Quienes llegaron de fuera de Majadahonda al Recinto Ferial de esta localidad al noroeste de Madrid el viernes 19 de septiembre para ver a la Orquesta Panorama se encontraron con que tenían que pagar 15 euros. Sin embargo, los empadronados podían entrar gratis con una invitación que el Ayuntamiento ponía a su disposición en las semanas previas a las Fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios. En el caso de que se les hubiese pasado el plazo, por muy majariegos que fueran, tendrían que pagar como cualquier otro visitante para ver al conjunto gallego. 

Los conciertos —y otras actividades, como el espectáculo de CantaJuegos o la carrera popular— que programa el Ayuntamiento de Majadahonda fueron, casi en su mayoría, gratuitos, pero quienes no residían en esta localidad tenían que pagar una entrada si querían asistir a las actuaciones de Rozalén o la Orquesta Panorama. Son los dos únicos conciertos que se celebraron en el Recinto Ferial, mientras que el resto de artistas, como Coque Malla o Álex Ubago, tocaron en el parque Colón. 

Desde el Ayuntamiento de este municipio insisten en que esos dos conciertos, “para los que se esperaba más afluencia” tendrían lugar en el Recinto Ferial, un espacio que exige que se “controle el aforo y la seguridad”. Es por ello que activaron este sistema de reserva de entradas, como una forma “de organizarlo”. Y el añadido de dar este privilegio en forma de invitación a los empadronados sirve como una “manera de cuidarles”.

“Los conciertos y todas las actividades de las fiestas se pagan con los impuestos de los vecinos. Bienvenido el que venga de fuera, pero se prioriza al vecino, evidentemente, sin ningún tipo de discriminación. Es una medida completamente horizontal”, defienden fuentes del consistorio.  

Lugares en los que todos pasan por caja

Otro municipio —también madrileño— que sigue una política similar a la de Majadahonda es Boadilla del Monte. En este caso, todos los que quieran asistir al Concierto de la Hispanidad: España dentro de un piano el 11 de octubre tendrán que pagar: cinco euros, los empadronados; dos euros, los residentes mayores de 65 o menores de 12 años y las personas con discapacidad; y 10 euros, los no empadronados. 

“En Boadilla, no encarecemos las entradas para los no empadronados. Lo que hacemos es bonificar los precios a los vecinos. Es una forma de reconocer su vinculación con el municipio y el hecho de que contribuyen con sus impuestos al sostenimiento de los servicios públicos y a la organización de las fiestas”, explica Purificación Pizarro, concejala de Festejos de Boadilla del Monte. Esta medida les ha permitido, agrega, “garantizar que las familias empadronadas puedan disfrutar de los conciertos y actividades a un precio más asequible”, que ha favorecido una “participación más amplia” de los vecinos de Boadilla. Solo se ha puesto precio a las actividades de las fiestas en casos “muy puntuales, de alta demanda” para poder “manejar mejor el aforo”.

En Madrid capital, donde cada pocos meses el Ayuntamiento o la Comunidad organizan actuaciones gratuitas en directo en Plaza de España, Plaza Mayor, la Puerta del Sol o la explanada de Puente del Rey, el control de accesos se realiza en el momento del evento, sin necesidad de tener que reservar o comprar previamente una entrada. Así se hará, por ejemplo, en los conciertos del Día de la Hispanidad. 

En Pozuelo, también en la Comunidad de Madrid, todos los asistentes tenían que abonar el precio de la entrada a los conciertos de Shinova y Siloé (20 euros), Juan Magán (15 euros), Nancys Rubias y Fangoria (20 euros) y para el torneo de partidas rápidas de ajedrez (5 euros), aunque los residentes podían acceder a una venta preferente. “Se cobra desde hace muchos años y se hace para compensar el esfuerzo económico del ayuntamiento”, indican fuentes del consistorio. 

La medida de convertir parte de las fiestas en actividades de pago, como han hecho estos tres gobiernos municipales, todos del PP, pero también el de Torrejón de Ardoz (PSOE) o el de Rivas-Vaciamadrid (Izquierda Unida), que han rehusado responder a las preguntas de este periódico, no tiene que ver, señalan desde Pozuelo, con una “clave recaudatoria”. 

“Los conciertos más top los paga íntegramente el Ayuntamiento. Con la venta de entradas se palia en parte (muy menor) ese esfuerzo, cuya recaudación revierte en las arcas del Ayuntamiento, no para un fin concreto, sino para distintas finalidades que se deciden cuando se hace el presupuesto”, apuntan desde el consistorio pozueleño. Y concluyen: “Lo de que el Ayuntamiento pague toda la ronda, ya nos gustaría, pero también hay que ser responsable con las arcas municipales”.  

El debate sobre el acceso a la cultura

El artículo 44 de la Constitución Española establece que “los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la que todos tienen derecho”. Este mandato sirve de marco en un debate que cada vez más municipios afrontan: cómo compatibilizar la universalidad del derecho a la cultura con la gestión de unos recursos municipales limitados y la presión presupuestaria que generan las fiestas patronales.

Desde Boadilla del Monte, la concejala de Festejos defiende que su política de bonificaciones para empadronados no busca excluir, sino reforzar ese vínculo cultural y comunitario. “Las fiestas patronales son, por tradición, el gran punto de encuentro de un pueblo con su gente. Entendemos que deben ser especialmente accesibles para los vecinos de Boadilla, que son quienes mantienen vivo el día a día de la ciudad”. 

En Majadahonda, la justificación va en la misma línea, dado que priorizar a los vecinos sin dejar de ofrecer una programación abierta a quienes lleguen de otras localidades. “Queremos que tenga prioridad en la oferta cultural local el que vive aquí”, señalan fuentes municipales, por lo que, insisten, “el 95% de las actividades de las fiestas son gratuitas”. “Se ha puesto precio a dos conciertos de ocho, y realmente a Rozalén sólo fueron majariegos”, añaden.

Estos ayuntamientos insisten en que hacen “un esfuerzo”, precisan desde Pozuelo, en traer a “grupos muy demandados, pero los recursos municipales son limitados y [el consistorio] no puede ni debe regalarlo sin más”. Es por ello que cobran un precio “pequeño”, de 15 o 20 euros, para llevar “espectáculos al nivel de la capital y se lo ponemos a la gente en el teatro de su municipio por un precio muy asequible, pero no gratis”.

El cartel de las fiestas de Torrejón lleva movilizándose varios años por la popularidad de los artistas que lo componen: Nicky Jam, Dani Fernández y Melendi, entre otros. Este año, las fiestas populares de este municipio se rigen por un sistema muy similar al de Majadahonda, con invitaciones para empadronados y parte del aforo reservado para la venta de entradas a no empadronados. 

Lo mismo ha ocurrido con el de Rivas-Vaciamadrid. El mítico Auditorio Miguel Ríos acogió en mayo cuatro jornadas de música, con La Raíz, Ladilla Rusa, La Bienquerida, Iván Ferreiro o Natalia Lacunza como artistas destacados, y los residentes en la localidad tenían la opción de adquirir sus entradas sin gastos de gestión. 

¿Es legal diferenciar entre empadronados y no empadronados?

El debate sobre si un Ayuntamiento puede o no diferenciar precios según el empadronamiento tampoco es nuevo. Ya en 2014, cuando Soledad Becerril era Defensora del Pueblo, este órgano advirtió de que exigir a los no residentes tasas más altas para acceder a servicios municipales constituía una discriminación difícilmente justificable. 

Asimismo, el Tribunal Supremo tomó como fundamento de derecho en 2023 el artículo 150 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales de 1955, que obliga a aplicar la misma tarifa a quienes reciban idénticas prestaciones “en iguales circunstancias”, salvo en los casos en que la norma permita reducciones para colectivos económicamente vulnerables. Con base en este artículo y también en el 14 de la Constitución Española, de igualdad ante la ley, el Tribunal Supremo resolvió un recurso sobre los precios diferenciados en un frontón municipal de Bergara (Guipúzcoa). La sentencia anuló una bonificación en el precio para empadronados al considerar que no era objetiva ni razonable. 

En ese fallo, en el que César Martínez Sánchez, profesor Titular de Derecho Financiero y Tributario de la UAM, destaca que se tuvo en cuenta “un reglamento franquista no especialmente relevante, porque hay normas con rango superior, para no tener que invocar la norma foral de Haciendas Locales de Guipúzcoa”, el alto tribunal consideró que la distinción entre empadronados y no empadronados no era objetiva ni razonable.

Desde que se reformó el sistema de casación de lo Contencioso-Administrativo, basta una sola sentencia para que el Supremo fije doctrina en este orden, lo que ha generado inquietud entre muchos ayuntamientos, que hasta ahora asumían con normalidad este tipo de bonificaciones. De hecho, el propio Supremo ha admitido en otros casos, como la tarifa de aparcamiento en la zona azul de Madrid, que favorecer a los residentes sí resulta justificable, por lo que Martínez Sánchez advierte de que cada supuesto debe analizarse de forma específica. 

“Lo que se cobra por entrar en esos conciertos no es una tasa, sino un precio público, y la doctrina aplicable es distinta”, explica este profesor titular de la UAM. A su juicio, existen razones objetivas para diferenciar entre residentes y no residentes en el cobro por los conciertos: los dos principales ingresos de los municipios, que son la participación en los tributos del Estado y el IBI, dependen directamente del número de empadronados. “No me parece ilegal que se bonifique al vecino frente al visitante en ciertos servicios culturales”, afirma, aunque reconoce que el Supremo no comparte este criterio. 

En cualquier caso, las medidas que establecen diferencias de precio entre empadronados y no empadronados quedarán sujetas al control de legalidad y, si se considera contraria a la Ley de Haciendas Locales o a la Constitución, podrían acabar siendo impugnadas en los tribunales.

La Guardia Civil ha detenido esta madrugada a un varón que circulaba con un Aston Martin tipo V8 Vantage Roodster robado, valorado en unos 315.000 euros. La detención se produjo después de que el ladrón sufriera un accidente en la A-6 en plena persecución policial, según ha informado la Comandancia de Madrid este martes en un comunicado.

El ladrón, un hombre de unos 40 años, había robado el coche en un concesionario de la glorieta López de Hoyos en el distrito madrileño de Chamartín. Fue descubierto cuando circulaba alrededor de las 2.20 horas por la calle Moreras de Majadahonda, donde una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil le hizo señales para que se detuviera. El conductor, lejos de obedecer las órdenes de los agentes, emprendió una huida hacia la M-503. En ese momento, los agentes iniciaron una persecución con el fin de proceder a su detención.

El conductor circuló por varias calles de la localidad madrileña en zigzag, provocando un riesgo manifiesto para el resto de vehículos. Una de las patrullas se posicionó en una de las salidas de la M-503 para intentar detenerlo, pero el coche policial fue embestido por el delincuente. Los agentes tuvieron que saltar para evitar ser arrollados.

La persecución continuó por la A-6, donde, a la altura del punto kilométrico seis, el conductor del Aston Martin sufrió un accidente. No obstante, pese al estado de siniestro total del vehículo, pudo abandonar el coche y huir a pie. Poco después, fue detenido poco después por la Guardia Civil.

