Solventado el primer escollo, Extremadura, en el que Vox arrancó al PP un programa marcado por la “prioridad nacional”, ambas formaciones aspiran a cerrar ahora de manera inminente un pacto en Aragón, donde la extrema derecha reclamará aún más concesiones a los populares en línea con la mayor representación que obtuvo aquí el 8-F. La previsión, si no surgen contratiempos —lo cual tampoco es descartable—, es que el acuerdo se visualice justo antes del jueves, Día de Aragón, o el viernes como tarde.

El calendario aprieta y para evitar sorpresas de última hora las dos partes saben que deben materializar el anuncio esta próxima semana para fijar en la siguiente el pleno de investidura. Si el 3 de mayo no hubiera nuevo presidente, los aragoneses volverían a las urnas. Un escenario que ni los populares ni la extrema derecha contemplan, porque de hecho las conversaciones están ya muy avanzadas.

La 'estrella' del acuerdo para Vox será de nuevo la “prioridad nacional”, que la formación ultra aspira a extender allí donde el PP necesite de sus votos y que el propio Pedro Sánchez ha amenazado con llevar a los tribunales. Si algo ha tensionado en el pasado la relación entre los populares y la extrema derecha en Aragón ha sido la acusación del presidente en funciones, Jorge Azcón, de que algunas de las medidas que proponía Vox —como la limpieza del cauce de los ríos— son ilegales, por lo que la coletilla impuesta en el acuerdo extremeño, que sea “adecuado a la legalidad vigente”, salvará el escollo y satisfará al PP pese a las dudas éticas y normativas que genera.

Si el acuerdo de 2023 entre los dos partidos que desembocó en la investidura de Azcón no dio demasiadas concesiones a la extrema derecha, con el foco puesto en la fiscalidad, la okupación o la memoria democrática, ahora el centro de las negociaciones se traslada a las cuestiones migratorias, al igual que ha sucedido en Extremadura y sobre las que pivotará incluso un ámbito de la importancia de la vivienda.

Y aunque el guion mantendrá los parámetros del pacto extremeño —la “música” va a ser similar, apuntó el viernes el secretario general de Vox, Ignacio Garriga—, sí que habrá hueco para particularidades aragonesas, principalmente ligadas a la gestión de las renovables, sobre las que Vox ha puesto mucho énfasis. Pese a esto, a priori parece difícil que Azcón acabe cediendo el control de un órgano tan importante como el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga), ya que puede llegar a paralizar desarrollos industriales como los centros de datos o las plantas de biogás, entre muchos otros.

Reparto de cargos

Por otro lado, aunque las dos partes rehúyan de manera continua el debate sobre el reparto de cargos, este punto es lógicamente clave para el acuerdo. Y aquí es donde Vox exige un espacio aún mayor que en la comunidad extremeña, ya que en Aragón la extrema derecha se quedó mucho más cerca del PP. A la previsible vicepresidencia de Mar Vaquero se sumará una segunda que quedará en manos Vox, pero en vez de dos consejerías serían al menos tres las que asumirá la formación ultra. Si en Extremadura las competencias recaídas en Vox son Servicios Sociales —inmigración— y Agricultura —Pacto Verde—, en Aragón sumará como mínimo otro departamento más que las partes evitan revelar. Descartadas las carteras de Economía o Hacienda, que ya tienen nombres propios, las probabilidades se centran en vivienda u ordenación del territorio.

Mientras, hay otras dos plazas que pueden servir como moneda de cambio para compensar dentro del reparto de cargos que según Vox eluden: por un lado, el senador autonómico, puesto que en la actualidad ocupa el popular Eloy Suárez, presidente de la comisión de investigación del caso Koldo; por el otro, la Presidencia de las Cortes, para el que fue elegida María Navarro el pasado 3 de marzo aunque con un remarcable carácter interino ante las conversaciones entre el PP y Vox. Como premio menor, la formación ultra podría conformarse con una vicepresidencia de la Mesa de la Cámara.

La Dirección General de Tributos de la Consejería de Hacienda ha anunciado al Decanato de Registradores de Aragón que no va a renovar el convenio que permite el funcionamiento de las 25 oficinas liquidadoras en distintos puntos de la Comunidad Autónoma, lo que justifica con una “reestructuración organizativa y operativa”. Así, dejarán de prestar este servicio el 30 de junio.

La medida afecta a buena parte de las comarcas aragonesas, especialmente a zonas despobladas de la comunidad autónoma. Los municipios que se verán afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras en la provincia de Zaragoza se encuentran Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona. En la provincia de Huesca están Barbastro, Benabarre, Boltaña, Fraga, Jaca, Sabiñánigo, Sariñena y Tamarite de Litera. Por su parte, en la provincia de Teruel se localizan Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Calamocha, Castellote, Híjar y Mora de Rubielos.

Esta decisión contrasta con otras comunidades donde, lejos de desaparecer, el modelo de oficinas liquidadoras se mantiene e incluso se ha reforzado en comunidades como Madrid y Andalucía.

El PSOE de Aragón ha manifestado su firme rechazo al cierre de las oficinas de estos órganos en distintos municipios de Aragón, una decisión que, a juicio de los socialistas, supone un grave retroceso en la prestación de servicios públicos esenciales en el medio rural.

La alcaldesa de Ejea de los Caballeros y vicepresidenta de la Diputación de Zaragoza, Teresa Ladrero, ha expresado su “profundo malestar” ante una medida impulsada por el Gobierno de Aragón que, según ha señalado, “priva a miles de ciudadanos y ciudadanas de un servicio fundamental, especialmente en aquellos municipios donde la cercanía de la Administración resulta clave para garantizar la igualdad de oportunidades”.

El cierre de la oficina liquidadora de Ejea no supone únicamente la desaparición de un servicio administrativo, sino la desarticulación de un punto clave para la gestión tributaria en el medio rural. Según la alcaldesa, esta oficina da cobertura a 40 municipios y tramita anualmente liquidaciones por valor de unos 11 millones de euros, vinculadas en su mayoría a compraventas, herencias y otros actos jurídicos habituales. Su supresión obligará, a partir de julio, a los contribuyentes a desplazarse hasta Zaragoza capital o a recurrir a gestorías privadas para realizar trámites que hasta ahora podían resolver de forma directa. En la práctica, la medida implica trasladar al ciudadano —especialmente en zonas con población envejecida y menor acceso a servicios digitales— costes adicionales de tiempo y dinero, además de dificultar el normal desarrollo de operaciones económicas cotidianas.

“Un instrumento eficaz y cercano” que desaparece

Por ello, Ladrero ha exigido una reflexión y una rectificación porque “no se puede hablar de lucha contra la despoblación mientras se eliminan servicios públicos en el territorio”, y ha subrayado que las oficinas de registro liquidadoras “han demostrado ser un instrumento eficaz, cercano y accesible, especialmente para las personas mayores o con dificultades para relacionarse con la administración digital”.

En este sentido, ha defendido el papel de estas oficinas no solo como puntos de gestión tributaria, sino también como herramientas para reforzar la cohesión territorial, facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y generar empleo cualificado en el medio rural. Además, son oficinas con personal cualificado que pueden ver en peligro sus 47 puestos de trabajo en todo Aragón si todo se centraliza en la capital.

Asimismo, Ladrero ha incidido en que “los impuestos forman parte del contrato social que sostiene nuestro Estado del bienestar, y su gestión debe ser justa, eficiente y cercana a la ciudadanía”. Por ello, ha advertido de que su eliminación “debilita la confianza en las instituciones y agrava las desigualdades entre el medio urbano y el rural”.

Ladrero tambén ha cuestionado por qué se cierra un modelo que funciona bien en Aragón y que también se mantiene en Andalucía, Madrid o Valencia, comunidades del mismo signo político de Azcón.

Los socialistas zaragozanos presentarán una moción en la Diputación Provincial de Zaragoza para defender el mantenimiento de las oficinas de registro liquidadoras en la provincia. La iniciativa propone que la institución provincial manifieste su apoyo al actual modelo descentralizado de gestión de los tributos cedidos y que inste al Gobierno de Aragón a mantener abiertas y plenamente operativas las oficinas existentes en municipios como Ateca, Belchite, Borja, Calatayud, Caspe, Daroca, Ejea de los Caballeros, La Almunia, Pina de Ebro y Tarazona.

Asimismo, la moción reclama que cualquier modificación del modelo se realice desde el diálogo institucional, contando con la participación de las entidades locales y evaluando el impacto social, económico y territorial de las decisiones adoptadas.

“Hechos consumados”

En la provincia de Huesca, la alcaldesa de Fonz, María Clusa, critica la “política de hechos consumados” del Gobierno de Aragón, “un golpe en la línea de flotación de los servicios públicos en el territorio y cree que se abre más la puerta a que la gente se vaya de los pueblos. ”Que nos pongan un autobús y un cortacésped para cortar la hierba de la carretera“, dice con enfado tras conocer, de mano del registrador de zona, el inminente cierre de la oficina de Barbastro, distrito hipotecario al que pertenece Fonz, junto con otros 27 municipios más.

Clusa pone el acento en la profesionalidad de los trabajadores de las oficinas que, en su caso, llevan casi 20 años trabajando, prestando un gran servicio para que el realizan cursos para actualizarse. Expone que hay pactos sucesorios y casos “que requieren más formación y experiencia que tener un certificado digital”. La alcaldesa subraya que en el medio rural vive sobre todo gente mayor a los que hay que atender y no derivarles a un buzón electrónico, obligarles a bajar a la capital a realizar estas gestiones o contratar un gestor con su dinero, “una privatización encubierta del servicio”.

En cualquier caso, Clusa recuerda que los impuestos caducan a los cuatro años y deben recaudarse las liquidaciones, de modo que si el Ejecutivo quiere llevar a cabo esta medida, cree que debería hacerla de un modo ordenado porque han avisado con seis meses.

En Teruel, la diputada socialista en las Cortes de Aragón, María Ariño, ha lamentado que esta decisión “vuelve a dar la espalda al medio rural”, de forma que “eliminan un servicio de cercanía y proximidad, obligando a los vecinos a desplazarse a las capitales provinciales y afectando tanto al empleo local como a la cohesión territorial”. El PSOE va a “exigir” la renovación del convenio para que las oficinas liquidadoras sigan abiertas en los pueblos a través de una propuesta en las Cortes de Aragón y en las entidades locales.

“Tenemos a Azcón y el PP hablando mucho sobre la despoblación, pero hecho reales ninguno. Al contrario, los que hacen es políticas contrarias a lo que necesitamos en el medio rural”, ha concluido la diputada socialista en relación a esta nueva centralización que, de acuerdo con los propios registradores de la propiedad, no solo aleja el servicio del medio rural “sino que no atiende a criterios ni de proporcionalidad ni de calidad”.

De hecho, los socialistas han destacado la satisfacción local por el trabajo que realizan los registradores de propiedad o los informes muy positivos del Ministerio de Hacienda sobre el servicio. El alcalde de Calamocha, Manuel Rando, ha lamentado que el Gobierno de Jorge Azcón “haga un cambio de modelo tributario” y no haya informado a los municipios afectados.

“La información nos ha llegado a través del Colegio de Registradores”, ha destacado Rando rechazando este cambio “totalmente centralizador del PP que elimina servicios del medio rural” y que, ha dicho, afecta especialmente a las personas mayores que sufren la brecha digital y no pueden hacer los trámites a través de Internet. Así, ha anunciado que el Ayuntamiento de Calamocha enviará un escrito reclamando al Gobierno de Aragón que no cierre estas oficinas.

Calamocha es uno de los municipios turolenses que se verían afectados por el cierre de las oficinas liquidadoras, que también existen en Albarracín, Alcañiz, Aliaga, Ateca, Barbastro, Belchite, Benabarre, Boltaña, Borja, Calatayud, Caspe, Castellote, Daroca, Ejea de los Caballeros, Fraga, Híjar, Jaca, La Almunia, Mora de Rubielos, Pina de Ebro, Sabiñánigo, Sariñena, Tamarite de Litera y Tarazona.

