.

“Per això, resulta inevitable preguntar-se qui garanteix hui que determinades decisions no tornen a posar en risc el futur de la Ciutat de la Llum i de tot l'ecosistema audiovisual construït al seu voltant”, van denunciar.

Davant aquestes sospites, fonts de la Conselleria d'Economia sostenen que no preveuen un escenari similar al que va motivar el tancament dels estudis. “No té res a veure”, asseguren. Segons les mateixes fonts, “l'ajuda com a projecte estratègic compta amb tots els informes favorables”.

En el sector, tanmateix, persisteixen els dubtes. “Donen l'ajuda perquè treballen a la Ciutat de la Llum i el problema és que l'activitat en aquests estudis és molt baixa i els números no ixen. Injectar diners perquè passen de roig a negre ens situa una altra vegada en l'escenari del 2012. I això fa por. Ningú vol que tanquen la Ciutat de la Llum”, argumenta un conegut productor valencià.

Només 6,7 milions per a tot el sector audiovisual valencià

El sector audiovisual valencià també ha criticat l'elevat import destinat a la superproducció de Disney. “Resulta significatiu destinar una inversió directa de cinc milions d'euros a una empresa recentment traslladada a Alacant per a un únic rodatge quan a penes es consignen 6,7 milions per a tota la producció audiovisual valenciana”, van denunciar les associacions en un comunicat.

“Són 6,7 milions d'euros que impliquen desenes d'empreses valencianes i que obliguen a reinvertir un mínim del 150 % d'aquests diners en companyies i personal valencià. Parlem de produccions que es perllonguen durant tres anys i que han aconseguit èxits tant en festivals com la Berlinale, Canes o Sant Sebastià com pel que fa al nombre d'espectadors arreu del món. Una repercussió i una projecció reals de la imatge de la Comunitat Valenciana d'un valor incalculable”, van reivindicar.

La productora de Disney, que no ha respost a les telefonades ni a les preguntes enviades per correu electrònic dimarts passat per elDiario.es, ja està treballant als platons d'Alacant des de fa quatre mesos. Mentrestant, el procés administratiu per a injectar l'ajuda de cinc milions segueix el seu curs, encara que no hi haurà diners disponibles fins que s'aproven els pressupostos, que ja tenen el sí del PP i Vox.

El sistema sanitario público valenciano se encamina hacia un verano de extrema complejidad asistencial. CCOO y UGT han alertado ante lo que califican como una falta crónica de inversión en personal y recortes estructurales que amenazan con colapsar los servicios de urgencias hospitalarias de todo el territorio valenciano. La situación se ve agravada por dos factores concurrentes: el colapso previo de la Atención Primaria —que aboca a los pacientes a acudir a los hospitales con patologías ya agravadas— y el hecho de que la Conselleria de Sanidad todavía no les ha facilitado los detalles del Plan de Vacaciones para el periodo estival, según denuncian los sindicatos.

El escenario más alarmante se localiza en el Hospital Arnau de Vilanova, en València, cuyas urgencias se encuentran al borde del colapso tras registrar un incremento de más de 10.000 asistencias anuales entre 2019 y 2025. Los profesionales denuncian que se precisan al menos 14 médicos más para cubrir el servicio de forma digna, ya que el hacinamiento de pacientes en pasillos y en observación es una constante diaria. La situación empeorará en verano, cuando un tercio de la plantilla se marche de vacaciones.

El nuevo plan formativo de los MIR —que reduce sus guardias obligatorias en urgencias— compromete aún más la viabilidad de los turnos, dado que ningún facultativo externo acepta contratos de sustitución en estas condiciones. Una asfixia similar por volumen de pacientes sufre el Hospital de Sagunto, que ha pasado de 75.000 atenciones en urgencias en 2018 a unas 88.000 en 2025, tras haber sufrido recientemente la fuga de tres residentes que optaron por contratos más atractivos en otros departamentos. Además, alertan que en este mismo centro hospitalario han pasado en los últimos tiempos de que los pacientes pasen tres horas en urgencias a tener que esperar hasta cinco horas para ser atendidos.

Ante la escasez de efectivos en las bolsas de empleo, las direcciones de varios departamentos han comenzado a aplicar medidas restrictivas que aumentan el desgaste de un personal cada vez más “quemado”. En el Hospital de La Vila Joiosa (la Marina Baixa), la gerencia ya ha trasladado que las libranzas y días de descanso solo se concederán si hay personal disponible para la cobertura, y han advertido de que las bajas sobrevenidas podrían quedarse sin cubrir.

El conflicto laboral también ha estallado en el Hospital de Gandia, donde la dirección pretende obligar a los médicos a realizar seis guardias al mes alegando “necesidades del servicio”, una imposición que cuenta con el rechazo unánime de un equipo mermado que también sufre la falta de enfermeras y Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE). Por su parte, en el Hospital de Xàtiva, la combinación de cuatro bajas médicas sin cubrir y las vacaciones prevé dejar al servicio con siete médicos menos en agosto, obligando a los facultativos restantes a asumir más de seis guardias individuales en un clima de alta ansiedad.