El detenido pasará a disposición de la autoridad judicial en las próximas horas y se le atribuyen los delitos de robo de vehículo, atentado a agentes de la autoridad y delito contra la seguridad vial.

El pasado 27 de enero, en el parking del Centro de Continuidad de Cuidados de Enfermería de Majadahonda Cerro del Aire, un hombre de 72 años falleció de una parada cardiorrespiratoria. El centro es uno de los 29 dispositivos de Urgencias Extrahospitalarias que la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid decidió reabrir el pasado 27 de octubre de 2022. Cuenta con dos profesionales de enfermería y un celador, pero carece de personal médico. Antes de la pandemia dichas urgencias sí contaban con el equipo completo.

Tal y como adelantó a primera hora El Salto y ha confirmado elDiario.es con fuentes de la consejería, todos los profesionales de enfermería acudieron a atender al paciente sin contar con el personal médico que es el que tiene las competencias para realizar un diagnóstico clínico y su correspondiente prescripción de medicación. Tras intentos de reanimación cardiopulmonar y la llegada de la UVI media hora después, tan solo se pudo confirmar el fallecimiento del hombre. Desde la plataforma de profesionales SAR-SUAP han denunciado públicamente lo ocurrido y se preguntan, ante la tragedia de los hechos, el qué hubiera pasado si el centro hubiera estado dotado del equipo completo, como sí estuvo antes de la reorganización de las urgencias extrahospitalarias de la Comunidad de Madrid.

“Las emergencias deben ser atendidas siempre por un equipo completo y por supuesto bajo un diagnóstico médico, no debiendo apostar únicamente por la llegada rápida de una UVI que por diversas circunstancias no siempre es posible”, afirma la plataforma en el comunicado en el que además apunta que “los profesionales sanitarios no dejarán de denunciar estos hechos públicamente y seguirán luchando para que estas terribles situaciones nunca se vuelvan a producir”.

Consultada por elDiario.es, desde la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid afirman que “es totalmente falso que la UVI tardase 30 minutos en llegar”, que llegó a “los 8 minutos”. Ante la ausencia de médicos, la institución asegura que carece de personal médico debido a su cercanía con el Hospital Universitario Puerta de Hierro que se encuentra a casi cinco kilómetros y más de diez minutos en coche.

“La actuación de las enfermeras fue impecable, con la llegada de la UVI, las maniobras de reanimación y aplicación de adrenalina, nada más se pudo hacer, su fallecimiento fue fulminante”, asegura la consejería ante la duda incesante de los profesionales sanitarios que se encontraron una situación en la que no tuvieron el personal necesario para actuar correctamente ante una tragedia que culminó con el fallecimiento de un hombre.

“Quien decidió que esos 29 dispositivos pueden funcionar como dispositivos de urgencias extrahospitalarias sin médico, tiene la directa responsabilidad de lo ocurrido en éste y en todos los otros casos que se han ido sucediendo desde la susodicha reorganización”, concluye la plataforma que ha denunciado el acontecimiento a expensas de que en algún momento las urgencias extrahospitalarias vuelvan a contar con personal médico.

Apenas se puede encontrar a simple vista y, sin llamar mucho la atención, entre la carretera de Boadilla del Monte y el cementerio de Majadahonda. Allí está uno de los mayores quebraderos de cabeza a los que se lleva enfrentando el ayuntamiento del municipio desde hace años. El Monumento a los Caídos de Majadahonda se halla escondido entre la maleza, solo se puede entrar por un camino de tierra y antes servía como refugio para los jóvenes que querían hacer botellón sin que les encontrara la Policía, pero desde hace tiempo se ha convertido en una de las mayores reclamaciones fascistas de la zona.

El monolito, construido con una piedra poco común en la finca majariega, hace alusión a dos militares rumanos pertenecientes a la Guardia del Hierro, Ion Mota y Vasile Marin, simpatizantes del régimen nazi y que lucharon a favor del golpe que causó la Guerra Civil. Franco los utilizó como referentes propagandísticos de la dictadura y en la obra que se construyó como homenaje en 1948 se encuentra esculpida la frase “cayeron por Dios, España y Rumanía en 1937”. En 2015, en una resolución aprobada en el pleno que recibió todos los votos a favor a excepción de la abstención del Partido Popular, se aprobó el derribo del monumento relacionado con grupos fascistas que se reúnen cerca de él cada 13 de enero, fecha en la que los homenajeados fallecieron en combate, en 1937, para celebrar el golpe y la dictadura.

Sin embargo, por aquel entonces, hace nueve años, la Asociación para la Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos caídos en Majadahonda presentó un informe que determinaba que el lugar se encontraba dentro de una propiedad privada y los miembros de la organización se presentaron como “propietarios del terreno, estando al corriente de los pagos y tributos”, resaltaron que el monumento “se creó en el año 1970” y que fue “totalmente pagado su coste por dicha asociación”. El derribo quedó anulado y durante los siguientes años muchas han sido las reclamaciones para que se materialice.

En 2019, el presidente de la Asociación Custodia del Monumento a los Legionarios Rumanos caídos en Majadahonda y nieto del diputado Blas Piñar de Fuerza Nueva, Miguel Menéndez Piñar, declaró ante el monolito: “El monumento sigue en pie y tenemos pendiente la recepción de la licencia para levantar el muro, pero el ayuntamiento está retrasándola y el caso ya está en manos de nuestros abogados”. Aquella construcción nunca se llevó a cabo y el espacio sigue posibilitando la entrada al público general.

En octubre de 2023, la Asamblea de Izquierda Unida de Majadahonda remitió un informe en el que apelaba a que se cumpliera con la Ley de Memoria Histórica y se llevara a cabo su retirada. Según el partido, “el texto de la ley es inequívoco respecto a la obligación de retirar elementos contrarios a la memoria democrática en todos los edificios públicos y en aquellos privados que tengan proyección pública o sean de uso público”. Es el caso del monumento en cuestión que reúne anualmente a decenas de fascistas, españoles y rumanos, que reivindican el golpe y la dictadura.

Conjuntamente al informe, acompañado con un dossier en el que se acredita la reunión anual de grupos fascistas como La Falange, el grupo parlamentario de Sumar –en concreto, por el diputado de IU Enrique Santiago– presentó unas cuantas preguntas en el Congreso de los Diputados para que se les informase sobre cómo se iba actuar ante la situación. El pasado mes de noviembre, recibieron respuesta por parte del Gobierno, donde resalta que se procederá a “registrar la solicitud con el detalle necesario que permita en su momento la inclusión en el Catálogo e implementar las acciones pertinentes una vez culmine el desarrollo reglamentario”.

El catálogo al que hace referencia el escrito trata del conjunto de obras que incumplen le Ley de Memoria Histórica y que deben ser derribadas. La Administración también matiza que “en el caso de no producirse la retirada o eliminación de los elementos incluidos en dicho catálogo, de manera voluntaria, la administración pública competente incoará de oficio el procedimiento para la retirada de los mismos”. Respecto a los posibles actos de homenaje a figuras fascistas que se prevén, el Gobierno ha asegurado que “se dará traslado a la Delegación del Gobierno a los efectos procedentes contrarios a la memoria democrática que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares, y supongan exaltación personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra o de la Dictadura”.

Nueva concentración fascista

A pesar de los diferentes procesos para defender la memoria histórica y a las víctimas, este sábado se producirá una nueva concentración convocada por La Falange y la Fundación Profesor George Manu en el monumento de Majadahonda y cuyo objetivo primordial es el de homenajear a los fascistas rumanos y promover la defensa del monolito ante los diferentes intentos de su derribo. Conjuntamente al acto, también se producirá una conferencia en el Espacio Ademans en la que se hablará del impacto histórico que supusieron los militares simpatizantes nazis de la Guardia del Hierro y en la que intervendrán personas como Blas Piñar Gutiérrez, Norberto Pico, Manuel Andrino o Marius Visovan.

La lucha por derruir el monumento en el que se exalta al régimen golpista y a sus causantes prosigue tras años de intentar defender la memoria de las víctimas, pero a falta de nuevas directrices que se marquen desde la administración pública, el monolito sigue en pie y los fascistas siguen convocando actos. El último homenaje se produjo hace un año, el 15 de enero, coincidiendo con el fallecimiento de ambos combatientes rumanos y del que según Delegación del Gobierno no consta denuncia. Este sábado se sumará otro a los incesantes actos fascistas que se producen en el municipio.

“Es un clasicazo”, define el historiador Daniel Gómez Aragonés, especialista en el mundo visigodo. El recorrido de un sarcófago de piedra, de época altomedieval, desde un terreno de cultivo en el municipio madrileño de Majadahonda —de cuyas entrañas fue extraído en los años 80— hasta el patio de un domicilio particular para ejercer las veces de macetero no es un caso aislado ni demasiado llamativo. En absoluto. No para la España de la segunda mitad del siglo XX, cuando la sensibilidad hacia el patrimonio distaba de la madurez actual, pese al progresivo desarrollo de las leyes de protección. La originalidad del caso radica en que el hallazgo de la pieza fue comunicado (y el vestigio, ofrecido) a las autoridades locales y regionales hace décadas, pero nadie movió un dedo por ponerla en valor. El descubridor del sepulcro —vecino de Majadahonda y alcalde en el tardofranquismo— acabó convirtiéndose en su mejor guardián, hasta que falleció y sus herederos decidieron trasladarlo en un camión a una nueva propiedad, fuera de la localidad madrileña.

El caso del sepulcro que ninguna institución protegió afloró hace cuatro décadas, cuando Manuel Gesteiro, profesor de Geografía e Historia en un instituto de Getafe, encargó a sus alumnos un trabajo sobre el pueblo en el que vivían. Casualmente, uno de sus alumnos residía, como él, en Majadahonda y le pidió enfocar allí el ejercicio. El estudiante comentó al docente que el tío Julio —Gesteiro precisa que, a los hombres mayores, generalmente viudos, se les solía colocar el apelativo de “tío” delante del nombre— guardaba una piedra antigua en el patio de su vivienda. “Habla con el tío Julio y vamos a su casa a ver de qué se trata”, le indicó el profesor. “No era una piedra, sino un sarcófago de tipo antropomorfo: era ancho por la parte de la cabeza y estrecho en la de los pies; su forma me llamó mucho la atención”, subraya Manuel.

El tío Julio era, en realidad, Julio Labrandero Descalzo, un antiguo alcalde de Majadahonda en las décadas de los 40 y los 50, cuya familia había encontrado el vestigio visigodo en un paraje del término municipal por pura casualidad. “Me explicó que, mientras trabajaban unas tierras, el arado golpeó una piedra, desenterraron lo que, en realidad, era una tumba y la llevaron para el pueblo”, recuerda Gesteiro. Antes que profesor en Getafe, Manuel había ejercido como docente en un colegio universitario de Cuenca. Uno de sus antiguos alumnos trabajaba entonces como profesor de Arqueología en la Universidad Autónoma de Madrid. Él fue el encargado de solventar las dudas que Gesteiro —“era una pieza muy tosca, nada que ver con esas bonitas de la Antigüedad”, pensó entonces— albergaba sobre la datación y el origen del sepulcro. “Me confirmó que podía ser tardorromano, de la época final del Imperio, o visigodo, perteneciente a los pueblos que se quedaron posteriormente”, relata.

