Valentina llegó de México en 2019 huyendo de la violencia de su país. Aquí conoció al que luego se convertiría en el padre de su hijo, que hoy tiene tres años. Pero la relación no acabó bien y, aunque quería cortar por lo sano, temía qué sería de una mujer migrante y soltera con un pequeño a cargo. Lo mismo le pasó a Montse que, después de años de violencia, reunió el valor para separarse. Pero entre los juicios y que su ex se negaba a pasarle la pensión, su economía se derrumbó. Estos miedos hicieron que ambas estuvieran más tiempo en sus relaciones del que hubieran querido.

Porque, al dolor de la separación, las secuelas de la violencia y al peso de criar a un hijo en solitario, estas mujeres deben sumar la inseguridad habitacional. Ambas resisten en pisos de los cuales la propiedad quiere echarlas, sometiéndolas a mobbing y con amenazas de desahucio próximas. Ninguna, a pesar de ser profesionales formadas y con carrera, tiene el dinero suficiente como para hacer frente a una mudanza ni a un alquiler que, de bien seguro, será mayor que el que tienen ahora.

Montse paga 600 euros por un piso de 60m2 con dos habitaciones; una de ellas, la de su hijo, sin ventilación y da directamente a la de su madre. “No puedo permitirme nada que no sea eso”, resume esta mujer, que es maestra de primaria. Antes era filóloga árabe, tenía carrera y dos másters, pero tuvo que estudiar magisterio cuando se separó porque vio que el que era su oficio y su pasión no le iba a pagar las facturas una vez sola.

Vive en un piso de la calle del Tigre, en el Raval de Barcelona, del que desahuciaron a principios de enero a siete familias porque, según un informe encargado por la propiedad, el inmueble tiene “riesgo inminente de derrumbe”. Por otro lado, hay inspecciones de los Bomberos que descartan el riesgo. Los casos de los vecinos han caído en Juzgados de Instrucción diferentes —cosa que, según los sindicatos de vivienda es totalmente excepcional. Uno, el 22, ordenó el desahucio. Y otro, el 56 y el que le tocó a Montse, ha decidido que puede quedarse en su casa. Pero no sabe hasta cuándo.

Cuando me separé, tuve que entregarle una copia de las llaves de casa a mi ex. Al tiempo acabó aceptando que tenía que irse, pero alquiló una habitación en el mismo edificio y empezó a perseguirme y a acosarme

Montse

“Estoy agotada, es una carrera de fondo. Después de todo lo que ha pasado…”, se lamenta Montse. Lleva 19 años en ese piso y es la segunda vez que tiene que luchar para quedarse allí. La primera fue cuando se separó, después de un largo maltrato. Su exmarido llegó a entrar en la casa por la fuerza y la denunció porque, argumentó, ella quería echarle y separarle de su hijo —del que luego nunca se hizo cargo.

“Me tocó pagar una multa y entregarle una copia de las llaves de casa. Al tiempo acabó aceptando que tenía que irse, pero alquiló una habitación en el mismo edificio y empezó a perseguirme y a acosarme”, recuerda Montse. Por suerte, sus vecinos se dieron cuenta y, en cuanto pudieron, rompieron el contrato de subarrendamiento.

“Pensé en irme, pero no tenía cómo hacerlo”, explica. Su marido se negaba a pasarle la pensión, lo que inició otro proceso judicial y el consecuente gasto en abogados. Además, se había quedado en paro y no encontraba trabajo debido a la depresión. Y todo ello, con un hijo de tres años. Hoy, ese niño ya tiene casi 18 años y ha salido adelante: estudia música y toca cuatro instrumentos. “Su educación es muy cara, pero no quería quitarle ese sueño. Vamos justos y tener que irnos ahora sería desastroso. Y, aunque intento mantenerle al margen, él nota todo ese estrés, las noches sin dormir”, lamenta Montse.

Un motivo para no romper

Montse reconoce que tardó en separarse “mucho más” de lo que le hubiera gustado. Primero, como a muchas otras víctimas, le costó darse cuenta de lo que pasaba en su casa. Luego vino la vergüenza. Y ya, después, la presión económica. “Si me quedaba sola, no sabía si iba a poder pagar el piso. Y si me echaban, ¿dónde iba a encontrar otro?”, expresa.

Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer del Ministerio de Igualdad, las víctimas tardan unos 2,5 años en identificarse como tal y les suele costar entre 5 y 7 años formalizar la ruptura. Según el estudio, las causas son varias, siendo el bienestar de los hijos y la inestabilidad económica las mayores preocupaciones.

Estos miedos están respaldados por otro informe del Ministerio que apunta que quedarse solas es uno de los principales motivos para los impagos del alquiler. Concretamente, el 6,05% de las que presentan problemas son víctimas de violencia de género; el 3,72 tienen dificultades después de la ruptura con su pareja y el 2,33% desde que enviudaron.

Hay muchos factores que retrasan la salida de situaciones que no son buenas. No todo el mundo se puede permitir el lujo de salir de una relación

Valentina

“Las mujeres somos un sujeto devaluado”, apunta Marina Parés, portavoz del Sindicat d’Habitatge Socialista de Catalunya, que acompaña el caso de Montse. La mayoría de personas que se acercan a sus asambleas, aseguran, son mujeres y “en no pocos casos” se detecta a víctimas de violencia machista. “Mujeres que no estarían con sus parejas si no dependieran de un segundo sueldo para pagar. El alquiler te ata al maltratador”, remacha.

“Hay muchos factores que retrasan la salida de situaciones que no son buenas. No todo el mundo se puede permitir el lujo de salir de una relación”, argumenta Valentina. Esta mexicana es médica y, cuando empezó a pensar en separarse, se encontraba en medio del proceso para obtener su residencia, homologar su título, colegiarse y sacarse el MIR. “Yo había dejado el trabajo que tenía para poder dedicarme plenamente a eso y volver a ejercer rápido, pero claro, si me separaba, iba a ser mucho más difícil”, recuerda.

A todo ello se suma que, tras la separación, ella se quedó con la custodia total del niño, al que su ex sólo ve en visitas puntuales, lo que le resta mucho tiempo para estudiar y hacer trámites —que, a veces implican viajes a Madrid o incluso a México. Además, Valentina apunta que, por ser migrante, tiene una red de apoyo “muy limitada” que no puede hacerse cargo del bebé si ella necesita ir a una entrevista de trabajo o a un examen.

Con todo, decidió dar el paso. Hizo cálculos y vio que, gracias al IMV, a la manutención y a los ahorros podría aguantar un año más sin trabajar y acabar de homologar su título. La vivienda no era un problema porque su ex le dejó quedarse en el piso, sabiendo que para ella iba a ser muy difícil encontrar un alquiler siendo madre soltera.

Pero todo cambió con un burofax en el que la propiedad le informaba que habría una actualización del IPC en el contrato. Y no solo del presente año, sino que el documento también le exigía al pago retroactivo de los años anteriores, lo que sumaba una deuda acumulada de 3.000 euros. Ese gesto, que es ilegal, fue leído por Valentina y su abogado como un “acoso inmobiliario” que llegó justo cuando informó a la propiedad de que se había separado y, a partir de entonces, en el contrato constaría sólo ella.

Mi hijo no va a saber lo que es el sentimiento de barrio. Tiene derecho a jugar en su parque y yo, siendo madre soltera, tengo derecho a pedir ayuda a una vecina, a cuidarnos a los niños mutuamente y a echarnos una mano

Valentina

“Querían crearme una situación hostil para que me fuera”, resume la mujer, que reconoce que se lo llegó a pensar. “Pero no estaba preparada para lo complicado que es. Cuando iba a un piso, eran visitas que duraban 15 minutos, junto a otras ocho personas ”, recuerda. En su situación, sólo se le ofrecía alquiler de habitaciones y no estaba dispuesta a vivir con su hijo en una pequeña pieza junto a desconocidos.

Así que decidió quedarse en su piso por el tiempo que pudiera. Pero a finales de 2025, y contraviniendo el mínimo de cuatro meses de preaviso, la propiedad dio la estocada final y le informó de que no le iba a renovar, argumentando que había una deuda impagada. Valentina pidió la prórroga por vulnerabilidad (de hasta un año), pero su casera se la denegó. Así que, a pesar de que el contrato acabó el pasado 9 de febrero, ella sigue en el piso. “Estaré aquí hasta que encuentre una alternativa, al menos”, asegura.

Valentina explica que supuso “mucho trabajo” reconstruir su vida tras la separación. Y ahora ve que tendrá que volver a empezar. Seguramente, en un barrio nuevo. El suyo, el del Born, es uno de los más gentrificados de la ciudad. Cuando se mudó a su edificio, durante la COVID, estaba lleno de familias y personas locales. Pero, a la que se han ido acabando los contratos, esos vecinos se han ido sustituyendo por expats y alquileres de temporada.

“Mi hijo no va a saber lo que es el sentimiento de barrio. Tiene derecho a jugar en el parque con sus vecinos y yo, sobre todo siendo madre soltera, tengo derecho a pedir ayuda a una vecina, a cuidarnos a los niños mutuamente y a echarnos una mano”, lamenta. Ella, igual que Montse, siente que la expulsión de su casa es el último golpe tras una separación traumática. Algo que sus exparejas no han tenido que soportar.

La Policía de Valladolid ha detenido a dos hombres por agredir a sus madres y a otros dos por violencia de género. Dos hijos de 27 y 33 años han sido detenidos en las últimas horas en Valladolid tras protagonizar sendos episodios de violencia y agredir a sus madres de 60 y 53 años, respectivamente, en domicilios de La Victoria y La Rondilla, según han informado a EFE fuentes de la policía municipal.

