El Gobierno de Aragón mantuvo en 600 euros el tope de alquiler del Bono Alquiler Joven pese a que la normativa estatal le permitía elevarlo hasta 900, y a la última convocatoria se presentaron menos de la mitad de jóvenes que a la anterior: 2.935 frente a 6.531. Catorce meses después de cerrarse el plazo, la ayuda ha empezado a llegar a sus beneficiarios, según un informe del Departamento de Vivienda al que ha tenido acceso este medio.

La propia Consejería atribuye la caída de solicitudes a ese límite de 600 euros mensuales que fija el real decreto estatal para acceder a la ayuda. Según su explicación, la fuerte subida de los precios en los últimos años ha dejado fuera a muchas personas con alquileres por encima de ese tope, “pese a encontrarse en situación de necesidad” y aunque sus contratos respondan a precios de mercado.

El decreto que regula el bono, sin embargo, permite a las comunidades autónomas elevarlo hasta 900 euros en zonas donde los estudios del mercado del alquiler lo justifiquen, con el acuerdo del Ministerio. Otras autonomías lo hicieron en la misma etapa del programa: la Comunidad de Madrid, por ejemplo, fijó en su convocatoria de 2025 un tope de 900 euros para familias numerosas y determinados municipios.

Pero el Gobierno de Aragón no lo solicitó. Fuentes del Departamento explican que, al preparar la convocatoria, “no se previó una caída de solicitudes de esa magnitud” en el tramo de alquileres de hasta 600 euros. Las mismas fuentes indican que se consideró el “riesgo de que elevar el umbral pudiera favorecer un encarecimiento de los nuevos contratos”, de forma que el aumento de los alquileres absorbiera parte de la ayuda.

Ese argumento no le impide ahora ir más allá: según el Departamento, las futuras convocatorias cubrirán rentas de hasta 1.000 euros. Este año, en todo caso, no habrá nueva convocatoria. La Consejería prevé una bianual en 2027, cuando se firme el convenio con el Ministerio para aplicar el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030.

Más de un año sin cobrar

Según el informe, 1.217 jóvenes tienen ya la ayuda concedida y pagada, por un importe de 2,8 millones de euros, mientras que otros 2 millones están en fase de pago. Pese a esto, casi un tercio de las solicitudes continúa sin resolverse.

La convocatoria, correspondiente a 2024-2025, se abrió en julio del año pasado y se cerró mes y medio más tarde. Durante más de un año ninguno de los solicitantes cobró: a 31 de julio de 2026, según el dato público de ejecución presupuestaria del Gobierno de Aragón, el gasto reconocido con cargo al fondo del bono era de 48.620 euros, a pesar de que el Ministerio había ingresado en diciembre –medio año antes– los primeros 7,6 millones. El retraso llevó a la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, a pedir que se agilizara la tramitación, y el consejero de Fomento, Octavio López, atribuyó en las Cortes la demora a que el proceso estaba condicionado a la llegada de los fondos.

Además de las 1.217 ayudas concedidas, el informe recoge 583 solicitudes denegadas por no cumplir los requisitos y 250 cerradas por renuncia o desistimiento. Quedan pendientes 596 expedientes en los que se ha pedido al solicitante que subsane defectos o aporte documentación, con otros 289 aún en trámite.

El Departamento advierte de que el importe abonado no refleja el total de la ayuda: el bono se concede hasta un máximo de 24 meses, pero se paga a medida que el beneficiario presenta los recibos de las mensualidades ya pagadas, por lo que no puede abonarse de una vez. Hasta ahora, lo transferido o en fase de pago suma 4,8 millones, menos de un tercio de los 15,2 millones que el Ministerio ha destinado a Aragón para esta convocatoria tras duplicar en julio la dotación inicial.

El Gobierno de Aragón gastó en 2025 más dinero en vivienda que en ningún año desde al menos 2019, pero no de su bolsillo: de los 66 millones de euros que destinó a este ámbito, el 68,4% procedió de fondos del Estado, en especial de los fondos europeos de recuperación (MRR) que reparte el Ministerio y del Plan Estatal de Vivienda. Es el porcentaje más alto de los últimos siete años. Y, frente a esto, el dinero propio que el Ejecutivo de Jorge Azcón destinó a vivienda disminuyó de 22,5 millones en 2024 a 20,9 millones en el siguiente ejercicio.

Así lo reflejan las liquidaciones presupuestarias de la Comunidad Autónoma, cuyos datos de ejecución por fondo financiador –que son públicos– permiten discernir lo que paga el Gobierno de Aragón de lo que transfiere el Estado. La cifra incluye los 61 millones del programa de Gestión social de la vivienda y 5 millones que el Gobierno transfirió a la empresa pública Suelo y Vivienda de Aragón desde el programa de Despoblación para construir vivienda en municipios turísticos.

La dependencia de la financiación estatal, en todo caso, no empezó con el PP: en 2022, con el socialista Javier Lambán al frente del Ejecutivo, el Estado ya pagaba el 66,1% del gasto en vivienda. Con Azcón, la aportación propia alcanzó en 2024 su máximo de la serie y en 2025 retrocedió, aunque sigue por encima de los niveles de la etapa anterior. Pero el grueso del aumento del gasto lo ha puesto el Estado: de los 20 millones más que se gastaron en 2025 respecto a 2022, tres de cada cuatro euros llegaron de transferencias estatales.

El retroceso es más acusado dentro del programa de vivienda, donde el Estado pagó tres de cada cuatro euros y la aportación propia cayó de 22,5 a 15,9 millones. El recorte se hizo durante el año, partida por partida. El presupuesto de 2025 incluía 1,5 millones para fomentar la promoción de vivienda protegida y 2 millones para un programa de rehabilitación de vivienda rural, y ambas partidas terminaron el ejercicio con el crédito a cero. La ayuda a la compra de VPO pasó de 3 a 1,5 millones, y a 31 de diciembre no se había pagado ni un euro.

Preguntado por este medio, el Departamento de Fomento –con competencias en vivienda– explica que 1,5 millones se reorientaron al programa Más Vivienda, Mejor Turismo, que gestiona Suelo y Vivienda de Aragón, para construir vivienda pública para trabajadores del sector turístico y cuya dotación pasó de 65 a cerca de 90 millones al sumarse más municipios y más viviendas.

El Bono de Alquiler Joven

También llama la atención la situación del Bono de Alquiler Joven, una ayuda de hasta 250 euros al mes para inquilinos menores de 36 años que financia íntegramente el Ministerio. El Gobierno de Aragón abrió la convocatoria el 8 de julio de 2025 y la cerró el 20 de agosto, con 2.929 solicitudes. Trece meses después, ninguno de los beneficiarios había cobrado, según publicó ‘Heraldo de Aragón’.

En las Cortes, el consejero de Fomento, Octavio López, defendió que la tramitación estaba “condicionada a la llegada de los fondos”. Sin embargo, según él mismo explicó, los primeros 7,6 millones se ingresaron en diciembre. Las cuentas autonómicas muestran que, a 31 de julio de 2026, el fondo del bono tenía 15,4 millones disponibles, que incluyen ese ingreso y remanentes de convocatorias anteriores, y que el gasto reconocido en siete meses era de 48.620 euros.

A finales de septiembre, los técnicos de la Consejería habían revisado el 87,7% de las solicitudes: 1.096 aprobadas, 525 denegadas, unas 800 pendientes de completar documentación y 184 desistimientos. El retraso llevó incluso a la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno, a pedir que se agilizara el proceso. Fuentes del Gobierno de Aragón aseguraron entonces que los primeros pagos se harían “la próxima semana”. Este año no habrá nueva convocatoria: la Consejería prevé una bianual en 2027, cuando se firme el convenio con el Ministerio.

El bono no es el único dinero estatal que se queda sin usar. En conjunto, en 2025 se quedaron sin gastar 91,3 millones del programa de vivienda, y 86,1 millones eran fondos del Estado. De los 78,2 millones de fondos europeos de recuperación disponibles para vivienda, solo se gastaron 37,1. Este año, el último del plazo para ese dinero, a 31 de julio se habían gastado 15,6 de los 47,9 millones disponibles.

Un presupuesto prorrogado dos veces

Las cifras dibujan además una política de vivienda sin presupuesto propio renovado. El crédito inicial del programa es exactamente el mismo en 2024, 2025 y 2026: 40,5 millones de euros. En este tiempo, el Gobierno de Azcón solo ha conseguido sacar adelante su primer presupuesto, el de hace dos años, y lo ha prorrogado dos ejercicios seguidos. El de 2025 no llegó a presentarse, y el de 2026 decayó tras la ruptura con Vox y el adelanto electoral.

Todo el aumento del gasto del programa llegó durante el año, con modificaciones que añadieron al presupuesto el dinero estatal pendiente. El año pasado, esas modificaciones elevaron el crédito disponible hasta los 152,3 millones, de los que solo se gastó el 40,1%.

En ese contexto, Azcón anunció el pasado 8 de octubre en las Cortes que el presupuesto de 2027, del que aún no se conocen los detalles, destinará 52 millones de euros a vivienda, un 45% más que ahora. Según el Departamento, esos 52 millones son en su totalidad fondos propios, lo que supondría multiplicar por 2,5 el dinero autonómico gastado en vivienda en 2025, siempre que se ejecuten. Parte de ese esfuerzo ya está comprometido: al adherirse al nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que supondrá 177 millones adicionales para Aragón, el Gobierno autonómico aceptó subir su cofinanciación del 25% al 40%. El Ministerio transfirió en agosto los primeros 30,4 millones, que, según el consejero, tampoco pueden gastarse hasta que se firme el convenio.

El debate sobre cuánto dinero pone el Gobierno de Aragón en vivienda llegará a las Cortes con la tramitación de la nueva Ley de Vivienda de Aragón. Izquierda Unida ha registrado 183 enmiendas al proyecto del Ejecutivo de PP y Vox, ha criticado la “insuficiencia de los recursos económicos” que prevé y propone destinar a vivienda al menos el 1% del presupuesto no financiero de la Comunidad. Hoy el gasto en vivienda no alcanza ese umbral ni siquiera sumando el dinero del Estado, y con fondos propios se queda muy lejos. Tampoco los 52 millones anunciados para 2027 lo alcanzarían.

La nueva regulación del transporte urbano en Aragón ha abierto otro frente judicial entre las administraciones y las empresas de vehículos de transporte con conductor (VTC). La patronal UNAUTO ha anunciado este miércoles que recurrirá ante los tribunales la Orden VFL/1445/2026 del Gobierno de Aragón y solicitará su suspensión cautelar inmediata por considerar desproporcionadas las medidas que contempla, entre ellas el precinto de vehículos durante un plazo máximo de un año por operar sin autorización municipal. El conflicto tiene uno de sus principales escenarios en Zaragoza, donde la asociación denuncia que el Ayuntamiento mantiene bloqueada la concesión de 59 nuevas licencias mientras exige disponer de ellas para prestar el servicio.

La orden autonómica, publicada en el Boletín Oficial de Aragón el pasado 9 de octubre y en vigor desde el día 10, endurece las medidas de control sobre la prestación de servicios urbanos de transporte en vehículos de turismo. Según denuncia UNAUTO, la regulación permite inmovilizar y precintar vehículos, imponer sanciones económicas y retirar o revocar autorizaciones en determinados supuestos de reincidencia.

“Estamos ante unas medidas absolutamente desproporcionadas, de efectos prácticamente confiscatorios, que ponen en riesgo la continuidad de las empresas y miles de puestos de trabajo”, sostiene el presidente de UNAUTO VTC, José Manuel Berzal, quien considera “inadmisible que las administraciones amenacen con precintar vehículos mientras mantienen bloqueado el acceso a las licencias que exigen para operar”.