Una piedra de molino y material bélico

El caso es que el tío Julio llevó a Manuel Gesteiro al lugar en el que, tiempo atrás, se había producido el hallazgo. “Lo encontraron lejos de Majadahonda, en el campo, cerca del río Guadarrama. En un principio, el tío Julio pensaba que había sido en el paraje de El Villar, cuando en realidad se trataba de La Herrera, donde observamos los restos de una granja, posiblemente del siglo XIX”, reconstruye el profesor, ahora jubilado, para quien la visita fue más que productiva. “Había restos de un pozo y, al lado, un cerro con trincheras de la guerra llamado Cabeza Negra; pude encontrar algunos restos de material bélico, fragmentos de mortero, una cantonera (accesorio de un arma) para un fusil Mauser…”, informa el docente, quien, a su vez, se hizo con los fragmentos de una antigua piedra de molino.

El sarcófago visigodo se había convertido en macetero en la vivienda de Julio Labrandero, una casa construida por la Dirección General de Regiones Devastadas y Reparaciones, el organismo creado por el franquismo para reconstruir las zonas sensiblemente golpeadas por la Guerra Civil. Al fallecer el tío Julio en los años 90 —relata Gesteiro— sus herederas “tiraron la construcción antigua e hicieron una nueva”. “Cuando la estaban demoliendo, pasé por allí, entré en las ruinas y le pregunté a los obreros qué había sido del sarcófago: me dijeron que las hijas se lo habían llevado en un camión, no sé si a una casa o a un chalé que tenían en el campo”, añade.

La tumba visigoda acabó despidiéndose de Majadahonda, pero todavía quedaban en la localidad los restos de la piedra de molino que Gesteiro había encontrado en el mismo paraje. “Cuando se organizó la Expo de Sevilla, a todos los pueblos les dio la locura de organizar exposiciones de cualquier cosa. Aquí, el Ayuntamiento hizo la suya propia y yo llevé la piedra de molino”, recuerda Gesteiro, quien lamenta: “Al finalizar la muestra, se la ofrecí al Ayuntamiento, pero no quiso saber nada; así que me la traje para casa”, añade. Curioso que tanto la piedra como el sepulcro habían corrido la misma suerte. “Nadie tampoco se interesó por el sarcófago: mi alumno, el arqueólogo de la Universidad Autónoma, informó a la Comunidad de Madrid, pero no se hizo nada”, precisa el profesor jubilado. ¿Por qué cree que no hubo interés alguno por la protección de un vestigio de época visigoda? “No sé qué decirle, tendría que pensarlo con calma”, responde Manuel Gesteiro, quien imagina una posibilidad, algún interés ajeno al patrimonio, que no se atreve a confirmar. La Comunidad de Madrid ha sido preguntada al respecto, pero no ha dado respuesta.

Bebederos para el ganado

“Hay que tener en cuenta que, durante la época visigoda, el poblamiento rural está muy presente, por lo que es bastante normal que aparecieran y que sigan apareciendo vestigios de aquella época”, razona Daniel Gómez Aragonés. “En función de la inocencia de cada uno, de no saber valorar exactamente un resto del pasado, alguien puede llevarse un resto visigodo para su casa sin pensárselo, pero esto cada vez ocurre con menor frecuencia: existe una sensibilización mayor en todos los ámbitos, desde los ayuntamientos grandes a los pequeños; la propia sociedad es cada día más consciente del valor del patrimonio y tiene una mayor facilidad para consultar a una persona experta”, afirma el historiador y divulgador. Los trabajos actuales, como apunta el especialista, están exhumando una importante cantidad de testimonios visigodos en territorio madrileño. Según Gómez Aragonés, dos son las claves: la actual Comunidad de Madrid es el centro geográfico de la península ibérica, un lugar de paso, y Toledo está muy próxima. “La capital irradia, no es una isla; ahora mismo la mayor concentración de restos visigodos se encuentra en la comarca de los Montes de Toledo”, enfatiza.

El periodo en el que se halló el sepulcro en el paraje de Majadahonda —como en tantos otros lugares del país— era algo distinto. “Todos conocemos a personas que han utilizado sepulcros de piedra como bebederos de animales: ese es otro clasicazo de la antropología hispánica de la segunda mitad del siglo XX”, afirma Gómez Aragonés. Aun así, cabe preguntarse por el valor real de una piedra como la que halló el tío Julio en la década de los 80. “Para mí tiene un valor tremendo: hablamos de un periodo clave en la Historia de España, del siglo V al VIII, una época que, afortunadamente, cada vez está llegando más al gran público gracias a la alta divulgación y al nivel científico actual”, describe el especialista. “Un sepulcro no es algo descontextualizado, por más que alguien pueda tenerlo en su casa; esa tumba viene de un lugar en el que, seguro que hay otras o quizá una necrópolis”, añade.

Una necrópolis donde encontrar un ajuar funerario, un testimonio que, como en el caso de las monedas, puede aportar una gran cantidad de información sobre nuestro pasado. Según Daniel Gómez Aragonés, los museos arqueológicos nacional y regional (ambos situados en la capital española) atesoran objetos como fíbulas (alfileres) o broches “de un nivel que los ojos hacen chiribitas al verlos”. Desafortunadamente, no todos los yacimientos, no todas las excavaciones tienen la suerte de terminar en un museo. Hace algo más de una década, la localidad madrileña de Vicálvaro exhumó una gran necrópolis visigoda que, por diferentes motivos, terminó de nuevo bajo tierra. En el caso del sepulcro de Majadahonda, la pieza encontró, al menos, a alguien que se ocupara de ella. “Visto el interés que tuvieron las autoridades, bastante hizo el tío Julio y sus herederas con cuidarlo”, piensa en alto el profesor Manuel Gesteiro, no sin cierta ironía.

Cinco agentes de la Guardia Civil se sentarán en el banquillo acusados de detener de forma irregular a un hombre, pegarle una paliza y después falsear el atestado para que pareciera que los agredidos habían sido los agentes. La Fiscalía pide condenas de entre cuatro años y medio y diez años de cárcel para los guardias civiles por delitos de detención ilegal, contra la integridad moral y falsedad documental por hechos ocurridos en 2019 en la localidad madrileña de Majadahonda.

El escrito de la Fiscalía explica que, según la acusación pública, en diciembre de 2019 los agentes acudieron a Majadahonda por un altercado supuestamente causado por dos personas cerca de unos grandes almacenes, borrachos y supuestamente molestando a los conductores. Les encontraron poco después en una gasolinera de la localidad, donde les arrinconaron contra una pared y sin que ninguno de los dos hiciera nada, les pegaron una paliza.

Los guardias civiles pegaron varios puñetazos a uno de ellos “sin mediar previamente ninguna clase de comportamiento agresivo” por su parte, y los golpes siguieron una vez estaba en el suelo sin poder defenderse. Fue engrilletado, dejado en el suelo durante diez minutos pasando frío y acusado por la vía administrativa de desobediencia a los agentes de la autoridad. Sufrió varias lesiones por toda la cara. Uno de los agentes también sufrió lesiones pero no por golpes del detenido, sino “consecuencia del comportamiento agresivo que él mismo desplegó”.

Otros agentes de la Guardia Civil presenciaron la escena y, según la acusación, no hicieron nada para frenar la paliza. Todos ellos, además, redactaron un atestado que no reflejó la realidad: el documento afirmaba que los agentes le pidieron que no se pusiera violento mientras le cacheaban y que la víctima les golpeó, mostrando una “gran resistencia activa” que le llevó al suelo mientras lanzaba patadas. Le redujeron, según el falso atestado, usando “la mínima fuerza indispensable y proporcional”.

Hasta diez años de cárcel

Para la Fiscalía, esa “mínima fuerza indispensable y proporcional” que reflejaba el atestado fue en realidad una paliza sin motivo ninguno perpetrada por varios agentes y tolerada y falseada por el resto. El atestado llegó a un juzgado pero 20 días después la víctima denunció la agresión policial, lo que llevó a abrir la investigación contra los guardias civiles que serán juzgados la semana que viene en la Audiencia Provincial de Madrid.

La Fiscalía pide para ellos condenas que van desde los cuatro años y medio de prisión hasta los diez años en el caso más grave, por delitos contra la integridad moral, detención ilegal y también falsedad documental, este último por falsificar el atestado. Pide además que sean inhabilitados, multados y que tengan que indemnizar al afectado con 6.000 euros.

El régimen disciplinario de la Guardia Civil recoge como falta muy grave que un agente sea condenado en sentencia firme por un delito doloso relacionado con el servicio. Las consecuencias, según esta normativa, pueden llegar a la expulsión del cuerpo.

Una oleada de delitos ha interrumpido la aparente tranquilidad de Majadahonda, uno de los municipios con más renta de España y feudo tradicional de la derecha desde hace treinta años. Más de 36 robos en menos de dos meses han hecho cundir el pánico entre los comerciantes locales de esta ciudad de 70.000 habitantes. Los espisodios que se repiten desde principio de año han dejado una imagen insólita: asociaciones de comerciantes y hosteleros manifestándose ante el Gobierno local de PP y Vox por la inseguridad ciudadana, una de las banderas electorales de la derecha.

Situado a media hora en coche desde la ciudad de Madrid y con una renta media per cápita de 55.000 euros, Majadahonda es un próspero municipio residencial donde los ‘populares’ gobiernan de forma ininterrumpida desde hace tres décadas. Su alcalde, José Luis Álvarez Ustarroz, niega que haya un problema de seguridad: “Es un municipio seguro, de los más seguros de la Comunidad de Madrid”.  

La oleada de robos se inició el pasado 5 de febrero. “Empezaron con la hostelería, pero luego pasaron a robar en ópticas, peluquería, tiendas de alimentación… Se llevaban la caja registradora con la pantalla y lo que había dentro. A los 40 segundos de haber entrado ya estaban fuera corriendo”, explica Fernando de Frutos, presidente de la Asociación de Hosteleros de Majadahonda.  

La semana siguiente se contabilizaron entre unos 50 y 60 robos, según esta asociación, todos con la misma modalidad: reventar el cristal de los comercios con la tapa de una alcantarilla. “Empezamos a dejar muy poco cambio en la caja, en algunos casos no se han llevado más de 200 euros”, recuerda De Frutos. “Lo siguiente fue juntarnos en la plaza del Ayuntamiento para denunciar la situación y pedir más controles. No se puede vivir con el miedo de quién va a ser el siguiente en sufrir un robo”.

La Guardia Civil, que es la encargada de las investigaciones, cifra en 36 los robos con fuerza denunciados en los últimos dos meses, el primero de los cuales tiene fecha el 12 de enero. Los cuerpos de seguridad dicen tener “perfectamente identificados” a los autores, e incluso hubo detenciones a finales de febrero, tal como confirmó la Delegada de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Mercedes González. No obstante, no se han hecho públicos los datos de los presuntos culpables. Desde entonces la situación parece haber mejorado.

