El impulso del Gobierno de Jorge Azcón a la enseñanza concertada continúa en Aragón. Primero fue la concertación del Bachillerato —una medida que provocó una fuerte contestación en la escuela pública— y ahora es el turno de la Formación Profesional. El aumento de titulaciones en centros privados y concertados, especialmente en los grados superiores vinculados al sector audiovisual, preocupa a una parte del profesorado de la red pública. Mientras que en 2023-2024 el 86% de las nuevas implantaciones correspondían a centros públicos, la proporción se reduce al 60% en la planificación para el próximo curso, impulsada por la entrada de nuevos ciclos en centros privados y concertados.

Buena parte de ese incremento de la oferta privada se explica por la futura Ciudad del Cine de Zaragoza. El complejo audiovisual de Distrito 7, cuya gestión formativa ha sido adjudicada al Grupo San Valero durante los próximos 30 años, incorporará siete ciclos audiovisuales concertados con cuotas de alrededor de 60 euros al mes por alumno. Entre ellos figuran Producción de Audiovisuales y Espectáculos, Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, Sonido para Audiovisuales y Espectáculos o Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen.

La medida ha despertado inquietud entre docentes de la red pública, que temen que esta nueva oferta compita directamente con enseñanzas similares ya implantadas en centros de Zaragoza, Huesca, Barbastro o Teruel. “Van a competir por los mismos alumnos”, resume uno de los profesores consultados. Según recuerdan desde la enseñanza pública, Producción de Audiovisuales se imparte en Teruel y Realización en Barbastro, mientras que otros ciclos del ámbito audiovisual también están presentes en centros públicos de Zaragoza y Huesca. “Cuesta mucho encontrar alumnos para algunos de estos estudios. Nos preocupa que una parte de esa matrícula se desplace ahora a la nueva oferta concertada”, explican.

Sin embargo, las críticas no se centran solamente en la competencia entre centros. Los docentes recuerdan que algunos de los ciclos que ahora volverán a ofertarse en Distrito 7 ya formaron parte del catálogo de CPA como enseñanzas privadas. Según explican, Producción de Audiovisuales dejó de impartirse hace alrededor de cinco cursos e Iluminación, Captación y Tratamiento de la Imagen lleva varios años sin conseguir abrir grupo de primero. “Dos ciclos que cerraron por falta de alumnos vuelven ahora convertidos en concertados. Antes costaban alrededor de 400 euros al mes y ahora tendrán cuotas muy reducidas. Es evidente que eso cambia las condiciones de partida”, señalan.

La situación genera especial malestar porque, según denuncian, en los últimos años se han cerrado ciclos en zonas rurales por no alcanzar los mínimos de matrícula exigidos por la Administración. “Hemos visto desaparecer enseñanzas en el medio rural porque no se llegaba a determinados números de alumnos. Por eso sorprende que ahora se concierten ciclos que ya habían demostrado dificultades para captar estudiantes”, apuntan.

La polémica se enmarca dentro del desarrollo de Distrito 7, el gran complejo audiovisual que impulsa el Ayuntamiento de Zaragoza en los antiguos suelos de Giesa. La futura Ciudad del Cine prevé arrancar con alrededor de 400 alumnos y una oferta centrada en perfiles audiovisuales, uno de los sectores por los que más está apostando la Administración autonómica en los últimos años. El Gobierno municipal adjudicó recientemente al Grupo San Valero la gestión del área formativa del proyecto durante los próximos 30 años. La alcaldesa, Natalia Chueca, justificó la adjudicación de la Formación Profesional al Grupo San Valero por tratarse de “una entidad aragonesa de referencia, con casi 30 años de experiencia en formación audiovisual, reconocida por todo el sector y con una capacidad única para ofrecer de manera integral formación profesional, universitaria, especializada y para el empleo en el ámbito audiovisual”.

Varios docentes temen que la concentración de recursos, instalaciones y promoción en torno a este proyecto termine perjudicando a enseñanzas ya implantadas en la red pública. También alertan de una posible competencia por las plazas de prácticas en empresas, un aspecto clave en la Formación Profesional.

