Alcaldes y concejales de las localidades pirenaicas de Aínsa, Biescas, Canfranc, Sabiñánigo, Jaca, Benasque, Hecho y Ansó, entre otras, se han reunido este lunes en la cabecera jacetana para analizar la falta de vivienda en zonas turísticas y la negativa del Gobierno de Aragón a declararlas como zonas tensionadas. El secretario general del PSOE altoaragonés, Fernando Sabés, ha criticado que el Gobierno de Jorge Azcón “desprecie” el trabajo de los municipios para encontrar soluciones que permitan precios asequibles a vecinos y trabajadores.

Una veintena de regidores municipales socialistas han exigido al Gobierno de Aragón que “deje la confrontación” y trabaje con los ayuntamientos que están buscando soluciones para fomentar vivienda asequible en zonas tensionadas por los precios de mercado, especialmente las ubicadas en municipios turísticos. Entre los participantes han estado la presidenta de la comarca de la Jacetania, Olvido Moratinos, los alcaldes de Sabiñánigo, Berta Fernández; de Aínsa, Enrique Pueyo; de Biescas, Lorena Cajal; o Canfranc, Fernando Sánchez.

Ante todos ellos, Sabés ha criticado que “el Gobierno de Jorge Azcón desprecie el trabajo y el esfuerzo de muchos alcaldes que buscan soluciones para que vecinos y trabajadores puedan tener acceso a un alquiler asequible y esté más ocupado en la confrontación con el gobierno central que en escuchar al territorio”. El dirigente socialista ha argumentado “la soledad de estos alcaldes y alcaldesas, que los 365 días del año atienden las necesidades reales de sus vecinas y vecinos y que en lugar de recibir apoyo del Gobierno de Aragón solo encuentran silencio y palos en las ruedas”.

El socialista se ha referido a la negativa del Gobierno de Aragón de declarar zonas vulneradas municipios que ya lo habían solicitado, como Biescas y Aínsa, una medida que contempla el Plan Estatal de Vivienda y que, entre otras mejoras, ampliaría las ayudas para acceder a alquileres asequibles. “¿Qué les queda a estos alcaldes si ya no tienen ni el respeto institucional ni el apoyo de un gobierno aragonés?”, se ha preguntado Sabés.

La presidenta de la Jacetania, Olvido Moratinos, ha destacado que Jaca fue “pionera en regular las viviendas de uso turístico”, una normativa que ha sido “asimilada” por el Gobierno de Aragón. Moratinos ha subrayado la necesidad de un “control exhaustivo” sobre qué viviendas están legalizadas. Moratinos ha recordado que su grupo municipal del Ayuntamiento de Jaca ha solicitado en dos ocasiones que se declare la zona como tensionada, lo que traería “beneficios para inquilinos y propietarios”. Sin embargo, anbas propuestas fueron rechazadas por el equipo de gobierno, lo que desde su punto de vista revela “que es un tema ideológico”.

La también presidenta de la comarca de la Jacetania ha recordado que convertir el municipio en zona tensionada permitiría “regular los precios” y así hacer “las viviendas más asequibles”. “Tenemos que buscar medidas a corto, a medio y a largo plazo y no solo construir viviendas para posibles trabajadores, sino para gente que quiera asentarse en nuestros territorios, que quiera formar sus proyectos de vida aquí”, ha manifestado.

Rechazada “sin dar una explicación”

La alcaldesa de Biescas, Lorena Cajal, ha denunciado el incremento del 10% en los precios de venta de viviendas y el aumento de los alquileres en el municipio durante el presente año. A pesar de las medidas implementadas en los últimos dos años, como la regulación de viviendas de uso turístico y el establecimiento de un 15% de viviendas de protección oficial, estas acciones han resultado insuficientes. Cajal solicitó al Gobierno la declaración de Biescas como zona tensionada: “No podemos dejar pasar esta oportunidad, porque está claro que la cosa lejos de ir arreglándose cada vez está peor”.

Sin embargo, la alcaldesa de Biescas ha criticado la falta de respuesta del Gobierno a sus peticiones, advirtiendo que los ayuntamientos están en mejor posición para entender el mercado local y las necesidades de sus vecinos. “El Gobierno de Aragón la ha rechazado de plano sin entrar a dar una explicación oportuna, ni siquiera una llamada de saber qué situación tenemos. Los ayuntamientos somos quienes conocemos nuestro mercado y a nuestros vecinos”, ha recordado.

En esta línea, el regidor de Aínsa, Enrique Pueyo, ha denunciado la falta de atención del Ejecutivo autonómico a las necesidades de su municipio en el contexto de la ley de vivienda del Gobierno central. Pueyo ha afirmado que los ayuntamientos son los que pueden solicitar la declaración de zona tensionada, pero se siente “poco escuchado y reconocido” por las autoridades autonómicas. “Ni siquiera una llamada de teléfono o ver qué ocurre realmente en nuestros pueblos”, ha incidido Pueyo.

En su opinión, las medidas propuestas por el Gobierno de Aragón son insuficientes y “no abordan” los problemas habitacionales que enfrentan los ciudadanos hoy en día. El alcalde ha subrayado que, aunque se han puesto en marcha iniciativas significativos desde el Ayuntamiento, la falta de soluciones inmediatas podría llevar a una crisis habitacional aún mayor en el futuro.

Más de 7.800 aragoneses llevan más de seis meses esperando una operación en la sanidad pública. A 30 de junio eran 7.813 los pacientes que permanecían en lista de espera quirúrgica de larga duración, según los últimos datos publicados por el Departamento de Sanidad. Son 162 más que el mes anterior y 2.360 más que en febrero, lo que supone un incremento del 43,3% en apenas cuatro meses.

El dato también empeora respecto al año pasado. En junio de 2025 había 5.463 pacientes esperando desde hacía más de 180 días una intervención quirúrgica, de modo que en doce meses el aumento ha sido de 2.350 personas, un 43%.

Traumatología sigue siendo el principal cuello de botella, con casi 2.500 pacientes esperando una intervención tras medio año de espera. Le siguen Cirugía General y del Aparato Digestivo, con 1.002 pacientes; Angiología y Cirugía Vascular, con 952; Otorrinolaringología, con 875; Urología, con 699, y Neurocirugía, con 662. Oftalmología registra 594 pacientes con esperas superiores a los seis meses.

La evolución del último mes refleja que los mayores incrementos se produjeron en Angiología y Cirugía Vascular, que sumó 133 pacientes respecto a mayo, y en Traumatología, con otros 110. También crecieron las listas de Cirugía General y del Aparato Digestivo, con 56 personas más, y de Cirugía Pediátrica, con 37. Por el contrario, Oftalmología fue la especialidad que más redujo la demora, al registrar 158 pacientes menos que el mes anterior.

Con este dato se encadenan cuatro meses consecutivos de aumento: la lista de espera de más de seis meses aumentó en 571 pacientes durante marzo, en 880 durante abril y en otros 747 en mayo. Desde febrero, el número de personas que llevan más de medio año esperando una operación ha crecido en 2.360 pacientes.

El Departamento de Sanidad atribuye este aumento al impacto acumulado de la huelga convocada por organizaciones médicas contra el nuevo Estatuto Marco del Ministerio de Sanidad. Según explica, los paros han obligado a suspender más de 4.900 intervenciones quirúrgicas y han alterado la planificación de la actividad asistencial, lo que ha provocado un efecto que, sostiene, seguirá notándose durante los próximos meses, especialmente en el periodo estival.

El Ejecutivo aragonés defiende, además, que el plan extraordinario de dinamización de la actividad quirúrgica permitió reducir durante 2025 la lista de espera de larga duración cerca de un 27%, al pasar de 7.526 pacientes a 5.540. Asegura que esa evolución descendente se ha visto interrumpida por las jornadas de huelga y señala que, mientras persista esta situación, se seguirá priorizando la atención de los pacientes con patologías más graves o cuya demora tenga un mayor impacto en su calidad de vida.

Sanidad destaca también que el 34,4% de los pacientes que llevan más de 180 días esperando una intervención, un total de 2.684 personas, aguardan procedimientos que no requieren ingreso hospitalario. Asimismo, subraya que más de siete de cada diez intervenciones realizadas este año se han llevado a cabo antes de superar los seis meses de espera.

Por provincias, Zaragoza concentra la mayor parte de la lista de espera quirúrgica de larga duración, con 6.959 pacientes, seguida de Teruel, con 579, y Huesca, con 275. Respecto al mes anterior, el incremento fue de 139 pacientes en Zaragoza, de 12 en Teruel y de 11 en Huesca.

En cuanto a la evolución anual por especialidades, Angiología y Cirugía Vascular es la que experimenta el mayor incremento, al pasar de 181 pacientes en junio de 2025 a 952 este año. También aumentan de forma significativa Cirugía General y del Aparato Digestivo, con 517 pacientes más; Traumatología, con 515, y Urología, con 257. Por el contrario, Otorrinolaringología es la especialidad que registra la mayor reducción interanual, con 247 pacientes menos que hace un año.

El Grupo Parlamentario Socialista ha asegurado que la negativa del Gobierno de Aragón a entregar los informes sobre la privatización del Bachillerato “es un escándalo”. Así lo ha dicho el portavoz socialista en la Comisión de Educación, Jorge Pastor, quien este miércoles ha criticado el “oscurantismo” del Gobierno de Jorge Azcón sobre este asunto. El PSOE solicitó hace 99 días información para conocer los informes que avalaban la privatización del Bachillerato anunciada por Jorge Azcón estando como presidente en funciones.

“La única respuesta ha sido que la orden está paralizada por medidas cautelares y no se aporta ni más información ni ninguno de los informes solicitados”, ha dicho Pastor. El diputado ha recordado que se pidieron tanto los informes de Intervención y los de Inspección Educativa “que debían justificar las necesidades de privatizar el Bachillerato cuando en Aragón sobraban más de 2.000 plazas de Bachillerato, siendo que además es una etapa no obligatoria”.