Majadahonda registra los peores datos de criminalidad de toda la zona Noroeste. Datos que no tienen comparación con municipios cercanos

David Rodríguez — Concejal y candidato socialista a la alcaldía

El alcalde Álvarez Ustarroz –que por decisión del PP regional no será el candidato en las elecciones de mayo– insiste en restar importancia a lo ocurrido, recordando que no es la primera vez que algo así pasa en la ciudad: “Se trata de una circunstancia puntual que se está consiguiendo controlar y que ya había ocurrido en alguna otra ocasión, la última hace más o menos un año, con la única diferencia de que en aquel momento no se le prestó atención mediática”.  

Uno de los comercios más golpeados fue la tienda Fotografiarte. Su propietario, Mario Arias, compartió dos videos en las redes sociales donde hablaba del robo de material fotográfico por un valor de “entre 100.000 y 200.000 euros”, una pérdida mucho más elevada con respeto a las de otros comercios. En la primera publicación hacía un llamamiento a los fotógrafos para que no comprasen material en el mercado negro, donde, sospecha, acaba la mercancía robada en comercios como el suyo. A los tres días, volvió a denunciar en las redes un segundo intento de robo, aunque esta vez los ladrones no tuvieron éxito.  

Desde el Círculo de Empresarios local, que el pasado martes convocó una manifestación para condenar la espiral de robos, aseguran no estar preocupados por la seguridad en el municipio. “Se están poniendo muchos medios, estamos tranquilos en este aspecto. El problema lo tenemos en los juzgados, porque estas detenciones no surten efecto. A los pocos días ya están otra vez en la calle robando”, afirma una portavoz.  

Un asunto “puntual” 

David Rodríguez, concejal y candidato socialista a la alcaldía, denuncia la “falta de transparencia e información” por parte del Gobierno municipal. “Es cierto que esta legislatura ha reforzado la plantilla de los cuerpos de seguridad, pero venimos arrastrando un déficit importante desde antes, cuando no se cubrían bajas”, agrega. “También intentamos abordar el tema de la seguridad durante un pleno, pero el Partido Popular y Vox han tumbado la moción”.  

Durante el pleno del pasado 23 de febrero, Ciudadanos, el principal partido de la oposición, llevó una moción de urgencia para debatir sobre el estado de seguridad de Majadahonda. El primero en hablar fue el portavoz de Vox, Pablo Pérez, quien votó en contra al considerar poco útil abordar el tema. “Una de las primeras cosas que nos han trasladado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado es no hacer precisamente esto: abrir un debate en este pleno al respecto, con una oleada de robos que es una cosa puntual”, defendió Pérez.  

También el concejal de Seguridad y portavoz de los populares, Ángel Alonso, restó importancia al asunto. “Votamos en contra porque creemos que lo urgente es apoyar a nuestros comercios y defenderlos. La urgencia es apoyar a la Policía Local y Guardia Civil”. 

Cabe destacar que el alcalde presidió una Junta Local de Seguridad extraordinaria tan solo un día después de celebrar este pleno, durante la cual se analizaron, precisamente, las acciones puestas en marcha para atajar la oleada de robos.  

Un 16% más de robos en un año 

Los vecinos de la localidad viven de forma distinta esta oleada de robos. Algunos no se sorprenden, y recuerdan que algo similar pasó ya hace un par de años. “Pasó más o menos lo mismo. Había un grupo que se dedicaba a entrar en casa de la gente o a robar en los comercios”, recuerda Manuela Rodríguez, vecina de la zona céntrica de la ciudad. “Los agentes de seguridad los detuvieron y volvió la normalidad. Majadahonda es un lugar muy tranquilo, todo funciona súper bien”.  

La amiga que la acompaña, sin embargo, no está de acuerdo con esta visión “idílica” de la vida en el municipio. “A mí me parece que las cosas han empeorado en los últimos años. Se trata de cosas pequeñas, sigue siendo una ciudad segura. Pero es verdad que tengo conocidos a los cuales les han robado”, explica.  

Las infracciones penales se vienen disparando en Majadahonda desde 2020, según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior

Según el Balance de Criminalidad del Ministerio del Interior, las infracciones penales se vienen disparando en Majadahonda desde 2020. Justamente en esta época, los comerciantes recuerdan otra oleada de robos similar a las que se ha sufrido en los últimos dos meses. El tercer trimestre del 2022, las infracciones subieron un 14,6% con respecto al mismo periodo del año anterior. En el caso específico de los robos con fuerza, la variación es de un 16,4%.  

“Majadahonda registra los peores datos de criminalidad de toda la zona Noroeste. Datos que no tienen comparación con los municipios cercanos que tienen similares condiciones demográficas. Pero el Partido Popular sigue negando que exista un problema”, denuncia el concejal del PSOE. 

En los cercanos municipios de Pozuelo de Alarcón y Las Rozas –que tienen una población similar a la de la Majadahonda y también rentas per cápita entre las más elevadas de España– el incremento es respectivamente del 8,6% y 9,6%. Cuando se habla de robos, en Las Rozas han disminuido en un 26%, mientras que en Pozuelo han caído en un 33%.

La Fiscalía ha pedido una condena de dos años y medio de cárcel para el exalcalde de la localidad madrileña de Majadahonda por el Partido Popular, Narciso de Foxá, por conceder en 2008 una licencia para poner en funcionarmiento el Hospital Puerta de Hierro de este municipio a pesar de las deficiencias del centro en materia de protección contra incendios. El Ministerio Público también pide condenar a dos exconcejales del municipio: Carlos Pérez González y Carmen Menéndez.

El Hospital Universitario Puerta de Hierro fue inaugurado en septiembre de 2008. Uno de los múltiples centros hospitalarios construidos en la región madrileña por el ejecutivo de Esperanza Aguirre en esos años y que, según la Fiscalía, empezó a funcionar ese año sin la licencia legal exigida. La parte sanitaria era de gestión pública pero su construcción y explotación correspondía a una concesionaria, la “Sociedad Concesionaria Hospital Majadahonda SA” formada entre otras por Sacyr y una empresa del grupo ACS con diferentes niveles de participación.

Para poner el hospital en marcha era necesaria una licencia de obra mayor, que obtuvo del consistorio majariego, pero no tenía la de primera ocupación. Las inspecciones municipales pusieron de manifiesto 66 deficiencias, la mayor parte relacionadas con la protección contra incendios. El hospital siguió adelante con su actividad a pesar de los requerimientos y cuatro años más tarde de que los reyes acompañaran a Esperanza Aguirre en la inauguración, el propio Ayuntamiento de Majadahonda puso esto en conocimiento de su concejalía de urbanismo y los servicios jurídicos.

Según la Fiscalía, el consistorio optó por no hacer nada. Ni los concejales de Urbanismo ni el alcalde. También funcionó sin licencia de apertura de actividad calificada durante sus siete primeros años de vida. Mientras tanto, ninguno de los acusados de la corporación municipal adoptó “ningún tipo de actuación o medida tendente a la protección o restauración de la legalidad urbanística infringida, ni sancionadora” a pesar de que era su función y sabían que el hospital funcionaba sin dos licencias preceptivas.

Este no es el único frente judicial abierto conta el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda. Un juzgado de Madrid investiga si existió delito en la decisión de reducir el número de camas disponibles en el centro antes de su inauguración. Una causa en la que la Fiscalía Anticorrupción ha intentado, sin éxito, que sea imputada la propia Esperanza Aguirre por haber tomado, supuestamente, la decisión.

Este segundo asunto se ha traducido en una pérdida de 30 millones de euros para la Comunidad de Madrid. El pasado mes de enero un juzgado condenó a la administración regional a pagar ese importe a la empresa concesionaria por esas 135 camas que nunca existieron.

Ha durado apenas un mes. El monolito que el Ayuntamiento de Majadahonda erigió en memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba en un parque de la localidad –donde residió el exlíder socialista– ha sido retirado tras sufrir daños por una actuación vandálica, han confirmado fuentes del Consistorio a elDiario.es.

El bloque de granito, inaugurado por el alcalde José Luis Álvarez Ustarroz (del PP) el pasado 5 de noviembre, ya no está en el Parque Delta. “El monolito fue vandalizado la semana pasada y lo estamos reparando en estos momentos. Se volverá a colocar en su lugar en los próximos días”, señalan las fuentes consultadas.

Ya antes de su inauguración (cuando todavía estaba embalado por unos plásticos) el monolito fue volcado y desencajado del suelo donde había sido fijado mediante dos anclajes taladrados en el hormigón de un camino del parque.

El Consistorio decidió entonces colocarlo de nuevo en el mismo sitio, pero desplazándolo unos centímetros. Ahora en el suelo solo se aprecian las marcas de esas dos ubicaciones.

El portavoz socialista en el Ayuntamiento majariego, Manuel Fort, ha declarado a elDiario.es que su grupo lamenta “profundamente” lo sucedido y ha pedido que se abra una investigación para identificar a los responsables.

Además, ha condenado el clima de “intolerancia y fanatismo político” que se vive “en España y en Majadahonda”. “En nuestra sede también hemos sufrido actos vandálicos que ya hemos denunciado”, ha añadido. Por último, Fort ha expresado su agradecimiento al alcalde por su compromiso para reparar y volver a instalar el monolito.

A la ceremonia del pasado 5 de noviembre acudieron –además del alcalde Álvarez Ustarroz– Pilar Goya, viuda de Rubalcaba, así como amigos y militantes de la Agrupación Socialista de Majadahonda, promotora del homenaje.

Un feudo del PP

“En memoria de Alfredo Pérez Rubalcaba. Político y vecino de Majadahonda (1951-2019)” rezaba la placa, sin ninguna alusión a su ideología política. Majadahonda es una ciudad de más 70.000 habitantes situada al noroeste de Madrid. En ella gobierna el PP desde hace más de 30 años. Ahora lo hace en coalición con Vox.

El monumento fue aprobado en agosto de 2020 a instancias de una moción del Grupo Socialista en el Consistorio, donde cuenta con cinco concejales. Fueron los únicos que votaron a favor. Los 10 concejales del PP y los siete de ciudadanos se abstuvieron, mientras que los tres de Vox votaron en contra.

“Vinimos a vivir a Majadahonda en el año 1979, hace ya más de 40 años, esta ha sido la única casa que hemos tenido, donde fuimos inmensamente felices”, dijo en esa ceremonia Pilar Goya en declaraciones recogidas por majadahondamagazin.es

El que fuera alcalde de Majadahonda por el Partido Popular entre 2001 y 2005, Guillermo Ortega, ha declarado este jueves ante el juez del caso Púnica que resulta “imposible” que la entonces presidenta del partido a nivel regional y jefa del Ejecutivo madrileño, Esperanza Aguirre, desconociera el sistema de financiación irregular de la formación.

Ortega es uno de los tres testigos que han declarado hoy en la pieza de la financiación irregular del PP madrileño, donde Aguirre está imputada. Su testimonio llega en un momento clave, toda vez que el plazo para finalizar la instrucción del caso Púnica finaliza el próximo 27 de agosto.

