Un matrimonio, natural de Senegal y residente en Asturias, está acusado de infligir maltrato a su hijo desde que tenía seis años hasta que cumplió los 13. Insultos, golpes con una escoba, castigos de dejarle sin comer, baños de agua fría y, para evitar que lo contase, lo amenazaban con ingresarlo en un internado en su país de origen.

Esta es la situación que la Fiscalía del Principado ha descrito para ilustrar su petición de condena para los padres del menor durante la vista oral del juicio que ha tenido lugar este lunes en la sección penal del Tribunal de Instancia, plaza número 2, de Gijón/Xixón, donde ha quedado visto para sentencia.

En la sala de audiencias, la Fiscalía ha relatado los hechos que, bajo su criterio, deben ser considerados como suficientemente contundentes para condenar a la madre, de 40 años, a una pena de dos años y nueve meses de prisión como responsable de sendos delitos de maltrato habitual en el ámbito familiar y maltrato, y al padre, de 43 años, a una pena de dos años de cárcel como presunto autor de un delito de maltrato.

El relato de la Fiscalía

El Ministerio Fiscal sostiene que el matrimonio, sin que sea posible concretar todas las fechas, infligió un maltrato al niño desde que tenía seis años.

“Le insultaban, le daban bofetones a diario y le golpeaban con la escoba. En otras ocasiones le metían en agua fría o no le daban de comer. Para que no lo contasen, le amenazaban con mandarle a un internado o a Senegal”, ratificó la acusación pública.

A golpes por una nota escolar

Sí pudo la Fiscalía describir un episodio concreto que atribuye a la madre que ocurrió, según sus datos, entre las dos y media y las cuatro y media de la tarde del 15 de marzo de 2023, cuando propinó a su hijo -cuando ya tenía cumplidos 13 años- varios golpes con una escoba tras discutir con él por una nota del colegio.

Ambos acusados se encuentran en situación regular en España, mientras que su hijo reside en un centro de protección de menores desde el mes de septiembre de 2023.

Orden de alejamiento

Además de las penas de prisión, la Fiscalía interesa que se imponga al matrimonio una orden de alejamiento del menor, más agravada en el caso de la madre.

El Ministerio Público fija que se condene a la mujer a la medida cautelar de prohibición de aproximación al menor, a su domicilio, lugar de trabajo o centro escolar, o cualquier otro lugar frecuentado por el mismo, a una distancia inferior a 500 metros, así como se le aplique la prohibición de comunicarse con él por cualquier medio, en ambos casos durante dos años. A estas prohibiciones suma su inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas en ambos casos durante siete años.

Las peticiones de indemnización

Para el acusado, la Fiscalía solicita que se le condene igualmente a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años; se le imponga la prohibición de aproximación al menor, a su domicilio, lugar de trabajo, centro escolar o cualquier otro frecuentado por el mismo, a una distancia inferior a 500 metros, así como prohibición de comunicarse con él por cualquier medio, en ambos casos durante dos años; e inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o durante cuatro años.

En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que la acusada indemnice al representante legal del menor con 400 euros por las lesiones sufridas, con los intereses legales correspondientes. Y al Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA), con la cantidad que se determine más los intereses legales correspondientes y pide que ambos acusados indemnicen conjuntamente al representante legal del menor con 1.000 euros por los daños morales causados.

El juez titular de la plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Tudela ha enviado a juicio a cinco personas por la supuesta venta a una familia en Catalunya en 2025 de una menor de Corella de 14 años, obligada a contraer matrimonio a cambio de “5.000 euros, cinco botellas de whisky y algo de comida”, y que posteriormente fue utilizada para practicar la mendicidad.

En el auto de procesamiento, que puede ser recurrido ante la Audiencia de Navarra, el magistrado considera que hay indicios suficientes para abrir juicio contra los padres de la menor, su marido y los padres de este por un delito de trata de seres humanos con la finalidad de matrimonio forzoso y práctica de mendacidad respecto de una menor de edad. Y es que el juez sostiene que, tras el enlace, el marido y los padres de este indujeron a la víctima a practicar la mendacidad en localidades de la provincia de Lleida.

Los hechos se remontan al mes de noviembre del 2025. En el marco de una investigación iniciada por la Guardia Civil, y en colaboración con los Mossos d'Esquadra, fueron detenidos los padres de la menor en Navarra y otros dos hombres y una mujer en Catalunya acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Según la Guardia Civil, la “venta” de la menor, perteneciente a una comunidad romaní, tuvo lugar en enero en una localidad de la Ribera navarra, donde los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa, en Lleida, para casarla con su hijo. Una vez cerrada la “venta”, la menor fue trasladada a Catalunya, “donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado”.

Según la investigación, la adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado. En octubre los Mossos d'Esquadra encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial. Detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había “comprado” y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

En la causa, añade el magistrado, hay grabaciones procedentes del perfil de Instagram de la madre de la niña, en las que se visualiza a esta junto con su supuesto marido participando en “una celebración en la que el primero entrega un anillo a la segunda mientras dice ‘sí’”. Según recoge el auto, también hay grabaciones en las que se ve a la madre de la víctima “exhibiendo, el 24 de febrero, gran cantidad de dinero, fraccionado en billetes”. 

Los procesados, según apunta la resolución judicial, reconocieron en el juzgado que la menor y su presunto esposo eran pareja y que habían adquirido un compromiso para contraer matrimonio. Asimismo, el juez destaca que la adolescente fue “localizada en al menos dos ocasiones practicando la mendicidad en las localidades de Borges Blanques y Bellpuig”. 

En el auto de procesamiento, el juez emplaza a los cinco encausados para que presten las correspondientes declaraciones indagatorias previstas en este tipo de procedimiento, que se llevarán a cabo el 9 de junio. Los procesados continuarán, como hasta la fecha, en situación de libertad provisional al considerar el magistrado que no han variado las circunstancias que se tuvieron en cuenta en su momento para su adopción.

Un juez de Barcelona ha enviado a prisión provisional al padre y a la madre de un bebé de un mes acusados de maltrato grave, lesiones y agresión sexual a su hijo de un mes de vida. El bebé se encuentra bajo la tutela de la Generalitat.

Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el magistrado del juzgado de violencia contra la infancia y adolescencia de Barcelona acordó, el pasado viernes, la prisión provisional comunicada y sin fianza para dos personas, un hombre y una mujer, por los supuestos delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual sobre su hijo, de poco más de un mes de edad.

El bebé se encuentra bajo la tutela de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGPPIA) de la Generaltiat, la antigua DGAIA.

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a ambos progenitores en Barcelona el pasado miércoles, 18 de marzo, en el marco de una investigación, que aún sigue abierta, a cargo de la Oficina de Atención al Menor de la policía catalana. Fue el centro hospitalario en el que ingresó el menor debido a sus lesiones el que dio la alerta de la posible existencia de malos tratos.

Tras su detención, los dos progenitores pasaron el pasado viernes a disposición del juzgado número 1 de la Sección de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia de Barcelona, que acordó enviarles a prisión preventiva comunicada y sin fianza.

El padre y la madre, que no tienen antecedentes, están acusados de los delitos de maltrato habitual, lesiones muy graves y agresión sexual. Tras su comparecencia en el juzgado el pasado viernes, la Fiscalía pidió que se decretara prisión para ambos progenitores y que se suspendiera su patria potestad.

La Fiscalía argumentó, como motivos para que se enviara a los progenitores a prisión, que existía riesgo de fuga, debido a la elevadas penas por los delitos presuntamente cometidos, así como de reiteración delictiva y de atentar contra bienes jurídicos del menor.

La DGPPiA ha declarado el desamparo del bebé como medida de protección. Como regla general, y en especial en casos como éste en el que la víctima es un bebé, la administración prioriza que pueda ser acogido por una familia y, si es posible, que lo haga algún pariente.

En caso contrario, se opta por una familia ajena y se elige entre las voluntarias que se activan en casos de urgencia como éste y que pueden hacerse cargo del niño el tiempo que sea necesario. Normalmente, esa acogida dura hasta que los profesionales de atención a la infancia de la Generalitat determinan el estado del bebé y proponen la mejor solución para atenderlo. También existe la posibilidad de la acogida en un centro.

La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha ordenado reabrir la investigación a cinco personas por la venta de una menor de 14 años a una familia en Catalunya a cambio de 5.000 euros y cinco botellas de whisky par contraer matrimonio de manera forzada. La Audiencia Provincial de Navarra estima así el recurso presentado por la Fiscalía y considera necesaria la práctica de las diligencias de instrucción después de que un juez de Tudela archivara la causa tras la declaración de la menor, que aseguró que su estancia en Catalunya era voluntaria.

Los hechos se remontan al mes de noviembre del 2025. En el marco de una investigación iniciada por la Guardia Civil, y en colaboración con los Mossos d'Esquadra, fueron detenidos los padres de la menor en Navarra y otros dos hombres y una mujer en Catalunya acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Según la Guardia Civil, la “venta” de la menor, perteneciente a una comunidad romaní, tuvo lugar en enero en una localidad de la Ribera navarra, donde los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa, en Lleida, para casarla con su hijo. Una vez cerrada la “venta”, la menor fue trasladada a Catalunya, “donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado”.

Según la investigación, la adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado. En octubre los Mossos d'Esquadra encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial. Detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había “comprado” y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

Por todo ello, la Audiencia de Navarra señala que existen indicios de que la menor fue vendida en enero 2025 por sus padres a otro matrimonio para casarla con su hijo de 21 años. También de que la menor ha sido dedicada a la mendicidad e incluso en acciones delictivas. En tercer lugar, añaden los jueces, constan en la ampliatoria del atestado de los Mossos D'esquadra las fotografías aportadas por un testigo en las que aparece la menor y su “presunto marido”, además de los progenitores de este, en el festejo de su boda.

“En cuarto lugar, el hecho de que la menor de 14 años en su declaración no se reconozca como víctima de delito, entiende esta Sala que no puede ser sinónimo de que no lo sea. Basta señalar que, conforme a la propia letra del Estatuto de la Víctima, la protección y el apoyo a la víctima no es sólo procesal, ni depende de su posición en un proceso”, subraya la Audiencia en una resolución recogida por Europa Press.

Así, según recoge la resolución judicial, “existiendo un riesgo evidente para la menor que necesita de una tutela especial de protección ante los claros indicios de comisión de delitos de trata de seres humanos y coacciones por los recurrentes, quienes podrían haber concertado un matrimonio forzado y una venta por un precio, siendo entregada a una familia de origen rumano con residencia en la localidad de Lérida”. “Debe señalarse que, en el presente caso, que el sobreseimiento y archivo de la presente causa es prematuro y la medida de alejamiento impuesta es conforme a Derecho”, añade.