“Ahorro para los contribuyentes”

Fuentes del Gobierno de Aragón han replicado que el proceso ya estaba previsto por el anterior Ejecutivo , incluso por los gobiernos anteriores, y que la decisión implicaba que el Gobierno de Aragón asumiera el trabajo que hacen las oficinas.

 Según las mismas fuentes, para amortiguar la decisión se acordó con los registradores dar un plazo de dos años que acababa en diciembre de 2025. Llegada esa fecha, “y como siempre se ha mantenido un canal de comunicación abierto con ellos, se acordó conceder una prórroga por lo que el plazo se amplió al próximo 30 de junio”, momento el que el Gobierno de Aragón asumirá el trabajo, “con un significativo ahorro para el contribuyente”.

Añaden que “esto no significa que los ciudadanos no vayan a estar atendidos. Va a seguir habiendo espacios físicos a los que se pueda acudir, a pesar de que un alto porcentaje de las liquidaciones que se realizan hoy en día se hacen de manera telemática”. Concluyen que “el servicio presencial no solo va a seguir existiendo, con idéntico horario, en distintas oficinas de las comarcas aragonesas atendidas por funcionarios públicos, sino que va a suponer un importante ahorro para los aragoneses”.

Sin embargo, cargos del anterior Ejecutivo han negado con rotundidad que estuviera en la agenda suprimir las oficinas liquidadoras y creen que será muy difícil asumir el servicio desde la dirección general de Tributos con su actual plantilla. Además, descartan que el servicio pueda prestarse desde las oficinas de las comarcas, donde el personal no tiene esas competencias ni tampoco formación. Igualmemente, descartan el argumento de que la mayoría de los trámites se realicen telemáticamente, ya que la mayoría de la población del medio rural es de edad avanzada y el papel de estas oficinas se fumdamenta en la atención personalizada.

Por otro lado, según ha podido saber este diario, los registradores de la propiedad llevan esperando dos años y medio una reunión con el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, e incluso han sufrido más de un plantón.

Un modelo con peso en la gestión tributaria

Según un estudio del Decanato de Registradores de Aragón, las oficinas liquidadoras tramitan más de la mitad de los expedientes de los principales tributos cedidos: en torno al 55% en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones y cerca del 58,5% en Transmisiones Patrimoniales. En términos de recaudación, gestionan aproximadamente un tercio del total asociado a estos impuestos.

El volumen de actividad es elevado y cada año se resuelven más de 14.000 expedientes de sucesiones y más de 40.000 de transmisiones patrimoniales, con niveles reducidos de acumulación de expedientes pendientes.

Uno de los elementos más destacados del informe es la eficiencia en los plazos. Los tiempos medios de tramitación en estas oficinas se sitúan en torno a dos meses, frente a demoras que pueden superar los 20 e incluso los 40 meses en otros ámbitos de la administración tributaria. Esta diferencia apunta a una capacidad de gestión ágil en procedimientos complejos.

El estudio también subraya su papel en el control fiscal. La actividad de comprobación desarrollada por estas oficinas permitió generar liquidaciones complementarias por valor de 6,8 millones de euros, además de detectar un mayor porcentaje de incidencias que la gestión directa de la administración, lo que refuerza su función como mecanismo de lucha contra el fraude o las infravaloraciones.

En el plano de la atención al contribuyente, durante 2023 se realizaron más de 6.000 asistencias presenciales, lo que se tradujo en un ahorro estimado superior a 1,2 millones de euros en costes de gestoría, sin contar los desplazamientos evitados.

Este modelo tiene además una fuerte implantación territorial donde las oficinas liquidadoras representan casi el 89% de los puntos de atención tributaria en Aragón, lo que permite acercar la administración a zonas con dispersión poblacional y dificultades de acceso.

El sindicato Comisiones Obreras ha tildado de “despropósito” que solo 18 opositores a peón de carretera de la Administración autonómica aragonesa, para un total de 38 plazas y más de 300 aspirantes, hayan aprobado el primer ejercicio.

En una nota de prensa, la central sindical ha criticado “la falta de coherencia” de las preguntas formuladas por el tribunal de oposiciones de unas pruebas a las que se presentaron cientos de personas. “No es un caso aislado, es el resultado de una política de selección de personal nefasta que favorece la temporalidad y las plazas vacantes”, han manifestado.

Para el sindicato, el nivel de las preguntas formuladas quedaba totalmente fuera de lugar, “siendo más propias de una prueba de acceso a Ingeniería que a una plaza del Grupo E”, teniendo además en cuenta que muchos de los aspirantes son trabajadores interinos con experiencia en el sector y que llevan mucho tiempo preparando la oposición, por lo que no se puede aducir por parte del tribunal “falta de preparación de los opositores”.

El primer problema, para la organización sindical, está en que en el tribunal de selección no hay ningún trabajador de la categoría que se selecciona y está formado por jefes del Departamento, “que no entienden la diferencia entre un trabajador del Grupo C y uno del Grupo E, que no saben medir el nivel de dificultad exigible a unos y otros”.

Y para CCOO esta situación no es un hecho aislado ya que se ha repetido en otros procesos como los de Medicina del Trabajo, Informática o Técnicos de Enfermería (TCAE), donde ni siquiera se cubren el 50% de las plazas convocadas.

“Es el resultado de una política de selección nefasta”, han aseverado desde la sección sindical. El Instituto Aragonés de Administración Pública (IAAP) “se inhibe de su responsabilidad y permite que los tribunales actúen sin control, favoreciendo la temporalidad y las plazas vacantes”.

Ante este escenario, CCOO ha exigido a Función Pública su intervención “cuando los tribunales no realicen correctamente sus funciones” y se retire de la selección de personal a “quienes no saben ajustar el nivel de dificultad de las preguntas al trabajo que se va a desarrollar”.

Además, en el caso concreto de la oposición a peón especializado de carreteras ha solicitado que se convoque una oposición con las 20 plazas que no van a ser ocupadas, con un tribunal de selección diferente al actual, tal y como permite el Decreto de funcionamiento del IAAP. La organización sindical ha concluido exigiendo “el máximo respeto hacia quienes dedican su tiempo a prepararse para obtener un puesto fijo en el empleo público”.

El sector vitivinícola aragonés vuelve a quedarse fuera de una de las herramientas de apoyo contempladas en la Política Agraria Común (PAC). Por segundo año consecutivo, el Gobierno de Aragón ha decidido no activar la llamada “cosecha en verde”, una medida destinada a equilibrar el mercado del vino y paliar las pérdidas de los productores. Para el sector, esta decisión tomada por el ejecutivo autonómico “coloca a los viticultores de la comunidad en una posición de desventaja respecto a otras regiones” que sí recibirán estas ayudas.

La organización agraria UAGA-COAG ha denunciado esta situación que califica de “perjuicio económico muy importante” para el sector aragonés. Mientras comunidades como La Rioja, País Vasco, Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana o Cataluña ya han tramitado la solicitud ante el Ministerio de Agricultura y están publicando sus convocatorias, Aragón ha optado por no solicitarla.

La organización agraria asegura que trasladó esta problemática al Departamento de Agricultura en diciembre, y que desde entonces ha mantenido varias reuniones con la Dirección General de Innovación y Promoción Alimentaria. Sin embargo, la consejería ha optado por no activar una medida que, según el propio sector, está pensada precisamente para responder a momentos crisis como el actual —marcado por un exceso de stock en bodegas y precios en origen por debajo de los costes—.

Las explotaciones familiares y de libre mercado, las principales afectadas

La “vendimia en verde” permite a los viticultores eliminar parte de la producción antes de que madure, reduciendo así la oferta de uva y contribuyendo a estabilizar los precios en el mercado. A cambio, los agricultores reciben una compensación económica por la uva destruida y por los costes de la mano de obra. 

Sin embargo, los viticultores aragoneses no podrán acogerse a esta medida en 2026. La decisión llega en un contexto especialmente delicado para el sector. Los más afectados son los profesionales que están operando en el libre mercado y que comercializan su producción de uva por su cuenta. Según UAGA-COAG, tras la campaña de 2025, gran parte de estos productores se encuentran en una situación delicada: algunos aún no han cobrado por la uva entregada, otros han vendido por debajo de costes y, en los casos más extremos, ha habido cosechas que ni siquiera se han recogido por falta de compradores.

El contraste con otras comunidades autónomas es especialmente significativo. En territorios competidores directos, las administraciones sí han atendido la petición del sector y han solicitado al Gobierno central la activación de estas ayudas. Esto permitirá a sus viticultores ajustar la producción y recibir compensaciones económicas, mejorando su posición en el mercado frente a los productores aragoneses.

Una medida que el Gobierno de Aragón no comparte

El Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación asegura que “rechaza la aplicación de la vendimia en verde tras haber estudiado en profundidad la petición por parte de UAGA, incluso solicitando una prórroga al Ministerio de Agricultura, para poder analizarla con rigor y con todos los datos sobre la mesa”, apuntan fuentes de la consejería. Y añaden que “ningún interlocutor del sector” que ha sido consultado, “están a favor de la medida”.

Desde el Ejecutivo autonómico consideran que este es “un debate repetido” respecto al año pasado que plantea una solución que “el Gobierno de Aragón no comparte”. Así mismo, la consejería deja clara su postura: “La vendimia en verde no va a ser en beneficio de los viticultores, ni de las bodegas, ni resolverá los problemas estructurales del sector ya que las cifras proporcionadas por las bodegas aragonesas hasta la fecha no evidencian un exceso de stock”.

Agricultura apunta al “plan que contempla la promoción, la modernización y la capacidad comercial” como medida de apoyo al sector en línea con la filosofía del Gobierno de Aragón: “No producir menos, sino vender más y vender mejor, llegar a más públicos y a nuevos mercados, y reforzar la competitividad y el reconocimiento del vino aragonés”, concluyen.

Pérdida de competitividad y desigualdad 

Desde UAGA-COAG advierten de que esta diferencia de trato de Aragón hacia sus productores, frente a la decisión tomada por otras comunidades rompe, una vez más, el principio de igualdad de condiciones dentro del propio mercado nacional. “No se puede competir en las mismas condiciones cuando unos territorios cuentan con herramientas de apoyo y otros no”, señalan.

Más allá del impacto inmediato en las rentas agrarias, la decisión del Ejecutivo aragonés podría tener consecuencias estructurales para el sector vitivinícola de la comunidad, al acentuarse la pérdida de rentabilidad de las explotaciones afectadas. Por este motivo, el sector denuncia que dejarles sin las ayudas a la vendimia en verde no solo llega en el peor momento, sino que amplía la brecha competitiva entre Aragón y el resto del mapa vitivinícola de España.

La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha recomendado, en un informe, al Gobierno de Aragón que tome medidas para garantizar el cumplimiento de la regla de gasto en 2026.

La institución ha publicado esta semana los informes sobre los presupuestos iniciales de las Administraciones Públicas, con informes individuales para cada Comunidad Autónoma que completan el análisis del subsector del informe general.

En el informe de Aragón, la AIReF analiza el cumplimiento de la Comunidad de las reglas fiscales vigentes para 2026. La AIReF estima que, en 2025, el gasto computable a efectos de la regla de gasto nacional en Aragón habrá aumentado un 3,6 %, frente al límite vigente del 3,2%.

Considerando este punto de partida, el gasto computable en 2026 en la Comunidad crecerá un 4,2 %, por encima del límite del 3,5%. A efectos de la regla de gasto europea, el gasto primario neto de medidas de ingresos en Aragón crecerá en 2026 un 2,7%, inferior al 3,5% comprometido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) para el conjunto de las Administraciones Públicas.

La AIReF estima que Aragón cerrará 2026 con un superávit de 0,1% del PIB mejorando el saldo en dos décimas respecto al informe de noviembre. Además, considera que la deuda de Aragón se situará en 2026 en torno a un 17,1% del PIB, nivel inferior al previsto en el informe anterior.