La precariedad es igualmente palpable en la provincia de Alicante. En el Hospital General de Alicante, los facultativos critican que la Administración mantenga el mismo número de efectivos para el verano sin realizar contrataciones de refuerzo ni cubrir las numerosas bajas actuales. Esta situación contrasta con la del Hospital de Torrevieja, que se ve obligado a recurrir sistemáticamente al pago de guardias extraordinarias durante todo el año para poder parchear la falta de estabilidad de su plantilla de urgencias. En el interior, centros comarcales con menor capacidad de absorción de recursos, como el de Alcoi, ya acusan la situación mediante el cierre físico de camas hospitalarias.

Una población que aumenta en periodo estival

La presión asistencial se desplaza en verano de forma masiva hacia los hospitales costeros, donde la población estacional se multiplica de forma exponencial. El ejemplo más paradigmático es el Hospital de Vinaròs, en Castellón, cuyo departamento atiende a municipios eminentemente turísticos como Peñíscola, que pasa de 8.500 habitantes a más de 100.000 en los meses estivales. Las urgencias de Vinaròs afrontan esta oleada en una situación límite: las bajas de facultativos no se sustituyen, solo hay un médico residente asignado a las guardias y la dirección baraja obligar a los médicos internistas a asumir turnos de urgencias.

Finalmente, el Hospital General de Castellón o el Consorcio Hospital General de València suman a la falta de personal el problema de las obras estructurales en sus instalaciones. En Castellón, la remodelación por fases de las urgencias y los paritorios ha obligado a desmantelar servicios enteros, como la planta de ginecología. Desde el centro castellonense advierten que el ritmo de trabajo no ha bajado desde el invierno y que afrontan un verano “duro” donde la escasez de espacio y de camas chocará con la llegada masiva de turistas y la celebración de festivales multitudinarios. Ante esta radiografía, los sindicatos exigen una auditoría global y la cobertura inmediata del 100% de las ausencias para evitar la degradación de la atención sanitaria.

Consultada por elDiario.es, la Conselleria de Sanidad no ha realizado ninguna valoración al respecto de las situaciones descritas por los sindicatos.

El 27 de marzo de 2026, el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, anunció que Disney grabaría en los estudios de la Ciudad de la Luz, en Alicante, la superproducción cinematográfica Enredados, la versión de carne y hueso del gran éxito de animación con el que la multinacional del entretenimiento ingresó más de 650 millones de euros en 2010.

Sin embargo, 23 días antes del anuncio del jefe del Consell, el 4 de marzo, Sol Films 2026 SLU —filial de Anima Stilking Films SL y productora encargada del filme— ya había trasladado su sede social de Málaga a Alicante. Semanas antes de ese movimiento administrativo clave, decenas de trabajadores de la compañía ya operaban en las instalaciones de la Generalitat preparando decorados a la espera de la llegada de los actores.

El anuncio de Pérez Llorca apenas había despertado expectación en el sector audiovisual y llegó cuando la productora ya llevaba cerca de un mes y medio trabajando en la Ciudad de la Luz. No fue hasta la presentación de los presupuestos de 2026, el pasado viernes 29 de mayo, cuando se hizo público el coste que supondrá para las arcas públicas la película dirigida por Michael Gracey: cinco millones de euros consignados en la sección de Gastos Diversos y articulados como Proyecto Estratégico de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Presidencia de la Generalitat Valenciana.

“Es una ayuda como las que se da a Ford, PowerCo (Volkswagen) o Stadler”, explican fuentes de la Conselleria de Economía. Estas tres multinacionales reciben ayudas públicas de la Generalitat para sus respectivas factorías de automóviles, baterías y trenes.

El anuncio de esta inyección de cinco millones de euros a la productora malagueña —ahora con sede en Alicante— ha generado malestar en el sector audiovisual valenciano, que no se siente ni involucrado ni beneficiario del proyecto. Además, la escasa información disponible hasta ahora sobre la llegada de la producción de Disney a la Ciudad de la Luz ha alimentado algunos bulos que desde la Generalitat han tratado de desmentir, entre ellos, que la película solo iba a rodarse durante cinco días en Alicante.

La realidad es que los rodajes comenzaron en abril y que ya hay cientos de personas trabajando en la Ciudad de la Luz, según explican desde la Conselleria de Economía y trabajadores consultados por elDiario.es. El rodaje se prolongará entre ocho y diez meses, según la versión ofrecida por Pérez Llorca y otras fuentes conocedoras de la producción.

Aunque el grueso de las grabaciones se realizará en los estudios de cine de la Generalitat, también está previsto rodar escenas en distintos puntos de la Comunitat Valenciana, así como en Burgos, Girona, Tarragona y Álava. Entre los nombres previstos figuran la pareja protagonista formada por Teagan Croft (Titanes) y Milo Manheim (Zombies), además de intérpretes conocidos como Kathryn Hahn (The Studio) y Diego Luna (Y tu mamá también).

El debate sobre los cinco millones

La controversia sobre la ayuda pública radica en cómo se articulará y bajo qué concepto se abonará.