La Audiencia de Navarra ha solicitado la toma de declaración al testigo, “quien en la actualidad consta ha sido amenazado por la familia de la menor y, fue quien facilitó datos de gran transcendencia en la presente causa como son: el perfil de Facebook del presunto marido; de la menor, las fotografías del presunto enlace matrimonial, el precio de la entrega de la menor y el lugar donde se localizaba la misma”.

También se ha requerido el oficio a los Mossos D'esquadra de Lleida, que intervienen en los hechos, para que aporten informes acerca de la familia con la que la menor estaba sobre si tienen conocimiento de si se dedican actividades delictivas y medios de vida de la misma a la luz de los hechos por lo que se contraen las presentes diligencias, siendo que constan varias intervenciones de ellos con la menor en fecha de 9 de septiembre y 4 de octubre de 2025. “Y, finalmente, esta Sala estima necesario oficiar a los servicios sociales de base de Corella para que aporten informe social y de intervención de la familia de la menor, en aras de conocer la situación de la menor en su núcleo familiar, social, escolar inclusive”, señala la Audiencia.

El Ministerio Fiscal pide una pena de 23 años de prisión para cada uno de los miembros de un matrimonio de Xinzo de Limia (Ourense), acusados de un delito de matrato habitual y cuatro delitos de lesiones al propinar “golpes y zarandeos violentos” a su hija recién nacida a finales de 2022. El letrado de la defensa y el representante de Fiscalía no han alcanzado conformidad en la Audiencia Previa celebrada el pasado jueves Juzgado de lo Penal número 1 de Ourense, por lo que se ha fijado el juicio para el 17 de junio de 2026.

Según el escrito fiscal, recogido por Europa Press, la hija de los acusados, nacida el 17 de septiembre de 2022, fue sometida entre octubre y diciembre de ese mismo año a “golpes y zarandeos violentos de forma reiterada”, con ánimo de “atentar contra la integridad física” de la menor o a sabiendas de que dichas acciones “iban a causar lesiones” al bebé, “pese a lo cual continuaron realizándolas”.

Asimismo, el escrito de acusación señala que, como consecuencia de los golpes, la menor sufrió fracturas en costado, fémur y tibia, contusión medular y diversos hematomas y hemorragias, necesitando para su curación intervenciones quirúrgicas y un año de incapacidad impeditiva, permaneciendo hospitalizada en la UCI durante 12 días.

Por ello, Fiscalía pide para cada uno de los acusados tres años de prisión por el delito de maltrato habitual, y cinco años por cuatro delitos de lesiones, así como la prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de la menor durante 20 años, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante tres años.

En esta línea, en concepto de responsabilidad civil, Ministerio Fiscal solicita el pago de una indemnización de 13.328,55 euros por el tiempo en el que tardaron en sanar las lesiones, y de 12.000 euros por daño moral. Según se clarifica en el escrito, ambos progenitores cuentan ya con la prohibición de comunicarse y aproximarse a la menor a menos de 200 metros por auto en fecha del 9 de diciembre de 2022.

La pareja de la madre de Lucca, el niño de cuatro años hallado muerto en la costa de Garrucha (Almería), habría violado y golpeado al menor hasta causarle la muerte, según la investigación de la Guardia Civil recogida en el auto de ingreso en prisión de la Sección Civil y de Instrucción número 4 del Tribunal de Instancia de Vera.

El auto señala que, sobre las 11:00 horas del 3 de diciembre, la madre se fue a preparar comidas al quiosco donde trabajaba, dejando en la vivienda a su pareja y al niño; en ese intervalo, Juan David R.C. habría violado al menor y lo habría golpeado “de forma reiterada” en el abdomen y otras partes del cuerpo.

El auto indica que, antes de la agresión mortal, Juan David R.C. “maltrataba y golpeaba” de forma habitual al menor y que aprovechaba los momentos en los que se quedaba al cuidado de Lucca; en una ocasión habría fracturado un hueso del brazo del niño.

Esos episodios de maltrato se habrían producido posiblemente “con conocimiento” de la madre, Bárbara Ysmar B.O., según declaraciones de testigos y lo manifestado por la propia investigada en otras ocasiones ante la policía y los jueces.

La Guardia Civil considera que la madre podría haber presenciado al menos una parte de la agresión, ya que sobre las 12:00 horas regresó al domicilio tras recibir el aviso de su compañero sentimental de que el niño se encontraba “mal”. El auto recoge que el acusado declaró ante el juez que la mujer acudió en las “horas previas al fallecimiento del menor al domicilio” y habría estado presente durante parte del episodio sin que “hubiera tenido intención presunta de evitarlo o asistir a su hijo”.

Según la investigación, una vez muerto Lucca, ambos investigados habrían trasladado el cuerpo hasta un antiguo búnker en la playa de Garrucha, en el límite con Mojácar, donde abandonaron el cadáver.

El informe preliminar de la autopsia al que ha tenido acceso EFE señala que la muerte del menor se habría producido por un shock hipovolémico, un desgarro hepático y un politraumatismo abdominal con derrame intestinal.

La madre y su pareja sentimental permanecen en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el pasado sábado. El abuelo materno del niño se personó como acusación particular en la causa y solicitó al juzgado el inicio de un expediente de jurisdicción voluntaria para poder incinerar el cadáver del menor, al no haberse podido obtener la autorización de la madre. La personación se formalizó en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vera, que estaba en funciones de guardia cuando se produjo el hallazgo del cuerpo y las detenciones.

El cadáver del menor de cuatro años de edad hallado en la noche de este pasado miércoles en la costa de Garrucha, en Almería, presenta signos de violencia física y sexual conforme a los indicios hallados en la autopsia preliminar del cadáver realizada en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Almería. El menor sufrió maltrato de forma previa a la consumación del crimen por el que permanecen arrestados y en dependencias policiales de Garrucha su madre, de 21 años y embarazada de cinco meses, y la pareja sentimental de esta, a quien le constaba una orden de alejamiento sobre ella, según ha confirmado Europa Press.

El subdelegado de Gobierno en Almería, José María Martín, ha informado este viernes de que los arrestados por estos hechos van a pasar a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia número 4 de Vera, en funciones de guardia, este sábado.

Trágica noticia

El cuerpo sin vida del niño apareció en torno a las 23.30 horas en la caseta de El Cargadero, en una playa situada en el límite con el término municipal de Mojácar, tras la denuncia interpuesta por el padre biológico del niño, quien se encontraba fuera de Almería en el momento de los hechos. Al respecto, Martín ha lamentado esta “trágica” noticia por la que la Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar el grado de participación de los investigados.

El cuerpo se movilizó junto con la Policía Local y Protección Civil tras el aviso recibido minutos después de las 20.00 horas por parte del servicio de emergencias 112, al que se le trasladaba una alerta por un menor de cuatro años que “se había desmayado en la playa”, que “había perdido el conocimiento” y “se encontraba inconsciente”, según Protección Civil.

Los allegados del menor también realizaron un llamamiento a través de las redes sociales en el que solicitaban la colaboración ciudadana para localizar al niño, quien conforme a la información que tenían en ese momento, había pasado la tarde en la playa junto a su madre. Otros avisaban de que la mujer habría enviado mensajes “escalofriantes” a la familia paterna.

Así, los investigadores pudieron finalmente localizar el cuerpo del pequeño en el interior de la instalación, por lo que se activó el protocolo judicial para el levantamiento del cadáver. La labor policial trata además de esclarecer si el niño habría sido trasladado hasta ese punto tras su muerte en otro lugar.

Redes sociales

El subdelegado ha pedido “prudencia” frente los vídeos que circulan en redes sociales con el menor en situaciones de supuesto maltrato junto con alguno de los implicados. “Hay que hacer una reflexión y analizar cualquier otra derivada de tipo legal que pudiera existir de los mismos”, ha dicho el subdelegado.

De otro lado, ha evitado descartar ningún tipo de hipótesis incluida la de una posible violencia vicaria hasta que se determine el papel que la madre habría tenido en los hechos. Pese a que existía una orden de alejamiento con respecto a la mujer, no consta que esta fuera usuaria de los servicios del Instituto Andaluz de Mujer (IAM) ni del Centro de Información a la Mujer (CIM) de Garrucha.

Por su parte, el Ayuntamiento de Garrucha, que declaró este pasado jueves día de luto oficial, ha decidido además aplazar los actos de inauguración del encendido navideño y la presentación del belén municipal al próximo digo debido a los “trágicos acontecimientos”.

La historia de 'Mi Vuelo ASÍ' comienza en un lugar donde pocas veces asoma la luz. Su fundadora, Isabel Muñoz Hernando, insiste en conservar sus dos apellidos porque hablan de quién es y del camino que ha recorrido. Durante años sufrió abuso sexual infantil y vivió atrapada en un silencio que, reconoce, “la marcaría para siempre”. Sin embargo, ese mismo silencio fue lo que la impulsó, ya en la edad adulta, a cuestionarse qué podía hacer para que otras niñas y niños no vivieran lo mismo que ella. Tras un largo proceso de terapia, meditación, formación y autocuidado, decidió transformar el dolor en motor social. Y nació 'Mi Vuelo ASÍ'.

La misión de la asociación es directa y ambiciosa: prevenir el abuso sexual en la infancia, acompañar a víctimas y familias, y ofrecer herramientas a profesionales del ámbito educativo y social. Isabel detectó que a la infancia se le habla poco y tarde sobre consentimiento, límites o secretos que duelen. Por eso, su enfoque está centrado en un lenguaje claro, accesible y adaptado a cada etapa escolar.

En los colegios desarrolla un programa de intervención progresivo: talleres lúdicos para el alumnado de los primeros cursos de primaria; dinámicas de grupo a partir de cuarto para entender el consentimiento y la importancia del cuerpo propio; y charlas participativas en sexto, donde la madurez del alumnado permite abordar conceptos más complejos sin perder cercanía. “La participación de ellos y ellas es fundamental”, explica. “Educarles desde pequeños en el consentimiento, en conocer sus partes íntimas y en saber diferenciar entre secretos buenos y secretos malos. Enseñarles a decir NO si una situación les incomoda y fundamentalmente a saber pedir ayuda si lo necesitan”.

La implicación no termina en las aulas. Las familias reciben formación para acompañar a sus hijos e hijas de forma preventiva, sin infundir miedo, mientras que el profesorado aprende a detectar señales, interpretar cambios de conducta y actuar de forma segura ante cualquier sospecha de violencia. “No se trata solo de prevenir, sino de saber reaccionar”, apunta Isabel.