Pastor ha denunciado la negativa a facilitar esta información y ha argumentado que “aunque la orden para privatizar el Bachillerato esté paralizada cautelarmente, el expediente administrativo tiene que existir”. Ha comparado esta solicitud con la realizada en el caso de la devolución de las pinturas de Sijena: el PSOE también solicitó información y la respuesta fue “que el proceso estaba judicializado y que, por tanto, fuésemos mejor directamente al departamento y que en el Departamento se nos daría la información que estábamos solicitando”. “¿Por qué en este caso todavía no nos dan estos informes?”, se ha preguntado el parlamentario socialista.

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA-COAG) denuncia que la plaga de conejos continúa provocando “graves pérdidas económicas” en las explotaciones agrarias aragonesas, además de “importantes daños” en infraestructuras agrícolas, “sin que las administraciones competentes adopten medidas eficaces” para controlar una situación que se prolonga desde hace años. Ante esta situación, UAGA-COAG anuncia que iniciará la vía judicial para reclamar la responsabilidad patrimonial del Gobierno de Aragón y del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, al considerar que ambas administraciones “incumplen su obligación” de controlar las poblaciones de conejos que encuentran refugio en los taludes de carreteras y vías ferroviarias.

La organización denuncia que esos espacios públicos se han convertido en “auténticas granjas de reproducción de conejos”, desde los cuales los animales invaden las parcelas agrícolas causando cuantiosos daños en cultivos e infraestructuras de riego, caminos y cerramientos. UAGA-COAG ha apuntado que, si las administraciones no realizan un control efectivo de la fauna cinegética en las infraestructuras de su competencia, deberán asumir la responsabilidad de los perjuicios ocasionados e indemnizar a los agricultores por las pérdidas sufridas.

La organización también reclama una profunda modificación de la normativa de Agroseguro, ya que considera que el actual sistema perjudica precisamente a los agricultores que padecen de forma continuada los daños de la plaga. Actualmente, cuando un agricultor ha dado parte de siniestro por conejos en sus parcelas de cereal durante cuatro campañas consecutivas, Agroseguro elimina para esa explotación la posibilidad de contratar esta cobertura, es decir, quien más necesita el seguro acaba perdiendo el derecho a asegurarse frente a este riesgo.

Además, UAGA-COAG ha criticado que para que Agroseguro reconozca los daños que ocasionan los conejos en el cereal, la planta tiene que alcanzar el estado fenológico (haber desarrollado al menos tres hojas). Sin embargo, cuando los conejos se comen el cultivo nada más germinar, el siniestro pasa a calificarse como un problema de nascencia y la póliza se anula, dejando al agricultor sin indemnización.

La organización ha considerado que esta práctica permite a Agroseguro cobrar una prima (en octubre), que incluye la cobertura por daños de conejo, para posteriormente no asumir la correspondiente indemnización. Y para colmo, cuando se produce la baja de la póliza por no nascencia, la devolución del importe al agricultor no se materializa hasta junio del año siguiente.

Por otra parte, UAGA-COAG ha expresado también su rechazo a que las inspecciones de los peritos para comprobar la nascencia del cereal se realicen durante el mes de marzo cuando, en la mayoría de las ocasiones, el cultivo ya ha desaparecido de las parcelas. La organización considera imprescindible adelantar estas revisiones a diciembre o enero para evitar la indefensión de los agricultores.

Medidas urgentes

UAGA-COAG insiste en que la situación requiere decisiones inmediatas y reclama a las administraciones un conjunto de medidas que permitan reducir de forma efectiva la sobrepoblación de conejos, entre otras, autorizar la caza con rifles de calibres 17 y 22; permitir el uso de visores térmicos; autorizar la caza desde vehículos; implicar a los Agentes de Protección de la Naturaleza (APN) y al personal forestal en las labores de control de la plaga; establecer ayudas a los cotos de caza para la adquisición de cartuchos, siguiendo el ejemplo de Castilla y León y Cataluña; incrementar la exigencia a los cotos de caza para que cumplan con sus obligaciones de control poblacional; sancionar la comercialización de conejos capturados vivos para evitar su traslado y expansión.

Asimismo, favorecer la creación de empresas especializadas en tratamientos mediante yoduro de aluminio; autorizar tratamientos con dióxido de carbono en aquellas zonas donde la actividad cinegética está prohibida, como los entornos de carreteras y las infraestructuras ferroviarias de ADIF.

Desde UAGA-COAG han subrayado que la plaga de conejos se ha convertido en el principal obstáculo para sacar adelante las producciones agrícolas en muchas comarcas. La organización reclama una actuación coordinada entre todas las administraciones implicadas para poner fin a una situación que compromete la viabilidad de muchas explotaciones y exige que quienes tienen la responsabilidad de controlar las poblaciones de conejos asuman también las consecuencias de su inacción.

El consejero de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro, ha reconocido que la evolución de las labores de extinción del incendio declarado en el término municipal turolense de Peñarroya de Tastavins, en la comarca del Matarraña, es “bastante favorable” y, de hecho, se reabrirá “en las próximas horas” la carretera A-1414 que permanecía cortada. Así lo ha indicado Bermúdez de Castro en declaraciones a los medios de comunicación tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (CECOPI) a última hora de este lunes, que ha tenido lugar en la Sala de Crisis del 112 Aragón, encabezada por el presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón.

También han estado presentes los consejeros de Hacienda, Interior y Administración Pública, Roberto Bermúdez de Castro; de Medio Ambiente y Turismo, Luis Biendicho; y de Sanidad, Ángel Sanz; así como el director general de Emergencias, Miguel Ángel Clavero.

Bermúdez de Castro ha avanzado que será a partir de esta noche cuando se decida la posible desmovilización de medios, después de que los drones de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y la Guardia Civil hagan un vuelo de reconocimiento para comprobar “cómo está exactamente el incendio”. “Si todo va bien, si los vuelos demuestran que el incendio ha ido a mucho menos y se está controlando, pues la UME sería desmovilizada a primera hora de la mañana”, ha indicado el consejero autonómico, aunque durante la tarde se ha procedido a la desescalada progresiva de medios y desde las 19.00 horas se ha procedido al relevo de las brigadas terrestres; al ocaso, se retirarán la totalidad de los medios aéreos.

El Gobierno de Aragón mantiene la Situación Operativa 2 Nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (PROCINFO) para este incendio, que ha calcinado unas 340 hectáreas de superficie, aproximadamente, aunque se encuentra perimetrado.

En este sentido, Bermúdez de Castro ha apuntado que la previsión meteorológica para esta noche es “muy favorable, con menos viento, más humedad y la temperatura bajará”, con lo cual, se abre “una ventana de oportunidad” desde esta noche hasta las 10.00 o 12.00 horas del martes que podría permitir dar por estabilizado este incendio. No obstante, ha advertido del viento, que “mañana –martes– por la tarde hay un rebrote bastante importante , pero esperamos que para esa hora el incendio ya esté muy parado”.

Acerca de la carretera A-1414, entre Fuentespalda y Monroyo, se abrirá en “próximas horas” para que los vecinos circulen con normalidad.

Desalojados

Por otro lado, Bermúdez de Castro ha comentado que la reunión del CECOPI de las 9.00 horas de este martes “se estudiará el regreso de las personas desalojadas y la reapertura de los alojamientos afectados”. “El fuego está muy perimetrado, ya no hay peligro, pero entendemos que hasta que el fuego no esté completamente sofocado, por medida de seguridad, más vale esperarse unas horas antes que volver”, ha apostillado el consejero aragonés.

La vuelta será posible “después de una respuesta coordinada en la que han participado servicios de emergencia, administraciones, alcaldes, vecinos y voluntarios, permitiendo que un incendio que presentaba un escenario muy complicado haya evolucionado de forma claramente favorable”, ha insistido Roberto Bermúdez de Castro.

Sobre los bomberos heridos, los tres del Consorcio de Castellón, Roberto Bermúdez de Castro ha referido la fractura sufrida por uno ellos durante las labores de extinción de las llamas, mientras que los otros dos se encuentran heridos leves a consecuencia de un accidente cuando volvían a la base. Se trata de dos varones, con pronóstico reservado. Uno de ellos se encuentra en el Hospital de Alcañiz, en observación, y otro en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza, donde va a quedar ingresado en planta, según fuentes del Gobierno de Aragón.

Medios

Esta noche estarán desplegadas por parte del operativo del INFOAR 12 brigadas terrestres, 11 autobombas y 3 bulldozer. Se mantendrán 6 autobombas, 1 nodriza y 1 bulldozer de la UME, bomberos de la Diputación Provincial de Teruel, de la Diputación Provincial de Castellón; así como otros efectivos de Guardia Civil, Protección Civil y de la Unidad Adscrita de la Policía Nacional. En total, habrá más de 150 efectivos trabajando durante la noche.

La previsión meteorológica para esta noche apunta a vientos de baja intensidad y de dirección variable. A partir del mediodía del martes, está previsto un viento sur con relativa intensidad. En cuanto a la humedad, se irá recuperando durante la noche y la previsión indica que el martes podría caer en torno al 40%. Respecto a las temperaturas, el martes se alcanzarán máximas de 33 o 34 grados.

La Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) asumirá la financiación de los 30.000 euros que el Gobierno de Aragón retiró este año a la Cátedra de Cooperación al Desarrollo de la Universidad de Zaragoza. La institución provincial ha anunciado este jueves que incorporará esa cantidad al convenio que mantiene con la Universidad para garantizar la continuidad de la cátedra y de las actividades que desarrolla, entre ellas el Máster de Formación Permanente en Cooperación al Desarrollo.

La decisión llega después de que el Ejecutivo de PP y Vox eliminara la aportación autonómica a esta cátedra, una medida que fue comunicada el pasado mes de junio y que motivó críticas de la Universidad y de los responsables del proyecto, quienes advirtieron de que suponía un nuevo paso atrás en las políticas públicas de cooperación impulsadas por el Gobierno aragonés.