Las críticas coinciden además con la decisión del Departamento de Educación de suprimir varios ciclos de FP en centros públicos de Calatayud, Ateca e Illueca. Entre ellos figuran el grado superior de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma del IES Emilio Jimeno, el de Termalismo y Bienestar del IES Leonardo Chabacier, el grado medio de Cocina y Gastronomía del IES Zaurín o el de Atención a Personas en Situación de Dependencia del IES Sierra de la Virgen. La medida ha sido criticada por el PSOE, que considera que supone un nuevo golpe para la oferta educativa en el medio rural: “Golpea directamente al corazón del mundo rural. Es un desastre”, ha dicho el portavoz comarcal de la Comunidad de Calatayud, Ramón Duce.

No es la única polémica que atraviesa esta nueva Ciudad del Cine, la adjudicación de este complejo se hizo de forma directa por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, después de que se declarase desierto el proceso de adjudicación por problemas tecnológicos de la única empresa que concurrió. Esto fue calificado como “chapuza” por parte del PSOE y como “un verdadero fiasco” desde Zaragoza en Común.

El peso de la pública cae en las nuevas implantaciones

En el curso 2023-2024 se identifican 29 nuevas enseñanzas, de las que 25 se implantaron en centros públicos y cuatro en concertados o privados. Un año después, para 2025-2026, la proporción se mantenía similar: 22 de las 27 nuevas enseñanzas correspondían a la red pública. Sin embargo, en la planificación para 2026-2027 la distribución cambia. De las 25 nuevas enseñanzas identificadas, 15 corresponden a centros públicos, tres a centros concertados y siete a centros privados, la mayoría vinculadas al ámbito audiovisual. Este cambio en el modelo ha sido calificado por CCOO como un “desmantelamiento activo y coordinado” de la FP pública. El sindicato sostiene que “la educación pública pasa a ser residual en los niveles clave” y denuncia que el Ejecutivo está favoreciendo a “macrocentros privados de grandes firmas”.

Aun así, en el conjunto de los tres cursos analizados, la red pública sigue concentrando la mayor parte del crecimiento de la oferta. De las 81 nuevas enseñanzas identificadas, 62 se implantaron en centros públicos, 12 en concertados y siete en privados.

Desde Educación defienden que la ampliación de la FP responde a la necesidad de adaptar la formación a los sectores con más demanda laboral y a la creciente demanda de estas enseñanzas. Recuerdan que este curso casi 450 personas se quedaron sin plaza en su primera opción en Zaragoza y no pudieron entrar: “Para evitar que se produzca una situación similar, se decide concertar plazas en ese Distrito 7; desde el Departamento se entiende que no deben quedarse casi medio millar de aragoneses sin poder formarse estando esa posibilidad”, exponen. Añaden que las plazas de FP sostenidas con fondos públicos “no compiten entre sí, sino que se complementan para sumar talento y oportunidades de empleabilidad”.

Sin embargo, los docentes reclaman conocer los criterios que han llevado a autorizar esta nueva oferta audiovisual y si se ha evaluado el posible impacto sobre los ciclos públicos ya existentes. “Nosotros no cuestionamos que haya más formación audiovisual”, concluyen. “La pregunta es por qué se financian nuevas enseñanzas en centros privados cuando ya existen ciclos similares en la red pública y algunos de ellos siguen luchando cada año por mantener la matrícula”.

El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra se ha visto obligado a ampliar el calendario del proceso de admisión para el curso 2026/2027 de alumnado del primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil, niños y niñas de 3 años, tras la aprobación en de la ley de UPN con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu para blindar los conciertos educativos. Así, el nuevo plazo de matrícula será entre los días 4 y 10 de junio. La lista definitiva se publicará el próximo 3 de junio. 

En un comunicado, el Gobierno foral ha afirmado que la aprobación por el Parlamento de Navarra el pasado 14 de mayo de la ley foral de prórroga de unidades concertadas y bajada general de la ratio máxima de alumnado por unidad escolar en centros sostenidos por fondos públicos, impulsada por UPN, votada favorablemente por UPN, PP y Vox y aprobada con la abstención de Geroa Bai y EH Bildu, “ha obligado al Departamento a establecer, en una nueva resolución del director general de Educación, la actualización de las admisiones del alumnado de 3 años a la nueva oferta de vacantes para conseguir así una correcta organización y despliegue del correspondiente proceso de admisión del alumnado”.