Hasta ahora, la mayor parte del trabajo se había desarrollado en la provincia de Badajoz, pero la asociación inicia ahora una nueva etapa en la de Cáceres. La reunión con Miguel Ángel Morales, presidente de la Diputación, ha sido clave. “Llegué muy nerviosa, pero en minutos me hizo sentir que este proyecto también es importante para ellos”, relata. De ese encuentro surgió un compromiso firme: llevar talleres preventivos a centros educativos, crear formaciones específicas para profesionales que trabajan con menores y reforzar la visibilidad del abuso sexual infantil como problemática social.

Una de las mayores barreras, según Isabel, sigue siendo el tabú. “De lo que no se habla no existe”, afirma con rotundidad. Ese silencio social, estructural y sostenido dificulta tanto la prevención como la detección. Para ella, romperlo es parte esencial del trabajo: contar su historia, compartirla, mostrar que la violencia puede nombrarse y abordarse desde la protección. “Hablar sana”, dice, aunque también reconoce que cada víctima tiene sus tiempos y que no hay un único modo de reconstruirse.

El impacto de 'Mi Vuelo ASÍ' ya es visible. Centros educativos que han participado en las actividades solicitan su regreso y familias agradecen los cambios que observan en sus hijos e hijas. Para Isabel, esa es la mejor evaluación posible: “La gratitud de las personas”.

Los próximos pasos pasan por ampliar los programas de prevención, sumar nuevas personas socias y voluntarias, y consolidar la formación dirigida a profesionales. La asociación también amplia sus canales de contacto: a través del correo mivuelo82@hotmail.com, en Instagram como @mivuelo, y en la web mivueloasi.org.

Una invitación a romper el silencio

'Mi Vuelo ASÍ' nació del dolor, pero también de la convicción de que la protección de la infancia es una responsabilidad colectiva. Cada persona que decide informarse, escuchar, formarse o acompañar se convierte en parte de una red que puede cambiar destinos. El abuso sexual infantil no desaparece por sí solo: se combate hablando, educando, visibilizando y apoyando a quienes aún no han encontrado fuerzas para alzar la voz. La llamada de Isabel es clara: sumarse, sostener, difundir. Porque cuando una historia se escucha, muchas otras encuentran el camino para ser contadas.

La Fiscalía de Navarra ha recurrido el archivo de la investigación de la presunta venta de una menor de 14 años para contraer un matrimonio forzado en Catalunya a cambio de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y alimentos básicos. El juez había ordenado el archivo de la causa tras tomar declaración a la menor, que negó haber sido vendida por sus padres y aseguró que su estancia en Catalunya era voluntaria, pero según ha avanzado Diario de Navarra y han confirmado a la Agencia EFE desde el Tribunal Superior de Justicia de Navarra, la Fiscalía ha recurrido la decisión ante el juzgado.

La Guardia Civil detuvo el pasado fin de semana, con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, a los padres de la menor en Navarra y a otros dos hombres y una mujer en Catalunya acusados de un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado. Según la Guardia Civil, la “venta” de la menor, perteneciente a una comunidad romaní, tuvo lugar en enero en una localidad de la Ribera navarra, donde los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa, en Lleida, para casarla con su hijo. Una vez cerrada la “venta”, la menor fue trasladada a Catalunya, “donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado”.

La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añadía el comunicado. El pasado mes de octubre, los Mossos d'Esquadra encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial. Detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había “comprado” y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

Con todo, el juez consideró el testimonio de la menor más relevante que el resto de indicios y decretó el archivo provisional de la causa mientras no se aporten nuevos elementos que permitan reabrir la instrucción. Ahora la Fiscalía lo ha recurrido.

La protectora Progatos, la responsable de las colonias felinas en Toledo, ha sido expedientada por encontrarse ntre “60 y 65” gatos en condiciones insalubres en el refugio que tiene esta entidad en el Polígono industrial de la ciudad, según ha señalado el concejal del Río Tajo, Medio Ambiente y Deportes, Rubén Lozano.

El edil señala que hay evidencias que sugieren una “dejación de funciones” y un “incumplimiento de las responsabilidades” y de la concesión que se había otorgado a las personas responsables para el cuidado de las colonias felinas, una situación que desmiente un portavoz de la protectora -que opta por mantenerse en el anonimato- en declaraciones a Toledodiario.es.

A preguntas de los medios por un posible “abandono” de los animales en este espacio, Lozano ha indicado que el Ayuntamiento ha procedido a limpiar y mejorar ese entorno después de que el pasado viernes, agentes de la Policía Nacional y un veterinario se personaran en las instalaciones para verificar el estado de las mismas y de los animales.

“Se observó que esas tareas no se estaban llevando a cabo de forma adecuada y desde el Ayuntamiento hemos procedido a limpiar y mejorar ese entorno para los gatos. Por otro lado hemos iniciado un expediente para ver qué es lo que ha ocurrido y tomar las medidas oportunas con el personal que tenía responsabilidad en ese entorno”, apunta Lozano.

Cuestionado sobre si desde el Ayuntamiento consideran que se haya podido cometer un posible delito de maltrato animal contra los gatos que han encontrado en el refugio, el concejal indica que “las evidencias hacen pensar que ha habido una dejación de funciones y un incumplimiento de las responsabilidades”.

“Si hay que retirar esa concesión y reiniciar un nuevo proceso se hará puesto que lo que tenemos que hacer es cumplir la Ley de Protección Animal, mantener ese espacio saneado y cuidados, donde los gatos estén en las mejores condiciones posibles”, subraya el edil.

Progatos niega maltrato animal y reprocha que el Ayuntamiento tiene “deudas” con la protectora

Sin embargo, Progatos replica que, desde principios de 2025, está operando las instalaciones sin contrato vigente puesto que ya habrían apurado el presupuesto otorgado -de 22.000 euros- que se destinó en el contrato que firmaron en abril de 2024 con el Ayuntamiento para la esterilización, identificación y atención veterinaria de colonias sitas en el resto del término municipal.

La duración del mismo se alargaba hasta agotar dicho presupuesto. No obstante, Progatos ha continuado durante este año atendiendo a gatos heridos o abandonados en la vía municipal, gestionando el centro, alimentando y limpiando a los animales, bajo el principio de que los animales “no se pueden quedar sin atención”.

Así, Progatos está pasando los gastos al Ayuntamiento por el mismo coste de la licitación anterior, a 0,75 euros por gato/día. Así, apunta que el Consistorio les debe los gastos veterinarios que han tenido desde marzo con los animales y desde junio las cantidades acordadas para atender a los animales.

Además, apunta que la visita a la que hace referencia Lozano fue por parte de personal de la Consejería de Agricultura que ha intervenido en el refugio municipal “ante la falta del estatus como núcleo zoológico” del mismo y que llevan reclamando solicitar “desde hace meses” al Ayuntamiento.

Afirman también que en la visita que realizaron junto a agentes de la Policía Nacional “no se apreciaron indicios de maltrato animal” puesto que, defienden, “los gatos están en buen estado”. En cambio, sí reconoce deficiencias estructurales en las instalaciones del centro.

En este sentido, enumeran que para que el refugio pueda ser declarado núcleo zoológico requiere contar con agua caliente o la instalación de una ventana en una zona que hay sin ventilación ni luz natural en el centro. También existen deficiencias de desbroce, una tarea que Progatos recalca que le corresponde asumir al Ayuntamiento, y que “solo ha realizado” tras la mencionada visita.

Cinco personas han sido detenidas en Navarra y Catalunya por traficar con una menor de 14 años y obligarla a contraer matrimonio a cambio de 5.000 euros, cinco botellas de whisky y alimentos básicos. La víctima, que ya ha sido liberada, fue vendida por sus propios padres.

En una operación de la Guardia Civil con la colaboración de los Mossos d'Esquadra, se ha detenido a los padres de la menor en Navarra, mientras que en Catalunya se ha detenido a otros dos hombres y una mujer. Las fuerzas de seguridad atribuyen a los padres y adultos un delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzado, pero el juez que investiga el caso ha decretado el archivo provisional de la causa al declarar la chica que su estancia en Catalunya era voluntaria

La Guardia Civil informó este sábado de que la “venta” de la menor, perteneciente a una comunidad romaní, tuvo lugar en enero en una localidad de la Ribera navarra, donde los padres de la niña, un hombre y una mujer de 35 años, ofrecieron a su hija a una familia de Mollerussa, en Lleida, para casarla con su hijo. Una vez cerrada la “venta”, la menor fue trasladada a Cataluña, precisaba la Guardia Civil, “donde permaneció bajo el control de la familia compradora con el propósito de consumar el matrimonio forzado”.

La adolescente no estaba escolarizada y fue obligada a ejercer la mendicidad para aportar dinero a la familia que la había comprado, añadía el comunicado. El pasado mes de octubre, los Mossos d'Esquadra encontraron en Les Borges Blanques a la niña cuando estaba mendigando ante un centro comercial. Detuvieron en Mollerussa al matrimonio que había “comprado” y trasladado a la menor, un hombre y una mujer de 40 y 42 años, así como a su hijo de 20.

Sin embargo, el juez ha considerado el testimonio de la menor más relevante que el resto de indicios y decreta el archivo provisional de la causa mientras no se aporten nuevos elementos que permitan reabrir la instrucción.

Actualmente la víctima recibe atención y apoyo especializado.

La Audiencia de Málaga ha condenado a una pareja por el maltrato a sus dos hijas menores de edad. Se trata de una bebé de 47 días de vida, que presentaba distintas lesiones, entre ellas quemaduras en el 42% de su cuerpo, al sumergirla el padre en agua caliente, por lo que este ha sido condenado también por lesiones. Además, otra hija de dos años en ese momento sufrió quemaduras de cigarrillo.

Al padre se le imponen 16 años de cárcel y a la madre, cuatro años. El tribunal impone estas penas al tener en cuenta “lo especialmente reprochable que supone el maltrato continuado y prácticamente permanente desde el nacimiento a una pequeña de 47 días de vida” y al valorar la gravedad del hecho y la situación de absoluta indefensión de las víctimas.

Según se declara probado en la sentencia de la Sección Tercera de Málaga, en octubre de 2022, la hija que tenía entonces 47 días de vida fue asistida en el Hospital Materno Infantil de Málaga, donde fue llevada por su madre quien indicó que se había quemado durante el baño, presentando quemaduras que ocupaban el 42% de la superficie corporal y que afectaban varias zonas del cuerpo.

Quemaduras y desnutrición a sus 47 días de vida

Estas lesiones “en realidad habían sido causadas por el padre de la menor, quien sumergió a la niña en el agua caliente, con ánimo de atentar contra su integridad física, sin riesgo propio y sin ninguna posibilidad de defensa por parte de la menor”, dice el tribunal, quien añade que no consta que la madre en ese momento se encontrara en el domicilio.