“La ayuda a Disney como proyecto estratégico se está tramitando como absolutamente todos los proyectos estratégicos de la Comunitat Valenciana. Se publicará en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana un decreto con todos los informes preceptivos que justifican la subvención nominativa”, argumentan desde la Conselleria de Economía a preguntas de elDiario.es.

Las mismas fuentes añaden: “Los datos de impacto se publicarán junto con el decreto. Como ocurre con todos los proyectos estratégicos, la entidad beneficiaria tendrá que acreditar mediante facturas pagadas el impacto económico para poder recibir la subvención”.

Según la Conselleria, el presupuesto de la Generalitat, al tener rango de ley, obliga al Consell a su cumplimiento y tanto su elaboración como su aprobación han sido “totalmente respetuosas con las normas de transparencia y publicidad”.

“Una vez aprobado el presupuesto, el procedimiento de concesión de la ayuda, mediante decreto del Consell, sigue un riguroso proceso administrativo que garantiza, además de la transparencia, todos los informes jurídicos y económicos favorables, tanto de la Abogacía como de Presupuestos e Intervención. Las cifras de impacto también serán públicas en el momento de aprobación del decreto”, apuntan.

Para recibir el dinero, la empresa tendrá que acreditar el impacto económico prometido en la Comunitat Valenciana mediante “una auditoría específica en la que deberá aportar toda la documentación, incluidas las facturas abonadas”. Según las mismas fuentes, ese impacto “está garantizado tanto en empleo como en proveedores” y quedará “absolutamente fiscalizado”.

Preocupación por un posible conflicto con las normas europeas de competencia

En el sector audiovisual ha emergido una preocupación de fondo: que algún competidor denuncie estas ayudas ante las autoridades de competencia europeas, como ocurrió en 2010 con una denuncia impulsada por un estudio británico y que acabó años después con el cierre de la Ciudad de la Luz.

La justicia europea obligó a la Generalitat a devolver 265 millones de euros en ayudas públicas y no fue hasta 2022 cuando se levantó el castigo, tras las negociaciones impulsadas por el expresidente Ximo Puig y el Gobierno de España.

En un comunicado conjunto, las asociaciones de productoras audiovisuales de la Comunitat Valenciana recordaron que aquella sanción de la UE por ayudas de Estado ilegales “provocó un enorme perjuicio para toda la industria audiovisual española y valenciana, truncando el desarrollo de una infraestructura llamada a convertirse en uno de los grandes motores audiovisuales de Europa”.

“Por ello, resulta inevitable preguntarse quién garantiza hoy que determinadas decisiones no vuelvan a poner en riesgo el futuro de Ciudad de la Luz y de todo el ecosistema audiovisual construido a su alrededor”, denunciaron.

Ante estas sospechas, fuentes de la Conselleria de Economía sostienen que no contemplan un escenario similar al que motivó el cierre de los estudios. “No tiene nada que ver”, aseguran. Según las mismas fuentes, “la ayuda como proyecto estratégico cuenta con todos los informes favorables”.

En el sector, sin embargo, persisten las dudas. “Dan la ayuda para que trabajen en la Ciudad de la Luz y el problema es que la actividad en esos estudios es muy baja y los números no salen. Inyectar dinero para que pasen de rojo a negro nos sitúa otra vez en el escenario de 2012. Y eso da miedo. Nadie quiere que cierren la Ciudad de la Luz”, argumenta un conocido productor valenciano.

Solo 6,7 millones para todo el sector audiovisual valenciano

El sector audiovisual valenciano también ha criticado el elevado importe destinado a la superproducción de Disney.

“Resulta significativo destinar una inversión directa de cinco millones de euros a una empresa recién trasladada a Alicante para un único rodaje cuando apenas se consignan 6,7 millones para toda la producción audiovisual valenciana”, denunciaron las asociaciones en un comunicado.

“Son 6,7 millones de euros que implican a decenas de empresas valencianas y que obligan a reinvertir un mínimo del 150% de ese dinero en compañías y personal valenciano. Hablamos de producciones que se prolongan durante tres años y que han logrado éxitos tanto en festivales como la Berlinale, Cannes o San Sebastián como en número de espectadores en todo el mundo. Una repercusión y una proyección real de la imagen de la Comunitat Valenciana de un valor incalculable”, reivindicaron.

La productora de Disney, que no ha respondido a las llamadas y las preguntas por correo electrónico enviadas el pasado martes por elDiario.es, ya está trabajando en los platós de Alicante desde hace cuatro meses. Mientras tanto, el proceso administrativo para inyectar la ayuda de cinco millones sigue su curso, aunque no habrá dinero disponible hasta que se aprueben los presupuestos, que ya tienen el sí de PP y Vox.