Los alcaldes del PP madrileño que conseguían donaciones irregulares para las campañas de la formación a nivel local pedían a Aguirre que llamase a los donantes personalmente para darles las gracias, ha añadido en su declaración el exregidor de Majadahonda, según fuentes presentes en la misma. Ortega cumple en Soto del Real una condena de 38 años y tres meses de cárcel por el caso Gürtel. 

Ortega ha reconocido en la Audiencia Nacional que la empresa pública del Mercadeo de Toledo era una de las que desviaba dinero para las campañas del PP. El juez, según las citadas fuentes, le ha recordado que él era quien estaba al frente de la citada sociedad pública y que si seguía por ese camino su declaración acabaría implicándose a sí mismo en una pieza en la que acudía como testigo. Esos contratos con empresas de Púnica reportaron a las sociedades casi tres millones de euros, de los que una parte fueron a parar al partido de forma irregular. 

También este jueves ha prestado testimonio Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla, quien ha asegurado ante el magistrado Manuel García-Castellón que Esperanza Aguirre controloba todo en el partido, si bien ha precisado que él desconoce cualquier tema relacionado con la presunta financiación irregular. González Panero está procesado en otra pieza de Gürtel de Boadilla que todavía está por juzgar. 

Como Ortega, González Panero ha dejado patente durante toda su declaración que no es factible que la responsabilidad de la caja B fuera del gerente de la formación en Madrid, Beltrán Gutiérrez, en el que Aguirre descargó toda la responsabilidad en su declaración como investigada del 18 de octubre de 2019. Panero ha dicho que Beltrán Gutiérrez y Aguirre tenían una relación de “confianza absoluta”.

González Panero ha asegurado que “jamás” recibieron del partido una consigna acerca de respetar el límite máximo de la ley electoral y que a veces recibían de la formación instrucciones sobre cómo debían redactar los pliegos para las adjudicaciones públicas que aprobaba el ayuntamiento. “Cueste lo que cueste”, solía decir Esperanza Aguirre a su subordinados sobre los proyectos, ha dicho González Panero sobre la forma de proceder de la expresidenta del PP regional y de la Comunidad de Madrid. También se extendió en detalles sobre el carácter de la presdienta: si no le agradaba algo había que cambiarlo. Un ejemplo fueron las rontondas del pueblo, “que no le gustaban nada”.

El exalcalde de Boadilla ha contado un asunto concreto relacionado con la construcción del tren ligero a su localidad. Según él, el presidente de OHL trasladó a Aguirre que la obra adjudicada a su empresa se estaba “disparando” de precio y le pidió que le “echasen una mano”. Faltaba por adjudicar el intercambiador de transportes y Villar Mir pidió esa adjudicación, ha declarado González Panero, para compensar el sobrecoste del tren. “Mira que va a llamar…”, le dijo a uno de sus colaboradores Aguirre, en referencia a la empresa de Villar Mir. Finalmente se construyó un intercambiador mucho más grande del que se precisaba y que a día de hoy, explicó el regidor al juez, es utilizado en un 5% de su capacidad. 

La tercera testigo en declarar ha sido Isabel Jordán, administradora de cuatro empresas de Francisco Correa. Jordán, ya condenada en la trama Gürtel, ha ratificado en la Audiencia Nacional el escrito que envió a las fiscales Anticorrupción en el que describía las reuniones de los lunes por las mañanas entre los principales colaboradores de Aguirre y a través de los cuales la presidenta conocería el sistema de la caja B para las campañas. Isabel Jordán ha reconocido que ella no estuvo presente en esas reuniones y que las conocía a través de terceros.

El Área de Infancia y Familia del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid) bajo la dirección de Vox patrocinó el pasado viernes 13 de diciembre una charla del escritor exmiembro del GRAPO y defensor del franquismo Luis Pío Moa, en una jornada de la Concejalía para promocionar la “lectura en familia”en la Biblioteca Francisco Umbral de la localidad madrileña.

La actividad bajo el título 'He venido a hablar de mi libro' fue anunciada a través de las redes sociales (Facebook y Twitter) por el Ayuntamiento de Majadahonda que gobiernan en coalición PP y Vox, y el propio concejal del área, José Luis Rodríguez, se congratuló por el evento a través de su cuenta personal.

“Un honor no merecido presentar a don Pío Moa en Majadahonda al organizar como concejal de Infancia y Familia el evento. Han venido jóvenes con sus padres, así fomentamos el espíritu crítico ya que escuchan un enfoque novedoso sobre la historia de España. ¡Objetivo conseguido!”, celebró Rodríguez Cuadrado en Twitter, las mismas palabras que el dirigente de extrema derecha utilizó para presentarle.

En la cuenta de Twitter de Vox Majadahonda, también celebró la actividad: “Gracias a Pio Moa por compartir con los majariegos la presentación de su libro y por sus interesantes reflexiones. Resulta refrescante escucharle hablar sin complejos ni servilismo”.

La concejala de Ciudadanos en Majadahonda, Ana Elliot, pedirá explicaciones por este evento en el próximo pleno municipal el 27 de diciembre, aseguran fuentes de la formación a eldiario.es. “Creemos que esta invitación no encaja en un acto del Ayuntamiento y bajo el escudo que representa a todos los majariegos. La lectura familiar no debe tener la carga ideológica con la que el gobierno PP-VOX pretende impregnar todo, incluso la Infancia y la Familia.

“Esperamos que este tipo de invitaciones no se convierta en algo habitual y exigimos al alcalde que recapacite y pida disculpas públicamente por haber invitado como ponente a un acto dirigido a las familias y los niños de Majadahonda a un condenado por su actividad terrorista”, añaden estas mismas fuentes.

No es la primera actividad polémica del concejal de Vox que dirige el área de Infancia y Familia. El 19 y 20 de noviembre, organizó una recogida de pañales para la fundación antiaborto Red Madre en el marco del Día Mundial del Niño.

Las Palmas Atlético empató sin goles este domingo en el Anexo al Estadio de Gran Canaria frente al CF Rayo Majadahonda, después de jugar el último tercio del partido con un futbolista menos tras ser expulsado Josemi Castañeda.

El centrocampista cántabro vio dos tarjetas amarillas en un corto margen de tiempo y dejó a su equipo en inferioridad numérica desde el minuto 58, pese a lo cual el filial amarillo se defendió con orden de las acometidas del equipo madrileño para sumar un punto en la decimocuarta jornada del grupo I de la Segunda División B.

El entrenador local, Juan Manuel Rodríguez, pudo contar por primera en esta temporada con el delantero croata Boris Rapaic, ya recuperado, aunque mediado el primer tiempo el técnico isleño tuvo que dar entrada a Manu Alemán para sustituir al central andaluz David Camacho, lesionado.

Precisamente Manu Alemán dispuso de la mejor ocasión para Las Palmas Atlético en el minuto 78 a balón parado, un lanzamiento de falta que golpeó en la cara externa del poste derecho de la portería visitante.

En la próxima jornada, decimoquinta del campeonato, el filial amarillo se enfrentará a la UD San Sebastián de Los Reyes, en Madrid.

El CD Tenerife logró en el Cerro del Espino ante el Rayo Majadahonda (1-3) su primera victoria de la temporada como visitante, con la que ha puesto fin a su peor racha a domicilio de los últimos cuarenta y cuatro años.

El conjunto blanquiazul, que hasta este fin de semana era el único de la categoría que no había conseguido un triunfo fuera, llevaba diecinueve partidos consecutivos y más de un año natural sin ganar lejos del Heliodoro Rodríguez López.

La última oportunidad en la que el CD Tenerife había saldado con tres puntos una salida tuvo lugar el 1 de abril de 2018, cuando el equipo que entonces dirigía Joseba Etxeberria se impuso al Osasuna gracias a un tanto del hondureño Bryan Acosta.

Desde entonces, los canarios solamente habían logrado empates, el último el pasado sábado frente el Albacete (2-2), mientras que también sumó un punto ante el Reus (1-1), el Cádiz (1-1), el Nástic de Tarragona (1-1), la UD Almería (1-1), el Córdoba CF (1-1), el Real Zaragoza (1-1), la UD Las Palmas (1-1), el RC Deportivo (0-0) y la AD Alcorcón (1-1).

La racha de diecinueve partidos consecutivos sin ganar a domicilio es la más prolongada del conjunto blanquiazul desde los años 1974 y 1975, cuando los canarios acumularon treinta partidos consecutivos sin vencer fuera de casa.

La cifra de diecinueve encuentros, además, queda lejos de la peor racha de la historia blanquiazul como visitante, ya que entre los años 1965 y 1967 acumularon treinta y cuatro partidos seguidos.

El Rayo Majadahonda recibe la visita del Tenerife tras conseguir la que quizás haya sido su victoria de mayor entidad en su campaña de debut en la categoría de plata del fútbol español, ante el Deportivo de La Coruña en Riazor.

La cita en tierras gallegas fue la segunda consecutiva a domicilio para los majariegos, que previamente habían logrado rescatar un empate ante el Almería. Ambos resultados, sumados al triunfo por 4-0 contra el Numancia en el último enfrentamiento como locales, les han permitido sumar siete puntos de los últimos nueve posibles y por tanto dar pasos importantes hacia la salvación.

Mucho ha tenido que ver en estos éxitos recientes el acierto de cara a puerta, tanto el colectivo como el individual personalizado en la figura del delantero Aitor Ruibal. Este acumula once dianas, cuatro de ellas gracias a dos dobletes consecutivos.

El Rayo Majadahonda es además, con ocho goles, el equipo más acertado de las últimas tres jornadas en LaLiga 123. Dicha cifra resulta sorprendente teniendo en cuenta los problemas que había tenido el conjunto en dicho apartado durante los meses precedentes.

En esta ocasión el entrenador Antonio Iriondo contará con las bajas por lesión de los defensas de Rafa López y Héctor Verdés así como de los centrocampistas Juan Carlos Moreno 'Carlitos' y José Antonio García 'Verza'. El resto de hombres disponibles han sido convocados.

Por lo que respecta al CD Tenerife, después de la derrota el pasado fin de semana en el Heliodoro Rodríguez López ante el Sporting (0-1), afronta su visita con el reto de lograr su primera victoria de la temporada como visitante y dejar de ser el único equipo de la categoría que aún no ha ganado a domicilio.

Con un punto de los últimos seis en juego, el equipo de José Luis Oltra ha reducido su ventaja con respecto a la zona de descenso en cuatro puntos, teniendo en el calendario dos salidas ante sus más inmediatos perseguidores, el CD Lugo y la UD Extremadura.

Los tinerfeños, que llevan más de un año sin ganar fuera y están inmersos en su racha más prolongada sin vencer a domicilio en los últimos 44 años, se han marcado el reto de conseguir la victoria este fin de semana después de reconocer que es “desesperante” y “agobiante” el hecho de llevar tanto tiempo sin ganar fuera.

Las principales ausencias en el CD Tenerife son la del serbio Uros Racic, sancionado por acumulación de cartulinas amarillas, y la Alberto Jiménez, baja de última hora por una gripe, por lo que el acompañante de Luis Milla en la medular será el vasco Iker Undabarrena.