La patronal sostiene que esta situación genera una contradicción entre las obligaciones impuestas a los operadores y las posibilidades reales de cumplirlas. Por ello, además de solicitar la suspensión cautelar de la orden, anuncia que estudiará las responsabilidades legales que pudieran derivarse de su aplicación, incluidas las personales.

La asociación señala directamente al Ayuntamiento de Zaragoza, donde asegura que únicamente existen 59 autorizaciones urbanas VTC, una cifra que, según sus cálculos, reproduce prácticamente la proporción de una VTC por cada 30 taxis.

Esta limitación está en el origen de una controversia jurídica que alcanzó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En una sentencia dictada el 8 de junio de 2023 sobre la regulación del Área Metropolitana de Barcelona, el tribunal consideró contraria a la libertad de establecimiento una restricción cuantitativa de estas características cuando no está suficientemente justificada por objetivos legítimos y criterios de proporcionalidad.

La resolución europea, sin embargo, no eliminó la posibilidad de exigir autorizaciones adicionales para prestar servicios urbanos. Admitió que las administraciones pueden establecerlas cuando respondan a necesidades específicas de gestión del transporte, del tráfico, del espacio público o del medioambiente, siempre que sus condiciones sean objetivas, transparentes, no discriminatorias y proporcionadas.

UNAUTO acusa al Ayuntamiento de Zaragoza de continuar aplicando de facto la proporción 1:30 pese a conocer esta jurisprudencia. También cuestiona el procedimiento mediante el que se concedieron las 59 autorizaciones existentes, que, según sostiene, fueron otorgadas sin convocatoria pública ni suficiente transparencia.

La patronal reclama que se publiquen los expedientes administrativos y los criterios utilizados para seleccionar a sus beneficiarios. Asimismo, denuncia que empresas que ya operaban en Zaragoza quedaron fuera del reparto y que sus solicitudes posteriores fueron desestimadas mediante silencio administrativo, sin recibir una explicación expresa.

El Ayuntamiento reconoció que no concedía nuevas autorizaciones

La controversia sobre las licencias ya había llegado al debate municipal meses antes de aprobarse la nueva orden autonómica.

En febrero de 2026, el concejal delegado de Movilidad, José Miguel Rodrigo, explicó en una comisión del Ayuntamiento de Zaragoza que no estaba prevista la concesión de nuevas autorizaciones VTC hasta disponer de una regulación autonómica que permitiera establecer las condiciones aplicables.

La cuestión había sido planteada por Vox, que solicitó explicaciones sobre las 59 licencias existentes, el procedimiento seguido para su concesión y la posible aplicación del límite de una VTC por cada 30 taxis.

El responsable municipal defendió entonces que las autorizaciones se habían concedido conforme a la normativa vigente y vinculó la tramitación de nuevas solicitudes al desarrollo de criterios relacionados con la protección medioambiental, la gestión del transporte y la circulación urbana.

La entrada en vigor de la nueva orden del Gobierno de Aragón introduce ahora un elemento adicional en este debate, al aprobarse la regulación autonómica a la que el Ayuntamiento había hecho referencia para justificar la ausencia de nuevas concesiones.

Un conflicto de intereses con el sector del taxi

El endurecimiento de las medidas de control también responde a un escenario de enfrentamiento entre las VTC y el sector del taxi, que lleva meses reclamando una actuación más contundente contra los vehículos que, a su juicio, prestan servicios urbanos sin disponer de las autorizaciones exigidas.

Las organizaciones del taxi han defendido la necesidad de reforzar las inspecciones y garantizar que las empresas de VTC cumplan las mismas exigencias administrativas que les correspondan para desarrollar su actividad. Desde este sector se ha denunciado la existencia de centenares de vehículos que consideran irregulares en Zaragoza.

La nueva orden autonómica se sitúa así en medio de dos reivindicaciones contrapuestas. Mientras los taxistas reclaman que se impida operar a quienes carecen de autorización, las empresas de VTC sostienen que las administraciones no pueden endurecer las consecuencias de incumplir un requisito cuando, según denuncian, mantienen restringido el procedimiento para obtenerlo.

“No se puede impedir a una empresa obtener una licencia y después precintar sus vehículos por no tenerla. Vamos a acudir a los tribunales para defender los derechos de nuestros asociados y exigir responsabilidades por las consecuencias de estas decisiones”, advierte Berzal.

UNAUTO reclama al Gobierno de Aragón la revisión inmediata de la orden y al Ayuntamiento de Zaragoza que ponga fin a las restricciones que considera injustificadas. La asociación confía en que los tribunales suspendan cautelarmente las nuevas medidas por entender que vulneran los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y libertad de establecimiento.

Consumidores y empresarios alertan de más esperas tras las colas del Pilar

A las críticas de las empresas VTC se han sumado organizaciones de consumidores y representantes de sectores económicos y sociales integrados en la plataforma #LaCiudadQueNosMueve, que consideran que las nuevas restricciones agravarán los problemas de movilidad de Zaragoza. La alianza señala como ejemplo las largas colas registradas durante las Fiestas del Pilar, especialmente por la noche y a la salida de los grandes acontecimientos, cuando numerosos ciudadanos tuvieron dificultades para encontrar transporte de regreso a sus domicilios.

La plataforma, de la que forman parte la Unión de Consumidores de Aragón, organizaciones vinculadas al ocio, la restauración y el turismo, así como empresas de movilidad como Bolt, sostiene que la demanda de servicios de transporte bajo demanda ha aumentado un 600% en Aragón. A su juicio, limitar la actividad de las VTC reducirá las alternativas disponibles y perjudicará especialmente a quienes se desplazan de noche, residen en barrios peor comunicados o asisten a eventos multitudinarios.

“Lo que hemos visto estos días en el Pilar no es una anécdota, es un síntoma. Cuando miles de personas tienen que esperar en la calle para volver a casa, el problema es que la oferta no está a la altura de la demanda”, afirma José Ángel Oliván, presidente de la Unión de Consumidores de Aragón.

Oliván defiende la convivencia de todos los medios de transporte y advierte de que la solución no pasa por restringir la actividad de uno de ellos. “El taxi es una pieza esencial y el transporte público la columna vertebral de la ciudad, pero Zaragoza necesita que todas las soluciones convivan y se complementen”, sostiene.

La alianza reprocha además al Gobierno de Aragón que haya aprobado la orden sin escuchar previamente a los usuarios, pese a que, según asegura, las organizaciones de consumidores habían solicitado reuniones con los responsables autonómicos de movilidad. Por ello, reclama a las administraciones que cumplan su compromiso de equilibrar la oferta y la demanda y elaboren planes específicos de refuerzo del transporte para acontecimientos multitudinarios como las Fiestas del Pilar, coordinando los servicios públicos, el taxi y las VTC.

Vox ha eliminado la línea específica de subvenciones para proyectos de apoyo a las personas LGTBI y sus familiares en Aragón, que contaba con 161.000 euros en la convocatoria anterior. La nueva orden, firmada por el departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia, dirigido por Alejandro Nolasco, destina los 516.000 euros disponibles a proyectos relacionados con la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad.

La convocatoria anterior diferenciaba tres líneas: accesibilidad universal, apoyo a personas LGTBI y sus familiares, y sensibilización y gestión de la diversidad para otros colectivos. La destinada al colectivo LGTBI contaba con 161.000 euros, repartidos en dos partidas de 95.000 y 66.000 euros. La nueva orden, publicada en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) el 2 de octubre, limita los proyectos subvencionables a la inclusión social y la atención a personas con discapacidad, así como a la accesibilidad universal y la eliminación de barreras. El presupuesto total baja de 611.000 a 516.000 euros, un 15,5% menos.

Desde la Asociación SOMOS LGTB+ de Aragón consideran que la supresión de esta línea supone “un grave retroceso en el compromiso institucional con la diversidad sexual, familiar y de género”. En un comunicado, reclaman al Gobierno autonómico que explique qué financiación alternativa ofrecerá a las entidades y cómo garantizará la continuidad de los programas durante 2026 y 2027.

La asociación advierte de que la desaparición de esta ayuda puede traducirse en menos horas de atención, dificultades para mantener a los equipos profesionales e interrupciones en las actividades de prevención y sensibilización. La incertidumbre, señala, afecta a programas que acompañan a personas que sufren discriminación, rechazo familiar o aislamiento. Según la organización, el problema puede ser “especialmente grave” en el medio rural, donde las distancias y la falta de servicios especializados dificultan el acceso a estos recursos. SOMOS también pone el foco en adolescentes y jóvenes que sufren rechazo familiar o acoso, así como en las personas que afrontan varias formas de discriminación.

La organización pide recuperar una línea propia de financiación “con una dotación suficiente y estable”, publicar las partidas y convenios disponibles y convocar una reunión con las entidades LGTBI aragonesas. “Los derechos reconocidos por ley necesitan presupuesto, atención y compromiso institucional”, concluye el comunicado.

Chunta Aragonesista también ha criticado la desaparición de estas ayudas. Su secretario LGTB, Alejandro Claraco, considera que deja a las asociaciones sin una vía específica para financiar sus proyectos de atención, acompañamiento y sensibilización: “Eliminar una línea específica que contaba con 161.000 euros supone dejar sin una vía propia de financiación a proyectos que realizan una labor imprescindible de atención, acompañamiento, sensibilización y defensa de los derechos de las personas LGTBI en Aragón”, sostiene.

Según la formación, el Plan Estratégico de Subvenciones del departamento todavía contemplaba en febrero de 2026 una línea específica para las personas LGTBI y sus familiares. El documento se modificó el 23 de septiembre, después de que Alejandro Nolasco, de Vox, asumiera la dirección del Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia. La nueva orden se aprobó una semana después.

“No estamos hablando simplemente de una modificación administrativa. Desaparece una línea específica que reconocía la necesidad de desarrollar políticas públicas dirigidas a las personas LGTBI y permitía sostener proyectos de atención, acompañamiento, sensibilización y participación social”, afirma Claraco.

Además de suprimir esta línea, la convocatoria reduce de 15 a 10 días hábiles el plazo para presentar solicitudes y fija un máximo de 70.000 euros por proyecto. También cambia los criterios de valoración: la puntuación vinculada a las características y la capacidad de las entidades pasa de 20 a 40 puntos, mientras que la correspondiente a los proyectos baja de 80 a 60.

La formación reclama al Ejecutivo que aclare qué otras convocatorias, convenios o partidas pueden financiar estas actuaciones. Claraco precisa que la desaparición de la línea no significa necesariamente que se haya eliminado toda la financiación autonómica para políticas LGTBI, ya que podrían existir otras vías. “Queremos saber dónde están ahora esos recursos y qué alternativa ofrece el Gobierno de Aragón a las entidades que venían desarrollando estos proyectos. No puede desaparecer una línea específica sin explicar cómo se van a mantener actuaciones fundamentales para muchas personas”, reclama.

El departamento que dirige Alejandro Nolasco remite a la nueva orden de ayudas, publicada el 2 de octubre en el BOA y dotada con 516.000 euros, destinada al fomento de la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad. “El Departamento considera que la condición LGTBI no es una discapacidad”, señala en su respuesta. Preguntado por otras posibles vías de financiación para proyectos de apoyo a las personas LGTBI y sus familiares, el Gobierno de Aragón no aclara si convocará nuevas ayudas específicas. “No adelantamos el contenido de próximas convocatorias”, responde, antes de asegurar que estas atenderán las demandas del tercer sector y cumplirán el pacto de Gobierno suscrito el 22 de abril, con el objetivo de mejorar los servicios sociales en Aragón.

