Todo empezó en Albacete, ciudad en la que nunca suele empezar nada.

El pasado martes 9, Día Internacional del Laicismo y la Libertad de Conciencia, de repente, mientras sonaba el burrito sabanero de Bisbal a toda pastilla, apareció por la calle Ancha una muchedumbre vociferante que gritaba: “¡Arrepentíos, pecadores! ¡Ha llegado el fin del mundo! ¡La Virgen de los Llanos ha sido destronada!”.

En efecto, el mismísimo alcalde, Manuel Serrano, sostén y títere de la extrema derecha más esperpéntica, había sacado la imagen del ayuntamiento en brazos y la había depositado en la escalinata de la catedral, de donde, según sus propias palabras, “nunca debió salir”. Las muestras de histeria colectiva se multiplicaron. Unos se disciplinaban las espaldas con los cinturones, otros se golpeaban el pecho, no pocos se hincaban de rodillas y miraban al cielo esperando al dragón del apocalipsis… Todo se agravó cuando los concejales socialistas publicaron un documento por el que se comprometían a no asistir a ceremonias religiosas “por representar una conducta discriminatoria hacia el resto de confesiones y opuesta a la necesaria neutralidad que las instituciones deben mantener al respecto”. Mucha gente entró definitivamente en pánico. Entre tanto, muy astutamente, Nieves Navarro, concejala de Unidas Podemos, tapió la capilla municipal por si acaso los susodichos representantes públicos recibían una contraorden, o sufrían otro sinapismo y cambiaban de opinión.

Pero la conmoción no quedó circunscrita a Albacete. Ni más ni menos que García-Page, monaguillo honorario del Arzobispado de Toledo, declaró ese mismo día que había decidido no participar nunca más en la procesión del Corpus, “aunque el Niño Jesús llore y probablemente me castigue”.

Poco después, durante la sesión de control al gobierno, Pedro Sánchez afirmó en el Congreso que “la religión saldrá definitivamente del sistema educativo antes de que acabe la legislatura”, porque “el objetivo fundamental de la educación es fomentar el pensamiento crítico, no el pensamiento mágico”. “En cualquier caso”, añadió, “los padres que lo deseen pueden llevar a sus hijos e hijas a catequesis y manipular su conciencia a su antojo en el ámbito privado”. Sorprendentemente, Núñez Feijóo, líder de la oposición mientras Díaz Ayuso lo consienta, corroboró: “Por una vez estamos de acuerdo con usted, señor Sánchez, al césar lo que es del césar, y a Anotop At lo que es de Anotop At. Es más, el Estado debe dejar de ser el recaudador a domicilio de la Iglesia Católica. Las iglesias, incluyendo la del Espagueti Volador, se deben sostener por sus propios medios”.

Desde luego, nunca se había visto nada igual. Todos los cargos públicos que hasta entonces se habían distinguido por su papanatez o su manifiesta ambigüedad, ahora defendían la separación iglesia-estado como paladines. Pronto se empezó a especular en las calles, en las cafeterías, en las tertulias radiofónicas… ¿Qué había sucedido? ¿Qué demonios había provocado un giro tan copernicano? Algunos analistas apuntaban a una actualización espontánea en un sentido democrático del pensamiento político español, o sea, a una especie de mutación cognitiva. Pero eso no parece muy probable a la vista de las actuales tendencias mundiales.

Otros, basándose en el testimonio de varios testigos que afirman haber visto a miembros de círculos laicistas albaceteños rociar con esprays los alrededores de la casa consistorial, comenzaron a hablar de ataques bacteriológicos con algún tipo de virus de origen volteriano. “Se trataba de un aroma delicioso e irresistible que te volvía así como incrédulo”, explicaron algunos de ellos. En cualquier caso, los y las responsables de Europa Laica se muestran encantados: “No sabemos cómo se ha producido el 'milagro' pero, de cualquier modo, celebramos que por fin se extirpe el nacionalcatolicismo de nuestras instituciones. La Transición solo se cerrará cuando se exhumen los más de 100.000 cadáveres que siguen en fosas comunes, la ciudadanía pueda elegir entre monarquía o república y ninguna confesión parasite al Estado”.

Por desgracia, no queremos ser aguafiestas, pero parece ser que los efectos del virus volteriano son pasajeros. Fuentes bien informadas nos aseguran que, desde que las encuestas lo señalan como el líder más valorado entre los votantes de derecha, el presidente regional no ha dejado de levitar por los pasillos de Fuensalida como hacen los místicos y las místicas, o los flipados y las flipadas. Así es que…

*El Colectivo Puente Madera está formado por Esteban Ortiz, Vanessa Pérez, Elías Rovira y Javier Sánchez.

Juanjo Picó (Valencia, 1950) es presidente de Europa Laica, una organización que promueve la libertad de conciencia en todos los ámbitos y aglutina a 1.500 socios en toda España que contribuyen al sostenimiento de una entidad que acaba de cumplir 23 años de existencia. Picó es ingeniero de Telecomunicaciones y antes de la Presidencia ostentó la secretaría de Comunicación, lo que le ha hecho recorrer el país haciendo una didáctica del laicismo, tarea que sigue realizando semana a semana. Ha dedicado prácticamente toda su vida al activismo social, en torno siempre a los derechos humanos y la justicia. Las creencias, y en concreto el papel de la Iglesia católica, siempre han formado parte de su background político, de su activismo.

Nada más empezar la entrevista, momento antes de impartir una charla en la librería La Vorágine de Santander, Picó deja claro qué no es el laicismo: “Hay que dejar claro que no es un tema religioso, ni de ateísmo, ni de nihilismo, sino precisamente de tener unos valores democráticos muy firmes”. Ello no impide recordar que, cuando se cumplen 45 años de la firma del Concordato España-Santa Sede, el papel de la Iglesia católica en España y sus privilegios siguen siendo el caballo de batalla de la laicidad en España.

¿Hasta qué punto Europa Laica tiene capacidad de influencia con quienes toman las decisiones?

La relación es difícil y claramente desmotivante. Las fuerzas democráticas progresistas que están llamadas a defender el laicismo como principio democrático como puede ser el Estado de Derecho...

Viene en la Constitución...

En la Constitución solo se dice que el Estado no tiene religión oficial. Las relaciones con los partidos políticos, como decía, son defraudadoras, porque el laicismo no está en la agenda política. Lo tienen aparcado desde la Transición. Hubo entonces un acuerdo sub iudice de no tocarlo y ha permanecido. Para el Partido Socialista, que es quien tiene más poder a este respecto, el laicismo incluso lo ha llevado en programa electoral y de gobierno... Pero después ha quedado en agua de borrajas.

El laicismo no está en la agenda política de las fuerzas progresistas. Lo tienen aparcado desde la Transición

¿No se ha avanzado estos años entonces?

Ha habido pequeños avances en la libertad de conciencia. El hecho de aprobar una Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo o la Ley de Eutanasia han sido posibles y hay que reconocerlo. Pero en lo que toca a la separación Iglesia-Estado, de los privilegios eclesiásticos, no hay manera. Por no hablar de algo muy sangrante para nosotros como es la vulneración de los derechos del menor en la escuela. En los acuerdos con la Santa Sede está la obligación de incluir la asignatura de Religión en el currículo de las escuelas, eso sí, como opción para los estudiantes o sus padres.

Entonces, ¿cómo se puede valorar la situación actual?

La relación con el poder institucional, mala. Y desde luego, en el actual Gobierno de coalición, cero, porque ya no aparece ni en el programa de gobierno que firmaron PSOE y Sumar.

¿Que no se incluya en la agenda del gobierno es por algún temor a la repercusión electoral, a la reacción de poderes fácticos?

Se juntan una serie de temas. Lo primero es que no hay voluntad política porque cuando hay voluntad política no pasa nada. De hecho les hemos felicitado que la toma de posesión [de los miembros del nuevo Gobierno] fuera laicista, sin crucifijos ni biblias. Y no se cayeron las columnas del templo. Lo mismo cuando se hizo un funeral de Estado completamente cívico por las víctimas de la pandemia. Después, cuando se baja al nivel municipal, ahí se nos abren las carnes porque ahí no hay una cultura sobre este tema, existen unas tradiciones. Desde abajo, por lo municipal, ni por arriba, en el Congreso, hay una receptividad a este tema.

Eso a nivel político, pero ¿a nivel sociológico?

Irá cayendo, porque existe un dato inequívoco: la secularización que existe en la sociedad española, ese desapego cada día mayor, sobre todo en la juventud, de que lo religioso no forma parte de las normas de vida, va a ir calando. Mientras cala, la Iglesia sigue manteniendo una serie de privilegios: IRPF, exenciones fiscales, inmatriculaciones, un gran expolio patrimonial...

La secularización de la sociedad española, ese desapego cada día mayor, sobre todo en la juventud, va a ir calando, aunque la Iglesia sigue manteniendo una serie de privilegios: IRPF, exenciones fiscales, inmatriculaciones, un gran expolio patrimonial...

¿Puede cuantificarse el alcance del “expolio”'?