Además, José Luis Oltra no podrá contar con Paco Montañés, que se ha quedado en la isla por precaución como consecuencia de sus problemas físicos.

Alineaciones probables:

Rayo Majadahonda: Basilio; Morillas, Luso, Andújar; Óscar Valentín, Enzo, Fede Varela, Benito, Carcelén; Héctor Hernández y Aitor Ruibal.

CD Tenerife: Dani Hernández; Luis Pérez, Jorge Sáenz, Dos Santos, Isma López; Undabarrena, Luis Milla; Suso Santana, Borja Lasso, Naranjo; y Malbasic.

Árbitro: César Soto Grado (Comité riojano).

Estadio: Cerro del Espino.

Hora: 20.30 (19.30 canaria).

Como cada jueves por la tarde, un puñado de aficionados acude a los cines Zoco Majadahonda, en las afueras de Madrid, para ver una película y conversar después con sus creadores. En esta ocasión el director David Trueba y la actriz Lucía Jiménez han venido a presentar su última película, Casi 40, secuela de la celebrada ópera prima del cineasta, La buena vida. La sala está llena y el coloquio se prolonga más allá de las once de la noche. Buena parte de los presentes no son meros espectadores, sino miembros de un colectivo ciudadano que hace cinco años salvó los cines del cierre.

Los Zoco Majadahonda dejaron de proyectar películas en abril de 2013, con España en plena crisis económica. Pertenecían a la cadena Renoir, propiedad del productor y distribuidor Enrique González Macho (entonces presidente de la Academia de Cine), que decidió cerrar varias salas por falta de rentabilidad. Una veintena de vecinos, clientes asiduos de los cines, recogieron firmas para convencer al empresario de que diera marcha atrás en su decisión, pero fracasaron en el intento. No se rindieron y en su lugar optaron por formar una asociación sin ánimo de lucro para hacerse cargo de los cines. Las proyecciones se reanudaron en diciembre de ese mismo año.

Uno de aquellos vecinos es el economista Gabriel Rodríguez, que hoy preside la asociación y se encarga de llevar las cuentas. Rodríguez explica que los Zoco son fundamentalmente un cine de barrio al que acuden personas que siguen disfrutando de una película en pantalla grande. Son en su mayoría residentes en Majadahonda, Las Rozas y Pozuelo de Alarcón, tres municipios de alto poder adquisitivo ubicados al oeste de la capital. “Sobrevivimos gracias al público local”, afirma.

En su momento álgido, un año después de su nacimiento, la asociación llegó a contar con 1.500 miembros. Hoy quedan alrededor de un millar, el número justo para mantener vivo el proyecto. Los socios pagan una cuota de 100 euros al año y a cambio disfrutan de un descuento en la taquilla. Pagan 3 o 4 euros por la entrada, dependiendo de si es un día de diario o de fin de semana, mientras que los no socios abonan entre 6 y 7 euros, un precio bastante inferior al de las salas de cine convencionales.

Sin las aportaciones de los socios sería imposible que los cines funcionaran, explica Gabriel Rodríguez, pues la asistencia media a sus cuatro salas apenas ronda el 15% del aforo. La asociación no tiene apoyo financiero alguno del Ayuntamiento de Majadahonda, de la Comunidad de Madrid ni del Gobierno central. Únicamente cuenta con una subvención de la Comisión Europea a través de Europe Cinemas, entidad que agrupa a exhibidores que proyectan prioritariamente cine europeo en sus salas.

En los Zoco Majadahonda trabajan actualmente ocho personas, algunos a jornada completa y otros a jornada parcial. Un puñado de colaboradores participa en el proyecto desde su fundación y otros profesionales externos, a su vez miembros de la asociación, prestan servicios por debajo del precio de mercado. También hay voluntarios que ayudan de forma altruista.

Con unos ingresos anuales que rondan los 500.000 euros, la asociación logró un beneficio cercano a los 12.000 euros en 2017. En sus cinco años de vida ha invertido unos 200.000 euros en mantener las instalaciones y modernizar el material para garantizar la calidad de las proyecciones. “Nuestro objetivo es que todo el beneficio se destine a mejorar la experiencia cinematográfica”, subraya Rodríguez.

El contacto directo entre espectadores y creadores es la principal seña de identidad de los cines. Pedro Almodóvar, Icíar Bollaín, Imanol Uribe, Paula Ortiz, Javier Fesser, Fernando Colomo, Gracia Querejeta, Borja Cobeaga y Agustín Díaz Yanes son algunos de los directores que han pasado por allí. También han visitado los Zoco actores como Javier Gutiérrez, Marta Beláustegui, Pedro Casablanc, Rossy de Palma, Bruna Cusi y otros no tan conocidos. Encantados con la experiencia, muchos repiten.

Los encuentros de los jueves se han convertido en un fenómeno cultural muy apreciado por la gente de la industria cinematográfica y son seguidos muy de cerca por aficionados y profesionales más allá de la zona oeste de Madrid. Ni la Filmoteca Española, sostiene Rodríguez, tiene una programación de coloquios de este nivel. “Son auténticas clases magistrales de cine español”, afirma.

Quedan pocos directores españoles por venir a Majadahonda. Rodríguez menciona tres: José Antonio Bayona, Álex de la Iglesia y Alejandro Amenábar, que por problemas de agenda o por residir la mayor parte del año fuera de España no han podido asistir. Carlos Saura tuvo que cancelar una visita, pero ha prometido asistir este otoño. Rodríguez asegura que él y buena parte del público disfrutan con los artistas menos conocidos tanto o más que con las grandes estrellas. En cinco años no ha habido un solo jueves sin charla con autores, salvo en el mes de agosto.

Sobre todo, cine europeo

Los Zoco Majadahonda están especializados en cine español y europeo de autor. Son “películas con cierto rigor cultural, no de consumo fácil”, en palabras de Rodríguez, aunque de vez en cuando también ofrecen producciones estadounidenses de calidad. “Cuando se nos ha ocurrido poner un cine más comercial ha sido un fracaso de taquilla”, apunta el presidente de la asociación.

La mayor parte del público rebasa los 50 años de edad. Es gente que creció yendo al cine y que se resiste a prescindir de una de sus aficiones favoritas. No es fácil atraer a los jóvenes, que en su mayoría prefiere ver películas o series en sus dispositivos móviles a través de plataformas como Netflix, HBO o Filmin. Los Zoco lo han intentado con precios reducidos y hasta con sesiones gratuitas, pero no ha habido manera.

Gestionado también por aficionados al séptimo arte, CineCiutat de Palma de Mallorca sirvió de inspiración a los vecinos de Majadahonda a la hora de emprender la aventura, y sus respectivos responsables intercambian información con asiduidad. Hay experiencias similares en otras ciudades, como Barcelona, donde el mismo año que los Zoco nació Zumzeig, que presume de ser el primer cine cooperativo de Cataluña.

La existencia de estas iniciativas demuestra que salvar los cines está, más que nunca, en manos de los espectadores. “El modelo es perfectamente replicable en otras ciudades”, afirma Rodríguez. “Lo fundamental es contar con la implicación vecinal”.

[Este artículo ha sido publicado en el número 62 de la revista Alternativas Económicas. Ayúdanos a sostener este proyecto de periodismo independiente con una suscripción]

El PP perdió en las últimas elecciones generales más de 3,5 millones de votos. La corrupción, lo constatan estos números y la fuga de algunos de sus grandes feudos como Valencia o Baleares le castiga en las urnas después de que varios sumarios triturasen las carreras políticas de expresidentes como Francisco Camps y Jaume Matas. Pero existen oasis de poder que no hay tramas corruptas que puedan arrebatarlos al Partido Popular. Están en el noroeste de Madrid y constituyen el epicentro de la trama Gürtel: Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, dos municipios que el PP ha convertido en fortines electorales pese a todo lo visto en estos nueve años de instrucción del sumario.

La sentencia de la primera etapa de la red Gürtel confirma que el entramado de Francisco Correa pagó con 245.000 euros las campañas electorales del año 2003 con las que los exalcaldes Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato, y Guillermo Ortega, condenados a 14 y 38 años de prisión respectivamente, ganaron las elecciones en los dos municipios.

Dos grandes joyas de la corona de cuyo pasado ahora quiere desentenderse el PP, condenado por beneficiarse a título lucrativo de las mordidas que permitieron hacer estos grandes despliegues electorales y arrasar en las urnas. Génova, leída la sentencia de Gürtel, justifica que no podía “conocer los gastos extracontables” en los que incurría “algún candidato a título individual”. El mismo argumentario que expone el voto particular del conservador Ángel Hurtado, que defiende que el PP no tenía por qué estar al tanto de estas mordidas.

30 años de poder ininterrumpido

En las campañas pagadas por la Gürtel no se escatimaba ningún detalle: grandes coches, carpas gigantes... Las dos localidades engordadas por los millones procedentes de la corrupción no son dos lugares cualquiera: según datos de Hacienda, se trata de los municipios con más renta de España. Ciudades dormitorio, individualistas y sin tejido vecinal donde el PP no ha tenido hasta hoy problemas, pese a los sucesivos escándalos que llegan de los juzgados, para conservar los sillones del ayuntamiento. Han barrido en todas las elecciones municipales desde, al menos, 1989 hasta la fecha. 30 años de poder ininterrumpido.

Jesús Sepúlveda fue apoyado en 2007, antes de que estallara la trama, por el 70% de los votantes de Pozuelo de Alarcón; y a Guillermo Ortega le respaldaron el 68% en Majadahonda. Estas cifras galácticas se reeditaron en 2011, cuando ya ninguno de los alcaldes estaba en el cargo. Tuvieron que dimitir al ser imputados pero sus sucesores revalidaron los resultados. Pese a que en 2015 se notó una cierta caída en la región que dejó por ejemplo el Gobierno de la capital en manos de Manuela Carmena, el PP mantiene en Pozuelo la mayoría absoluta y en Majadahonda reunió más del 44% de los votos.

La sentencia de Gürtel remueve para muchos populares la certeza de victoria en estos dos feudos. Hasta ahora la factura se podía pagar; solo significaba perder la mayoría absoluta. Pero este fallo judicial ha llegado en un momento crítico para el partido y a menos de un año para las elecciones. “Una cosa más. Con esto el PP se hace trizas. Veremos a ver qué pasa en estos municipios el año que viene”, sostiene un miembro del Gobierno de Madrid.

En el PP de Madrid actual, otrora en la picota del poder con la omnipresente Esperanza Aguirre (en la presidencia entre 2004 y 2016), recuerdan los excesos electorales con nitidez cuando quedan apenas unos días para que se conozca la remodelación de la cúpula regional tras la fractura provocada por el escándalo del máster. Otra trama que ha puesto patas arriba al PP. Una vez más.

“Está claro que los votantes nos han castigado por la corrupción. Menos mal que ha salido ahora y no dentro de seis meses. Aunque igual en seis meses sale otra cosa”, apuntan desde las filas del Gobierno regional de Ángel Garrido, molestas con el lavado de manos de Rajoy, que trata de hacer ver que los municipios más ricos de Madrid funcionaban como entes autónomos, ajenos al control de Génova. “¿Cómo puede desentenderse la persona que envió ese mensaje a Bárcenas?”, se preguntan.