La portavoz del PP en las negociaciones con Vox para lograr un pacto de gobernabilidad en Aragón, Mar Vaquero, ha afirmado que el acuerdo entre las formaciones en Extremadura “refuerza” las negociaciones en la comunidad autónoma, confiando en que se concrete “en los próximos días”. Además, ha asegurado que en las distintas reuniones se ha hablado de “proyecto” y no de reparto de cargos ni consejerías.

Pocas horas después de que PP y Vox hayan anunciado un acuerdo para investir a la popular María Guardiola como presidenta de Extremadura, Mar Vaquero ha felicitado a los extremeños porque “van a tener la posibilidad de volver a tener a María Guardiola como presidenta, continuar con un proyecto que piensa en lo mejor para todos ellos y poder garantizar esa estabilidad, también un presupuesto para los próximos cuatro años que da certidumbre y confianza para cumplir objetivos”.

En este sentido, Vaquero ha aseverado, en declaraciones a los medios de comunicación antes del acto del Día de Aragón en Huesca, que las negociaciones en Extremadura “refuerzan la posibilidad de llegar a un acuerdo en Aragón”, un territorio, ha incidido, “que tiene sus propias singularidades”.

La voluntad del Gobierno de Aragón, ha continuado Mar Vaquero, es “seguir avanzando en los acuerdos” para conseguir un Ejecutivo “sólido, estable, con capacidad de decisión y gestión, para seguir atrayendo inversiones, mejorando los servicios públicos, nuestras infraestructuras, pensando en las familias y en los aragoneses y en nuestro medio rural”.

“Proyecto” frente a reparto de cargos

Vaquero, quien ha destacado la “voluntad” de PP y Vox de llegar a un acuerdo movidas por “la responsabilidad”, ha indicado que en las reuniones, tanto en la presencial como telemáticas, se ha hablado “de proyecto para Aragón los próximos cuatro años” y se han puesto en común “cuestiones conceptuales” sobre fiscalidad, inmigración, seguridad y vivienda para adelantar también “en el resto de materias”. “Vamos a esperar que en los próximos días podamos concretar ese acuerdo”, ha confiado la portavoz del PP en las negociaciones con Vox para lograr un pacto de gobernabilidad en Aragón, quien no se ha querido pronunciar sobre la posibilidad de anunciar un acuerdo antes del 23 de abril, Día de Aragón, tras lo que ha insistido en que el límite es el 3 de mayo.

“Lo más importante es dejar bien claros todos y cada uno de los puntos que van a marcar el proyecto de gobierno de los próximos cuatro años y a partir de ahí, pensar en el cumplimiento de todos y cada uno de esos objetivos”, ha expresado Mar Vaquero, al tiempo que ha recordado la “rotunda mayoría” que suman PP y Vox en el Parlamento autonómico, con 40 diputados, y que se traduce en la obligación de articular un acuerdo de “prosperidad y bienestar” para los aragoneses.

Según ha explicado la también vicepresidenta del Gobierno de Aragón en funciones, el propósito de estas negociaciones ha pasado por “ser capaces de dejar de lado aquello que separa” a PP y VOX y “poner en común lo que nos une y tiene que ver con la voluntad de los aragoneses”, un planteamiento opuesto al de “gobiernos como el de España que solo piensan en los intereses personales y dañan la sociedad”.

Más peso de Vox en Aragón

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha agradecido este viernes a la presidenta de Extremadura en funciones, María Guardiola (PP), el acuerdo de gobierno alcanzado, que “por primera vez en la historia política de España pone la prioridad nacional como requisito imprescindible en las ayudas sociales y el acceso a la vivienda”. Para él, el acuerdo en Extremadura demuestra que su formación no bloqueaba ni “dilataba” las negociaciones con el PP, sino que estaba trabajando medida a medida para un pacto como el alcanzado con Guardiola.

Preguntado por las negociaciones en Aragón y Castilla y Léon, ha respondido que “queda mucho camino por recorrer para llegar al acuerdo con el PP en Aragón”, aunque valora la disponibilidad y el ofrecimiento que ve en el popular Jorge Azcón. “La música que ustedes escuchan en el acuerdo de gobierno de coalición en Extremadura va a ser la música que va a acompañar en el acuerdo de Aragón y Castilla y León”, ha dicho.

Ha reiterado que Vox obtuvo mejores resultados electorales en Aragón que en Extremadura, y por eso el partido “va a poner sobre la mesa la asunción de responsabilidades, de planteamientos, la proporcionalidad en la exigencia” de medidas a incorporar en el acuerdo. “Estamos trabajando, y lo que tenemos entre manos son cambios profundos, son cambios que durante mucho tiempo el bipartidismo de PP y PSOE decía que no se podían cambiar”, ha concluido.

Respecto a las declaraciones del secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en las que ha manifestado que Vox aspira a más y así lo hará valer en Aragón donde tuvieron más apoyo electoral que en Extremadura, Mar Vaquero ha aclarado: “La clave de este acuerdo va a ser claramente aragonesa, es lo más importante”.

Ha reconocido que son “dos regiones distintas, con un diferente momento, con nuestras singularidades y, por lo tanto, lo que vamos a hacer es avanzar. Cada día se trata de profundizar en todos y cada uno de los puntos. Ha destacado que los equipos de trabajo implicados en Aragón ”conocen la realidad de nuestra comunidad autónoma, las prioridades“ y, además, ”tenemos ya una experiencia, hemos estado juntos en gobierno y sabemos qué es lo más importante“.

Durante estas semanas se ha priorizado en “el fondo” del acuerdo, es decir, “en el modelo económico que queremos económico, de servicios sociales, de educación, de sanidad, en el refuerzo de nuestro medio rural y, a partir de ahí, empezaremos a hablar de cómo se va a repartir, de cuál va a ser esa estructura de gobierno y de formalizar un acuerdo de gobernabilidad que vaya acompañado también de un compromiso para aprobar unos presupuestos”, ha resumido.

Los sindicatos médicos CESM y Fasamet retomarán la huelga del lunes 20 al viernes 24 de abril “para que el Gobierno de Aragón escuche alto y claro que no vamos a ceder”, según han señalado. Se trata de la cuarta convocatoria en Aragón y la sexta a nivel nacional, en un contexto en el que cada semana de paro deja más de 1.000 intervenciones quirúrgicas suspendidas, además de otras no programadas —“porque Sanidad ya sabe que se van a suspender con la huelga”— y alrededor de 15.000 consultas afectadas.

“Pretenden que nos cansemos, pero cada día estamos más convencidos”, afirma Javier Martínez, jefe del servicio de Anestesiología del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. No obstante, también se han comprometido a canalizar la situación cuando lleguen a un acuerdo “porque estamos deseando trabajar bien y en condiciones de asegurar la calidad asistencial. Y nos saltaremos el horario si es necesario”, ha asegurado.

Entre sus principales reivindicaciones figura la equiparación de las condiciones laborales con las de otras comunidades autónomas, así como el cumplimiento de los acuerdos sobre atención primaria firmados en 2023 con el anterior Ejecutivo y en 2025 con el actual Gobierno en funciones, que contemplan que las citas médicas no superen los tres días de espera.

Tras las críticas del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, quien ha advertido de que una nueva huelga supondría “una catástrofe” para el sistema, el presidente de Fasamet, Leandro Catalán, ha anunciado la posible interposición de una denuncia ante la Inspección de Trabajo. Considera que el Ejecutivo autonómico está vulnerando el derecho a la huelga al escudarse en su situación de interinidad para evitar negociar con el comité.

En la misma línea, la secretaria general de CESM Aragón, Mercedes Ortín, ha denunciado un “doble rasero” en la actuación del Gobierno en funciones: “Vemos cómo se concierta el bachillerato o se firman contratos-programa, pero no se abordan otras cuestiones. Ellos sabrán qué les permite hacer unas cosas y no otras”.

Ortín también ha comparado la actitud negociadora del Ejecutivo autonómico con la del Ministerio de Sanidad, que considera “más receptiva pese a maniobras previas poco adecuadas”, y ha criticado los intentos de dividir a médicos y enfermeras: “Es el colmo tratar de poner en un compromiso a las enfermeras. Nosotros nunca nos hemos enfrentado a otras categorías profesionales”. Asimismo, ha hecho un llamamiento al Gobierno de Jorge Azcón para que sitúe este conflicto entre sus prioridades.

Los sindicatos insisten en que la huelga responde a la falta de avances en sus demandas, entre ellas la mejora de las condiciones laborales y el fin de la precariedad que, aseguran, empuja a muchos profesionales a abandonar Aragón.

Beatriz Forniés, anestesista del Hospital Miguel Servet, ha detallado algunas de las situaciones que denuncian: jornadas que se prolongan hasta 17 horas, encadenamiento de guardias —con hasta tres turnos de 24 horas en una semana—, ausencia de pluses de turnicidad y la falta de reconocimiento de la jubilación anticipada, pese a realizar hasta 1.000 horas más al año que otros trabajadores. En este contexto, también ha arremetido contra el resto de organizaciones sindicales “que no nos representan porque para ellos no somos trabajadores”.

Forniés ha pedido comprensión y paciencia a los pacientes y ha garantizado que se atenderán todas las situaciones urgentes durante la huelga. A sus compañeros les ha trasladado un mensaje de firmeza: “Nunca dimos la importancia que merece nuestra profesión, pero eso ha terminado. Comienza una nueva etapa”.

Movilizaciones

Además de los paros, los sindicatos han convocado una concentración el lunes 20 de abril a las 12.00 horas frente a la sede del Servicio Aragonés de Salud, en la plaza de la Convivencia de Zaragoza.

Asimismo, en el ámbito estatal, los médicos volverán a movilizarse del 27 al 30 de abril en la que será la sexta huelga nacional y quinta en Aragón, para reclamar un Estatuto Marco propio que ponga fin a prácticas como las guardias obligatorias y mal remuneradas. El 29 de abril hay prevista una manifestación a las 18.00 horas, que partirá del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y concluirá en la Delegación del Gobierno, en la plaza del Pilar.

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ha impuesto por primera vez el pago de las costas judiciales al Servicio Aragonés de Salud (Salud) en un litigio por el reconocimiento de la carrera profesional al personal temporal. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha confirmado en una reciente sentencia el derecho de una trabajadora interina a acceder a la carrera profesional en igualdad de condiciones que el personal fijo, con efectos económicos desde el momento en que lo solicitó. Pero, además, condena a la Administración autonómica a asumir las costas del procedimiento, con un límite de 400 euros.

Este pronunciamiento marca un cambio respecto a resoluciones anteriores, en las que no se imponían costes a la Administración pese a perder los recursos. En este caso, el tribunal justifica la decisión en la “doctrina consolidada del Tribunal Supremo” sobre esta materia, que reconoce la carrera profesional como una condición de trabajo que no puede discriminar al personal interino.

La sentencia desestima el recurso presentado por el Gobierno de Aragón contra un fallo previo que ya reconocía este derecho, y reafirma que la negativa del Salud a conceder la carrera profesional se basa únicamente en la temporalidad del vínculo, un criterio contrario al derecho europeo.

El fallo se suma a una serie de resoluciones en la misma línea. Según el sindicato CSIF, que ha impulsado más de 400 demandas desde 2021, “y todas las que se van resolviendo has ha ganado”. Posteriormente, el Salud las recurre, aunque estos recursos han sido desdestimados.

CSIF ha recibido en los últimos días tres sentencias en las que el TSJA condena al Salud al pago de las costas en procedimientos de carrera profesional de personal interino. “Estas sentencias dejan claro que el personal temporal del Salud —unos 5.000 trabajadores— tienen derecho a acceder al sistema de carrera profesional en las mismas condiciones que el personal fijo. Este reconocimiento debe tener efectos administrativos y económicos desde la fecha de la solicitud. Denegar el acceso a la carrera profesional para los interinos es una práctica contraria al derecho europeo y a la doctrina del Tribunal Supremo”, exponen.

“Además, el hecho de que el TSJA imponga costas al Salud evidencia que la Administración ha mantenido de forma injustificada una estrategia de recursos, que solo retrasa el reconocimiento de derechos, generando un perjuicio añadido a los profesionales y un coste económico a las arcas públicas”, afirma Juanjo del Hoyo, vicepresidente de CSIF Sanidad Aragón. 