Todas las quemaduras “eran de segundo grado, profundas y, por su naturaleza, se descarta la posibilidad de que tengan un origen accidental, exigiendo para su comisión la inmersión en agua caliente durante un tiempo variado”, dependiendo de la temperatura. Esta niña presentaba otro tipo de lesiones “que le fueron causadas por sus padres actuando de mutuo acuerdo en los 47 días de vida”.

Además de las lesiones, presentaba desnutrición marcada y deshidratación leve. La menor precisó ingreso hospitalario en tres ocasiones por un periodo total de 90 días y presenta secuelas físicas y un retraso psicomotor y traumatismo craneoencefálico que “afectarán en un futuro a las funciones ejecutivas”, lo que “supone un grave problema para poder realizar las actividades más cotidianas”.

Síntomas de maltrato habitual

Asimismo, en fechas no determinadas exactamente, pero con anterioridad a noviembre de 2022, la otra menor, que contaba entonces con dos años, hubo de ser asistida en el Hospital de la Axarquía, donde le fueron apreciadas dos lesiones cicatriciales concéntricas en el muslo izquierdo, según recoge la sentencia.

La Sala considera que estas heridas eran “compatibles con quemaduras de cigarrillos, que le causaron sus padres actuando de mutuo acuerdo, sin tener la menor posibilidad alguna de defensa”. La niña, tras sufrir estas lesiones y las que presentó la hermana, fue objeto de un procedimiento de desamparo provisional acordado por el Servicio de Protección de Menores.

En el seno de estas diligencias se acordó un informe psicológico de la menor para determinar si presentaba sintomatología de una víctima de maltrato habitual, pero debido a su grado de madurez no fue posible informar sobre la existencia o no de dicha sintomatología.

No obstante, en entrevistas con la madre de acogida, sí se apreciaron datos o elementos que podrían determinar la existencia de este maltrato habitual, al manifestarle que “llegó asustada y con temor a cualquier nuevo acontecimiento, agachándose y cubriéndose la cabeza y con terrores nocturnos que la despertaban diciendo 'bebe se quema, bebe pupa'”.

A esta sentencia se llega tras examinar las pruebas expuestas en el juicio. Para la Sala, la lectura del informe forense y de la documentación médica “es aterradora y corrobora el sufrimiento por parte de la menor de un maltrato habitual en sus pocos días de vida”, ya que no solo presentaba quemaduras en casi la mitad de su cuerpo, sino otras lesiones.

La madre y el padre condenados por violencia doméstica

Para el Tribunal, este maltrato habitual ha de ser atribuido a ambos progenitores. “Es imposible sostener que la madre nada tuviera que ver con tales hechos, ni que acatara como normal el padecimiento constante de heridas, hematomas y quemaduras en el cuerpo de una pequeña de tan solo 47 días de vida”, recoge la sentencia. “Nada hizo por que tales hechos no se siguieran produciendo” y no denunció estos episodios.

Por ello, se les condena a ambos por un delito de malos tratos habituales y por otro de violencia doméstica, con la circunstancia que agrava la pena de alevosía. Además, al padre se le condena por otro de lesiones, del que se absuelve a la madre, al considerar que no estaba en la vivienda cuando el padre metió a la bebé en agua caliente.

Además de prisión, se acuerda la privación de tener armas durante diez años y la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad de la hija menor por cinco años. En el caso del padre se le prohíbe también acercarse a esta durante 19 años. A ambos se les impone también la prohibición de aproximarse a la otra hija a menos de 500 metros durante cinco años.

La Audiencia malagueña descarta las explicaciones de los padres de que la bebé se cayó de forma accidental en la bañera con agua, ya que el informe forense señala que existía “una clara línea de separación entre las zonas quemadas de las no quemadas, sin que existan por ejemplo quemaduras en la cabeza, lo que sería imposible de haberse producido una caída accidental”.

La Fiscalía de Asturias considera que el matrimonio que desde 2021 mantuvo retenidos a sus tres hijos menores de edad en un chalé, ubicado en la zona rural a 1,9 kilómetros de la capital asturiana, ejerció violencia psíquica habitual sobre los niños que permanecieron aislados del mundo exterior por miedo a un “hipotético contagio” a cualquier enfermedad, entre ellas el covid.

Un confinamiento forzoso que llegó al extremo de que los niños no conocían a ninguna otra persona, ni miembro de la familia que no fueran sus padres.

Es la convicción a la que ha llegado la Fiscalía del Principado que va a solicitar sendas condenas de 25 años y cuatro meses de cárcel a cada miembro de la pareja por su presunta autoría en un delito de violencia psíquica habitual y tres delitos de detención ilegal.

Esta es la principal tesis que baraja el Ministerio Fiscal en el escrito de calificación que ha hecho público este jueves y donde recoge las conclusiones provisionales de la causa de las que ha dado ya traslado al Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo.

Un viaje desde Alemania a Oviedo

En su relato de hechos, la acusación pública expone que el matrimonio se trasladó a residir a una vivienda familiar a las afueras de Oviedo, en diciembre de 2021, junto a sus tres hijos, dos gemelos, que ahora tienen nueve años, y otro niño que actualmente tiene once.

La familia procedía de Alemania, de donde es natural el padre, que era la única persona que figuraba empadronado en el chalé, ya que no constaban ni su mujer -estadounidense con nacionalidad alemana- ni los menores de edad en ningún registro público, incluidos escolar o la Seguridad Social.

Incumplimientos

Hasta el pasado 28 de abril, cuando se produjo la intervención policial que liberó a los menores, el matrimonio, “de común acuerdo”, según confirma la Fiscalía, incumplió “los deberes de protección” que tenían sobre sus hijos, a los que privaron de sus necesidades “educativas, sanitarias, emocionales y sociales”.

Los acusados, según consta en el escrito de calificación, “encerraron a los menores en el interior de la vivienda y los aislaron de forma absoluta del mundo, negándoles el contacto con otras personas, tanto físicamente como por cualquier medio de comunicación”.

No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años, por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo

El aislamiento del mundo exterior era absoluto, ni se relacionaban con terceras personas, ni conocían a otros miembros de la familia. El mundo de los menores se circunscribía únicamente al contacto entre los hermanos y sus progenitores y siempre dentro de casa.

“No salieron para nada al exterior, ni siquiera al jardín con el que contaba la vivienda, durante casi cuatro años por el infundado temor que tenían los acusados, y que habían inculcado a sus hijos, a que se contagiasen de algo”, recalca la Fiscalía.

Los padres nunca escolarizaron a los menores en España y los gemelos no sabían, con ocho años, ni leer ni escribir

Sin escolarizar

Los acusados nunca escolarizaron a los menores en España, de forma que los niños aprendían por sí mismos o con la asistencia puntual de sus padres.

Un ejemplo claro de esa situación es que los gemelos, con 8 años cuando fueron encontrados por los agentes, no sabían leer ni escribir.

Utilización prolongada de pañales

Asimismo, los pequeños no tuvieron un seguimiento sanitario de su salud: la última vez que acudieron al médico fue en 2019 y eran los acusados los que se encargaban de diagnosticar y tratar sus problemas cuando surgían.

En el domicilio contaban con abundantes medicamentos, comprados sin la preceptiva prescripción médica. Por otro lado, los niños presentaban igualmente problemas de control de esfínteres, ocasionados por la utilización indebida y prolongada de pañales, según advierte la Fiscalía.

Barrotes rotos para “entrar y salir”

La descripción en la que los agentes encontraron el interior del domicilio familiar y que refleja la Fiscalía en su escrito de calificación provisional también demuestra hasta qué punto llegaba el abandono en que el matrimonio tenía no solo a sus hijos sino también a la hora de procurarles un entorno con las mínimas condiciones higiénico-sanitarias.

“La vivienda se encontraba en malas condiciones de habitabilidad, con un déficit importante de limpieza, con cantidades ingentes de basura y suciedad acumulada en diversas estancias”, indica.

“Además, el mobiliario era inadecuado para cubrir las necesidades de los menores: los gemelos dormían en cunas, a las que habían roto los barrotes para entrar y salir libremente. Su hermano lo hacía en una cama de reducidas dimensiones para su edad”, explica la Fiscalía.

Un retraso en relaciones sociales

Otro detalle más de que el matrimonio no se ocupaba de los menores en lo más mínimo es que éstos caminaban “encorvados, con las piernas arqueadas”, presentaban dificultades para subir y bajar escaleras y tenían la piel “irritada y onicomicosis” (una infección crónica y progresiva de las uñas causada por hongos) e incluso uno de ellos tenía un ligero encorvamiento.

Como no salieron a la calle en estos cuatro años, los menores mostraron una gran sorpresa y perplejidad nada más pisar el jardín, como afirma la Fiscalía en su escrito: “Al salir al exterior, una vez que se descubrió la situación en la que se encontraban, los menores se mostraron sorprendidos por cuanto les rodeaba”.

Como consecuencia de estos hechos, los menores sufren distocia social, que supondrá un retraso en la incorporación a las relaciones sociales propias de su edad.

El matrimonio, en prisión

El matrimonio fue detenido el 28 de abril y, tras pasar a disposición judicial, el juzgado decretó su ingreso en prision provisional, comunicada y sin fianza.

Actualmente ambos cónyuges permanecen internados en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel de Asturias.

Suspendida la patria potestad

Por autos de 30 de abril de 2025 del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo se acordó la prisión provisional, comunicada y sin fianza de los acusados, así como la suspensión cautelar de la patria potestad, guarda y custodia sobre sus hijos, con atribución de las mismas a la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias.

La consejería, de la que es titular Marta del Arco, aprobó el pasado 6 de mayo una resolución por la que se declaró el desamparo de los menores y la asunción de la tutela por la entidad pública.

El delito de violencia psíquica habitual

La Fiscalía considera que los hechos constituyen un delito de violencia psíquica habitual en el ámbito familiar y tres delitos de detención ilegal con la circunstancia agravante de parentesco.

A las penas de 25 años y cuatro meses de prisión para cada uno de los acusados, el Ministerio Fiscal añade otras penas accesorias.

Así, por el delito de violencia psíquica habitual reclama que se les prive el derecho a la tenencia y porte de armas durante cuatro años y seis meses y su inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda y acogimiento durante tres años y cuatro meses.

Además, solicita la prohibición de aproximación a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro frecuentado por los mismos durante tres años y cuatro meses y la prohibición de comunicación por cualquier medio, quedando en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que en su caso se hubiera reconocido en sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena.

Los delitos de detención ilegal

Por cada uno de los tres delitos de detención ilegal en concurso con un delito de abandono de familia, pide como penas accesorias a las de prisión la prohibición de aproximación a los menores a menos de 300 metros, a su domicilio, lugar de trabajo o estudio y cualquier otro que sea frecuentado por los mismos durante ocho años y seis meses.