La coalición PP-Vox en Aragón acaba de incorporar a un representante de la asociación ultracatólica Abogados Cristianos como asesor jurídico en el Departamento de Medio Ambiente, que tiene al frente al consejero Luis Biendicho. El fichaje de Pablo Jarque es oficial desde este martes, cuando se ha publicado su designación en el Boletín Oficial de Aragón.

El nombramiento, de carácter eventual y libre designación, ya figuraba en todo caso en el organigrama del Gobierno de Aragón. En su perfil profesional de LinkedIn, Jarque, con base en Zaragoza, se presenta como asesor jurídico de la Consejería y declara trabajar como abogado de la Asociación de Abogados Cristianos.

Hay que recordar que la de Medio Ambiente y Turismo es una de las tres áreas que Vox obtuvo en el segundo Gobierno de Jorge Azcón. El acuerdo dio a Alejandro Nolasco la Vicepresidencia y la Consejería de Desregulación, Bienestar Social y Familia, y a la formación de extrema derecha también Agricultura, además del área medioambiental.

El caso más reciente en el que Jarque ha actuado como portavoz jurídico de la organización es el de los campamentos de Bernedo (Álava), apenas dos semanas antes de la fecha de su nombramiento en el Ejecutivo autonómico. A mediados de septiembre, quince monitores y responsables de las colonias empezaron a declarar como investigados en el Juzgado de Instrucción número 3 de Vitoria y Jarque compareció a las puertas del juzgado para describir los hechos como “muy graves”. Abogados Cristianos, personada como acusación popular, presentó dos querellas por exhibicionismo y coacciones, delitos que según Jarque podrían acarrear penas de hasta tres años de cárcel.

Derrota con costas contra un ayuntamiento del PP

En octubre de 2025, Jarque defendió en Ciudad Real la demanda de Abogados Cristianos contra el Ayuntamiento, gobernado por el PP. El motivo era el cuadernillo infantil ‘Mandalas con valores’, que mostraba distintos modelos de familia. Jarque pidió que se declarara nula la actividad educativa y que se retiraran los cuadernillos. Sostuvo que los mandalas “minusvaloran la familia natural”. En la vista explicó que la organización conoció el caso por socios y contactos en la ciudad y por “unos concejales del Ayuntamiento”, sin precisar cuáles. El cuaderno había roto el pacto de gobierno entre PP y Vox en la capital manchega.

La sentencia llegó tres días después. El juzgado desestimó la demanda sin posibilidad de recurso y con condena en costas. El fallo concluye que no se aprecia vulneración del deber de neutralidad ideológica del Ayuntamiento ni contradicción con el interés superior de los menores.

El pasado mes de abril, Abogados Cristianos denunció a la rapera dominicana Tokischa por posar semidesnuda en la basílica de Santa María del Coro de San Sebastián. Jarque, como abogado de la fundación, afirmó que la artista había usado un templo católico para hacerse fotografías eróticas y que aquello no era libertad de expresión ni artística. La denuncia invocaba el delito de profanación del artículo 524 del Código Penal, castigado con prisión de seis meses a un año o multa.

En junio, Jarque fue también la voz de la organización en Cáceres. Allí Abogados Cristianos ofreció apoyo jurídico al Ayuntamiento frente a la orden de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática de retirar la cruz de la Plaza de América. La fundación calificó la inclusión del monumento en el catálogo de vestigios de “persecución ideológica contra los símbolos cristianos”.

Abogados Cristianos en Aragón

La organización ya tiene historia en los tribunales aragoneses. Entre otros casos, recurrió la pancarta LGTBI colgada en el Ayuntamiento de Zaragoza el 26 de junio de 2020 y obtuvo una primera sentencia favorable del Juzgado de lo Contencioso nº 3. El TSJA anuló después esa sentencia al entender que la pancarta no vulneraba la ley de banderas. El Tribunal Supremo desestimó finalmente las pretensiones de la asociación contra el fallo de la Sala de Zaragoza.

El caso más reciente en la comunidad afecta directamente al Departamento que ahora ha fichado a Jarque. En marzo de 2025, Abogados Cristianos logró que el Juzgado de lo Contencioso nº 1 de Teruel paralizara cautelarmente el derribo de la cruz de la Peña de la Cruz, en Bezas. El Ayuntamiento había aprobado la demolición a partir de un informe de la propia Consejería de Medio Ambiente, entonces en manos del PP, que la consideraba un riesgo tras el impacto de un rayo. Vox, con Alejandro Nolasco a la cabeza, también recurrió. El juez acabó inadmitiendo los recursos por falta de legitimación y condenó en costas a los demandantes, entre ellos Vox, Nolasco y un particular al que el juez vincula con la organización.

La trayectoria nacional de la organización acumula derrotas sonadas. El TSJ de Madrid confirmó la condena en costas a la asociación por intentar paralizar el sello de Correos del centenario del PCE. La Audiencia Provincial ratificó también la absolución de Willy Toledo.

Hasta 42.000 euros más por un piso de 90 metros cuadrados. Las dos subidas de la vivienda protegida aprobadas por el Gobierno de Aragón en apenas 16 meses han disparado casi un 25%, en los umbrales máximos, el precio de los nuevos inmuebles. El Ejecutivo justifica la medida en el alza de los costes.

El último de los aumentos fue de un 14%, aparece en la orden del pasado julio suscrita por el consejero de Vivienda, Octavio López, y se suma al 9,5% aprobado en abril de 2025. Esos 42.000 euros corresponden a una vivienda tasada, la más cara dentro de la protección oficial, en las zonas de precio más alto, que el Departamento identificó el año pasado con las capitales de provincia. En el régimen general, el más habitual, el límite de un piso de 90 metros en esas mismas zonas ha pasado de unos 151.700 euros a 189.367, casi 37.700 euros más.

La nueva orden, en vigor desde agosto, deroga la de abril de 2025, pero no anula su subida. Así, el 14% se calcula sobre los precios que ya incluían el 9,5%, lo que hace un total del 24,8% en el umbral máximo.

La medida no cambia directamente lo que cuesta cada vivienda, sino que fija el máximo que un promotor puede cobrar por metro cuadrado útil en una promoción protegida. Por debajo de ese límite, cada promoción pone su precio.

El tope se calcula en tres pasos. El módulo básico que sirve de referencia se multiplica por un coeficiente que depende del tipo de vivienda: el régimen especial, pensado para los hogares con menos ingresos; el régimen general, o el régimen tasado, el más caro y que incluye también las viviendas usadas. Por último, en los municipios con más presión de precios se añade un recargo de entre el 5% y el 39%, en función de la zona.

La orden de julio sube los tres coeficientes. En el régimen especial pasa de 1,587 a 1,809 veces el módulo; en el general, de 1,752 a 1,997, y en el tasado y las viviendas usadas, de 1,971 a 2,247. Así, en los tres casos la subida es del 14%, la misma para la vivienda dirigida a las rentas más bajas que para la tasada. Los recargos por zona no cambian, así que el porcentaje es también igual en todo el territorio, desde Zaragoza hasta los municipios que pierden población.

De 27.000 a 42.000 euros más

Como el porcentaje se aplica sobre precios distintos, la subida en euros depende del régimen y la zona. En las áreas más caras, la vivienda tasada de 90 metros puede venderse por 42.386 euros más que antes de abril de 2025, con un límite que ya alcanza los 213.073 euros. La destinada a los hogares con menos recursos sube 29.445 euros, hasta 148.092. En un municipio sin recargo, una vivienda de régimen general de 90 metros cuadrados puede venderse por 27.084 euros más, hasta 136.236.

Solo la orden de julio supone unos 23.200 euros más para el piso de régimen general de 90 metros en la zona más cara: su límite estaba en 166.135 euros desde abril de 2025.

La subida afecta sobre todo a las promociones nuevas, puesto que las VPO que ya existen se revenden al precio máximo que fija el plan de vivienda con el que se calificaron. Solo si ese plan no dice nada se aplica el precio de las nuevas. Mientras, las viviendas protegidas en alquiler ya calificadas mantienen sus rentas máximas.

La orden incluye también un límite para que la subida no se traslade al suelo: el valor del terreno más la urbanización no podrá superar el 17,5% del precio máximo de venta, o el 26,25% en la vivienda tasada.

El umbral de los 2.090 euros

El texto de la orden justifica la medida por el aumento “sostenido” de los costes de materiales, mano de obra y suministros, pero no aporta ninguna cifra que explique por qué la subida debe ser de un 14%. Preguntada por este diario, la Dirección General de Vivienda explica que se analizó la evolución de los costes laborales de la construcción, que han subido casi un 15% en España entre 2023 y 2026, y la de los materiales, un 24% más caros desde 2021 según el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, entre otros factores.

Según el Departamento, los estudios técnicos que maneja concluyen que, con los costes actuales de construcción, suelo, honorarios técnicos, financiación y una rentabilidad mínima, las promociones de vivienda protegida son “difícilmente viables” con módulos inferiores a 2.090 euros por metro cuadrado útil. El nuevo tope del régimen general en las zonas más caras queda en 2.104 euros, apenas por encima de ese umbral. El Gobierno no ha hecho públicos esos estudios ni ha precisado quién los elaboró. “La actualización del módulo no es una concesión al sector, es una medida imprescindible para que exista un sector capaz de producir la vivienda protegida que Aragón necesita”, sostiene la Dirección General. Si el precio máximo no cubre los costes reales y desaparece la rentabilidad mínima, añade, “sencillamente no se harán viviendas protegidas”.

El propio preámbulo de la orden reconoce que la actualización de 2025 no fue suficiente: pese a ella, argumenta, el desfase entre precios máximos y costes reales “persiste e incluso se ha acentuado”, y la actividad de los promotores sigue siendo “contenida e insuficiente”.

1.000 viviendas protegidas al año

En julio, el consejero Octavio López defendió que “una vivienda protegida que no se construye no ayuda absolutamente a nadie”. Recordó que las asociaciones de promotores pedían un 20% y que, aun con esta subida, Aragón seguía por debajo de la media nacional, a 45,61 euros por metro cuadrado. Esa diferencia es de alrededor del 2% y deja a Aragón en el noveno puesto entre las 17 comunidades, en una posición intermedia. El objetivo del Ejecutivo es que la iniciativa privada construya unas 1.000 viviendas protegidas al año.

Para compensar la subida, el Gobierno autonómico ha ampliado el programa Compra Tu Vivienda de 1,5 a 4 millones de euros. Las ayudas, de entre 5.000 y 18.000 euros según los ingresos, cubrirán gastos de notaría, registro y gestoría. Además, ofrecerá un aval adicional del 15% que permitirá financiar hasta el 95% de la compra, y rebajará del 8% al 4% el impuesto de transmisiones patrimoniales en la reventa de VPO. A diferencia de la subida, que se aplica a todos, estas ayudas dependerán de cada convocatoria, de sus requisitos y del presupuesto disponible.

Aragón tiene registradas 4.695 personas por exposición laboral al amianto, de las que 181 presentan alguna patología relacionada con este material cancerígeno, según los datos facilitados por el Departamento de Sanidad del Gobierno autonómico. Las cifras permiten dimensionar las consecuencias sanitarias de una exposición cuyos efectos pueden manifestarse décadas después y coinciden con la creación del equipo médico encargado de reconocer oficialmente estas enfermedades, un requisito indispensable para que las víctimas puedan solicitar las compensaciones económicas previstas en la legislación estatal.