La iglesia se ha quedado ilegítimamente con más de 100.000 bienes inmatriculados desde 1946 y hoy en día es propietaria, al menos titular, de más del 80% del patrimonio histórico-cultural de España y eso un país no se lo puede permitir. Y esto ha sido con un Gobierno socialista, que ha llegado a un pacto con una organización que es un poder fáctico. La Iglesia católica es la Corporación católica: empresas, editoriales, fundaciones, chiringuitos, inversiones... Lo público no puede estar mediatizado por las creencias, que son privadas, ni por los privilegios.

¿Considera que la Iglesia católica es un escollo en el desarrollo de este país?

Depende como se mire. La Iglesia ha modulado la moral pública y privada de este país durante siglos y bien que se agenció, cuando la Transición, los acuerdos con la Santa Sede, amarrando los dos temas que quería amarrar: el ideológico, la conciencia de las almas, con la educación; y su propia financiación. A partir de ahí, está claro que la Iglesia es una rémora para la sociedad.

¿Está madura la sociedad para resituar el papel de la Iglesia católica?

Hay elementos que apuntan a que hay un sentimiento social, no recogido políticamente. En asuntos como la financiación de la Iglesia yo creo que hay un sentimiento mayoritario de que se tiene que autofinanciar. En los acuerdos con la Santa Sede se recoge el compromiso de autofinanciarse, pero han pasado 45 años desde 1979 y no se autofinancia. Pero nuestro foco no es la Iglesia, nuestro foco es el poder político, que no ha hecho cumplir esa obligación.

¿Está cuantificado el importe de las exenciones fiscales de la Iglesia?

Hay exenciones del IBI [Impuesto de Bienes Inmuebles] que están rozando los límites de la legislación de la Unión Europea sobre ayudas de Estado. En la educación, lo vemos más difícil, porque está muy implicada la enseñanza concertada y todavía hay padres que consideran la educación pública un demérito.

Volviendo al dinero, ¿se puede cuantificar el total de la financiación estatal de la Iglesia por todos los conceptos? Hace unos momentos cifraba en 100.000 los bienes que han sido inmatriculados desde los años 40.

Hay una falta de transparencia total al respecto por parte de la Iglesia católica. La Administración debe ser valedora y garante del destino de los dineros públicos. Y ahí hay también muy poca transparencia.

¿Europa Laica tiene sus propias cifras?

Hace ya unos años hicimos un estimación y empezamos a cuantificar con mejores fuentes de información. Pensamos que, anualmente, el Estado subvenciona a la Iglesia con 12.000 millones de euros, como mínimo, una cantidad brutal. Los 360 millones de euros del IRPF es la punta del iceberg. Ahí está la enseñanza concertada, los sueldos de los profesores de Religión y de los capellanes castrenses, las subvenciones a la cuestión sanitaria y asistencial, al mantenimiento del patrimonio, a los eventos especiales... La Corporación católica está exenta de todos los impuestos, excepto el IRPF, el IVA, y últimamente el impuesto de obras y construcciones. Europa Laica estaría gozosa de que la dijeran que estas cifras no son ciertas porque sería la manera de obtener transparencia.

En materia de patrimonio religioso, ¿la clave es que la titularidad es privada y no del Estado como ocurre en Francia, por ejemplo? ¿Se podría reclamar la titularidad pública de ese patrimonio?

No me tires al monte, que vamos mal [Ríe]. Es tan difícil que, de poder declarar inconstitucionales las inmatriculaciones, al menos desde 1978 hacia acá, el Gobierno no quiera saber nada y las ha dado por buenas. Hay que darle salida a esto. En Portugal, incluso durante la dictadura de Salazar, se llegó a un acuerdo con el Vaticano para que las catedrales fueran del Estado. ¿Qué pasaría si se quemara la catedral del León como se quemó Nôtre-Dame? Europa Laica dice que el Estado debería estar ahí porque es un bien para todos, pero lo que no tiene ningún sentido es que la titularidad, que es de raíz religiosa y siempre del pueblo, esté en manos privadas. En su gestión, en su uso y en su explotación. De memoria, unos siete millones de ingresos por explotación [ventas de entradas]. Y además es dinero negro. No tributa y ni siquiera se declara. Ha habido un expolio ilegítimo y lo malo es que, desde la progresía, se ha hecho caso omiso de eso.

¿Qué propuestas han presentado al respecto?

El Gobierno tiene encima de la mesa una modificación de la Ley de Patrimonio Histórico, articulada incluso.

Europa Laica, organización de ámbito nacional para la defensa de la laicidad, se presentará en Cantabria este jueves en la librería La Vorágine, de Santander (Calle Cisneros, 69), a partir de las siete y media de la tarde. Tras la presentación, impartirá la charla '¿Hasta cuándo los acuerdos de 1979 con la Santa Sede?'.

Europa Laica es una organización activa en toda España que defiende la laicidad del Estado y sus instituciones.

El acto estará protagonizado por el presidente de la organización, Juanjo Picó. Consistirá en una charla sobre la labor que la asociación lleva desarrollando desde hace más de 20 años en todo el Estado y que ahora quiere tener una presencia mucho más activa en la Comunidad.

El Ayuntamiento de Albacete, ahora en funciones con gobierno de PSOE y Ciudadanos, ha finalizado el procedimiento para entregar la polémica parcela de suelo dotacional público al Obispado de Albacete. Son más de 2.000 metros cuadrados de suelo y está valorada en más de un millón de euros. Está situado en el barrio de Imaginalia de la ciudad.

Se trata de una controvertida decisión que ya fue recurrida por el Grupo Municipal de Unidas Podemos durante su tramitación administrativa, que presentó alegaciones y recurso preceptivo frente a la publicación del edicto de cesión de este solar. El recurso se oponía a la cesión porque la administración debería “garantizar la laicidad del Estado que establece la Constitución y eso significa que con sus actuaciones no debe beneficiar a ninguna confesión”.

Ahora, una vez entregada la parcela, se suma la organización Europa Laica con un recurso contencioso-administrativo al considerar que la decisión del Ayuntamiento y el acto de cesión “vulneran la aconfesionalidad del Estado”.

En el escrito esta asociación pide la reprobación del expediente de la Junta de Gobierno Local por la que se aprobó la concesión directa de este suelo. Argumenta que ninguna entidad de carácter particular, de naturaleza ideológica, religiosa u otra, puede recibir un trato diferente de las administraciones públicas, que el derecho público “no debe reconocer institucionalmente a las religiones” y que el Ayuntamiento no ha cumplido con estos preceptos.

“¿Por qué se le debe privilegiar de esta manera a una organización en particular?”

Europa Laica ya criticó duramente esta decisión cuando se aprobó en el Consistorio municipal. “El Ayuntamiento lo plantea como una concesión directa. ¿Por qué se le debe privilegiar de esta manera a una organización en particular? Es mucho suelo público el que el Ayuntamiento le ha dado”, denunció en su momento Fernando Cuartero, coordinador de Albacete Laica-Europa Laica.

Esta organización recuerda igualmente que el Obispado de Albacete ya ha recibido en muchas ocasiones diferentes suelos públicos de forma gratuita y considera que esta concesión se debería haber realizado por licitación y no por un procedimiento administrativo.

“No está justificado este trato de favor. Lo primero que deberían hacer es justificarlo para saber por qué los servicios sociales deben privatizarse en organizaciones. Además, si el Ayuntamiento deja llevar a cabo esas funciones, lo que deberían hacer los servicios públicos municipales es saber si van a ser servicios privados, si se decide hacer así, privatizarlos, que por lo menos haya competencia”, afirmó en su momento Fernando Cuartero.

El tradicional ‘miércoles de ceniza’ que se celebra con motivo del Carnaval ha generado revuelo en la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM). Varios profesores de esta institución académica han denunciado la convocatoria de esta celebración religiosa en la Facultad de Derecho del Campus de Albacete. Concretamente, el docente Fernando Cuartero, en nombre de la Asociación por la Defensa de una Universidad Pública y Laica (UniLaica) y como miembro de Europa Laica, ha remitido una carta al gerente del campus con motivo de la convocatoria del evento religioso.

En esta misiva afirma que como miembro de la comunidad universitaria tuvo acceso a la convocatoria del acto para unas actividades de una confesión religiosa. Considera que estos rituales confesionales y de índole privada, “jamás deberían realizarse en los espacios públicos, que por definición son de todos, que corresponden a las instituciones públicas, y que violan el principio de la aconfesionalidad del Estado recogido en la Constitución Española.

Según refiere el pasado miércoles se celebró, de acuerdo con la Diócesis de Albacete, un acto religioso de carácter católico en el Salón de Actos de la Facultad, consistente en el rito de la imposición de la ceniza. A este respecto, recuerda que los Estatutos de la Universidad garantizan “la neutralidad ideológica (y, por tanto, religiosa)” de las autoridades académicas.

