La vida profesional de Antonio Alonso es tan fascinante que ya ha recibido propuestas para convertirla en una serie. Alonso trabajó desde 1984 en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTCF), que dirigió entre 2019 y 2024, y participó como genetista forense en la resolución de algunos de los casos más relevantes para la historia de este país, desde el asesinato de Lasa y Zabala hasta los atentados del 11-M, el accidente del Yak-42 o la identificación de víctimas de la Guerra Civil.

Alonso recoge su dilatada experiencia en La huella invisible (Crítica, 2026), un libro que le propuso su editora tras escucharle en una entrevista radiofónica y en el que relata los detalles de ocho de estos casos. Una historia que documenta, con una mirada crítica y profundamente humana, cómo la evolución de estas tecnologías de análisis genético ha cambiado la forma en que se identifica a las víctimas y se esclarecen los delitos. Para Alonso, que se emociona cuando habla del dolor de las personas que tienen familiares desaparecidos y sin identificar, las ciencias forenses tienen un valor humanitario y no diferencian entre bandos: solo son la mejor herramienta disponible para reparar la injusticia.  

Cuenta usted que el ADN puede permanecer en la ropa después de pasar por la lavadora, ¿la huella invisible de la que habla en el libro es más pegajosa de lo que creemos?

Efectivamente. Y eso que parece una anécdota, es algo que condiciona muchas investigaciones, porque hoy en día, aparte de llevar nuestro propio ADN en nuestras ropas, llevamos el ADN de las personas con las que convivimos, al menos con las que compartimos la colada de la lavadora. ¿Por qué? Porque en el lavado puede haber transferencia de ADN y, aunque sean pequeñas trazas, con la sensibilidad que tenemos hoy día podemos detectarlas, por ejemplo, en la ropa interior. Imagínate esto en la investigación de casos tan graves como el abuso sexual de niños. Por eso la prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos. Se necesitan otras pruebas testificales o forenses de que efectivamente estas son las circunstancias.  

Paradójicamente, más sensibilidad puede abrir nuevos problemas a la hora de documentar, ¿no?

Por un lado, es una ventaja que hayamos avanzado hasta obtener ADN de la nada, de una docena de células. Pero eso tiene la otra cara, y es que no solo vamos a detectar aquello que nos interesa, lo que se ha producido en el momento del crimen que estamos investigando. También vamos a identificar el ADN de fondo que estuviera en esa escena. Eso lo complica todo de muy diversas maneras, entre ellas por el hecho de que no vamos a obtener perfiles únicos y muchas veces vamos a obtener mezclas. Eso es uno de los temas más complejos en el ámbito de interpretación forense.

La prueba del ADN hay que interpretarla dentro de un contexto, la genética por sí sola no resuelve delitos

Otro de los asuntos controvertidos son los cribados poblacionales para buscar a un culpable, hay pendiente una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que esto quede regulado, ¿verdad?

El proyecto de reforma, que ya está presentado en el Congreso de los Diputados, incluye la investigación de ADN de manera sistemática en determinados cribados, cuando las técnicas tradicionales no han dado ningún resultado. Se trata de delitos graves, agresiones sexuales, homicidios, etcétera y siempre bajo un estricto control judicial o fiscal que asegure todas las condiciones con respecto a la preservación de los datos genéticos. 

¿Ustedes ya resolvieron un caso así?

A pesar de que no hay una legislación en el ámbito judicial, ya en el año 2003 hicimos una investigación de este tipo, que fue un cribado genético en un ámbito rural en Campo de Criptana para identificar a través del cromosoma Y a un determinado individuo. Porque el cromosoma Y que heredamos los varones de nuestros padres se transmite de manera inalterada a lo largo de las generaciones. Se hizo una primera investigación en todas aquellas personas que habían estado con la víctima de una agresión y se encontró una coincidencia, pero con una mutación. Eso nos llevó pensar que el responsable podía ser un familiar de ese individuo y los buscamos por el apellido paterno. La Guardia Civil, con consentimiento y con conocimiento de la juez instructora, hizo un barrido. Y en el individuo 55 detectamos un perfil de cromosoma idéntico, que al final se delató.

¿Cuáles son los riesgos de hacer el cribado? ¿Estigmatizar a comunidades?

Entre otras cosas. También pueden producirse errores, dependiendo del tipo de relación de parentesco. Imagina que tenemos el cromosoma Y de este individuo y vemos que tiene un origen ancestral magrebí. Cuidado, porque hay que valorar eso. Hay que tratarlo con mucha confidencialidad, porque todo ese tipo de datos pueden llegar finalmente a estigmatizar a determinados grupos sociales o raciales.

Hay ya varios casos en los que se ha encontrado al culpable gracias a los test recreativos de ADN a través de alguien que tiene una relación familiar, ¿ese también es un terreno resbaladizo?

El primer caso de este tipo fue el del “asesino de Golden State”, en California, cuando el FBI comparó una muestra hallada en el lugar del crimen con los datos que se obtienen en este tipo de compañías que venden kits comerciales y localizaron a un familiar lejano que les permitió llegar hasta el culpable. Esto ha obligado a las compañías a incluir cláusulas para que la gente esté informada y sepa que su material genético se puede usar para buscar a sospechosos.

A veces los asesinos tienen creencias erróneas, como la capacidad de la cal viva para hacer desaparecer restos orgánicos, ¿cómo de determinante fue esto en el caso de Lasa y Zabala?

Hasta ese momento había una falsa creencia de que la cal viva producía una destrucción tanto de los tejidos blandos como del esqueleto, y que por lo tanto esa era la manera de destruir o de hacer desaparecer un cadáver. En ese momento incluso los forenses pensábamos que esto era así. Yo, cuando me enfrenté a ese caso, lo primero que pensé fue que no quedaría nada de ADN. Pero resulta que es más bien al contrario. La cal viva produce una reacción exotérmica que produce desecación al contacto con el agua con los tejidos, y eso produce de alguna manera una inhibición de la putrefacción que está dirigida por el crecimiento bacteriano. No produce un olor tan fuerte y, por lo tanto, las alimañas no aparecen. Todo eso hace que al final el cuerpo se esté preservando, que es lo contrario que se pretendía. En el caso de Zabala, lo de la cal viva además fue como una firma y lo que llevó a un policía a relacionarlo con los GAL, porque [José] Amedo había dicho que en el caso de Segundo Marey habían valorado hacer lo mismo.

A lo largo de su carrera usted se ha enfrentado a casos terribles, crímenes de lesa humanidad, torturas como en este caso, y asesinatos. ¿Qué momento recuerda como especialmente impactante?

Bueno, en principio, y aunque eran unos cadáveres ya desprovistos de carne, el caso de Lasa y Zabala. Hubo un momento en esa mesa de autopsia que me produjo una impresión importante, un quebranto emocional. Porque no eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura. Pero, para mí, desde luego, la situación más grave fue encontrarme con la muerte en la mesa de autopsias del 11-M. Aquello creo que nos sobrepasó absolutamente a todos, a la población general, a los equipos forenses, absolutamente a todos. Y esa noche, gracias a la solidaridad de un montón de equipos de, no solamente forenses, sino todos los equipos de asistencia psicológica, policías, etcétera, creo que eso fue lo que sirvió para sobreponernos y dar una respuesta que yo creo que fue muy rápida, con sus errores.

La autopsia de Lasa y Zabala me produjo un quebranto. No eran solamente los cadáveres, eran las vendas, eran los apósitos, eran las mordazas. Todo eso te daba una idea de lo que había pasado, de la tortura

Habla en el libro con mucha honestidad de que hubo un error que ha servido para mejorar el sistema…

El error fue que solo se tomó el ADN de los cadáveres que no estaban identificados con la huella dactilar, pensando que ya bastaba. Eso fue un error muy grave, porque desgraciadamente en el 11-M se produjo una fragmentación de los cuerpos muy grande como consecuencia de las explosiones, con lo cual esos restos que estaban en lo que llamaban las bolsas cero no se pudieron reasociar completamente con todos los cuerpos. De eso aprendimos y, gracias a esa experiencia y a la autocrítica posterior, se desarrolló un protocolo de actuación médico forense en casos de catástrofes, que se publicó como Real Decreto en el año 2009 y que hoy es la referencia en España para que no vuelvan a ocurrir esos errores y otros que se produjeron.

Justo antes había ocurrido una negligencia grave por parte de las autoridades militares sanitarias de ese momento con el caso del Yak-42. Siendo usted forense en aquel proceso, ¿qué sintió cuando los responsables políticos no fueron encausados ni pidieron perdón?

Fue tremendo, tremendo. Fíjate que se trataba de compañeros. El general y el capitán eran militares médicos, a los que se supone una serie de valores, de lealtad, etcétera. Y realmente no se hizo nada, ¿no? Es decir, hay pruebas de cuando hicimos las exhumaciones de que en algunos ataúdes había restos de más de tres personas o dos pies de distinto tamaño. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres. Sobre los políticos, yo recuerdo en aquellas épocas cuando vinieron los militares familiares a darnos la muestra para identificar a sus cadáveres, que eran todos votantes del PP y lo que decían todos: “Son unos sinvergüenzas cómo nos han tratado”. En el libro hay bastantes testimonios de esto, decían que en la vida volverían a votar a esta gente, porque aquello fue una infamia.  

En algunos ataúdes [de las víctimas del Yak-42] había restos de más de tres personas. La sentencia refleja de forma muy clara que se asignó de manera aleatoria los cadáveres a distintos nombres

Entonces se puso el ejemplo del problema de los sombreros. ¿En qué consistía?

Básicamente era una metáfora. Se dice que si 37 personas que han bebido y están borrachas llegan a un bar y dejan el sombrero en sus percheros, la probabilidad de que cada uno coja su propio sombrero al salir es muy baja. Y esto es lo que ocurrió, que de los 30 cadáveres que no analizaron los turcos —que sí habían hecho bien su trabajo—, todos estaban mal identificados. Y menos mal que el equipo turco tuvo la prudencia de tomar una muestra de tejido que nos sirvió después para obtener el ADN de todos los cadáveres y poder hacer la reconstrucción.

Y darle a cada familia los restos de su familiar fallecido…

Siempre que se pudo. Porque, claro, el problema es que 11 de los cadáveres se habían incinerado e intercambiaron cenizas y con dos de ellos las familias las habían esparcido.