Con la financiación anunciada por la DPZ se mantendrán las distintas líneas de trabajo previstas para este curso, entre ellas el máster —que alcanza su décima edición—, las prácticas en países del Sur, el curso de iniciación a la cooperación, la Semana de la Cooperación y la conferencia anual organizada por la cátedra.

La diputada delegada de Solidaridad y Cooperación al Desarrollo de la DPZ, Nerea Marín, ha enmarcado la decisión como una respuesta a la retirada de fondos por parte del Gobierno de Aragón. En su comparecencia, ha acusado al Ejecutivo autonómico de lanzar un mensaje político con la supresión de esta ayuda y ha defendido que la Diputación no permitirá que esa decisión comprometa un proyecto “construido durante años entre la Universidad, las organizaciones sociales y las instituciones públicas”.

Por su parte, la rectora de la Universidad de Zaragoza, Rosa Bolea, ha agradecido el apoyo económico de la institución provincial y ha señalado que permitirá mantener unas actividades que considera “fundamentales” para una universidad pública, tanto por la formación especializada como por la cooperación con países en desarrollo. El vicerrector de Internacionalización y Cooperación, Sergio Salinas, ha destacado también que el acuerdo garantiza la continuidad de una formación que ha calificado de “clave”.

La retirada de la financiación a la Cátedra de Cooperación fue uno de los últimos movimientos del Gobierno de Aragón en materia de cooperación internacional por impulso de Vox. El Ejecutivo justificó entonces la eliminación de la partida alegando un cambio de prioridades presupuestarias hacia la denominada “prioridad nacional”, mientras que la Universidad defendió que la cooperación al desarrollo forma parte de sus funciones como institución pública. La decisión provocó la reacción de profesores y expertos vinculados a la cátedra, que denunciaron que el recorte suponía una nueva “embestida” contra la cooperación internacional en Aragón y alertaron del impacto que tendría sobre un proyecto que durante años ha combinado formación, investigación y sensibilización en este ámbito.

El procedimiento mercantil que afrontan Jorge Azcón, Natalia Chueca y María Navarro –junto a otros seis dirigentes políticos ahora en el PP– por revertir la concesión del spa de Ranillas, en Zaragoza, y que puede llegar a suponer su inhabilitación para administrar bienes ajenos, tiene un precedente jurídico con similitudes: la exalcaldesa de Alcorcón, la socialista Natalia de Andrés, ya fue condenada a cinco años en diciembre de 2021, un fallo en primera instancia que fue ratificado por la Audiencia Provincial en lo tocante a la inhabilitación. Aunque la regidora optó por mantener el puesto pese a las críticas, se vio obligada a dar un paso a un lado en las elecciones municipales de 2023.

No es un antecedente vinculante para lo sucedido en la capital aragonesa, pero es una muestra de hasta dónde pueden llegar este tipo de procedimientos cuando alcanzan a la cúpula de un Gobierno local. En concreto, el Juzgado de lo Mercantil nº 6 de Madrid declaró culpable el concurso de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMGIASA) e inhabilitó durante diez años a la entonces alcaldesa.

Ambos casos se dirimen en la denominada Sección Sexta del concurso de acreedores: la pieza en la que un juzgado de lo mercantil determina si la quiebra de una empresa fue “fortuita” o “culpable”. En este segundo caso, también determina quién debe responder por ella. Por ahora, la jueza de lo Mercantil nº2 de Zaragoza ha citado en calidad de afectados a Azcón, Chueca y Navarro –ahora presidenta de las Cortes de Aragón–, así como a los todavía concejales Ángel Lorén, Víctor Serrano, Sara Fernández y a los exediles Patricia Cavero, Carmen Herrarte y Javier Rodrigo. Esto significa que podrían tener una responsabilidad directa en la insolvencia de la empresa Cublan Inversiones, a la que el Gobierno municipal revirtió la concesión del centro termal y spa de la Expo. Con esto se juegan en último término una inhabilitación de hasta 15 años para administrar bienes de terceros.

En Alcorcón, la sentencia recayó sobre EMGIASA, sociedad inmobiliaria cuyo único accionista era el Ayuntamiento y cuyo consejo de administración estaba formado por concejales. El juzgado concluyó que, entre 2009 y 2011, ese consejo –presidido por quien ocupaba la Alcaldía, Enrique Cascallana– repartió dividendos por 17,5 millones de euros pese a que la empresa arrastraba condenas judiciales por expropiaciones no contabilizadas, y que desvió 93,7 millones de los beneficios del negocio inmobiliario ordinario hacia la construcción de un macrocomplejo cultural sin ningún estudio de viabilidad. El fallo declaró al Ayuntamiento “administrador de hecho” de su propia empresa, le impuso el 25% del déficit concursal e inhabilitó a los concejales entre tres y diez años.

Dos años después, en diciembre de 2023, la Audiencia Provincial de Madrid mantuvo la inhabilitación de cinco años para Natalia de Andrés –concejala de Urbanismo en la época en que se produjeron los hechos y alcaldesa de Alcorcón cuando se dictó la sentencia—, pero rebajó la de Cascallana de diez a cinco años y, sobre todo, dejó sin efecto tanto la declaración del Ayuntamiento como administrador de hecho como la responsabilidad de cubrir el déficit concursal para todos los afectados.

En el caso del spa de Ranillas, en el recinto Expo de Zaragoza, hay diferencias. Así, la empresa que ha dado origen al conflicto es una concesionaria privada, Cublan Inversiones, que asumió la explotación en 2017 y cerró en febrero de 2022 tras una cadena de decisiones administrativas que ahora forman el corazón del litigio: el Ayuntamiento le denegó la licencia de funcionamiento de manera injusta, según han dictaminado los tribunales. Y, dos meses más tarde, invocando esa misma licencia denegada, le negó asimismo el aval necesario para ejecutar una financiación de 3,5 millones de euros que la empresa tenía comprometida con un fondo privado. Sin ese crédito, el spa cerró y la compañía se vio obligada a entrar en concurso. En mayo de 2023, Cublan y catorce de sus acreedores pidieron que se declarara culpable al Ayuntamiento por esa secuencia.

Desde el Ayuntamiento, fuentes municipales califican de “falso” que la jueza “haya citado a nadie” y aseguran que “de trata exclusivamente de una pieza de calificación dentro de un concurso de acreedores que contempla la comparecencia de determinadas personas como posibles afectados para que puedan ejercer sus derechos de defensa”, algo que -apuntan- “no es ni obligatorio”.

Hay que recordar que la empresa cuenta a su favor con una sentencia firme que respalda buena parte de la tesis de la empresa. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Aragón resolvió en febrero de 2024, íntegramente a favor de Cublan Inversiones, que la instalación conservaba una licencia tácita desde 2011 y que la empresa tenía “un indiscutible derecho a la licencia expresa” desde el 4 de diciembre de 2021, casi dos meses antes de que se le negara el aval que la habría salvado de la quiebra.

Es, de cualquier forma, un procedimiento distinto ya que el actual se dirime en la jurisdicción mercantil. Y, además, en el caso de Zaragoza –a diferencia de Alcorcón– el Ayuntamiento no era propietario ni gestor de la empresa concesionaria, sino que le negó una licencia y un aval que llevó a la firma a la quiebra.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha advertido a los responsables de ejecutar la sentencia del Tribunal Supremo (TS) sobre las pinturas murales del Monasterio de Santa María de Sijena (Huesca) de “responsabilidades penales que son indeseables” si no colaboran en la misma.

Durante un acto organizado por 'El Periódico de Catalunya' este jueves en la Casa Cupra Raval de Barcelona, ha afirmado que no hay más posibilidad de ejecutar la sentencia y el retorno, y ha reclamado a los responsables del Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) que “su actitud sea de mayor colaboración que la que estamos viendo a día de hoy”.

Ha sostenido que reavivar este debate es crear una polémica innecesaria y ha asegurado que en Aragón defenderán la propiedad de esos bienes, aunque ha dicho que “hubiera sido mejor una decisión dialogada”, pero que que al no ser posible, ha decidido la Justicia.

“A quien tenga que tomar esa decisión, mi consejo personal y además mi consejo con la mejor intención es: ejecuta la sentencia y ejecútala como te diga el juez, porque lo contrario te va a generar unos problemas que cualquiera entiende. La rebeldía en la ejecución de la sentencia va a tener una serie de derivadas en responsabilidad penal”, ha expresado.

Estado de las pinturas

Sobre si es posible el traslado sin dañar las pinturas, Azcón ha sostenido que la sentencia así lo contempla: “También dirime sobre si es factible o no ejecutar la sentencia con el traslado y no deja dudas” y que además el ministerio de Cultura se ha negado a hacer un informe que diga lo contrario.

Y ha ironizado con los traslados que se hicieron en el siglo pasado: “¿Me quieres decir que en los 80 y en los 90 podían viajar a Nueva York y que ahora que queremos volver a llegar a la Luna no somos capaces de que las pinturas vengan a Aragón?”.

El dirigente popular también ha criticado la posición del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, tras explicar que, en una breve reunión que mantuvieron en mayo de 2025, este le aseguró, según Azcón, que cumpliría la sentencia: “El presidente de Illa me dijo una cosa y la realidad está siendo radicalmente la contraria”.

“Lo que el presidente me dijo es: 'Cuando haya sentencia, cuando el Tribunal Supremo dicte sentencia sobre Sijena, vamos a hacer una cosa: ni tú nombres un político, ni yo nombro un político, vamos a nombrar técnicos, y que los técnicos de las comunidades autónomas colaboren en todo lo que tengan para que cumplamos la sentencia'”, ha explicado.