Nuevo fracaso del proceso de negociación en la huelga tras la reunión celebrada este viernes entre los sindicatos y los representantes de la Conselleria de Educación. La consellera Camen Ortí ha emplazado a los sindicatos a una nueva reunión, el próximo lunes a las 10.00, para que durante el fin de semana se estudie y valore el documento con la última propuesta del Ejecutivo de Juan francisco Pérez Llorca. Una propuesta que, según ha adelantado la portavoz de CCOO, Xelo Valls, “habrá que valorar” y que cierra “a cal y canto” tanto la cuestión retributiva como la del valenciano. Valls ha tildado la propuesta de “galimatías” y ha pedido un “mayor compromiso” presupuestario por parte del Consell.

Este viernes, la consellera Ortí ha citado de nuevo a los sindicatos docentes con representación en la mesa de negociación —STEPV, CCOO, UGT, CSIF y ANPE— a una nueva reunión, la décima desde que estalló el conflicto educativo en la Comunitat Valenciana, para abordar un nuevo documento con las propuestas del Consell para intentar poner fin a una huelga indefinida que cumple su cuarta semana y su vigésima jornada de paros. Las reivindicaciones que el profesorado pone sobre la mesa, y que no han sido atendidas desde el primer encuentro del pasado 25 de septiembre, están relacionadas con una mejora retributiva —la conselleria acordó con CSIF y ANPE una subida salarial de 200 euros en tres tramos hasta enero de 2028 vinculada al IPC—, la disminución de ratios, infraestructuras, aumento de plantillas —mediante la reversión de los recortes—, la reducción de la burocracia, Formación Profesional, inclusión y valenciano.

El acuerdo resulta muy lejano todavía en puntos clave, a pesar de que los representantes del profesorado sí que reconocen que se han producido acercamientos en cuestiones como la reducción de la carga burocrática o las infraestructuras. Sin embargo, el Gobierno valenciano no parece dispuesto a mejorar su propuesta retributiva, ni mucho menos quiere tocar la llamada ley de 'libertad educativa', dos puntos que resultan clave para los representantes de los docentes. Los sindicatos ya han advertido que, a pesar del agotamiento de casi un mes de huelga, no están dispuestos a bajar los brazos, y que si la conselleria no accede a negociar, no descartan retomar las movilizaciones y protestas en septiembre, coincidiendo con el comienzo del próximo curso.

De momento, después de nueve reuniones en las que se ha demostrado que las posturas todavía están distantes, esta semana se han producido encuentros sectoriales entre los directores generales y los representantes de los dos sindicatos que se han descabalgado de la huelga: CSIF (convocante) y ANPE (que la secundaba). Tras esas mesas, Educación debía haber enviado un nuevo 'documento definitivo' que recogiera las modificaciones acordadas entre la tarde del jueves y la mañana del viernes. Sin embargo, STEPV, CCOO y UGT denuncian que no han recibido el correo electrónico con el documento adjunto. El documento, aseguran, se ha presentado directamente en la reunión sin margen para el análisis. El secretario autonómico, Daniel McEvoy, ha ratificado que la propuesta retributiva no se iba a reabrir, mientras que la intención de la conselleria sigue siendo que el desarrollo del valenciano se produzca “en el marco de la legislación vigente”. Es decir, la ley Rovira de la que reniegan los sindicatos educativos.

La propuesta de la conselleria

La conselleria ha presentado lo que consideran un “ambicioso plan plurianual” dotado con una inversión histórica de 3.338 millones de euros para los próximos cuatro años, diseñado para transformar “de forma integral” el sistema educativo público. El paquete económico sitúa el mayor esfuerzo en la modernización de infraestructuras con 1.410 millones de euros hasta 2029, donde se incluyen 830 millones para el Plan Edificant, 400 millones de inversión directa y 140 millones para el Plan Edu Clima —con dos millones específicos para los centros afectados por la dana—. Asimismo, el documento contempla un desembolso de 802,3 millones de euros para una mejora salarial escalonada hasta 2028, que supondrá un aumento de 200 euros mensuales en el complemento autonómico vinculado al IPC, además de la implantación de seis días de libre disposición y el derecho a la desconexión digital para los docentes.

En el plano estrictamente académico, la propuesta articula una reducción “histórica” y progresiva de las ratios por aula en todas las etapas, adelantándose un año a la normativa estatal. De este modo, prevén que Infantil y Primaria bajarán a 22 alumnos, Secundaria a 25 y Bachillerato a 28, mientras que la Formación Profesional también experimentará descensos generalizados. Para sostener este nuevo dimensionamiento y reforzar el sistema, el denominado Plan Mestre financiará con 469 millones de euros la incorporación de 7.742 nuevos docentes, complementado con la estabilización de otras 10.000 plazas. Finalmente, la hoja de ruta de la Administración blinda la continuidad de la gratuidad en el ciclo de 0 a 3 años con 658 millones de euros, al tiempo que implementa una veintena de medidas para reducir la burocracia en los centros y refuerza la inclusión educativa mediante la creación de nuevas aulas UECO y la contratación de especialistas en orientación, audición y lenguaje.