También interesa que el matrimonio tenga prohibida toda comunicación con sus hijos por cualquier medio, quedando en suspenso el régimen de visitas, comunicación y estancia que en su caso se hubiere reconocido en sentencia civil, hasta el total cumplimiento de la pena.

El Ministerio Fiscal solicita que los acusados, de forma conjunta y solidaria, indemnicen a los menores con 15.000 euros a cada uno de ellos por los daños morales sufridos, más los intereses legales correspondientes.

El matrimonio que fue detenido, el pasado mes de abril, acusado de mantener encerrados a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de diez- durante casi cuatro años en su vivienda familiar en Toleo, en la zona rural de la capital asturiana, permanecerá en prisión provisional.

Así lo ha acordado el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Asturias que ha denegado los dos recursos de apelación que interpusieron los abogados de Christian S., alemán de 53 años, y su esposa, Melissa Ann S., de 48, con doble nacionalidad estadounidense y alemana, contra los autos del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo del pasado 7 de mayo, por los que se acordó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

La titular del juzgado dictó el auto de prisión contra ambos en virtud del atestado policial que les atribuye los delitos de abandono de menores y maltrato psicológico en el ámbito familiar.

El riesgo de fuga

En el recurso que presentó la defensa de Christian S. se alegaba que la prisión provisional se dictaba por la posible existencia de riesgo de fuga, cuando, por el contrario, su representado carece de antecedentes penales y no ha mostrado “intención de eludir la acción de la justicia”.

La defensa añade que, además, el cabeza de familia colaboró “en todo momento con las autoridades”, teniendo interés “como padre de sus tres hijos” en permanecer en España para recuperar el vínculo con ellos, “no siendo suficiente para acordar la prisión la falta de arraigo o de personas, familiares, amigos o conocidos, cuando está viviendo de forma estable en su residencia en Oviedo desde noviembre del año 2021”.

“Una medida desproporcionada”

La representación legal del padre considera que de esta forma el auto de prisión vulnera, desde su punto de vista, el principio de proporcionalidad y estima que la finalidad que se pretende alcanzar con la medida cautelar, “puede lograrse sin acudir a la privación de libertad”.

En su recurso de apelación, también apunta a que esta medida “no es necesaria para la protección de los menores”, pues sus hijos se encuentran bajo la tutela del Principado de Asturias y residen en un Centro de Menores.

Duplicidad de medidas cautelares

Esta es la base para que argumente que, al haberse suspendido la patria potestad, no existe prueba alguna de su intención de trasladar a los menores fuera de España.

En definitiva, estima que las medidas adoptadas por el Principado con la prohibición de contacto no supervisado o comunicación regulada por los Servicios Sociales, son suficientes para garantizar la protección de las víctimas, “no existiendo indicio alguno -afirma la defensa- de que realizara conductas tendentes a menoscabar la integridad de sus hijos de forma dolosa, encontrándonos ante una duplicidad de medidas con idéntico fin, estimando excesiva la medida que conlleva el obligado abandono de su actividad empresarial”.

Las defensas pedían que se sustituyera la medida cautelar de cárcel por medidas "menos gravosas", entre las que citan comparecencias semanales, la retirada de pasaporte o incluso la colocación de un localizador electrónico

El miedo al Covid

Por ello, solicita al tribunal de la Sección Segunda que deje sin efecto la medida de prisión provisional y se le impongan medidas “menos gravosas”, entre las que cita las comparecencias apud actas semanales, la retirada de pasaporte o incluso la colocación de un localizador electrónico.

En el recurso de apelación, también pide que se realice una evaluación psiquiátrica adecuada para determinar a qué puede deberse su conducta y sugiere que puede tener alterada la percepción de la realidad, por alguna enfermedad o trastorno psicológico al justificar el confinamiento de los menores y de toda la unidad familiar por temor a contagios, e infecciones.

Evaluación psiquiátrica

Para realizar esta evaluación psiquiátrica y garantizar su tratamiento médico, propone su ingreso en un centro hospitalario.

En el recurso de apelación de la madre, Melissa Ann, se argumenta en términos similares a los de su marido, se pide que se sustituya la medida de prisión provisional por otras medidas “menos gravosas” con comparececias semanales, retirada de pasaporte o incluso la colocación de un localizador electrónico.

De forma subsidiaria, pedía que se acordase el ingreso en un centro hospitalario para garantizar un tratamiento adecuado a sus patologías o trastorno mental, debiendo realizarse una evaluación psiquiátrica adecuada para asegurar su bienestar, “bajo las medidas que se estimen necesarias”.

Ausencia de escolarización

La Sala, sin embargo, ha descartado todos estos extremos en ambos recursos y justifica el mantenimiento de la prisión provisional del matrimonio “por la gravedad de los hechos” que se le imputan.

Los magistrados se basan en el atestado policial que recogía que tanto el padre como la madre mantuvieron a sus hijos, durante cerca de cuatro años, en el interior del domicilio familiar “con ausencia total de escolarización y de todo tipo de cuidados y seguimientos sanitarios”, e impidiéndoles la socialización, lo que les ha llevado a “un retraso evidente en diferentes áreas del comportamiento humano”.

A todo ello se le añade la “situación deplorable” en la que se encontraba la vivienda, con “múltiples focos de basura” en el baño, la cocina, la escalera o junto a las camas de los niños, y con “una ausencia total de las condiciones de higiene y salubridad adecuadas para el desarrollo de una vida normalizada”.

Reiteración delictiva

La Audiencia admite que en estos momentos el riesgo de reiteración delictiva es “poco relevante”, puesto que los menores se encuentran bajo la tutela del Principado de Asturias, pero subraya que “sí que se da un evidente e importante riesgo de fuga, dada la gravedad de la pena” que se les podría imponer.

El matrimonio residía en una vivienda tipo chalé en el pueblo de Toleo, en la zona rural de Oviedo con sus tres hijos menores de edad. Una vecina de la zona alertó a los servicios sociales del Ayuntamiento de la capital asturiana porque le parecía que había menores en la casa que no estaban escolarizados. En el consistorio comprobaron que solo el padre estaba empadronado.

Estupor de los vecinos

Tras unas vigilancias discretas sobre la vivienda, la Policía Local decidió intervenir. Tras arrestar a los padres, liberó a los menores y éstos pasaron a estar bajo la custodia del Principado.

La situación de la familia causó un auténtico estupor entre los vecinos del matrimonio que, a pesar de vivir a escasos metros de su chalé, desconocían por completo su situación, la de los menores y las condiciones de insalubridad en las que vivían. Uno de estos vecinos era Marino Guardado que lleva 23 años residiendo en Toleo y que en los últimos cuatro años jamás vio a la familia, ni a los padres, ni a los menores. Él mismo lo relató así a elDiario.es Asturias.

El Principado se personará en la causa penal

El Principado se personará en la causa penal abierta contra sus padres al asumir la administración autonómica la tutela de los tres niños.

El Gobierno del Principado continúa buscando a familiares de los menores para ver la posibilidad de que se hagan cargo de ellos y no se pierda el vínculo con algún miembro de la familia.

Búsqueda de familiares

El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, adelantó el pasado 5 de mayo que la administración autonómica se personará en la causa que se sigue contra los padres al haber asumido provisionalmente la tutela y representación de los menores.

Peláez confirmó que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar está tratando de contactar con familiares de los menores para “encontrarles la mejor situación posible” y que puedan desarrollar una “vida digna”.

Hasta el momento no ha sido posible localizar a personas vinculadas a la familia, lo que ha llevado a contactar con el Consulado alemán y la Embajada de Estados Unidos, pero las gestiones aún no han fructificado. No obstante, fuentes del Principado han confirmado que los menores “están bien”.

Un hombre ha sido detenido en Málaga capital por, presuntamente, lanzar contra el suelo a su bebé, de 14 meses, durante una discusión de pareja, según han confirmado a Europa Press fuentes municipales.

Los hechos tuvieron lugar el pasado miércoles, 21 de mayo, en la capital, según ha adelantado diario 'Sur'. Los servicios de emergencias fueron alertados en relación con un posible caso de violencia en el ámbito familiar, por lo que una patrulla de la Policía Local de Málaga se desplazó hasta el lugar donde ocurrió la discusión que, al parecer, acabó en una presunta agresión sobre la hija de ambos.

Al parecer, según el diario, el hombre, presuntamente, le quitó a la bebé de los brazos a su pareja, momento en que supuestamente la zarandeó y la tiró contra el suelo.

La menor, que quedó en un primer momento inconsciente, fue trasladada al Hospital Materno Infantil de Málaga, donde quedó ingresada. Ante los indicios, el centro activó el protocolo para casos de sospechas de maltrato infantil, mientras que el padre fue detenido y trasladado a dependencias de la Policía Nacional.

El matrimonio que desde 2021 mantenía retenidos a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de diez- en su domicilio en Toleo (Fitoria), en la zona rural ovetense, continuará ingresado en prisión provisional. Así lo ha acordado la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo al considerar que persiste el riesgo de fuga, al carecer de todo arraigo en España, y ante la necesidad de dar protección a las víctimas y evitar una reiteración delictiva.

El Tribunal Superior de Justicia de Justicia de Asturias (TSJA) ha confirmado este jueves que el Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo se ha hecho cargo del procedimiento, después de que el pasado martes recibiera la causa tras la inhibición del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Éste último se había hecho cargo en un principio de la causa al estar de guardia el 30 de abril, cuando el matrimonio pasó a disposición judicial 24 horas después de la detención.

El mismo martes, la magistrada acordó la práctica de diligencias de instrucción y convocó a las partes a una comparecencia para resolver sobre la ratificación de la prisión provisional comunicada y sin fianza que había acordado el Juzgado de Instrucción número 3 el pasado 30 de abril.

Videoconferencia desde la cárcel

La comparecencia se celebró ayer, en Oviedo. El matrimonio, que permanece ingresado en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) del Centro Penitenciario de Asturias, asistió a la vista a través de una videoconferencia.

En la sala, además de la magistrada, se encontraban el fiscal, los dos letrados de la defensa y una traductora de alemán, idioma nativo del acusado Christian S., de 53 años. Su mujer, Melisa A.S, de 48 años, es norteamericana y tiene también la nacionalidad alemana.

La Fiscalía solicitó a la magistrada que ratificara la prisión provisional que había acordado previamente la guardia del juzgado número 3, así como que se mantuviera en este momento, y sin perjuicio de lo que resulte de las diligencias de instrucción que se practiquen, la calificación para ambos acusados de su presunta autoría en los delitos de abandono de menores, maltrato psicológico habitual así como un posible delito de detención ilegal.

La necesidad de proteger a los menores

La magistrada ha acordado seguir el criterio del Ministerio Fiscal, al entender que no se habían modificado las circunstancias que habían sido valoradas por el Juzgado de Instrucción número 3 para acordar el ingreso en prisión.