Por todo ello, CSIF exige al Gobierno de Aragón el reconocimiento inmediato de la carrera profesional al personal temporal; el abandono de la judicialización sistemática de este derecho, y la apertura urgente de negociación en la Mesa Sectorial para adaptar el modelo de carrera profesional a la jurisprudencia vigente. 

El proceso de escolarización para el curso 2026-2027 en Aragón arranca el jueves marcado por la incertidumbre de padres y madres y por las críticas tras el anuncio de que el Ejecutivo autonómico financiará la concertación de unidades de Bachillerato, lo que ha intensificado el debate sobre la planificación educativa y el uso de los recursos públicos. El Departamento de Educación señala, eso sí, que se trata de dos procesos complementarios y que no interfieren entre sí.

El calendario oficial de escolarización fija el periodo de solicitud entre el 16 y el 22 de abril para Infantil, Primaria, Educación Especial y Secundaria Obligatoria. El proceso afecta especialmente al alumnado que se incorpora por primera vez al sistema, con 8.669 niños de tres años, 316 menos que el curso.

De acuerdo con los datos del padrón, está previsto que soliciten plaza 6.409 alumnos en la provincia de Zaragoza, 1.400 en Huesca y 860 en Teruel, lo que supone un descenso de 316 escolares respecto al curso anterior. El próximo curso, Aragón abrirá al menos 16 nuevas aulas TEA, 12 aulas de Educación Especial y cuatro nuevas aulas de escolarización anticipada a los dos años, a lo que se suma una reducción de ratios y un aumento de la oferta de grupos, especialmente en primero de Educación Infantil.

El plazo de presentación de solicitudes finalizará el 22 de abril a las 14.00 horas. A continuación, los centros educativos baremarán las solicitudes presentadas. Las listas se publicarán el 4 de mayo y el sorteo público para dirimir los posibles empates tendrá lugar el día 8. Las listas provisionales se darán a conocer el 11, mientras que las listas definitivas se publicarán el 15 de mayo. La tercera semana de mayo se sabrá ya qué colegios tendrán concertado el bachillerato.

El periodo de matriculación para Educación Infantil, primero de Primaria y Educación Especial se desarrollará del 26 de mayo al 1 de junio. En el caso del alumnado de segundo a sexto de Primaria y de Educación Secundaria Obligatoria, el plazo de matrícula será del 19 al 25 de junio.

La tramitación se realiza preferentemente por vía telemática a través del portal educativo del Gobierno de Aragón, aunque se mantiene la posibilidad de presentar solicitudes con apoyo en los centros. El sistema permite elegir hasta seis centros por orden de preferencia y consultar tanto las vacantes como la evolución del proceso.

Bachillerato concertado

Mientras, y pese a la incertidumbre generada entre padres y madres sobre cómo puede influir esta escolarización en la concertación del Bachillerato anunciada por el Ejecutivo autonómico, fuentes del Departamento de Educación aseguran que este proceso no va a interferir con el de escolarización ya que son complementarios.

Hasta la tercera semana de mayo no se dará a conocer cuáles son los centros privados seleccionados que podrán concertar primero de Bachillerato –un máximo de 65 aulas en esta primera etapa–. Y el plazo de inscripción para esta etapa educativa va del 2 al 7 de julio, con lo que para entonces la escolarización estará ya resuelta. Los colegios seleccionados se mantendrán dentro del paraguas del concierto educativo más allá de la Educación Secundaria, con lo que el paso a 1º de Bachillerato sería automático para los alumnos que se hayan inscrito en ese centro.

Los colegios podrán concertar las mismas unidades con que cuentan en el actual curso 2025-26. Respecto a la situación de los centros que reducen su número de clases de la ESO al Bachillerato –donde se puede llegar a la situación de que haya más solicitudes que plazas–, fuentes del Departamento aseguran que son casos “muy excepcionales”.

La decisión de concertar el Bachillerato ha intensificado las críticas sobre la distribución de los recursos. Mientras se destinan fondos a ampliar la oferta en centros privados, sectores de la comunidad educativa cuestionan que institutos públicos con alta demanda, como el IES Miguel Servet en Zaragoza, no hayan experimentado ampliaciones equivalentes en infraestructuras o plantilla. Además, numerosos colectivos se han agrupado en una plataforma para reclamar ante los tribunales la paralización de esta iniciativa, que se lleva a cabo con un Gobierno en funciones.

Críticas por la oferta de plazas

Por otro lado, existen críticas de la comunidad educativa respecto a los problemas de planificación en otras etapas educativas. Organizaciones educativas y asociaciones de familias apuntan a una falta de previsión en la oferta de plazas, especialmente en Infantil y Primaria y en zonas con crecimiento urbano reciente.

En barrios de expansión de Zaragoza como Arcosur o Parque Venecia, centros como el CEIP Arcosur o el CEIP María Zambrano han concentrado en los últimos años una alta demanda. Esta presión se ha traducido en la apertura progresiva de unidades y en el uso prolongado de instalaciones provisionales. En estos entornos, las familias denuncian que no siempre se conoce con antelación si habrá suficientes plazas públicas o si será necesario recurrir a centros alejados del domicilio.

Las carencias de infraestructuras no se limitan a la capital aragonesa. En Huesca, la comunidad educativa lleva tiempo reclamando la construcción de un nuevo instituto público que permita absorber la demanda. Centros como el IES Pirámide o el IES Ramón y Cajal concentran buena parte del alumnado de la ciudad, lo que incrementa la presión sobre sus recursos.

A estos casos se suma la situación de varios colegios que continúan utilizando aulas prefabricadas —los conocidos barracones— más allá de lo previsto inicialmente. Esta circunstancia se ha hecho visible en centros de nueva creación en Zaragoza, como el CEIP Arcosur, donde las instalaciones definitivas no han llegado al mismo ritmo que el crecimiento del alumnado, limitando espacios comunes y aulas específicas.

El debate sobre los recursos humanos añade otra dimensión. El incremento del alumnado con necesidades educativas especiales en la última década no siempre ha ido acompañado de un refuerzo equivalente en personal especializado. Diferentes organizaciones sitúan la ratio en torno a un orientador por cada 600 alumnos, una cifra que consideran insuficiente para garantizar una atención adecuada, especialmente en centros con mayor complejidad.

A estas tensiones se suman las dificultades relacionadas con el profesorado. Diversos colectivos educativos advierten de la falta de especialistas en atención a la diversidad y de la sobrecarga de trabajo de los equipos docentes, que asumen cada vez más funciones sin un refuerzo proporcional de plantilla. La inestabilidad derivada de la rotación de profesorado interino y los ajustes vinculados a la matrícula completan un escenario en el que los centros deben responder a una mayor complejidad con recursos limitados.

En paralelo, el descenso demográfico en algunas etapas abre la posibilidad de reducir ratios y mejorar las condiciones en las aulas, aunque algunas voces consideran que esta oportunidad no se ha aprovechado plenamente.

La jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Huesca ha fijado en 56 semanas —algo más de un año— el plazo máximo para que el Museu Nacional d'Art de Catalunya (MNAC) devuelva las pinturas murales de Sijena a la Sala Capitular del Monasterio de Villanueva de Sijena, reduciendo en parte el cronograma que el propio museo había propuesto y rechazando que la alegada fragilidad de las obras justifique demorar la ejecución de una sentencia firme del Tribunal Supremo. Todos los costes del desmontaje y traslado correrán a cargo del MNAC.

En una providencia fechada el 10 de abril, la magistrada recorta tres de las cuatro fases del cronograma presentado por el museo: da por materialmente concluida la primera —estudios previos y diagnóstico— y reduce la segunda y la tercera, de evaluación de riesgos y metodológica respectivamente, al entender que buena parte de sus actuaciones ya estaban integradas en fases anteriores o correspondían a la parte ejecutante. El resultado: el plazo inicial de 64 semanas queda en 56.

Sobre el argumento técnico que el MNAC y la Generalitat han sostenido ante los tribunales y el Parlament, la jueza es taxativa: “Ningún perito ha afirmado la imposibilidad de trasladar las pinturas a la Sala Capitular”, recuerda, y cita la sentencia de 2016, que ya estableció que el traslado “es posible siempre que se adopten las medidas y precauciones necesarias”. A ello suma el informe de Arantxa Ferrer Rueda, jefa del Servicio de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural del Gobierno de Aragón, que concluye que la Sala Capitular “reúne todos los requisitos para que, a día de hoy y a todos los efectos, pueda considerarse como un espacio expositivo”.

La providencia establece además un mecanismo de control: el MNAC deberá acreditar documentalmente el cumplimiento de cada fase del cronograma a medida que se ejecute. Cualquier incumplimiento parcial, incluso referido a una sola fase, habilitará a la comunidad autónoma de Aragón para ejecutar el traslado de forma subsidiaria, pero a costa del Museo.

La resolución llega en un momento de tensión institucional en torno al caso. A finales de marzo, cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat —Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borràs y Àngels Ponsa— presentaron una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón contra la propia magistrada, acusándola de prevaricación con el objetivo declarado de paralizar cautelarmente el proceso. El TSJA ha trasladado la denuncia a la Fiscalía para que informe sobre su admisión. El Ayuntamiento de Villanueva de Sijena la calificó de “temeridad supina”. En paralelo, el MNAC sí ha licitado ya el traslado de las denominadas pinturas profanas —las piezas de la sala 17 que no sufrieron el incendio de 1936—, cuya devolución está prevista antes de que acabe el año.

“Satisfacción” del Gobierno de Aragón

Mientras, el director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, ha expresado la “gran satisfacción y alegría” del conjunto de los aragoneses por la decisión de la juez, que establece un plazo de 56 semanas porque “es el mayor marco temporal posible para facilitar, sin discrepancias y de forma inmediata, el inicio de los trabajos y la vuelta a Aragón de las pinturas murales”.

El director ha subrayado que los trabajos técnicos previos realizados por el equipo aragonés han permitido dar respuesta a cuestiones “de forma totalmente solvente” y ha incidido en que la providencia de la juez “es una excelente noticia para todos los aragoneses”. “Hay una voluntad de evitar el filibusterismo procesal, la juez deja claro que no es momento de más enredos, sino del cumplimiento de la sentencia” y advierte de que en caso de incumplimiento por parte del MNAC, “se facultará al Gobierno de Aragón para la ejecución, todo ello a costa del MNAC, que no podrá eludir su responsabilidad”.

El operativo desplegado durante las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero —cuyo resultado aún no se ha traducido en la formación de un gobierno, a la espera de un acuerdo entre PP y Vox— ha supuesto un coste mayor a lo previsto: en torno a los 12 millones de euros.

La convocatoria de elecciones anticipadas tuvo como consecuencia que el Gobierno de Aragón se vio obligado a asumir el gasto en solitario, a diferencia de otras convocatorias en las que coincidían elecciones municipales y autonómicas y el Ejecutivo central se encargaba de la gestión de colegios electorales o la recogida de datos, tradicionalmente en manos del Ministerio del Interior. Así ocurrió en 2023, en cuyas elecciones el Ejecutivo autonómico gastó 3.930.260 euros, según consta en la liquidación del ejercicio.

De los 12 millones que supuso la convocatoria del 8F, casi cinco millones se destinaron al contrato con Indra para el tratamiento de datos; alrededor de 2,5 millones, a subvenciones electorales; otros 2,5 millones a infraestructuras (cabinas, papeletas o urnas). Y a eso hay que sumar unos dos millones a gastos de personal.

El Gobierno de Aragón ha evitado por el momento trasladar a elDiario.es el montante global del desembolso, aunque fuentes de toda solvencia consultadas por este periódico lo confirman.

En relación con el último capítulo, los gastos de personal, el Ejecutivo autonómico ya ha activado el pago de las gratificaciones a los funcionarios que participaron en el dispositivo electoral. Este importe, próximo a los dos millones de euros, incluye tanto al personal de las juntas electorales —Central, provinciales y de zona— como a las más de 6.500 personas que formaron parte de las mesas.