Esta madrugada, un joven de 27 años ha sido detenido en La Victoria tras denunciar su madre que se había puesto muy agresivo, por negarse a darle dinero, igual que en otras ocasiones, y había roto enseres y zarandeado y empujado a su progenitora.

Los agentes desplazados al domicilio constataron que había muebles rotos, y tres televisiones, con las puertas dañadas, para lo que el joven había empleado una muleta ortopédica que había en el hogar. El joven ha sostenido que la casa era suya y que su madre se tenía que ir y ha sido detenido como supuesto autor de un delito de violencia doméstica.

Este jueves, a la doce y media de la mañana, otro hombre de 33 años ha sido detenido por violencia doméstica, tras ponerse también muy agresivo y golpear con un dedo, agarrar de la cabeza y zarandear a su madre, de 53 años, en un domicilio de La Rondilla.

También se produjeron otras dos detenciones por violencia de género: un hombre de 39 años por agredir físicamente y encerrar en el domicilio a su mujer, de 43; quien logró salir y acudir a un centro de salud para ser atendida; y otro hombre que tenía una orden de alejamiento y que fue localizado, tras denunciarlo un vecino, escondido en un canapé de la vivienda de la mujer, ambos de 47 años, y que le había permitido el acceso.

Un jove de 22 anys ha resultat ferit greu després de ser apunyalat presumptament pel seu pare, de 52 anys, en plena via pública a Palma. Les primeres indagacions apunten que l'agressió es va produir després d'una discussió entre l'home i la seva parella, en què el jove i la seva germana -que també va patir talls- haurien intentat mediar en favor de la mare.

El succés va tenir lloc a última hora d'aquest dimarts a la plaça Orson Welles, al barri de Son Gotleu. Durant l'altercat, el jove va patir una ferida per arma blanca a l'abdomen i va ser atès per una ambulància de Suport Vital Avançat, que el va traslladar a urgències de l'Hospital Universitari Son Espases després d'estabilitzar-lo, on es troba ingressat, segons han informat fonts policials a elDiario.es. Fonts hospitalàries han indicat a Europa Press que la víctima continua en l'UCI, on es troba estable dins de la gravetat.

La mare del noi va resultar ferida lleu en intentar defensar el seu fill. El presumpte agressor també presentava múltiples contusions. Va ser assistit pels serveis sanitaris i traslladat a un centre hospitalari, on roman detingut i sota custòdia policial.

La investigació ha quedat a càrrec de la Unitat de Família i Dona (UFAM) de la Policia Nacional, encarregada dels delictes comesos en l'àmbit familiar i d'aquells en què poden existir indicis de violència de gènere i domèstica, amb l'objectiu d'esclarir el que ha passat, prendre declaració a les parts implicades i determinar el context de l'agressió.

Un joven de 22 años ha resultado herido grave tras ser apuñalado presuntamente por su padre, de 52 años, en plena vía pública en Palma. Las primeras pesquisas apuntan a que la agresión se produjo tras una discusión entre el hombre y su pareja, en la que el joven y su hermana -quien también sufrió cortes- habrían intentado mediar en favor de la madre.

El suceso tuvo lugar a última hora de este martes en la plaza Orson Welles, en el barrio de Son Gotleu. Durante el altercado, el joven sufrió una herida por arma blanca en el abdomen y fue atendido por una ambulancia de Soporte Vital Avanzado, que lo trasladó a urgencias del Hospital Universitario Son Espases tras estabilizarlo, donde se encuentra ingresado, según han informado fuentes policiales a elDiario.es. Fuentes hospitalarias han indicado a Europa Press que la víctima continúa en la UCI, donde se encuentra estable dentro de la gravedad.

La madre del chico resultó herida leve al intentar defender a su hijo. El presunto agresor también presentaba múltiples contusiones. Fue asistido por los servicios sanitarios y trasladado a un centro hospitalario, donde permanece detenido y bajo custodia policial.

La investigación ha quedado a cargo de la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, encargada de los delitos cometidos en el ámbito familiar y de aquellos en los que pueden existir indicios de violencia de género y doméstica, con el objetivo de esclarecer lo ocurrido, tomar declaración a las partes implicadas y determinar el contexto de la agresión.

Efectivos de la Guardia Civil en La Rioja, adscritos al Puesto de Santo Domingo de la Calzada, han detenido a un varón de 40 años, residente en una localidad de La Rioja Baja, como presunto autor de un delito de malos tratos en el ámbito familiar y otro delito contra la salud pública por cultivo de marihuana. La actuación se inició tras recibirse un aviso por un conflicto familiar. De inmediato, patrullas de Seguridad Ciudadana se desplazaron hasta el domicilio, donde atendieron a la víctima y activaron el protocolo correspondiente.

Durante la intervención, los agentes observaron desde una de las estancias del inmueble -sin necesidad de acceder a otras propiedades- una zona de cultivo con varias plantas de cannabis sativa, así como un secadero de marihuana, ambos pertenecientes al presunto maltratador. Una vez autorizada la entrada, se procedió al desmantelamiento de la plantación e incautación de ocho plantas de marihuana, cogollos en proceso de secado y diversos útiles empleados en el cultivo, como un humidificador, una envasadora, un sistema de riego y herramientas de poda, entre otros. Asimismo, se localizaron 14 botes de cristal que contenían cogollos ya recolectados. En total, todos los cogollos intervenidos arrojaron un peso de 178 gramos.

La Guardia Civil recuerda que la violencia en el entorno familiar no solo afecta a las víctimas directas, sino que también la seguridad en los hogares. Casos como, explican desde la Guardia Civil, evidencian cómo, a raíz de una intervención por un conflicto doméstico, pueden aflorar otras actividades delictivas que agravan la situación de vulnerabilidad de las víctimas. afectadas. Las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial

La Policía Local de Calahorra ha detenido en las últimas horas a un menor como presunto autor de un delito de violencia doméstica. Al parecer, tal y como relatan los agentes, recibieron una llamada de una ciudadana solicitando la presencia de la Policía Local en su domicilio porque su hermano, menor de edad, les estaba amenanzando con un cuchillo a ella y a su madre además de haberlas agredido.

La Policía Local se persona en el domicilio y la madre y la hermana relatan además que “el menor lleva tiempo muy agresivo, que les amenaza con un cuchillo de forma habitual y que les amenaza y les agrede”. El menor también reconoce los hechos por lo que los agentes lo detienen como presunto autor de un delito de violencia doméstica. La madre y la hermana fueron trasladadas al centro de salud y, posteriormente, formularon la correspondiente denuncia.

Es uno de los casos antendidos por los agentes de la Policía Local del 22 de septiembre al 5 de octubre. Unos días en los que también se detuvo a un varón como presunto autor de un delito de violencia de género. En este caso, los agentes recibieron una llamada de SOS Rioja informando de una discusión de pareja en un domicilio. Una vez en el domicilio, los agentes identifican a ambas partes y la mujer confirma que ha recibido amenazas, amenazas que son constantes y añade que hace varios días le dio un golpe en la cabeza. Los agentes acompañan a la mujer a presentar la denuncia y detienen al varón como presunto autor de un delito de violencia de género.

Asimimo y en el mismo periodo de tiempo, la Policía Local de Calahorra recibe una llamada alertando de que en el interior de un establecimietno público, una mujer ha agredido a un camarero con una botella de cristal. Una vez en el local, los agentes median entre la mujer y el camarero y compuebran que este último tiene un corte en la mano. Se le informa de la posibilidad e poner denuncia y de acudir al centro de salud.

Además, y dentro de las denuncias por no cumplir las ordenanzas municipales, los agentes de Calahorra han denunciado a una persona por arrancar un árbol en la vía pública y a otra por la caída de una maceta a la vía pública al incumplir con la ordenanza que lo prohíbe.

La Audiencia de Málaga ha condenado a una pareja por el maltrato a sus dos hijas menores de edad. Se trata de una bebé de 47 días de vida, que presentaba distintas lesiones, entre ellas quemaduras en el 42% de su cuerpo, al sumergirla el padre en agua caliente, por lo que este ha sido condenado también por lesiones. Además, otra hija de dos años en ese momento sufrió quemaduras de cigarrillo.

Al padre se le imponen 16 años de cárcel y a la madre, cuatro años. El tribunal impone estas penas al tener en cuenta “lo especialmente reprochable que supone el maltrato continuado y prácticamente permanente desde el nacimiento a una pequeña de 47 días de vida” y al valorar la gravedad del hecho y la situación de absoluta indefensión de las víctimas.

Según se declara probado en la sentencia de la Sección Tercera de Málaga, en octubre de 2022, la hija que tenía entonces 47 días de vida fue asistida en el Hospital Materno Infantil de Málaga, donde fue llevada por su madre quien indicó que se había quemado durante el baño, presentando quemaduras que ocupaban el 42% de la superficie corporal y que afectaban varias zonas del cuerpo.

Quemaduras y desnutrición a sus 47 días de vida

Estas lesiones “en realidad habían sido causadas por el padre de la menor, quien sumergió a la niña en el agua caliente, con ánimo de atentar contra su integridad física, sin riesgo propio y sin ninguna posibilidad de defensa por parte de la menor”, dice el tribunal, quien añade que no consta que la madre en ese momento se encontrara en el domicilio.

Todas las quemaduras “eran de segundo grado, profundas y, por su naturaleza, se descarta la posibilidad de que tengan un origen accidental, exigiendo para su comisión la inmersión en agua caliente durante un tiempo variado”, dependiendo de la temperatura. Esta niña presentaba otro tipo de lesiones “que le fueron causadas por sus padres actuando de mutuo acuerdo en los 47 días de vida”.