El Gobierno de Aragón se suma a comunidades autónomas como Madrid, la Comunitat Valenciana o Extremadura y rechaza aplicar las zonas de mercado residencial tensionado previstas en la Ley estatal de Vivienda, incluso si los municipios las solicitan. El Consejo de Gobierno ha acordado de forma unánime no tramitar estas declaraciones al considerar que la limitación de los precios del alquiler “reduce la oferta de vivienda” y defender como alternativa el incremento del parque público.

El Gobierno de Aragón ha acordado de forma unánime rechazar la tramitación de procedimientos para declarar Zonas de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT), una decisión que impedirá su aplicación en la comunidad aunque los ayuntamientos la soliciten. El consejero de Vivienda, Octavio López, ha defendido este martes que no se trata de una “decisión ideológica”, sino adoptada “bajo los máximos criterios de responsabilidad pública”, al considerar que la solución al problema de acceso a la vivienda “no pasa por la regulación de precios privados, sino por el aumento de la oferta de promoción pública”.

El acuerdo, que se publicará en los próximos días en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), se fundamenta, según el Ejecutivo autonómico, en las competencias exclusivas de la comunidad en materia de vivienda y en la naturaleza potestativa de estas declaraciones, recogida en la Ley estatal de Vivienda y avalada por el Tribunal Constitucional. López ha defendido que el Estado no puede imponer la aplicación de las zonas tensionadas y ha asegurado que limitar las rentas del alquiler supone trasladar a los propietarios una carga que corresponde a los poderes públicos.

El consejero ha explicado que la decisión se apoya también en los “efectos perjudiciales” que, a juicio del Gobierno aragonés, ha tenido el control de precios en los territorios donde ya se aplica. Como ejemplo ha citado Cataluña, donde las limitaciones están vigentes desde marzo de 2024. Basándose en un informe elaborado para la Cátedra Unesco de la Universitat Rovira i Virgili, el Ejecutivo sostiene que la medida ha provocado una reducción de la oferta de vivienda en alquiler, ha favorecido el trasvase hacia el alquiler turístico, de temporada o la compraventa, ha reducido el tamaño medio de las viviendas disponibles y ha generado un “efecto frontera” al encarecer los municipios limítrofes no regulados.

“No nos hemos cerrado en banda a aplicar los escasos aspectos positivos de la ley de vivienda estatal”, ha señalado López, quien ha calificado la norma en su conjunto de “nefasta”. Por ello, ha reafirmado que “en Aragón no se tramitarán procedimientos para la declaración de Zonas de Mercado Residencial Tensionado hasta que no se disponga de informes científicos que contradigan los efectos negativos derivados de estas regulaciones”.

En este sentido, el consejero se ha referido expresamente a municipios como Aínsa o Biescas, que han manifestado su intención de solicitar la declaración de zona tensionada por los problemas de acceso a la vivienda. Aunque ha precisado que esas solicitudes todavía no han llegado formalmente al Gobierno de Aragón, ha garantizado que no serán aprobadas porque el Ejecutivo entiende que esta medida “perjudica gravemente” al mercado del alquiler.

Como alternativa, el Gobierno autonómico ha vuelto a reivindicar el Plan Aragón Más Vivienda 2024-2030. López ha destacado que desde el inicio de la legislatura se han impulsado unas 3.000 viviendas públicas y ha reiterado el objetivo de alcanzar las 7.000 antes de que termine el mandato. También ha puesto en valor el programa Más Vivienda, Mejor Turismo, con el que se proyectan 488 viviendas de alquiler asequible para trabajadores en 43 municipios turísticos mediante una inversión superior a 80 millones de euros.

La decisión formaliza una postura que el Ejecutivo de Jorge Azcón ya había expresado en varias ocasiones y que comparte con la mayoría de comunidades autónomas gobernadas por el PP. En octubre de 2024, los consejeros de Vivienda de estos territorios suscribieron un comunicado conjunto en el que rechazaban declarar zonas tensionadas aunque los ayuntamientos las solicitaran, al considerar que se trata de una medida ineficaz. Desde entonces, comunidades como Madrid o la Comunitat Valenciana han rechazado peticiones de municipios como Getafe, Rivas Vaciamadrid, Fuenlabrada, Sagunto o Dénia. La principal excepción ha sido Galicia, cuya Xunta autorizó en mayo de 2025 la declaración de A Coruña, aunque insistió en que lo hacía por imperativo legal y manteniendo sus críticas a la Ley estatal de Vivienda.

La consejera de Economía, Competitividad y Empleo del Gobierno de Aragón, Eva Valle, y la directora general de Grandes Inversiones, Marta Ríos, han visitado este martes las instalaciones que la compañía estadounidense Diamond Foundry está desarrollando en el polígono Empresarium de la Cartuja Baja (Zaragoza), un proyecto industrial que prevé una inversión total de 1.300 millones de euros y la creación de 300 puestos de trabajo directos.

El proyecto sitúa a Aragón dentro de la cadena global de valor de los semiconductores, uno de los sectores más estratégicos y con mayor proyección de crecimiento de la economía mundial. Durante la visita, Eva Valle ha subrayado que la implantación de Diamond Foundry confirma el atractivo de Aragón para las inversiones tecnológicas de vanguardia y refuerza el posicionamiento de la comunidad como uno de los principales polos industriales y tecnológicos emergentes del sur de Europa.

La consejera ha señalado que “Diamond Foundry permite posicionar a Aragón dentro de una nueva cadena global de valor, en este caso la cadena de los semiconductores, y complementar el ecosistema de inversiones tecnológicas que estamos consiguiendo atraer a nuestra comunidad autónoma”.

Valle ha añadido que “una de las razones por las que Diamond Foundry viene aquí es precisamente por este ecosistema que estamos creando, además del talento y de otras condiciones que ofrece nuestra comunidad autónoma”. La titular de Economía ha destacado además que el futuro pasa por consolidar un entramado productivo capaz de combinar grandes inversiones tecnológicas, capacidades industriales avanzadas y empleo cualificado concluyendo que “desde el Gobierno de Aragón estamos realmente entusiasmados con este proyecto muy innovador y vamos a seguir impulsándolo para que sea una realidad lo antes posible”.

Por su parte, el delegado del Gobierno en Aragón ha recordado que la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), adscrita al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, formalizó recientemente con Diamond Foundry una inversión de 752 millones de euros para fabricar en España componentes para microchips, parte de los cuales van a la planta de Zaragoza.

Diamond Foundry es una compañía tecnológica estadounidense especializada en la producción de diamante sintético avanzado para aplicaciones tecnológicas y está considerada una de las empresas más innovadoras en el ámbito de los nuevos materiales para semiconductores.

La empresa desarrolla diamantes monocristalinos sintéticos que ofrecen propiedades muy superiores a las del silicio tradicional para determinadas aplicaciones tecnológicas. El proyecto de la Cartuja Baja (Zaragoza) forma parte de la apuesta de la multinacional por España y complementa la actividad que la compañía desarrolla en Trujillo (Cáceres), donde se producen los lingotes de diamante sintético que servirán posteriormente como materia prima para los procesos industriales que se realizarán en Aragón.

La planta desarrollará una de las fases más sofisticadas y estratégicas de la cadena de valor de los semiconductores. En las instalaciones de Empresarium se llevará a cabo el procesamiento de las obleas de diamante sintético a partir de los lingotes producidos en la localidad extremeña de Trujillo. En concreto, la factoría se especializará en el corte de obleas, el lapeado, el pulido de precisión, la inspección y el control de calidad de los materiales, así como en su preparación para aplicaciones de electrónica avanzada.

Se trata de procesos de alto valor añadido y elevada complejidad tecnológica que convierten a Zaragoza en un eslabón fundamental dentro de la futura cadena de producción de materiales avanzados para semiconductores.

Inicio de actividad en 2027

Las obleas obtenidas en la planta aragonesa servirán como sustrato para la fabricación de chips de alta potencia destinados a sectores estratégicos para la economía digital, contribuyendo además a reforzar la autonomía tecnológica europea en un ámbito considerado prioritario por la Unión Europea y el Gobierno de Aragón.

La compañía ya ha formalizado la compra de las instalaciones de Empresarium y ha iniciado los trabajos previos para su puesta en marcha, además de continuar incorporando personal y estructura directiva para la futura planta.

Según las previsiones de la empresa, la actividad comenzará durante 2027, mientras que la planta alcanzará su funcionamiento a pleno rendimiento a lo largo del año siguiente, consolidando una de las inversiones industriales tecnológicas más relevantes que se están desarrollando actualmente en Aragón.

El programa de desensibilización a medicamentos ha permitido a 342 pacientes en Aragón optar a los tratamientos óptimos, a pesar de realizarse estos con fármacos a los que son alérgicos. Este programa se puso en marcha en 2014 en el Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza y también se ofrece en el Hospital Universitario Miguel Servet, con los que se ha llegado a atender a personas de toda la comunidad autónoma.

En concreto, desde su inicio en marzo de 2014 y hasta el 30 de junio de este año, se han realizado 2.028 procedimientos a un total de 342 pacientes. El desarrollo del programa ha sido progresivo. Ha pasado de los nueve primeros tratamientos que se hicieron en 2014 a los 308 de 2025.

Este miércoles, 8 de julio, se celebra el Día Mundial de la Alergia, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad sobre las reacciones del sistema inmunológico a diferentes alérgenos e impulsar la prevención y el tratamiento precoz.

En el caso de la alergia a los fármacos, el alergólogo del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa de Zaragoza José Luis Cubero ha explicado que los protocolos de desensibilización están especialmente dirigidos a pacientes que deben ser tratados con medicamentos que su cuerpo no tolera y para los que no existe alternativa terapéutica o la que hay no es tan efectiva. Se puede realizar con fármacos oncológicos, hematológicos y biológicos. También está dirigido, en ocasiones, a antibióticos (penicilina u otros betalactámicos o sulfamidas) y a otros fármacos, como ácido acetilsalicílico, insulina o heparina, cuando no existen alternativas válidas. No obstante, la inmensa mayoría, sobre el 97,5%, son fármacos de Oncología.