Este desprecio por los hechos científicos y esta voluntad de desprestigiar a los técnicos la hemos vuelto a ver más veces, ¿es la firma de un partido político?

Lo vimos también en el 11-M. No es ya que todas las pruebas inmediatas de las primeras horas, todas las pruebas periciales, indicaran que se trataba de un terrorismo islamista, que así lo decían. Es que con anterioridad ya había avisos del CNI y de los servicios de inteligencia de Policía y de Guardia Civil, de que esto podría pasar, de que lo más seguro es que hubiera un atentado terrorista en Madrid. Y sin embargo, este equipo, por las intenciones que fueran, intentó mantener el tema de que estos atentados provenían del terrorismo vasco de ETA. Y no solamente eso, sino que años después de que haya una sentencia en la que la verdad científica judicial se ha establecido, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso. 

A pesar de la verdad científica judicial del 11-M, seguimos con teorías conspirativas. Lo ha dicho Mayor Oreja de nuevo hace dos días, es muy vergonzoso.

El análisis de ADN ha resultado ser fundamental para la memoria histórica. ¿Por qué fue tan importante para usted la caja 198 del Valle de Cuelgamuros?

La caja contiene restos de una de esas inhumaciones que se produjeron en 1936 en Ávila, en dos localizaciones una fosa en Aldeaseca y otra en Fuente el Saúz, dos pueblos de Ávila. Cuando se inaugura el Valle de los Caídos, ahora Valle de Cuelgamuros, se exhuman y se llevan al valle, como otros muchos.

También del bando nacional, como recalca en el libro.

Sí, sí, porque creo que es importante decirlo. Hay muchos vascos, porque el bando nacional llegó allí y reclutó forzosamente a muchos jóvenes que al final murieron. Y muchos de ellos están en el Valle de los Caídos. Hay bastantes solicitudes. Esto quiero transmitirlo para que veamos que las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida. La incertidumbre. Toda la gente con la que tú hables de este tema que tiene una persona desaparecida te va a decir lo mismo: yo puedo vivir con la muerte, puedo hacer un duelo y puedo pasar página, pero con un desaparecido no puedo vivir. Y te lo dicen los de la Guerra Civil y te lo dice Pili Zabala, que pasó diez años sin saber qué le pasó a su hermano. Hasta que se pudo encontrar. Todo eso que parece que es una tontería es algo fundamental. Tiene que ver con la dignidad humana y tiene que ver con la necesidad de pasar página y de poder vivir. Yo he conocido a mucha gente que ha estado 30 años dedicada a esa búsqueda, es en lo que han convertido su vida, porque no pueden más.

Las ciencias forenses tienen un valor humanitario. No diferencian los bandos y no debemos de diferenciarlos. Y creo que esto debe ser también de ayuda para aquellos que no entienden lo duro que es tener una persona desaparecida

¿Qué siente uno cuando ve todos esos restos en el valle de Cuelgamuros y ve la dimensión de lo que pasó en este país?

Efectivamente es muy grave y a veces piensas: joder, parece que el dictador hizo las cosas de manera que nunca se pudieran identificar o que fuera muy difícil identificarlos. Yo visité el Valle de los Caídos en el año 2010. Fue una de las primeras visitas que se hizo. Abrimos las paredes, no entramos y vimos lo que pasaba allí. En muchas de las criptas las cajas de madera se han deshecho completamente y aquello es un osario en el que es muy difícil trabajar. En el sepulcro, donde se ha encontrado a las víctimas de Aldeaseca y Fuente el Saúz, tuvimos suerte porque se hizo primero un trabajo excelente arqueológico por parte del equipo de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, dirigidos sobre todo por Paco Etxeberria. Creo que es admirable el trabajo que se ha hecho, pero en muchos casos no se podrán identificar los cuerpos, por la dificultad.

Me imagino que generará cierta impotencia saber que trabajar en crímenes contra la humanidad es como ir sacando el agua del mar con una cuchara, porque los siguientes casos están ahí esperando, en Gaza, Ucrania…

En el capítulo de la masacre de Suva Reka, en Kosovo, que es el caso por el que tuve que ir a declarar al Tribunal Internacional para la antigua Yugoslavia, hago referencia a ese espectro mundial, que es una desolación enorme y que produce cientos de miles de víctimas sin identificar en todos estos países y en situaciones de una precariedad tremenda. Y luego, además, [tenemos que soportar] que nos digan que ya se ha acabado la guerra en Gaza cuando se ha exterminado completamente una zona. Y las personas que son responsables de esto, como Netanyahu o Estados Unidos, que no reconocen el tribunal, tienen la libertad para seguir haciendo estas barbaridades. Es muy grave. 

El exministro de Defensa del Gobierno de José María Aznar, Federico Trillo, resucita la teoría de la conspiración de los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid durante una entrevista en El País con motivo de la publicación de su libro Memorias de anteayer (Deusto). “Yo salí tranquilo del Gobierno porque desclasificamos dos papeles del CNI en los que se nos insistía en que había sido ETA, a pesar de lo que luego ha dicho quien era entonces su director, Jorge Dezcallar”, asegura en referencia a sus declaraciones sobre que en aquel momento el Ejecutivo del PP trató el asunto “como un problema de partido”.

21 años después de la masacre en la que fueron asesinadas 192 personas y resultaron heridas más de 2.000, Trillo no solo vuelve a apuntar a ETA, también señala a los servicios secretos franceses: “Los autores materiales están claros. La autoría intelectual y el apoyo logístico no están nada claros”. “Yo, de los servicios secretos, tengo un lema: la realidad supera la imaginación. En la autoría intelectual, yo creo que ahí hay algo más de servicios secretos. Y en la logística, que puede haber algo porque no es fácil contar con esa cantidad explosiva”, asegura

Según recuerda en la entrevista el exministro de Defensa, Dris Basri, exministro de Interior de Marruecos y hombre de confianza del anterior rey alauí Hassan II, le contó a Jaime Mayor Oreja, por entonces ministro del Interior, que “los ejecutores eran nuestros, pero no hemos sido nosotros” y fue él el que señaló que los atentados en Madrid tuvieron “el apoyo clarísimo de Francia”. Trillo relata que Jacques Chirac, presidente de Francia entre 1995 y 2007, “empezó siendo un gran aliado de nuestro Gobierno” pero “terminó siendo una persona que entorpecía mucho la presencia internacional de España”. “España estaba tomando un protagonismo atlántico que Francia estaba perdiendo”, añade.

Preguntado sobre el valor que le da a la verdad judicial, Trillo asegura que “todo en términos judiciales” ya que “puede haber errores, pero es la verdad establecida, la oficial”. En 2007, la Audiencia Nacional confirmó la autoría islamista del ataque que hizo estallar múltiples bombas en varias estaciones del tren de cercanías de Madrid, condenó a 22 personas y descartó cualquier participación de ETA. Fue el Gobierno de José María Aznar el que mantuvo la autoría etarra durante los días siguientes al ataque y dirigentes del PP así como medios de la derecha trataron de mantener viva esa teoría durante años, únicamente con el fin de atacar al PSOE y a la izquierda.

Trillo también defiende en la entrevista en El País que lo que más le “inquietaba” tras los atentados era que “quedara claro que nuestra aportación en la guerra de Irak no había sido combatiente”: “Mandamos un buque hospital cuando ya había caído la estatua [de Sadam Husein], aunque es verdad que apoyamos políticamente a EEUU en su intervención”.

Preguntado sobre su dimisión en 2017 como embajador en Londres después de la publicación del informe del Consejo de Estado que responsabilizaba al Ministerio de Defensa que él presidía del accidente del Yak-42, Trillo defiende que en el dictamen “no aparece ni mi nombre, ni el cargo de ministro o el ministerio de defensa”. “Lo que dice es que hay una responsabilidad objetiva de la Administración que justifica el pago que habíamos hecho a los familiares y por eso les deniega una nueva indemnización, como pretendían. A mí lo que me dolió es que Rajoy y Cospedal [entonces ministra de Defensa] no se leyeran el dictamen”, detalla y confirma que dimitió de su cargo porque el entonces presidente del Gobierno y del PP le retiró la confianza de “esa manera tácita”.

Sobre las prisas para celebrar el funeral por los 62 militares españoles fallecidos solo 60 horas después del accidente, el exministro de Defensa asegura que eran los familiares los que tenían “prisa”: “Cosa que luego no recordaron”. “El equipo médico que luego resultó desgraciadamente condenado nos garantizó que eran muy identificables y que podían estar aquí en ese tiempo”, afirma. “Todos me aseguraron que era un avión excelente. Luego comprobé que los Yakolev eran los aviones de menor siniestralidad que había en ese momento en el mercado”, defiende Trillo.

Como exministro de Defensa, Trillo detalla en esta entrevista que no estaría en un Gobierno que decretara el embargo de armas a Israel que está planteando el actual Ejecutivo de coalición presidido por Pedro Sánchez porque es “una medida antisemita y el principal pecado colectivo de Europa es el antisemitismo”.

“El PP debe ofrecer soluciones y eso se echa en falta”

Sobre el PP, Trillo asegura que el partido que ahora lidera Alberto Núñez Feijóo “debería negociar con Vox antes de las elecciones” y fichar a Espinosa de los Monteros, del que dice que la relación que mantienen es “excelente”: “Se interesó mucho por mi experiencia en Defensa y en política exterior”. “Con Santiago Abascal comparto peluquero y siempre es agradable encontrarse con viejos amigos. El PP le ayudó personalmente. Son lazos muy viejos como para que ahora quiera renegar del PP”, cuenta Trillo.

Trillo también cuenta sobre el actual líder del PP que siente “gran estima”: “Creo que la derecha es muy injusta con él porque ha estado a la altura de las circunstancias con la amnistía [al procés] o al plantear el problema más candente, la inmigración, en términos muy equilibrados”. No obstante, Trillo apunta que “el PP debe ofrecer soluciones y eso se echa en falta” en la situación actual: “Falta un equipo alternativo. Aznar hizo un gobierno en la sombra. Todo el mundo sabía quién iba a ir a cada sitio. Ahora no se sabe. Yo no tengo ni idea de quién lleva Defensa en el PP, por ejemplo. No sé a quién dirigirme”.