Además de las lesiones, presentaba desnutrición marcada y deshidratación leve. La menor precisó ingreso hospitalario en tres ocasiones por un periodo total de 90 días y presenta secuelas físicas y un retraso psicomotor y traumatismo craneoencefálico que “afectarán en un futuro a las funciones ejecutivas”, lo que “supone un grave problema para poder realizar las actividades más cotidianas”.

Síntomas de maltrato habitual

Asimismo, en fechas no determinadas exactamente, pero con anterioridad a noviembre de 2022, la otra menor, que contaba entonces con dos años, hubo de ser asistida en el Hospital de la Axarquía, donde le fueron apreciadas dos lesiones cicatriciales concéntricas en el muslo izquierdo, según recoge la sentencia.

La Sala considera que estas heridas eran “compatibles con quemaduras de cigarrillos, que le causaron sus padres actuando de mutuo acuerdo, sin tener la menor posibilidad alguna de defensa”. La niña, tras sufrir estas lesiones y las que presentó la hermana, fue objeto de un procedimiento de desamparo provisional acordado por el Servicio de Protección de Menores.

En el seno de estas diligencias se acordó un informe psicológico de la menor para determinar si presentaba sintomatología de una víctima de maltrato habitual, pero debido a su grado de madurez no fue posible informar sobre la existencia o no de dicha sintomatología.

No obstante, en entrevistas con la madre de acogida, sí se apreciaron datos o elementos que podrían determinar la existencia de este maltrato habitual, al manifestarle que “llegó asustada y con temor a cualquier nuevo acontecimiento, agachándose y cubriéndose la cabeza y con terrores nocturnos que la despertaban diciendo 'bebe se quema, bebe pupa'”.

A esta sentencia se llega tras examinar las pruebas expuestas en el juicio. Para la Sala, la lectura del informe forense y de la documentación médica “es aterradora y corrobora el sufrimiento por parte de la menor de un maltrato habitual en sus pocos días de vida”, ya que no solo presentaba quemaduras en casi la mitad de su cuerpo, sino otras lesiones.

La madre y el padre condenados por violencia doméstica

Para el Tribunal, este maltrato habitual ha de ser atribuido a ambos progenitores. “Es imposible sostener que la madre nada tuviera que ver con tales hechos, ni que acatara como normal el padecimiento constante de heridas, hematomas y quemaduras en el cuerpo de una pequeña de tan solo 47 días de vida”, recoge la sentencia. “Nada hizo por que tales hechos no se siguieran produciendo” y no denunció estos episodios.

Por ello, se les condena a ambos por un delito de malos tratos habituales y por otro de violencia doméstica, con la circunstancia que agrava la pena de alevosía. Además, al padre se le condena por otro de lesiones, del que se absuelve a la madre, al considerar que no estaba en la vivienda cuando el padre metió a la bebé en agua caliente.

Además de prisión, se acuerda la privación de tener armas durante diez años y la inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad de la hija menor por cinco años. En el caso del padre se le prohíbe también acercarse a esta durante 19 años. A ambos se les impone también la prohibición de aproximarse a la otra hija a menos de 500 metros durante cinco años.

La Audiencia malagueña descarta las explicaciones de los padres de que la bebé se cayó de forma accidental en la bañera con agua, ya que el informe forense señala que existía “una clara línea de separación entre las zonas quemadas de las no quemadas, sin que existan por ejemplo quemaduras en la cabeza, lo que sería imposible de haberse producido una caída accidental”.

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno creó en octubre de 2020 un servicio de atención telefónica para víctimas de violencia intrafamiliar, un término impuesto por Vox -entonces socio de legislatura del PP- para negar la violencia de género. La ultraderecha sostiene que las agresiones y muertes de mujeres a manos de sus parejas o exparejas no se explican desde la perspectiva de género, simplemente se producen en el ámbito doméstico.

Moreno aceptó ese marco mental en su primer mandato, cuando el PP gobernaba con una exigua minoría, en coalición con Ciudadanos y sustentado por Vox. Los populares no niegan la violencia machista, pero la Junta ha mantenido el teléfono de violencia intrafamiliar impuesto por Vox en este segundo mandato, ya con mayoría absoluta y sin dependencia de la ultraderecha.

Desde entonces, el funcionamiento de este servicio ha demostrado con datos lo que los expertos ya advirtieron cuando se puso en marcha, a saber: que son las mujeres, ancianas y niñas quienes más llamadas de ayuda registran en los teléfonos de atención social de la Junta, no sólo a través del número de atención a víctimas de violencia de género -el más usado- sino de otros servicios, como el de atención al mayor, a la Infancia o violencia intrafamiliar.

En el último año y medio -de julio de 2023 a febrero de 2025-, la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad del Gobierno de Moreno contabilizó 697 llamadas al teléfono de violencia intrafamiliar, pero casi siete de cada diez (el 66%) fueron derivadas a otros servicios de asistencia social gratuita ya existentes: para mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de agresión a mayores o a menores.

El departamento que dirige Loles López ha hecho públicos estos datos en respuesta a una solicitud por escrito del grupo Por Andalucía, que lleva años denunciando la “inutilidad” de este teléfono impuesto por Vox, en tanto que la Junta ya ofrece a las víctimas de agresión otros servicios de atensión social.

El primer año de vigencia del teléfono de violencia intrafamiliar, la Junta recibió 727 llamadas y el 62% fueron alertas de posible maltrato en el ámbito doméstico. Seis de cada diez fueron derivadas al Servicio de Atención a las Víctimas de Andalucía (SAVA), que ya vehiculaba gran parte de las denuncias de mujeres, y el resto se trasladó al teléfono del mayor, las línes de infancia y adolescencia, de atención al discapacitado y de violencia machista.

Entre 2023 y 2025, la dinámica no ha cambiado, aunque el número de llamadas al teléfono de violencia intrafamiliar se ha reducico considerablemente: de las 697 registradas en año y medio, 267 llamadas fueron atendidas de manera directa y 430 fueron derivadas a otros servicios, según los datos aportados por la consejería.

En el periodo de tiempo del año 2023 analizado -de julio a diciembre- fueron 85 las llamadas atendidas de manera directa por el teléfono de violencia intrafamiliar y 261 las derivadas a otros servicios, mientras que en 2024 fueron más las atendidas de manera directa --un total de 172-- que las derivadas --que se quedaron en 122--, y en los dos primeros meses de 2025 que se recogen en esta respuesta fueron diez las llamadas atendidas de manera directa y 47 las derivadas.

En concreto, la titular andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad detalla en su respuesta a Por Andalucía que se han derivado llamadas “principalmente al Teléfono de la Infancia, Teléfono del Mayor y Teléfono SAVA”.

Así se desprende de una respuesta, consultada por Europa Press, de la consejera del ramo, Loles López, a una pregunta escrita registrada por el grupo parlamentario Por Andalucía --a través de su portavoz, Inma Nieto (IU), y de la portavoz adjunta, Alejandra Durán (Podemos)-- relativa a los datos del teléfono andaluz de violencia intrafamiliar.

La Junta de Andalucía, de la mano de la por entonces consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, anunció en octubre de 2020 la puesta en marcha del Teléfono 900 300 003 para la atención e información sobre la violencia intrafamiliar, dando así cumplimiento a uno de los puntos acordados en 2019 por el Gobierno andaluz con Vox para que esta formación apoyase los primeros Presupuestos elaborados por la entonces coalición de PP-A y Ciudadanos (CS) que conformaba el Ejecutivo autonómico.

Las citadas parlamentarias de Por Andalucía preguntaban a la Junta en esta cuestión respondida por la consejera Loles López “cuántas llamadas” ha recibido dicho teléfono “desde julio de 2023” y en los años 2024 y 2025, desglosados los datos “por mes y día”. La consejera de Inclusión Social responde a ese requerimiento de las diputadas del grupo de IU y Podemos aportando en su contestación unas tablas donde se detallan las llamadas recibidas, por día, desde septiembre de 2023 al 27 de febrero de 2025.

En ese desglose se aprecia que la mayor cantidad de llamadas registradas en un mismo día en el periodo de tiempo analizado se dio el 28 de septiembre de 2023, con un total de 12. Es la única jornada de las analizadas en la que la cifra de llamadas superó la decena, ya que en el resto de los casos el dato es inferior a diez, y en hasta 79 días sólo se contabilizó una llamada por jornada.

Las diputadas de Por Andalucía también preguntaban a la Junta cuántas de las llamadas registradas en dicho periodo de tiempo “se han atendido de manera directa y cuántas se han derivado a otros servicios ya existentes”.

Finalmente, a la pregunta de “cuál ha sido el gasto público invertido en el servicio de violencia intrafamiliar en los años indicados”, Loles López responde que “no es posible desglosar el gasto asignado a este servicio, ya que el presupuesto ejecutado corresponde a la gestión de los servicios telefónicos de atención social”.

“Eviten hacer declaraciones públicas sobre este tema”. Los fundadores de la Conferencia Europea sobre Violencia Doméstica (ECDV), que se celebra en Barcelona desde este miércoles hasta el próximo viernes, han pedido a sus comités (científico, coordinador y local), unas 60 personas, que no se pronuncien sobre el caso del catedrático Ramón Flecha, investigado por la Universitat de Barcelona después de que la información publicada el pasado julio por elDiario.es y otros tres medios revelara graves acusaciones de varias mujeres. Flecha era, hasta julio, uno de los ponentes principales de esta Conferencia y su grupo investigador, CREA, miembro de la organización. De hecho, el encuentro iba a tener lugar en las instalaciones de la UB, hasta que el centro se desvinculó de CREA y les retiró su apoyo.