Y mientras tanto, la consellera Ortí compareció el jueves en las Corts para explicar los presupuestos de su departamento, que sí que incluyen mejoras pactadas con los sindicatos minoritarios, como la subida salarial. Carmen Ortí defendió que el de 2026 es “el mayor presupuesto de la historia” de la Comunitat Valenciana en su departamento, y “sin maltrato” a la educación pública. Según detalló, se destinan más de 22 millones para iniciar la implantación de la subida salarial, e incorporan, por primera vez, una partida específica para desarrollar un Plan Director de Infraestructuras Educativas, que incluye 32 millones para el Plan de Confort Térmico, 230 millones para el Plan Edificant; 70 millones para nuevos centros y 41 millones para ampliaciones y reparaciones.

Además, aseguró que las cuentas consignan 176,6 millones en programas de calidad educativa orientados a reducir el absentismo, prevenir el abandono escolar y mejorar resultados entre el alumnado, y contemplan la creación de, al menos, 36 aulas UECO, con una dotación de personal especializado superior a 4,5 millones.

El conflicto educativo valenciano no da tregua. Este jueves, convocados por STEPV, CCOO, UGT y la Coordinadora d'Assemblees Docents, miles de maestros y profesores han vuelto a recorrer las calles de València en un tono festivo y reivindicativo. En esta ocasión, la marcha ha contado con la presencia y el apoyo de los bomberos del Ayuntamiento de Valencia, del Consorcio Provincial y forestales de la Generalitat —recibidos por los docentes al grito de “más bomberos y menos toreros”— y ha estado precedida por miembros de los conservatorios de música, quienes, vestidos de riguroso negro, portaban sus instrumentos en las fundas simulando ataúdes al ritmo de una marcha fúnebre.

Antes de que comenzara la manifestación, los representantes sindicales advirtieron que retomarán y recrudecerán las movilizaciones en septiembre si la Conselleria de Educación no cede y reabre una negociación “real” en los dos bloques que mantienen encallado el acuerdo: las retribuciones salariales y el peso del valenciano en la enseñanza pública.

Esta nueva movilización coincide con la decimonovena jornada de paros de una huelga indefinida que cumple ya su cuarta semana consecutiva y que supone un pulso histórico contra la Administración autonómica. En un intento de desbloquear la situación, la consellera de Educación, Carmen Ortí, que este jueves ha presentado los presupuestos de su departamento en las Corts, ha convocado a los sindicatos a una nueva mesa sectorial mañana viernes a las 14:00 horas. Se tratará de la décima reunión formal desde que arrancaran los paros el pasado 11 de mayo; una cita clave en la que la Administración deberá poner sobre la mesa un nuevo “documento definitivo” con su propuesta.

Pese a la convocatoria, el optimismo entre los representantes de los trabajadores es nulo. Las centrales sindicales insisten en que los contactos técnicos mantenidos durante esta semana han sido meros “grupos de trabajo para aclarar dudas” y no una negociación real. Marc Candela, portavoz de STEPV, se ha mostrado escéptico respecto a la cita de mañana: “Hay temas encallados como las retribuciones o el valenciano, y no creemos que la conselleria avance ni un milímetro. Si el documento final no nos satisface, continuaremos el curso próximo; la lucha docente no se acaba aquí si no se atiende el clamor de las bases”.

Por su parte, Xelo Valls, representante de CCOO, ha instado a la conselleria a entregar el documento definitivo para someterlo de inmediato a debate y votación entre el profesorado. Valls ha recordado que la presión de las calles ya ha servido para frenar recortes previstos por el anterior conseller y actual responsable de Hacienda, José Antonio Rovira. Además, ha desmontado la excusa económica de la Generalitat al señalar a Les Corts Valencianes como vía de solución: “En el debate presupuestario se pueden presentar enmiendas, y el PP se puede autoenmendar si quiere resolver este conflicto modificando alguna partida al alza”.

“Inoperancia” de los negociadores del Consell: Ortí y McEvoy

La indignación por la gestión del conflicto ha llevado a los portavoces a señalar directamente la “inoperancia” de los negociadores de la Generalitat. Javier Català, portavoz de la Coordinadora d'Assemblees Docents, ha calificado de “inaceptable” que, tras casi un mes de paros y con un goteo constante de dimisiones en los equipos directivos de los centros, sigan sin ofrecerse soluciones reales. Català ha exigido la intervención inmediata del president de la Generalitat, Pérez Llorca: “Ha quedado demostrado que la consellera Carmen Ortí y el secretario autonómico Daniel McEvoy no son interlocutores válidos. El president debe actuar y cambiarlos”.

En esta misma línea se ha pronunciado Kilian Cuerda, portavoz de UGT, quien ha acusado a la conselleria de aplicar una estrategia cruel: “Ya está bien de dilatar deliberadamente la huelga para aumentar el dolor y el sufrimiento de las familias, el alumnado y el profesorado”. Cuerda ha censurado que, tras horas de reuniones, Educación presente borradores en los que “apenas modifican una palabra” y ha avisado de que el colectivo no tolerará más desaires. “Nuestra cultura es la del pacto, pero también la de la lucha. Si no saben negociar desde el respeto, y no desde la chulería y el insulto, que se vayan a casa”, ha zanjado.