Las autoridades españolas recibirán de manos de Turquía un fémur y 23 frascos con restos óseos que presuntamente pertenecen a víctimas del Yakolev-42 y que permanecían en el país sin identificar 16 años después del accidente que costó la vida a 62 militares españoles, según ha informado el Ministerio de Defensa.

En mayo de 2018, el Departamento de Defensa español informó de que Turquía había comunicado el hallazgo de una pierna de una víctima del Yak que había sido enterrada en el cementerio turco de la ciudad de Macka tan solo dos meses después del accidente al no haber sido identificada.

El Ministerio pidió entonces a la Audiencia Nacional que abriera un proceso de cooperación judicial con Turquía para verificar la existencia de ese resto y tratar de identificarlo.

Este proceso, en manos de la magistrada del Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, María Tardón, ha propiciado la aparición de otros 23 frascos que presuntamente contienen también restos óseos de víctimas del Yak sin identificar. Estos botes permanecían desde el accidente almacenados en el Anatómico Forense de Estambul.

Este miércoles, el encargado del Gobierno español de Asuntos Administrativos y Consulares en Estambul, Fernando López de Castro, ha viajado a la ciudad de Trebisonda (Trabzon en turco) para asistir a la exhumación del fémur, realizada por las autoridades judiciales competentes turcas.

Ahora está previsto que estos restos sean remitidos al Instituto Anatómico Forense de Estambul, donde permanecen también los tarros con restos humanos que fueron extraídos en su día con fines de identificación de ADN de las víctimas del accidente aéreo.

El Gobierno español ha acordado con las autoridades turcas que “en el más breve plazo posible” se proceda a la entrega oficial de todos estos restos a las autoridades consulares españolas con el fin de su repatriación a España.

Traslado a España en valija diplomática

La previsión es que el traslado se realice en valija diplomática para no romper la custodia judicial. El encargado de su traslado será el agregado de Defensa, aunque aún se desconoce cuándo será posible y cómo se realizará.

Una vez en España los restos serán sometidos a análisis de ADN. El Instituto Anatómico Forense recibirá el apoyo del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para tratar de identificarlos y, por orden judicial, poder entregarlos a sus familiares para su entierro o cremación.

Federico Trillo, ese gran admirador de la obra de William Shakespeare, fue durante dos décadas diputado por Alicante, por tanto en la época en que el PP de la Comunidad Valenciana tenía una relación íntima y provechosa con los billetes de 500 euros.

“Money is a good soldier”, dice Falstaff en 'Las alegres comadres de Windsor'. Es decir, es importante poner el dinero a trabajar en tu favor. En el PP valenciano, lo hicieron de forma estajanovista. Los billetes acabaron muertos de cansancio.

Trillo no se enteró de nada. No vio nada. No olió nada. No escuchó nada.

Este gran consigliere jurídico del PP durante muchos años estuvo este martes en la comisión de financiación del Partido Popular en el Congreso. No fue alguien del montón. En sus mejores años, Trillo trazó estrategias jurídicas, dio instrucciones a dirigentes acusados de corrupción y a sus abogados, y facturó grandes cantidades de dinero por los servicios. Rajoy lo reconoció en público en un mitin y siempre le escuchó con atención sobre cuestiones legales.

Nada más lejos de la realidad. “No he sido asesor jurídico del Partido Popular”, dijo al comienzo de su comparecencia. “Fui director de la asesoría de los grupos parlamentarios del PP”. Un tipo que echaba una mano de vez en cuando. Cómo no ayudar a un amigo en apuros. A un montón de amigos. Todos en el mismo partido. 

Los pagos a un misterioso “Federico Trillo”

En los papeles de Bárcenas, hay toda una serie de anotaciones con entregas de dinero por valor de miles de euros para “Federico” y “Federico Trillo”, le recordaron varios diputados. Aparentemente, ese Federico Trillo era otro Federico Trillo, porque el Federico Trillo que fue presidente del Congreso y ministro de Defensa niega saber nada de esas cifras. Tiene una forma curiosa de negar las cosas. Por ejemplo, diciendo que siempre declaró a Hacienda todos sus ingresos (no le preguntaban por eso) o que los jueces no le han llamado a declarar nunca como imputado (tampoco le preguntaban por eso, porque la gente ya lo sabe).

Cantidad total recibida, según los documentos de Bárcenas: 185.000 euros entre 2001 y 2006. Trillo lo negó. 

No estaba siendo juzgado en la comisión, pero se comportó como los sospechosos que pasan por un interrogatorio policial en un caso de asesinato: alegar ignorancia, definirse como una pieza menor, plantear teorías conspiratorias que alejen las sospechas de él, extenderse en las explicaciones para que el interlocutor se pierda en la niebla.

Ya hubiera querido Keyser Söze haber sido tan hábil y retorcido en su interrogatorio. 

La conspiración que no cesa

Hay que reconocer a Trillo que en un momento dado durante la comisión decidió olvidarse de la táctica del calamar y pasó a morder. No hay que olvidar que él fue el autor intelectual de la defensa del PP ante la primera andanada del caso Gürtel, perfectamente resumida por Rajoy con la célebre frase: “Gürtel no es una trama del Partido Popular. Es una trama contra el Partido Popular”.

El consigliere tuvo la oportunidad de cantar victoria cuando el TSJM archivó una de las primeras investigaciones. El problema del PP fue que ya no pudo hacer lo mismo cuando jueces, fiscales, policías y guardias civiles destaparon los asuntos de corrupción relacionados con el partido. Ahí Trillo creía tener un argumento sólido en la línea de la teoría de la conspiración sobre “la trama contra el Partido Popular”: los policías eran los malos. 

“Tampoco tengo ningún entusiasmo por la UDEF”, dijo de pasada. Y no siente especial respeto por la UCO, de la Guardia Civil, al sugerir sin explicarlo que su existencia no tiene base legal. Luego tuvo que concretar qué tenía contra las unidades policiales especializadas en delitos económicos, y entre ellos la corrupción: “Yo no he manchado a la Policía y la Guardia Civil. He dicho que sobre los jefes policiales que se ocuparon de la investigación de Camps y de Gürtel no se podía confiar en ellos”.

Bueno, es lógico que los presuntos delincuentes no se fíen de la policía. Van a por ellos.

Gracias al trabajo de la UDEF y la UCO, a Trillo se le acabaron los trucos jurídicos para frenar el caso Gürtel y el de Bárcenas. La Audiencia Nacional impidió otra de esas maniobras: el PP se personó como acusación popular para realizar todo tipo de maniobras con las que defender a Luis Bárcenas y reclamar una y otra vez el archivo de las diligencias abiertas contra él y su esposa. 

Pero Trillo tampoco sabía nada de eso: “Me desconcierta con lo de arquitecto de la estrategia (jurídica) de todos los casos para el PP”, dijo al diputado del PNV Mikel Legarda, al que pasó a maltratar desde ese momento. Legarda le preguntó directamente por sus antiguas acusaciones a Rubalcaba. Entonces, el exlíder del PSOE era una mezcla de Fu Manchú y el Doctor No a ojos del PP, una fuerza maligna que manejaba los hilos en la sombra tras una sonrisa maléfica. 

Trillo decidió actualizar la conspiración. Rubalcaba ya está muy visto en las carteleras. Si había que montar una secuela, tenía que ser con personajes nuevos, más frescos: “Siempre tuve la impresión de que detrás del caso Gürtel había otras cosas, y lo hemos visto con las grabaciones de las últimas semanas. Por eso, creo que el excomisario Villarejo, (la ministra de Justicia) Delgado y (Baltasar) Garzón podrían aclarar algunas cosas”. 

Esas grabaciones dejan para la posteridad la descripción que hace de Trillo el siniestro policía: “Más tonto que un cipote vendado”. Se supone que algunos policías hablan así.

La vergüenza del Yak-42

Federico Trillo –licenciado en Derecho, número uno de su promoción en el Cuerpo Jurídico de la Armada y letrado del Consejo de Estado– había puesto con sus palabras a la Justicia bajo sospecha, como antes había hecho con la Policía y la Guardia Civil, por la instrucción del caso Gürtel, supuestamente manipulada por el trío Villarejo, Delgado y Garzón y ahora confirmada con sentencia condenatoria de la Audiencia Nacional. 

Evidentemente, Trillo dijo que no conocía en persona a Villarejo y después afirmó que en ningún caso había hablado “de ninguna conspiración”. En ese momento, los diputados ya tenían razones de sobra para mirar al exministro con unas dosis notables de escepticismo.

Parece poco habitual que alguien que ha tenido puestos tan importantes en el PP se lance tan a gusto contra la reputación de jueces y policías. En todo esto, había algo personal. La UDEF realizó un informe que se refería al dinero que Trillo había recibido del PP para contratar a los abogados de los acusados en el juicio del Yak-42.

Ese fue uno de los momentos más repugnantes de la democracia española. 62 militares murieron en Turquía en el accidente del avión que les llevaba a la guerra de Afganistán. El Estado los dejó tirados en dos ocasiones, como si fueran mercancía de usar y tirar.

Primero, con la contratación de aviones y tripulaciones que no estaban en condiciones de garantizar la seguridad necesaria. Después, cuando las urgencias para proceder a la repatriación de los cadáveres cuanto antes para que pasara la tormenta política sobre el Gobierno de Aznar hicieron que se falsificara la identificación de 30 cadáveres. Se entregó a muchas familias restos humanos que no correspondían a sus hijos, maridos o padres. Un negocio macabro. 

No se podía caer más bajo en el Ministerio de Defensa dirigido por Federico Trillo. Hubo que esperar 13 años para que el Consejo de Estado hiciera no exactamente justicia, pero sí al menos un cierto reconocimiento de la negligencia criminal del Estado y del dolor sufrido por las víctimas.

“Después de las familias, nadie lo siente más que yo”, afirmó Trillo. No lo dijo muy emocionado. 

Tantos desvelos en favor del partido concedieron a Trillo el premio de la Embajada española en Londres. Los partidos pagan sus deudas, sobre todo a los que han estado en los momentos críticos y nunca han visto nada. 

Para los familiares del Yak-42, fue el insulto final, solo mitigado por la decisión del Consejo de Estado. Fue un pequeño consuelo. No les dejaron aspirar a más. En política, no siempre ganan los buenos.