Aunque ni Flecha ni CREA figuran en el programa actual de la Conferencia, la ECDV no se ha pronunciado públicamente sobre el caso ni ha hecho ninguna declaración pública de apoyo a las víctimas. Sin embargo, sí enviaron un correo electrónico a las personas que forman parte de los comités de la Conferencia para pedirles silencio sobre el tema “hasta que la conferencia haya concluido”. La Asamblea Feminista de la UB ha pedido el boicot al encuentro y la organización Work with Perpetrators European Network ha criticado que la ECDV no haya hecho ninguna declaración oficial de rechazo ni haya tomado “medidas reparadoras”.

En el correo, al que ha podido acceder elDiario.es y que está fechado el 22 de julio, los profesores y profesoras que fundaron la Conferencia, cuentan que han tenido conocimiento de la investigación publicada por varios medios españoles y comunican que tanto Ramón Flecha como CREA se han retirado como ponente y como asociación afiliada, respectivamente. Sin embargo, evitan pronunciarse sobre el tema y piden a las personas que forman parte del comité científico, comité coordinador y comité local que no hagan declaraciones al respecto.

“El grupo organizador principal de la ECDV no puede juzgar ni tomar posición sobre las denuncias y contrademandas (...) Dado el gran interés mediático que suscitan los temas actuales, creemos que es aconsejable que todas las personas que participan en los tres comités de la conferencia se abstengan de hacer declaraciones públicas (como publicaciones en redes sociales) sobre este tema hasta que la conferencia haya concluido. También les pediremos que eviten hacer declaraciones al respecto desde la plataforma o el sitio web de la conferencia”, dice el correo electrónico, en el que el grupo de profesores y profesoras asegura reservarse el derecho de “retirar” a cualquier miembro de los comités que no cumpla con esta condición.

En la página web de la conferencia señalan que la ECDV permitirá “compartir los últimos avances” sobre las viejas y nuevas formas de ejercer violencia doméstica y de género en toda Europa, “así como los impactos políticos y sociales logrados y las diferencias que se han producido en las vidas de las víctimas y supervivientes”. Preguntados por elDiario.es sobre si la falta de apoyo público a las mujeres que han podido ser víctimas del catedrático y la petición de silencio a quienes forman parte de sus comités son compatibles con el espíritu y los objetivos de la Conferencia, la ECDV se ha limitado a decir que “toman nota” de la investigación abierta y que Ramón Flecha ya no es ponente ni delegado del congreso.

Según puede comprobarse en la página web de la ECDV y en la del grupo de investigación CREA, que ya no está vinculado al dominio de la Universitat de Barcelona, al menos nueve personas que actualmente forman parte del grupo de investigación fundado por Ramón Flecha están en el comité científico y en el comité coordinador de la Conferencia Europea sobre Violencia Doméstica. Al menos tres de esas ocho personas han hecho públicos en sus redes mensajes de apoyo a Ramón Flecha, e incluso de descrédito a las mujeres que le señalan. CREA no ha abierto ninguna investigación interna sobre los hechos, a pesar de contar con una comisión de violencia cero.

Una de las organizaciones que participa en la ECDV, Work with Perpetrators European Network, ha hecho público un comunicado en el que muestra su apoyo a las mujeres que han prestado sus testimonios sobre Ramón Flecha y critica a la Conferencia por no haber hecho “lo suficiente para garantizar un espacio seguro”. “Las personas de CREA que han apoyado a Flecha y desacreditado a los denunciantes siguen participando en la conferencia. Los organizadores de la conferencia aún no han emitido ninguna declaración oficial de rechazo ni han tomado medidas reparadoras. Esta falta de medidas decisivas daña la reputación de la conferencia en sí y de todos los que asisten a ella”, aseguran. La organización ha decidido mantener su participación en la ECDV, pero lo harán, prosiguen, para utilizarla como plataforma para mostrar su solidaridad con las víctimas “y abrir debates muy necesarios”. “Es esencial romper el silencio, garantizar que se escuche y se crea a las víctimas-supervivientes y fomentar la rendición de cuentas tanto entre las personas como entre las instituciones”, subrayan.

Los testimonios

“Yo era becaria de su grupo de investigación, él se me tiró encima y solo recuerdo que acabamos en su habitación”. “Entiendes que o pasas por esto o abandonas tu carrera en la academia”. “Él insistía en que nadie podía saberlo”. “Sabías que si ibas a un viaje con él eras su chacha, le hacías la maleta, el power point, le planchabas las camisetas… Cada día le tocaba a una y era algo que normalizabas. Sabías que si ibas con él estabas a su servicio”. “Llegué a pensar que la única forma de sobrevivir en la academia era seguir enrollándome con él”. “Controlaba con quién podías quedar y si podías enrollarte con él o no”. “A veces, en su casa, pedía masajes, llegó un momento en que se quitó los pantalones y en un par de ocasiones, también los calzoncillos”.

Son frases que pertenecen a los testimonios de ocho mujeres publicados por elDiario.es y que comparten el mismo patrón: casi todas conocieron a Ramón Flecha durante la carrera, cuando él fue su profesor en la Universitat de Barcelona, y empezaron a colaborar con CREA; y todas relatan un comportamiento envolvente que termina en sexo, masajes y/o estar a su servicio para todo tipo de tareas. El catedrático las introducía en su equipo cuando eran muy jóvenes, les ofrecía participación en investigaciones y proyectos e iniciaba una relación personal -a solas y con otros miembros del grupo- por la que obtiene información íntima de ellas, que después utiliza. Despliega, según relatan ellas, una conducta de premios y castigos.

En el último año, al menos 24 personas han abandonado CREA. Las abogadas de 14 de ellas enviaron en junio una carta al rector de la Universitat de Barcelona, Joan Guàrdia Olmos, en la que advertían de “la gravedad de las situaciones vividas” por sus representadas “durante su pertenencia a la red CREA”. En la misiva, las abogadas contaban que algunas de sus clientas “relatan haber mantenido relaciones sexuales con el Sr. Ramón Flecha en un contexto de clara desigualdad jerárquica —en calidad de alumnas, becarias, doctorandas o subordinadas— y bajo un patrón reiterado de conducta que encaja con una lógica de coerción sexual, abuso de poder, acoso sexual, violencia psicológica y explotación laboral”.

Un mes después, la UB abría una investigación y le retiraba a Ramón Flecha la categoría de catedrático emérito. “Once personas describen conductas de tipo sexual, vejatorias y intimidatorias que no sólo son intolerables y contrarias al Código Ético de la Universidad, sino que, si se confirman, podrían ser delictivas. La consternación de la universidad es absoluta. Desde el rechazo frontal a cualquier caso de violencia, acoso o maltrato, la Universidad se compromete a actuar sin demora, con plenas garantías y con toda la contundencia para aclarar esta situación”, decía el comunicado que la universidad hizo público entonces.

No habrá concierto de Diego el Cigala en el parque de Santa Margarita de A Coruña el próximo 20 de julio. El ayuntamiento de la ciudad ha revocado el permiso tras la condena de dos años y un mes de prisión al músico por malos tratos a su expareja. La promotora, Emotional Concerts, organizadora del festival Son do Nordés, ha suspendido la actuación. El BNG lo había exigido en comunicado al día siguiente de conocerse la sentencia.

El propio concejal de Cultura e Turismo de A Coruña, Gonzalo Castro, confirmó este lunes que El Cigala “ya no cuenta con autorización municipal” para desarrollar su concierto en Santa Margarita. Emotional Concerts lo confirmó horas después y anunció que devolverá el importe de las entradas a las personas que ya las habían adquirido.

La Audiencia de Cádiz ratificó el pasado 3 de julio la condena a dos años y un mes de prisión a Diego el Cigala, dictada por un juzgado de Jerez en diciembre de 2024. La jueza estableció tres delitos de malos tratos: una agresión en un hotel de Jerez en la que le dio una bofetada, otro en un hotel de Palafrugell (Girona) en el que la pateó y otro en la casa de Jerez en donde convivían en el que la agarró por el cuello y, en presencia de los hijos, la increpó.

Diego el Cigala (Madrid, 1968) es un popular cantaor de flamenco que ha publicado 14 discos.

Un hombre de 43 años presuntamente ha matado a su hija de 13 y después se ha suicidado durante la madrugada de este viernes en su vivienda de la calle Errekalde-Larraskitu de Bilbao. La madre de la joven, que también se encontraba en la vivienda, ha sido herida y trasladada al hospital de Basurto. Los hechos han ocurrido sobre las 05.00 de la madrugada cuando la mujer ha salido corriendo de la vivienda para alertar de lo que estaba ocurriendo. Agentes de la Policía Municipal han socorrido a la víctima y se han dirigido al domicilio donde ha ocurrido la agresión y han localizado a las dos personas fallecidas, tanto la niña como el hombre, con signos de violencia presuntamente provocados por arma blanca. La Ertzaintza se ha hecho cargo de la investigación e investiga el suceso como presunto caso de violencia vicaria, según ha informado en un comunicado.

A lo largo de la mañana periodistas y vecinos se han acercado a la zona del suceso, que se encuentra acordonada y custodiada desde el momento de los hechos por la Policía vasca. Tan solo pueden cruzar por las escaleras que suben a las viviendas los vecinos de las mismas. Mientras tanto, los agentes de la Ertzaintza entran y salen. Los cuerpos de ambos, padre e hija, han sido retirados pasadas las 09.00 horas y desde entonces la Policía científica se encuentra dentro de la vivienda realizando las correspondientes pruebas sin aportar más datos acerca de la investigación.