La comunidad educativa valenciana aguarda ahora el resultado de la décima mesa de mañana viernes. De lo que ocurra a partir de las 14:00 horas en la sede de la conselleria, ubicada en la avenida de Campanar, dependerá si el curso escolar 2025-2026 finaliza con una tregua o si, por el contrario, la huelga se enquista de manera indefinida hasta congelar la vuelta a las aulas tras las vacaciones de verano.

La asamblea de la acampada educativa de València, después de dialogar durante toda la jornada del miércoles con los organizadores de la festividad del Corpus Christi, que se celebra el próximo domingo en la plaza de la Virgen de la capital valenciana, ha decidido reubicarse “temporalmente” en la misma plaza para “facilitar el correcto desarrollo de la festividad en un año tan importante como este en el que se cumplen los 700 años”.

Con este gesto, explican, quieren demostrar su “respeto por la cultura valenciana”. “Creemos que el diálogo constructivo es la mejor herramienta para evitar una confrontación que saque del foco nuestras reivindicaciones por la educación pública que nos lleva a ocupar la plaza”, aseguran.

A causa de la acampada, que está instalada en este espacio, en el entorno de la Catedral y la Basílica, pero también de la sede de instituciones como el Palau de la Generalitat, la Diputación de València o las Corts Valencianes, el Ayuntamiento había remitido una carta a la Delegación del Gobierno para que procediera a la adopción de las “medidas oportunas”, así como para que esa intervención se produjera “con la mayor celeridad posible” teniendo en cuenta los actos previstos para los próximos días.

La Conselleria de Educación ha publicado una nueva orden para hacer frente a las olas de calor en las aulas valencianas. El departamento que dirige Carmen Ortí ha dictado unas instrucciones específicas destinadas a paliar los efectos de las altas temperaturas en los centros educativos, unas medidas que entrarán en vigor de forma oficial a partir del próximo curso 2026-2027, aunque la Administración permitirá que se apliquen de manera transitoria durante lo que resta del presente año escolar.

El documento normativo contempla, como principal novedad, la posibilidad de implantar la jornada reducida en los institutos durante los meses de junio y septiembre. Bajo este supuesto, los centros que imparten Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato y Formación Profesional (FP) podrán concentrar las clases en horario continuo de 8:00 a 13:00 horas, evitando así la permanencia del alumnado en las aulas durante las horas centrales del día, cuando la insolación es más intensa. Asimismo, se autoriza a retrasar una hora el inicio de las clases en las modalidades de tarde.

Para poder llevar a cabo esta flexibilización horaria, la propuesta deberá contar con el visto bueno del Consejo Escolar de cada centro público y ser comunicada posteriormente a la Dirección Territorial correspondiente. No obstante, la Conselleria establece como línea roja que esta reducción horaria no altere en ningún caso los servicios de comedor ni de transporte escolar, y que no suponga ningún tipo de coste económico adicional para las arcas de la Generalitat.

Más allá de los horarios, las directrices obligan a los equipos directivos a implementar un paquete de medidas preventivas diarias. Entre las tareas fijadas se encuentra el control estricto de la temperatura, la identificación de las zonas más frescas del recinto, el mantenimiento de persianas bajadas bajo sol directo, la ventilación en las horas más frescas y la suspensión de actividades físicas intensas en las horas de máxima calor. Además, los centros deberán vigilar de cerca la conservación de alimentos y medicamentos, así como facilitar la hidratación constante de los estudiantes.

Para las situaciones más extremas, el protocolo establece que, si los termómetros registran valores excesivos y el centro carece de espacios alternativos adecuados, la dirección podrá ponerse en contacto con el responsable municipal de Protección Civil. Al ser esta la autoridad competente, será la encargada de evaluar el riesgo y decretar, si lo estima oportuno, la suspensión temporal de la actividad académica, notificándolo de forma paralela a la Dirección Territorial.

El STEPV tilda el plan de “insuficiente”

STEPV, sindicato mayoritario de la enseñanza pública valenciana, valora de forma positiva que, “por primera vez, la conselleria reconozca formalmente la necesidad de adoptar medidas específicas ante las altas temperaturas” y que se abra la puerta a la flexibilización horaria en las etapas de Secundaria, Bachillerato y FP.

Sin embargo, la central sindical considera que el documento se queda “corto” al no resolver el problema de fondo de las infraestructuras educativas. Según denuncia el STEPV, la resolución es insuficiente porque no define un protocolo claro ante situaciones de estrés térmico, no concreta medidas estructurales para climatizar los edificios ni desarrolla un registro de temperaturas y de sus efectos sobre la salud. Por todo ello, el sindicato ha anunciado que continuará exigiendo a la Generalitat un Plan Integral de Adaptación Climática que incluya inversiones reales en sistemas de sombreado, ventilación y climatización para garantizar el bienestar de la comunidad educativa.

Docents en Lluita ha elaborado un informe técnico según el cual la Conselleria de Educación dispone de recursos suficientes para atender las reivindicaciones de la enseñanza pública valenciana.