El doctor Cubero ha indicado que la aplicación de este programa puede salvar vidas ya que evita que los pacientes alérgicos tengan que renunciar a los tratamientos más eficaces disponibles para su enfermedad, mejorando su calidad de vida y sus expectativas clínicas.

Según datos de la Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica, la alergia a medicamentos constituye el tercer motivo de consulta más frecuente y se estima que entre el 15% y el 25% de la población puede sufrir alguna reacción a la medicación utilizada que, en la mayoría de las ocasiones, supone una reacción alérgica.

Procedimiento

La desensibilización es una técnica que consiste en administrar dosis progresivas del fármaco, comenzando con una dosis muy pequeña, hasta alcanzar la dosis terapéutica. Esta tolerancia es transitoria: se mantiene solo mientras dura la exposición continuada al fármaco, por lo que debe repetirse en cada nueva administración del tratamiento.

Los protocolos de administración pueden prolongarse entre 4 y 10 horas, según el fármaco y el tipo de reacción, y suelen realizarse en unidades con monitorización, y en ocasiones, en el ámbito de cuidados intensivos.

El doctor Cubero ha remarcado que la desensibilización a fármacos oncológicos, hematológicos y biológicos exige la colaboración estrecha entre diferentes especialidades, como alergología, oncología, hematología y otras, así como de la farmacia hospitalaria, el hospital de día y la enfermería especializada.

“Esta coordinación multidisciplinar es clave para garantizar tanto la seguridad del paciente, como la administración completa del tratamiento indicado”, ha enfatizado este especialista. Igualmente, ha manifestado que estos protocolos deben ser realizados siempre por alergólogos entrenados, capaces de personalizar la pauta y manejar cualquier reacción que pueda surgir.

El Gobierno de Aragón lamenta la muerte de Waka, uno de los ejemplares de lince ibérico reintroducidos recientemente en la comunidad autónoma dentro del programa de recuperación de la especie. El cadáver del animal fue localizado en las inmediaciones de las vías del tren a su paso por el entorno de Puerto Venecia, en Zaragoza. El halalzgo fue posible gracias a la señal del emisor GPS que el ejemplar llevaba incorporado en el collar de seguimiento y que indicó la muerte del animal.

La necropsia, realizada este lunes en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de La Alfranca, ha permitido comprobar que la muerte se debió a un fuerte golpe en la cabeza que provocó la rotura del cuello del animal, compatible con la acción de un tren, ya sea por impacto directo o como consecuencia de la onda de presión del aire desplazada por el convoy.

Waka, una hembra nacida en el centro de cría en cautividad de El Acebuche, en Doñana, llegó a Aragón el pasado 29 de abril junto al macho Worbi, procedente de Zarza de Granadilla (Cáceres). Ambos fueron liberados el 27 de mayo y forman parte de la segunda pareja de linces incorporada al proyecto de reintroducción desarrollado en la cuenca del Huerva bajo la tutela de la Dirección General de Medio Natural del Departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón.

Del mismo modo, cabe destacar que los atropellos en infraestructuras lineales de transporte constituyen una de las principales causas de mortalidad no natural del lince ibérico, especialmente durante sus desplazamientos de dispersión. En el caso de las líneas ferroviarias, la elevada velocidad de los convoyes y la configuración de algunos vallados perimetrales pueden convertir estas infraestructuras en barreras de especial riesgo para la especie.

Programa de reintroducción

La reintroducción del lince ibérico en Aragón se enmarca en la Estrategia nacional de conservación de la especie, un programa que ha permitido la recuperación progresiva de una especie desaparecida del territorio aragonés desde la segunda mitad del siglo XX y que convirtió a Aragón, el pasado mes de marzo, en la primera comunidad autónoma del noreste peninsular en recuperar al lince ibérico.

El pasado 17 de marzo fueron reintroducidos en Aragón los dos primeros ejemplares del programa, Windtail y Wynx, que, tras completar su periodo de aclimatación, permanecen explorando el valle del Ebro. Posteriormente, el pasado 29 de abril, llegaron a la Comunidad Autónoma Worbi y Waka, la segunda pareja incorporada al proyecto de recuperación de la especie. Asimismo, el pasado 3 de junio llegaron a la finca de Torrecilla de Valmadrid los ejemplares Werba y Wound, la tercera pareja del programa de reintroducción, que actualmente completan su periodo de aclimatación. Además, el Departamento de Medio Ambiente y Turismo mantiene, además, la previsión de liberar esta misma semana una cuarta.

Cabe recordar que todos los ejemplares liberados en el medio natural son objeto de un seguimiento intensivo mediante collares GPS y señal de radio, lo que permite conocer sus movimientos y realizar un control permanente de su evolución.

La dirección general de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón, dependiente del departamento de Medio Ambiente y Turismo, decreta para este lunes 6 de julio el nivel de alerta rojo por riesgo de Incendios Forestales prácticamente en la totalidad de Aragón.

El nivel de alerta de peligro de incendios forestales (NAPIF) de este lunes sitúa 24 zonas en alerta roja: Bajo Ebro Forestal, Depresión del Jalón, Gúdar Javalambre, Jiloca-Gallocanta, Maestrazgo, Mijares, Moncayo y Aranda, Muela de Alcubierre, Muela de Valmadrid, Muela de Zuera, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental, Prepirineo Central, Prepirineo Occidental, Prepirineo Oriental, Puertos de Beceite, Rodeno, Sierras Ibéricas Centrales, Somontano Occidental, Somontano Oriental, Somontano Sur, Turia y Valle del Ebro Agrícola.

Para este lunes, la disponibilidad de combustible muerto es muy alta o total en la mayor parte de la Comunidad y la propagación de incendios de alta intensidad es posible en casi todo el territorio. Además, hay riesgo de tormentas en el tercio sur de la Comunidad.

El nivel de alerta de peligro de incendios forestales (NAPIF) se establece a nivel territorial, por zonas homogéneas en cuanto a riesgo y a tipología de los incendios, denominadas zonas de meteoalerta.

Desde el departamento de Medio Ambiente y Turismo del Gobierno de Aragón, se hace un llamamiento total a la prudencia. La previsión dicta que la alerta roja se extenderá a todo Aragón durante este martes.

Restricciones con el nivel de alerta rojo

Desde el Ejecutivo se recuerda que en el Nivel de Alerta Rojo se establece la prohibición de encender fuego en espacios abiertos y se suspende temporalmente cualquier autorización que pueda tenerse para uso del fuego, quemas y usos culturales y recreativos.

Tampoco está permitido encender fuego en zonas recreativas, áreas de descanso de la red de carreteras y zonas de acampada (incluidas las zonas habilitadas para ello), así como la introducción y uso de material pirotécnico en entornos forestales.

También arrojar o abandonar objetos en combustión. Asimismo, se suspenden las autorizaciones de pruebas deportivas y actos públicos que se desarrollen en un entorno forestal, siempre y cuando la resolución que las autorice no haya previsto de forma expresa las condiciones concretas para su celebración en dicho nivel de alerta.

Además, en los montes y en las áreas situadas a 400 metros de estos se prohíbe el uso de equipos y maquinaria que pueda producir deflagración, chispas o descargas eléctricas.

Como excepciones se establecen en este nivel de alerta el uso de ahumadores en la apicultura, fuera de la franja horaria comprendida entre las 12.00 y las 18.00 horas en las condiciones fijadas en la orden AGM/681/2023.

El peligroso incendio de la sierra de Alcubierre, que sigue sin estar controlado, volvió a coger a Jorge Azcón fuera de Aragón. En concreto, en el Comité Europeo de las Regiones, donde se ha convertido ya en un habitual: se ha desplazado hasta Bruselas hasta siete veces en los menos de tres años que lleva como presidente autonómico para actos en esta institución, de menor fuste que la Comisión o el Parlamento Europeo. Su antecesor, el socialista Javier Lambán, solo fue dos veces en ocho años de gobierno a la capital belga, y en ambas para sendos eventos en la Eurocámara.

No es la primera vez que un suceso le sorprende lejos de la comunidad, ya que la riada de hace un año le cogió de boda privada en Galicia. En esta ocasión ha sido distinto: primero era un viaje oficial y además Azcón reaccionó a tiempo al adelantar su regreso 24 horas: el mismo viernes a primera hora ya estaba en la Sala de Crisis del 112 Aragón para seguir la evolución del fuego en Leciñena, y a continuación se desplazó hasta las zonas afectadas.

La historia de Azcón con el Comité de las Regiones viene de lejos. Al principio de su etapa como primer edil de Zaragoza, en 2020, trascendió que recibía semanalmente su despacho de Alcaldía clases de inglés sufragadas por este órgano comunitario, que da voz a las regiones y a las entidades locales. “Me lo pago yo y se la paso al Comité de las Regiones para que me la abone”, admitió entonces al diario Público. Ahora, como presidente autonómico, ha conseguido ascender hasta una de las vicepresidencias de la Mesa, lo que según fuentes del Ejecutivo autonómico justifica tanto desplazamiento de Azcón a Bruselas. Sin embargo, esto tiene una segunda lectura: en realidad, la Vicepresidencia Primera recae en el presidente andaluz, Juanma Moreno, mientras que el dirigente aragonés se ha repartido con su homólogo gallego, Alfonso Rueda, una de las otras 27 vicepresidencias de la Mesa y la ocupará durante la segunda mitad del actual mandato.