Nicolás es uno de los vecinos que asegura que ha visto a la mujer “corriendo y gritando” durante esta madrugada. Su casa está en frente de la vivienda en la que han ocurrido los hechos. “Escuché gritos, me asomé y la vi corriendo. Al poco llegaron las patrullas y empezaron a ladrar algunos perros. Pensé que había sido una pelea”, asegura. En el bar más cercano, el Artatxu, es el único tema en el que hablan los vecinos que se paran a tomar café. “Tenemos que conocerles, al menos de vista, pero yo ahora no caigo”, reconoce Teresa. Los más cercanos a la vivienda confiesan haber escuchado ruidos, pero la mayoría sostiene que se ha enterado por las noticias. “Te quedas con el cuerpo helado, ¿quién puede hacerle algo así a su hija? No quiero pensar en cómo estará la madre, esperemos que salga del hospital”, indica la vecina.

El lehendakari Imanol Pradales ha asegurado en un acto esta mañana que “todo apunta a que podríamos estar ante un caso de violencia vicaria”. “Es la expresión más cruel y más terrible de la violencia machista”, ha añadido. Pradales ha trasladado “en estos momentos tan dolorosos” su apoyo, afecto y cariño, así como el de “todo el Gobierno vasco” a las personas allegadas y ha pedido “rigor y respeto” en la investigación que está en marcha para esclarecer lo sucedido. A las 12.00 el Ayuntamiento de Bilbao ha convocado una concentración silenciosa de cinco minutos para condenar y denunciar la muerte de la menor supuestamente a manos de su padre. 

El Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde) ha condenado firmemente el asesinato y trasladado el apoyo a la madre de la joven. “A la espera de los pormenores que se desprendan de la investigación, se trata de un caso de asesinato machista en el entorno intrafamiliar que podría apuntar a la violencia vicaria”, ha informado en un comunicado, en el que indica que ponen a disposición del entorno de la mejor los recursos y servicios de la administración para los casos de violencia machista.

Emakunde ha recordado “la dureza y el carácter estructural de la violencia machista, así como su capacidad de extenderse, transmitirse y adaptarse a distintos tipos de relaciones”. “Este no es un hecho aislado, sino ante una consecuencia más de la desigualdad de mujeres y hombres en la sociedad, cuya expresión más extrema es el de la violencia machista contra las mujeres”, han señalado para después recordar que es “necesario seguir trabajando para que las políticas de igualdad tengan incidencia en todas las políticas públicas y en todos los ámbitos”, además han animado a “toda la ciudadanía a que muestre su repulsa porque la implicación de todas las personas es imprescindible para lograr una sociedad libre de violencia contra las mujeres”.

En la falda del monte Naranco se sitúa el pueblo de Toleo, a menos de dos kilómetros de la capital asturiana, entre Fitoria y Cuyences, donde están empadronados 155 residentes. El boom urbanístico de finales de los 90 del siglo pasado dejó su impronta con la construcción de viviendas unifamiliares. En uno de estos chalés se censó, a través de una agencia inmobiliaria, el alemán Christian S., de 53 años, quien en 2021 eligió esta tranquila zona rural ovetense como el lugar perfecto para instalarse con su familia.

En este chalé de color rosa había vivido anteriormente el exfutbolista Susaeta cuando se trasladó al Principado tras fichar en 2013 por el equipo de fútbol del Real Oviedo. Posteriormente en esa misma casa vivió un matrimonio con niños y sus últimos ocupantes eran una pareja a la que los vecinos habían visto en varias ocasiones paseando a sus galgos.

Desde que estos últimos inquilinos habían abandonado la vivienda, apenas se había visto movimiento de puertas para afuera. Los vecinos más cercanos jamás sospecharon que en su interior pasaran día y noche una familia completa durante cuatro años.

Ni salían al patio, ni a la calle

Un aislamiento voluntario del matrimonio y forzado para los menores que se rompió gracias a una vecina, Silvia, que estaba segura de que había escuchado “voces de niños” y había visto el movimiento de cortinas en una ventana coincidiendo con el momento en que el padre recogía los pedidos de comida o la correspondencia.

Sin embargo, los menores no salían a la calle, ni al patio, ni al jardín, ni estaban siquiera escolarizados.

Silvia contactó con el Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo. Su alerta activó toda la maquinaria policial y judicial.

La Concejalía de Seguridad Ciudadana puso el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la letrada del menor. La Policía Local vigiló la vivienda durante 14 días y el día 28 se llevó a cabo la detención del matrimonio y la liberación de los menores.

Operativo policial el día del 'gran apagón'

Ese día, coincidiendo con la jornada del gran apagón que dejó al país a oscuras, los agentes de la Policía Local afrontaban el caso más complejo que ha registrado en la capital asturiana entre la sorpresa, la incredulidad, la perplejidad y el desconcierto de los vecinos.

Pese a los numerosos intentos de este periódico para contactar con Silvia ha resultado imposible. Una atención mediática que ha llenado la localidad de turistas, curiosos y periodistas.

La expectación en Alemania

Hasta el pueblo se han desplazado periodistas de varios medios nacionales e incluso extranjeros, como los enviados especiales del diario alemán Bild que han reconocido que esta noticia ha acaparado numerosos titulares en su país, donde se está siguiendo con mucha atención.

Los residentes en Toleo tampoco salen de su asombro por las particularidades de esta situación y muestran abiertamente su estupefacción según van descubriendo los detalles de este escabroso caso.

“Creíamos que no vivía nadie”

Todos los vecinos con los que elDiario.es Asturias ha podido hablar desde que el pasado lunes, 28 de abril, se conoció el sufrimiento de los menores han lamentado no haber podido ayudar antes a los niños.

Marino Guardado vive desde hace 23 años en Toleo. Su domicilio está ubicado a escasos metros de la vivienda rosa, a la que el propio comisario principal de la Policía Local, Francisco Javier Lozano, ha definido como “la casa de los horrores” por la imagen que describieron los agentes de habitaciones con restos de pañales usados, con muchísimos medicamentos comprados on line y mucha basura.

“Es un escándalo esta noticia. En estos cuatro años que llevaba alquilada la casa a este matrimonio alemán con tres hijos jamás vi a nadie, ni a un señor, ni a una señora, ni a los niños, ni a un perro, ni a un gato. Para mí no había nadie y, por lo tanto, no había ninguna actividad”, explica asombrado.

“Una prueba era que el jardín que está justo delante de casa tiene la hierba muy alta –comenta– y si hubiera un perro o una persona que pasara dejaría una huella o un rastro y ahí no hay nada. No sé si lo segarían o cómo harían, pero en principio demuestra que no hay absolutamente nada”.

“No nos enteramos en estos cuatro años”

Admite que les causó “estupor y un coraje tremendo por no enterarnos de nada pese a vivir aquí al lado para poder hacer algo por estos niños inocentes, pero así es la vida y así es la historia”, dice con resignación.

Marino no puede describir cómo era el matrimonio, ni qué vida hacían junto a los niños, porque nunca les vio ni oyó nada: “No tengo ni idea de cómo es el matrimonio, porque jamás los vi, nunca”, recalca.

La misma sensación de impotencia por no haber podido ayudar a la familia es la que tienen las monjas de clausura del convento de Las Carmelitas Descalzas, que lleva desde 1980 en Toleo y que está ubicado a escasos metros del chalé rosa.

“Pensábamos que estaba vacío, porque el jardín no estaba cuidado, no había ninguna señal de vida en el interior. En ese chalé había vivido antes un matrimonio con niños y más tarde una pareja que tenía galgos, pero desde que estos últimos se fueron creíamos que ya no había nadie viviendo ahí”, explica la hermana Teresa.

El único contacto que las monjas de clausura tienen con el exterior es a través de la ventana por la que venden sus pastas, bizcochos o tartas y ninguno de los residentes que acude a comprar les comentó que estuviera una familia residiendo en la vivienda.

“Quedamos más que sorprendidas al conocer que hay gente sufriendo al lado tuyo y no lo has sabido”, se lamenta.

“Nunca vimos a la mujer, ni a los niños”

El cartero Julio Luque es de las pocas personas que han llegado a tener contacto con el padre. Él acudía regularmente a la vivienda desde hace tres años y pensó siempre que Christian S. era el único residente. Jamás vio a la mujer, ni a los niños.

“El alemán siempre estaba en casa y me abría la puerta con la mascarilla puesta. Me atendía él y jamás creí que podía haber más personas dentro. Nunca se oía ruido”, sostiene.

El matrimonio permanece ingresado en el centro penitenciario de Asturias desde el pasado miércoles por orden de la magistrada María Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo.

Los padres, en prisión

La madre fue trasladada a la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel y el padre permanece internado en el módulo de ingresos. El equipo de tratamiento de la prisión decidirá, tras una primera evaluación, su clasificación como recluso.

Ambos están acusados de los delitos de violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en un delito de detención ilegal, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

El miedo al contagio

Christian S., doctor en Filosofía, teletrabajaba actualmente en Oviedo como asesor de Recursos Humanos, lo que facilitaba que pudieran pagar el alquiler del chalé y pudiera pasar horas y horas encerrado en la vivienda, sin contacto con el exterior.

El miedo del matrimonio a contagiarse tras la pandemia les llevó a encerrarse en la vivienda, aunque con ello arrastraron a los menores a un aislamiento en todos los ámbitos. Un comportamiento, que se evidencia por su obsesión al tener puestas hasta tres mascarillas al tiempo todos los integrantes de la familia, que contrastaba con la suciedad de la vivienda y las condiciones insalubres en las que han permanecido durante cuatro años.

Entre tanto, el Principado –que asumió provisionalmente el acogimiento temporal en un centro de los menores– y los investigadores tratan de localizar a familiares del matrimonio.

Entre otras gestiones, quieren analizar la posibilidad de que los niños no pierdan el arraigo familiar y estudiar si hay condiciones suficientes para hacerse cargo de ellos.

La localización de familiares del matrimonio detenido el pasado lunes en Oviedo acusado de mantener retenidos desde 2021 a sus tres hijos -dos gemelos de ocho años y un niño de diez- sin salir a la calle y sin escolarizar es ahora uno de los objetivos de cara a que los menores no pierdan arraigo familiar.