Por ello, ha dictado un auto donde ratifica la prisión provisional de ambos acusados al estimar que continúan vigentes los indicios que llevaron a su ingreso en la cárcel de Asturias por existir aún el riesgo de fuga, dado que ambos carecen de todo arraigo en España, además de la necesidad de protección de las víctimas y la de evitar una reiteración delictiva.

“A partir de este momento, el matrimonio queda como preso preventivo a disposición del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo, donde proseguirá la Instruccion con la práctica de varias diligencias”, según ha confirmado el portavoz del TSJA.

Autoconfinados por temor al covid

La familia vivió en Alemania, país natal del marido, hasta 2021. A finales de ese año, el padre Christian S. alquiló a través de una agencia inmobiliaria un chalé en el pueblo de Toleo, en Fitoria, una tranquila zona rural de Oviedo, situada a la falda del Naranco y a menos de dos kilómetros del centro urbano.

Los cinco miembros de la familia se trasladaron a la vivienda y la vida de los tres niños cambió radicalmente. A partir de su desplazamiento a Asturias, el miedo a contraer el covid les aisló del mundo exterior. Uno de los datos que más llamó la atención de los investigadores fue la obsesión de la familia por llevar puestas hasta tres mascarillas para evitar contagios.

Ni los niños, ni la madre volvieron a pisar la calle. Solo el padre salía unos minutos a la puerta de entrada para recoger los pedidos de comida o la correspondencia. Christian S. trabajaba en Alemania dando clases de Filosofía y cuando llegó a Asturias teletrabaja como asesor de Recursos Humanos.

La estupefacción de los vecinos

Aunque los vecinos de las casas más cercanas e incluso las monjas del convento de las Carmelitas Descalzas, situado enfrente del domicilio de la familia, habían visto en alguna ocasión a los repartidores con paquetes voluminosos de comida, no llegaron nunca a sospechar que en ese chalé vivía una familia.

Solo la vecina del chalé más próximo al suyo había escuchado en alguna ocasión “voces de niños” y había visto cómo se movían las cortinas de una ventana cuando el padre salía a recoger los pedidos.

Esta vecina contactó con el Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo, al que transmitió su preocupación por estos hechos. Su alerta activó toda la maquinaria policial y judicial.

La sorpresa de los niños al salir al exterior

La Concejalía de Seguridad Ciudadana puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la letrada del menor. La Policía Local vigiló la vivienda durante 14 días y el día 28 de abril, coincidiendo con la jornada del gran apagón que dejó a oscuras al país, se llevó a cabo la detención del matrimonio y la liberación de los menores.

La estupefacción de los vecinos fue generalizada cuando trascendió públicamente la noticia de que los agentes de la Policía Local de Oviedo habían accedido a la vivienda y detenido al matrimonio.

Entre tanto, la administración regional se hacía cargo de los tres hermanos que eran internados en un centro de menores. Previamente, fueron sometidos a un primer examen médico en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), donde se comprobó que físicamente “estaban bien”, según indicaron fuentes cercanas a la investigación.

Marino Guardado, que reside a escasos metros del chalé de la familia, era uno de los vecinos más sorprendidos. Lleva 23 años viviendo en Toleo y en los últimos cuatro años jamás vio, ni oyó nada. A continuación reproducimos sus declaraciones a elDiario.es Asturias.

Si la sorpresa de los vecinos fue mayúscula, no lo fue menos la de los niños quienes, según el relato de los mandos policiales que participaron en el operativo, respiraron profundamente al salir al exterior e incluso uno de ellos había mostrado su perplejidad al tocar la hierba del jardín de la vivienda “como si fuera la primera vez que lo hiciera”.

Las condiciones de insalubridad

Otro detalle que los mandos policiales aportaron en una multitudinaria rueda de prensa fue el relativo a las mascarillas. Aseguraron que el padre solo puso como condición a los agentes para que registraran la vivienda que ellos mismos se colocaran un cubrebocas.

Una fijación por evitar contagios de covid que contrastaba con las escasas condiciones higiénico-sanitarias en las que se encontraba el interior del chalé, con una ingente cantidad de basura y pañales sucios escondidos en armarios.

Los responsables del operativo policial llegaron a calificar la vivienda como “el chalé de los horrores”.

Con pañales y durmiendo en cunas

Los menores pese a haber superado los ocho años seguían llevando pañales. Los gemelos dormían en cunas y su hermano mayor en una cama pequeña. Aunque los menores estaban sin escolarizar, sus padres habían habilitado un aula en el domicilio familiar.

La investigación se centra ahora en la localización de familiares del matrimonio para ver si alguno de ellos pudiera cumplir las condiciones necesarias para hacerse cargo de los menores y no romper así el vínculo familiar.

Los tres niños se han adaptado “bien” a su nueva vida en el centro donde han empezado a interactuar con los trabajadores y la dirección. Poco a poco se van integrando. Aún están pendientes de ser sometidos a pruebas para conocer su estado psicológico.

Búsqueda de familiares

El portavoz del Ejecutivo asturiano, Guillermo Peláez, adelantó el pasado 5 de mayo que la administración autonómica se personará en la causa que se sigue contra los padres al haber asumido provisionalmente la tutela y representación de los menores.

Peláez confirmó que la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar está tratando de contactar con familiares de los menores para “encontrarles la mejor situación posible” y que puedan desarrollar una “vida digna”.

En la falda del monte Naranco se sitúa el pueblo de Toleo, a menos de dos kilómetros de la capital asturiana, entre Fitoria y Cuyences, donde están empadronados 155 residentes. El boom urbanístico de finales de los 90 del siglo pasado dejó su impronta con la construcción de viviendas unifamiliares. En uno de estos chalés se censó, a través de una agencia inmobiliaria, el alemán Christian S., de 53 años, quien en 2021 eligió esta tranquila zona rural ovetense como el lugar perfecto para instalarse con su familia.

En este chalé de color rosa había vivido anteriormente el exfutbolista Susaeta cuando se trasladó al Principado tras fichar en 2013 por el equipo de fútbol del Real Oviedo. Posteriormente en esa misma casa vivió un matrimonio con niños y sus últimos ocupantes eran una pareja a la que los vecinos habían visto en varias ocasiones paseando a sus galgos.

Desde que estos últimos inquilinos habían abandonado la vivienda, apenas se había visto movimiento de puertas para afuera. Los vecinos más cercanos jamás sospecharon que en su interior pasaran día y noche una familia completa durante cuatro años.

Ni salían al patio, ni a la calle

Un aislamiento voluntario del matrimonio y forzado para los menores que se rompió gracias a una vecina, Silvia, que estaba segura de que había escuchado “voces de niños” y había visto el movimiento de cortinas en una ventana coincidiendo con el momento en que el padre recogía los pedidos de comida o la correspondencia.

Sin embargo, los menores no salían a la calle, ni al patio, ni al jardín, ni estaban siquiera escolarizados.

Silvia contactó con el Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo. Su alerta activó toda la maquinaria policial y judicial.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la letrada del menor. La Policía Local vigiló la vivienda durante 14 días y el día 28 se llevó a cabo la detención del matrimonio y la liberación de los menores.

Operativo policial el día del 'gran apagón'

Ese día, coincidiendo con la jornada del gran apagón que dejó al país a oscuras, los agentes de la Policía Local afrontaban el caso más complejo que ha registrado en la capital asturiana entre la sorpresa, la incredulidad, la perplejidad y el desconcierto de los vecinos.

Pese a los numerosos intentos de este periódico para contactar con Silvia ha resultado imposible. Una atención mediática que ha llenado la localidad de turistas, curiosos y periodistas.

La expectación en Alemania

Hasta el pueblo se han desplazado periodistas de varios medios nacionales e incluso extranjeros, como los enviados especiales del diario alemán Bild que han reconocido que esta noticia ha acaparado numerosos titulares en su país, donde se está siguiendo con mucha atención.

Los residentes en Toleo tampoco salen de su asombro por las particularidades de esta situación y muestran abiertamente su estupefacción según van descubriendo los detalles de este escabroso caso.

“Creíamos que no vivía nadie”

Todos los vecinos con los que elDiario.es Asturias ha podido hablar desde que el pasado lunes, 28 de abril, se conoció el sufrimiento de los menores han lamentado no haber podido ayudar antes a los niños.

Marino Guardado vive desde hace 23 años en Toleo. Su domicilio está ubicado a escasos metros de la vivienda rosa, a la que el propio comisario principal de la Policía Local, Francisco Javier Lozano, ha definido como “la casa de los horrores” por la imagen que describieron los agentes de habitaciones con restos de pañales usados, con muchísimos medicamentos comprados on line y mucha basura.

“Es un escándalo esta noticia. En estos cuatro años que llevaba alquilada la casa a este matrimonio alemán con tres hijos jamás vi a nadie, ni a un señor, ni a una señora, ni a los niños, ni a un perro, ni a un gato. Para mí no había nadie y, por lo tanto, no había ninguna actividad”, explica asombrado.

“Una prueba era que el jardín que está justo delante de casa tiene la hierba muy alta –comenta– y si hubiera un perro o una persona que pasara dejaría una huella o un rastro y ahí no hay nada. No sé si lo segarían o cómo harían, pero en principio demuestra que no hay absolutamente nada”.

“No nos enteramos en estos cuatro años”

Admite que les causó “estupor y un coraje tremendo por no enterarnos de nada pese a vivir aquí al lado para poder hacer algo por estos niños inocentes, pero así es la vida y así es la historia”, dice con resignación.

Marino no puede describir cómo era el matrimonio, ni qué vida hacían junto a los niños, porque nunca les vio ni oyó nada: “No tengo ni idea de cómo es el matrimonio, porque jamás los vi, nunca”, recalca.

La misma sensación de impotencia por no haber podido ayudar a la familia es la que tienen las monjas de clausura del convento de Las Carmelitas Descalzas, que lleva desde 1980 en Toleo y que está ubicado a escasos metros del chalé rosa.

“Pensábamos que estaba vacío, porque el jardín no estaba cuidado, no había ninguna señal de vida en el interior. En ese chalé había vivido antes un matrimonio con niños y más tarde una pareja que tenía galgos, pero desde que estos últimos se fueron creíamos que ya no había nadie viviendo ahí”, explica la hermana Teresa.

El único contacto que las monjas de clausura tienen con el exterior es a través de la ventana por la que venden sus pastas, bizcochos o tartas y ninguno de los residentes que acude a comprar les comentó que estuviera una familia residiendo en la vivienda.

“Quedamos más que sorprendidas al conocer que hay gente sufriendo al lado tuyo y no lo has sabido”, se lamenta.

“Nunca vimos a la mujer, ni a los niños”

El cartero Julio Luque es de las pocas personas que han llegado a tener contacto con el padre. Él acudía regularmente a la vivienda desde hace tres años y pensó siempre que Christian S. era el único residente. Jamás vio a la mujer, ni a los niños.