Según informó el 'Faro de Vigo' hace unas semanas, Rueda se ha desplazado a Bruselas desde enero del año pasado en cinco ocasiones, tantas como Azcón pese a que el primero ha sido quien ha ocupado en este tiempo el puesto de vicepresidente. El exalcalde de Zaragoza ha acudido a la capital belga en enero y noviembre de 2024; en febrero, mayo y octubre de 2025, y en mayo y junio de este año. En este tiempo, además de asistir a las sesiones plenarias del Comité de las Regiones, Azcón ha escenificado reuniones con los comisarios europeos de Transportes, de Agricultura y de Start Ups, Investigación e Innovación. Las mismas fuentes autonómicas recuerdan la importancia de “defender los intereses de Aragón” ante estas instancias en materias “críticas” como el transporte (como el Canfranc) o la agricultura (por la PAC).

El Comité de las Regiones es una institución comunitaria de carácter más secundario que decisorio: su mayor competencia es que debe ser consultado por la Comisión Europea y el Consejo de la UE en propuestas que generen afecciones en el ámbito regional o local. Su influencia se articula a través de dictámenes que se publican en el Diario Oficial comunitario y mediante estudios sectoriales con la ayuda de expertos. Desde la entrada en vigor del Tratado de Lisboa tiene también la capacidad de interponer recursos ante el Tribunal de Justicia de la UE.

En sus ocho años como presidente aragonés, entre 2015 y 2023, el socialista Javier Lambán fue mucho menos proclive a viajar hasta Bruselas y de hecho delegó en los consejeros de Presidencia, Vicente Guillén primero y Mayte Pérez después, la asistencia a los plenos. Sí que se desplazó en su primera etapa a la capital belga, pero para tres actos concretos —en octubre de 2016 y en julio y noviembre de 2018— sobre el Canfranc, la política regional comunitaria y el Corredor Cantábrico Mediterráneo.

Otras polémicas

El presidente aragonés ha vivido más de una polémica debido a sus viajes fuera de Aragón, especialmente en los desplazamientos privados. A finales de enero de 2024, precisamente poco antes de su primer vuelo a Bruselas como jefe del Ejecutivo, saltó una gran controversia debido a la semana de asueto que Azcón pasó en Puerto, adonde fue con su amigo, el constructor Juan Forcén, más las respectivas parejas. Ante la petición de explicaciones por parte de la oposición, justificó que fue un viaje pagado por su mujer por su 50 cumpleaños.

A este se suma la mencionada visita a Galicia en junio del año pasado, hasta donde acudió con vehículo y chófer del Gobierno de Aragón para asistir a la boda del conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta. Ahí permaneció dos días pese a que ya había comenzado un episodio de fuertes tormentas que arrasaron municipios de Zaragoza y Teruel.

El Partido Verde Aragón reclama una planificación que ordene el desarrollo del biogás en función atendiendo a las necesidades reales del territorio con información transparente, garantías suficientes y equilibrio territorial. Son algunas de las principales conclusiones que deja una nueva edición de 'Los Viernes Verdes', reunión celebrada en Huesca y dedicada en esta ocasión al desarrollo de los proyectos de biogás y biometano en Aragón.

En el encuentro han participado representantes de Stop Biogás Somontano, Asociación Estrecho Quinto, La Grieta del Purín, Plataforma STOP Biogás Siétamo y Stop Biogás Guerra Viva, además de a personas interesadas de Huesca y otros municipios en un debate abierto a la ciudadanía sobre el modelo de implantación de estas instalaciones y sus efectos sobre el territorio.

Durante el acto ha quedado patente la creciente preocupación existente por la concentración de proyectos de biogás en Aragón y, especialmente, en la provincia de Huesca, donde actualmente se tramitan 31 proyectos.

Las entidades participantes coinciden en que la transición energética debe ir acompañada de una adecuada planificación territorial, transparencia administrativa y una participación real de los municipios y de la ciudadanía en la toma de decisiones.

El debate ha permitido abordar cuestiones como la gestión de los digestatos, el transporte de residuos, el impacto sobre la calidad de vida en los pueblos, la disponibilidad real de materia prima para abastecer las plantas, la afección sobre los recursos naturales y el riesgo de que Aragón termine convirtiéndose en receptor de residuos procedentes de otros territorios.

El Partido Verde Aragón ha querido agradecer públicamente la participación de todas las plataformas ciudadanas y ha destacado el trabajo que vienen desarrollando para informar a la población y trasladar a las administraciones las preocupaciones existentes en los municipios afectados.

Por un Plan Aragonés de Ordenación del Biogás

La formación ecologista considera que estos espacios de diálogo son imprescindibles para construir políticas públicas desde la escucha y el conocimiento del territorio. Por ello, las principales aportaciones recogidas durante el debate se incorporarán al trabajo que el Partido Verde Aragón está desarrollando junto a Chunta Aragonesista para impulsar una iniciativa parlamentaria que contribuya a ordenar el desarrollo del biogás en Aragón.

Entre las medidas que se están estudiando figuran la elaboración de un Plan Aragonés de Ordenación del Biogás, el refuerzo de las garantías ambientales, una mayor transparencia en la tramitación de los proyectos, la evaluación de los impactos acumulativos derivados de la concentración de plantas, criterios rigurosos para la gestión de los digestatos, la priorización de proyectos vinculados a residuos de proximidad y el fortalecimiento de la participación de ayuntamientos y ciudadanía en las decisiones que afectan al territorio.

La reunión puso sobre la mesa la necesidad de que los proyectos que se aborden ofrezcan garantías suficientes sobre la gestión de digestatos, el transporte de residuos y sus impactos ambientales y sociales.

“La transición energética debe desarrollarse con criterios de sostenibilidad, transparencia y equilibrio territorial, evitando una concentración desproporcionada de instalaciones en determinadas comarcas o el solapamiento de proyectos en territorios sin capacidad para suministrar deshechos suficientes, lo que supondría generar una demanda de los mismos, lo que iría radicalmente en contra del espíritu de la gestión de residuos”, apuntan desde la formación.

La vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia y Cultura, Mar Vaquero, acompañada por el director de Servicios Jurídicos, Juan Pérez Mas, ha dado a conocer este viernes las alegaciones del Gobierno de Aragón a la posible contradicción del Real Decreto que regula el proceso extraordinario de regularización de inmigrantes con la legislación europea, por lo que ha solicitado la suspensión cautelar de la tramitación administrativa hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

El Ejecutivo aragonés, tras la autorización de su Consejo de Gobierno, interpuso un recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto por los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, en la que se solicitaba expresamente la suspensión cautelar del procedimiento de regularización extraordinaria de inmigrantes aprobado por el Gobierno de España, alegando, principalmente, su posible incompatibilidad con el Derecho de la Unión Europea.

“Lo que pedimos en ese recurso contencioso administrativo es que se tuviera en cuenta la suspensión cautelar de ese procedimiento extraordinario hasta que se resolviera esa cuestión por el Tribunal Supremo y se planteara una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por esa afección que puede tener al derecho comunitario.

El Tribunal Supremo, mediante una providencia y “después de escuchar a los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón, ha considerado la posibilidad de llevar a cabo esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y nos da cinco días para presentar alegaciones”, ha añadido Vaquero. Esta providencia ha concedido audiencia a todas las partes personadas, incluida la Abogacía del Estado. Este trámite es un requisito previo para que el Tribunal Supremo pueda plantear, en su caso, una cuestión prejudicial ante el TJUE, sin que ello suponga todavía una decisión definitiva sobre el fondo del asunto.

Vaquero ha trasladado que “en las alegaciones que el Gobierno de Aragón presenta se ratifica en la necesidad de esa cuestión prejudicial para que el Supremo valore si colisiona y si existe ese riesgo de conflicto jurídico con el derecho comunitario y, además nos ratificamos en la necesidad de llevar a cabo la suspensión cautelar del procedimiento administrativo de regularización extraordinaria de inmigrantes”.

Además, ha subrayado que “sería necesario que en esta suspensión cautelar, la reversibilidad fuera absoluta, es decir, que se paralizaran las resoluciones a favor de esta regularización porque de alguna forma, se podría generar una gran inseguridad jurídica estando aprobando estos procesos de regularización sin tener claro la legalidad, la seguridad jurídica de estas medidas hasta que el TJUE se pronunciara”.

La vicepresidenta ha apostillado que “una reversibilidad absoluta es lo que impediría avanzar en unas resoluciones de dudosa legalidad y que, por lo tanto, se pudieran consolidar situaciones con clara repercusión también en los intereses de todos los aragoneses en el ámbito social, económico, sanitario y de vivienda y lo que se haría sería aplazarlo en el tiempo”.

La vicepresidenta ha afirmado que el Gobierno de Aragón, además de ratificarse en su posición favorable al planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), reitera así su solicitud de suspensión cautelar de la tramitación administrativa del proceso extraordinario de regularización hasta que el tribunal europeo se pronuncie sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho de la Unión Europea.

El director general de Servicios Jurídicos ha explicado que “hasta que no haya una resolución del TJUE, ”lo más sensato y lo más prudente a nuestro juicio es que se paralice el procedimiento y la tramitación administrativa por el riesgo jurídico que se puede generar de que nos encontremos con la apertura de un procedimiento de infracción o un recurso judicial que puedan plantear las propias instituciones comunitarias u otros Estados miembros“.

Las alegaciones remitidas al Tribunal Supremo recogen que “cuando la norma cuestionada pueda resultar contraria al Derecho de la Unión Europea, los principios que informan dicho ordenamiento aconsejan especialmente la adopción de la medida cautelar”. Asimismo, el escrito señala que, en caso de acordarse la suspensión, “la reversibilidad de la situación es absoluta, dado que las solicitudes permanecerían pendientes de resolución”, mientras que “los intereses de los solicitantes únicamente se verían diferidos en el tiempo”.

En cambio, si continúa la tramitación del proceso de regularización, “el interés público podría verse comprometido, no solo por las cargas económicas y administrativas derivadas de ámbitos como el social, el educativo, el sanitario o la vivienda, sino principalmente por el conflicto jurídico en el que puede verse involucrado el Reino de España en el contexto de la Unión Europea”.