El Boletín Oficial de Aragón (BOA) publica este viernes la Orden de Sanidad por la que se constituye el Equipo de Valoración de Víctimas del Amianto de Aragón, casi cuatro años después de que se aprobara la ley que creó el fondo estatal de compensación para las personas afectadas por este material.

La medida permitirá poner en marcha en Aragón el procedimiento de evaluación y certificación de las enfermedades derivadas de la exposición al amianto, tanto en el ámbito laboral como en el doméstico o ambiental. El reconocimiento médico constituye un paso previo necesario para solicitar las compensaciones económicas, aunque no supone por sí mismo la concesión de una indemnización.

Los datos facilitados por Sanidad sitúan en 4.695 las personas inscritas actualmente en el Registro de Trabajadores Expuestos al Amianto (RETEA) de Aragón, de las que 181 tienen detectada alguna patología relacionada con este material.

El registro incluye a trabajadores que han estado expuestos al amianto durante su actividad profesional, por lo que la cifra no significa que todos continúen expuestos en la actualidad. Tampoco recoge necesariamente el conjunto de posibles víctimas, ya que la exposición pudo producirse fuera del ámbito laboral, por ejemplo, entre familiares de trabajadores que llevaban fibras de amianto adheridas a la ropa o entre personas que estuvieron en contacto con materiales que contenían esta sustancia.

Como antecedente, en enero de 2022 se contabilizaban 4.485 personas inscritas en el registro aragonés, según los datos difundidos entonces por CCOO. La cifra actual supone 210 personas registradas más.

Entre las enfermedades relacionadas con el amianto figuran la asbestosis, una fibrosis pulmonar provocada por la inhalación de sus fibras; el cáncer de pulmón y el mesotelioma, un tumor maligno estrechamente asociado a este material. Una de las principales dificultades para identificar sus consecuencias es el prolongado periodo de latencia de estas patologías, que pueden aparecer entre 20 y 40 años después de la exposición, e incluso más tarde.

El amianto fue ampliamente utilizado durante décadas en la construcción, la industria y numerosas instalaciones por sus propiedades aislantes y su resistencia al calor. En España, su utilización y comercialización quedaron prohibidas con carácter general en 2002, aunque todavía permanece en edificios, cubiertas, conducciones e instalaciones construidas antes de esa fecha.

Fondo estatal

La constitución del equipo de valoración aragonés llega casi cuatro años después de la aprobación de la Ley 21/2022, que creó un fondo estatal para compensar los daños y perjuicios sobre la salud derivados de la exposición al amianto.

La norma nació con el propósito de establecer un mecanismo de reparación para las víctimas, incluidas aquellas que habían contraído enfermedades por exposición doméstica o ambiental, más allá de los casos reconocidos como enfermedades profesionales.

Sin embargo, su desarrollo reglamentario no se aprobó hasta junio de 2025, mediante el Real Decreto 483/2025, que estableció los requisitos y el procedimiento para reconocer el derecho a las compensaciones económicas.

Dicho reglamento dispuso que cada comunidad autónoma debía constituir un equipo específico para diagnosticar y valorar las patologías, determinar su posible relación con la exposición al amianto y emitir los dictámenes que sirvieran de base para la certificación médica. Posteriormente, en noviembre de 2025, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud aprobó el procedimiento común para la emisión de estos certificados, con el objetivo de garantizar criterios homogéneos en todo el territorio nacional.

Aragón formaliza ahora la creación de este órgano, que será el encargado de examinar los expedientes y elaborar los dictámenes médicos necesarios para que las personas afectadas puedan continuar la tramitación ante el fondo estatal.

Un equipo de especialistas

El nuevo Equipo de Valoración de Víctimas del Amianto estará integrado por cuatro profesionales sanitarios del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón. integrado por profesionales de salud pública, salud laboral, sanidad ambiental e inspección médica del Departamento de Sanidad.

Cuando resulte necesario, el equipo podrá recurrir al asesoramiento de especialistas externos, como técnicos del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral o profesionales de neumología.

Su principal cometido será comprobar la documentación aportada por los solicitantes, valorar las enfermedades diagnosticadas, determinar su posible relación con la exposición al amianto y emitir el correspondiente dictamen. También deberá pronunciarse, cuando proceda, sobre las causas del fallecimiento de personas afectadas.

A partir de esta valoración, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Aragón será la encargada de expedir el certificado de patologías derivadas de la exposición al amianto, documento necesario para solicitar las compensaciones estatales.

La orden establece que las personas interesadas podrán presentar sus solicitudes preferentemente a través de la sede electrónica del Gobierno de Aragón, aunque también podrán hacerlo presencialmente en las oficinas de registro habilitadas.

El equipo examinará la documentación médica y administrativa y, en caso de detectar deficiencias, requerirá su subsanación en los plazos legalmente establecidos. Una vez completado el expediente, emitirá el dictamen que servirá de base para que la Dirección General de Salud Pública expida el certificado.

Este reconocimiento constituye una fase necesaria del procedimiento, pero no implica automáticamente el derecho a recibir una compensación económica, cuya concesión deberá ajustarse a los requisitos establecidos por la normativa estatal.

La Orden SAN/1440/2026, firmada el 24 de septiembre por el consejero de Sanidad, Ángel Sanz Barea, entra en vigor este sábado, 10 de octubre.

La huelga de las brigadas forestales de Sarga continuará suspendida hasta el próximo 15 de noviembre después de que el Gobierno de Aragón haya mantenido este jueves una nueva reunión con el Comité de Huelga en la que se ha informado sobre la situación de las medidas previstas en el principio de acuerdo alcanzado el pasado 7 de septiembre en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA).

Durante el encuentro, el Gobierno ha informado de que se está tramitando el incremento salarial del 10% acordado, al que se añadirá la subida del 5% correspondiente al personal del sector público para 2026-2027.

Asimismo, se ha trasladado que se está trabajando en la contratación al cien por cien de la jornada de las brigadas dobles y de los puestos fijos de vigilancia.

Además, se ha informado sobre la previsión de aplicar, una vez se produzca la desconvocatoria de la huelga, el reconocimiento económico de 500 euros previsto por la excepcionalidad de la campaña a los trabajadores del Instituto de Formación Agroambiental de Jaca, del Paisaje Protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel, del Parque Natural de los Valles Occidentales y al personal de las emisoras que participaron activamente en las labores de extinción de los incendios forestales durante este verano.

Por último, ambas partes han acordado mantener una nueva reunión cuando el Gobierno de Aragón pueda trasladar nueva información sobre la organización del operativo de incendios forestales para 2027.

Durante el encuentro se ha señalado que se está trabajando en la planificación del próximo dispositivo y que su concreción estará vinculada a la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 2027.

El Gobierno de Aragón ha dado luz verde este miércoles a la licitación de las obras para transformar el edificio Ebro 3 del recinto de la Expo en la nueva sede de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión (CARTV), con un presupuesto máximo de 33,3 millones de euros. La cifra supone un importante incremento respecto a los 22,6 millones (más IVA) con los que se presentó inicialmente el proyecto en 2024: casi seis millones y un 22% más.

La reforma se licitará dividida en dos lotes, uno correspondiente a la obra civil y otro a las instalaciones, y tendrá un plazo de ejecución estimado de 20 meses. Una vez concluidos los trabajos, el antiguo pabellón de la Expo podrá albergar la nueva sede y los estudios de la radiotelevisión autonómica, actualmente instalados en el Actur.

Cuando el Ejecutivo anunció el proyecto, en junio de 2024, situó la inversión necesaria en 22,6 millones de euros y planteó que la CARTV pudiera comenzar a ocupar el inmueble a partir del otoño de 2027. El nuevo plazo de 20 meses deberá empezar a contar a partir de la adjudicación y el inicio efectivo de las obras, por lo que la fecha final dependerá de cómo avance el procedimiento de contratación.

El antiguo pabellón de la Expo deberá albergar la nueva sede de la radiotelevisión autonómica y sus estudios, concentrando unas instalaciones que actualmente se encuentran en el Actur.

La vicepresidenta y portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero, ha justificado este miércoles la subida por la actualización de precios realizada antes de sacar las obras a concurso. El objetivo, según ha explicado, es garantizar que las condiciones económicas resulten suficientemente atractivas para las constructoras y evitar que el procedimiento termine sin ofertas. “Lo más importante en todas las licitaciones es garantizar que no quedan desiertas”, ha señalado el Ejecutivo, que ha precisado que los 33,3 millones (IVA incluido) constituyen el precio máximo de licitación y que, a partir de esa cantidad, las empresas podrán presentar ofertas a la baja.

La revisión presupuestaria alcanza también a otro de los proyectos previstos en el antiguo recinto de la Expo: la iluminación dinámica de la Torre del Agua. El Consejo de Gobierno ha autorizado un precio máximo de 7,9 millones de euros, también superior al previsto inicialmente.

En este caso, el incremento tiene además como antecedente una licitación fallida. Expo Zaragoza Empresarial sacó a concurso en 2025 la instalación de la fachada digital de la Torre del Agua por 5,26 millones de euros, sin IVA, pero el procedimiento quedó desierto. Posteriormente volvió a licitarse con una cuantía superior a los seis millones y ahora el límite se eleva hasta los 7,9 millones.

El Ejecutivo ha recurrido al mismo argumento que para la CARTV: la actualización de los precios pretende dar margen suficiente a las empresas para concurrir y evitar que las obras vuelvan a quedar sin adjudicatario. Entre ambos proyectos, las nuevas licitaciones alcanzan los 41,2 millones de euros.

La actuación en la Torre del Agua permitirá instalar un sistema de iluminación dinámica sobre su fachada dentro del proyecto de recuperación del edificio, que pretende convertir uno de los principales símbolos arquitectónicos de la Expo de 2008 en el denominado “Faro de la Logística”.

Sarga ya tiene responsable

El Consejo de Gobierno ha comunicado también el nombramiento de Pablo Arbonés Maciñeira como nuevo director gerente de la Sociedad Aragonesa de Gestión Agroambiental (Sarga), una vez concluido el proceso de selección abierto para cubrir la dirección de la empresa pública.

Arbonés es ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid y cuenta con una dilatada experiencia en la gestión de empresas públicas vinculadas al ámbito agroforestal. Buena parte de su trayectoria profesional se ha desarrollado en la Empresa Pública de Servizos Agrarios Galegos (Seaga), dependiente de la Xunta de Galicia y con funciones similares en distintos ámbitos a las que desarrolla Sarga en Aragón.

Arbonés ejerció durante años como director gerente de Seaga, una sociedad que participa, entre otras actuaciones, en trabajos de prevención de incendios, gestión de biomasa y servicios relacionados con el medio rural. Posteriormente ocupó responsabilidades en la dirección de Administración y Servicios Generales de la propia compañía.

Su llegada a Sarga se produce además después de un proceso de selección desarrollado en un momento especialmente complejo para la empresa pública aragonesa, con el conflicto laboral protagonizado por los bomberos forestales y las reivindicaciones sobre sus condiciones de trabajo y el dimensionamiento del operativo.

El nuevo gerente asume así la dirección de una sociedad instrumental del Gobierno de Aragón con competencias que abarcan desde los trabajos forestales y la prevención y extinción de incendios hasta actuaciones medioambientales, agrarias y de gestión de infraestructuras y servicios en el medio rural.

Este nombramiento se adelanta al de la persona que debe tomar el relevo en el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), cuya gerente dejó el cargo hace más de un mes. El organismo, que depende de la consejería de Vox de Desregulación, Bienestar y Familia, sigue sin responsable pese al importante cometido que debe desarrollar.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado este miércoles al Gobierno de querer “sacrificar un futuro tecnológico y económico” de su comunidad y de España “por arrancar un puñado de votos” con el real decreto que prepara para regular los centros de datos.