El informe, titulado Viabilitat Pressupostària de les Reivindicacions de l’Ensenyament Públic Valencià (2026-2029), concluye que las principales demandas planteadas por la comunidad educativa son “económicamente viables” dentro del marco presupuestario actual de la Generalitat Valenciana.

El estudio se ha elaborado a partir de los Presupuestos de la Generalitat Valenciana para 2026, informes sindicales de seguimiento de nóminas e incidencia de la huelga, la normativa europea de financiación 2021-2027 y estimaciones técnicas de coste docente. El documento muestra que, “incluso sin una reforma del sistema de financiación autonómica”, el Gobierno valenciano “dispone de un margen económico significativo”. Según los autores, este remanente permitiría avanzar en la reducción de ratios, la mejora de las plantillas docentes, el refuerzo de la atención a la diversidad y la recuperación de derechos laborales y retributivos.

Además, en un escenario de mejora de la financiación autonómica, la disponibilidad de recursos aumentaría entre 750 y 800 millones de euros anuales adicionales. Esto “permitiría una reducción más intensa de las ratios escolares y la incorporación de miles de docentes al sistema educativo valenciano”.

El estudio concluye que las reivindicaciones de la enseñanza pública “no responden a demandas inalcanzables, sino a objetivos perfectamente compatibles con la capacidad presupuestaria de la administración educativa”. En este sentido, señala que la cuestión fundamental no es la carencia de recursos, sino la prioridad política que se decida otorgar a la educación pública.

Con este documento, Docents en Lluita desmonta el argumento de la insuficiencia presupuestaria utilizado reiteradamente por la Conselleria para rechazar las demandas de la comunidad educativa. Por ello, reclaman la apertura inmediata de un proceso de negociación que permita traducir esta capacidad económica en mejoras reales para los centros educativos, el profesorado y el alumnado.

Falta de “rigor técnico y viabilidad presupuestaria”

Según explican desde la Conselleria de Educación, el documento elaborado por Docents en Lluita concluye que los más de 1.700 millones de euros identificados como disponibles “carecen de rigor técnico y viabilidad presupuestaria”. Además, aclaran que los 450 millones de incremento en el presupuesto de la Conselleria “ya están comprometidos para gastos ordinarios, el pago de servicios esenciales y las mejoras salariales estatales y autonómicas pactadas con CSIF y ANPE”. Asimismo, el Gobierno valenciano califica de “inviable” basar reformas estructurales “en los supuestos 55 millones de ahorro coyuntural” por las jornadas de huelga, al tiempo que recuerda que los 400 millones de fondos europeos tienen un carácter finalista que impide su uso libre para otros fines.

Finalmente, el departamento de Campanar tacha de “irreal” la inclusión de los 800 millones de euros vinculados a una reforma del sistema de financiación autonómica, ya que, a día de hoy, dicha cuantía no existe en los presupuestos de la Generalitat. En definitiva, la propuesta es calificada como “insostenible al mezclar recursos comprometidos, ingresos puntuales y expectativas de futuro no garantizadas, lo que impide financiar de manera responsable y estable las medidas y reivindicaciones planteadas por los docentes”.

El Defensor del Pueblo acaba de abrir una actuación ante la Dirección General de la Policia solicitando información detallada acerca de la actuación policial del pasado domingo, 31 de mayo, en la ciudad de Valencia, en la que una persona, en el transcurso de una manifestación de docentes junto a la Conselleria de Educación, sufrió una agresión por parte de un agente de la Policía Nacional.

A través de videos difundidos por los medios de comunicación, esta institución ha tenido conocimiento de los incidentes acaecidos el pasado domingo en Valencia, cuando un grupo de docentes -en huelga desde hace semanas- se manifestaban en defensa de la educación pública y una asistente a la concentración -al parecer maestra jubilada- fue empujada fuertemente por la espalda sufriendo lesiones tras golpearse con el suelo sin haber existido, aparentemente, provocación o desacato a la autoridad. Pareciera que, tras observación del video, se utilizó la fuerza de manera desproporcionada.

El Defensor del Pueblo recuerda que el Tribunal Supremo ha establecido doctrina respecto al uso de la fuerza por los funcionarios policiales, que se exige el cumplimiento de determinados requisitos y que, además de tener que ser proporcionado, para hacer uso de la fuerza ha de concurrir un determinado grado de resistencia por parte del sujeto pasivo.

El Defensor del Pueblo reclama a la Dirección General de la Policia un informe valorativo sobre lo hechos, que se le haga llegar documentación audiovisual que pudiera existir sobre el suceso diferente a la difundida por los medios de comunicación, y que le informe sobre las responsabilidades que hubieran podido depurarse como consecuencia de esta actuación policial.

La plaza de la Virgen de València ha amanecido este martes con 31 tiendas de campaña rodeando el espacio, donde cerca de 50 docentes han pasado una noche “tranquila” y donde piensan continuar hasta que la Conselleria de Educación “muestre una voluntad negociadora”.