Malestar por el retraso

Aunque el retraso en los abonos ha generado malestar, el director general de Relaciones Institucionales, Miguel Ángel Lafuente, asegura a elDiario.es que los plazos son los habituales. Según explica, estos pagos se realizan una vez finalizado el proceso electoral y presentadas las liquidaciones correspondientes. Además, la Junta Electoral mantiene su actividad hasta 100 días después de los comicios, tal como establece el artículo 15 de la LOREG, para resolver recursos y completar trámites administrativos.

Lafuente subraya que se trata de miles de “micropagos” que se están tramitando desde los servicios de Intervención y Tesorería, y cuya demora responde a la necesidad de recopilar toda la documentación.

En la Junta Electoral de Aragón, las gratificaciones oscilan entre los 3.916 euros de la Presidencia, los 1.523 de la vicepresidencia, los 1.418 de los vocales y los 3.045 de la Secretaría. Por asistencia a sesiones, el presidente y el secretario perciben 82 euros, mientras que el vicepresidente y los vocales reciben 70 euros. El personal colaborador tiene un límite de 7.047 euros.

En las juntas electorales provinciales, las retribuciones en las más de mil mesas van desde los 3.617 euros del presidente hasta los 904 euros de los vocales no judiciales, pasando por los 1.582 euros del vocal judicial y delegado del censo y los 3.391 euros de los secretarios.

Más de 9.000 personas participaron en el dispositivo, procedentes de distintas administraciones y empresas. En total, se habilitaron 2.213 mesas en 999 locales electorales repartidos por 731 municipios, con un censo de 991.892 electores, además de 44.433 aragoneses residentes en el extranjero (CERA) distribuidos en 131 países.

Pagos y contrataciones

El resto del presupuesto se distribuye en una amplia variedad de gastos y contratos: desde los 455.000 euros destinados a compensar con 70 euros a cada una de las 6.500 personas que trabajaron durante la jornada electoral hasta la impresión de 15 millones de papeletas, actas y sobres, el transporte de urnas o la preparación de los materiales para las mesas.

También se incluyen los costes asociados a la seguridad, con la participación de 391 policías locales en 42 municipios, además de efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la policía autonómica.

Asimismo, más de 200 voluntarios de Cruz Roja, con unos 40 vehículos, facilitaron el traslado de personas con movilidad reducida. El operativo contó además con Protección Civil, bomberos, personal sanitario y técnicos especializados para garantizar el desarrollo de la jornada “con normalidad, seguridad y libertad”.

En paralelo, se impartió formación obligatoria a 1.300 representantes de la administración en 14 sedes, a quienes se entregaron tablets utilizadas por primera vez para la transmisión de datos.

Un reto organizativo en 54 días

La convocatoria anticipada —inédita en la comunidad— obligó a organizar todo el dispositivo en apenas 54 días, cuando lo habitual es disponer de cerca de un año.

Entre las novedades, destaca el envío de documentación en braille a personas con discapacidad visual, así como el diseño de cinco campañas institucionales: convocatoria electoral, instrucciones para mesas, voto por correo, voto CERA y voto accesible.

El despliegue técnico incluyó más de 3.000 metros de cableado, otros 2.000 de fibra óptica, dos grupos electrógenos y un equipo de más de 60 técnicos.

Los resultados se difundieron a través de una web alojada, por primera vez, en la nube de Amazon Web Services, con el objetivo de evitar colapsos y garantizar un acceso ágil.

El Boletín Oficial de Aragón ha publicado este jueves el acuerdo que formaliza la expansión de Amazon anunciada días atrás: la declaración de interés general del Plan para la consolidación de la Región AWS en Aragón, que contempla 30 edificios de centros de datos, 10 subestaciones y 12 edificios auxiliares repartidos en tres nuevos campus. Es el tercer proyecto de expansión de la compañía en la comunidad desde que en 2019 instalara sus primeros centros de datos en Villanueva de Gállego, Huesca y El Burgo de Ebro. La segunda fase, aprobada en 2024, extendió esa presencia a Zaragoza y La Sotonera, también en Huesca, y sus obras de urbanización todavía están en marcha en tres de los cuatro emplazamientos previstos.

El nuevo plan contempla tres campus —en la capital altoaragonesa, en La Puebla de Híjar y en Azaila (Teruel) y San Mateo de Gállego (Zaragoza)— que ocuparán 459 hectáreas. Sumados los tres proyectos, la huella de AWS en Aragón rozará las 800 hectáreas, según la documentación hecha pública. El plan incluye 30 edificios de centros de datos, 10 subestaciones y 12 edificios auxiliares, con toda la infraestructura eléctrica, hídrica y de fibra óptica que eso requiere. La inversión prevista es de 33.700 millones de euros para 2026-2035 en toda España, con una generación estimada de 13.400 empleos anuales en Aragón, según la compañía, entre la construcción y la fase operativa. AWS, eso sí, rehúsa dar a conocer cuántos puestos de trabajo generan las instalaciones que ya tiene en marcha en la comunidad.

La declaración de interés autonómico tiene además consecuencias jurídicas: el acuerdo reconoce la utilidad pública implícita de los terrenos y declara la urgente ocupación de los bienes incluidos en la relación de expropiaciones, publicada como anexo en el propio BOA. Los titulares tienen veinte días hábiles para presentar alegaciones.

En San Mateo de Gállego, el proyecto ocupa terrenos calificados como ecosistema natural en el PGOU de 2004, una protección que se acordó como compensación de la fallida urbanización de Martinsa-Fadesa, que nunca llegó a ejecutarse. En La Puebla de Híjar, el ámbito incluye suelos con protección vinculada a la futura autovía A-68.

En cuanto a la energía requerida, la Dirección General de Energía y Minas respaldó el proyecto, pero con matices: el informe favorable se limita a las fases iniciales de San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar, y queda condicionado a que haya capacidad eléctrica suficiente para las segundas fases. Una incertidumbre nada menor sobre la ejecución completa del plan.

Y respecto del agua necesaria para refrigerar los centros de datos, el documento no ofrece cifras de consumo previsto. Sí obliga a Amazon a alinear la expansión con la Planificación Especial Sequía 2023 y a confirmar la disponibilidad del recurso antes de iniciar cada implantación. Los compromisos específicos por emplazamiento incluyen restaurar el barranco de San Mateo de Gállego, mantener la acequia de riego de Fodaleza en La Puebla de Híjar —dominio público hidráulico— y preservar el embalse de Pebredo en Huesca.

El calendario previsto: adquisición de suelo en 2026, construcción entre 2027 y 2031, y finalización de edificios entre 2031 y 2036.

La tormenta por el impulso del bachillerato concertado por parte del Gobierno en funciones de Jorge Azcón no amaina. Este jueves ha sido el PSOE aragonés el que se ha reunido con sindicatos y con asociaciones de padres y madres para hacer frente común ante esta decisión que, según denuncian, supone utilizar “dinero público para privatizar la educación”. “Es un cambio total de modelo educativo”, ha lamentado la secretaria general de los socialistas, Pilar Alegría.

“La privatización del bachillerato es el mensaje que lanza Azcón, que tiene como prioridad asfixiar lo público y destinar dinero público para privatizar la educación, mientras que por otra parte sigue habiendo muchas necesidades en la educación pública”, ha valorado la dirigente socialista.

Por ello, junto al diputado socialista Jorge Pastor, ha mantenido una reunión con la presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumn@s de Aragón (Fapar), Nieves Burón; la secretaria del sector de enseñanza UGT Aragón, Medea Gracia (UGT), y la secretaria general de CCOO Enseñanza en Aragón, Esmeralda Gómez, con el objetivo de recoger sus reivindicaciones.

Alegría tiene “serias dudas” de que una medida “de ese calado tan profundo, como es cambiar el modelo educativo, con connotaciones y requisitos económicos para muchos años”, pueda ser adoptada por un gobierno en funciones. Así, ha aludido a la opinión de diferentes expertas en Derecho Constitucional que respaldan esa postura contraria a la orden del Ejecutivo de Azcón, al que ha reprochado el haber anunciado la medida “por la puerta de atrás, con nocturnidad y alevosía”: “Cuando tú tomas una decisión que no es menor, que hablamos de cambiar el modelo educativo, lo que tampoco puedes hacer es esconderte. Lo mínimo que puedes hacer es dar la cara y explicar los porqués y hacerlo además donde debes”. En ese sentido ha recordado que este miércoles su grupo parlamentario solicitó la comparecencia del presidente en funciones en un pleno extraordinario.

Prioridades

La también secretaria general del PSOE Aragón ha lamentado que entre las prioridades de Azcón “no esté, por ejemplo, abrir un nuevo colegio en Parque Venecia en Zaragoza o poner en marcha un instituto público en Monzón, o preocuparse también por aquellos escolares que no tienen línea caliente en las cocinas de sus colegios o no atender la idiosincrasia de Aragón, con una presencia muy importante de la escuela rural, de colegios que se construyeron en los años 50 y 60 y que necesitan ser arreglados, remodelados y actualizados”, ha apuntado.

Alegría basa su rechazo a la concertación porque supone “privatizar la educación” en una etapa, que ha recordado, “no es obligatoria” y en una situación, en la que no ve “necesidades educativas” por cuanto hay unas 2.000 plazas públicas sin cubrir en Aragón.

El anuncio, dado a conocer en plenos contactos con Vox para lograr un pacto de gobierno, puede explicarse en el marco de esas negociaciones entre dos partidos que, en todo caso “representan el mismo modelo, las mismas políticas, las mismas prioridades y los mismos objetivos porque en esa defensa del modelo privatizador se entienden a la perfección PP y Vox”.

Al respecto, la líder del PSOE en Aragón ha vaticinado nuevas decisiones en esa línea: “Mucho me temo que estos planteamientos ideológicos de cambio de modelo educativo en Aragón, lo vamos a seguir viendo a lo largo de la legislatura, si finalmente consiguen ponerla en marcha”.

“Un ataque” a la escuela pública

Por su parte, la presidenta de Fapar, Nieves Burón, ha defendido que la concertación del Bachillerato es “un ataque directo” a la escuela pública: “Esto va mucho más allá de la libertad de elección de familias, que no es absoluta, no puede serlo, es un ataque frontal que va a hacer daño a la escuela pública”, ha lamentado.

Además, ha incidido en el “despilfarro” de la medida: “No es una necesidad, tenemos plazas públicas suficientes y estamos hablando siempre de que los recursos son limitados”, ha argumentado sobre una medida anunciada de la que ha destacado que haya sido anunciada “por un gobierno en funciones y una consejera de Educación saliente, autodespedida ella, y con una falta de presupuesto”.

El montante económico es otra de las cuestiones que para FAPAR cuestionan la decisión: “Se ha hablado de una cantidad de dinero que nosotros creemos que será bastante mayor, pero es que no tenemos presupuesto y no tenemos dinero para otras muchas cosas, y sin embargo se permiten anunciarlo para algo que es absolutamente innecesario”, ha criticado Burón.

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, ha solicitado la comparecencia urgente del presidente autonómico en funciones, Jorge Azcón, para que explique la decisión de concertar primero de Bachillerato a partir del próximo curso. Una medida que, según ha denunciado, supone un “profundo cambio de modelo educativo” y una “privatización” de esta etapa formativa.

En una rueda de prensa, Alegría ha criticado duramente el anuncio del Ejecutivo aragonés, al considerar que se destinarán recursos públicos a financiar una etapa no obligatoria que, además, ya cuenta con suficientes plazas en la enseñanza pública. En este sentido, ha señalado que existen más de 1.300 vacantes disponibles que permitirían garantizar la escolarización del alumnado sin necesidad de recurrir a conciertos educativos.

Ante esta situación, el grupo socialista ha registrado formalmente la solicitud para que Azcón comparezca en un pleno extraordinario de las Cortes de Aragón. El objetivo, según ha explicado la portavoz, es que el presidente dé explicaciones sobre una decisión adoptada en un contexto político marcado por la interinidad del Gobierno autonómico y la prórroga presupuestaria.