La ministra de Defensa del PP, Dolores Cospedal, dice que la sentencia que establece que su partido es una maquinaria de corrupción desde que estaba en la oposición, no es “nuclear”, que se puede recurrir y que los jueces de la Audiencia Nacional son “poco jurídicos”.

Mientras la secretaria general del PP decía esto en el Congreso –cuando los que preguntaban, la acusaban de mentir– caía la Bolsa con fuerza y se excitaba la prima de riesgo. Llovía a mares y granizaba en muchas partes de España.

La sentencia, que de momento ha llevado a Bárcenas, gran timonel de las finanzas del PP, de nuevo a la cárcel, establece la historia de la corrupción del PP desde los tiempos de Aznar. Además, sirve como fuente de información para cualquiera que en el futuro aspire a contar, documentos en mano, qué es lo que pasó con el partido que hoy preside Rajoy y que igual mañana por la tarde está en liquidación por cese del negocio.

La fiscal Concha Sabadell hizo la crónica completa de la corrupción del PP y ahora la ha rematado esta sentencia.

En el argumentario del PP para impedir reconocer lo obvio –la corrupción– se nos decía que todo era falso, salvo algunas cosas; que había una campaña, causa general, contra el PP; que nadie podría probar que no es inocente, enarcando la ceja Rajoy al enunciar la mentira anticipada.

El inefable Federico Trillo llegó a acusar de conspiración a Rubalcaba cuando la corrupción del PP saltó a los papeles, cuando su partido robaba de las ayudas a las víctimas del sida y el terremoto de Haití, cuando afanaban hasta con la visita de un Papa vestido de blanco y escoltado con motos Harley Davidson, puestas por Rita con dinero de todos.

Ahora, en un doble tirabuzón y medio, se nos dice que estos magistrados de la Audiencia Nacional que han condenado al PP, son muy “sentenciosos”; lo cual no debería ser delito en quienes, como togados, acaban dictando sentencias por ley.

Tratan de tranquilizarse, en Génova y Moncloa, con la idea de que hasta el Supremo todo es toro.

Hemos estado desde 2009, como mínimo, empantanados como país con los permanentes esfuerzos por parte del PP por ocultar lo obvio: su corrupción, su financiación irregular, su mangazo. Así, con explicaciones acerca de las ventajas de destruir a martillazos los discos duros (Floriano), pasando por el insuperable episodio de la indemnización en diferido (Cospedal), expuesto de manera indeleble por quien ahora dice que los de la Audiencia Nacional son unos pelanas. Qué decir del hallazgo que supone resolver: ‘esa persona de la que usted me habla’ (Rajoy), lugar del enunciado consuetudinario para el futuro defenestrado después del aplauso soviético. Recuerden: “Yo descubrí la trama Gürtel”, de Esperanza Aguirre.

Clausurada la legislatura tras la sentencia de Gürtel –lo ha dicho el ya exsocio Ciudadanos–, en vez de dimisión y convocatoria de elecciones nos encontramos con que el PP recurre al terrible argumentario del pasado, según el cual sin ellos España se rompe y los que quieren desplazarles del Gobierno lo hacen en sintonía con los terroristas.

Casado y Maillo lo bordan para su jubilación cuando nos anuncian el apocalipsis de todos los males que vendrán si llegan los socialistas; sobre todo si se van ellos, los del PP. Casado, que ha logrado hacer másteres y estudios en universidades norteamericanas sin moverse de Aravaca (Madrid) y Maillo, al que nunca se le interpela por sus presuntas irregularidades en Zamora, denunciadas, entre otros, por un ex senador de la provincia. Los dos, dispuestos a defender lo que les pidan, con tal de estar ahí.

No quiero pensar en lo que estaría diciendo el PP de haber sido el PSOE el que hubiera pactado los presupuestos con el PNV en los términos en los que lo ha hecho Rajoy, que le ha regalado un tractor volador a Aitor Esteban.

Cuando otro partido que no es el PP pacta con los nacionalistas, rompe España, se alía con los terroristas, etc. Cuando pacta el PP con quien sea, es por el bien de España, en ningún caso para garantizar un año más de legislatura particular a Mariano a costa de mandar un chorro de euros al PNV.

La utilización del terrorismo y la corrupción de manera ruin por el PP tiene un máster –este sí, acreditado– tanto con Aznar ('93-'96) como con Rajoy (2004-08). Los dos hicieron de la corrupción uno de sus tambores batientes en la oposición cuando ya en su partido funcionaba ese engranaje corrupto que describe la sentencia: “Auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública, central, autonómica y local”. Menuda tela con el artefacto corruptivo.

No sé lo que saldrá de la moción de censura, pero por salud democrática debería suponer el desalojo de Mariano Rajoy de la Moncloa y la convocatoria de elecciones generales lo antes posible. Esto no da más de sí y la verdadera inestabilidad es tener a corruptos condenados en literatura jurídica en el Gobierno.

Una pierna de una de las víctimas del Yak-42 ha sido hallada en Turquía 15 años después del accidente. Ankara se lo ha comunicado así a un familiar de los fallecidos, que preguntó si aún había restos de los muertos en suelo turco, como ha desvelado el diario ABC. En el accidente murieron 75 personas, 62 de ellas militares españoles.

Esta “extremidad inferior” se encuentra en el cementerio de Maçka, fue enterrada allí el 24 de julio de 2003, y su identificación “no pudo determinarse en su momento”. El Ministerio de Defensa, dice el mismo diario, no dispone de documentos sobre este hecho.

Tras conocerse este hecho, Defensa ha pedido a la Audiencia Nacional que abra un proceso de cooperación judicial con Turquía para verificar que la pierna de una víctima aún permanece allí. De comprobarse oficialmente que esta comunicación es real, el Ministerio iniciaría los trámites para identificar estos restos.

Ankara también ha comunicado a este mismo familiar de una víctima que las muestras orgánicas de los fallecidos y las de sus allegados, que se utilizaron para identificar los cuerpos, ya han sido destruidas, como determina la ley turca.

El pasado sábado 26 de mayo se cumplieron 15 años del siniestro de la tragedia. El perdón a los familiares de las víctimas no llegó hasta 2017, cuando la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, asumiera la responsabilidad de lo ocurrido “en nombre del Estado”. Pero no se ha producido el homenaje que pidieron las familias con motivo de este 15º aniversario, algo que la propia Cospedal les prometió.

Por su parte, Curra Ripollés, miembro de la Asociación de víctimas del Yak-42 y hermana fallecido José Manuel Ripollés Barros, ha colgado un vídeo en su perfil de Twitter donde muestra su reacción a lo ocurrido, al tiempo que ha apuntado que el accidente no “es cosa del pasado”.

Por otro lado, ha mostrado su apoyo a la moción de censura contra el Gobierno del Partido Popular. “Me gustaría pedir a todos los partidos políticos que hagan posible la salida de este Gobierno corrupto de la Moncloa”, ha establecido. “El Palacio de la Moncloa lo debe ocupar alguien que sea honesto”, ha añadido.

“El señor Rajoy indultó al general y a los dos médicos que nunca identificaron a nuestros muertos, a nuestros 62 militares”, ha explicado, al tiempo que ha señalado que todos los familiares de los fallecidos “fueron engañados” por el Gobierno popular.

Este sábado se cumplen 15 años de la tragedia del Yak-42. Han pasado ya tres lustros de aquel accidente que tuvo lugar el 26 de mayo de 2003, cuando un avión Yakovlev alquilado por el Ministerio de Defensa se estrelló en las montañas de Turquía provocando la muerte de 62 militares españoles que regresaban a casa tras participar en la misión que las Fuerzas Armadas españolas llevaban a cabo en Afganistán. Y ha pasado ya un año después de que el Ministerio de Defensa pidiera por primera vez perdón por lo sucedido y asumiera que cometió negligencias.

Pero 15 años después, el departamento que hoy dirige la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, no tiene previsto celebrar ningún acto específico de recuerdo a las víctimas. Desoye así la petición que le hicieron los familiares de los fallecidos en mayo de 2017 cuando, en rueda de prensa, dieron por concluida su “lucha” tras conocer la verdad de lo sucedido en el siniestro. Entonces, la Asociación de Familiares de Víctimas del Yak-42 solicitó a Defensa que organizara un homenaje a los muertos por el 15 aniversario y que este se realizara en Zaragoza, donde estaban destinados la mayoría de los militares. Pero como recuerda ahora Miguel Ángel Sencianes, último presidente de la asociación que se disolvió en 2017, ese homenaje “no ha llegado nunca” y ya ni siquiera lo esperan.

Fuentes del Ministerio de Defensa consultadas por este diario han explicado que consideran que ya se celebró un homenaje a las víctimas del Yak-42 el año pasado en Guadalajara cuando varios familiares de los fallecidos participaron en una “ofrenda a los caídos por España” durante la celebración del Día de las Fuerzas Armadas. Pero han asegurado que no está previsto ningún acto específico este año, en el que la conmemoración del 15 aniversario de la tragedia coincide también con el gran día de los ejércitos que, en esta ocasión, se celebrará en Logroño.

“Una mera declaración de intenciones”

“En todo este año no ha habido ningún contacto con nosotros por parte del ministerio” asegura Sencianes, hermano del sargento primero José Manuel Sencianes que falleció en el accidente. Señala que Cospedal, tras pedir perdón, “prometió que se iba a llegar al fondo de todo este asunto, que iban a investigar y a buscar datos, así como los contratos de los aviones como el siniestrado, pero nada de eso se ha producido. Fue una mera declaración de intenciones porque lo que realmente ocurrió es que se dio carpetazo al caso”.

Tras 14 años pidiendo que se reconociera la responsabilidad de Defensa y de Federico Trillo, que era ministro en el momento del accidente, el dictamen que hizo público el Consejo de Estado el 3 de enero del año pasado supuso un hito en la lucha de las víctimas del Yak-42. “Hay, pues, anteriores a la fecha del siniestro, hechos que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente”, recogía el informe aprobado el 20 de octubre de 2016 por unanimidad de la Comisión Permanente del Consejo de Estado, que reconocía la responsabilidad del Estado en lo sucedido.

El Consejo de Estado subrayó entonces la importancia de un informe secreto del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército (CISET), en el que se advertía de las malas condiciones de los vuelos en los que viajaban militares españoles casi un mes antes del accidente: “Se están corriendo altos riesgos al transportar personal en aviones de carga fletados en países de la antigua URSS, su mantenimiento es como mínimo muy dudoso”, decía el texto.