La separación de sus padres puede ser un trauma añadido a las posibles secuelas que pueda haberles acarreado el aislamiento y las condiciones de insalubridad en las que han vivido estos cuatro años.

Una familia autoconfinada en la casa

La familia se había autoconfinado en una vivienda alquilada en el pueblo de Toleo, en Fitoria, a las faldas del monte Naranco, en la zona rural ovetense y no mantenía contacto alguno con el exterior.

El propio comisario principal de la Policía Local, Francisco Javier Lozano, llegó a denominar el chalé donde la familia residía como la “casa de los horrores” por la escena que encontraron al ir a identificarlos: rodeados de basura y conviviendo con animales enfermos.

Los delitos imputados

Los padres, el alemán C.S., de 53 años, y su mujer M.A.S., de 48 y con doble nacionalidad estadounidense y alemana, han pasado su segunda noche en el Centro Penitenciario de Asturias, adonde fueron trasladados el pasado miércoles por orden de la magistrada María Begoña Fernández, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la capital asturiana.

Las diligencias se han abierto inicialmente por su presunta autoría en delitos de violencia doméstica, con maltrato habitual psicológico y abandono de menores, pudiendo haber incurrido también en un delito de detención ilegal, según ha confirmado un portavoz del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA).

Además, el juzgado ha acordado la suspensión de la patria potestad y de la guardia custodia de los menores, que atribuye al Principado. Cobra especial relevancia la localización de familiares por si pueden aportar detalles relevantes para la investigación e incluso si están en condiciones de hacerse cargo de los niños.

El ingreso en prisión

Fuentes penitenciarias han confirmado que la madre ha quedado ingresada en la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) de la cárcel asturiana, mientras que su marido permanece internado en el módulo de ingresos a la espera de que sea evaluado.

Ambos progenitores accedieron a la prisión portando mascarillas, un detalle que no ha pasado desapercibido para los investigadores ya que en el momento en que los agentes de la Policía Local accedieron al chalé donde residían, todos los integrantes de la familia portaban triple cubrebocas.

La obsesión por las mascarillas

Desde un principio se analiza si tenían algún miedo a contagios, tras la pandemia, que explique esa obsesión por no tener contacto con el mundo exterior. Sin embargo, contrasta esa fijación por las mascarillas y al mismo tiempo no extremar las condiciones higiénico-sanitarias y vivir rodeados de basura.

Solo el padre, un profesor de Filosofía que teletrabajaba en Oviedo como asesor de Recursos Humanos, había sido visto por los vecinos de las casas más cercanas cuando salía unos minutos a recoger los pedidos de comida que encargaba por internet o la correspondencia a la puerta del chalé que había alquilado en octubre de 2021 y donde solo él estaba empadronado. Durante estos cuatro años no se había visto al resto de los miembros de la familia.

El caso se destapó a raíz de que una de sus vecinas, Silvia, contactara con el Servicio de Familia e Infancia del Ayuntamiento de Oviedo y comunicara que a veces “escuchaba voces de niños”.

También había visto en alguna ocasión movimientos de cortina en la ventana cuando el padre salía a recoger los pedidos, lo que evidenciaba que había más personas en el interior del domicilio.

Vigilancias durante 14 días

La Policía Local realizó vigilancias discretas a partir del 14 de abril. El pasado lunes, 28 de abril, decidieron intervenir y tras poner el caso en conocimiento de la Fiscalía de Menores y la letrada del menor se acordó la identificación de los inquilinos.

El padre autorizó la entrada pero puso como única condición para permitir el acceso que los agentes se pusieran mascarillas. En ese momento, vieron a la madre y a los menores, así como las condiciones de insalubridad en las que vivían con mucha basura, acumulación de medicamentos y entre excrementos. Los menores seguían usando pañal y dormían los gemelos en cunas y el niño de diez años en una cama pequeña.

La madre adujo que los niños tenían “graves patologías”

La madre justificó la ingente cantidad de medicamentos que tenían acumulados y que habían adquirido on line en que los menores padecían “graves patologías”.

El matrimonio fue detenido y los menores liberados. Su primera reacción, nada más salir al exterior, fue “respirar profundamente” e incluso uno de ellos se sorprendió “al tocar la hierba del jardín, como si fuera la primera vez que lo hacía”, según señalaron los responsables del operativo policial.

En una multitudinaria rueda de prensa, los mandos policiales manifestaron que desde un principio apreciaron “la existencia de indicios de criminalidad”.

Los menores se encuentran actualmente acogidos provisionalmente en un centro del Principado. Los tres se encuentran “bien”, según han confirmado desde la administración regional.

Estamos en un proceso de valoración inicial en el ámbito físico, psicológico, social y relacional y hay que ver las posibles secuelas que pudiera haber por la situación que han vivido los menores

Marta del Arco — Consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias

Las posibles secuelas

La consejera de Derechos Sociales y Bienestar del Principado de Asturias, Marta del Arco, ha asegurado que su departamento estudia ya las posibles secuelas que hayan podido sufrir los tres menores.

“Es muy pronto, estamos en un proceso de valoración inicial en el ámbito físico, psicológico, social y relacional y hay que ver las posibles secuelas que pudiera haber por la situación que han vivido”, ha afirmado.

La Dirección General de Infancia y Familias asumió en el ámbito de sus competencias de protección de menores la custodia de los tres menores a instancias de la Fiscalía de Menores del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias.

La valoración de los menores

Los niños se encuentran en acogimiento residencial en uno de los centros dependientes del Principado, donde se les está garantizando su mayor bienestar, ratificó la consejera.

“Es muy pronto para valorar realmente”, ha afirmado Del Arco, que ha apostado por dar a los niños “ un tiempo para que deambulen” y se encuentren “ubicados” en el centro donde residen para poder empezar a hacer una valoración “más exhaustiva” que “arrojará luz” sobre la situación de “desprotección importante que han vivido”.

El PSOE de Oviedo exige explicaciones

Paralelamente a las actuaciones policiales y judiciales, han aparecido ya las primeras reacciones en el ámbito político municipal, donde el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo ha exigido explicaciones al equipo de gobierno del PP.

La concejala Marisa Ponga ha registrado una solicitud de comparecencia en la Comisión Plenaria de Políticas Sociales y Juventud donde solicita que los responsables de las Concejalías de Políticas Sociales y Seguridad Ciudadana aporten información detallada sobre la actuación del consistorio en el caso de los tres menores localizados en situación de desprotección en una vivienda de Fitoria.

Los interrogantes

Ponga asegura que las condiciones de insalubridad en las que se encontraba la vivienda donde residían los menores ha generado “una gran preocupación entre la ciudadanía ovetense”, y plantea “interrogantes” sobre los mecanismos de prevención, detección e intervención de las distintas administraciones implicadas.

“Desde el Grupo Municipal Socialista consideramos importante conocer el alcance de la intervención municipal: qué actuaciones se llevaron a cabo desde los servicios sociales, cómo se detectó la situación, qué coordinación existió con otros organismos como los cuerpos de seguridad o la administración autonómica, y qué medidas se adoptaron para garantizar la seguridad de los menores una vez se tuvo conocimiento de su situación”, ha señalado.

Prevención de situaciones de riesgo

La concejala puntualiza que con esta solicitud de comparecencia no pretende “señalar responsabilidades”, sino obtener una explicación “completa y rigurosa” de lo sucedido para poder evaluar posibles mejoras en el funcionamiento de los dispositivos de atención a la infancia y prevención de situaciones de riesgo.

Ponga ha insistido en la necesidad de revisar de forma continua los protocolos de detección y actuación ante situaciones de vulnerabilidad infantil para reforzarlos cuando sea necesario, así como de garantizar la coordinación efectiva entre todas las áreas municipales implicadas.

La protección a las personas más vulnerables

Asimismo, considera importante analizar si de este caso se pueden inferir debilidades en el sistema municipal que deban ser corregidas.

“Se trata de proteger a las personas más vulnerables. Conocer lo ocurrido es un primer paso para mejorar las herramientas que tiene la administración local para intervenir de forma temprana y eficaz en casos como este”, ha añadido.

Una chica de 14 años, preocupada, marca en su teléfono el número 116111 de atención a la infancia y la adolescencia de Euskadi. Lo hace porque cree que una amiga suya se autolesiona. Detrás del teléfono, está el servicio 'Zeuk Esan' compuesto por profesionales de la psicología y la educación, y ofrece información, orientación y asesoramiento a quienes llaman con un problema o duda acerca de un suceso relacionado con menores de edad. Otra chica, de 16 años, llama porque acaba de romper la relación con su novio, una relación en la que cuenta que ha sufrido maltrato psicológico por parte del chico. También para hablar sobre malos tratos llama una persona adulta, para alertar preocupada de que su vecina del piso de arriba trataba mal a su hija de 3 años. En otro de los casos, un niño de 13 años llama porque se siente triste y desplazado, lleva dos meses teniendo problemas para relacionarse con su cuadrilla. Este último es uno de los casos más comunes de jóvenes que han llamado al servicio en 2024.

En total, a lo largo de 2024, 'Zeuk Esan' recibió 2.197 consultas (572 más que el año anterior) y 1.345 personas (97 más que el año anterior) contactaron con el servicio. Se trata del mayor número de contactos en los últimos 12 años, siendo los meses de mayo y junio los que más contactos y consultas han generado. De las 2.197 consultas 1.290 fueron realizadas por personas menores y 907 por personas adultas. De las personas menores que han llamado a 'Zeuk Esan' el 62% tiene entre 16 y 17 años, el 30% entre 12 y 15 años y un 8% es menor de 12 años. Además, según el último informe del programa, presentado este martes en Bilbao, ha aumentado relativamente el número de menores de 12 años que han utilizado el servicio pasando de ser 17 niños en 2023 a 68 niños en 2024.

