La Junta de Castilla y León evita aclarar si cambiará violencia de género por doméstica en las ayudas al alquiler social como en Valladolid

El portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, ha defendido este jueves el acuerdo de Gobierno de PP y Vox como forma de evitar posicionarse sobre la decisión del Ayuntamiento de Valladolid de sustituir la referencia a las víctimas de violencia de género por la de violencia doméstica en los criterios de acceso a la vivienda pública en Valladolid.

Carriedo ha marcado distancias con la decisión del Ayuntamiento, a pesar de estar también gobernado por PP y Vox, al recordar que se trata de una competencia municipal y que la Junta no entra a valorar las actuaciones de otras administraciones dentro de su ámbito de competencias. El portavoz del Ejecutivo autonómico respondía así a la ministra de Igualdad, Ana Redondo, quien ha acusado a los 'populares' de actuar con “deslealtad” y de desmantelar políticas de igualdad en las instituciones donde gobierna junto a la extrema derecha.

El portavoz autonómico ha reivindicado el pacto que sustenta el Gobierno de Castilla y León como guion a seguir en la toma de decisiones. “Nos sentimos muy de acuerdo con el acuerdo”, ha señalado en referencia al documento firmado por PP y Vox, que ha definido como un texto “muy detallado, concreto y preciso”, con medidas y calendario de cumplimiento.

“Es el que vamos a cumplir”, ha insistido Carriedo al ser preguntado por si van a introducir este tipo de cambios en las próximas convocatorias de ayudas. El portavoz ha defendido su pacto con Vox y ha señalado que el acuerdo cuenta con el respaldo de los ciudadanos y de las Cortes de Castilla y León.

Sin embargo, el pacto autonómico no recoge una modificación como la del Ayuntamiento de Valladolid. El acuerdo sí se menciona expresamente a las “víctimas de violencia contra la mujer” entre los colectivos a los que se aplicarán determinadas medidas fiscales relacionadas con la vivienda, como la rebaja de tipos del impuesto de transmisiones patrimoniales para la adquisición de la primera vivienda habitual.

En el apartado 15, dedicado específicamente a vivienda, el pacto contempla un incremento de la inversión, nuevas políticas dirigidas a jóvenes, ampliación de las ayudas al alquiler y otras medidas para facilitar el acceso a la vivienda. También recoge distintos perfiles considerados especialmente expuestos a la crisis habitacional, pero no establece ningún cambio para sustituir el concepto de violencia de género por el de violencia doméstica.

“Se valorará positivamente, a su vez, a efectos de criterios de baremación, todos aquellos perfiles más expuestos a la actual crisis de vivienda: jóvenes menores de 36 años, nuevos núcleos familiares, familias numerosas, unidades de convivencia con dependientes a cargo, personas con discapacidad, personas sin solución habitacional, unidades de convivencia en situación de hacinamiento, etc”. Por tanto, salvo que ese “etcétera” recoja el cambio, no hay una indicación clara en el texto para cambiar el criterio.

El cambio en Valladolid: la violencia de género se diluye en violencia doméstica

El cambio de criterio en Valladolid fue aprobado por el consejo de administración de la Sociedad Municipal de Suelo y Vivienda (VIVA) el pasado 28 de mayo con los votos de PP y Vox y se recoge en el nuevo protocolo de acceso a las viviendas municipales. El documento sustituye la referencia a las víctimas de violencia de género por la de víctimas de violencia doméstica. En el protocolo anterior, las víctimas de violencia de género recibían 1,5 puntos dentro de los criterios de baremación; con el nuevo sistema, ese criterio deja de aparecer de la misma manera, según adelantó la Cadena Ser.

El PSOE ha defendido que el cambio puede dejar fuera a mujeres víctimas de violencia de género que no conviven con sus agresores, al considerar que ambos conceptos no son equivalentes. Los socialistas han reclamado al alcalde, Jesús Julio Carnero, que dé marcha atrás.

El portavoz municipal socialista, Pedro Herrero, ha calificado el cambio de “extremadamente grave” y ha acusado al equipo de Gobierno de romper el consenso que existía alrededor de estas políticas. El protocolo anterior, según ha recordado, había sido aprobado por unanimidad, mientras que el nuevo solo contó con los votos favorables de PP y Vox.

Herrero también ha pedido al alcalde que aclare si “ha tomado él la decisión” o si el cambio es una obligación de Vox. “le obliga Vox”. El concejal socialitas también ha calificado de “barbaridad” la explicación que dio este miércoles el concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, a la Cadena Ser, “diciendo que la violencia doméstica incluye a la violencia de género”.

El PSOE ha recordado que la violencia de género es aquella que es ejercida “por un hombre contra una mujer con independencia de su estado civil, parentesco o convivencia, y cuando esa violencia constituye una manifestación de discriminación, desigualdad o relaciones de poder”.

Por contra, como ha indicado Herrero, la violencia doméstica, “pone el acento, fundamentalmente, en la relación familiar o de convivencia”. “En definitiva, una mujer víctima de violencia de género no tiene por qué ser víctima de violencia doméstica”, por lo que desde el PSOE creen que la modificación del protocolo “desprotege a las mujeres víctimas de esta lacra social”. “Carnero las está desamparando”, ha aseverado Herrero.

El Grupo Municipal Socialita ha adelantado que va analizar con “con mucho detenimiento” por si la modificación hubiera incurrido en “una ilegalidad” o “irregularidad”. Desde el PSOE entienden que la ley, en su artículo 28, recoge que “en materia de vivienda no es que las mujeres sean un colectivo vulnerable, dice que es un colectivo prioritario porque para una mujer víctima de violencia de género su casa es algo más que una casa”.

Redondo acusa al PP de “deslealtad”

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su “honda preocupación” por el retroceso, a su juicio, de las políticas de igualdad en administraciones gobernadas por PP y Vox. Redondo ha considerado que la desaparición de las víctimas de violencia de género del listado de beneficiarios prioritarios para acceder a un alquiler social supone “un insulto a las víctimas y una falta de lealtad al pacto de Estado”.

Frente a estas acusaciones, Carriedo ha recomendado a Redondo que centre su actuación en aquellas cuestiones que, según ha afirmado, ponen “en riesgo la igualdad” y la protección y seguridad de las mujeres en España.

UGT también reclama recuperar el término

A las críticas socialistas se ha sumado UGT, que ha calificado de “lamentable” la modificación del protocolo municipal y ha reclamado al Ayuntamiento que vuelva a incluir expresamente a las víctimas de violencia de género entre los colectivos prioritarios.

El sindicato ha defendido que la violencia doméstica y la violencia de género no son conceptos equivalentes y considera que el cambio puede afectar a la protección de mujeres que no conviven con sus agresores.