Azcón se ha pronunciado así durante su intervención en la cuarta edición del foro económico y geopolítico 'Global Trends 2026', organizado por la Cámara de Comercio Estadounidense en España (AmChamSpain), donde ha defendido la necesidad de impulsar las infraestructuras tecnológicas vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Al evitar la vía parlamentaria, la tramitación de este real decreto únicamente requeriría el visto bueno de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y del Consejo de Estado. En este sentido, el informe de la CNMC ya estaría aprobado por el organismo que preside Juan José Ganuza tras haber pasado por el pleno la semana pasada, según ha adelantado 'El País'. Una vez que este dictamen se incorporase al expediente, el Gobierno remitiría el texto al Consejo de Estado para que realizara la valoración jurídica de la norma.

El Ejecutivo pretende llevar la norma al Consejo de Ministros a finales de octubre o principios de noviembre por la vía urgente, con el objetivo de que pueda publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE) antes de la convocatoria electoral.

El proyecto de real decreto establece nuevos requisitos de sostenibilidad energética y medioambiental, así como de resiliencia y soberanía digital, para los centros de datos. Entre otras medidas, plantea que estas instalaciones respalden con nueva generación renovable al menos el 80% de su consumo energético en cada hora de funcionamiento.

Más de 600 alegaciones

El presidente aragonés ha criticado que el Gobierno pretenda aprobar esta iniciativa antes de los comicios y ha cuestionado que la norma vaya a resolver las más de 600 alegaciones presentadas durante su tramitación. En este sentido, ha vinculado la posición del Ejecutivo al “uso del miedo” ante el desarrollo de la IA. “El Gobierno de España sabe que hay mucha gente que no entiende la IA y le provoca miedo, por eso va a ir a un debate lo más polémico posible, pensando en los tecnoligarcas y va a sacrificar un futuro tecnológico y económico de mi comunidad, de nuestro país, por arrancar un puñado de votos”, ha señalado.

En este sentido, el presidente aragonés ha defendido el volumen de inversiones tecnológicas que está recibiendo su comunidad y ha asegurado que en los tres años que lleva al frente del Ejecutivo autonómico se han anunciado proyectos por valor de 90.000 millones de euros, fundamentalmente vinculados a centros de datos.

Azcón ha destacado que Aragón se ha convertido en un destino para grandes inversiones tecnológicas y ha citado los proyectos de Amazon y Microsoft, además de otras iniciativas industriales vinculadas al elevado consumo energético.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que Aragón dispone de una importante capacidad de generación de energía renovable y ha defendido que estas condiciones convierten a la comunidad en un destino atractivo para industrias con un elevado consumo energético. “En Aragón vamos a seguir apostando por atraer inversiones y vamos a seguir apostando por estar a la cabeza del desarrollo de las infraestructuras tecnológicas”, ha asegurado.

Las dudas expresadas por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, sobre el voto por correo han encontrado respaldo este miércoles en sus dos vicepresidentes. Con distinta intensidad y argumentos, tanto Mar Vaquero como Alejandro Nolasco han alimentado los recelos sobre esta modalidad de sufragio a pocas semanas de las elecciones generales. La vicepresidenta del PP ha defendido que el sistema electoral español “es garantista”, pero ha considerado justificadas las “prevenciones” por las personas que están “detrás”, mientras el vicepresidente de Vox ha ido más lejos y ha pedido directamente acudir a votar de forma presencial.

“Creemos que hay que ir a votar presencialmente”, ha afirmado Nolasco. El vicepresidente aragonés ha justificado su recomendación en su desconfianza hacia el presidente del Gobierno: “No nos fiamos de nada que pueda hacer Pedro Sánchez. No sabemos qué es lo que está tramando, no sabemos qué es lo que puede llegar a hacer, pero puede hacer cualquier cosa, ya lo ha demostrado”.

Nolasco no ha señalado ninguna irregularidad concreta en el funcionamiento del voto por correo, pero ha concluido que “es muy importante que, dentro de las posibilidades, se vaya a votar presencialmente”.

Sus palabras se suman al debate abierto por Azcón, quien aseguró que traerá a sus hijos que estudian fuera para que voten presencialmente en urna, en la misma línea de las dudas planteadas por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso. Un debate que también ha dejado distintos mensajes dentro de la dirección nacional del PP sobre dónde reside exactamente el motivo de desconfianza.

La posición de Mar Vaquero se sitúa precisamente entre esos mensajes. Por un lado, coincide con el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, en defender las garantías del voto por correo. Por otro, introduce el matiz planteado por la portavoz popular en el Congreso, Esther Muñoz, que ha desplazado las dudas desde el procedimiento hacia los responsables de Correos.

“¿El sistema es garantista? Claro que el sistema es garantista. Nuestro sistema electoral es garantista, nuestras instituciones son también garantistas”, ha afirmado Vaquero. Sin embargo, inmediatamente después ha justificado que puedan existir recelos: “El que se ponga en duda o se pueda tener ciertas prevenciones con el voto por correo no es porque el sistema no sea garantista”.

Para la vicepresidenta, el motivo está en “las personas que están detrás de ese sistema o de ese modelo”. De esta forma, Vaquero ha tratado de compatibilizar la defensa formal de las garantías electorales con las sospechas expresadas por Azcón y otros dirigentes de su partido.

Preguntada expresamente por si considera responsable que el presidente de Aragón plantee dudas sobre el voto por correo a pocas semanas de unas elecciones generales, Vaquero no se ha desmarcado de Azcón. “Ni el Gobierno de Aragón ni el presidente de Aragón en ningún momento han dicho que el sistema electoral no sea garantista”, ha señalado, antes de añadir nuevamente que “lo que sí provoca serias dudas es quién está detrás de este sistema y de este modelo”.

La vicepresidenta ha defendido además que las declaraciones de Azcón y Ayuso “no deberían extrañar a nadie” y ha recurrido en varias ocasiones al argumento de que esas sospechas existen entre los ciudadanos. “Esto es lo que se oye en la calle”, ha repetido. “Es muy importante escuchar a la calle” y ha acusado precisamente al PSOE de estar desconectado de la calle.

“Prevenciones”

Vaquero ha utilizado buena parte de su intervención para cargar contra Pedro Sánchez y el PSOE y justificar en su actuación política esas “prevenciones”. Ha aludido a las investigaciones y polémicas relacionadas con el entorno socialista, a Leire Díez y a las acusaciones formuladas en su día dentro del propio PSOE sobre las primarias que devolvieron a Sánchez a la Secretaría General.

También ha extendido el argumento a otras instituciones. Vaquero ha citado el Tribunal Constitucional y el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) para defender que sus reparos no se dirigen a las instituciones en sí mismas, sino a las personas que las dirigen y al uso que considera que hace de ellas el Gobierno central.

“¿El CIS es un buen sistema? Por supuesto”, ha señalado. “¿Cuál es el problema que tiene el CIS ahora? ¿Quién lo utiliza, quién lo dirige y para qué se utiliza?”, se ha preguntado, estableciendo un paralelismo con sus argumentos sobre el sistema electoral.

Vaquero ha concluido responsabilizando al propio PSOE de la existencia de estas sospechas y acusando a Sánchez de haber “mentido y hecho trampas a lo largo de todos estos años”. Nolasco, por su parte, ha prescindido de esa distinción entre el sistema y quienes lo gestionan y ha convertido directamente su desconfianza hacia el presidente del Gobierno en una recomendación a los ciudadanos para que, siempre que puedan, voten presencialmente.

El presidente del Gobierno de Aragón y líder de los populares en la comunidad autónoma, Jorge Azcón, se ha sumado a las voces en el PP y en Vox que ponen en duda la limpieza del proceso electoral para los comicios del 29 de noviembre con un supuesto fraude en el voto por correo. Con un circunloquio y sin admitirlo abiertamente, el dirigente aragonés ha dicho que ya está sacando “billete” a sus hijos para vayan a las urnas de manera presencial en Zaragoza.

Esta ha sido la respuesta del presidente autonómico este martes en un acto desde el Centro de Interpretación Medio Natural de Aragón, en Pastriz, preguntado acerca de si cuestiona el voto por correo, como ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien ha pedido “a todo el mundo que ni se le ocurra votar por correo”.

“Mis hijos están estudiando fuera y estoy en trámite de sacarles billetes para que vengan a votar a Aragón. Podrían votar por correo y habrá gente que lo hará, pero yo a mis hijos los voy a traer a votar a Zaragoza”, ha incidido el dirigente del PP.

Cuestionado expresamente sobre si duda del proceso electoral, ha vuelto a lo mismo, ha zanjado: “Acabo de decir que yo a mis hijos los voy a traer a votar en persona”.

Precisamente este mismo martes la presidenta madrileña ha reculado en parte y ha evitado atribuir ese supuesto amaño al Gobierno de Pedro Sánchez, al tiempo que ha añadido que lo que le pide a la gente es que “no se confíe”.

Huelga general

Azcón también se ha referido al acuerdo alcanzado por los sindicatos CCOO y UGT sobre la convocatoria de una huelga general de 24 horas para este otoño con el objetivo de reivindicar salarios dignos y garantizar el acceso a una vivienda digna. El jefe del Ejecutivo autonómico les ha pedido que aclaren “contra quién se manifiestan”, ya que “lo habitual es que lo hagan contra el Gobierno”.

“No creo que sea una huelga general en la que los sindicatos digan que se van a manifestar contra la oposición”, ha ironizado Azcón. “Si los sindicatos se dedican a defender a los partidos políticos que están actualmente en el Gobierno, creo que tendrán un problema de credibilidad muy importante”, ha recalcado, para subrayar que las huelgas generales, hasta ahora, “se hacían contra los gobiernos”.

Los embajadores de los países de la Unión Europea en España han iniciado este lunes una visita de tres días a Aragón, durante la que conocerán algunos de los principales proyectos económicos, industriales y tecnológicos de la Comunidad, con especial atención a sectores como la logística, los centros de datos y la Defensa.

La visita se celebra por iniciativa del embajador de Irlanda en España, Brian Glynn, coincidiendo con la presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea durante este semestre. Los diplomáticos han sido recibidos este lunes en el edificio Pignatelli por el presidente de Aragón, Jorge Azcón, y los miembros de su Gobierno, en una jornada de trabajo en la que también han participado representantes de los agentes sociales.

Después de los elogios mutuos, las llamadas a intercambiar experiencias y el propósito compartido de reforzar la colaboración europea, el vicepresidente de Vox del Gobierno de Azcón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco, ha aprovechado la ocasión para ampliar considerablemente el orden del día. Y ha entregado a cada uno de los 26 diplomáticos una carta con su particular relación de asuntos pendientes para Europa en la que ha desplegado buena parte del ideario voxista.

El primero, la inmigración. Nolasco ha urgido a los embajadores a blindar Europa ante “la inmigración masiva y descontrolada”, que considera una “amenaza” de primer orden para “la supervivencia económica del Estado del Bienestar” y para las democracias de los países de la Unión. “No habrá Europa si Europa no es capaz de controlar eficazmente sus fronteras”, sostiene en la misiva.

La “invasión”

El vicepresidente aragonés ha situado nuevamente a Ceuta en el centro de su argumentación y la ha presentado como “el ejemplo palmario del riesgo de colapso del modelo democrático europeo”. “Todos y cada uno de los Estados miembros estamos llamados a dar una respuesta a quienes sufren una invasión”, afirma Nolasco, que utiliza de nuevo este término para referirse a la llegada de migrantes a la ciudad autónoma, una expresión que viene empleando reiteradamente durante los últimos meses.