Vaquero ha resaltado que “lo que estamos viendo en el Gobierno de España son decisiones políticas que no están teniendo en cuenta ni los intereses de los españoles, ni las garantías que tienen que tener estas personas desde el punto de vista humanitario. Y, por lo tanto, lo que queremos es que se haga con todas las garantías jurídicas”.

Igualmente, ha resaltado ha resaltado que el cumplimiento de la ley “nunca puede ser una cuestión secundaria. Estamos viendo en muchas ocasiones cómo la inseguridad jurídica y la falta de respeto al principio de legalidad invaden las decisiones políticas del Gobierno de España”, lo que supone “poner en riesgo la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad de todos los españoles”.

En este sentido, ha expuesto que “defender Aragón también significa velar para que las decisiones del Gobierno de España se adopten dentro del marco jurídico porque el respeto a la ley es la mejor garantía para proteger a los ciudadanos y preservar el Estado de derecho”, ya que con este procedimiento de regularización “percibimos un riesgo de conflicto jurídico con la Unión Europea, los Estados miembros y las instituciones comunitarias”.

La también consejera de Justicia ha considerado que “Europa nos da derechos, pero también nos da responsabilidad y cumplimiento de obligaciones”. Para Mar Vaquero, el Gobierno de Aragón “tiene la obligación de defender los intereses de nuestra comunidad” y, cuando considera que una norma puede afectar a Aragón o suscitar dudas sobre su adecuación a la legalidad, “nuestra obligación es actuar”.

“Defender Aragón también significa velar por que las decisiones del Gobierno de España se adopten dentro del marco jurídico, porque el respeto a la ley es la mejor garantía para proteger a los ciudadanos y preservar el Estado de derecho”, ha incidido, ya que con este procedimiento de regularización “percibimos un riesgo de conflicto jurídico con la Unión Europea, los Estados miembros y las instituciones comunitarias”.

Vaquero ha resaltado ha resaltado que el cumplimiento de la ley “nunca puede ser una cuestión secundaria. Estamos viendo en muchas ocasiones cómo la inseguridad jurídica y la falta de respeto al principio de legalidad invaden las decisiones políticas del Gobierno de España”, lo que supone “poner en riesgo la democracia, el Estado de derecho, la libertad y la igualdad de todos los españoles”.

El Gobierno de Aragón ha exigido al Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) que remita el proyecto técnico descriptivo de las actuaciones de desinstalación, embalaje, transporte y desembalaje de las pinturas profanas, así como el estudio de conservación actualizado y las necesidades de consolidación previa que se han detectado en las mismas. Así lo ha requerido el Ejecutivo aragonés en respuesta a una misiva del MNAC en la que el museo informaba de que el regreso de las pinturas profanas se producirá antes del mes de agosto.

En su carta, el museo indicaba que, atendiendo a la condición de Bien de Interés Cultural (BIC) de las obras, pide al Gobierno aragonés la autorización del traslado de las pinturas profanas hasta el monasterio, en ejecución de la sentencia firme que determina su regreso.

“Hemos dado respuesta a la carta del MNAC para recordar al museo que las pinturas murales y profanas son bienes integrantes del patrimonio cultural aragonés y, por ello, las actuaciones a realizar para la ejecución de su traslado se encuentran sujetas a la necesaria autorización previa por parte de la autoridad pública aragonesa en materia de protección del patrimonio cultural, que es en este caso la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca”, ha explicado la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Justicia, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, en una visita al Monasterio de Sijena.

“La comunicación recibida por parte del MNAC anunciando que las obras profanas podrían llegar antes de agosto y que el desmontaje se efectuaría el 6 de julio nos sorprendió por la premura” y porque faltaba la intervención administrativa previa “necesaria y debida” por parte de Aragón para autorizar el proceso.

También se ha pedido al MNAC que comunique a los técnicos aragoneses el calendario de trabajos que se tengan que ejecutar con el fin de que se personen en el museo, como representantes del Ejecutivo aragonés, para supervisar los trabajos de traslado.

Aunque ha mostrado su satisfacción porque “ese momento de llegada de las obras profanas y el cumplimiento de las sentencias están ya cerca”, Vaquero ha insistido en que todo debe hacerse “cumpliendo con los protocolos, con la intervención administrativa necesaria y con toda la seguridad y garantía”, incluida la preparación de las salas del monasterio donde se restituirán las piezas.

“El plazo sigue corriendo”

“Por último, le hemos recordado al MNAC que el plazo otorgado por la juez, de 56 semanas a contar desde el pasado 10 de abril, para proceder a la devolución de las pinturas murales sigue corriendo y no tenemos constancia de que estén trabajando para el regreso de este conjunto”, ha advertido la vicepresidenta, para exigir una vez más que presenten esta documentación en el juzgado y cumplan con las resoluciones judiciales.

La también consejera de Cultura y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha visitado este miércoles el Monasterio de Sijena acompañada por el director general de Cultura y Patrimonio Cultural, Pedro Olloqui, por la coordinadora del equipo técnico aragonés para el cumplimiento de la sentencia, Natalia Martínez de Pisón, y técnicos del Ejecutivo autonómico, entre otros.

Han mantenido una reunión de trabajo en el monasterio con representantes de la empresa SIT Proyectos Arte y Museografía SL, a la que el MNAC adjudicó los trabajos para el regreso de las pinturas profanas a Sijena.

Evaluación de riesgos sobre las obras murales

Por otro lado, el MNAC ha presentado al Juzgado de Instrucción 2 de Huesca un informe de evaluación de riesgos parcial e incompleto sobre el traslado de las obras murales y ha pedido a Aragón que proporcione la información “necesaria e imprescindible” para que pueda redactar la fase de descarga y desembalaje y de reinstalación.

En el escrito, ha requerido al Instituto de Patrimonio Cultural Español (IPCE) o bien al Centro Internacional de Estudios para la Conservación y la Restauración de los Bienes Culturales (Iccrom) la revisión y validación del informe, y ha pedido al juzgado suspender el plazo establecido en el cronograma por la providencia del 10 de abril de este año desde el día de la fecha hasta que Aragón proporcione la información necesaria para la evaluación.

En su informe de riesgos analiza los riesgos a corto plazo, que se indican en orden cronológico, y los riesgos a largo plazo, siendo el más relevante la “interrupción del equilibrio físico-químico que pueden padecer las pinturas murales al ser trasladadas”. En lo que se refiere a los riesgos a corto plazo, el MNAC observa como nivel crítico la fase de trabajos previos y acondicionamiento y de fragmentación y desmontaje y lo ve “inasumible/inaceptable” con los conocimientos actuales, requiere un estudio en profundidad de la estrategia técnico y lo ve supeditado a la realización de ensayos previos.

En la fase 3, de embalaje y carga, el MNAC ve un nivel de riesgo moderado-alto y ha identificado “riesgos importantes que requieren una supervisión técnica constante y medidas de mitigación específicas”.

En la fase 4, de transporte por carretera, el nivel de riesgo es moderado, según el MNAC, y los riesgos detectados se pueden gestionar mediante protocolos estándar y seguimiento, por lo que se requiere una buena planificación y estrategia técnica de los embalajes.

“Falta de información”

Sobre la fase 5, descarga y embalaje, y la fase 6, reinstalación, el museo ha asegurado que “no se ha podido hacer la evaluación por falta de información relativa”, por un lado, a la zona de descarga, espacio de desembalaje y circuito hasta éste, y por el otro, al espacio donde serán reinstaladas las pinturas ni el sistema de colocación.

En lo que se refiere a los riesgos a largo plazo, el museo ha dicho que las condiciones del espacio donde se trasladarán las pinturas son elementos críticos para su preservación, y ha subrayado que en el momento de la redacción del informe “no ha dispuesto de la información para poder evaluar el impacto de las futuras condiciones de conservación de las pinturas”. El centro ha dicho que con la aportación del informe de evaluación de riesgos cumple con la fase 2 del cronograma aprobado en la providencia de abril.

El MNAC ha reiterado la extrema fragilidad de las obras murales y ha subrayado que, pese a sus experiencia en el traslado de obras de arte, “no tiene capacidad” para llevar a cabo un operativo de esta envergadura y complejidad.

Ha subrayado que el informe es “parcial e incompleto” al no disponer de información por parte de Aragón, que impide evaluar los riesgos derivados del cambio de estado de las pinturas y la interrupción o modificación de las condiciones de estabilidad, y ha reclamado la validación de un comité de expertos del más alto prestigio.

El MNAC ha señalado la “imposibilidad de continuar avanzando en las siguientes fases de cumplimiento del cronograma” hasta que el informe de evaluación de riesgos esté completo.

El incendio forestal de la sierra de Alcubierre, entre las provincias de Zaragoza y Huesca y próximo a la localidad de Leciñena, ha arrasado ya 2.200 hectáreas –la mayor parte, de masa arbórea–. El director técnico de Extinción del Puesto de Mando Avanzado (PMA), Ángel Gari, ha explicado que el incendio continúa “descontrolándose por sectores”. Mientras en el sector 1 los equipos están consiguiendo trabajar y tratar de contener el avance de las llamas, en el sector 4 se ha tomado la decisión de retirar medios por el riesgo que supone para el personal de extinción.

Este miércoles, a las altas temperaturas se ha unido un fuerte cierzo, lo que ha generado una evolución “desfavorable”, según el último parte emitido por Infoar. El fuego se encuentra “muy lejos” de darse por estabilizado, aunque el perímetro afectado —2.200 hectáreas— “no ha cambiado demasiado” en las últimas horas. Gari ha señalado que el principal problema sigue siendo el viento, que está “excediendo un poco” la capacidad de extinción del operativo. Esta situación impide también la eficacia de los medios aéreos, ya que “los aviones tampoco están siendo efectivos y los medios no pueden trabajar ahora”. Aun así, ha recordado que se trata de “un incendio grande” en el que ya se preveía que algunos sectores pudieran descontrolarse.