Concretamente, los Estatutos de la UCLM establecen el principio de pluralismo ideológico en sus principios rectores, y también el derecho del alumnado, el profesorado y todo el personal a no ser discriminado por razón de nacimiento, origen racial, idioma, sexo, religión, opinión, edad, discapacidad y orientación sexual, entre otros preceptos.

Desde UniLaica consideran que se trata de un acto que “atenta directamente contra el principio de neutralidad ideológica” de la Universidad. Y pide el profesor Fernando Cuartero, como miembro de la Junta de la Facultad de Derecho de Albacete, que el decano de la Facultad sea “reconvenido” por haber “infringido el principio de neutralidad ideológica (religiosa)” de la UCLM. También quiere que se le comunique la imposibilidad de utilizar un recinto académico para un acto religioso, “hecho que atenta contra los derechos a la libertad religiosa e ideológica del que suscribe”.

Prácticas supersticiosas en el “templo del saber”

Cuartero destaca que el hecho es aún más grave al tratarse de una universidad pública, “el templo del saber”, en donde “no deben tener cabida estas prácticas supersticiosas de rituales medievales incompatibles con la función pública de de la universidad que le es propia”.

“Entiendo que la universidad tiene un carácter de servicio público, y también puede entrar dentro de lo aceptable el uso de sus recursos por parte de otros miembros de la sociedad. Ahora bien, eso tiene un procedimiento reglado”, añade en su carta. Solicita así saber si se ha solicitado el uso del mencionado espacio siguiendo el Reglamento de uso de los espacios de la UCLM, elaborado por el Vicerrectorado de Innovación, Empleo y Emprendimiento, y en particular “si se han pagado las correspondientes tasas” que aparecen en la página 7 del listado de Precios y tarifas por arrendamiento de instalaciones y prestación de servicios, de julio de 2022.

El ‘miércoles de ceniza’ es un día santo para la Iglesia Católica, precedido por el martes de Carnaval, y es la primera jornada de la cuaresma, el periodo de seis semanas de “penitencia” antes de Semana Santa. La ceniza, cuya imposición se realiza mayoritariamente en la frente en forma de cruz, constituye el rito característico, que se obtiene tradicionalmente de la incineración de los ramos bendecidos del año litúrgico anterior. 

Preguntado al respecto de esta queja de los docentes de Albacete, desde la Institución académica no han hecho valoraciones hasta el momento de publicación de esta información.

Europa Laica ha remitido un escrito a la Junta de Castilla-La Mancha en el que manifiesta sus críticas por hacer una “excepción” a los actos religiosos de las fiestas patronales en su nuevo decreto de restricciones por el aumento de contagios de coronavirus. Según afirma, esto supone un “trato de privilegio” a celebraciones católicas. Recuerda esta organización que el artículo 14 del citado decreto establece la suspensión de fiestas, verbenas y otros eventos populares, pero “no se consideran afectadas por esta suspensión las celebraciones religiosas que estuvieran relacionadas con las fiestas patronales”

Por ello, Europa Laica dice no entender que pueda haber una excepción a eventos y celebraciones religiosas relacionadas con las fiestas patronales, “incluso contradiciendo el propio decreto”. “Si la cuestión no fuera tan seria, daría lugar a ironías diversas, que de momento, no las expresamos. Además del texto se deduce que se refiere, exclusivamente, a celebraciones católicas, lo que conllevaría un hecho aun más grave, ya que supone una discriminación con respecto a la diversidad y pluralidad de creencias”.

“En un Estado constitucionalmente no confesional no tiene por qué haber un tratamiento de privilegio para determinadas ideologías, por muy respetables que están sean, como son las creencias individuales de las personas”.

Se refiere igualmente al hecho de que la Asociación de Abogados Cristianos anunciara la semana pasada una querella contra el consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, por haber suspendido “la actividad religiosa de cualquier tipo” en el caso del confinamiento de Villamalea. Cree Europa Laica que si esta ha sido la causa por la que se hace esa excepción en el nuevo decreto, es un “enorme desatino” y por el mismo motivo podría querellarse esta asociación, “en momentos de tantísimo sufrimiento y de tantísimas incertidumbres que amenazan a la salud y a la economía”.

Pide por ello a la Junta que rectifique este “grave error”. “Hechos de esta naturaleza están más cercanos al pasado, que al siglo XXI, en el marco de una sociedad altamente secularizada y en donde a todas las creencias y convicciones se les ha de tratar por igual”, concluye. 

Con motivo del Día Internacional del Laicismo, la organización Europa Laica hizo público el pasado 9 de diciembre una declaración en la que quedaba reflejado el temor de las personas y organizaciones progresistas y laicas frente al ascenso de la ultraderecha, el conservadurismo y el ultracatolicismo en el marco de la Unión Europea. La influencia de estas fuerzas políticas supone un retroceso gigantesco en el reconocimiento y la aplicación de los derechos conquistados o en proceso de alcanzar, como son el de igualdad y el de libertad de conciencia. Se trata de una fecha, el 9 de diciembre, inspirada en la Ley de Separación de las Iglesias y el Estado, aprobada en Francia ese día de 1905, y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la ONU el 10 de diciembre de 1948.

Ahora más que nunca, cobra en España importancia esa declaración de Europa Laica. Ahora que los ultracatólicos que vivían en el PP (de la cuerda de Ana Botella y sus Legionarios de Cristo, o de la cuerda de los kikos) se han quitado la máscara de la falsa moderación y los espinosas y las monasterios y los ortegaesmices se han hecho un hueco (lo venía abriendo también Hazte Oír) que busca ser brecha en terrenos de enorme trascendencia, como son la educación o los privilegios de la Iglesia católica. En este sentido, en defensa de la laicidad y la libertad de conciencia que recoge y protege la Constitución, la declaración laica expresa la necesidad de denunciar y derogar los Acuerdos de 1979 con la Santa Sede, así como los de 1992 con otras confesiones. Exigen, pues, el cumplimiento de estas medidas, dado que ambas han sido incluidas en los programas electorales de, al menos, el PSOE y Unidas Podemos, formaciones que parecen estar más cerca de llegar a gobernar juntas.

La declaración pide una escuela pública y laica, libre de peligrosos adoctrinamientos para la formación de las nuevas generaciones y que no suponga la desigualdad que fomenta la escuela católica financiada con el erario público. Parece que comenzar una nueva década del siglo XXI es el momento propicio para que una sociedad que se quiera avanzada, libre y justa, una sociedad democrática de hecho, asuma presupuestos tan básicos para el desarrollo de su convivencia. Tal y como recuerdan, ya nuestra Segunda República aprobó, también un 9 de diciembre, en 1931, una Constitución de inequívoco carácter laico, por lo que no parece históricamente sostenible que sigamos anclados en la peligrosa involución posterior. Los privilegios económicos y fiscales de la iglesia católica en España son la quintaesencia de esa involución, junto con su poder educativo. Tengamos presente que el adoctrinamiento ultracatólico significa deformar a las personas en formación, abandonar la ética de nuestro tiempo y fomentar el machismo, la homofobia, la xenofobia, la cultura que se aleja de los valores para la ciudadanía y fomenta el odio y la violencia.

El gobierno que pueda salir del acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos hecho público a poco más de un día de acabar esta década debería tener muy presente para su desempeño el perfil del futuro que dibuja Europa Laica. Para que sus políticas sean feministas de verdad, para que la educación no solo no segregue por sexos sino que deje de ser sexista o para que acaben de una vez por todas, con un gobierno de izquierdas, los privilegios de la iglesia católica en un Estado que ya es aconfesional y al que conviene avanzar hacia el laicismo. Para todo ello y, por tanto, para frenar el fascismo ultracatólico que vuelve, de manera inconcebible a estas alturas de nuestra historia, como una amenaza a las libertades individuales y colectivas. Lo exige esta nueva década del siglo XXI. Y el Gobierno inminente deberá estar a la altura.

'La trampa de los feminismos religiosos', bajo este título la Red Feminista de Albacete y Europa Laica han organizado esta jornada enmarcada en los actos del Día Internacional del Laicismo y de la Libertad de Conciencia, que se están llevando a cabo esta semana en Albacete, para celebrar “una diversidad igualitaria y garante con los derechos humanos y una sociedad libre de influencias religiosas públicas”.

En concreto, esta jornada celebrada en el Ateneo, ha estado impartida por Raquel Ortiz, de Valencia Laica, Elena de la Vara, miembro de la Red Feminista de Albacete y por Mimunt Hamido, activista feminista y laicista de orígenes rifeños, nacida en Melilla, de gran trayectoria en la materia.

La Red Feminista quiere, a través de estas jornadas, manifestar su compromiso por una sociedad Laica que “respete la libertad de conciencia y religiosa de todas las personas, así como un feminismo libre de influencias religiosas por considerarlas opresivas contra las mujeres”.

La diversidad, la multiculturalidad y la tolerancia, aseguran desde esta Red, no pueden suponer una excusa “para permitir la perpetuación en el seno de las sociedades democráticas e igualitarias de pensamientos y prácticas dañinas para las mujeres de todo el mundo”.