Semanas después de conocerse el citado dictamen, Cospedal comparecía en el Congreso y decidía dar el paso que hasta entonces no habían dado sus predecesores en el cargo: pedía perdón “en nombre del Estado” por no haber reconocido su responsabilidad en el accidente. “Reconozco la responsabilidad patrimonial de la Administración. Tenemos la obligación moral de honrar la memoria de las víctimas, pedir un justo y digno reconocimiento para ellas y para sus familias y, además, tenemos que aprender las lecciones a extraer de un tragedia así”, apuntó.

Trillo evitó pedir perdón a las víctimas

A la petición de perdón también se sumó el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que forzó la dimisión de Trillo como embajador de España en el Reino Unido, el 12 de enero de 2017. Éste evitó en cambio cualquier disculpa a las familias, y se limitó a señalar que su marcha ya estaba prevista con anterioridad de que se conociera el informe del Consejo de Estado.

“Lo del año pasado fue muy importante, porque que el Ministerio de Defensa reconoció una negligencia y de alguna manera expresó un perdón”, asegura Sencianes. “Como no pudimos tener un juicio oral sobre el caso, fue como si nos dieran la razón, pero también nos dimos cuenta de que la justicia que tenía que haber funcionado no funcionó”.

El portavoz de las víctimas se refiere a la trayectoria que siguió el caso en los tribunales: en 2008 la Audiencia Nacional imputó por 62 homicidios al que el día del siniestro ere el Jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), Antonio Moreno Barbera, a otros dos generales y a tres coroneles. Sin embargo, en 2012 el juez Fernando Grande-Marlaska decidió archivar el caso. Las víctimas recuerdan que el archivo llegó una vez que el PP consiguió recuperar el Gobierno, y que, al poco tiempo, Grande Marlaska fue nombrado jefe de la Sala de lo Penal de la misma Audiencia Nacional, por los votos conservadores del CGPJ.

Recuerdan, asimismo, que en 2010 el Tribunal Supremo condenó al general Vicente Navarro y a los comandantes Miguel Ángel Sáez y Jose Ramón Ramírez a penas de prisión por falsear y entregar 30 cuerpos aleatoriamente a sus familias, tan solo 48 horas después de la tragedia. Pero que el general no entro en la cárcel, al fallecer al poco tiempo, y los comandantes fueron indultados a la llegada al Gobierno de Rajoy.

La “lucha encarnizada” contra las familias

“Tenía que haber habido una investigación oficial y el ministerio tendría que habernos atendido a las víctimas. Pero por el contrario, empezaron una lucha encarnizada contra nosotros”, lamenta Sencianes. El que fue el último presidente de la asociación de víctimas señala además que por parte de Trillo se produjo un “proceso de persecución y de acoso” contra la “honorabilidad de las familias”, y que incluso “se procuró evidenciar” que estas tenían “intereses políticos”.

Después de 15 años de la tragedia las familias aseguran estar “satisfechas” por haber contribuido a devolver “la dignidad” que les habían quitado sus allegados fallecidos. No obstante, se muestran “muy dolidos con la impunidad con la que ha quedado todo este asunto. Porque no hemos tenido juicio, solo a personas acusadas pero a la vez indultadas y nadie ha asumido la responsabilidad”. Aún esperan, por ejemplo, que aparezca alguno de los contratos suscritos entre Defensa y distintas empresas de aeronaves para el transporte de los militares destinados en misiones internacionales.

El Ministerio de Defensa reconoce la responsabilidad patrimonial de la Administración en el accidente del Yak-42 en el que fallecieron 62 militares españoles, según consta en la resolución del expediente administrativo relativo a las solicitudes de indemnización formuladas por los familiares de las víctimas. No obstante, la resolución no incluye el pago de nuevas indemnizaciones, como reclamaban algunos de los familiares de los 62 militares fallecidos.

La ministra María Dolores de Cospedal ha firmado la resolución del expediente que el Ministerio abrió tras el informe del Consejo de Estado que responsabilizaba por primera vez al Departamento del accidente registrado en Turquía el 26 de mayo de 2003 en el que fallecieron los militares que regresaban de una misión en Afganistán en un avión Yakolev.

“Tras años de procedimientos administrativos y judiciales, la Administración reconoce su responsabilidad”, concluye el informe en sus fundamentos de derecho. La ministra ya reconoció la responsabilidad de la Administración el pasado mes de enero y pidió perdón a las víctimas en nombre del Estado.

La resolución administrativa del Ministerio recoge las principales conclusiones del Consejo de Estado respecto a la asunción de responsabilidad patrimonial. E indica que “han podido constatarse hechos anteriores a la fecha del siniestro que habrían permitido a la Administración ponderar el especial riesgo concurrente en el transporte de tropas en que se produjo el accidente”.

Según asume, tras el accidente se produjeron “unas lesiones antijurídicas” que los familiares de las víctimas “no tienen el deber jurídico de soportar”. Estas “lesiones antijurídicas” deben ser reconocidas por el Ministerio según las normas vigentes, acepta el expediente, que añade que también tienen que ser asumidas “como expresión del respaldo institucional al reconocimiento, respeto y memoria de los militares españoles que dieron su vida por la defensa de los intereses nacionales y en favor de la paz de la comunidad internacional”.

“Se subraya el merecido respaldo al patriotismo de miembros de las Fuerzas Armadas y también al de su entorno personal, ya que lo dilatado del procedimiento y los errores y circunstancias posteriores a la tragedia no han hecho sino más intenso el duelo”, acepta.

No se pagarán nuevas indemnizaciones

Sin embargo, esta resolución concluye que la asunción de responsabilidad administrativa no significa el pago de nuevas indemnizaciones, como reclamaban algunos de los familiares de los 62 militares fallecidos.

El expediente incide en “el importante despliegue resarcitorio derivado de los distintos mecanismos que han operado en el presente caso” y por tanto concluye que “no puede sumarse una indemnización por responsabilidad patrimonial de la Administración”.

Además, la resolución administrativa incide en que el Acuerdo de Ventas suscrito con NAMSA, como responsable de contratar el vuelo, no supone “un total y completo traslado de las responsabilidades sobre la ejecución del contrato a NAMSA con simultáneo y total desapoderamiento de competencias de seguimiento y control por la Administración Militar concernida”.

“Así se desprende de la interpretación literal de sus cláusulas, reconocedoras de determinadas competencias traducibles en deberes de control y seguimiento”, sostiene.

No se abonó precio alguno por el vuelo

Además, el Ministerio de Defensa “ha podido constatar” que no se abonó precio alguno por el vuelo siniestrado al recibirse una comunicación oficial en ese sentido de NSPA, la actual agencia que sustituye a NAMSA en el marco de la OTAN.

Según detalla, de la cantidad de 149.000 euros en que consistía el precio contratado, 95.360 euros correspondían al pago de las horas de vuelo, 38.740 euros al precio del combustible y 14.900 euros a las tasas de aterrizaje y handling.

Sin embargo, “y a pesar de las nuevas indagaciones realizadas”, el Ministerio asegura que no se ha logrado obtener más documentación sobre el aspecto concreto de las subcontrataciones de los diferentes vuelos de transportes de tropas que pudieron efectuarse al amparo de las previsiones del contrato celebrado entre NAMSA y Chapman.

Federico Trillo no quiere convertirse en un jubilado y ya ha tomado medidas para evitarlo. El exministro de Defensa acaba de solicitar permiso para prorrogar su estancia en el Consejo de Estado, ante la cercanía de su 65º cumpleaños. Trillo tiene derecho a pedir la prórroga y mantenerse en el puesto hasta los 70 años de edad. La decisión de conceder o no esa prórroga es responsabilidad del Consejo de Estado.

Fuentes oficiales del órgano consultivo confirman que “Trillo ha presentado la solicitud en los últimos días”. Ahora el Consejo de Estado tendrá que responder de manera razonada y exponer los motivos de su decisión: “La Administración Pública competente deberá resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación”. Si su petición es aceptada, Trillo podría quedarse en el Consejo de Estado hasta los 70 años.

El exministro de Defensa forma parte del cuerpo de letrados del Consejo de Estado y tiene plaza fija en la entidad. Se da la paradoja de que un informe de este organismo fue el que acabó con la carrera política de Trillo y supuso su cese como embajador en Londres, provocando su retorno al Consejo de Estado.  El informe responsabilizaba a Defensa del accidente del Yak-42 y tuvo como consecuencia la decisión del Gobierno de pedir perdón a las víctimas por lo sucedido. 

Los familiares de los fallecidos en el accidente del Yak-42 han manifestado al Gobierno que “Trillo no tiene la dignidad necesaria” para el puesto en el que quiere mantenerse por encima de la edad de referencia para la jubilación.

En medio de la polémica suscitada, el Partido Popular aseguró que no está en su mano retirar a un funcionario de un puesto al que tiene derecho. Con la petición de prórroga las cosas cambian, ya que será el Consejo de Estado el que tendrá que tomar una decisión sobre el futuro laboral de un Federico Trillo que no quiere convertirse en jubilado.   

El Grupo Parlamentario de Podemos ha anunciado que el pasado miércoles presentó una iniciativa en la Cámara autonómica con el objetivo de declarar al exministro de Defensa Federico Trillo persona non grata en Cantabria. El diputado Alberto Bolado ha manifestado que esta proposición se ha impulsado este viernes en la reunión de la Mesa del Parlamento y que se debatirá el próximo lunes.

En la comparecencia pública han participado los familiares cántabros de las víctimas de la catástrofe del Yak-42 ocurrida en Turquía el 26 de mayo de 2003, en la que fallecieron 62 militares cuando regresaban de una misión en Afganistán. A principios de este 2017, el Consejo de Estado responsabilizó a Trillo de la tragedia.

Con esta iniciativa, la formación morada insta al Gobierno y al resto de las instituciones de Cantabria para que “no cuenten” con el entonces ministro de Defensa en los actos institucionales que organicen.

Bolado ha recalcado que “comparten el contenido” de la iniciativa y que consideran que en este país “es hora de que empiece a quedar del todo claro que no hay personas que están por encima de la ley”.