La carta no se queda en la política migratoria. Nolasco también ha pedido a los 26 embajadores que transmitan a sus respectivos gobiernos la necesidad de acometer un proceso inmediato de “desregulación” en la Unión Europea. “Es urgentísimo”, asegura, porque considera que hacen falta “menos normativa, más claridad legislativa y menos limitantes para nuestros ciudadanos, para nuestros trabajadores y para nuestras empresas”.

A la lista se suma la política energética. El vicepresidente sostiene que “Europa no puede asfixiarse por una deriva energética que le resta competitividad” y reclama un sector energético “fuerte y competitivo” capaz de proporcionar a la industria energía “a precios razonables”.

Tampoco han quedado fuera de la carta la agricultura y la ganadería. Nolasco reclama “una redefinición urgentísima” de las políticas europeas para el sector primario y sostiene que agricultores y ganaderos deben ser “defendidos, no convertidos en un actor secundario”, vinculando su protección con la soberanía alimentaria y el fortalecimiento económico.

Y, puestos a trasladar encargos a los representantes europeos, el vicepresidente ha recuperado también una vieja reivindicación aragonesa: la Travesía Central del Pirineo. Nolasco ha instado a los embajadores a “retomar la filosofía de aquel gran proyecto” porque considera que “ni es justo ni es inteligente” mantenerlo aparcado.

Su argumentación, sin embargo, ha ido más allá de las comunicaciones transfronterizas. Nolasco sostiene que el Pirineo central constituye el recorrido más corto entre la península y el resto de Europa y añade una lectura política: “La llave de las comunicaciones entre la península y el resto de Europa no puede seguir estando en las manos de quienes, desde posiciones secesionistas y excluyentes, desean imponer sus intereses a los del resto de un país y de todo un continente”.

De este modo, una jornada concebida inicialmente para presentar a los embajadores europeos las posibilidades económicas, industriales y estratégicas de Aragón ha servido también para que el vicepresidente aragonés les haga llegar, por escrito, su propia agenda para la Unión Europea.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha considerado una “buena noticia” la convocatoria de elecciones generales porque permitirá “hablar a los españoles”, pero también ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de haber elegido el momento electoral atendiendo a sus propios intereses. “Pedro Sánchez convoca las elecciones como ha gobernado, pensando en él”, ha afirmado Azcón, convencido de que el jefe del Ejecutivo ha optado por acudir ahora a las urnas porque considera que dispone de una “ventana de oportunidad” para obtener “el menos malo de los resultados”.

El jefe del Ejecutivo autonómico también ha rechazado que Sánchez pueda presentarse durante la campaña como una víctima de las circunstancias políticas: “Pedro Sánchez y el PSOE no son ninguna víctima, son los culpables”, ha señalado, antes de responsabilizar al Gobierno central de los problemas acumulados tras ocho años en el poder y cargar especialmente contra su política de vivienda.

Azcón ha contrapuesto a esa gestión la política desarrollada por su Ejecutivo en Aragón y ha asegurado que el PP ofrece “hechos” y “soluciones reales” mediante la construcción de vivienda. Según las cifras aportadas por el propio presidente, durante los ocho años anteriores de gobierno socialista se construyeron 86 viviendas, mientras que el actual Ejecutivo autonómico ha impulsado más de 3.600 en tres años.

La convocatoria de las generales obligará, además, a modificar parte de su agenda institucional —entre ella, un viaje previsto a China junto a la rectora de la Universidad de Zaragoza para visitar empresas como Leapmotor y CATL—, aunque Azcón ha descartado que interfiera en la aprobación de las cuentas autonómicas. “La tramitación de los presupuestos continuará en las Cortes de Aragón al ritmo parlamentario que estaba estipulado”, ha asegurado, dando por hecho que la comunidad contará con Presupuestos para 2027.

Azcón ha confiado en que los aragoneses valoren la gestión que está realizando el Partido Popular en la comunidad y ha defendido que un cambio en el Gobierno de España beneficiaría a Aragón. A su juicio, Pedro Sánchez “gobierna solamente para quien le vota”, mientras que Alberto Núñez Feijóo gobernaría “para todos los españoles”, desde el principio de igualdad y sin primar a unas comunidades en función de los votos. “Eso, que es normal, que es justo y que es defender la igualdad, creo que a los aragoneses nos interesa y nos gusta especialmente”, ha concluido.

Vox: “Lo peor de Sánchez, el candidato de Marruecos, aún está por llegar”

También el líder de Vox Aragón y vicepresidente del Gobierno autonómico, Alejandro Nolasco, ha calificado la convocatoria como una “oportunidad histórica” para desalojar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Nolasco ha acusado al Gobierno de ser “criminal, corrupto y mafioso” y ha llegado a referirse a Sánchez como “el candidato de Marruecos” y “un candidato al servicio de Marruecos”. El dirigente de Vox ha pedido, no obstante, cautela ante el adelanto electoral: “Lo peor de Sánchez aún está por llegar. Hay que tener cautela y no vender la piel del oso antes de cazarlo”. Por ello, ha animado a los españoles a aprovechar las elecciones para “echar a este Gobierno y devolver la esperanza a España”.

Sobre su propio papel en los comicios, Nolasco ha evitado anticipar si formará parte de las candidaturas de Vox y se ha remitido a las decisiones de la dirección nacional. “Estaré donde el partido me diga que esté”, ha afirmado, aunque ha precisado que actualmente está centrado en sus responsabilidades como vicepresidente del Ejecutivo aragonés, en “sacar adelante los servicios sociales de Aragón y simplificar burocráticamente las normas”.

Nolasco también ha descartado que la convocatoria de elecciones generales vaya a alterar, en principio, la marcha del Gobierno de coalición de PP y Vox en Aragón. Ha asegurado que existe una “hoja de ruta” marcada por los pactos suscritos entre ambos partidos y que el Ejecutivo autonómico continúa preparando los Presupuestos, aunque todavía sin fecha para su presentación. “La política nacional y la autonómica van cada una por su lado”, ha sostenido, antes de introducir una salvedad: “Salvo sorpresa mayúscula del presidente del Gobierno, si no hay ninguna catástrofe provocada por él”.

El presidente aragonés, Jorge Azcón, ha defendido este miércoles que el fichaje de Marta Ríos por QTS, la compañía de centros de datos controlada por el fondo de inversión Blackstone, “cumple con toda la normativa”. Lo ha hecho en la presentación del Proyecto Rhodes, el campus que la multinacional levantará en Calatorao y cuya llegada a Aragón facilitó la propia Ríos como directora de Inversiones Estratégicas autonómica. Pero la norma que invoca el presidente, la ley estatal de incompatibilidades de 1984, regula la compatibilidad de quienes trabajan para la Administración mientras están en su puesto y no impone ninguna restricción a su actividad privada una vez que lo dejan.

El presidente ha construido su defensa sobre la secuencia de los hechos. “Cuando dejó el Gobierno de Aragón se fue a la MAZ”, ha recordado en referencia a la Mutua de Accidentes de Zaragoza, donde Ríos ejerció como directiva este verano durante apenas mes y medio. “Y se ha ido de esa empresa a QTS cuando este proyecto está prácticamente finalizado”, ha añadido. Según Azcón, nadie aceptaría un empleo sabiendo que lo iba a dejar mes y medio después, de modo que, a su juicio, la oferta de QTS le llegó cuando ya estaba en el mercado laboral y sin relación con su labor en el Gobierno.

Azcón ha asegurado también que Ríos no trabajará en el Proyecto Rhodes, sino en otras iniciativas de Blackstone en Europa, y ha atribuido el fichaje a su trayectoria. “Su valía profesional es la que explica que esa empresa se haya fijado en ella”, ha afirmado el presidente, que ha recordado que su Gobierno la convenció para incorporarse a la Administración autonómica tras una carrera de más de dos décadas en Adidas.

Una ley sin restricciones tras el cese

“La que se le aplica no depende del Gobierno de Aragón, sino de España. Es una normativa del año 84”, ha sostenido Azcón. Con esa referencia a la Ley de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, el presidente ha hecho explícita la tesis del Ejecutivo: Ríos era personal eventual, no un alto cargo, y por tanto queda fuera del régimen de limitaciones tras el cese de la ley aragonesa de Integridad y Ética Públicas. Frente a la propuesta del PSOE de reformar esa ley, Azcón ha replicado que, si los socialistas quieren cambiar la normativa, deben “pedírselo a Pedro Sánchez”, en alusión a una ley estatal que aprobó el Gobierno socialista de Felipe González.

La normativa aragonesa, aprobada en 2017 durante el primer Gobierno de Javier Lambán, sí contempla esas limitaciones. Su artículo 53 prohíbe durante los dos años siguientes al cese realizar actividades privadas relacionadas con procedimientos en los que el cargo haya emitido un informe preceptivo y vinculante, haya dictado resolución o haya presentado propuestas al Consejo de Gobierno. Además, obliga a declarar la nueva actividad ante el órgano competente en conflictos de intereses antes de iniciarla. La Administración tiene un mes para pronunciarse y, si no lo hace, el silencio es positivo.

La discusión está en si Ríos entra en ese régimen. El artículo 4 de la ley no incluye a los asesores, pero sí a los “directores y jefes de gabinete integrados en los gabinetes de los miembros del Gobierno”. El decreto de 28 de septiembre de 2023, publicado en el Boletín Oficial de Aragón el 9 de octubre, no la nombró asesora, sino 'Directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón'. El organigrama oficial de la Presidencia la distinguía, además, de los asesores del mismo gabinete.

Si la ley aragonesa le fuera aplicable, el argumento del mes y medio en la MAZ tendría poco recorrido: el plazo de dos años se cuenta desde el cese, con independencia de los empleos intermedios. Sí tendría más peso el hecho de que Ríos no trabajará en Calatorao, porque la prohibición afecta a actividades relacionadas con los procedimientos en los que intervino. Aunque el proyecto que Azcón da por “prácticamente finalizado” es el mismo que presentaba en ese acto. Y según la documentación del Gobierno citada por el PSOE, QTS será su promotora delegada y, después, su gestora.

La campaña de vacunación escolar frente a la gripe ha registrado 4.208 inscritos en su tercera edición, frente a los 2.973 de la temporada anterior, lo que supone un incremento del 41,5%. El plazo de inscripción, abierto a través de un formulario específico de SaludInforma, finalizó el pasado lunes, 28 de septiembre y las familias han respondido con una gran acogida a una iniciativa que ha crecido también en número de centros participantes: este año se han adherido 159 colegios de toda la comunidad frente a los 127 de la campaña anterior.

La vacunación escolar se desarrollará del 5 al 19 de octubre y está dirigida exclusivamente a los alumnos de segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, a los niños y niñas de 3, 4 y 5 años. Los profesionales de Enfermería de los centros de salud se desplazan a los colegios para vacunar en horario escolar, con carácter general en una o dos jornadas acordadas entre cada centro educativo y su centro de salud de referencia. Los niños solo serán vacunados en el colegio en el que están matriculados, con una vacuna de administración intranasal.

La inmunización en los centros escolares se puso en marcha en Aragón hace tres temporadas con 789 inscritos en su primera edición. La cifra de este año multiplica por más de cinco la participación inicial. A partir del 19 de octubre, la vacunación infantil frente a la gripe, que en la temporada pasada alcanzó una cobertura del 43,4%, comenzará en los centros de salud y en los centros de vacunación privados acreditados para todos los niños y niñas de entre 6 meses y 11 años.