La relación entre el empresario Francisco Correa y el gerente del PP, Luis Bárcenas (los dos procesados con las condenas más altas) fue el origen de una alianza clientelar que encontró la horma de su zapato en los municipios más ricos, donde los abultados presupuestos favorecían las adjudicaciones millonarias. “Inflaban precios que se cobraban en las distintas administraciones públicas afectadas con la finalidad buscada de la obtención ilícita de importantes beneficios a costa del erario público”, recoge expresamente el fallo de este jueves.

La sentencia traduce en 402.529 euros “las dádivas obtenidas por Guillermo Ortega” de Correa y cía; y en 668.391 las cantidades recibidas por Jesús Sepúlveda. Nada hacía sospechar en los primeros 2000 que los exalcaldes, muestra de la máxima opulencia del PP, acabarían en la cárcel y arrastrarían a otros tantos enredados y partícipes de la misma red: los exconcejales de Majadahonda José Luis peñas y Juan José Moreno, el exedil arrepentido de Pozuelo Roberto Hernández...

Muestra de estas alianzas endiabladas es el hecho de que la esposa de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, terminara siendo la jefa de prensa de Guillermo Ortega en el Ayuntamiento de Majadahonda. Rodríguez Quijano también ha sido condenada a 14 años de cárcel.

Con la sentencia de 1.687 páginas queda cerrada la primera época de la trama Gürtel, pero aún queda mucho por resolver en los tribunales. Está por conocer la pieza separada de Boadilla del Monte, otro feudo del PP donde Francisco Correa desplegó su “actividad de forma ininterrumpida desde al menos el año 2001 hasta el año 2009, supuestamente dirigida a lucrarse a expensas de los fondos y la contratación pública de los entes municipales”, según el fallo de este jueves. Además, se espera la sentencia por la 'caja B' del PP, acreditada por esta, y el causa por la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. Estas cuentas pendientes puede complicar y mucho los 12 meses que tiene el PP para recomponerse y salir a ganar las elecciones.

Es una de las capitales de la Gürtel, junto a Pozuelo y Boadilla del Monte, los ayuntamientos ricos del norte de Madrid. Los manejos de la red y las revelaciones del juicio a la primera etapa de la trama llevaron a Anticorrupción a situar al PP como beneficiario a título lucrativo de los amaños de Correa y cía en las adjudicaciones de Majadahonda, donde hasta 2005 gobernaba uno de los suyos, Guillermo Ortega. En el escrito de Anticorrupción Willy, el Rata, como se le apoda en el sumario a Ortega, se enfrenta a una petición de más de medio siglo de cárcel. El juicio a esa primera era de la trama ya está visto para sentencia.

Su sucesor, Narciso de Foxá, está imputado desde este mes después de que la Fiscalía de Medio Ambiente lo denunciase por permitir que el hospital público Puerta de Hierro abierto por la Comunidad de Madrid operase sin licencia de primera ocupación durante siete años, entre 2008 y 2015. En otro juzgado se le investiga a él y a tres de sus concejales por un delito medioambiental por tolerar vertidos del mismo centro hospitalario sin un plan específico.

De momento, Ciudadanos no ha dado signos de querer romper el Gobierno municipal, pese a la doble imputación del alcalde y la investigación a tres de sus concejales por delitos urbanísticos y medioambientales. El partido de Albert Rivera calificó los hechos como “muy graves” y pidió a la presidenta del PP de Madrid, Cristina Cifuentes, “que aplique el código ético del que tanto alardea”.

“Desde Ciudadanos consideramos que esto viene a demostrar que el PP ha gestionado el municipio de manera arbitraria, exponiendo a los vecinos a pagar sus errores y a machar la imagen de Majadahonda”. El comunicado lo firmaba la semana pasada el portavoz municipal, Alfonso Reina, que este lunes ha presentado su renuncia, supuestamente por “razones personales”. Su sustituta, Ana Elliot, todavía no se ha pronunciado sobre el último escándalo de Majadahonda.

El Gobierno municipal entretanto, defiende que su alcalde “en todo momento ha actuado acorde a derecho y así consta en todos los expedientes administrativos obrantes en el Ayuntamiento”. En conversación con eldiario.es, De Foxá asegura que se trata de “un tema administrativo”, que no tiene pensado dimitir y que las exigencias de Ciudadanos son de “cara a la prensa”. “A nosotros no nos han trasladado nada, puede ser criticable el retraso en una licencia que es un acto reglado pero, ¿qué debía hacer? ¿no dejar operar a un hospital que hace 17.000 intervenciones? Ahí debe prevalecer el derecho a la salud y a la propia vida. Esto se archivará en breve y no voy a dimitir por mucho que insistan algunos partidos”, asegura el regidor, quien ya en noviembre anunció que no repetirá como candidato en 2019.

Ricardo Romero de Tejada

Los vínculos de Majadahonda con los tribunales vienen de muy atrás. El que fue alcalde hasta 2001, Ricardo Romero de Tejada, un hombre muy próximo a la expresidenta Esperanza Aguirre que fue secretario general del PP hasta que en 2004 lo sustituyó Francisco Granados, también fue condenado por cargar a las tarjetas black de Caja Madrid 212.216 euros tras abandonar la corporación.

Romero de Tejada fue investigado también por sus vínculos con el tamayazo, el episodio que dio la presidencia de Madrid al PP de Aguirre gracias a la traición de dos diputados del PSOE. Romero de Tejada fue señalado por recibir en su despacho durante aquellos días a los constructores que pagaron la seguridad y los hoteles que dieron cobijo a Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez durante las jornadas posteriores a la espantada en la Asamblea de Madrid.

Pese a los sucesivos escándalos que llegan de los juzgados, el Partido Popular no ha tenido grandes problemas para conservar uno de sus principales feudos en Madrid. Desde su fundación, en 1989, barrió allí en todas las elecciones municipales con porcentajes de voto aplastantes. Obtuvo 14 de 21 concejales en 1991 con el 60,3% de las papeletas y ya no bajó del 49% de los votos hasta 2015 que cayó hasta el 38% de los sufragios, logró 11 de los 25 ediles y precisó el apoyo del grupo de Ciudadanos (seis concejales) para mantener la alcaldía.

Majadahonda no es un municipio cualquiera. Según los datos de Hacienda, es el segundo ayuntamiento con mayor renta de España (57.623 euros de media por habitante) solo por detrás de Pozuelo de Alarcón, también en el norte de Madrid y donde tienen su residencia algunas de las grandes fortunas del país. La última actualización del censo le atribuye 73.000 habitantes.

Guillermo Ortega

Los tres últimos alcaldes comparten imputación, pero también haber pasado por el tribunal que juzga la trama Gürtel, que encontró en este municipio adinerado su epicentro al calor de la expansión urbanística y la burbuja que incrementó los ingresos por licencias donde el suelo estaba más cotizado. Dos de ellos, Romero de Tejada y De Foxá, fueron llamados como testigos a petición de Guillermo Ortega, el señalado por la Fiscalía como parte de la organización criminal. Ambos se desentendieron de los asuntos de Correa y el Bigotes.

De la lectura del sumario se desprende que el Gobierno municipal de Majadahonda que presidía Ortega jugó un papel clave en Gürtel durante los primeros 2000. No es solo que las fiscales de Anticorrupción den por hecho que el PP se quedó 133.628 euros de adjudicaciones fraudulentas en este municipio y casi otro tanto en Pozuelo.

Los intereses inmobiliarios hicieron caer entonces a Ortega por un plan que la red de Correa había urdido para recalificar unas parcelas. El propio Correa llegó a admitir al juez que él ya había pactado una comisión si la operación salía adelante. En ese contexto de mordidas, intereses cruzados y desconfianzas mutuas el concejal de urbanismo de entonces, José Luis Peña, empezó a grabar a sus entonces colegas. Y con 80 horas de audios se presentó en los juzgados. De ahí salió la famosa frase en la que Correa contaba con mucho ruido de fondo que él, “en persona” había llevado mil millones de pesetas a casa del tesorero, Luis Bárcenas.

El resto de la historia está publicada: el caso Gürtel hizo tambalear a la cúpula del Partido Popular, aireó su presunta financiación ilegal, sentó como testigo en el banquillo al presidente, Mariano Rajoy y ha arruinado unas cuantas carreras políticas. La sentencia dirimirá en los próximos meses en qué grado y cuales fueron las responsabilidades de los 37 procesados.

De momento, el caso ha aireado una forma de entender el poder basada en los intercambios de favores, la confusión entre los intereses públicos y privados y la oscura financiación del Partido Popular.

“En la etapa de Ortega, algunos concejales del PP solían decir que tenían dos tenientes de alcalde y los tres de Correa”, recuerda el exportavoz socialista en el municipio Manuel Fort. La triada eran José Luis Peñas, Juan José Moreno (primero asesores y luego concejales) y Carmen Rodríguez, esposa de Correa y jefa de prensa de Guillermo Ortega.

En sus años de mandato, la deuda del municipio se disparó de dos millones a 32 que tenía en 2004. “Dobló muchos contratos, por ejemplo el de recogida de basuras, o el limpieza viaria. Era un dispendio”, explica Fort, que denunció ante la justicia en 2005 con otro concejal socialista las tramas urbanísticas que, sostiene, ya encontraron el agarre inicial en tiempos de Romero de Tejada.

En los primeros 2000 la burbuja inmobiliaria ya engordaba sin parar. El Ayuntamiento de Majadahonda tenía parcelas que deberían haber sido concebidas para la construcción de vivienda pública pero no fue así. “Vendía los derechos a constructoras que hacían vivienda libre en unas subastas que se inventó Romero de Tejada y continuaron después. Él fue el urdidor”, asegura Fort. Narciso de Foxá, actual alcalde, era entonces concejal de urbanismo.

Narciso de Foxá

Los mandatos de Foxá, cuya llegada a la alcaldía se vendió en el PP como “la expulsión de la Gürtel” de Majadahonda, no están, sin embargo, limpios de acusaciones y relaciones con tramas corruptas. El exconcejal Juan José Moreno, testigo en el caso Púnica, señaló ante el juez Velasco su destacado papel en la adjudicación de unos terrenos públicos para que una de las empresas de la trama, Alfedel, construyera un colegio concertado en la localidad.

Ahora, dos juzgados investigan al regidor municipal, acusado de haber permitido el funcionamiento sin las licencias oportunas del hospital Puerta de Hierro entre 2008 y 2015. La inauguración del centro hospitalario coincidió con el boom de los hospitales de Esperanza Aguirre. “Tenían mucha prisa, todo el afán de la expresidenta era vender que hacía hospitales”, apunta el exconcejal Manuel Fort, actual presidente de la Agrupación Socialista de Majadahonda y testigo también en Gürtel.

La corrupción enraizada no ha parado la vida en el segundo municipio más rico de España. Los coches van y vienen de una ciudad que es, más que un pueblo, un sitio para dormir. Y esta idiosincrasia, diagnostican algunos, separa a los habitantes de su municipio y de los problemas que se dan en él. “La implicación en los asuntos del pueblo es menor porque la gente no está aquí, no vive la vida aquí”, sentencian en Somos Majadahonda, el último grupo político en entrar en uno de los feudos intocables para el PP. Al menos hasta ahora.