“La medida adoptada es esencial para la protección del interés general y para el correcto y eficaz funcionamiento del servicio público educativo”, defienden desde el Ejecutivo foral. La modificación del calendario del proceso de admisión se ha trasladado ya a los centros y a las familias mediante una notificación con la información al respecto.

Medio centenar de representantes de la Federación de Sindicatos Independientes de España (FSIE) se han concentrado este jueves en la plaza de Zocodover, en Toledo, bajo el lema 'Mismo trabajo, mismas condiciones“, para reclamar igualdad laboral para los profesionales de la enseñanza concertada.

El sindicato denuncia que el actual proyecto de ley que prepara el Gobierno de España, a través del Ministerio de Educación que dirige la toledana Milagros Tolón, “vuelve a excluir” a la enseñanza concertada de la reducción de carga lectiva prevista para la enseñanza pública y sostiene que se mantiene “una situación de desigualdad injustificable entre trabajadores que prestan el mismo servicio público educativo”.

Así lo ha explicado Jaime Romero, secretario autonómico de FSIE en la comunidad autónoma en declaraciones a elDiario.es Castilla-La Mancha, después de que el Consejo de Ministros aprobase el pasado mes de abril el anteproyecto de ley para reducir tanto ratios como horas lectivas. “Creemos que tenemos que estar incluidos porque se afectaría a la calidad educativa de los centros porque la reducción de la carga lectiva a 23 horas en Educación Primaria y a 18 horas en Educación Secundaria no se hace extensiva a la concertada”.

Por otro lado, detalla, “pedimos una financiación justa para la educación concertada. Es algo que revierte también en el PAS, el personal de administración y servicios, en las condiciones en las que están trabajando”.

En Castilla-La Mancha unas 5.000 personas trabajan en los colegios concertados, en los que están matriculados unos 50.000 alumnos y alumnas.

La concentración de Toledo forma parte de la campaña nacional de movilizaciones impulsada por FSIE “en defensa de la dignidad profesional, la igualdad y la calidad” y apremia porque, según explica el sindicato, la previsión inicial es que la ley entre en vigor en el próximo curso escolar.

Jaime Romero explica que el sindicato ha mantenido conversaciones con la Consejería de Educación en la comunidad. “Hay buena sintonía. Nos han dicho que esperemos a ver lo que ocurre a nivel nacional, pero tenemos las puertas abiertas y estamos negociando con ellos”.

Mientras, las movilizaciones seguirán en el ámbito nacional durante todos los viernes del mes de junio.

Tras la crisis política surgida entre los socios del Gobierno de María Chivite tras la aprobación de una ley presentada por UPN con la abstención de Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, el Departamento de Educación trabaja ahora para que el blindaje a la concertada condicione lo menos posible la planificación educativa del próximo curso. Pero este jueves el consejero Carlos Gimeno ya ha alertado que uno de los efectos que tendrá será un incremento de la “segregación educativa”.

Gimeno ha explicado que la ley “tiene un título de EH Bildu, dos artículos de UPN y una disposición derogatoria de EH Bildu”. “Es una ley absolutamente Frankenstein, es un absoluto galimatías”, ha asegurado. El consejero, que ha respondido a una pregunta de Contigo/Zurekin en el pleno del Parlamento de Navarra sobre la planificación educativa para el próximo curso, ha advertido de “las dificultades que va a tener la educación pública con la ley foral”. “La ley no habla de la educación pública, solamente de la educación concertada”, ha indicado.

Además, ha considerado que “la disposición transitoria es un auténtico embrollo”. “Se está consultando con varias instancias jurídicas. ¿Qué se mantiene? ¿El número global de unidades? ¿El número global de unidades de los centros que se reducen?”, se ha preguntado.