“El alemán siempre estaba en casa y me abría la puerta con la mascarilla puesta. Me atendía él y jamás creí que podía haber más personas dentro. Nunca se oía ruido”, sostiene.

El matrimonio permanece ingresado en el centro penitenciario de Asturias desde el pasado miércoles por orden de la magistrada María Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo.

Los padres, en prisión

La madre fue trasladada a la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel y el padre permanece internado en el módulo de ingresos. El equipo de tratamiento de la prisión decidirá, tras una primera evaluación, su clasificación como recluso.

Ambos están acusados de los delitos de violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en un delito de detención ilegal, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El miedo al contagio

Christian S., doctor en Filosofía, teletrabajaba actualmente en Oviedo como asesor de Recursos Humanos, lo que facilitaba que pudieran pagar el alquiler del chalé y pudiera pasar horas y horas encerrado en la vivienda, sin contacto con el exterior.

El miedo del matrimonio a contagiarse tras la pandemia les llevó a encerrarse en la vivienda, aunque con ello arrastraron a los menores a un aislamiento en todos los ámbitos. Un comportamiento, que se evidencia por su obsesión al tener puestas hasta tres mascarillas al tiempo todos los integrantes de la familia, que contrastaba con la suciedad de la vivienda y las condiciones insalubres en las que han permanecido durante cuatro años.

Entre tanto, el Principado –que asumió provisionalmente el acogimiento temporal en un centro de los menores– y los investigadores tratan de localizar a familiares del matrimonio.

Entre otras gestiones, quieren analizar la posibilidad de que los niños no pierdan el arraigo familiar y estudiar si hay condiciones suficientes para hacerse cargo de ellos.

La localización de familiares del matrimonio detenido el pasado lunes en Oviedo acusado de mantener retenidos desde 2021 a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de diez- sin salir a la calle y sin escolarizar es ahora uno de los objetivos de cara a que los menores no pierdan arraigo familiar.

La separación de sus padres puede ser un trauma añadido a las posibles secuelas que pueda haberles acarreado el aislamiento y las condiciones de insalubridad en las que han vivido estos cuatro años.

Una familia autoconfinada en la casa

La familia se había autoconfinado en una vivienda alquilada en el pueblo de Toleo, en Fitoria, a las faldas del monte Naranco, en la zona rural ovetense y no mantenía contacto alguno con el exterior.

El propio comisario principal de la Policía Local, Francisco Javier Lozano, llegó a denominar el chalé donde la familia residía como la “casa de los horrores” por la escena que encontraron al ir a identificarlos: rodeados de basura y conviviendo con animales enfermos.

Los delitos imputados

Los padres, el alemán C.S., de 53 años, y su mujer M.A.S., de 48 y con doble nacionalidad estadounidense y alemana, han pasado su segunda noche en el Centro Penitenciario de Asturias, adonde fueron trasladados el pasado miércoles por orden de la magistrada María Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital asturiana.

Las diligencias se han abierto inicialmente por su presunta autoría en delitos de violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en un delito de detención ilegal, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Además, el juzgado ha acordado la suspensión de la patria potestad y de la guardia custodia de los menores, que atribuye al Principado. Cobra especial relevancia la localización de familiares por si pueden aportar detalles relevantes para la investigación e incluso si están en condiciones de hacerse cargo de los niños.

El ingreso en prisión

Fuentes penitenciarias han confirmado que la madre ha quedado ingresada en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel asturiana, mientras que su marido permanece internado en el módulo de ingresos a la espera de que sea evaluado.

Ambos progenitores accedieron a la prisión portando mascarillas, un detalle que no ha pasado desapercibido para los investigadores ya que en el momento en que los agentes de la Policía Local accedieron al chalé donde residían, todos los integrantes de la familia portaban triple cubrebocas.

La obsesión por las mascarillas

Desde un principio se analiza si tenían algún miedo a contagios, tras la pandemia, que explique esa obsesión por no tener contacto con el mundo exterior. Sin embargo, contrasta esa fijación por las mascarillas y al mismo tiempo no extremar las condiciones higiénico-sanitarias y vivir rodeados de basura.

Solo el padre, un profesor de Filosofía que teletrabajaba en Oviedo como asesor de Recursos Humanos, había sido visto por los vecinos de las casas más cercanas cuando salía unos minutos a recoger los pedidos de comida que encargaba por internet o la correspondencia a la puerta del chalé que había alquilado en octubre de 2021 y donde solo él estaba empadronado. Durante estos cuatro años no se había visto al resto de los miembros de la familia.

El caso se destapó a raíz de que una de sus vecinas, Silvia, contactara con el Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo y comunicara que a veces “escuchaba voces de niños”.

También había visto en alguna ocasión movimientos de cortina en la ventana cuando el padre salía a recoger los pedidos, lo que evidenciaba que había más personas en el interior del domicilio.

Vigilancias durante 14 días

La Policía Local realizó vigilancias discretas a partir del 14 de abril. El pasado lunes, 28 de abril, decidieron intervenir y tras poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la letrada del menor se acordó la identificación de los inquilinos.

El padre autorizó la entrada pero puso como única condición para permitir el acceso que los agentes se pusieran mascarillas. En ese momento, vieron a la madre y a los menores, así como las condiciones de insalubridad en las que vivían con mucha basura, acumulación de medicamentos y entre excrementos. Los menores seguían usando pañal y dormían los gemelos en cunas y el niño de diez años en una cama pequeña.

La madre adujo que los niños tenían “graves patologías”

La madre justificó la ingente cantidad de medicamentos que tenían acumulados y que habían adquirido on line en que los menores padecían “graves patologías”.

El matrimonio fue detenido y los menores liberados. Su primera reacción, nada más salir al exterior, fue “respirar profundamente” e incluso uno de ellos se sorprendió “al tocar la hierba del jardín, como si fuera la primera vez que lo hacía”, según señalaron los responsables del operativo policial.

En una multitudinaria rueda de prensa, los mandos policiales manifestaron que desde un principio apreciaron “la existencia de indicios de criminalidad”.

Los menores se encuentran actualmente acogidos provisionalmente en un centro del Principado. Los tres se encuentran “bien”, según han confirmado desde la administración regional.

Estamos en un proceso de valoración inicial en el ámbito físico, psicológico, social y relacional y hay que ver las posibles secuelas que pudiera haber por la situación que han vivido los menores

Marta del Arco — Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias

Las posibles secuelas

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha asegurado que su departamento estudia ya las posibles secuelas que hayan podido sufrir los tres menores.

“Es muy pronto, estamos en un proceso de valoración inicial en el ámbito físico, psicológico, social y relacional y hay que ver las posibles secuelas que pudiera haber por la situación que han vivido”, ha afirmado.

La Dirección General de Infancia y Familias asumió en el ámbito de sus competencias de protección de menores la custodia de los tres menores a instancias de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

La valoración de los menores

Los niños se encuentran en acogimiento residencial en uno de los centros dependientes del Principado, donde se les está garantizando su mayor bienestar, ratificó la consejera.

“Es muy pronto para valorar realmente”, ha afirmado Del Arco, que ha apostado por dar a los niños “ un tiempo para que deambulen” y se encuentren “ubicados” en el centro donde residen para poder empezar a hacer una valoración “más exhaustiva” que “arrojará luz” sobre la situación de “desprotección importante que han vivido”.

El PSOE de Oviedo exige explicaciones

Paralelamente a las actuaciones policiales y judiciales, han aparecido ya las primeras reacciones en el ámbito político municipal, donde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha exigido explicaciones al equipo de gobierno del PP.

La concejala Marisa Ponga ha registrado una solicitud de comparecencia en la Comisión Plenaria de Políticas Sociales y Juventud donde solicita que los responsables de las Concejalías de Políticas Sociales y Seguridad Ciudadana aporten información detallada sobre la actuación del consistorio en el caso de los tres menores localizados en situación de desprotección en una vivienda de Fitoria.

Los interrogantes

Ponga asegura que las condiciones de insalubridad en las que se encontraba la vivienda donde residían los menores ha generado “una gran preocupación entre la ciudadanía ovetense”, y plantea “interrogantes” sobre los mecanismos de prevención, detección e intervención de las distintas administraciones implicadas.

“Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos importante conocer el alcance de la intervención municipal: qué actuaciones se llevaron a cabo desde los servicios sociales, cómo se detectó la situación, qué coordinación existió con otros organismos como los cuerpos de seguridad o la administración autonómica, y qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad de los menores una vez se tuvo conocimiento de su situación”, ha señalado.

Prevención de situaciones de riesgo

La concejala puntualiza que con esta solicitud de comparecencia no pretende “señalar responsabilidades”, sino obtener una explicación “completa y rigurosa” de lo sucedido para poder evaluar posibles mejoras en el funcionamiento de los dispositivos de atención a la infancia y prevención de situaciones de riesgo.

Ponga ha insistido en la necesidad de revisar de forma continua los protocolos de detección y actuación ante situaciones de vulnerabilidad infantil para reforzarlos cuando sea necesario, así como de garantizar la coordinación efectiva entre todas las áreas municipales implicadas.

La protección a las personas más vulnerables

Asimismo, considera importante analizar si de este caso se pueden inferir debilidades en el sistema municipal que deban ser corregidas.

“Se trata de proteger a las personas más vulnerables. Conocer lo ocurrido es un primer paso para mejorar las herramientas que tiene la administración local para intervenir de forma temprana y eficaz en casos como este”, ha añadido.

El alemán Christian Stephan, de 53 años, encontró en Asturias el aislamiento que buscaba para autoconfinarse junto a su mujer, la norteamericana M.A.S., de 48 años, y sus tres hijos menores de edad: dos gemelos de ocho años y un niño de 10. Llegaron en octubre de 2021 a Toleo (Fitoria), una parroquia de la zona rural de Oviedo, a las faldas del monte Naranco, donde además de una vista espectacular la familia podía encontrar la tranquilidad a la que aspiraba.

El matrimonio alquiló un chalé individual a escasos metros del convento de las Carmelitas Descalzas, donde viven monjas de clausura. Apenas una decena de casas más en los alrededores completan la estampa perfecta si uno quiere pasar desapercibido.

Con pañales y durmiendo en cunas

A 1,9 kilómetros de distancia está la urbe y el ruido. Intramuros del domicilio familiar, unos niños apegados a su madre, sin escolarizar, sin salir al patio, ni a la calle y rodeados de excrementos, basura, medicamentos y animales enfermos.

Todos llevan triple mascarilla. Un autoconfinamiento que se cree que es consecuencia del miedo que ha dejado la pandemia. Los menores, pese a su edad, aún llevan pañales, los gemelos duermen en cunas y el niño en una cama “pequeña”. Una situación que se ha prolongado durante casi cuatro años y de la que nadie se dio cuenta. Ni los servicios sociales municipales, ni el Principado.