En el marco de estas jornadas, Elena de Vara, miembro de la Red Feminista de Albacete, ha asegurado que la religión afecta a la vida de las mujeres y desde determinados sectores neoliberales “se aprovechan del discurso de la tolerancia para al final dar cuerda a cuestiones que son opresivas también para las mujeres, enmarcándose dentro del relativismo cultural”.

La idea de esta charlas, ha continuado, es demostrar que “toda persona tiene derecho a creer en lo que quiera, pero que obviamente las instituciones patriarcales, como son las religiones, no tienen cabida de por si dentro del feminismo, independientemente de que haya feministas que crean o dejen de creer”.

Las estructuras de poder sociales, ha concluido Elena de la Vara, “están ahí y el feminismo es un movimiento laicista, y la libertad de las mujeres pasa por cuestionar tradiciones milenarias, como son también las religiones”.

En estas jornadas también ha colaborado Mimout Hamido, coordinadora del blog 'No nos taparán' ,una red de mujeres del entorno musulmán, que se oponen “a la expansión del fundamentalismo islámico y su símbolo más destacado, el velo, rechazando el control de la religión sobre nuestras vidas”. Además, denuncian que las políticas de Europa “promueven el fundamentalismo en detrimento de los musulmanes”.

La Iglesia católica en España funciona “como un paraíso fiscal”. Esta es la conclusión a la que llega la organización Europa Laica tras analizar en profundidad la última Memoria Anual de Actividades de la Conferencia Episcopal y comprobar los consiguientes privilegios fiscales. Entre ellos, la exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) o los beneficios económicos –es la única confesión religiosa con casilla propia en la declaración de la renta y que recibe grandes cantidades de dinero en subvenciones públicas– y patrimoniales, palpables en las polémicas inmatriculaciones de inmuebles puestos a su nombre desde 1946.

El informe, que ha elaborado el profesor Enrique Ruiz del Rosal y será presentado este martes, hace un minucioso repaso por las cuentas públicas de la Iglesia católica, destacando cómo “sigue sacando en situación de privilegio cantidades enormes de dinero del erario público que se desvían para el fortalecimiento de sus múltiples actividades. Ello sin que el Estado realice, a través del Tribunal de Cuentas o a nivel de transparencia en el Parlamento, una fiscalización de su destino y de su uso”, denuncia.

Entre otras cosas, y según su propia memoria correspondiente al año 2017, la Iglesia recauda anualmente 335 millones de euros en donativos sin control fiscal, lo que supone un 36% de su financiación. El estudio, de más de un centenar de páginas, cifra en no menos de 11.600 millones de euros, más del 1% del PIB de España, el dinero que “se hurta” a los Presupuestos Generales del Estado con los distintos privilegios fiscales, patrimoniales y económicos de la Iglesia en nuestro país.

Inversiones opacas con el dinero no gastado

Entre los puntos novedosos del informe, que la organización elabora cada año, se  encuentra la información relativa al Fondo de Reserva de la Conferencia Episcopal, que incluye dinero de los fondos recibidos a través de la 'X' en la casilla del IRPF que la Iglesia no reparte entre las diócesis. Según Europa Laica, este dinero es utilizado en “inversiones fiscales” de cuyo contenido no se informa.

Este fondo se nutre, afirma el estudio, de los 80 millones que la Iglesia se llevó en 2007, año en el que el Gobierno incrementó lo recibido del 0,52% al 0,7% de los impuestos de los ciudadanos que marcan la casilla. Además de estos 80 millones, el fondo cuenta con otros 85 millones que no se han gastado en los últimos años (y cuyo destino tampoco se desglosa), señala Europa Laica.

En este punto, la organización se apoya en una investigación que la revista Tiempo publicó en enero de 2017, según la cual la Iglesia católica habría ingresado unos 23 millones de euros como consecuencia de sus múltiples inversiones financieras, que no habrían sido inferiores a 2.500 millones y que podrían llegar hasta los 5.000 millones. “Ninguna información acerca de esta cuestión se ofrece en la Memoria publicada por la Conferencia Episcopal”, lamenta el informe, que sí da cifras estimativas de los ingresos financieros de algunas diócesis. Así, Pamplona obtuvo por este concepto 2,2 millones en 2015; Valladolid, 1,4; Mondoñedo-Ferrol, 263.000 euros; Córdoba, 273.000; Madrid, 737.000 y Barcelona, 224.000 euros.

Superávit sin control

Junto al Fondo de Reserva se encuentran los 35,2 millones de euros en superávit de los dos últimos ejercicios (19,3 en 2016 y 15,9 en 2017). “¿Cómo es posible que a los obispos les hayan sobrado 35,2 millones en los dos últimos ejercicios, mientras que por todos lados exprime las arcas públicas en actitud lastimera?”, se pregunta Europa Laica.

De esos “35,2 millones de superávit del dinero público que recibió la Iglesia católica de la casilla del IRPF de 2016 y 2017, 20 millones (el 57%) los ha 'enterrado' en Trece TV para enjugar las pérdidas”, señala Europa Laica, que añade que “la situación de pérdidas sucesivas y crecientes ha obligado a los obispos a continuas ampliaciones de capital hasta llegar a poseer el 78%” del canal de televisión. Por otro lado, desde el punto de vista del empleo, “el plan de recortes puesto en marcha en el verano de 2017 ha traído aparejado que a comienzos de 2018 haya 100 personas trabajando de las 140 iniciales”, prosigue la organización.

Inmatriculaciones y responsabilidad gubernamental

Respecto a la polémica sobre las inmatriculaciones, el informe de Europa Laica pone énfasis en la “complicadísima batalla legal que se iniciaría” en caso de que se reclamara judicialmente a la Iglesia, una por una, las 30.000 propiedades que fueron puestas a su nombre en virtud de la 'Ley Aznar'. El Gobierno cuenta con el listado elaborado por el Colegio de Registradores desde hace más de un año, pero aún no ha decidido cómo hacerlo público. Entre los bienes figuran desde catedrales y ermitas hasta plazas, fuentes, jardines e incluso frontones.

Frente a ello, Europa Laica propone que el Gobierno apruebe, con el respaldo del Congreso, “una iniciativa política que revierta en bloque la situación a su punto de origen”, y que impugne todas las inmatriculaciones realizadas entre 1998 y 2015. Es este periodo temporal el que abarca el listado que tiene en sus manos el Ejecutivo, pero las inmatriculaciones habían empezado 20 años antes.

En sus conclusiones, el informe no sólo culpa a la Iglesia católica de disfrutar de esta situación de “paraíso fiscal”, sino que también apunta a otro lado: “El responsable de la situación de privilegio económico que disfruta la Iglesia católica en España, como viene denunciando Europa Laica, es el poder político y, por tanto, los sucesivos gobiernos de nuestra democracia desde hace 38 años”.

Así, relata cómo “Felipe González concedió los conciertos educativos, la asignación tributaria, la exención del IVA o los acuerdos con las confesiones minoritarias; Aznar, el Plan de catedrales, la reforma de la Ley Hipotecaria que favoreció las inmatriculaciones, las dos casillas en el IRPF o la Ley de Mecenazgo; Zapatero, el acuerdo con la Iglesia para subir la financiación en el IRPF o la contratación indefinida del profesorado de religión; y Rajoy, la amnistía registral para las inmatriculaciones o la Ley Wert”, que logró multiplicar el número de alumnos que eligen la asignatura de religión porque cuenta para la nota media.

El problema, culmina Europa Laica, “sigue siendo la connivencia y el clamoroso silencio cómplice del Estado y de todas las Administraciones Públicas”. “La Iglesia católica disfruta de un 'paraíso' jurídico y fiscal consentido por un Estado que se presume democrático, aconfesional y de derecho”, finaliza el informe, que exige al Tribunal de Cuentas que “fiscalice, de una vez en 2019, tanto las ayudas y subvenciones recibidas por todas las organizaciones y entidades de la Iglesia católica como las exenciones de que se benefician”. El objetivo, prosigue, debe ser poner coto “al presunto enriquecimiento injusto o a las cantidades desconocidas imposibles de cuantificar y procedentes de conciertos educativos o sanitarios, que sirven para financiar tanto sus actividades económicas como las asistenciales, así como a su propia estructura organizativa”.

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Ciudad Real Laica ha organizado un debate como parte de su campaña a nivel estatal para presentar sus propuestas a los partidos políticos, de cara a las próximas citas electorales. “Entendemos que la laicidad es la base de la democracia, porque implica la libertad de conciencia y, si no hay libertad, no hay verdadera democracia”, explica Augusto Serrano, miembro de Ciudad Real Laica y también de Europa Laica.

Serrano señala que, actualmente, dicha libertad se encuentra muy “constreñida” por las tradiciones y asegura que esto comienza con el bautismo. En este sentido, recuerda que cerca del 70% de las familias “no respeta” lo que señala la Declaración Universal de los Derechos Humanos donde se dice que los niños “tienen libertad de conciencia y de religión”. “Entendemos que lo que tiene que haber es respeto a la libertad de conciencia por parte de las familias”, señalan.