Alegría ha insistido en que la medida tiene un alcance estructural que afecta al modelo educativo aragonés, por lo que considera imprescindible que se debata públicamente. “No se puede tomar una decisión de esta envergadura y esconderse”, ha afirmado, reclamando transparencia y rendición de cuentas por parte del Ejecutivo.

Las formas y el fondo

La dirigente socialista ha cuestionado tanto el contenido de la iniciativa como la forma en la que se ha dado a conocer. A su juicio, el anuncio se ha realizado “con nocturnidad y alevosía”, sin diálogo previo con la comunidad educativa ni con los grupos parlamentarios.

Además, ha criticado que esta decisión llegue en un momento en el que, según ha señalado, el Gobierno de Aragón lleva meses “paralizado” y sin atender otras necesidades prioritarias de la ciudadanía. “Un presidente en funciones, que ha sumido a la Comunidad en la inacción durante cuatro meses, sale ahora de su letargo para anunciar una medida que asfixia a la escuela pública”, ha sostenido.

Alegría ha advertido de que la concertación del Bachillerato podría derivar en una reducción de recursos para la educación pública, al desviar financiación hacia centros privados concertados. “Nunca antes se había vivido en Aragón una situación así, privatizando con dinero público una etapa educativa no obligatoria”, ha subrayado.

Defensa de la educación pública

La portavoz del PSOE ha enmarcado esta decisión dentro de una estrategia más amplia del Gobierno autonómico que, a su juicio, busca debilitar el sistema público. “La prioridad del señor Azcón es liquidar lo público”, ha afirmado, insistiendo en que el Ejecutivo no ha mantenido diálogo con los representantes de la educación pública en los últimos meses.

En este sentido, ha denunciado la falta de interlocución con el sector educativo y ha reclamado que cualquier reforma de calado se aborde desde el consenso y la planificación, teniendo en cuenta las necesidades reales del sistema y del alumnado.

La propuesta de concertar primero de Bachillerato abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre la enseñanza pública y la concertada en Aragón. Mientras el Gobierno autonómico defiende la medida como una forma de ampliar la oferta educativa, el PSOE considera que supone un cambio de modelo que puede tener consecuencias a largo plazo. Por ello, los socialistas han insistido en la necesidad de que el presidente comparezca y explique los criterios que han motivado esta decisión, así como su impacto en la red pública de centros educativos.

Con esta iniciativa parlamentaria, el Grupo Socialista busca trasladar el debate al pleno de las Cortes y forzar al Ejecutivo a dar explicaciones sobre una medida que, según sostienen, marca un punto de inflexión en la política educativa de la comunidad.

La decisión del Gobierno de Azcón de incluir los conciertos del Bachillerato para el próximo curso ha provocado numerosas reacciones en contra, tanto por las condiciones del Ejecutivo para adoptar la medida como por los efectos tendentes a vulnerar la equidad.

Contra la medida, la escuela pública de Aragón ha decidido presentar un recurso y solicitar medidas cautelares para paralizar la orden publicada este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA) de cara al curso 2026-2027. La decisión se cuestiona por posibles dudas sobre su legalidad, dado que el presupuesto está prorrogado y el Gobierno se encuentra en funciones.

La Plataforma en Defensa de la Enseñanza Pública —integrada por sindicatos, asociaciones y fuerzas políticas de izquierdas de Aragón— llevará la medida ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA). No obstante, todavía valora cuál es el procedimiento más eficaz: presentar un nuevo contencioso contra la modificación de la orden de 27 de noviembre o sumarse al ya interpuesto por CSIF y STEA, admitido a trámite por el TSJA en enero de 2026.

La secretaria técnica de Fapar, Nieves Burón, ha calificado la decisión de “extraña e irregular, cuando menos”. Además, ha anunciado movilizaciones en la calle: el próximo viernes en Huesca, con motivo del Día de la Escuela Pública, y el sábado en Zaragoza, “que será el primer acto de rechazo, pero habrá más movilizaciones” en defensa de la enseñanza pública.

A juicio de los sindicatos, no se justifican los conciertos cuando la red pública garantiza el acceso equitativo a una etapa no obligatoria y, además, existen actualmente más de 2.500 plazas de Bachillerato sin ocupar en centros públicos de Aragón. Asimismo, recuerdan las carencias que sufre la educación pública, tanto en personal docente y no docente como en infraestructuras.

Los expertos apuntan a un fraude de ley

La posibilidad de recurrir la orden del Departamento de Educación ya había sido señalada por expertos y juristas consultados por elDiario.es, quienes coinciden en que un gobierno en funciones no puede aprobar la concertación del Bachillerato.

La profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, Eva Sáenz, ha afirmado que esta medida “no puede tomarse por un gobierno en funciones”, puesto que tiene implicaciones presupuestarias. En este sentido, contempla la posibilidad de recurrirla ante los tribunales solicitando medidas cautelares para su suspensión inmediata, “ya que causa un perjuicio irreparable condicionando al futuro gobierno”. Además, recuerda que no hay garantías de que el próximo Ejecutivo sea del PP: si no prosperan las negociaciones con Vox y no se puede votar la investidura antes del 3 de mayo, habría que convocar nuevas elecciones.

Sáenz subraya que la decisión supone un cambio en el modelo jurídico con implicaciones económicas y que está expresamente prohibido por la Ley del Presidente del Gobierno de Aragón que un gobierno en funciones adopte este tipo de medidas.

En concreto, el artículo 21.3.d del Decreto Legislativo 1/2022, de 6 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Presidente o Presidenta y del Gobierno de Aragón, establece que un gobierno en funciones no puede “aprobar o autorizar convenios de colaboración y acuerdos de cooperación con el Estado y demás Administraciones públicas, así como convenios con entidades públicas o privadas que supongan reconocimiento de obligaciones para la Hacienda de la Comunidad Autónoma, salvo que concurran circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad, dando cuenta de ello a las Cortes de Aragón”.

El abogado Sergio Pérez también considera que la decisión excede las capacidades de un Gobierno en funciones y apunta a un posible fraude de ley. A su juicio, se trata de una política de hechos consumados: “Creo que son conscientes de la fragilidad jurídica de la Orden, pero juegan con la baza de la ejecutividad de los actos administrativos y la posible no suspensión judicial. La falta de resolución rápida permitiría la aplicación de la orden y, una vez empezado, es complicado echar abajo el concierto”.

Además, añade que “no es una medida que refuerce la equidad y la igualdad de oportunidades ni mejora la calidad educativa. Da la sensación de intentar forzar a Vox en su peculiar pulso” y recuerda que “es contradictorio cuando se ha constatado que no hay necesidades de escolarización que justifiquen esos nuevos convenios”.

Efecto segregador

Sheila González, investigadora y socióloga de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), advierte por su parte sobre los efectos nocivos de las dinámicas privatizadoras en la educación. Según explica, se trata de movimientos que se van introduciendo de forma progresiva y que acaban “desangelando” la escuela pública; sus consecuencias, aunque aún no son plenamente visibles, terminarán apreciándose con el tiempo.

A su juicio, la concertación del Bachillerato tiene un claro efecto segregador. En este sentido, reflexiona sobre el principio de planificación educativa, que podría acabar vulnerando el principio de equidad. Las familias realizan cálculos sobre el coste de la educación de sus hijos y, al “abaratarse” el Bachillerato, pueden empezar a contemplarlo como una opción cuando antes no lo era. Esto, sostiene, frena el trasvase y la permeabilidad del sistema, dificultando la incorporación de nuevos perfiles a la red pública.

Además, la socióloga subraya que, antes de apostar por la concertación del Bachillerato, debería atenderse al criterio de necesidad. En su opinión, cuando esta no existe —como ocurre en Aragón, donde hay miles de plazas disponibles— se está, en la práctica, financiando oferta privada con fondos públicos y asegurando una línea de continuidad desde la ESO.

González también considera que es una política “muy regresiva” concertar sin exigir una reducción de cuotas a cambio de garantizar la gratuidad o de asumir una función social. A su entender, este tipo de condiciones deberían acompañar cualquier implementación del concierto, cuyo seguimiento, además, suele ser escaso.

Por último, la socióloga señala que estas dinámicas tienden a blindar itinerarios de excelencia que, en la práctica, responden a intereses de clase.

Reacciones políticas

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Pilar Alegría, ha pedido que Azcón comparezca en las Cortes para explicar su decisión de privatizar el Bachillerato. Asimismo, ha criticado que un presidente en funciones, “que tiene a la Comunidad Autónoma paralizada desde hace cuatro meses, salga de su hibernación para anunciar la privatización de una etapa educativa que no es obligatoria, cuando además hay miles de plazas libres en la enseñanza pública”. Alegría reprocha tanto las formas como el fondo del anuncio, que, a su juicio, supone un profundo cambio de modelo educativo.

Por su parte, la vicepresidenta en funciones del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha defendido la medida tras el Consejo de Gobierno: “Si se ha llevado a cabo el anuncio de esta medida, que no es nueva y formaba parte de los objetivos de este Gobierno, es porque tenemos la garantía de que cumple con las competencias y la capacidad de un gobierno en funciones”.

Según ha explicado, la consejera se limitó a anunciar que el Bachillerato será concertado el próximo curso y cómo esta medida beneficiará a las familias, “pero hay un procedimiento que nos llevará a ello. Es una fórmula habitual”.

En cuanto a la posible paralización judicial, Vaquero ha asegurado que existe un trabajo previo desarrollado por el Departamento de Educación: “Hay mucho trabajo, un expediente muy elaborado, con la implicación de los propios centros para conocer su disposición”. Además, ha señalado que “no compartimos ese cuestionamiento y esas dudas. Es algo novedoso, pero también muy importante: atender a los derechos de las familias a la libertad de enseñanza. Es una decisión democrática; la intención del Gobierno ya se conoce desde la anterior legislatura y el presidente Azcón, en campaña, ya se comprometió a llevarla a cabo”.

El Consejo de Ingeniería de Aragón, que agrupa a todos los colegios profesionales de ingenieros de la Comunidad y que acaba de constituirse, ha realizado este miércoles su primer posicionamiento público para hacer un llamamiento a reforzar el peso del criterio técnico en las administraciones públicas.

Este nuevo Consejo, según una nota hecha pública por el órgano, nace con el objetivo de impulsar la excelencia técnica, promover el desarrollo del territorio y defender el ejercicio profesional de la ingeniería al servicio de la sociedad ciudadanía. En este contexto, los ingenieron consideran “prioritario trasladar a los responsables institucionales la necesidad de situar en los puestos de especial responsabilidad a profesionales con formación universitaria en educación superior especializada (nivel máster), con experiencia y cualificación”.

Aunque esta cuestión es relevante en todos los niveles de la Administración, el Consejo subraya que resulta especialmente “oportuna en el actual contexto de configuración del nuevo Gobierno autonómico en Aragón”.

Una tendencia preocupante

El Consejo de Ingeniería de Aragón advierte de la creciente “destecnificación” de las estructuras administrativas a causa del progresivo desplazamiento de los criterios técnicos por decisiones de naturaleza política. Considera que este es un fenómeno que puede “comprometer la capacidad del sector público para anticipar, gestionar y resolver cuestiones complejas que requieren alta especialización técnica”.

Para el Consejo, esta tendencia responde a una creciente deriva hacia criterios no estrictamente técnicos en la provisión de puestos el nombramiento de responsables dentro de la Administración. En demasiadas ocasiones, aseguran los profesionales de ingeniería, “las decisiones de nombramiento no priorizan de forma suficiente la cualificación profesional y la experiencia especializada, imprescindibles para asumir funciones de alta responsabilidad”, lo que r“epercute negativamente, a medio y largo plazo, en la eficacia de los recursos invertidos y la calidad y fiabilidad del servicio público”.