El 39% de las consultas realizadas por menores de edad fueron por malestar psicológico (ansiedad, depresión, necesidad de hablar, tristeza…). El 14% de las consultas fueron motivadas por acoso entre iguales (insultos, violencia física, aislamiento). Además, 145 consultas tenían su origen en las relaciones familiares (poco amor por parte de los/as progenitores, falta de comunicación, procesos de separación…). En menor porcentaje aparecen motivaciones como dudas o preocupaciones sobre la sexualidad (81 casos) o denuncias de violencia de género (12 casos). “La violencia contra menores y adolescentes es una violencia contra los derechos humanos. Es un ataque directo a uno de los colectivos más desprotegidos de nuestra sociedad: los niños y las niñas. Este tipo de violencia además erosiona, mitiga y rompe proyectos de vida de personas inocentes” ha subrayado la consejera de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, durante la presentación del informe.

Una de las cuestiones por las que los menores más llaman al teléfono es la necesidad que tienen de hablar y la falta de personas con las que hacerlo. “No tienen a nadie o tienen a pocas personas en su entorno cercano con las que compartir esas cuestiones. Eso supone la derivación a un servicio presencial, porque son chavales que necesitan un sostén, un apoyo emocional y una empatía. Necesitan a alguien que sepa poner en palabras lo que les pasa y con eso les vale”, ha explicado Kepa Torrealdea, psicólogo y coordinador de 'Zeuk Esan'.

Torrealdea ha detallado que tras las llamadas el primer paso de los profesionales es “calmar la ansiedad” del niño o del padre o madre preocupados. A partir de ahí se les deriva al servicio que necesiten. “Nos encontramos temas como enfados en entornos familiares, temas que salen de la puerta de casa y tienen que ver con la forma que tienen de relacionarse. Es un gabinete de atención psicopedagógica, pero telefónica, la ventaja que tiene es que no hace falta ninguna cita previa, estamos abiertos las 24 horas del día y es anónimo. Es anónimo porque el anonimato da cierta tranquilidad al menor que llama a la hora de contar su relato”, ha reconocido Torrealdea, quien ha preferido no entrar en detalles concretos de casos debido a que, a pesar de no dar los nombres, las personas que han llamado pueden reconocerse en los relatos.

Sobre la forma en la que los menores deciden contactar con el servicio, Melgosa ha aclarado que la mayoría, el 95%, que contacta con 'Zeuk Esan' lo hace por llamada telefónica. Sin embargo, en 2024 por primera vez 22 menores han contactado con el servicio mediante la red social Instagram. En cuanto a los adultos, el 90% llama por teléfono y el 10% restante contacta por correo electrónico. “El incremento en el número de llamadas y contactos percibido en el servicio telefónico durante el pasado año es en gran parte porque 'Zeuk Esan' es cada vez más conocido y además desde hace un año opera las 24 horas y los 365 días. Los niños y las niñas, como dice la Ley de Infancia de Euskadi aprobada en 2024, son sujetos activos de derechos y descolgar un teléfono para recibir una atención necesaria es la constancia de todo ello” ha concluido la consejera sobre el servicio que cumple ya 15 años.

La Policía Local de Langreo ha detenido en La Felguera a un hombre por golpear en la cabeza a su pareja y tirar toda su ropa en el portal de su vivienda. Los hechos ocurrieron sobre las 8:00 horas de ayer, lunes, cuando una patrulla prestaba servicio de vigilancia en la calle Avenida de La Reguera, ha informado este martes el Ayuntamiento.

Los agentes fueron requeridos por una joven que estaba llorando y con un ataque de ansiedad, y que manifestó que había tenido una discusión con su pareja en el domicilio de éste, y le había golpeado en la cabeza varias veces para posteriormente tirar toda su ropa por el portal.

Los agentes acompañaron a la joven hasta el inmueble, donde localizaron al varón cuando salía del portal. El hombre fue detenido tras reconocer que lo relatado por la joven era cierto, mientras que la víctima fue trasladada a un centro de salud para ser atendida de las lesiones sufridas.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Soria, en funciones de guardia, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido por la muerte violenta de su madre.

Al hombre se le investiga por los delitos de homicidio y malos tratos habituales en el ámbito de la violencia doméstica. El Juzgado número 4 se inhibirá en favor del 3 de Soria, competente para instruir la causa por la fecha en que ocurrieron los hechos investigados.

El hallazgo del cadáver se produjo en la madrugada del lunes, 17 de marzo, cuando el Servicio de Emergencias 1-1-2 requirió a la Policía Nacional para acudidir a un domicilio de Soria.

En la vivienda se encontró el cadáver y en el lugar estaba el hijo de la víctima. Dadas las circunstancias del hallazgo del cuerpo y en base a la primera inspección ocular del cadáver, la Policía Nacional detuvo al individuo como presunto autor de la muerte violenta de su madre, informa Europa Press.

La Policía cree que el parricida pudo estrangular a su madre

La Policía Nacional cree que el hombre de 35 años pudo haberla estrangulado aunque hay que esperar al resultado de la autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte.

Fuentes cercanas a la investigación han explicado a la Agencia EFE que fue el propio hijo el que llamó a los servicios de Emergencias del 1-1-2 a las 5:30 horas de la madrugada del lunes solicitando asistencia médica para su madre.

Cuando llegaron los sanitarios al domicilio en el que vivían la mujer y su hijo en la calle Obispo Agustín de Soria, situada en pleno Casco Viejo de la capital y enfrente del cuartel de la Policía Local, intentaron reanimar a la mujer sin éxito.

Además, los agentes comprobaron que el hijo, que es el único detenido, se comportaba de manera extraña como si estuviera bajo el efecto de algún tipo de sustancia y apenas se le entendía.

Dadas las circunstancias del hallazgo del cuerpo y según la primera inspección ocular del cadáver, la Policía Nacional detuvo al hijo como supuesto autor de la muerte violenta de su madre a la espera de que la autopsia revele las causas de la muerte.

La fiscal superior de Asturias, María Eugenia Prendes, va poco a poco completando el nuevo organigrama de la Fiscalía asturiana desde que el pasado mes de julio accedió al cargo en sustitución de María Esther Fernández.

A los nombramientos de Alfonso Morán y Fernando Laserna, como nuevos fiscales delegados contra los delitos de odio y discriminación y de Personas con Discapacidad y Mayores, respectivamente, se ha sumado ahora la fiscal Aránzazu Fernández Gutiérrez, que será la nueva responsable del área de Violencia sobre la Mujer de Asturias.

Su primer acto institucional

La fiscal Aránzazu Fernández sustituye precisamente a María Eugenia Prendes, en este cargo, ya que hasta que accedió a la jefatura de la Fiscalía era la encargada de los procedimientos de Violencia de Género y Doméstica del Principado.

Además, la fiscal delegada de Violencia sobre la Mujer se estrenará en su primer acto institucional mañana, viernes, cuando acuda acompañada de la fiscal superior al encuentro organizado por el Gobierno asturiano en Avilés con motivo del Día Internacional de la Mujer.

De Ibiza a Asturias

Su nombramiento ha sido anunciado este jueves por la Fiscalía asturiana que ha recalcado que aunque es efectivo, aún queda el trámite de su publicación en el Boletín Oficial del Estaedo (BOE).

La fiscal delegada contaba con el aval de María Eugenia Prendes, que propuso su nombre al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, quien ha dado su visto bueno al considerar que era la persona idónea para ocupar la plaza, dada su formación y especialización en la materia.

Aránzazu Fernández (Oviedo, 1971) ingresó en la carrera fiscal en 1998 y su primer destino fue Ibiza, donde permaneció hasta septiembre de 2005, año en el que entró a formar parte de la Fiscalía del Principado de Asturias.

Especialista en las causas de violencia sobre la mujer

Una vez en Asturias, trabajó primero en las secciones territoriales de Langreo y Avilés, y más tarde se incorporó a la sede de la Fiscalía en Oviedo. En la capital asturiana lleva ejerciendo desde el año 2011.

Desde sus inicios en la carrera fiscal está en estrecho contacto con la especialidad de violencia sobre la mujer, tanto en el despacho de asuntos en el ejercicio ordinario de su cargo como en su labor en los servicios de guardia, según ha confirmado la Fiscalía asturiana.

Coordinará la recién creada Sección de Violencia de Género de la Fiscalía de Asturias, una de las principales apuestas de la fiscal superior, María Eugenia Prendes. Está integrada por cuatro fiscales y se encarga, junto con los procedimientos específicos de violencia de género y doméstica, de las agresiones sexuales a mujeres cometidas dentro o fuera de la pareja

Coordinadora de la Sección de Violencia de Género

Licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, Aránzazu Fernández estudió un año en la Universidad de Toulouse (Francia) y, entre su formación dentro y fuera de España destacan distintos cursos sobre derechos humanos en Estrasburgo o Eslovaquia, derecho comunitario en Toulouse y Gales, jurisdicción civil en Roma y Tesalónica (Grecia) o su asistencia a las últimas jornadas de especialistas en violencia de género de la Fiscalía General del Estado, celebradas en Salamanca en octubre de 2024.

Al asumir la delegación de la especialidad, Aránzazu Fernández coordinará la recién creada Sección de Violencia de Género de la Fiscalía de Asturias, una de las principales apuestas de la nueva fiscal superior tras su nombramiento.

La Sección, ya a pleno rendimiento, está integrada por cuatro fiscales y se encarga, junto con los procedimientos específicos de violencia de género y doméstica, de las agresiones sexuales a mujeres cometidas dentro o fuera de la pareja.