Esto, explican, lo explicarán ante las autoridades para que “entiendan” lo que es la separación de los ámbitos público y privado. “La separación entre la Iglesia y el Estado debe existir en todos los ámbitos. Por eso criticamos que la alcaldesa [de Ciudad Real] o los concejales asistan a actos litúrgicos, procesiones o romerías. Si tuvieran verdadero respeto, asistirían como ciudadanos, no en representación del ayuntamiento”, afirma.

Esto, lamentan, se trata de una “falta de respeto a la neutralidad política que deben tener las autoridades políticas”. Y es que, según señala la Constitución, “ninguna confesión tendrá carácter estatal” y eso es lo que quieren transmitir a los distintos partidos políticos. Entre sus demandas, señalan la derogación de los acuerdos con el Vaticano, de ámbito cultural, educativo y económico. El Concordato data de 1979 y explica, entre otras cosas, que la religión debe enseñarse tanto en colegios públicos como privados. “Es una barbaridad”, afirma Serrano.

Por otro lado, pedirán que la Iglesia pague impuestos como el IBI o el IRPF de sus trabajadores, ya que el no hacerlo es una “absoluta anomalía democrática” y que se permite, también, según estos acuerdos. “Pedimos que se derogue completamente este acuerdo, respetando lo que dice la Constitución que ninguna confesión religiosa debe tener carácter oficial”, afirma. Por otro lado, piden que la religión salga del sistema educativo, ya que entienden que “debe ser un sistema donde se estudien todas las religiones, pero con carácter de conocimiento y desde el respeto”.

En esta misma línea, también piden que se deroguen los delitos de ofensa a los sentimientos religiosos del Código Penal. “Un religioso puede decirte, si vas a abortar, que eres un asesino, pero no se puede decir nada ofensivo a ellos”, recalca Serrano.  “Entendemos que es una barbaridad”, continúa, y por eso “se debe acabar con este delito”. De este modo, piden a los partidos que se asuma la Carta de Europa por la Laicidad, en la que se pide el respeto por la libertad de conciencia. Al acto fueron invitados PP, PSOE, Ciudadanos y Unidas Podemos, pero sólo acudió el último partido.

La candidata de Unidas Podemos al Congreso de los Diputados por la provincia de Ciudad Real, Prado Galán, defendió que su coalición propone eliminar “privilegios” de distintas organizaciones religiosas, como el de inscribir en el registro de la propiedad “todo lo que ha querido”.  Galán señaló que la “salud democrática” exige que estas situaciones de privilegio sean revisadas “a fondo”, junto a una “correcta separación entre la Iglesia y el Estado”. Igualmente, Galán ha recordado que desde su formación se registrará una ley para tener “todas las garantías necesarias” para que “las personas que decidan poner fin a su vida y los profesionales que las asistan puedan hacerlo en condiciones adecuadas para todas las partes”.

Asistimos perplejos a estos gastos públicos en un municipio con una de las más altas tasas de paro del país y con carencias de todo tipo

Creemos que a las autoridades eclesiásticas españolas y a las vaticanas se les puede pedir y exigir que pongan mucho más dinero del que aportan actualmente

Recientemente se ha hecho pública la cantidad que va a costar la reparación de la fachada principal y lateral de la iglesia Santa María De Gracia en Cartagena: 1.080.000 euros, de los cuales 300.000 provendrán de la Comunidad Autónoma, otros 300.000 del Ayuntamiento de Cartagena y los 480.000 restantes del obispado, aunque Abellán, el vicario episcopal, ha anunciado que pedirán la colaboración de todas las entidades que quieran ayudarlos  económicamente.

Las obras del Santo y Real Hospital de la Caridad, colindante con la iglesia del mismo nombre, acaban de sufrir un parón por no disponer de los permisos de la comunidad autónoma.  Las obras consisten en la reconstrucción del edificio anexo al templo y la reparación de la cúpula de éste. Empezaron en junio del 2017 con un presupuesto de 3,6 millones de euros. El edificio también alberga una sacristía de 540 metros cuadrados y tiene tres plantas. En el futuro contará con una zona de rectoría, otra para el archivo, una sala de reuniones de la junta de gobierno y dos residencias, una para el obispo y otra para el rector. En el piso de arriba se prevé un museo dónde se expondrá el rico patrimonio de la hermandad, cuadros, casullas y documentos.

Queremos recordar que el Ayuntamiento de Cartagena entrega todos los años a esta hermandad 35.000 euros, en lo que se denomina la onza de oro.

Dentro del municipio de Cartagena también se está llevando a cabo la rehabilitación-restauración del monasterio de San Ginés de la Jara con un presupuesto de 1,6 millones de euros. Todavía está por decidir si se continúa con las obras de las ermitas del monte Miral que están en las inmediaciones del monasterio.

Además de estas intervenciones, cabe la posibilidad (porque tanto MC, PP, Cs y PSOE, éste último partido incluso mencionó la cantidad de dos millones de euros), de que se destine más dinero público en la rehabilitación de la antigua catedral Santa María La Mayor o La Vieja.

Asistimos perplejos a estos gastos públicos en un municipio con una de las más altas tasas de paro del país y con carencias de todo tipo: sanitarias porque el Rosell no está funcionando al cien por cien, tal y como se acordó en la Asamblea Regional, educativos con colegios con aluminosis, de infraestructuras porque tenemos un tren que tarda seis horas en llegar a Madrid y con diferentes  terrenos muy cercanos a la ciudad sin descontaminar -los de la antigua fábrica de Peñarroya camino de la única playa de la ciudad, los de la española del Zinc en Torreciega y los que están muy próximos a la estación del ferrocarril, que son un foco de posibles enfermedades para los ciudadanos que habitan o pasean por estas zonas-.

He mencionado lo más evidente y necesario porque hay muchos más problemas a los que no se destina presupuesto alguno, mientras a casi todo lo referente con las propiedades de la Iglesia católica nuestras autoridades se muestran complacientes, cuando esta institución, por lo menos en este país, atesora unas riquezas y un patrimonio tan extenso que es posible sea mayor que el del propio Estado español.

Creemos que a las autoridades eclesiásticas españolas y a las vaticanas se les puede pedir y exigir que pongan mucho más dinero del que aportan actualmente porque pueden hacerlo y porque el Estado lo necesita para otros muchos proyectos más necesarios para el conjunto de todos los ciudadanos.

*Juan Celdrán es coordinador de Europa Laica en la Región de Murcia

Europa Laica celebrará mañana, 21 de junio, una charla titulada “Municipios laicos, más democracia”, a las 20 horas en el salón de actos del edificio Moneo, en Murcia, que contará con la participación de Antonio Gómez, presidente de la organización; el concejal en el Ayuntamiento de la capital Sergio Ramos y la escritora Cristina Morano.

El acto se enmarca en la campaña “Red de municipios por un Estado laico” y pretende reflexionar sobre la situación del laicismo en los municipios de la Región de Murcia, así como los avances o retrocesos que se han experimentado en ellos por los cambios de gobierno que se dieron en algunos tras las elecciones municipales de 2015.

Juan Celdrán, coordinador de Europa Laica en la Región de Murcia, ha explicado que con esta charla se quiere incidir en la importancia de que el laicismo forme parte de las instituciones públicas para hacerlas “más democráticas” y convertir en una realidad el principio de separación entre la Iglesia y el Estado.

Se llaman acogimientos civiles y es una forma de bautismo civil y laico para dar la bienvenida al mundo a un nuevo miembro de la familia. Es uno de los llamados 'ritos de paso' que, como en el caso de las bodas civiles, se están normalizando en muchos puntos del país. En Albacete tan solo un total de 21 niños han sido 'acogidos' desde que entrara en vigor el reglamento de los rige en el Ayuntamiento de Albacete. Fue el 16 de marzo de 2011, todavía bajo el mandato de Carmen Oliver y a petición de la concejala de Izquierda Unida en aquel momento, cuando se dio el paso para “iniciar a los niños y niñas de esta ciudad en el largo camino de las actitudes cívicas que les lleven a un provenir pacífico basado en los valores indivisibles y un porvenir pacífico basado en los valores indivisibles y universales de la dignidad humana, la libertad, la igualdad y la solidaridad ”, según se puede leer en el Reglamento.

En aquel momento, tal y como asegura el concejal del Grupo Municipal Socialista Manuel Martínez “hubo varios acogimientos”, algo que con el paso de los años ha llevado a que en este recién terminado 2017 sólo se haya celebrado uno y fue, precisamente él quien lo ofició. El motivo, tal y como señala el concejal, es “la poca publicidad que se da desde el Ayuntamiento” lo que hace que la ciudadanía de Albacete desconozca que existe este trámite.

Para Francisco Delgado, miembro de Europa Laica, (ha sido hasta hace unos meses el presidente a nivel nacional) la información acerca de los acogimientos civiles debería llegar desde la propia Oficina de Información a la Ciudadanía. “Si desde esa oficina se incentivara la información mucha gente lo haría”, explica a esta redacción. “Se puede ofrecer los datos cuando se registra a los bebes recién nacidos en el Ayuntamiento. Así la ciudadanía de Albacete sabría que en el caso de la capital existe esta figura”, añade toda vez que insiste en que “si la gente no lo sabe, no lo hace”.