Asimismo, ha subrayado que, aunque solo sea con un “carácter simbólico”, “es fundamental que las instituciones democráticas sean capaces de mostrar el rechazo a un comportamiento antipatriota”, basado en “la mentira y en el absoluto desprecio a las leyes de nuestro país”.

Apoyo a los familiares

Sara García es hermana de David García Díaz, una de las víctimas del Yak-42. El pasado mes de febrero registraba una petición en la plataforma change.org con el objetivo de conseguir que “se nombrase al exministro Trillo persona non grata en cada región de nacimiento de los fallecidos”.

En su comparecencia de este viernes ha estado acompañada por una de sus hermanas, Noelia García, y de Jesús Calvo Puentes, hermano de Miguel Ángel Calvo Puentes, otra de las víctimas de aquel accidente aéreo.

Sara García ha hecho hincapié en que la propuesta nació tras tener conocimiento del dictamen del Consejo de Estado donde se relacionaba directamente al exministro de Defensa con “la culpabilidad de aquel accidente, accidente entre comillas”. Además, ha señalado que después de diversas reuniones con diferentes formaciones políticas, “el único que ha presentado la iniciativa ha sido Podemos”.

“En esta tragedia nunca obtuvimos justicia y probablemente no la obtengamos, pero lo que sí podemos conseguir es que este señor sepa de manera oficial que aquí no se le quiere”, ha destacado García. “Nombrarle persona non grata es un acto simbólico que para él igual no tiene gran repercusión pero para nosotros sí, por el respeto y honor que les debemos a nuestros familiares”, ha apostillado.

“Es el único nombramiento que se merece y no ningún otro como tantos y tantos que le han sucedido después de la tragedia”, ha expresado, entre ellos la embajada en Londres cuando “ni siquiera es diplomático y que no hubiese llegado a ese cargo de no ser por el interés del partido político al que pertenece de relegarle a una segunda línea, ya que su soberbia y su lamentable actitud no permitía bajo ningún concepto mantenerle en el equipo de Gobierno”, ha manifestado.

“Durante estos 14 años todos los familiares hemos vivido un duelo permanente por la pérdida de nuestros seres queridos y acrecentado por el lamentable comportamiento del señor Federico Trillo, de su forma de esconder la verdad, manipular los hechos y disfrazarlos diciendo que 'estos familiares lo único que quieren es dinero'”, ha relatado.

Seguidamente, ha expresado que “tristemente, en este país y con este sistema judicial es la única manera de cuantificar un daño tan grande como la muerte de un ser querido, y más aún cuando en aquel momento no existía jurisprudencia sobre accidentes aéreos y no había ningún otro caso donde apoyarnos”. Así pues, ha remarcado que “si esto se hubiese resuelto de una manera transparente hubiéramos sentado un buen precedente para tragedias posteriores”.

Al mismo tiempo, García ha querido dejar claro que “jamás” han pedido dinero y que solo han pedido “la verdad”. Es por ello que reclaman una Comisión de Investigación para “depurar realmente responsabilidades de la tragedia”.

Actuación de Cospedal

Por otra parte, he afirmado que han obtenido “un mísero perdón que no aclara nada, mucho menos lo soluciona y es más hiriente 14 años después”.“Esto lo proclama una ministra que poco a nada sabe del tema, que lo intuimos por sus declaraciones, y que se empeña en poner en duda el llegar a encontrar una documentación que deberían haber tenido desde un primer momento”, ha asegurado. “Dudamos que no la tengan, igual solo hay que abrir un cajón”, ha remachado.

Así pues, García denuncia que lo mencionado anteriormente lo lleve a cabo “de manera pública”, “sin previamente haber hablado” con ellos y “tras la presión de los grupos políticos en la comparecencia que se vio obligada a dar tras el dictamen del Consejo de Estado”. Finalmente, ha reclamado que se hable “de jurisprudencia, que se depuren responsabilidades y que esto no vuelva a suceder”.

Madrid dedicará un espacio a las víctimas del accidente del Yak-42. Así lo ha acordado este martes el Pleno municipal de la capital por unanimidad a propuesta del grupo municipal socialista.

En un plazo de seis meses la Junta del Ayuntamiento de Madrid determinará el emplazamiento del espacio público en el que se homenajeará a la memoria de los 56 militares fallecidos en 2003.

La polémica suscitada a raíz del accidente del Yak-42 se avivó el pasado mes de enero, cuando se conoció informe del Consejo de Estado en el que señalaba como responsable de lo ocurrido al Ministerio de Defensa, entonces dirigido por Federico Trillo. Pocas semanas más tarde, el exministro abandonaba su cargo como embajador de España en Londres y se reincorporaba como letrado precisamente en el Consejo de Estado.

La polémica llegada de Federico Trillo al Consejo de Estado puede tener los días contados. El exministro del Partido Popular cumple 65 años el próximo 23 de mayo. Si Trillo no solicita prolongar su permanencia en su puesto como funcionario, pasará directamente a la jubilación. En caso contrario, el Consejo de Estado tendrá que tomar una decisión. 

Fuentes del organismo han confirmado a eldiario.es que Trillo “no ha tramitado aún la petición de prórroga en el servicio”. El exministro debería hacer el papeleo antes de llegar a la edad de jubilación y corresponde al Consejo de Estado decidir si le concede cinco años más en el puesto. 

El Estatuto Básico del Empleado Público prevé la la posibilidad de prórroga para un funcionario que ha llegado a la edad de jubilación. “Es una facultad del cuerpo de funcionarios pero no un derecho”, aseguran fuentes de Administraciones Públicas. En la mayoría de los casos, las solicitudes se responden favorablemente, pero el caso de Trillo es especial por la polémica que rodea su reincorporación al Consejo de Estado. 

De producirse la petición, el Consejo tendrá que responder de manera razonada y exponer los motivos de su decisión: “La Administración Pública competente deberá de resolver de forma motivada la aceptación o denegación de la prolongación”. 

La secretaria general del Consejo de Estado, Guadalupe Hernández-Gil, es la persona que tendrá que tomar la decisión de prorrogar la discutida presencia de Trillo en el Consejo de Estado. El exministro ha tomado posesión de su cargo este jueves y todavía no ha dado señales de cuánto quiere que dure su trabajo en el organismo: tres meses o cinco años. 

Los familiares de los fallecidos en el accidente del Yak-42 han comunicado al Gobierno que “Trillo no tiene la dignidad necesaria” para el puesto. En el encuentro que mantuvieron con Rajoy, el presidente del Gobierno evitó dar su opinión al respecto. En medio de la polémica, el Partido Popular aseguró que no está en su mano retirar a un funcionario el puesto al que tiene derecho. En el caso de que Trillo solicite la prórroga, las cosas cambiarán notablemente y el Consejo de Estado tendrá que volver a tomar una decisión sobre él. 

Sara García Díaz es hermana de David García Díaz, uno de los 62 militares españoles fallecidos en la catástrofe del Yak-42 ocurrida en Turquía el 26 de mayo de 2003, cuando regresaban de una misión en Afganistán. A principios de este 2017, el Consejo de Estado responsabilizó al entonces ministro de Defensa, Federico Trillo, de la tragedia.

Recientemente, Sara García, natural de Cantabria, ha lanzado una petición en la plataforma change.org con motivo de conseguir que “se nombre al exministro Trillo persona non grata en cada región de nacimiento de los fallecidos”, y en la que a día de hoy, cuenta con 540 firmas.

“Se ruega, en nombre de todos los familiares afectados por el Yak-42, al Gobierno de España y a los Gobiernos autonómicos de cada región de nacimiento de los militares que se siga la determinación que han tomado en Cartagena y Lalín (Pontevedra) y se nombre al Sr. Federico Trillo persona non grata”, reclama la iniciativa.

En el texto, García recuerda que “tras 13 años y 8 meses de lucha el Consejo de Estado elabora un dictamen en el cual esclarece que el Ministerio de Defensa, cuyo titular era el Sr. Federico Trillo, conocía el mal estado en el que volaban sus militares, que no solo no veló por su seguridad sino que además pasó por alto más de 14 quejas en las cuales se expresaba la preocupación de los militares por subir en esas, como ellos mismos denominaron, Tartanas”.

Semanas antes de esta petición, la misma protagonista dirigió una carta abierta al exministro de la que se hicieron eco varios medios de comunicación, con la intención de que “no asumiera ningún cargo en el Consejo de Estado ni en ningún otro estamento público”. 

En la misiva, García “responsabilizaba” a Trillo “de la mayor tragedia del Ejército Español en tiempos de paz”. “Me niego a permitirle ni una sola vez más usar la palabra accidente para definir lo que usted le hizo a mi hermano y a sus compañeros”, señalaba. 

Como consecuencia del escándalo suscitado por el citado informe del Consejo de Estado, Trillo abandonó su puesto en la embajada de España en Reino Unido. Las familias pidieron al Gobierno que aclarase si se había ido por voluntad propia o si había sido cesado, a lo que el Ejecutivo reconoció que no lo había destituido.

“Me da usted vergüenza, me da usted asco y solo espero que ahora disfrace o no de voluntario su abandono de la embajada en Londres y no tenga la poca vergüenza de ir al mismo Consejo de Estado que lo ha considerado a usted responsable de la muerte de mi hermano y sus 61 compañeros”, concluía en la carta. 

Esta semana, eldiario.es ha publicado en exclusiva una carta enviada por un alto mando del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON) al que era jefe de la Armada, el entonces almirante Sebastián Zaragoza Soto. En la misiva, enviada en junio de 2005, se asegura que el exministro era el encargado de dar la luz verde a vuelos como el Yak. Tras la publicación, las familias de los fallecidos aseguraron que la carta pone de manifiesto la responsabilidad de Trillo en la catástrofe.

Alfonso Agulló es uno de los miembros más activos en la asociación de Familiares del Yak-42. La tragedia se llevó por delante la vida de su hermano Vicente y la noticia convulsionó aquella mañana de mayo de 2003 la pequeña localidad pontevedresa de Lalín, de donde es originaria la familia. El ayuntamiento de Lalín declaró a Federico Trillo persona non grata.

Alfonso Agulló atiende a eldiario.es por teléfono y aclara: “Lo que te voy a contar es mi opinión personal sobre Trillo. Yo supe desde el principio que él mentía”.

¿Cómo valora la existencia de una carta entre miembros de la cúpula militar que señala a Trillo como responsable último de las organización de vuelos como el Yak-42?