En el marco de la cuarta semana de huelga indefinida del profesorado de la Comunitat Valenciana, esta iniciativa ha surgido de forma “espontánea e informal”, según ha contado a EFE Carlos Boix, uno de los portavoces de la acampada, situada a los pies de la Catedral, la Basílica y el Palau de la Generalitat.

Sin embargo, Boix ha señalado que la intención es continuar ocupando la plaza de forma indefinida hasta que la consellera de Educación, Carmen Ortí, “muestre una voluntad negociadora que hasta ahora no ha tenido”.

El organizador ha explicado que a lo largo del día establecerán un sistema de rotaciones para que “haya movimiento y presencia todo el rato” y ha asegurado que “cuanto más gente venga, mejor”, al igual que por las noches: “Esto es libre, quien quiera puede quedarse”, ha añadido.

Esta mañana se han podido contar más de 30 tiendas de campaña, una de ellas preparada con toldos y llena de provisiones de comida, agua y refrescos, donde los docentes se han podido proteger del sol y alimentarse con productos como fruta, dulces, empanadillas y botellas de agua guardadas en neveras de playa.

Además de acampar, los docentes tienen previsto hacer talleres de pancartas, de resistencia pacífica y otras actividades como conciertos, que irán preparando conforme pase el tiempo, además de organizarse por comisiones para controlar la logística, traer material de limpieza y más comida.

La autorización debe ser municipal

Fuentes de la Delegación del Gobierno explican que “todo elemento de ocupación de la vía pública” debe tener la autorización del Ayuntamiento, por lo que su incumplimiento “será una falta administrativa que el consistorio deberá proceder a resolver acorde a su propia normativa”.

En cuanto a la acampada de València, las propias ordenanzas del Consistorio valenciano señalan que la competencia para la retirada de elementos en la vía pública es municipal (artículo 12, apartados 2 y 3 de la Ordenanza Reguladora de la Ocupación del Dominio Público Municipal), que prohíben la pernocta y acampada (artículo 32 de la Ordenanza de Parques y Jardines).

La Delegación del Gobierno, explican, garantiza la protección del derecho de reunión. Además, tal y como recoge el artículo 23.1 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, “las autoridades adoptarán las medidas necesarias para proteger la celebración de reuniones y manifestaciones, impidiendo que se perturbe la seguridad ciudadana”.

La Delegación del Gobierno deberá garantizar el derecho fundamental de reunión así como la seguridad de quienes lo ejercen y de quienes transitan alrededor: “En ello seguiremos trabajando”.

La Guardia Civil ha detenido a un hombre en relación con el asesinato por estrangulamiento este martes de una mujer en Callosa de Segura (Alicante), según han informado a EFE fuentes conocedoras del caso, que han precisado que se trata de la pareja sentimental de la víctima.

El crimen ha ocurrido esta mañana en el domicilio en el que se supone que convivían el asesino y la víctima, ambos españoles de 48 años y sin antecedentes por violencia de género entre ellos. La víctima y el detenido no tienen hijos en común ni convivían con menores de edad en su vivienda.

La investigación corre a cargo del equipo de la Mujer y Menor de la Guardia Civil (EMUME), que en estos momentos se encuentra en el domicilio, situado en el centro urbano de Callosa de Segura.

La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género ha informado, a través de la red social X (antigua Twitter), de que está recabando datos “del asesinato por presunta violencia de género” de esta víctima de Alicante.

Tres días de luto oficial

El ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) ha decretado tres días de luto oficial por el crimen cometido este martes y ha convocado a los vecinos a un minuto de silencio en memoria de la víctima para esta misma tarde a las 19:30 horas.

A través de la red social Facebook, el consistorio ha informado de que los tres días de duelo se extienden entre hoy y el próximo jueves “como muestra del dolor y rechazo unánime de toda la ciudadanía ante este trágico suceso”. Además, ha añadido que durante este periodo las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta.

Al mismo tiempo, ha convocado a la ciudadanía a guardar un minuto de silencio en memoria de la víctima este mismo martes a las 19:30 horas a las puertas del ayuntamiento para que los vecinos expresen el “respeto, duelo y repulsa”.

“Callosa de Segura dice NO a la violencia de género”, ha continuado el mensaje del ayuntamiento, que ha trasladado el “más sentido pésame a la familia y allegados” y la “profunda consternación y la más firme condena ante el asesinato de nuestra vecina”.

“La violencia de género constituye una grave vulneración de los Derechos Humanos y una de las expresiones más extremas de la desigualdad y la violencia contra las mujeres”, según el ayuntamiento, que ha incidido en el ánimo de “trasladar el apoyo, cercanía y solidaridad a la familia, amistades y personas allegadas de la víctima en estos difíciles momentos”.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 23 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año, 1.364 desde 2003.

Las víctimas de la violencia machista y su entorno pueden pedir ayuda en distintos recursos activos todos los días de la semana y las 24 horas del día: el teléfono 016, el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es y el canal del WhatsApp en el número 600 000 016.

En una situación de emergencia se puede llamar al 112 o a los teléfonos de emergencias de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y, si no es posible hacer esa llamada, en caso de peligro existe también la opción de activar la aplicación ALERTCOPS, que envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.