Se achaca precisamente a este desconocimiento porque, según datos aportados por el propio Delgado, hoy por hoy se bautizan alrededor del 50% de los niños nacidos en el país, cifra que en el caso de Albacete es del 30%, por lo que estos acogimientos civiles son una alternativa a la ceremonia religiosa por la que casi la mitad de los padres no opta.

La ceremonia, recuerda Martínez, es gratuita y se celebra únicamente en el salón de plenos del Museo Municipal de Albacete que era sede del antiguo Ayuntamiento de la capital. Allí se da lectura, según el Reglamento,  los artículos 12 y 27 de la Convención de los Derechos de la Infancia de la ONU y los artículos 39.3 y 39.4 de la Constitución Española. Se celebra únicamente el primer fin de semana de cada mes.

Entre los requisitos que se establecen en el reglamento está que los niños no pueden exceder los 36 meses de nacido o superar el año desde que se produjo su adopción. Además los  padres tienen que estar empadronados en la ciudad de Albacete.

'Bautismos civiles' en otros municipios de Albacete

A la ciudad de Albacete se han sumado otros municipios de la provincia. Entre ellos el de La Gineta que aprobaba este mismo año una ordenanza para regular la ‘Bienvenida social/recibimiento civil y otorgamiento de carta de ciudadanía del niño y la niña’. 

También El Bonillo ha aprobado este verano una ordenanza municipal para regular estas celebraciones “de la bienvenida social o recibimiento civil y carta de ciudadanía del niño y de la niña, entendida como ceremonia civil y laica de bienvenida o acogimiento social a la comunidad vecinal que constituye este Municipio”.

Ambos aluden en la exposición de motivos para poner en marcha estas ordenanzas que en  España se ha producido“un gran cambio social e ideológico”, desde el reconocimiento a la libertad religiosa a través del artículo 16 de la Constitución Española. 

El papel que cumple la Iglesia Católica en las instituciones políticas tiene poco o nada que ver con el desarrollo de la ciudadanía durante las últimas tres décadas. Mientras que la sociedad presenta unos altos niveles de secularización, la religión católica sigue estando muy presente a nivel institucional. Dos fenómenos en paralelo que conforman una situación muy particular y que lleva tiempo analizando Europa Laica. Con motivo de la puesta de largo de la organización Toledo Laica, el presidente de este colectivo europeo, Francisco Delgado, ha realizado un diagnóstico del laicismo en el país, así como de otros asuntos referidos a los privilegios religiosos o a la llegada de refugiados.

Delgado ha comenzado recordando que Europa Laica se fundó en Talavera de la Reina, por parte de un grupo de profesores alrededor del pensamiento político de Gonzalo Puente Ojea, al que también han rendido homenaje en el acto toledano. Toledo Laica quiere revitalizarse como grupo territorial con el objetivo de que esta organización europea pueda tener representación en todas las provincias del país. El objetivo es defender la laicidad como base de la democracia. “Nosotros no vamos en contra ni de religiones ni de creencias, pero entendemos que es bueno que haya un grupo que defienda los derechos humanos, la libertad de conciencia y la separación entre Estado y religión”, recalca.

Bajo esta premisa, el diagnóstico que hace Francisco Delgado a nivel nacional es que la sociedad española muy secularizada, incluso más que en el conjunto europeo. Pone como ejemplo datos estadísticos: cada vez más personas se casan por el rito civil, casi el 80%; y cada vez hay más niños que no se bautizan, casi el 45%. Esto indica que los ciudadanos están “muy alejados” de la “parte dogmática de las religiones al uso”.

Asunto diferente son las instituciones. El presidente de Europa Laica afirma que aún no han conseguido “quitarse el velo de la religión”. “Y eso choca con situaciones como que haya religión en la escuela pública, que se financie el 30% de los centros de ideario católico por parte del Estado, que los ministros juren su cargo delante de un crucifico o que los funerales de Estado sean católicos”, resalta.

Este “choque de realidades”, la política y la social, es lo que quieren cambiar las organizaciones que defienden el laicismo. Para ello, “los políticos tienen que entender que eso no va en contra de nadie, sino que hay que cumplir lo que dice la Constitución”. “Si todos somos iguales ante la Ley, eso significa que las iglesias tienen que pagar sus impuestos y que no pueden estar presentes en sitios que son de todos”. Y para ello, considera imprescindible romper el acuerdo concordatario con la Santa Sede de 1979, que es a su vez la continuación del Concordato isabelino de 1853 y del franquista de 1953.

De hecho, preguntado por el hecho de que nunca se hayan roto esos acuerdos, Delgado recuerda que ha habido avances en libertades y derechos civiles en contra de la Iglesia Católica como el divorcio o el matrimonio homosexual, pero no ha sido así en cuanto a la relación Iglesia-Estado. Y en su opinión, esto es así “por el miedo a perder votos” y también porque “los lobbies católicos se han introducido en los partidos políticos y hacen su trabajo muy bien”. “Todo el desmantelamiento del sector público, y su posterior privatización en sectores básicos como educación, sanidad y servicios sociales, ha servido para que estos servicios estén en manos de corporaciones religiosas y eso es una tragedia porque ahí se hacen fuertes y provocan que la gente que depende de ellos no tenga libertad de conciencia plena”, argumenta.

Por ejemplo, precisa que los niños que están en casas de acogida religiosas o los ancianos albergados en residencias del mismo tipo, están obligados a participar de esa doctrina y “con eso se vulnera la libertad de conciencia”, con organizaciones sociales “cada vez más en manos de la Iglesia, lo que no es positivo para un Estado democrático”. El presidente de Europa Laica, que perteneció al PSOE, afirma que si volviera a estar en política, no tendría “ningún temor” a cortar los privilegios a las organizaciones religiosas ni en avanzar en la secularización de las instituciones.

En cuanto a la controvertida cuestión de la exención a la Iglesia en el pago del IBI, Delgado señala que se trata de un tema complejo que se deriva de un entramado de leyes orgánicas, “unas superpuestas sobre otras” y “hay que modificarlas todas para cambiar esa realidad”. “Es el poder legislativo quien debería cortar esas exenciones, porque por muchas mociones que se aprueben en los ayuntamientos, si el Parlamento no hace nada, no se va a solucionar el problema; e incluso va a ser peor porque los tribunales les van a quitar la razón”.

Finalmente, el presidente de Europa Laica se ha referido a la crisis por la llegada de refugiados a Europa para dejar claro que “no todos los inmigrantes que vienen son religiosos”. “Tienen creencias, pueden seguir una determinada rama del Islam, pero también hay ateos y agnósticos. Y ese es el miedo con el que el poder establecido trata de de enfrentar a la sociedad. No puede ser, eso es atacar constantemente la libertad de conciencia”, concluye.

“Esto ataca a la inteligencia”. Con estas palabras resumen desde el colectivo Europa Laica la decisión del Ayuntamiento de Illana (Guadalajara), gobernado por el PP, de presidir un acto por el que se ha declarado a la Virgen del Socorro, patrona de la localidad, como alcaldesa perpetua del pueblo. El nombramiento se aprobó en el pleno municipal de julio con el voto en contra de los tres concejales del PSOE. Este acontecimiento coincide con uno similar en Navalmoral (Cáceres), donde han llegado a recogerse firmas contra esta designación. En el caso de Illana, la celebración contó con la presencia del vicario general de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, párrocos y el alcalde del pueblo, Francisco Javier Pérez.

Los actos comenzaron con el traslado de la imagen de la Virgen desde la iglesia hasta la ermita. Allí, tuvo lugar la celebración de la eucaristía de inauguración de las obras de remodelación de ese edificio y la bendición de las mismas. Fue durante la misa cuando se dio lectura al acuerdo de pleno por el que se nombra a la patrona alcaldesa perpetua de Illana. Se le entregó incluso el bastón de mando de la Villa de forma permanente y se destacó la devoción que durante siglos se ha mantenido a la patrona y el “referente de unidad” que supone para los vecinos.

Las críticas en este caso han llegado desde la asociación Europa Laica. Su portavoz, Juanjo Picó, ha denunciado que se trata de un ejemplo más de la ausencia de normativas que impiden que, después de 40 años, España siga sin ser un Estado aconfesional. Detalla que en este caso, la laicidad se rompe en cuanto al simbolismo, debido a que los alcaldes y cargos públicos no cumplen con la separación de poderes entre la Iglesia y la sociedad civil.

“Esto es un insulto a la inteligencia, como lo es cuando alcaldes y concejales participan en las rogativas a la Virgen para que llueva o para que no haya paro”. Por esto motivo, desde este colectivo piden que se regulen protocolos aconfesionales, “cuando no laicos”, para que las instituciones avancen hacia la libertad de conciencia y “no se mezclen las creencias particulares con lo que es público y de todos”.  