A mí de Trillo no me sorprende nada. Yo supe desde el principio que él mentía. Sabía con quién estaba hablando. En la lógica de Trillo está la mentira. Otra cosa es lo de los militares que cruzan información en esa carta; gente que sabe cosas y que no dijo lo que pasó. Hay gente que sabe cosas y no habla. Si ahora, 14 años después, sabemos estas cosas, ¿qué sabremos el año que viene, o el siguiente?  

Trillo siempre dijo que él no tenía relación directa con las contrataciones de aviones.

Trillo mintió desde el primer momento. Con esa carta, su responsabilidad política queda de manifiesto. En cuanto a su responsabilidad penal, todo está pendiente de lo que se pueda descubrir sobre el tema de las contrataciones y de que los jueces decidan si quieren ser más amigos de un mentiroso que de la propia justicia. 

Según el documento que publicamos en eldiario.es, los recortes presupuestarios por la guerra de Irak o la catástrofe del Prestige afectaron a la contratación de los vuelos.

El tema de las limitaciones presupuestarias no me encaja en un avión por el que se pagó 149.000 euros, aunque costó 38.000. Lo que se ahorraba o iba para intermediarios o se lo quedaban los ladrones criminales de la seguridad. O eso, o había una estrategia para maquillar los gastos de la guerra de Irak, cargando a Afganistán cargos que no le correspondían.

¿Cree que algún día podrán saber qué pasó?

Ya es hora de que digan qué pasó con el dinero por respeto a los militares muertos y a su familias. A las familias no se les puede someter a este sufrimiento psicológico de tener que estar removiendo esta tragedia año sí, año no. Cuando logramos recuperar nuestra cotidianidad, ¡venga, zarpazo! Esto no es un duelo, es una tortura y todo porque la justicia ha mirado hacia otro lado. 

Federico Trillo tenía la última palabra a la hora de contratar vuelos como el Yak-42. Así lo señala una carta enviada por un alto mando del Estado Mayor Conjunto de la Defensa (EMACON) al que era jefe del Estado Mayor de la Armada, el entonces almirante Sebastián Zaragoza Soto. En la misiva, enviada en junio de 2005, se asegura que el exministro era el encargado de dar la luz verde a vuelos como el Yak. “En algunos casos teníamos que esperar a que el JEMAD recibiera la autorización del ministro para concretar los detalles finales de algunos vuelos”, dice el documento.

La revelación contenida en esta carta, a la que ha tenido acceso eldiario.es, pone en cuestión los argumentos esgrimidos por Trillo todos estos años eludiendo su responsabilidad directa en la contratación del vuelo en el que perdieron la vida 62 militares españoles.

El remitente de la carta también critica a Federico Trillo por culpar a los militares de la tragedia. “Parece que solo se achaca la responsabilidad a las fuerzas armadas”. La misiva también hace referencia a una comparecencia parlamentaria del exministro el 29 de junio de 2005, en la que Trillo aseguró que “los militares le dejaron solo” en el caso del Yak-42. “Las declaraciones hechas ayer por el señor Trillo (la carta fue redactada el 30 de junio) no han sido las primeras, pero considero que son dañinas para la institución militar y dolorosas para quienes fuimos leales subordinados”.

La carta tiene como destinatario a quien entonces ocupaba la jefatura del Estado Mayor de la Armada, el almirante Sebastián Zaragoza Soto. Se trata de correspondencia entre las más altas instancias de la cúpula militar en la que se señala a Trillo Figueroa como el último eslabón en la cadena de mando que se ocupaba de la contratación de los vuelos. Según la carta, la espera por “la autorización del ministro (...) inevitablemente producía improvisaciones”.

El Gobierno de José María Aznar había impuesto una seria limitación presupuestaria en los gastos de viajes para el traslado de tropas y estaba muy afectado por la “sensibilidad política” que se vivía respecto a la guerra de Irak, dice la carta. El accidente del Yak-42, el mayor de 2003, se produjo pocos meses después de las movilizaciones masivas contra la participación española en esta guerra.

“Únicamente podíamos programar dos aviones/mes por limitaciones presupuestarias. La justificación que nos daban desde el propio ministerio era que el fondo de contingencia estaba condicionado por otros gastos como el Prestige, inundaciones y los derivados de otras operaciones como Afganistán, Índico y Balcanes”. Según el alto mando del Estado Mayor Conjunto (EMACON) que redactó la misiva, “en el proceso de contratación pudo pecarse de exceso de confianza”.

El documento al que ha tenido acceso eldiario.es fue aportado en su momento a la causa que abrió la Audiencia Nacional para aclarar posibles responsabilidades en la contratación del vuelo. El juez Fernando Grande-Marlasca decidió cerrar la instrucción dictando el “sobreseimiento libre” de los mandos imputados.

En aquel proceso, Grande-Marlasca concedió a Trillo la ventaja de declarar por escrito. El exministro dio su versión ante el juez en marzo de 2008 responsabilizando a sus subordinados del EMACON de la contratación del vuelo. Según la misiva fechada tres años antes, Trillo ocultó en su declaración que era él en persona quien autorizaba o no la contratación y los detalles de la mayor parte de los vuelos.

Los familiares de los fallecidos siguen en su lucha para conseguir el reconocimiento que nunca antes les había dado un Gobierno del Partido Popular. El pasado martes consiguieron ser recibidos por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. En ese encuentro, Rajoy hizo suya la petición de perdón que la ministra Cospedal expresó en el Parlamento en enero.

Un día después de reunirse en La Moncloa con los familiares de los militares muertos en el Yak 42 hace 13 años, Mariano Rajoy ha sido conminado por el socialista Antonio Hernando a “pedir perdón solemnemente”. El presidente del Gobierno lo ha hecho por el sentido de sus palabras, pero no explícitamente. Eso sí, antes se ha dirigido al socialista para reprocharle que en los cinco años que lleva al frente del Ejecutivo ningún diputado del PSOE le haya preguntado por el asunto hasta que se conoció el dictamen del Consejo de Estado.

“Quiero reiterar y asumir como propias las palabras pronunciadas por la ministra. Y hago mías sus palabras por que creo que es de justicia”, ha declarado Rajoy sin pronunciar el término “perdón” o “disculpas”. Tampoco lo hizo este martes tras recibirlas, aunque prometió que en esta ocasión se haría “bien”.

Lo que sí ha asegurado es que “comparte los sentimientos” de los familiares y ha dado a entender que la resolución final de Defensa recogerá la responsabilidad del ministerio en época de Federico Trillo. Antes, ha rendido un homenaje a “los que trabajan por nuestra defensa y seguridad con inestimable patriotismo y encomiable sentido del deber”.

Con esto, las exigencias de la oposición en el Parlamento entrarán en un parón hasta que se difunda el informe del ministerio. Pero Hernando ha aprovechado para repasar los hechos fundamentales de la muerte de los 62 militares. “Un avión que jamás debió despegar, es injusto hablar de accidente porque suena a inevitable y aquel desastre se pudo evitar (...) perdieron la vida cumpliendo con su deber porque otros no cumplieron con el suyo”, ha relatado Hernando.

El diputado ha recordado el “vergonzante fraude en las identificaciones”, así como los “desprecios y amenazas” que las familias recibieron de la cúpula militar y de un Trillo que ha pedido reincorporarse al Consejo de Estado.

En este asunto, Rajoy ha pasado de una primera reacción que se limitó a decir que ya estaba “sustanciado judicialmente” y que ocurrió “hace muchísimos años” a refugiarse en la iniciativa de María Dolores de Cospedal como titular de Defensa.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha prometido a las víctimas de la catástrofe del Yak-42 que el Ejecutivo va a buscar “una satisfacción moral y política”. “Vamos a hacer las cosas bien, confiad”, le ha dicho Rajoy a las familias de las víctimas, según han explicado en rueda de prensa.

La reunión de Rajoy con las víctimas del Yak-42, la primera que mantiene este colectivo con un presidente del Gobierno, ha durado algo menos de dos horas. Las familias se han mostrado satisfechas tras la reunión, que han considerado como una “forma de pedir perdón”.

“La administración que rectifica es la administración que madura”, ha afirmado la portavoz de la Asociación de Víctimas del Yak-42, Curra Ripollés, en la rueda de prensa. Durante la reunión, las víctimas han afeado a Rajoy que, desde su responsabilidad como vicepresidente del Gobierno en 2003, “lo hizo todo mal”.

Francisco Cardona, padre de una de las víctimas, ha explicado en rueda de prensa que han sacado el tema de la reincorporación de Federico Trillo al Consejo de Estado, el órgano que responsabilizó al Gobierno de la tragedia, y del que el exministro de Defensa es letrado.

A Rajoy le han dicho que “Trillo no es un hombre con la dignidad necesaria para ocupar un cargo público”, según Cardona, que ha explicado que no ha obtenido respuesta de Rajoy.

“Las familias hemos hablado con el presidente del Gobierno por primera vez. El mayor homenaje que se puede hacer a las 62 personas que murieron es reconocer lo que allí pasó: que se les abandonó y después se ultrajó sus cuerpos”, ha dicho Miguel Sencianes, hermano de uno de los fallecidos.

La reunión ha tenido lugar dos semanas después de que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pidiese perdón a las víctimas “en nombre del Estado”, y asumiese las conclusiones de Consejo de Estado sobre la catástrofe en el que murieron 62 militares españoles.

Mucho se ha hablado sobre el Consejo de Estado a raíz de la informe hecho público por dicho ente sobre el accidente del Yak-42 que costó la vida a 62 militares españoles que regresaban de Afganistán. ¿Pero cuáles son sus funciones y quién compone dicho órgano?

El Consejo de Estado está contemplado en la Constitución, que lo define como “el supremo órgano consultivo del Gobierno”. Algo que reitera la Ley Orgánica 3/1980, de 22 de abril en su artículo primero. “Ejerce la función consultiva con autonomía orgánica y funcional para garantizar su objetividad e independencia de acuerdo con la Constitución y las Leyes”, indica el punto dos del mismo artículo.

“Su función es asesorar al Gobierno a nivel técnico”, explica el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid Ángel Sánchez Navarro. Su procedencia puede remontarse a la época de Carlos I de España y V de Alemania y sus Consejeros Reales, y está integrado en la estructura del Ejecutivo.