El movimiento de las cortinas en la ventana

Solo el padre tenía una mínima relación con el mundo exterior durante el escaso tiempo que transcurría desde que abría la puerta a los repartidores de comida y al cartero, Julio Luque, cada vez que llevaban el abastecimiento de los productos alimenticios y el correo hasta el chalé 15A, hasta que se cerraba una vez recogidos los pedidos.

En ese mínimo margen de tiempo, aparecía un ligero movimiento de cortinas en las ventanas, una señal de que había alguien más en el interior. Ningún vecino llegó a ver a otros miembros de la familia.

La denuncia y la detención

A lo largo de cuatro años han logrado permanecer aislados del resto del mundo hasta que este mes de abril, la vecina de la casa más cercana, Silvia, pensó que esas “voces de niños” que oía a veces, ese movimiento de cortinas en las ventanas, no era algo normal. Así se lo transmitió al Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo.

La denuncia de la posible falta de escolarización de los menores fue suficiente para destapar uno de los casos más complejos y escabrosos que ha vivido la Policía Local de Oviedo que, tras obtener la autorización de la Fiscalía de Menores del Principado, acudió este lunes al domicilio, liberó a los menores y detuvo al matrimonio.

Tras dormir en los calabozos del acuartelamiento de la Guardia Civil de Asturias, la pareja pasó este miércoles a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo. Ambos llegaron a la sede del Palacio de Justicia sobre las once de la mañana y la abandonaron a las seis de la tarde, cuando la magistrada titular del juzgado dictó un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el matrimonio y ordenó su inmediato ingreso en el Centro Penitenciario de Asturias.

Tocar la hierba por primera vez

Los niños fueron los primeros sorprendidos al ver que había vida al otro lado de los muros del chalé. Su primera reacción, según fuentes policiales, fue “respirar profundamente” al salir al exterior e incluso uno de los menores llegó a sorprenderse al tocar la hierba del jardín “como si fuera la primera vez que lo hacía”.

Tras ser liberados, los tres menores fueron examinados inicialmente en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), en Oviedo, y posteriormente ingresaron en un centro de menores bajo la tutela del Principado de Asturias.

Entre tanto, los vecinos de Toleo conocían anoche entre “sorprendidos” y “perplejos” la noticia del arresto del matrimonio y reconocían que estaban “escandalizados” ante las condiciones de insalubridad en la que vivían los padres y los menores. Hasta que los medios de comunicación dieron la noticia, desconocían que habían estado viviendo cuatro años “tan cerca y sin saber nada de lo que ocurría”.

El acceso al “chalé de los horrores”, como fue definido por los mandos policiales, está ahora acotado a los numerosos periodistas concentrados en las inmediaciones. Un cartel, escrito a mano y con un simple cordel, advertía de que era una propiedad privada y estaba prohibido el paso.

Un camino de acceso que sirve tanto para llegar hasta la vivienda de la familia alemana como de la vecina Silvia, que destapó el caso, quien no quiere hacer declaraciones.

A escasos metros está el convento de las Carmelitas Descalzas. Aquí viven monjas de clausura y su único contacto con el exterior es a través de la ventana donde venden sus rosquillas, tartas y bizcochos. La hermana Teresa atiende a elDiario.es Asturias. Ella fue una de las primeras sorprendidas al conocer las condiciones de insalubridad en las que vivía la familia.

Asegura que no tenían conocimiento de que el chalé estaba habitado: “Pensábamos que estaba vacío, porque el jardín no estaba cuidado, no había ninguna señal de vida en el interior. En ese chalé había vivido antes un matrimonio con niños y más tarde una pareja que tenía galgos pero desde que éstos últimos se fueron creíamos que ya no había nadie viviendo ahí”.

La hermana Teresa nunca vio al padre acudir al convento a comprar algunos de sus postres y desconocía por completo tanto su aspecto como el del resto de los miembros de la familia.

Hay gente sufriendo a tu lado y no lo has sabido

Hermana Teresa, monja de un convento cercano a la casa

Algunas veces sí vio cómo llegaban repartidores de comida, pero creía que era para entregar a otros vecinos de la zona.

“Somos monjas de clausura, pero nos relacionamos a través de esta ventana para la venta de los productos. El padre nunca vino aquí. Quedamos más que sorprendidas al conocer que hay gente sufriendo al lado tuyo y no lo has sabido”, se lamenta.

Del estupor al coraje por no ayudar a “niños inocentes”

Marino Guardado lleva viviendo en Toleo 23 años y jamás creyó que acabaría hablando para los medios de comunicación por su cercanía al chalé, mientras pospone para más tarde los recados que iba a hacer en ese momento junto a su mujer que espera, paciente, a que termine su relato. Un testimonio que reproducimos a continuación a través de este vídeo.

“Es un escándalo esta noticia. En estos cuatro años que llevaba alquilada la casa a este matrimonio alemán con tres hijos jamás vi a nadie, ni a un señor, ni a una señora, ni a los niños, ni a un perro, ni a un gato. Para mí no había nadie y, por lo tanto, no había ninguna actividad. Una prueba era que el jardín que está justo delante de casa -comenta- tiene la hierba muy alta y si hubiera un perro o una persona que pasara dejaría una huella o un rastro y ahí no hay nada. No sé si lo segarían o cómo harían, pero en principio demuestra que no hay absolutamente nada”.

La noticia les cogió por sorpresa, ya que se enteraron en la noche del martes. Admite que les causó “estupor y un coraje tremendo por no enterarnos de nada pese a vivir aquí al lado para poder hacer algo por estos niños inocentes, pero así es la vida y así es la historia”, dice con resignación.

Marino no puede describir cómo era el matrimonio, ni qué vida hacían junto a los niños, porque nunca les vio ni oyó nada: “No tengo ni idea de cómo es el matrimonio, porque jamás los vi, nunca”, recalca.

El cartero Julio Luque: “No vi nada sospechoso”

Julio Luque es de las pocas personas que era bien recibido en el domicilio familiar. Él llevaba las cartas y los certificados. El intercambio de palabras con el padre era mínimo. En los tres años que lleva acudiendo regularmente a la vivienda nunca vio nada especial que le llamara la atención y jamás se planteó siquiera que pudiera haber más personas viviendo en el chalé.

Sí, sé quién es el alemán. Le llevo la correspondencia desde hace tres años. Siempre estaba en casa y me abría la puerta con la mascarilla puesta. Me atendía él y jamás creí que podía haber más personas dentro. Nunca se oía ruido“.

Ha escuchado que el padre era filósofo y que teletrabajaba, pero tampoco está confirmado, si bien le encaja la idea de que esta sea su actividad profesional por el hecho de que habitualmente estaba en la vivienda. No obstante, asevera que él se limitaba a cumplir con su trabajo y no entraba en qué hacía o dejaba de hacer.

“Yo venía, le daba las cartas y poco más. Nunca vi nada sospechoso”, ratifica.

Solo había un detalle que en alguna ocasión sí le llamó la atención: “la casa siempre estaba cerrada, pero tampoco le di más importancia”, reconoce.

Elena Rodríguez es una habitual de la zona. Pasea mucho y habitualmente en su ruta pasa por delante de los chalés. Estaba convencida de que en el número 15A no vivía nadie.

“Es una sorpresa muy grande”

“Soy vecina de Ciudad Naranco, pero me gusta venir a pasear a diario a Toleo. No tenía ni idea de que en ese chalé podía vivir alguien. Jamás oí un ruido. Es una sorpresa muy grande”, manifiesta mientras continúa su paseo a buen ritmo.

El impacto en Toleo sigue siendo grande. Esta zona rural de Oviedo aún tardará varios días en recuperar su tranquilidad, ahora rota por la noticia de las condiciones en las que vivía el matrimonio y sus tres hijos; una familia que se autoconfinó y que llevaba cuatro años viviendo en un auténtico aislamiento y en condiciones insalubres en pleno siglo XXI.

Las guarderías deberían ser lugares seguros donde los niños dan sus primeros pasos en un mundo de aprendizaje y cariño. Sin embargo, una realidad perturbadora está rompiendo ese deseo: el maltrato. Gritos, humillaciones, negligencia y, en los peores casos, agresiones físicas han sacudido la confianza de las familias. Estos episodios, lejos de ser aislados, son un grito de alerta que no podemos ignorar.

Organismos como UNICEF advierten que tres de cada cuatro niños de 2 a 4 años enfrentan alguna forma de violencia psicológica o castigo físico por parte de sus cuidadores, ya sea en casa o en centros educativos. En las guarderías, prácticas como los gritos o los castigos humillantes se han colado en algunos rincones, normalizando lo inaceptable y dejando cicatrices en los más vulnerables.

El problema tiene raíces profundas. Muchas cuidadoras, aunque dedicadas, carecen de la formación necesaria para gestionar el estrés o las conductas desafiantes de los pequeños. La educación infantil no solo pide conocimientos, sino una empatía inmensa. A esto se suma la sobrecarga: grupos numerosos por adulto, salarios bajos y contratos precarios que desgastan la paciencia y alimentan el agotamiento. Pero el fallo más grave está en la supervisión. Sin protocolos claros ni controles efectivos, los abusos pueden esconderse durante meses, incluso años.

El daño en los niños es inmenso. Un entorno hostil puede sembrar ansiedad, minar su autoestima o dificultar su forma de relacionarse. Peor aún, la violencia en la primera infancia puede alterar su desarrollo emocional y cognitivo, robándoles oportunidades futuras. Las familias, atrapadas entre el trabajo y la crianza, ven cómo la desconfianza reemplaza la seguridad que esperaban encontrar.

No basta con indignarse, hay que actuar. Las educadoras necesitan formación continua que las equipe para manejar los retos con serenidad y humanidad. Además, los centros deben garantizar condiciones laborales justas, con menos niños por adulto y salarios que reconozcan su responsabilidad. La supervisión tiene que ser implacable, con revisiones periódicas y canales seguros para denunciar. Igualmente, la sociedad entera debe aprender a detectar las señales de maltrato, desde los padres hasta los propios niños, adaptando el mensaje a su edad. Ante cualquier sospecha, las autoridades deben responder con rapidez y firmeza, protegiendo a las víctimas y asegurando que no vuelva a ocurrir.

El maltrato en las guarderías refleja cuánto nos falta por valorar a nuestra infancia. Cada caso destapado es un desafío para hacer las cosas mejor. No dejemos que el miedo opaque la esperanza en los lugares donde los niños comienzan a soñar. Resulta preciso que familias, educadores y gobiernos se unan para devolver a las guarderías su esencia: ser moradas de cuidado donde la infancia pueda florecer sin temor.