“Hay derechos que no son votables”

Además, Juanjo Picó explica que se trata de una cuestión al margen de mayorías y minorías, o de que tenga mayor o menor aceptación social. “Hay derechos que no son votables, y el laicismo debería ser parte esencial de la estructura esencial del Estado. Hay ámbitos, como las creencias, que pertenecen al ámbito de lo privado y no pueden pasar a lo público, y un alcalde es elegido para una función civil, pública”.

De hecho, desde Europa Laica se está impulsando la Red de Municipios por el Estado Laico para la creación de reglamentos municipales que respeten la laicidad en los actos en los que participen cargos públicos y cumplir así con la aconfesionalidad del Estado. Por el momento, se han adherido ayuntamientos como Gijón, Avilés, Sagunto o Rivas-Vaciamadrid, y lo están estudiando otros como el de Santiago de Compostela.

Se pretende con esto alcanzar un objetivo tan simple como la Libertad de Conciencia y de Pensamiento de cada persona, y la separación Iglesia-Estado, porque por desgracia no es esto lo que ocurre en nuestra sociedad y en muchos países, donde al amparo de la religión las Iglesias forman una parte muy importante, si no la más importante, de los Estados.

Parece que mientras la tecnología nos empuja ya al siglo XXII, las humanidades no salen de la Edad Media, a pesar del periodo de la Ilustración vivido ya en Europa.

Digo objetivo simple porque así habría de ser, y sin embargo esto, que entronca directamente con el respeto a cada ser humano y su propia forma de concebir la vida, se convierte en un sinfin de obstáculos a causa de las Iglesias, quienes ven en el laicismo al demonio y la fuerza del mal que quiere acabar con ellos, el bien.

Las Iglesias parten de una premisa de imposible discusión y es que sus miembros son los representantes de Dios en la tierra, porque Dios existe y creó el universo, a pesar de lo que la ciencia pruebe, y por ello, en dicha calidad de representantes, son los encargados del Dogma y de la supervisión de la fe, porque ellos saben los deseos de Dios para con el hombre.

Y en dicha línea son los encargados de velar por los sentimientos religiosos de la humanidad, dando por sentado que todos los seres tienen sentimientos religiosos porque vivir sin dios o es porque el mal te ha seducido o es porque, pobre de ti, aún no has visto la luz, y ello claro solo puede acabar en que ellos, quienes velan por los sentimientos religiosos, velan también por los de quienes viven al margen de dios y de la iglesia. Círculo cerrado.

Muestra evidente de la actuación de la interferencia de la Iglesia con el Estado es la tipificación en algunos códigos penales de los delitos de blasfemia o contra los sentimientos religiosos, como es el caso de nuestro Código Penal en su Artículo 522 y siguientes. Entiendo que esto no debería suceder en la actualidad puesto que el hecho de que el Estado, mediante penas, proteja los sentimientos religiosos es algo que nos muestra que estamos todavía muy atrás en madurez cívica, y ello es algo que habrá que pensar puesto que existe mucho desequilibrio entre quienes participan de una religión y quienes no participan de ninguna.

Existe un gran desequilibrio entre tales sentimientos, y esta razón es la que debería dejarse al margen de los códigos penales, pues la protección de los sentimientos religiosos mediante medidas penales es algo tan sujeto a la subjetividad que nos recuerda a veces a esas “cazas” que hemos oído que sucedían en épocas pasadas, porque estaríamos todos sujetos a que nuestro vecino creyente, ante una expresión libre de “no creo en dios” dicha en “libertad y democracia”, o ante una crítica a los “símbolos religiosos” o a una interrupción de una “plegaria”, podría ver sus sentimientos religiosos dañados y podría denunciarnos poniendo en marcha la máquina de la justicia, con el gasto público que ello supone, ante tal “afrenta”.

Y que la máquina de la justicia se ponga en marcha para pedir penas de privación de libertad a ciudadanos por haber atentado contra un sentimiento religioso, a saber el caso de Rita Maestre, es lo que precisamente me hace sentirme vivo en la Edad Media, pareciendo la Ilustración un espejismo. Quizás en el lenguaje que se predica por tales creencias más valdría un “Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen” que un “ojo por ojo y diente por diente”.

A lo mejor la presencia de Capillas en universidades u otros lugares públicos, que son lugares sagrados únicamente para los fieles de esos cultos, ofende los sentimientos no religiosos de algunas personas; sin embargo estos no pueden más que pedir su retirada, sin más. No es delito la apología de la religión y este desequilibrio de fuerzas es expresión clara de la necesidad que tenemos de reflexionar sobre la falta de igualdad en cuestiones tan determinantes.

Deseo y creo que la Carta Europea de la Laicidad será un paso importante para lograr esa libertad de conciencia y esa separación Iglesia-Estado con la despenalización de delitos contra sentimientos religiosos para alcanzar la igualdad real de todos, pues en lo público no debería haber religión, a mi modo de ver.

Estoy convencido de que una sociedad laica será la solución a todos los conflictos religiosos que vivimos hoy en nuestra sociedad, pues el laicismo respeta las creencias de todos, respeta que cada cual piense y crea en lo que quiera, pero sin imposiciones en la esfera común de lo público. Y conste que laicismo no es igual que aconfesionalidad, porque cuando se habla de un Estado Laico la respuesta de quienes son religiosos es “vivimos en un Estado aconfesional”, evidenciando así la confusión terminológica que se suscita a veces de forma voluntaria por los miembros de las Iglesias, con el propósito de omitir una realidad como el laicismo. De eso hablaremos otro día.

Cuando estudiaba Derecho escuché una noticia en la que un ciudadano estadounidense había demandado a Abraham, Isaac y Jacob por ser titulares de todos los bienes de una organización religiosa sin que ello le supusiera un castigo por atentar contra los sentimientos religiosos de la comunidad de creyentes, que tiene a estos tres seres como sus Padres, y en otra ocasión escuché que otro ciudadano estadounidense había demandado a Dios y me preguntaron si eso sería posible en España, y la respuesta que se me ocurrió fue que EEUU is Different, y no Spain.

La delegación estaba compuesta por cuatro miembros: Francisco Delgado (presidente), Raquel Ortiz, Antonio Pagán y César Tejedor, junto con David Gozlan, de la Libre Pensèe francesa y miembro de la AILP. Todos ellos han presentado y explicado en el Parlamento Europeo, los objetivos de la Carta por la Laicidad y la Libertad de Conciencia, a diversos parlamentarios de GUE/NGL y de otros grupos, a la prensa destacada en el Parlamento y a uno de los vicepresidentes de la Cámara, Dimitrios Papadimoulis, gracias a la atención de Marina Albiol. La europarlamentaria española por Izquierda Unida-Verdes fue quien preparó e introdujo los actos y reuniones.

Según Europa Laica, “la laicidad debería de formar parte de todo proyecto jurídico y político de un Estado democrático y de derecho”, proyecto que se ha de asentar, según indican desde este colectivo, en al menos “cuatro principios fundamentales”: “La libertad de conciencia de las personas a título individual; la igualdad de derechos sin privilegios ni discriminaciones; la separación estricta de los Estados de las religiones; y la universalidad de las políticas públicas”.

Sin embargo, denuncian que “en casi todos los Estados de la Unión, la totalidad o una parte de estos principios se incumplen en mayor o menor grado”. Por ello Europa Laica ha presentado oficialmente esta Carta que consta de 11 apartados, agrupados en tres ámbitos: libertad, igualdad y solidaridad. El texto de la Carta se puede ver en varios idiomas en este enlace.

Además de esta visita, Europa Laica ha previsto diversas acciones, como una Declaración para que se pueda debatir en el ámbito de la Comisión de Libertades Civiles, y elevar una petición ciudadana a la Comisión de Peticiones, todo ello a partir del mes de septiembre.

Cinco plataformas –dos de cristianos y otras tres ciudadanas- van a llevar hasta instancias europeas su denuncia contra las inmatriculaciones de bienes hechas por la Iglesia en España. Agotadas las vías de diálogo con los distintos grupos políticos en parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados, y después de la aprobación de la nueva Ley Hipotecaria que ya no permite nuevas inmatriculaciones pero perpetúa las ya realizadas, estos colectivos han establecido ya una hoja de ruta de acciones que les llevarán a denunciar las apropiaciones ya hechas por la Iglesia.

Así, colectivos de cristianos de base como Redes Cristianas y las Comunidades Cristianas Populares actuarán ante Europa en este sentido junto a la Plataforma por una Mezquita-Catedral Patrimonio de Todos de Córdoba, la plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro y el colectivo Europa Laica.

La hoja de ruta establecida, según explican a eldiario.es/andalucia fuentes de estas organizaciones, pasa primero por agotar la vía política ante la Unión Europea. Y en ese sentido, las cinco plataformas dirigirán su denuncia a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, además de pedir el apoyo expreso a su causa de los distintos grupos políticos de eurodiputados.

Si esta vía política no diera los resultados que los colectivos cristianos y ciudadanos buscan, el anuncio hecho por estos colectivos contempla asimismo, como siguiente paso en su acción, dirigir una denuncia ante los tribunales europeos.