Las crisis recientes ponen de relieve la importancia del criterio técnico

Los graves acontecimientos recientes han puesto de manifiesto la necesidad de contar con estructuras administrativas sólidas y lideradas por profesionales especializados. Entre los ejemplos que ponen los colegios de ingenieros están la DANA en el Levante, que “evidenció la necesidad de una planificación territorial, hidrológica y de emergencias basada en criterios técnicos homogéneos”. También los incendios forestales del verano de 2025, que evidenciaron “una vez más que, desde hace décadas, es necesaria una política forestal activa y coherente”.

En cuanto al apagón del 28 de abril de 2025, según estos profesionales “puso de manifiesto la falta de planificación en el sistema eléctrico nacional, tanto en la generación como en distribución y transporte, así como la ausencia de una política energética de país clara y coherente”. Por último, el accidente ferroviario de Adamuz recordó, aseguran, “la necesidad de priorizar el mantenimiento de infraestructuras esenciales frente a otras inversiones de carácter más visible, pero menos estratégico”.

El Consejo de Ingeniería de Aragón subraya que estos episodios no son casos aislados, sino “síntomas de un modelo que no sitúa la formación superior y experiencia técnica en el centro de la toma de decisiones”.

Sin perfiles altamente cualificados al frente de áreas sensibles y de especial responsabilidad, advierten, “es imposible garantizar la eficiencia de las inversiones públicas, ni la seguridad, ni la sostenibilidad”.

“No es una reivindicación corporativa”

El inicio de una nueva legislatura representa “una oportunidad para reforzar la profesionalización de los puestos de responsabilidad de la Administración”. En este sentido, el Consejo de Ingeniería de Aragón anima a las instituciones, y en particular al futuro Gobierno autonómico, a apostar por perfiles con formación técnica superior en puestos de alta responsabilidad; por profesionales con experiencia en gestión de proyectos complejos, infraestructuras, riesgos o sistemas tecnológicos; por la independencia profesional y compromiso con el servicio público, y por equipos multidisciplinares capaces de coordinarse eficazmente.

El Consejo recuerda que los ingenieros han sido actores clave en el desarrollo de Aragón y de España en ámbitos como infraestructuras, energía, telecomunicaciones, industria, agua, agricultura, digitalización o aeronáutica. “Esta no es una reivindicación corporativa, sino una llamada a reforzar el interés general”, subrayan desde el Consejo. “Aragón necesita una Administración sólida, profesional y preparada para afrontar los retos presentes y futuros”.

El Gobierno de Aragón estima en más de 320 ejemplares la población de urogallo y ha desarrollado actuaciones de mejora del hábitat de esta especie en una superficie que supera las 400 hectáreas.

Estos son algunos de los datos que se han expuesto en el marco de una jornada técnica sobre gestión de poblaciones de urogallo que ha reunido en Bielsa a los principales especialistas a nivel nacional y en la que el Gobierno autonómico ha presentado los principales avances en seguimiento, restauración del hábitat y medidas de conservación impulsadas en Aragón.

La jornada ha sido inaugurada por el director general de Medio Natural, Caza y Pesca, Alfonso Calvo, y en ella ha participado también el jefe de sección de Especies Catalogadas, Rafael López del Río, quien ha expuesto las principales líneas de trabajo del Ejecutivo autonómico en la protección de esta especie.

Según las conclusiones del censo genético realizado en 2021, se han identificado un mínimo de 168 individuos distintos en Aragón, con una estimación poblacional media de 321 ejemplares, dentro de un intervalo de confianza de entre 259 y 497.

Este dato confirma que la base poblacional es mayor de lo que se estimaba históricamente con las técnicas de censo al canto, aunque la tendencia de la especie continúa siendo negativa, con una retracción histórica tanto en número como en ocupación del territorio, con el abandono del 40% de los cantaderos –lugares donde cantan las aves en celo–.

En paralelo, el Gobierno de Aragón ha desarrollado un plan de restauración y mejora del hábitat del urogallo dotado con 2 millones de euros para el periodo 2021-2026, en el que ya se ha actuado sobre 330,35 hectáreas mediante tratamientos selvícolas y sobre otras 87 hectáreas con desbroces.

Estas actuaciones incluyen la reducción de la espesura forestal, la apertura de claros, la generación de madera muerta, la plantación de especies nutricias y la instalación de cajas nido y desbroces con el objetivo de mejorar las condiciones del hábitat para la especie.

Además, se han impulsado otras líneas de trabajo como el seguimiento genético de la población, el análisis del hábitat mediante herramientas de teledetección, el control de la depredación y la regulación de accesos en zonas sensibles como los cantaderos.

Los estudios realizados apuntan, asimismo, a que el urogallo selecciona preferentemente bosques de mayor altitud, con mayor diversidad estructural y una espesura intermedia.

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha anunciado que cederá suelo al Gobierno de Aragón para construir 400 viviendas en Arcosur y otras 200 en Parque Venecia en régimen de alquiler asequible, y tras salir a licitación podrán concurrir las empresas constructoras y en unos dos años estarían para entrar a vivir.

Estarán orientadas para que los jóvenes de Zaragoza puedan quedarse a vivir en su ciudad y en sus barrios a precios asequibles, ha precisado la alcaldesa, quien ha avanzado que esta cesión se aprobará este jueves por el Gobierno de Zaragoza y forma parte del convenio Más Vivienda suscrito con el Ejecutivo autonómico.

Estos suelos que se cederán están calificados como equipamiento de reserva sin uso, “al no tener uso se lo damos a lo que necesitamos, que son viviendas”, ha argumentado.

“Tenemos un plan de trabajo y de colaboración institucional y mientras haya un problema de vivienda seguiremos trabajando para solucionarlo. Esto no acaba aquí y mientras estemos gobernando vamos a seguir solucionando el problema de la vivienda y en colaboración con el Gobierno de Aragón”, ha subrayado.

En Arcosur, la parcela que se cederá tiene una edificabilidad de 33.500 metros cuadrados y permitirá la construcción de 400 viviendas, en torno a una media de 78 metros cuadrados cada una.

En Parque Venecia la cesión de suelo permitirá levantar 200 viviendas públicas con una edificabilidad de 15.000 metros cuadrados y también una media de cada piso de 78 metros cuadrados.

En rueda de prensa, Chueca ha explicado que se cede suelo de equipamiento que no ha sido utilizado y que desde hace muchos años lleva tiempo sin uso para hacer vivienda pública y ponerla al servicio de los ciudadanos. “Consolidamos una estrategia que ya está en marcha y que, sin duda, es de éxito, porque nos permite llegar a todos los distritos de Zaragoza para que todos los vecinos puedan quedarse a vivir en sus barrios, en sus distritos y en las calles en las que crecieron y nacieron”.

Con el plan Mas Viviendas con el Gobierno de Aragón, firmado hace dos años, el Ayuntamiento de Zaragoza pone a disposición los suelos que cede al Ejecutivo autonómico para que después de licitarlo se pueda seguir impulsando la construcción.

En total son 2.740 viviendas que tendrán un precio de alquiler entre 300 y 500 euros al mes y los adjudicatarios gestionan el alquiler por 75 años y luego los inmuebles vuelven al Gobierno de Aragón dado el carácter demanial de los suelos que la administración dispone de forma gratuita para garantizar la viabilidad de la operación y facilitar precios asequibles a los inquilinos, que en un 80 por ciento son jóvenes de 18 a 39 años.

Hasta la fecha están en construcción o se han lanzado los pliegos para un primer lote de 608 viviendas en Actur y Valdespartera, otras 640 en Miralbueno y Rosales del Canal, 496 en el Picarral y avenida de Cataluña, y 440 más en Parque Goya. A estas se suman las 600 de Arcosur y Parque Venecia.

Otra línea de actuación es la captación de fondos europeos que ha permitido lanzar 11 promociones en colaboración público-privada para 384 pisos. Todos se entregarán este 2026 y están entre el 50 y el 90% de ejecución, serán energéticamente eficientes y se localizan en San José --58 viviendas--, Las Fuentes --112--, Valdefierro --191-- y Arrabal --23--. La fórmula elegida es la colaboración público-privada mediante el derecho de superficie durante 50 años, prorrogable a 75 años aquellas destinadas a la VPA de conformidad con la normativa vigente que regula los programas de ayuda en materia de rehabilitación residencial y vivienda social.

La tercera línea que ha citado Chueca es el Plan Especial de Vivienda en Zamoray-Pignatelli, con 125 nuevas viviendas en el Casco Histórico. De todas ellas, 26 pisos ya están en construcción; otros 20 se obtendrán mediante rehabilitación de edificios sin uso, como es el caso de Pignatelli 43, Pignatelli 67 y Agustina de Aragón 6; y otras 79 viviendas se levantarán en distintos solares.

Todos estos proyectos los impulsa Zaragoza Vivienda, que asume el diseño, la inversión y la búsqueda de financiación mediante ayudas de otras administraciones. La estimación es invertir un total de 29.130.065,2 euros, a través de fondos propios municipales, si bien se buscará financiación a través de fondos europeos o estatales.

La cuarta línea es la que lleva a cabo Zaragoza Vivienda promoviendo diferentes fórmulas para aumentar el parque público edificatorio de alquiler asequible o social. Se han lanzado 32 viviendas de carácter social comunitario en Torrero, distintas operaciones para construir con fondos europeos 13 viviendas en El Arrabal, a punto de terminar y en este mismo distrito se hizo una permuta para otras 18 viviendas de una cooperativa.

A todo esto se suman las 37 proyectadas en Miguel Servet procedentes del convenio por los terrenos de Jesús y María, las 27 compradas en Oliver a un banco, o 18 promovidas más en Valdefierro y en la que se está estudiando su adjudicación mediante la fórmula de alquiler con opción a compra.

“Estoy muy orgullosa --ha enfatizado-- de constatar que el trabajo que estamos impulsando desde el Ayuntamiento, a través de la sociedad Zaragoza Vivienda, nos permite solucionar problemas reales a los ciudadanos y avanzar en la estrategia de vivienda pública más ambiciosa que se ha cometido nunca en la ciudad de Zaragoza”.

La alcaldesa ha expuesto todos estos datos durante una visita a una promoción de VPA en cesión de uso, mediante el formato de cooperativa, de 23 viviendas en la calle del Camino de Torrecillas, esquina con la calle de La Azucarera, en El Arrabal.

Estas obras han superado el 95 por ciento de su ejecución y se prevé que en junio de este año puedan entrar a vivir sus residentes. Estas 23 viviendas forman parte de las 384 de alquiler asequible que el Ayuntamiento de Zaragoza va a poner antes de final de 2026 en el mercado inmobiliario gracias a los Fondos Europeos Next Generation y cuyo programa completo que supone una inversión total en la ciudad de 56,3 millones, ha recordado la alcaldesa.

Este proyecto el único que se desarrolla mediante un formato de cooperativa, unas VPA en cesión de uso por 75 años. Son 23 viviendas con terraza, además de garaje y trastero, que en un 28,53 por ciento se financian con fondos europeos y que cuentan con una subvención de 841.653 euros y que ha construido la empresa Obras Especiales. El 71,47% restante del coste, 2.108.031,72 euros, corre a cargo de Torrecillas Azucarera Sociedad Cooperativa Aragonesa, que explota la concesión.

Es un edificio de cinco plantas, bajo y sótano, y la superficie de los pisos oscila entre los 48,75 y 80,90 metros cuadrados. De la primera a la cuarta planta habrá cinco viviendas por altura; y en la quinta planta habrá otras 3 viviendas.

El precio máximo al que se pueden alquilar es de 4 euros por metro cuadrado, al ser viviendas en cesión de uso, cuya cuota máxima mensual a abonar por los futuros inquilinos oscila entre los 341 y 566 euros.

Chueca ha comparado esta gestión en vivienda frente a las “políticas vacías del Gobierno de España” que lleva muchos años prometiendo vivienda pública para todo el país porque “Pedro Sánchez prometió miles y miles de viviendas y a Zaragoza nos ha llegado cero” porque ni siquiera están planificadas, ha precisado.