El consejero ha sostenido que la ley “va a afectar a todas las etapas y va a afectar a los actos de adjudicación de plazas del profesorado que va a aspirar a tener un contrato administrativo”. “De momento, anticipo que los maestros funcionarios, tanto los provisionales como los desplazados, como en las comisiones de servicios, no van a poder coger plaza en el mes de junio. Tampoco la van a poder coger los especialistas de audición de lenguaje y tampoco los profesionales de minorías”, ha señalado.

Gimeno ha asegurado el Departamento trabaja “denodadamente para salvar los actos de adjudicación de Secundaria, porque obviamente hay mucha competencia de ese profesorado entre todas las comunidades autónomas y hay perfiles que escasean en esas especialidades”. “Por lo tanto, es peligroso no llegar a los actos de adjudicación de junio, un acto que suele pasar desapreciado pero que da un plus de garantía de calidad al sistema educativo y que siempre este Gobierno lo ha hecho en junio para que los directores puedan saber con qué plantilla van a contar, con qué perfiles van a contar, y para que el profesorado tenga la tranquilidad y pueda trabajar en una planificación absoluta”, ha indicado.

Además, el consejero ha asegurado que “lo peor está por llegar”. “Lo peor es que no dice nada la ley de la planificación, no dice nada de qué hacemos con las unidades necesarias y las necesidades planificadas, no dice absolutamente nada, solo habla que se mantengan y, por lo tanto, eso no satisface ni los derechos de la educación ni las necesidades del sistema”. “Trabajamos jurídicamente en el seno de la ley orgánica de Educación, en la propuesta que hace la ley para que exista una oferta pública de calidad y de cantidad suficiente en el seno también de la programación general de la enseñanza de los centros, para poder garantizar esta cuestión, porque sí que queda muy clara en la ley que queda blindada la educación concertada”. “Todos esos inconvenientes, todas esas incógnitas aparecen en la educación pública”, ha indicado.

El consejero navarro de Educación ha negado este miércoles sentirse “desautorizado” después de que la pasada semana el Parlamento foral aprobara con la abstención de Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo de María Chivite, una proposición de ley de UPN para tumbar la resolución de Educación que retiraba el concierto educativo a 14 aulas de la privada por la caída de la natalidad. “Todo lo contrario, me siento un privilegiado”, ha solemnizado Carlos Gimeno, que ha asegurado que ha tenido el respaldo “desde el principio hasta el final” tanto de la presidenta como de otros miembros del Gobierno navarro “por una causa absolutamente justa que es trabajar por la escuela pública”.

“Desde el primer día mi puesto está absolutamente a disposición de la presidenta del Gobierno y nunca he temido por mi puesto, insisto, he tenido el respaldo de la presidenta del gobierno en toda esta cuestión y yo se lo agradezco públicamente”, ha añadido el consejero Gimeno, que el pasado jueves quedó señalado tras la aprobación de la ley de UPN con el respaldo de Geroa Bai y el socio presupuestario del Gobierno, EH Bildu, que se abstuvieron.

Tanto Geroa Bai como EH Bildu acusaron al cnsejero de Educación de haber aprobado una resolución sin contar con mayoría parlamentaria y sin haber negociado previamente. Gimeno ha respondido este miércoles que ese es un “error de concepto”.  “Cuando se hace una resolución con unos criterios técnicos enmarcados en la ley, se hacen teniendo en cuenta que hay un marco, que es el acuerdo programático. Si luego se ha discrepado sobre esa cuestión, pues es una circunstancia que creo que no me compete en ese sentido. Es una cuestión que ya compete a los grupos parlamentarios que sustentan al Ejecutivo, que creo que han solventado perfectamente esta cuestión”, ha apuntado.

En este sentido, ha añadido que lo que ha hecho el Departamento que él lidera es “poner en la agenda social, educativa y política de esta comunidad una injusticia que se estaba o que se está estableciendo en contra de la escuela pública”. “Creo que eso ya es una circunstancia importante para poder contemplar en las planificaciones educativas y en las mesas de trabajo y en las circunstancias que se establezcan por los grupos parlamentarios”.

Califica de “embrollo” la ley que blinda los conciertos

El consejero de Educación también ha avanzado que el Departamento trabaja ya con la asesoría jurídica del Gobierno para hacer “una aplicación lo más adecuada posible” de la ley de UPN que blinda los conciertos educativos. Según ha añadido, se están encontrando con “un embrollo” y “dificultades” para ver la forma en la que se va a aplicar la norma.