Los colectivos asumen como un “triunfo de la ciudadanía” que el gobierno haya derogado recientemente la Ley hipotecaria que permitía a la Iglesia católica registrar inmuebles como si fuera una administración pública, pero advierten que la aprobación de la nueva ley “consiente la usurpación ya realizada de miles de bienes de toda índole, con especial gravedad los de naturaleza pública y pertenecientes al patrimonio cultural, arquitectónico e histórico-artístico del Estado”.

Y, en ese sentido, quieren denunciar ante Europa que “la desaparición de este privilegio no significa que los miles de bienes usurpados queden convalidados. No dejan de ser inconstitucionales las inmatriculaciones realizadas por la Iglesia católica al amparo del precepto franquista”.

Sobre estas apropiaciones realizadas por la Iglesia durante años, los colectivos cristianos y ciudadanos señalan que han sido practicadas “en la mayoría de los casos, en fraude de ley y abuso de derecho al apropiarse de bienes públicos, y en muchísimos casos sin condición religiosa como plazas, locales comerciales, viviendas, solares, caminos o monumentos de la dimensión de la Mezquita de Córdoba o la Giralda de Sevilla”.

La actuación de los partidos políticos en España

Para las organizaciones que denuncian el modus operandi de la Iglesia con las inmatriculaciones, la reforma de la Ley Hipotecaria promulgada por el Gobierno del PP, “permitida con la pasividad del PSOE, ha cortado la vía directa para que se pudiera declarar la inconstitucionalidad” de los artículos que anteriormente amparaban las inmatriculaciones de la Iglesia. “Eliminar este privilegio sin resolver cómo recuperar los miles de bienes expoliados, además de la indefensión que genera a la ciudadanía, tiene un coste social incalculable”.

“Lamentamos la negativa del PSOE, como partido de oposición decisivo en la aritmética parlamentaria, a recurrir la inconstitucionalidad de la norma pese a que ha reconocido públicamente su presunta ilegalidad”, mientras que “agradecemos a los grupos políticos - Izquierda Unida, ICV, Compromis, Amaiur y Geroa-Bai- su apoyo al recurso de inconstitucionalidad” que se pretendía promover.

“Quedan retratados, por tanto, para la historia los partidos políticos que no han querido apoyar el recurso de inconstitucionalidad, amparados en diversas excusas y permitiendo el mayor expolio patrimonial jamás ocurrido en España”.

Y, por ello, los colectivos que denuncian “esta deplorable situación”, consideran que se ven “obligados a acudir en los próximos meses a instancias europeas, donde la separación Iglesia–Estado es una realidad política consolidada y no una ficción, y quizás los partidos mayoritarios tengan menos ataduras confesionales y electoralistas que en España”.

Queremos saber qué es y a qué se dedica Europa Laica, asociación de implantación nacional y de reciente desembarco en nuestra comunidad. Por eso hablamos con su coordinador en la Región de Murcia, Antonio Pagán Rubio (Murcia, 1970) quien también es abogado y mediador.

¿Qué es Europa Laica?

Es una asociación de ámbito nacional que trabaja por la separación entre Iglesia y Estado. Luchamos por sacar la religión de la escuela pública y por conseguir que el espacio público, que es de todos, no esté dominado por las religiones, en España fundamentalmente por la religión católica, porque es la mayoritaria... Pero nosotros nos referimos a todas las religiones.

Acaban de abrir su Delegación en la Región de Murcia. ¿Se van a a ocupar de asuntos de aquí o de cuestiones de carácter general?

La asociación surge en Murcia para llamar la atención sobre aquellas facetas que entendemos que son invasivas aquí, por parte de la religión en lo público. Nuestro propósito es defender los derechos ciudadanos por encima de los religiosos.

¿Por ejemplo?

Hace muy poco, por ejemplo, en el Observatorio del Laicismo y en nuestra propia web se puede ver una noticia publicada en los medios de comunicación, en la que se detallaba cómo los estudiantes de Medicina de la UMU no tenían suficientes plazas y esto beneficiaba a la Universidad Católica. Nosotros lo denunciamos. Otro ejemplo sería que el dinero público se entregue a la Iglesia para arreglo de sus inmuebles. Creemos que esas obras se deben sufragar con dinero de la Iglesia, que ya recibe por otra parte una buena suma de los Presupuestos Generales del Estado.

Habrá quien piense que están ustedes en contra de la religión.

En absoluto, nosotros respetamos todos los credos. No vamos a quitar la religión, ni vamos a cargarnos las iglesias y los santos... Todo lo contrario. Respetamos muchísimo las creencias de cada persona pero creemos que esas creencias se deben circunscribir al ámbito de lo privado. Yntendemos que actualmente hay una serie de cuestiones de orden religioso que están invadiendo la gestión de lo público.

Nuestro país es aconfesional. ¿No es suficiente para Europa Laica?

Que España sea aconfesional lo dice la Constitución del 78, y significa básicamente que a priori no hay una confesión religiosa que determine el dominio de la fe en todo el territorio nacional. Sin embargo, con eso se juega. En realidad estamos viviendo en una sociedad que a través de las leyes está haciendo de la religión, Estado, mezclándolo todo. Así lo demuestra la presencia de crucifijos en actos de juramentos de cargos públicos, o que los políticos salgan en las procesiones... Es decir, que con la excusa de que es tradición, se utilizan cuestiones religiosas para invadir la esfera pública. Ser un estado laico es otra cosa. Es lo que decía la Constitución de 1931 en su artículo 26, “que España será una sociedad laica y que por tanto habrá libertad de conciencia”. En definitiva, el laicismo lo que dice es que cada uno crea en lo que quiera pero en su ámbito particular, y que estas creencias no interfieran la vida pública, donde nos encontramos todos. Y ahí no puede ni debe predominar ninguna creencia sobre otra.

¿La Iglesia debe, según ustedes, pagar impuestos como por ejemplo el discutido IBI?

Nosotros defendemos que la Iglesia pague el IBI como todo el mundo que posee un inmueble, y así se lo estamos trasladando a los partidos políticos para que lo tengan en cuenta. Entendemos que hay que modificar la ley para que la Iglesia no esté exenta del pago de este impuesto, teniendo como tiene innumerables propiedades. Es una obligación fiscal para todos los ciudadanos de a pie y debe serlo también para la Iglesia.

Frente a esta idea de Europa Laica, hay quien piensa que la Iglesia no debe pagar impuestos porque realiza una importante labor social de ayuda a los más desfavorecidos, y más ahora en tiempos de crisis.

En realidad esto no es así. La Iglesia católica recibe para fines sociales un importante presupuesto, y es con ese presupuesto con el que realiza su función social. En realidad no es la Iglesia quien financia esta tarea, somos todos los ciudadanos los que aportamos los fondos que utilizan para llevar adelante estas prestaciones, que si no las hiciera la Iglesia las prestarían otras organizaciones con fines sociales que también se dedican a ello y que podrían hacerlo incluso mejor. No está nada claro que el dinero que se le entrega a la Iglesia para este fin sea empleado en eso.

¿Qué piensan ustedes de los acuerdos con la Santa Sede, que gobierno tras gobierno, y gobierne quien gobierne, España sigue sin derogar?

Deberían terminar. La Iglesia recibe mucho dinero también por los concordatos con la Santa Sede, que están muy bien atados y cerrados y que permiten que siga recibiendo toneladas y toneladas de euros de todos los españoles, seamos creyentes o no.

Sobre este asunto de la religión pasa quizá que hay quien teme pronunciarse. Tanto, que se sigue por parte de la gente en la mayoría de los casos la norma o la tradición, en cuanto a celebraciones como por ejemplo de bautizos, comuniones, bodas... ¿Se puede ser creyente, practicante incluso, y defender laicismo igual que si uno es ateo o agnóstico?

Por supuesto. En nuestra asociación hay redes cristianas que están en contra de cómo la cúpula eclesiástica está metida en las costillas del Estado. Nosotros trabajamos por la libertad de conciencia. Cada uno que haga lo que quiera y crea en lo que quiera. En Europa Laica hay personas muy religiosas, y practicantes en su ámbito privado, contrarias a la invasión de lo público.

¿Qué acciones piensan poner en marcha en la Región de Murcia?

Pronto celebraremos nuestra presentación oficial en Murcia, en nuestro local de reunión. Vamos a programar cursos sobre el laicismo, presenciales y online, y jornadas informativas para acercarnos a la sociedad. Y a diario estamos pendientes de hacer públicas denuncias concretas en el Observatorio del Laicismo en Internet, máxime ahora que en nombre de un Dios creador se está impidiendo a las personas disfrutar de su libertad. Y no estoy hablando de la religión católica.

Una cosa más: ¿Es muy difícil la apostasía?

Mucho. Es más difícil darse de baja de la Iglesia que cambiar de compañía telefónica... Debe ser porque a mayor número de inscritos como bautizados, mayor cantidad de dinero se recibe del Estado.