Dos juzgados están investigando al alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxa, tras la querella presentada por la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de Madrid por haber permitido supuestamente que el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda esté funcionando sin todas las licencias en regla.

Según han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de la denuncia se hicieron cargo los Juzgados 3 y 4 de Majadahonda, por los presuntos delitos urbanísticos y medioambiental, respectivamente, como ha adelantado la Cadena Ser. Según las mismas fuentes, en ambos casos el alcalde figura como investigado, y aún no se le ha llamado a declarar.

Sobre la querella que investiga el Juzgado Número 3, por la comisión de un supuesto delito urbanístico, explican que “se ha avanzado mucho” en las investigaciones, por lo que se solicitó a la Comunidad de Madrid información documental.

Así, han indicado que la Comunidad antes de Navidad remitió la información solicitada a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la misma, solicitando más pruebas, el archivo del caso o la transformación del mismo en procedimiento abreviado.

Respecto a la investigación desarrollada por el Juzgado Número 4, por la comisión de un presunto delito medioambiental relacionado con ruidos y olores, han señalado que “es el grueso de la querella” y que se han practicado “diversas diligencias” relacionadas con la toma de ruidos y vertidos “dirigidas a esclarecer si se ha cometido ”delito medioambiental“.

En cuanto a la querella, fue la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Madrid la que presentó una denuncia contra el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá, y contra otros seis concejales que forman o han formado parte del Consistorio a los que acusa de permitir que el Hospital Puerta de Hierro Majadahonda esté funcionando sin todas las licencias en regla.

Delitos urbanísticos y medioambientales

En concreto, según el escrito fechado a 5 de abril de 2017, el fiscal acusa a los ediles de un delito sobre la ordenación del territorio y otro contra los recursos naturales y el medio ambiente en relación con el funcionamiento del hospital, que fue inaugurado por los Reyes y la entonces presidenta de la Comunidad Esperanza Aguirre en septiembre de 2008.

La denuncia, que fue admitida a trámite en el Juzgado de Majadahonda, sostiene que el citado hospital comenzó sus actividades en septiembre de 2008 “sin haber obtenido del Ayuntamiento la preceptiva licencia de primera ocupación pese a que había sido solicitada tres meses antes”.

Dicha petición dio lugar a siete visitas de inspección e informes de los técnicos municipales en las que se pusieron de manifiesto sendos requerimientos de subsanación sin que estos se llevaran a cabo “y todo ello mientras el hospital continuaba sus actividad que no cesó en ningún momento”.

Como la situación se prolongaba, responsables del Servicios de Urbanismo y Vivienda denunciaron estos hechos al Servicio Jurídico de la Concejalía de Urbanismo y solicitaron un informe sobre las medidas que debían adoptar. Fue entonces cuando otro de los denunciados, Juan Carlos Pérez González (concejal de Urbanismo), “optó por no dar respuesta alguna ni por adoptar ningún tipo de medidas”.

Además, explicaba que la empresa concesionaria de las obras, en este caso “Sociedad Concesionaria Hospital de Majadahonda”, solicitó en marzo de 2007 al Ayuntamiento una licencia de apertura y funcionamiento de actividades para la instalación, apertura y funcionamiento de la actividad del hospital.

También en este caso se apreciaron una serie de deficiencias y, de hecho, desde septiembre de 2008 a abril de 2015 “el hospital estuvo funcionando sin licencia de primera ocupación ni de apertura sin que se adoptara ninguna medida de protección o restauración de la legalidad urbanística infringida no de carácter sancionador”. 

Además del alcalde están denunciados por estos hechos al responsable de la concejalía de Seguridad, Movilidad Urbana y Disciplina Urbanística durante esos años; Javier Caballero López; así como a los concejales delegados de Urbanismo Carmen Menéndez Rodríguez y Pablo García González.

Vertidos ilegales

Por otra parte, la Fiscalía señala que el hospital ha estado vertiendo sin la “pertinente autorización municipal sus aguas residuales a la red de saneamiento del Ayuntamiento” en contra de lo recogido en la ley sobre Vertidos Líquidos Industriales al Sistema Integral de Saneamiento de la Comunidad de Madrid.

La Fiscalía explicaba en su escrito que la ausencia tanto de la autorización de vertido como de arquetas de control de vertidos se pusieron de manifiesto en la inspección que técnicos ambientales de la Comunidad de Madrid llevaron a cabo en el año 2009, “extremos que fueron comunicados por la Dirección General de Evaluación Ambiental tanto a la Consejería de Sanidad como a la dirección del propio hospital”.

Una nueva inspección llevada a cabo en el año 2012 “constató que se continuaba sin autorización de vertidos ni arquetas de control de vertidos, lo que se comunicó en enero de 2013 por la Dirección General de Evaluación Ambiental tanto al propio hospital como al Ayuntamiento de Majadahonda, poniendo a éste de manifiesto su competencia al respecto y para la adopción de medidas correctoras”.

Por otra parte, apuntan que la sociedad concesionaria del hospital presentó ante el Ayuntamiento de Majadahonda en noviembre de 2012 una solicitud de licencia de vertidos, a lo que los servicios técnicos de la Concejalía de Medio Ambiente contestaron once días después informando sobre la documentación y requisitos a cumplimentar.

Pese a todo ello, “no se llevó a cabo ninguna otra actuación al respecto, y en 2016 una nueva inspección de técnicos ambientales de la Comunidad de Madrid puso de manifiesto que el hospital continuaba funcionando sin autorización de vertido, sin arquetas de toma de muestras y sin haber presentado ninguna analítica para el control anual del cumplimiento de los valores límite de vertido”.

Como consecuencia de ello la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, por oficio de junio de 2016, comunicó tales extremos al Ayuntamiento de Majadahonda, “poniéndole de nuevo de manifiesto su competencia al respecto y con la finalidad de que se adopten las medidas oportunas con las responsabilidades derivadas”.

Los concejales denunciados

Y no ha sido hasta noviembre de 2016 en que la sociedad concesionaria del hospital ha presentado en forma solicitud y documentación para obtener dicha autorización de vertido, iniciándose en la Concejalía de Medio Ambiente un expediente “cuya tramitación posterior no consta”.

Como conclusión en este punto, según expone la Fiscalía, durante todo el tiempo que el hospital ha estado funcionando sin autorización de vertido al sistema integral de saneamiento, sin arquetas de toma de muestras y sin presentar ninguna analítica para el control anual del cumplimiento de los valores límite de vertido (de septiembre de 2008 hasta al menos noviembre de 2016), “no se ha adoptado por los responsables municipales medida correctora ni sancionadora alguna, ni se ha realizado inspección alguna”.

Por este asunto, además del alcalde están denunciados los sucesivos concejales delegados de Medio Ambiente: Juan Lantero Bastos (de junio 2007 a noviembre 2009), Pablo García González (de noviembre de 2009 a noviembre de 2013), Juan Carlos Pérez González (de noviembre de 2013 a junio de 2015) y África Sánchez Martín (desde junio de 2015 hasta al menos diciembre de 2016).

Cerca de una treintena de familias sin recursos han sido desalojadas esta mañana de dos bloques vacíos propiedad de una empresa multada por el Ayuntamiento de Majadahonda por saltarse la ley. Un amplio dispositivo formado por Policía Municipal y Guardia Civil ha acordonado la zona desde muy temprano y ha impedido el paso de las personas que iban llegando al lugar para apoyar a los vecinos, que entraron en las casas conocidas como 'Las casas rojas' en 2009. Tras tres intentos de desahucio, este lunes ha sido el definitivo.

Las familias han resistido pero finalmente han decidido salir de los inmuebles sin que se hayan producido enfrentamientos con los agentes. Según la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, los vecinos han solicitado en varias ocasiones a la empresa la regularización de su situación sin obtener respuesta. “Pedimos a los propietarios que nos dejen quedarnos pagándoles un alquiler social. No queremos vivir por la cara”, decía hace unos días Diego Fernández, uno de los inquilinos. Al lugar han acudido un nutrido número de políticos y activistas, entre ellos el diputado Rafael Mayoral (Unidos Podemos) y la portavoz de IU Madrid Sol Sánchez.

Una multa de 600.000 euros pendiente

Los pisos se levantaron a principios de los 2000. El Ayuntamiento de Majadahonda, localidad madrileña donde se ubican y que concedió la licencia de obras en 1998, multó a la constructora propietaria con 600.000 euros por sobrepasar el número máximo de alturas fijado por el Plan de Urbanismo de la localidad, una infracción grave contemplada en ley del Suelo de la Comunidad de Madrid de 2001. La empresa pidió que una revisión en 2013 de la multa, que fue inadmitida, según consta en las actas del Pleno del Ayuntamiento.

Actualmente las 20 viviendas no tienen por este motivo licencia de “primera ocupación” ni suministros de agua, luz o gas, aunque los vecinos han colocado unas placas solares para autoabastecerse.

La PAH asegura que pidió hace meses una reunión a la Comunidad de Madrid para acordar una solución para las familias que nunca recibió respuesta. El Ayuntamiento de Majadahonda no ofrece, según los activistas, una alternativa habitacional a los vecinos más que unas noches de hotel para los niños y niñas y ancianos. Para el resto, aseguran, van a habilitar una carpa. eldiario.es se ha puesto en contacto sin éxito con el consistorio para recabar su versión.

El Mensajero continúa sin reaccionar y este domingo no pasó del empate sin goles en el Silvestre Carrillo ante el Majadahonda y sigue dejando escapar puntos en casa, hasta el momento 19, lo que le mantiene en puestos de descenso a Tercera División.

El encuentro se inició con dominio visitante, aunque sin llegar a crear peligro en la portería de Gárate, que este domingo era el sustituto de Ione, pero con el paso de los minutos el cuadro local se hizo con las riendas del choque y así al cuarto de hora un centro de Nacho Rodríguez desde la línea de fondo fue sacado por Cidoncha al anticiparse a Kamal.

La oportunidad más clara del Mensajero llegó en un balón en largo de Jaime, que supera en el bote a la defensa, pero que Nacho Rodríguez de cabeza, en buena posición, remató fuera. Tras la reanudación el Majadahonda volvió a salir con presión y dispuso de una clara ocasión con un cabezazo de Sergio Oliva en óptima posición tras una falta que sacó Vicente Romero, pero el balón salió por fuera.

El Mensajero, falto de ideas y de fútbol, solo recurría a las acciones a balón parado, que ejecutaba Vianney, pero que no inquietaban al guardameta Miguel Ángel. Los disparos de Rayco desde la frontal tampoco generaban peligro, pero, por contra, el conjunto madrileño, a la media hora, pudo inaugurar el marcador con un remate de Portuga que Gárate envió a córner en una buena intervención.

Ya en la recta final Alex Cruz recuperó el balón, se adentró en el área, forzando el despeje de la defensa visitante, y una vez terminado el partido, los aficionados palmeros despidieron a su equipo con pitos en disconformidad por el juego que les ofreció.