Esta ampliación es la principal novedad de la campaña 2026/27, ya que hasta la temporada anterior la vacunación infantil llegaba hasta los 7 años. Las familias de los menores de 3 a 5 años que no se hayan inscrito en la campaña escolar, que no hayan podido vacunarse en su colegio o cuyo centro educativo no participe en la iniciativa podrán vacunarles de forma gratuita en su centro de salud, solicitando cita a través de SaludInforma cuando se abra la autocita para este grupo de edad.

La vacunación de la población infantil protege a los niños frente a la gripe y sus posibles complicaciones y, al mismo tiempo, contribuye a reducir la transmisión del virus en su entorno, especialmente a las personas más vulnerables, como los mayores o quienes padecen enfermedades crónicas. Para los niños de 24 meses a 11 años se utiliza una vacuna viva atenuada de administración intranasal, mientras que los de 6 a 23 meses reciben una vacuna de cultivo celular.

La campaña de vacunación frente a la gripe comenzó el 28 de septiembre en las residencias de mayores, los trabajadores sociosanitarios, las mujeres embarazadas y las personas con gran dependencia o muy alto riesgo. El 19 de octubre se incorporarán, además de la población infantil, las personas mayores de 80 años y las de alto riesgo, y el 3 de noviembre el resto de grupos, entre ellos las personas mayores de 60 años y otras con factores de riesgo.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado este miércoles en rueda de prensa la aprobación definitiva parcial –afecta solo a parte del complejo– como Proyecto de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto Rhodes, promovido por la firma QTS, filial de Blackstone, para el desarrollo de un campus de centros de datos en Calatorao. Una actuación cuya inversión total se aproximará a los 13.500 millones de euros, según el jefe del Ejecutivo, quien ha relativizado la pérdida de ingresos por parte del Ayuntamiento debido a la tramitación autonómica y que ha criticado las quejas del alcalde, el socialista David Felipe, sobre la falta de acompañamiento del Gobierno en sus peticiones a la multinacional.

“Me sorprende”, ha manifestado Azcón. La jornada anterior, en declaraciones a medios de comunicación, el primer edil reclamó al Ejecutivo autonómico que acelere la construcción de “vivienda púbica” en la localidad para poder acoger a los empleados del centro de datos, y que Zaragoza capital no vuelva a ejercer el efecto de agujero negro con la población respecto del entorno. Y, por el otro, Felipe lamentó el “desamparo” y la ausencia de “tutela” del Gobierno de Azcón con los ayuntamientos a la hora de negociar con multinacionales como Blackstone las compensaciones por la merma tributaria que supone el impulso de los PIGA.

De hecho, el alcalde cifra en torno a 50 millones de euros lo que QTS se va a ahorrar con el proyecto al eludir el pago del impuesto de construcciones, el ICIO, algo derivado del mencionado PIGA. A cambio, el Ayuntamiento ha arrancado a Blackstone compromisos para que construya una balsa de agua y una potabilizadora, valorados en unos tres millones de euros.

Este miércoles, Azcón ha mencionado de forma recurrente que el Consistorio ingresará “un millón de euros anuales” en concepto de IBI y de IAE, lo que supone “casi un 40% los ingresos” actuales municipales. Lo que el presidente ha omitido en un principio es que esos ingresos no serán en todo caso una realidad hasta que el proyecto esté completamente desplegado, algo que no sucederá antes de finales de la próxima década. Cuestionado al respecto, ha reconocido que el IBI y el IAE se irán percibiendo “de forma escalonada” desde 2028, cuando está previsto que “las primeras infraestructuras tecnológicas empiecen a funcionar”.

“Me extraña”

Sobre esta merma impositiva, el jefe del Ejecutivo ha recordado que proviene de una normativa impusada por el Gobierno del socialista Javier Lambán: “No la hemos inventado nosotros”. Los alcaldes, eso sí, se quejan de que en esa etapa el Ejecutivo intervenía directamente en las negociaciones y ahora no. Y ha criticado: “Ninguno de los alcaldes suele poner esos problemas encima de la mesa cuando la inversión se debate, sino cuando ya está decidida. Esta es la realidad”, ha apuntado.

También ha confrontado directamente con el alcalde de Calatorao en cuanto a su petición de colaboración. “Me sabe malo porque no quiero rememorar la frase de 'si necesitan ayuda que la pidan'”, ha ironizado, en alusión a Pedro Sánchez con la dana de Valencia. Pero me extraña que cuando el alcalde ha negociado todo lo que consideraba oportuno diga que le hubiera gustado tener ayuda del Gobierno de Aragón. Le hubiéramos ayudado de mil amores“, ha apuntado.

Respecto del proyecto en sí, Azcón ha elevado la inversión hasta los 13.471 millones de euros, mientras que la creación de puestos de trabajo prevista es de 3.400 empleos, cifra que integra las fases de construcción y de explotación. La primera fase se completará en 2035 y entonces comenzará la segunda, de duración indeterminada.

Suelo ya calificado como industrial

El campus se ubicará junto a la A-2, sobre una superficie de 223,4 hectáreas de suelo industrial ya clasificado para este uso. Se trata de un terreno ya calificado como industrial, lo que ha ayudado a acelerar los trámites, y que llevaba más de una década sin desarrollar.

Durante la primera fase se prevé la construcción de ocho edificios de centros de datos, una subestación eléctrica propia, infraestructuras de abastecimiento, drenaje, telecomunicaciones y accesos y una planta fotovoltaica de autoconsumo. Aquí se prevé la creación de 1.200 empleos directos para la construcción y hasta 200 puestos cuando el campus entre en funcionamiento. La segunda fase permitirá ampliar el complejo con cinco centros de datos adicionales y nuevos desarrollos logísticos o tecnológicos.

Este proyecto es “uno de los más importantes en Aragón y España”, ha enfatizado Azcón, y ha destacado que tiene asegurado el acceso a la red energética y que “va a significar un motor de desarrollo fundamental no solo para la zona –el corredor del Jalón–, sino para el área metropolitana de Zaragoza”.

El campus de centros de datos que Blackstone proyecta en Calatorao, a 50 kilómetros de Zaragoza, ya puede empezar a transformar 223 hectáreas junto a la autovía A-2. El Consejo de Gobierno aprobó el lunes, de forma definitiva pero parcial, el Plan de Interés General de Aragón (PIGA) del Proyecto Rhodes, promovido por Calanza Inmuebles SL, sociedad controlada por el fondo de inversión estadounidense. El acuerdo, publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), da luz verde a la urbanización del sector, la subestación eléctrica, las líneas de alta y media tensión y las redes de agua y drenaje. Lo que continúa en trámites es la actividad que justifica todo lo anterior: los ocho edificios de centros de datos, cuya evaluación de impacto ambiental y autorización ambiental integrada continúan en el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga).

La noticia llega apenas unos días después de que se conociese que la exdirectora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Azcón, una de las personas que facilitó precisamente la llegada de Blackstone a Calatorao, haya fichado por QTS Data Centers, la firma de Blackstone que gestiona el centro de datos de la localidad zaragozana.

Con 650 megavatios de capacidad eléctrica prevista en su primera fase, según la documentación del propio expediente, Rhodes es la mayor granja de servidores proyectada en Aragón y se sitúa entre las principales a nivel nacional. La aprobación ahora publicada incluye toda la documentación urbanística: normas, plan de etapas, estudio económico y el proyecto de reparcelación. También el proyecto de urbanización y los cuatro proyectos de conexiones exteriores. Entre ellos figuran una subestación, la línea de 220 kV desde la subestación de Red Eléctrica en Calatorao y la de 15 kV desde La Almunia de Doña Godina.

El acuerdo reconoce a todos esos proyectos la condición de “directamente ejecutables sin necesidad de título habilitante de naturaleza urbanística”, al tratarse de un PIGA. Las normas del plan permiten además simultanear la urbanización y la edificación. El propio texto admite que la aprobación total del plan no es posible mientras el Inaga no resuelva la autorización ambiental integrada del centro de datos. Sin embargo, considera que “nada impide” aprobar antes los proyectos “autónomos e independientes” que ya cuentan con informe ambiental.

Las obras siguen sujetas a autorizaciones sectoriales. Las líneas eléctricas necesitan autorización administrativa previa y de construcción. La modificación del enlace de la salida 284 de la A-2 requiere el visto bueno del Ministerio de Transportes, que ha condicionado cualquier licencia de actividad a que esa actuación esté ejecutada. La subestación, en cambio, no está sometida a autorización: basta con comunicarla e inscribirla en el registro del Servicio Provincial.

Más potencia que todo el sector en España

La aprobación inicial del plan, publicada en el BOA el 25 de agosto de 2025, fijó la capacidad de la subestación Rhodes en hasta 650 MW, una cifra de potencia eléctrica que incluye la refrigeración. Aun descontando ese consumo con los parámetros de eficiencia más exigentes del borrador de real decreto estatal, la potencia informática del campus se movería entre los 500 y los 565 MW. Esa cifra supera, por sí sola, toda la potencia informática instalada en los centros de datos comerciales de España a finales de 2025, que según la patronal SpainDC ascendía a 439 MW. Entre los proyectos anunciados en España, solo el campus que Merlin Properties proyecta en Navalmoral de la Mata (Cáceres) anuncia una capacidad mayor, de hasta 1,4 GW en su cartera corporativa, aunque la fase que tramita actualmente es muy inferior.

A plena carga y de forma continua, 650 MW equivalen a unos 5,7 teravatios hora al año. Ecologistas en Acción calcula en sus alegaciones que supondría un consumo potencial del 58% de la electricidad que consume todo Aragón.

El plan ordena una parcela de 127,5 hectáreas para centros de datos, con 790.000 metros cuadrados edificables, y otra de 17,4 hectáreas para uso logístico. Los edificios podrán alcanzar 25 metros de altura, más seis de cumbrera, y las instalaciones hasta 40 metros.

El INAGA resolvió en julio no someter el plan a evaluación ambiental estratégica ordinaria. Tampoco sometió a evaluación de impacto ordinaria la urbanización ni las conexiones eléctricas. Solo los edificios de centros de datos pasarán por la vía ordinaria. El argumento es que el sector SUI-4 ya estaba clasificado como industrial desde el Plan Parcial de 2010, pensado para pequeñas y medianas empresas.

Ni cesión del 10% ni canon

Blackstone no tendrá que ceder el 10% del aprovechamiento urbanístico ni pagar el canon que la ley de ordenación del territorio prevé para los planes de interés general. El Gobierno lo justifica en que el plan reduce la edificabilidad del sector de 1,1 millones a 901.400 m², casi un 19% menos, sin generar plusvalías nuevas. Además, el 10% del plan anterior, 110.915,6 m² edificables, ya se cedió al Ayuntamiento de Calatorao en su día.

El convenio con el Ayuntamiento, todavía un borrador con los campos en blanco, establece que de su contenido no se deriva “ningún compromiso financiero” para el Gobierno ni para el municipio. La empresa asume la urbanización, su mantenimiento durante al menos diez años, una nave municipal de unos 2.500 m² y cámaras de seguridad. La mejora de la red de agua de Calatorao, que incluye captación, depósito y ampliación de la potabilizadora, queda remitida a otro convenio que no se publica. Según ha explicado esta semana el alcalde, el socialista David Felipe, a 'Heraldo de Aragón' la promotora se ha comprometido a costear la construcción de una balsa de almacenamiento de agua con capacidad de 100.000 metros cúbicos y también la potabilizadora.