“Es un órgano que, con muchos matices, se mantuvo con José Bonaparte, la Constitución de Cádiz, los periodos republicanos e incluso con Franco”, explica el profesor Sánchez Navarro, autor del libro Consejo de Estado, función consultiva y reforma constitucional (Editorial Reus, 2007). “Tiene un perfil técnico brutal, con unas de las oposiciones más duras del sistema público español”, añade.

¿Quién compone el Consejo de Estado?

El catedrático se refiere a las oposiciones para acceder al cuerpo de Letrados del Consejo de Estado, uno de los escalafones que conforman dicho órgano consultivo, y al que pertenece Federico Trillo. “Son unos de los que mejor conocen el Derecho español”, afirma. Este cuerpo es el único componente del Consejo al que se accede vía oposición pública.

Trillo accedió a su plaza en 1979 como Capitán Auditor, cuando la denominación de la misma todavía respondía al lenguaje militar. Formó parte de dicho órgano durante 10 años, hasta 1989, cuando solicitó la excedencia por Servicios Especiales para dedicarse a la política activa. Esta semana ha pedido su reincorporación, 27 años después.

El resto del Consejo de Estado está formado por consejeros de distintas categorías y que acceden al mismo por diferentes vías. El presidente del órgano, puesto que en la actualidad ocupa José Manuel Romay Beccaría, es nombrado por el Gobierno a través de un Real Decreto, así como los ocho consejeros permanentes, cada uno de los cuales preside una de las ocho secciones.

“Normalmente son profesionales destacados en su área, vinculados a la judicatura o al derecho, algunos de los cuales también han desarrollado labores de responsabilidad política”, explica Sánchez Navarro acerca de los consejeros permanentes. Este es el caso de Landelino Lavilla, letrado del Consejo de Estado desde 1959 y exministro de Justicia con Adolfo Suárez.

Cada Consejero Permanente preside una de las ocho secciones en las que se divide el Consejo de Estado, cada una de las cuales tiene asignadas diferentes áreas de trabajo. Así, la Sección Segunda trata los asuntos procedentes de los ministerios de Justicia, de Trabajo e Inmigración; la Sección Séptima, los procedentes de los ministerios de Educación, de Cultura y de Sanidad, Política Social e Igualdad. El informe sobre el accidente del Yak-42 fue elaborado por la Sección Cuarta, encargada de Defensa e Industria, Comercio y Turismo.

También son miembros natos de este ente el Director de la Real Academia (actualmente, Darío Villanueva); la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega; o el presidente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Juan Velarde. En este caso, el puesto va ligado a la institución que representan, y no a su persona; al cesar en su institución de procedencia, cesan también como consejeros. En este apartado es donde tendrían cabida los expresidentes del Gobierno, ninguno de los cuales forma en la actualidad parte de este órgano.

¿Quién puede consultar y qué categoría tienen sus informes?

El Consejo de Estado es un órgano consultivo del poder Ejecutivo, pero no sólo el Gobierno puede pedir informes a este órgano. También pueden hacerlo aquellos Gobiernos autonómicos que no dispongan de un ente similar (como sí tienen, por ejemplo, Galicia o Euskadi), como se establece en el artículo 24 de la ley orgánica que lo regula.

También los particulares tienen opción a pedir audiencia al Consejo de Estado “cuando estén interesados en el objeto de la consulta”. Este es el caso del informe elaborado sobre el accidente del Yak-42, elaborado a partir de la solicitud de indemnización de los familiares de los fallecidos, tal y como se recoge en el texto del dictamen. 

Dicha ley también establece, en su artículo 2.2, que “los asuntos en que hubiera dictaminado el Pleno del Consejo de Estado no podrán remitirse a informe de ningún otro cuerpo u órgano de la Administración del Estado”. “Es el último órgano al que el Gobierno puede consultar”, explica Sánchez Navarro con respecto a este punto.

“Sus dictámenes suelen ser meramente técnicos y no vinculantes”, continúa el catedrático. Según la ley, “el Gobierno, si no contempla las recomendaciones del Consejo de Estado, tiene que reflejarlo en el texto normativo”.

El Consejo de Estado también se pronuncia al respecto de la adaptación de los dictámenes europeos a la legislación española, los tratados internacionales o los anteproyectos de reforma constitucional, entre otros aspectos. Una vez elaborado el informe, este se remite a la institución que lo haya solicitado, para a continuación ser publicado a través de la Agencia Estatal del Boletín Oficial del Estado.

Los familiares de los militares que murieron en el Yak-42 sabemos que sin el impulso de Bono no sabríamos la verdad, que ahora ha proclamado por unanimidad el Consejo de Estado y que los responsables no soportan

¿A qué se refiere la editorialista de ABC Curri Valenzuela, en su artículo del 19 de enero, cuando afirma que el Sr. Bono “estaría mejor calladito”? ¿Se refiere a que, cuando las familias le pedimos acudir a Turquía para hacernos las pruebas de ADN, el señor Bono, entonces ministro de Defensa, debería habernos impedido hacerlas? Aquel viaje de mayo de 2004 de las familias a Turquía nos permitió probar científicamente una infame mentira de todo un Gobierno que dirigía el aparato del Estado.

Aquella prueba fue decisiva para que el juzgado ordenase las exhumaciones. Afortunadamente hay españoles que no permiten que se entierren 62 militares y, de paso, también la verdad. Y me refiero al señor Bono, a ese que la mencionada editorialista hubiese preferido tener calladito, ¿para qué? ¡Para que estuviese enterrada una infame mentira! ¡¡¡Leer para dar crédito a lo que se puede llegar a escribir!!! Para esta gran patriota, por esta infame mentira, no habría que pedir perdón, porque lo ha hecho el Estado.

Ya sé cuál es su patria señora Valenzuela: LA MENTIRA. Creo que ni Hegel le hubiese dado la razón, y de hecho, hasta De Cospedal se ha dado cuenta de eso, por eso ha pedido perdón.

Espero que la Señora De Cospedal no ande buscando excusas baratas para no investigar, o para cubrir a quienes se comportaron de forma infame. Pedir perdón está bien, pero ahora toca dar trigo, es decir, documentos como dio Bono y no tirar balones fuera. ¡Hechos son amores y no buenas razones!

Resulta moralmente inaceptable que al ministro Bono, la persona con responsabilidades públicas que más ha luchado por averiguar la verdad del Yakolev, se le trate de vilipendiar por los mismos que trabajaron en ocultarla.

Hoy leemos en ABC, un artículo firmado por la misma que hace unos días manifestaba, también en el ABC, que no había que pedir perdón por la actuación del gobierno en el Yakovlev.

No olvidamos que este periódico publicó editoriales en los que nos agredía y despreciaba hablando de “linchamiento personal” hacia Trillo (22-10-2004); o calificando su reprobación por el Congreso de los Diputados como “error” y “batalla excesiva en el fondo y en la forma” (30-6-2005); y nos acusó de “acoso” a Trillo por parte de las familias (2-7-2005).

Los familiares de los militares que murieron en el Yakovlev sabemos que sin el impulso y el coraje de José Bono no sabríamos la verdad, una verdad que ahora ha proclamado también por unanimidad el Consejo de Estado y que los responsables no soportan.

Se le piden documentos al ministro Bono cuando tengo la convicción moral de que todos los que tenía los entregó a los Tribunales y al Parlamento. Más valdría que se los pidieran a Trillo, especialmente aquellos que ocultó o los que le llevaron a escribir el acróstico en la revista de defensa culpando de la tragedia al Estado Mayor de la Defensa.

Federico Trillo, de momento, no comparecerá en el Congreso por el Yak-42. “El grupo confederal de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea ha pedido la comparecencia como embajador en Londres, en la Comisión de Exteriores. PP, PSOE y Ciudadanos han votado en contra en la Mesa de que entre en el orden del día de la Diputación Permanente porque ya no es embajador”, explican fuentes de la Mesa.

“Cuando la Mesa no se reúne o no se puede reunir, se hace ronda de consultas telefónicas, por parte del equipo de letrados, para aquellos temas en los que hace falta votar. Es decir, que no ha habido debate sobre esto en la Mesa”, aseguran las fuentes: “Es decir, en el acta constará el voto en contra de tramitar la solicitud por parte de PP, PSOE y Ciudadanos y desacuerdo de los dos representantes de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea”.

Fuentes del grupo confederal argumentan: “Básicamente, utilizan todo el tiempo vericuetos reglamentarios en los que el PP sobre todo se desenvuelve muy bien. Técnicamente, la objeción es correcta. Se solicitó la comparecencia de un embajador, que ya no lo es. Pero políticamente, se podría/debería haber llegado a un acuerdo entre los grupos de oposición para que Trillo no se vaya de rositas. Yo creo que sobre todo el PSOE debe dar explicaciones sobre su seguidismo permanente del PP por la noche mientras por las mañanas gesticula como si fueran oposición”.

“No nos hemos opuesto”, explican fuentes socialistas, “hemos aceptado el criterio de los letrados que como es lógico consideran que ya no se le puede convocar como embajador porque ya no es embajador. Podemos no le convocaba como persona competente sino como embajador”.

Los grupos parlamentarios de Unidos Podemos-En Comú y Esquerra Republicana (ERC) habían reclamado en el Congreso que Federico Trillo sea citado para que explique su marcha de la embajada de Londres y aclarara si su renuncia tiene o no relación con el informe del Consejo de Estado que responsabiliza al Ministerio de Defensa que dirigía del accidente aéreo del Yakovlev 42 en el que fallecieron 62 militares españoles.

Para forzar esa comparecencia, Unidos Podemos y ERC han pedido conjuntamente la convocatoria de la Diputación Permanente del Congreso, el órgano que sustituye al Pleno en periodos no ordinarios de sesiones como enero y que debe votar si se llama a declarar al exministro.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y el secretario Político, Íñigo Errejón, han expresado su protesta por Twitter. A Errejón le ha respondido el PSOE:

El diputado de Unidos Podemos Pablo Bustinduy, portavoz de Exteriores, ha argumentado: “Se escudan en una triquiñuela legal para impedir que discutamos siquiera la comparecencia de Trillo en la diputación permanente. La habíamos solicitado la semana pasada en la comisión de Exteriores. Ahora se escudan en el cese para decir que ya no es embajador y que no tiene que comparecer”.