“Existen muchas dudas en la aplicación de la ley y puede repercutir en varias cuestiones, como en la adjudicación de actos para los destinos de los funcionarios, del profesorado, en la adjudicación de las plazas, en la planificación del Departamento. Existen varios aspectos que hay que resolver y estamos en ello”, ha dicho.

En cuanto a la posibilidad de tener que repetir el proceso de matriculación, ha respondido que “sí que va a haber una reasignación de plazas derivadas de la ley”. “Existe un riesgo cierto de poder hacer otra reasignación de plazas por, de alguna manera, fallos judiciales que se pueden producir en los próximos días”, ha indicado.

En respuesta a si quienes ya tienen la plaza asignada en el centro que deseaban en su primera opción van a ver en riesgo su plaza, Gimeno ha señalado que “no”, ya que “esta primera reasignación es una reasignación pacífica, por el hecho de que hay sobreabundancia de plazas”. “Por lo tanto, entiendo que será ir a la plaza que ellos desean, pero también hay fallos que se pueden establecer por el TSJN, que son recursos que están ahí, que por lo tanto no sabemos cómo se van a resolver y puede haber ese riesgo de volver a readmitir o poder reasignar esas plazas”, ha dicho.

Los socios que conforman el Gobierno de María Chivite tratan de superar la crisis que se generó el pasado jueves entre los socios cuando Geroa Bai permitió con su abstención la aprobación de la proposición de ley de UPN para blindar la concertada y revertir la resolución de Educación del cierre de 14 aulas en la red privada porque afectaba a cinco ikastolas. PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin se han reunido en la tarde de este lunes para limar asperezas y reafirmar su compromiso de continuar juntos lo que resta de legislatura.

Según han informado desde las tres formaciones que conforman el Ejecutivo foral ese ha sido el principal punto de encuentro en una reunión, que se ha prolongado durante una hora y media y que ha estado encabezada por la presidenta, Maria Chivite. Las partes confirman que han sido unos días “difíciles” tras haber afrontado la mayor crisis desde que Chivite es presidenta y que a punto estuvo de llevarse al Gobierno por delante. Pero insisten en que este lunes ha primado el interés mutuo por agotar la legislatura.

“Los tres grupos de gobierno hemos manifestado nuestro compromiso de seguir con el acuerdo de gobierno y, sobre todo, con ese compromiso de fortalecer un gobierno progresista”, ha solemnizado la portavoz socialista, Ainhoa Unzu, que ha enmarcado la crisis en una “relación de coalición” entre partidos diferentes. “Incluso ha fortalecido la coalición y el compromiso con el acuerdo de gobierno”, ha asegurado.

El PSN salió muy enfadado del pleno del jueves, en el que acusaron a Geroa Bai de incumplir el acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 y sumarse a la derecha para aprobar una ley contraria a las directrices del Departamento de Educación. Con todo, este lunes han tratado de reconducir las relaciones con sus socios conscientes de que queda un año de legislatura con varias leyes y proyectos de calado todavía pendientes.

En la misma línea Geroa Bai, considera que se ha “encauzado” el diálogo con sus socios. Al PSN le ha emplazado a que no tome “decisiones de este tipo” de forma “unilateral” y que lo hagan con “diálogo”, ha apuntado su portavoz, Pablo Azcona. “Nos parece positivo y será la forma de abordar el futuro”, ha añadido.

El tercer socio, Contigo/Zurekin, también ha mostrado su compromiso por dar cumplimiento al acuerdo programático en los meses que quedan de legislatura, si bien no ha ocultado su enfado por la postura tomada por Geroa Bai con la concertada y han insistido que su compromiso es la defensa de la red pública. Uno de los partidos de esta coalición de izquierdas, Podemos, por su parte ha pedido de nuevo al resto de formaciones que conforman Contigo/Zurekin abandonar el Gobierno de Navarra.