Ya por la noche, tras la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), el consejero de Hacienda e Interior, Roberto Bermúdez de Castro, ha constatado que hay una zona que “se ha complicado bastante”, el denominado sector 4, debido a las rachas de viento. “El incendio es preocupante, por la tarde hemos tenido que avisar a algún núcleo urbano para que estuviesen en sus casas debido al humo. Esperamos que durante la noche, por la bajada de viento y la temperatura y sobre todo por la subida de humedad, que puede llegar al 80%, casi a punto de rocío, la situación mejore bastante”, ha explicado el titular del Interior.

En el operativo participan más de 300 efectivos llegados de varias comunidades. “Nos está ayudando todo el mundo”, ha reconocido Bermúdez de Castro, que ha mencionado a la UME, a la Diputación de Zaragoza o a las comunidades autónomas de Valencia y Castilla y León.

Por ahora, la superficie afectada se mantiene en 2.200 hectáreas, lo convierte ya en el segundo mayor incendio en la comunidad en los últimos cuatro años, y registrado además apenas unos días después del registrado en Tamarite de Litera (Huesca).

El responsable técnico también ha asegurado que, por el momento, los núcleos urbanos no se encuentran en riesgo inmediato. No obstante, Protección Civil y la Guardia Civil mantienen preparados los dispositivos por si fuera necesario ordenar evacuaciones o confinamientos de forma preventiva. La “ventana” a la que se refiere el operativo dependerá de que coincidan varios factores, como una bajada del viento, una menor intensidad del fuego y unas condiciones que permitan trabajar con seguridad.

Durante el día han continuado trabajando, por parte del Infoar, siete brigadas terrestres, otras tantas autobombas y dos bulldozer. El Ministerio de Defensa ha aportado dos secciones de la Unidad Militar de Emergencias con doce autobombas, dos nodrizas, un dron terrestre, otro aéreo, dos bulldozer. Por parte de las diputaciones y del Ayuntamiento de Zaragoza, han trabajado seis autobombas y dos nodrizas. Desde las 7:30 horas se han ido incorporando medios aéreos hasta completar previsiblemente un operativo será similar al del martes.

Acerca de los medios desplazados, Ángel Gari ha detallado que son 330 los efectivos que trabajan en la extinción durante esta mañana por parte del Gobierno de Aragón, del Ministerio de Defensa, del MITECO, la Diputación de Zaragoza, así como de otras comunidades autónomas, como la Generalitat Valenciana y Castilla y León. “Vamos a tratar de hacer un buen trabajo durante las horas del calor”, ha concluido Gari.

Respecto de las carreteras, el 112 Aragón informó de que a las 00:26 se había procedido a cortar la carretera A-1211 entre Robres y Alcubierre debido al riesgo por el avance de las llamas, pero ya ha sido habilitada de nuevo. El martes ya se tuvo que cortar la carretera A-129, que une Zaragoza con Sariñena, desde Leciñena hasta Alcubierre (entre puntos kilométricos 25 y 39).

El fuego se declaró en torno a las 15.30 del martes en una zona de monte bajo y matorral, con afección también a suelo agrícola, y ha generado grandes columnas de humo. La principal dificultad para las labores de extinción ha sido el fuerte viento, especialmente en la zona de sierra. El Gobierno de Aragón activó a primera hora de la tarde el Plan Especial de Protección Civil de Emergencias en situación operativa 2, lo que implicó la incorporación de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

La justicia de Aragón, Concepción Gimeno, ha emitido una sugerencia dirigida al Departamento de Vivienda, Fomento, Logística y Cohesión Territorial, para que valore ejecutar a la mayor brevedad el proyecto constructivo de la vía A-125, especialmente en el tramo de diez kilómetros entre Ayerbe (Huesca) y Ardisa (Zaragoza).

La sugerencia se firma tras varias quejas recogidas en un mismo expediente que manifiestan el mal estado en el que se encuentra la A-125 y la alta afluencia que soporta, tanto de turismos como de vehículos pesados y agrícolas.

En cuanto a defectos en la vía, se nombran grietas, baches, socavones y una calzada deformada, sin arcenes y con un ancho de 5 metros, algo que pone en peligro a los viajeros, trabajadores, e incluso escolares que la recorren. Los perjudicados apuntan a los repetidos accidentes de tráfico que se producen, el último, el pasado 26 de mayo de 2026.

En la respuesta emitida al Justicia de Aragón, la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras, perteneciente a dicho Departamento, explica que la detección de unas supuestas fosas con restos humanos del período de la Guerra Civil que, finalmente no fueron tales, paralizó cualquier actuación en 2023 y que, en estos momentos, con el proyecto ya redactado, se está a la espera de que haya disponibilidad presupuestaria, sin perjuicio de las labores de conservación y mantenimiento que se van realizando en el tramo objeto de la queja.

Por su parte, la justicia de Aragón, Concepción Gimeno, mantiene que las necesidades puestas de manifiesto exceden las labores puntuales de conservación y que deben priorizarse las actuaciones necesarias para mejorar la seguridad viaria.

Los sindicatos CCOO, CGT y STEA han denunciado una reducción de los cupos de profesorado asignados a los centros públicos de Infantil y Primaria de Aragón para el curso 2026-2027. Las tres organizaciones aseguran que la disminución de docentes se está produciendo en la “práctica totalidad” de los colegios de la comunidad y advierten de que tendrá consecuencias tanto para las condiciones laborales del profesorado como para la calidad de la enseñanza. El Departamento de Educación, por su parte, asegura que las plantillas se han adaptado a las necesidades de los centros y niega que haya habido recortes.

CCOO Enseñanza Aragón denuncia una “muy significativa pérdida de horas lectivas semanales” en los centros educativos públicos, una valoración que comparte CGT Enseñanza, segundo sindicato en la escuela pública aragonesa, mientras que STEA advierte de que el Departamento de Educación “está recortando profesorado” y, con ello, las “horas destinadas el próximo curso a atender, apoyar y reforzar los aprendizajes del alumnado”.

Los sindicatos coinciden en señalar que una de las principales causas de esta reducción es la aplicación de la rebaja del horario lectivo del profesorado, que ha pasado de 25 a 23 horas semanales, sin que, según denuncian, se haya acompañado de un incremento suficiente de las plantillas.

A su juicio, la reducción de jornada era una “medida necesaria” para mejorar las condiciones laborales del profesorado y la calidad educativa, pero requería una “mayor inversión” para contratar nuevos docentes y garantizar que el alumnado siguiera recibiendo el mismo número de horas de atención directa. Sin ese refuerzo, sostienen, “la medida se ha traducido en una pérdida de recursos para los centros”.

A ello se suma, según explican, la insuficiente cobertura de las reducciones horarias del profesorado mayor de 55 años. Los sindicatos aseguran que estas horas solo se sustituyen parcialmente, lo que afecta especialmente a aquellos colegios con una mayor proporción de docentes en esa franja de edad.

“No todos los centros son iguales”

CCOO y CGT critican además que la asignación de profesorado se realice sin tener suficientemente en cuenta las características específicas de cada centro. Entre ellas citan el número de alumnos, la complejidad organizativa, las ratios, la presencia de alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, los programas bilingües, la dispersión de espacios o las necesidades de atención a la diversidad. “No todos los centros son iguales ni tienen las mismas necesidades”, sostienen.

Según ambas organizaciones, el recorte de horas de atención directa al alumnado tendrá un impacto inmediato en el funcionamiento de los colegios, ya que afectará a los desdobles, los apoyos ordinarios, los refuerzos educativos y las medidas de atención a la diversidad, dificultando una respuesta adaptada a las necesidades del alumnado.

Además, advierten de que esta situación incrementará la presión sobre los equipos docentes, que deberán compensar la falta de recursos con un mayor esfuerzo profesional y personal. En su opinión, existe el riesgo de que la calidad del sistema educativo continúe sosteniéndose “gracias al compromiso y la vocación del profesorado”, en lugar de hacerlo mediante una planificación adecuada y unas plantillas suficientes.

Por su parte, STEA pone el foco en el impacto que esta reducción de contratación tendrá sobre las condiciones laborales de los docentes. El sindicato sostiene que el profesorado tendrá que realizar un mayor esfuerzo para desarrollar su trabajo y atender al alumnado, una situación que, afirma, se ve agravada por un exceso de burocratización “innecesaria”, que genera “ansiedad y angustia”.

Asimismo, STEA va un paso más allá y considera que la falta de dotación de estas horas lectivas responde a un “claro intento del Gobierno de Aragón de detraer recursos de la educación pública para, en un futuro, financiar a la privada”. Los tres sindicatos coinciden en reclamar al Departamento de Educación una revisión urgente de los cupos de profesorado para el próximo curso y la dotación de plantillas ajustadas a las necesidades reales de cada centro. En su opinión, solo así será posible mantener una escuela pública inclusiva, equitativa y de calidad, además de garantizar una adecuada atención al alumnado y a sus familias.

Desde el Departamento de Educación, sin embargo, niegan que se haya producido un recorte de profesorado de cara al curso 2026-2027. Fuentes del Ejecutivo autonómico aseguran que “no se ha realizado ningún recorte en los cupos; no aumentan, pero tampoco disminuyen”.

Según explican, la configuración de las plantillas para el próximo curso se ha realizado aplicando la nueva jornada lectiva de 23 horas semanales para el profesorado, una reducción que, recuerdan, “se negoció y acordó con los sindicatos”, al pasar de las 24 horas vigentes a las 23 actuales. El Departamento sostiene que la dotación de los centros “ha quedado en todos los casos adaptada a las necesidades educativas”.

Educación añade que, como cada año, estudia las necesidades concretas que puedan plantear los centros y que, si se justifica un aumento de cupo, este se autoriza. Asimismo, recuerda que las plantillas iniciales pueden modificarse durante el proceso de escolarización, especialmente con la incorporación de alumnado fuera de plazo, y asegura que “se garantizará que no habrá aulas por encima de ratio”.