“No solo no son capaces de hacer lo que dicen que van a hacer, sino que además lo último que hemos visto del Gobierno de España es un desprecio absoluto hacia los zaragozanos porque frente a Cataluña, que le ha cedido suelo a través de la Sareb para construir 13.000 viviendas, a nosotros nos ha intentado no ceder, sino vender suelos de pastoreo, lo cual es un agravio comparativo y un insulto a todos los zaragozanos”, ha criticado.

Cuando se cumplen justo dos meses de las elecciones autonómicas del 8 de febrero en Aragón, representantes del PP y Vox han celebrado este miércoles en Zaragoza la primera reunión física de primer nivel. Y lo cierto es que, a menos de cuatro semanas de que el calendario marque el adelanto electoral, los avances son mínimos. De hecho, la conversación se ha limitado a “cuestiones conceptuales”. Las temáticas han sido cuatro: vivienda, inmigración, seguridad y fiscalidad. Tampoco hay una nueva reunión cerrada por ahora.

Así lo han dado a conocer los portavoces para la ocasión de ambas formaciones: por el PP, la vicepresidenta en funciones, Mar Vaquero; por Vox, su máximo representante en Aragón, Alejandro Nolasco, escoltado ante los medios por el portavoz nacional de Economía y Energía, José María Figaredo, y el portavoz nacional de Vivienda, Carlos Hernández Quero. En la sala de reuniones del hotel Zeltral AVE de la capital aragonesa han estado asimismo presentes, por los populares, los consejeros autonómicos en funciones de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro; el de Fomento, Octavio López, y también Marta Varela, jefa de gabinete del presidente del PP, Alberto Núñez-Feijóo, única voz física de Génova, con el secretario general de los populares, Miguel Tellado, por videoconferencia. Por Vox ha asistido también la secretaria general adjunta del partido, Montserrat Lluis.

El tono de la reunión, según han declarado posteriormente a los medios, ha sido positivo y permite aventurar, siempre según su versión, un desenlace en forma de acuerdo. Aunque el reloj corre.

“Hay una voluntad de acuerdo podría llegar a materializarse siempre y cuando Génova no ponga palos en la rueda”, ha expresado el portavoz de la extrema derecha en Aragón.

“Hay una voluntad de acuerdo podría llegar a materializarse siempre y cuando Génova no ponga palos en la rueda”, ha expresado el portavoz de la extrema derecha en Aragón. Nolasco ha insistido en el mensaje de las últimas semanas: trabajan con la “máxima discreción posible” y negocian “medida a medida”. “Lo importante es qué es lo que vamos a cambiar, no el reparto de carguitos”, ha apuntado, sin querer avanzar hasta qué punto el PP ha aceptado o no los postulados ultras en cuestiones como la inmigración o la seguridad.

Ni fechas o plazos y tampoco nuevas reuniones a la vista, al menos por ahora: “Supongo que en los próximos días, seguramente la siguiente semana”, ha aventurado Nolasco al respecto, que al menos sí que ha dejado claro que aspiran a “entrar en los gobiernos”: apuntar lo contrario, ha afirmado, es generar “bulos y desinformación”.

Por su parte, José María Figaredo ha destacado la “buena sintonía” con los representantes del PP y ha considerado que “las sensaciones son muy buenas”. “Tenemos un razonable optimismo en que llegaremos a un acuerdo”, ha incidido. Para ello, también de nuevo, hay que “evitar la contaminación de Génova”.

Desde las filas populares, Vaquero ha admitido que en el encuentro se han limitado a debatir “de cuestiones conceptuales” en las que “hay que profundizar”. “Sí que podemos decir es que es un ambiente totalmente cordial, proclive a llegar a ese acuerdo”, ha declarado al menos la vicepresidenta en funciones, que no ha querido entrar en más “detalles”.

Respecto de las críticas de Vox a Génova, ha manifestado que ya lo han escuchado “en otras ocasiones” y ha dejado claro que para el PP aragonés la intervención de la dirección nacional del partido “no es ningún obstáculo”, sino que “entra dentro de la normalidad”.

La silueta de la fábrica de Inquinosa en Sabiñánigo se alza todavía hoy como un recordatorio persistente de uno de los mayores desastres industriales de Europa. Lo que en su día fue el epicentro de la producción de lindano es hoy un esqueleto de hormigón y hierro que, pese a los planes de las administraciones, se resiste a desaparecer. El proceso para borrar esta 'zona cero' de la contaminación sigue siendo un camino tortuoso tras más de tres décadas, marcado por la complejidad técnica y un baño de realidad presupuestaria que ha transformado una promesa de derribo inminente en un desafío de décadas.

El proceso de desmantelamiento, tras años de avances comedidos como el control de vertederos de Bailín y Sardas, comenzó a acelerarse en agosto de 2020, cuando el Gobierno de Aragón, entonces con el socialista Javier Lambán al frente, declaró la urgencia para la expropiación forzosa necesaria para llevar a cabo las obras de acceso a la antigua fábrica de Inquinosa, en Sabiñánigo. La superficie ocupada por la antigua fábrica también fue declarada como “suelo contaminado”.

Hasta ese momento, la gestión de la ruina estaba hipotecada por la logística: el único acceso era un camino privado de la empresa Ercros, lo que obligaba a trámites diarios que ralentizaban cualquier labor de mantenimiento.

La construcción de este nuevo acceso, finalizada en junio de 2023 con una inversión de 660.000 euros, fue recibida con entusiasmo por el Consistorio. La alcaldesa de Sabiñánigo, Berta Fernández, destacaba entonces la importancia de este paso previo y señalaba que el vial no solo facilitaría el tránsito de maquinaria pesada para el desmantelamiento, sino que en el futuro quedaría integrado en el entramado urbano para ampliar el polígono de Aurín. Hoy, sin embargo, el vial está cerrado y sin uso. La alcaldesa explica que se construyó para acceder a la fábrica y no atravesar el casco urbano y además había un proyecto avanzado de desmantelamiento con un presupuesto de casi 6 millones de euros.

Sin embargo, tras la euforia de la inauguración del vial en 2023, las cifras empezaron a ensombrecer el calendario. Aunque Aragón ya ha destinado más de 85 millones de euros a la lucha contra el lindano desde la década de los 90, el consejero de Medioambiente en funciones, Manuel Blasco, descartó el proyecto en 2025 al ser preguntado en una sesión de control en las Cortes de Aragón y se escudó en un informe técnico de 2016 que cifraba en más de 500 millones el coste para revertir definitivamente toda la contaminación y un plazo de 25 años.

Actuaciones quirúrgicas

A pesar de que en 2023 se presupuestaron 6 millones de euros para avanzar en los trabajos, actualmente el proyecto se ha fragmentado en actuaciones quirúrgicas, como derribos parciales de edificaciones menores, como los vestuarios, que además de lindano contenían amianto y la contención hidráulica que trata de evitar que la contaminación llegue al río Gállego, incluyendo la redacción de proyectos para crear barreras hidrogeológicas y tratar las aguas pluviales antes de que se filtren al subsuelo. Además, se aplican ensayos de 'biorremediación' (uso de microorganismos para limpiar el suelo) con la esperanza de aplicarlos a gran escala. Se están invirtiendo 1,2 millones de euros en seguimiento hidrogeológico y barreras para proteger el agua del río Gállego, garantizando el suministro a las poblaciones de aguas abajo.

La UE aprobó en 2024 un proyecto liderado por Aragón para la descontaminación del lindano, por el que la comunidad aragonesa contará con 400.000 euros para este proyecto que pretende avanzar en la aplicación de técnicas biológicas de descontaminación de suelos. La pasada semana los diez socios europeos del proyecto Naturem para la descontaminación de residuos de lindano que lidera Aragón mantuvieron la última reunión en la que la alcaldesa de Sabiñánigo participó telemáticamente y en la que se comparten avances y técnicas innovadoras mediante una red colaborativa.

La alcaldesa de Sabiñánigo valora positivamente la investigación para la mejora de los suelos con bacterias que degradan los residuos que ya no se pueden trasladar con técnicas ya utilizadas, así como los trabajos de cambio de lámina que protegía las balsas de los vertederos. No obstante, Berta Fernández, lamenta que siguen “sin fecha para el desmantelamiento” y que no saben “cuándo seguirán los trabajos para seguir descontaminando”. A la regidora municipal le gustaría avanzar más rápido en todos los procesos, pudiendo compatibilizar algunos proyectos como el del estudio de suelos y el desmantelamiento. “Me gustaría ver una apuesta más decidida que actualmente no veo y hay que derribar la fábrica que está en pleno casco urbano. Nosotros dimos la cara y queremos cerrar este capítulo que ha marcado a la localidad”.

Calendario futuro

Tras el derribo del edificio de vestuarios en 2025, ya que se encontraba en riesgo de derrumbe por la caída de un árbol, las barreras que se van a poner en funcionamiento, tanto en Sardas como en Bailín en 2027 son barreras biorreactivas con bioestimulación con bacterias autóctonas.

En 2026-2027 se está trabajando en el estudio de los tecnosuelos (suelos artificiales con suelos afectados y residuos de los emplazamientos -como sedimentos de las balsas de escorrentía y carbón activo agotado- y otros productos de bajo valor económico), con una triple finalidad: restauración paisajística, descontaminación de suelos y rocas y reducción de escorrentías del vaso viejo de Bailín.

Según el Gobierno de Aragón, por el momento se están analizando varios aspectos por separado: análisis de biodisponibilidad de material particulado, tolerancia de especies vegetales a distintas concentraciones de HCH, ensayo de nascencia, ensayos de infiltración-capilaridad, etc. Está previsto que en 2027 se pueda iniciar algún piloto de campo en suelos.

Marco legal europeo exigente pero no determinante

En este contexto, el papel de la Unión Europea ha sido relevante, aunque no determinante en términos de solución final. La normativa comunitaria obliga a controlar y reducir la presencia de contaminantes peligrosos como el lindano, especialmente a través de directivas como la del agua o la regulación sobre contaminantes orgánicos persistentes. Estas normas exigen a España garantizar que masas de agua como el Gállego alcancen un buen estado químico y evitar nuevas emisiones de sustancias peligrosas. Sin embargo, no existe una orden concreta que obligue a eliminar completamente la contaminación histórica en un plazo determinado. El enfoque europeo se centra en la prevención, el control y la mejora progresiva, no en la resolución inmediata de problemas heredados de décadas anteriores.

Donde sí ha tenido un impacto claro es en la financiación y en el impulso a la investigación. Los proyectos europeos han permitido desarrollar tecnologías y adquirir conocimiento que difícilmente se habrían conseguido únicamente con recursos propios. Aun así, ese apoyo no sustituye la necesidad de una intervención sostenida por parte de las administraciones nacionales y autonómicas.

El proyecto NATUREM, desarrollado en el marco del programa Interreg Europe, tiene como objetivo principal mejorar las políticas públicas de gestión de suelos contaminados mediante el uso de soluciones sostenibles basadas en la naturaleza. Para ello, reúne a una red de socios europeos formada por el Gobierno de Aragón (España), como entidad líder, junto con regiones y organismos de distintos países, entre ellos Sajonia-Anhalt (Alemania), Île-de-France (Francia), Yugozapaden (Bulgaria), Helsinki-Uusimaa (Finlandia), la región de Bohemia del Sur (República Checa) y la administración ambiental de Macedonia del Norte, además de otros organismos regionales y agencias especializadas hasta completar una decena de participantes.

A través de esta cooperación internacional, el proyecto busca intercambiar conocimientos, desarrollar experiencias piloto y fomentar técnicas como la biorremediación y la fitoremediación, con el fin de sustituir o complementar los métodos tradicionales, más costosos y menos sostenibles.

De este modo, NATUREM contribuye a la restauración de los suelos contaminados, la protección de la salud humana y el avance de las estrategias ambientales de la Unión Europea a largo plazo. En este contexto, el caso de Sabiñánigo se convierte en un ejemplo clave dentro del proyecto, ya que su grave problema de contaminación por lindano sirve como referencia para aplicar y evaluar estas nuevas soluciones, al tiempo que se beneficia del intercambio de experiencias con otras regiones europeas que enfrentan desafíos similares.