Tras la reunión de este lunes el tripartito encara el final de legislatura habiendo superado una importante crisis entre los socios, que se han comprometido a no romper el Ejecutivo y a poner los medios para que una situación como la vivida el pasado jueves no se vuelva a repetir conscientes de que pese a las diferencias, son “muchas” las cosas que les unen.

Ni el presunto caso de corrupción que afecta al ex secretario de organización del PSOE Santos Cerdán, cuya derivada salpica a varias obras públicas en Navarra, ni los sobrecostes injustificados de la obra de los túneles de Belate, ni la fractura con el servicio de Traumatología que ha disparado las listas de espera en Salud. La crisis que casi se lleva por delante el Gobierno de María Chivite, uno de los únicos cuatro socialistas al frente de ejecutivos autonómicos, la han provocado los conciertos educativos, y en concreto el que afecta a la ikastola de Estella. Geroa Bai, socio del PSN en el Ejecutivo navarro, apoyó este pasado jueves con su abstención una proposición de ley de UPN a la que se le incluyeron varias enmiendas de EH Bildu y que blinda durante un año los conciertos a la privada al revocar una resolución del Departamento de Educación por la cual se retiraba la financiación pública a 14 líneas de la privada (cinco de ellas en ikastolas) por la caída de la natalidad y de la matrícula.

Si bien las posturas en torno a la concertada siempre han estado distantes entre PSN y Geroa Bai, la ruptura total la ha provocado una pequeña ikastola situada en Estella. En este centro privado de enseñanza en euskera financiado con fondos públicos se matricularon para el próximo curso escolar 31 alumnos para el aula de tres años. Según las condiciones que puso Educación para renovar los conciertos, con ese número de inscripciones al centro le corresponde una única aula de 25 escolares. Los seis restantes serían derivados a la escuela pública del mismo municipio y donde se imparte el modelo D de enseñanza en euskera. La ikastola, que asegura que Educación les retiró “de la noche a la mañana” la segunda línea, pidió que se le concediera el concierto para la segunda aula, algo que Educación rechazó porque para llegar a la ratio mínima para desdoblar sería necesaria la matrícula de al menos un alumno más.

En ese contexto, la coalición de Socialverdes y PNV acordó el miércoles por la mañana con los socialistas que todos los centros concertados pudieran participar “en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”. Es decir, que si la ikastola de Estella lograse antes de agosto la inscripción de un alumno más, se le concedería una segunda línea en el curso de tres años. Pero poco después del anuncio del acuerdo la patronal de las ikastolas salió a denunciar que lo pactado entre los socios no satisfacía sus demandas. Así, a las pocas horas de cerrar un acuerdo Geroa Bai anunció que lo rompía porque no se daban las “garantías suficientes” para lograr una segunda línea en la ikastola de Estella.

El cambio de postura en un espacio de cuatro horas enfadó y mucho a los socialistas, que daban ya por cerrada una vía de agua en la coalición de gobierno que se había enquistado. Geroa Bai envió entonces una última propuesta al PSN en el que le planteaba cinco puntos para cerrar un acuerdo de mínimos. Todos ellos fueron aceptados por los socialistas salvo el primero, el referido a la ikastola de Estella. La coalición impulsada por Uxue Barkos pedía al partido de Chivite que aceptara el recurso de alzada de este centro “con inmediatez” para concederle así la segunda aula. El PSN acusó en este punto a sus socios de exigirles “vulnerar la ley” y “prevaricar”, como verbalizó el consejero Carlos Gimeno, porque supondría aceptar el recurso de la ikastola para desdoblar el aula sin tener en cuenta los criterios técnicos y jurídicos que fijan las ratios mínimas.

Sobrevoló la idea de un adelanto electoral

Y así llegaron las partes al pleno del jueves en el que se debatía la proposición de ley de UPN para blindar la concertada. Geroa Bai ya había avisado al PSN de que si no llegaban a un acuerdo facilitarían la aprobación de la ley del principal partido de la oposición, que tenía visos de salir adelante porque el socio presupuestario del Ejecutivo, EH Bildu, había presentado varias enmiendas para apoyarla, lo que auguraba una dura derrota del PSN.