Cuando el Gobierno de Aragón declaró Rhodes inversión de interés autonómico, en octubre de 2024, el ámbito incluía suelo no urbanizable colindante donde se proyectaban placas solares. El proyecto contemplaba “instalaciones de producción de energía fotovoltaica para su consumo”. En junio de 2025 el promotor pidió excluir parcelas rústicas colindantes por haberse “revelado innecesarias”. El plan aprobado ahora no reserva ya ninguna superficie a ese fin.

La declaración de 2024 cifraba la inversión en hasta 7.500 millones de euros. La documentación de la aprobación inicial, en 2025, la elevó a 11.805 millones. El acuerdo de esta semana indica que las cifras económicas se han vuelto a actualizar, aunque no aparecen detalles.

En empleo, la empresa hablaba de “hasta 1.400” puestos directos anuales, de los que unos 1.200 corresponden a la construcción y unos 200, a la explotación. Sobre el agua, el promotor aseguraba que el campus solo necesitaría “una fracción” del consumo previsto en el plan de 2010.

En cuanto al modelo de negocio, la viabilidad del proyecto depende de la aprobación del plan y de “la firma de contratos de arrendamiento con los inquilinos/usuarios finales”. QTS, filial de Blackstone, será la gestora del campus. Las normas aprobadas permiten dividir la parcela en fincas registrales independientes sin licencia municipal.

La campaña de vacunación frente a la gripe 2026/27 ha comenzado este lunes, 28 de septiembre, en Aragón con la inmunización de los usuarios de las residencias de mayores, los trabajadores sociosanitarios, las mujeres embarazadas y las personas con gran dependencia o muy alto riesgo.

En estos grupos, la vacuna de la gripe se administra, cuando está indicado, de forma simultánea con la de la covid-19 y, en el caso de los residentes de centros de mayores, con la del virus respiratorio sincitial (VRS), con el fin de facilitar su aceptación y aumentar la protección de la población diana.

Este operativo supone un importante esfuerzo para los equipos de enfermería de Atención Primaria, tal y como ha destacado la coordinadora de Enfermería del sector Zaragoza I, África Orensanz, que se ha desplazado a un centro residencial de Santa Isabel en el que se ha iniciado la inmunización.

“La vacunación no es solo un acto de protección individual, sino un compromiso con la salud comunitaria. Vacunarse permite cuidar del entorno más cercano, nuestros hijos, nuestros mayores y nuestras familias, y garantizar la protección del conjunto de la sociedad”, ha indicado Orensanz.

Último día para inscribirse en la vacunación escolar

Además, este lunes es el último día para que los padres, madres o tutores legales inscriban a los niños y niñas de segundo ciclo de Educación Infantil en la campaña de vacunación escolar, en la tercera edición de esta iniciativa.

La inscripción se realiza a través del formulario específico de SaludInforma, disponible en la web y en la aplicación, en el que es imprescindible indicar el centro educativo en el que está matriculado el menor, ya que solo podrá ser vacunado en ese colegio y siempre que participe en la campaña.

Así, la vacunación escolar se desarrollará del 5 al 19 de octubre en 159 centros educativos de toda la comunidad, dirigida a los alumnos de 1º, 2º y 3º de Infantil, es decir, a niños de 3, 4 y 5 años.

Los profesionales de Enfermería de los centros de salud se desplazan a los colegios para vacunar en horario escolar, con carácter general en una o dos jornadas acordadas entre cada centro educativo y su centro de salud de referencia. Los niños que no se vacunen en su colegio podrán hacerlo de forma gratuita en su centro de salud.

La campaña continuará el 19 de octubre con la vacunación infantil en centros de salud y en centros de vacunación privados acreditados, así como con la de las personas mayores de 80 años y las de alto riesgo.

En este sentido, la principal novedad de esta temporada es la ampliación de la vacunación infantil frente a la gripe, que incluye ahora a todos los niños y niñas de entre 6 meses y 11 años, frente al límite de 7 años de la temporada anterior.

El 3 de noviembre se incorporará el resto de grupos, entre ellos las personas mayores de 60 años y otras con factores de riesgo. Con carácter general, la cita para la vacunación de la gripe y la COVID-19 se gestiona mediante autocita en SaludInforma, que se abre días antes del inicio de cada grupo.

445.000 vacunas

El Departamento de Sanidad ha adquirido para esta campaña 445.000 vacunas frente a la gripe de cuatro tipos diferentes, con una inversión de 4,5 millones de euros. Durante la campaña de vacunación frente a la gripe 2025/26, desarrollada entre el 1 de octubre de 2025 y el 23 de marzo de 2026, se alcanzó una cobertura del 72% en la población de 80 años o más y del 43,4% en la población infantil incluida en la campaña.

La incidencia de las Infecciones Respiratorias Agudas en la comunidad asciende en la semana 39 a 517 casos por 100.000 habitantes, la misma cifra que el año pasado en esta misma semana.

El PSOE Aragón ha registrado este lunes en las Cortes una proposición de ley para modificar la Ley de Integridad y Ética Públicas después del fichaje de Marta Ríos, exdirectora de Inversiones Estratégicas del Gobierno de Aragón, por QTS Data Centers, compañía controlada por fondos gestionados por Blackstone. La reforma amplía el régimen de incompatibilidades a determinados asesores y cambia el criterio para determinar cuándo una persona ha intervenido en un asunto: ya no sería necesario que esa intervención se haya plasmado en una firma, una resolución o un informe.

La propuesta incorpora al régimen de incompatibilidades a personal eventual de los gabinetes del Gobierno que tenga funciones de “dirección, asesoramiento estratégico, interlocución empresarial, captación o acompañamiento de inversiones, o coordinación de proyectos”, siempre que participe de forma personal y sustantiva en actuaciones que puedan afectar a intereses económicos concretos. La inclusión dependería de las funciones que realmente desempeñe, “con independencia de la denominación del puesto, de su rango o de la existencia de facultades de firma o resolución”.

Es uno de los principales cambios que plantea el PSOE: el cargo que figure formalmente en el organigrama dejaría de ser determinante y el foco se pondría en las funciones que haya desempeñado. De este modo, el nuevo texto pretende que el régimen alcance también a puestos que, sin tener capacidad formal para firmar o resolver, intervengan de manera relevante en la captación, negociación o acompañamiento de inversiones.

No haría falta firmar una resolución

La proposición sustituye el criterio actual de intervención por el concepto de “intervención personal y sustantiva”. En él incluye la negociación de proyectos empresariales o de inversión, así como la preparación o tramitación de declaraciones de interés autonómico o general que afecten específicamente a una empresa o proyecto. El texto señala expresamente que “no será necesario que la intervención se haya materializado en una firma”, ni en un informe preceptivo o vinculante o en una resolución administrativa. La reforma también amplía el alcance de las incompatibilidades a matrices, filiales, fondos y vehículos de inversión y sus entidades gestoras cuando exista una vinculación con el proyecto en el que el cargo hubiera intervenido y las funciones del nuevo puesto impliquen dirigir o gestionar los intereses de esas entidades.

El PSOE mantiene en dos años desde el cese el periodo durante el que un antiguo cargo no podría trabajar para una empresa sobre la que hubiera intervenido de forma personal y sustantiva. La prohibición alcanzaría también las actividades directamente relacionadas con esos procedimientos y las tareas de dirección, asesoramiento, consultoría, representación o relaciones institucionales.

Durante esos dos años tampoco se podrían realizar, por cuenta de empresas privadas, actividades de representación, interlocución o influencia ante la Administración autonómica sobre asuntos en los que se hubiera intervenido.

Otra modificación relevante es que para comenzar una actividad privada durante el periodo de incompatibilidad sería necesaria una autorización expresa previa. Si transcurriera un mes sin resolución, el silencio tendría efecto desestimatorio. Las resoluciones se publicarían en el Portal de Transparencia con la identificación de la persona, el cargo que ocupó, la entidad de destino y la motivación de la decisión.

Comunicar las negociaciones antes de dejar el cargo

La proposición introduce que quienes estén sujetos al régimen y comiencen a negociar su incorporación a una empresa privada relacionada con asuntos sobre los que intervengan tendrían que comunicarlo al órgano competente en un plazo máximo de cinco días hábiles. Desde el inicio de esas negociaciones deberían abstenerse de intervenir en los asuntos que afecten específicamente a la empresa o al proyecto relacionado con su posible incorporación.

La propuesta incorpora además nuevas infracciones. El ejercicio de actividades incompatibles después del cese quedaría expresamente incluido entre las infracciones muy graves, mientras que iniciar una actividad sin la autorización previa cuando sea exigible y ocultar deliberadamente las negociaciones sujetas a comunicación serían infracciones graves.

El caso de Marta Ríos

La reforma llega después de que Marta Ríos, que fue directora de Inversiones Estratégicas del Gabinete de la Presidencia del Gobierno de Aragón, se incorporase a QTS Data Centers como vicepresidenta para Europa de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas. Ríos dejó este verano la dirección de Inversiones Estratégicas y posteriormente ocupó durante unas semanas la dirección de la MAZ. Durante su etapa en el Gobierno aragonés, Ríos tuvo entre sus cometidos la interlocución con grandes empresas interesadas en instalarse o ampliar sus inversiones en Aragón. Entre los proyectos que conoció estuvo el de QTS, que prepara un campus de centros de datos en Calatorao.

La propia exposición de motivos de la proposición de ley menciona expresamente su incorporación a QTS y recuerda que la sociedad promotora del denominado Proyecto Rhodes, Calanza Inmuebles, está controlada por fondos gestionados por Blackstone, al igual que QTS, que participará como promotora delegada y posteriormente como gestora del campus. Alegría ha vinculado directamente el caso con la necesidad de modificar la normativa. “Visto el modus operandi del Gobierno del señor Azcón claramente es urgente que mejoremos y reforcemos esta ley”, ha afirmado.

La secretaria general del PSOE Aragón también ha utilizado el caso para defender que se trata de un supuesto de puertas giratorias: “Si caminas como un pato, nadas como un pato y graznas como un pato, seguramente serás un pato. Si atraes a Blackstone, vas a Virginia a ver a Blackstone y dos meses después de dejar el Gobierno de Aragón te vas a trabajar a Blackstone, seguramente estamos hablando de las puertas giratorias”, ha señalado.

El PSOE precisa en el texto que estas circunstancias “no determinan por sí mismas la existencia de una incompatibilidad”, que debe valorarse conforme a la legislación aplicable y a las funciones desempeñadas. La formación sostiene que el caso evidencia la necesidad de establecer reglas más claras para situaciones en las que las responsabilidades públicas relacionadas con la captación de inversiones desembocan en una incorporación al sector privado.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, defendió la semana pasada que el fichaje cumple la legislación vigente y sostuvo que las críticas de la oposición son una cuestión de opinión. El debate se centra precisamente en el alcance de la actual Ley de Integridad y Ética Públicas y en si las funciones desempeñadas por Ríos quedan comprendidas en las incompatibilidades previstas actualmente. La proposición socialista pretende modificar ese marco para que la aplicación del régimen no dependa únicamente de la capacidad formal de firma o resolución, sino también de la intervención efectiva en proyectos, negociaciones y relaciones con empresas.

La iniciativa incorpora además medidas de trazabilidad para las inversiones estratégicas. La Administración debería dejar constancia documental de las reuniones institucionales, empresas, fondos y representantes participantes, así como de los órganos administrativos implicados y de la documentación incorporada al expediente. El Gobierno de Aragón tendría que remitir anualmente a las Cortes un informe sobre las solicitudes de compatibilidad y las resoluciones adoptadas. Alegría ha defendido que el objetivo de la reforma es “seguir consolidando la confianza de los ciudadanos en la política” y ha señalado que la transparencia “siempre es un elemento más que positivo” y que la ciudadanía la demanda a los partidos.