La fundación de “hombres maltratados” que avaló Vox cuando formaba parte del Gobierno valenciano cesa parte de su actividad por falta de financiación. La entidad, cuya inscripción en el registro oficial fue permitida por la entonces consellera de Justicia Elisa Núñez, provocó un terremoto político en el Parlamento valenciano por sus planteamientos sobre la violencia de género, que llevaron a la Consellera de Igualdad a afirmar que no se les financiaría con dinero público.

Este es, según su página web, el motivo que les lleva a suspender una parte de sus servicios: la falta de fondos. “La Fundación para la defensa de los hombres maltratados por falta de financiación pública y privada ha dejado de ofrecer sus servicios de consulta jurídica y psicológica”, apunta la entidad en su web. Con todo, su responsable indica que siguen activos, aunque rechaza indicar a este medio cuáles son sus otras actividades.

La asociación se promociona como un espacio para la asistencia y apoyo a hombres acusados de violencia machista ante “denuncias falsas” y a varones “víctimas de violencia doméstica” y, según indica en su web, ha asistido a 820 hombres en ocho meses, desde que la exconsellera de Justicia de ultraderecha autorizase su inscripción. El revuelo causado provocó que el PP marcara distancias con sus exsocios de gobierno y después de una reunión con colectivos feministas, la vicepresidenta Susana Camarero aseguró que las ayudas públicas solo irían a entidades de mujeres.

“Tras el anuncio de la Consellera de Igualdad de Valencia, desde FundaHOM nos preguntamos porqué aún en la Comunidad Valenciana no se puede ayudar a los hombres maltratados, cuando en otros países europeos, como Dinamarca, están superando esa etapa de excluir a los hombres maltratados y tratarnos en igualdad a las mujeres maltratadas. Seguiremos luchando por la igualdad real”, afirma la entidad en una nota en su portal web, acompañada de un titular sobre el posicionamiento de Camarero.

La oposición parlamentaria, formada por PSPV y Compromís, denunció que la inscripción como fundación permitiría a los donantes desgravarse una parte en el IRPF. Al respecto, la coalición Compromís ha reclamado ahora el listado de documentación depositada en el registro por el que se permitió inscribirse a esta entidad como fundación, así como el número de personas que se han desgravado alguna donación, tanto al Gobierno central como al autonómico. “Queremos saber cuánto dinero público se pueden haber invertido en los servicios aberrantes de esta pseudofundación, que ha resultado ser un chiringuito muy peligroso y que pretende convertir en víctimas los agresores machistas . Queremos esclarecer qué está haciendo esta 'paraeta', con el consentimiento, sin ninguna objeción, de la vicepresidenta Susana Camarero”, denuncia la diputada Verònica Ruiz.

La entidad mantiene activa su web y sus perfiles en redes sociales, donde difunden noticias con comentarios sobre la violencia hacia los hombres. “Protegemos a hombres víctimas de malos tratos por parte de sus parejas o exparejas (mujeres)”, dice la descripción en su perfil de X -antiguo Twitter-, donde se describen como una entidad sin ánimo de lucro. La fundación presentó una denuncia contra la diputada socialista Rosa Peris y el portavoz del PSPV, José Muñoz, por vulnerar su derecho al honor por decir que la Generalitat “abre la puerta a los hombres maltratadores” y que “ser maltratador desgrava”.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a cinco años de cárcel a un vecino de A Estrada que en 2023 intentó matar a la que era su pareja, con la que mantenía una relación desde hacía al menos 12 años. El tribunal lo ha considerado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa en concurso medial con un delito de incendio sin peligro para la vida o integridad física de las personas, concurriendo la circunstancia agravante de parentesco y la atenuante de embriaguez. Además de la pena de prisión, los magistrados de la sección cuarta le han impuesto la prohibición de aproximarse a su excompañera sentimental, al lugar en el que resida, lugar de trabajo o cualquier otro lugar frecuentado por ella en un radio no inferior a 500 metros, así como la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio durante seis años. El procesado deberá indemnizar a la víctima con 3.200 euros.

En la sentencia, los jueces entienden probado que, durante la madrugada del 23 de septiembre de 2023, el acusado, tras la ingesta de bebidas alcohólicas y movido por el propósito de acabar con la vida de su compañera sentimental, subió al dormitorio ubicado en la planta superior de la vivienda, donde se encontraba la víctima, provisto de una garrafa con gasolina y empezó a insultarla y a proferir expresiones como “vamos a morir, te voy a quemar la casa” o “vamos a morir juntos, ya te avisé hace mucho tiempo”. La Sala relata que, cuando la mujer, alertada por el olor a gasolina, abrió la puerta de su habitación, vio al acusado cerca, con la garrafa, vertiendo su contenido especialmente en el sofá próximo a la puerta de la habitación, mientras decía que iban “a morir quemados”.

Los magistrados señalan que la víctima, tras valorar saltar por la ventana de su habitación, “escapó corriendo, bajando las escaleras, mientras el acusado la seguía echando la poca gasolina que le quedaba”. Finalmente, salió al exterior de la vivienda y él quedó de pie, llamándola con expresiones como “estoy diciendo que vengas, que vamos a morir”, prendiendo fuego en la zona de entrada de la casa. En ese momento, tal y como consta en el relato de hechos probados de la resolución, se inició un incendio, que motivó que la mujer, por temor a que su compañero sentimental muriese quemado, volviese a entrar para ayudarle, “momento en que el procesado, siendo consciente del riesgo letal que ello entrañaba y aceptándolo, quiso retenerla, agarrándola con la mano”. La víctima, finalmente, consiguió zafarse, instante en el que su pareja le propinó un golpe con el puño de la mano derecha en la zona de la mejilla izquierda, no logrando evitar, pese a ello, que pudiese abandonar definitivamente la vivienda.

El foco de incendio de la escalera se autoextinguió por sí mismo a raíz de derivar de una escasa cantidad de combustible vertido en ese concreto punto. La Sala indica que, en el momento de la comisión de los hechos, el procesado tenía sus facultades volitivas levemente mermadas a consecuencia de una previa ingesta de bebidas alcohólicas relacionada con un grave problema de adicción a su consumo. Los jueces, tras confrontar las distintas declaraciones de testigos y peritos, aseguran que llegaron “a la plena convicción de que el testimonio de la víctima es realmente espontáneo y acorde con la realidad”.

Además, consideran que concurre dolo homicida en el encausado, pues destaca que “no puede negarse el conocimiento del riesgo innegable, cierto y concreto de que se produjera un incendio y de ocasionar resultados letales, tanto para ella como para él”. Los magistrados destacan que, “para perpetrar y llevar a término su propósito homicida”, el acusado “ejecutó una acción de previo esparcimiento de la gasolina a la que, posteriormente, llegó a prenderle fuego con la intencionalidad evidente de provocar un incendio de resultado mortal, si bien las circunstancias concurrentes permiten excluir el peligro para la vida o integridad física de las personas”. La sentencia no es firme, pues contra ella cabe presentar recurso de apelación ante el TSXG.

El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha detectado desde el pasado 1 de marzo, con confirmación diagnóstica, 820 casos de violencia contra las mujeres en la comunidad foral mediante su estrategia de detección temprana que incluye un cribado a mujeres de 15 años o más atendidas en centros sanitarios públicos. En los últimos cinco años la media anual se situó en 680 casos. Los datos se han dado a conocer como motivo de la celebración el 25 de noviembre del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Esta tendencia ascendente, explica Montse de la Fuente Hurtado, coordinadora Sociosanitaria del Departamento de Salud y representante en el IIII Acuerdo Interinstitucional para la coordinación de las actuaciones ante la violencia contra las mujeres en Navarra, “puede ser atribuida al impacto de la implementación de la Estrategia de Detección Temprana en el Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea el pasado 1 de marzo y también a los esfuerzos de formación y sensibilización de sus profesionales”.

La Estrategia incluye la aplicación del cribado oportunista a mujeres de 15 años o más atendidas en centros de salud y Red de Salud Mental, en consultas de seguimiento por embarazo en CASSYR y en las consultas de Embarazo de Alto Riesgo (CARO). La detección temprana consiste en realizar unas sencillas preguntas a toda mujer mayor o igual de 15 años que sea atendida en estos centros sanitarios por cualquier motivo de salud y que se repiten con una periodicidad de 2 años ya que todas las mujeres acuden a los servicios sanitarios en un momento u otro de su vida. Los servicios sanitarios son, en muchas ocasiones, los primeros que atienden a las mujeres en situación de violencia e igualmente están implicados en la atención de estas personas y sus familias.

2.351 profesionales con formación y jornada del 25N

Además de la Estrategia de Detección Temprana, el Grupo Técnico de Trabajo para la Atención Integrada a Mujeres Víctimas de Violencia y a sus hijas e hijos del Servicio Navarro de Salud- Osasunbidea, creado en noviembre de 2023, formó el año pasado a 199 profesionales de Medicina, Enfermería, Matronas, Educación Sexual, Psicología Clínica y Trabajo Social. Posteriormente, en febrero de 2024, estos mismos profesionales habrían formado a su vez en sus equipos a un total de 2.351 profesionales: 1.769 de Atención Primaria, 440 de Salud Mental y 142 profesionales de CASSYR y CARO.

Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Servicio Navarro de Salud –Osasunbidea ha organizado una jornada, que tendrá lugar el 25 de noviembre, dirigida a sus profesionales, en el salón de actos B del Hospital Universitario de Navarra. El objetivo de esta jornada de sensibilización es aumentar la detección e intervención precoz sobre estas situaciones, ofreciendo un abordaje integral y continuado a lo largo de todo el proceso, tratando de mejorar la salud y calidad de vida de las mujeres y su entorno familiar.