Los pasillos del Parlamento de Navarra vivieron una mañana ajetreada de corrillos y reuniones entre grupos. Fuentes consultadas señalan que varios miembros de la ejecutiva del PSN le pidieron a Chivite que rompiera con sus socios, órdago que desde Geroa Bai aseguran que se les llegó a lanzar en alguna de las “intensas” reuniones que mantuvieron a escasas horas del pleno. Se llegó a solicitar un informe a los servicios jurídicos del Gobierno foral para saber la fecha límite para convocar elecciones anticipadas porque existían diferentes interpretaciones del artículo de la LORAFNA, el equivalente navarro al estatuto en el resto de autonomías, que indica que la presidenta no puede disolver el Parlamento “cuando reste menos de un año para la terminación de legislatura”.

El rumor de un posible adelanto electoral llegó incluso a la tribuna del Parlamento navarro, donde la tensión era tal que una diputada con un viaje a México reservado para julio no podía ocultar su nerviosismo ante la posibilidad de tener que cancelarlo si se acudía a las urnas en verano.

Con este clima de tensión entre socios hubo llamadas al más alto nivel en las que se disuadió a Chivite de la posibilidad de romper uno de los únicos cuatro gobiernos autonómicos liderados por un socialista y, además, en vísperas de las elecciones andaluzas. También desde el círculo más cercano de la presidenta consideraron un mal escenario acudir a las urnas tras un revés político o, en su caso, continuar lo que resta de legislatura con un Ejecutivo todavía más en minoría que el actual.

Finalmente, Chivite optó por que la sangre no llegase al río y evitó romper su gobierno de coalición. Tras la aprobación en el pleno de la proposición de ley de UPN con las abstenciones de Geroa Bai y EH Bildu, el 'número dos' de la presidenta en el Gobierno, Javier Remírez, emplazó a sus socios (Geroa Bai y Contigo/Zurekin) a una reunión, que se celebrará este lunes por la tarde, para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

Pero las relaciones en la coalición han quedado muy tocadas, hasta el punto de que el tercero de los socios, Contigo/Zurekin (Podemos, IU, Batzarre y otros), habla ya de que se ha “quebrado la confianza” porque no es la primera vez que Geroa Bai se desmarca para pactar con la derecha. Hace unos meses se unió también a UPN para tumbar la derogación que planteaban sus socios al blindaje de los profesores de religión en la escuela pública, a la que entraron sin hacer oposición y seleccionados por el arzobispo. Este lunes se buscará templar las aguas.

La presidenta de Navarra, María Chivite, ha evitado romper su Gobierno de coalición a pesar de que su principal socio, Geroa Bai, ha votado con UPN el blindaje a la concertada. Los dos, además de EH Bildu, han aprobado una proposición de ley foral presentada por los regionalistas a la que se le han añadido unas enmiendas presentadas por la coalición abertzale para incluir una moratoria de un año a la resolución del Departamento de Educación de no renovar el concierto a 14 líneas de la red privada.

La brecha que ha estado a punto de llevarse por delante el Gobierno navarro surgió hace unas semanas cuando el consejero de Educación, el socialista Carlos Gimeno, anunció que no se renovaría el concierto a 14 líneas para que la caída de la natalidad no se cebara con la red pública, la que más se resiente con el descenso de matrículas porque el sistema de renovación de conciertos se da cada cuatro años cuando en la red pública las líneas se revisan anualmente.

La medida contó con el rechazo de UPN, PP y Vox, pero también con el del socio del PSN en el Ejecutivo Geroa Bai y el de EH Bildu, socio presupuestario. ¿El motivo? El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

UPN presentó en el Parlamento de Navarra una proposición de ley foral, que se ha debatido este jueves, para blindar los conciertos educativos revirtiendo el cierre anunciado por Educación. Geroa Bai amagó con apoyarla a pesar de que en el acuerdo programático de legislatura pactado con los socialistas en 2023 para investir a Chivite presidenta se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”. EH Bildu también se mostró abierto a apoyar la ley de los regionalistas.

Así, durante semanas los socios del Gobierno navarro han estado negociando un acuerdo que evitase una importante crisis del Ejecutivo. El miércoles, a menos de 24 horas de que se votase en el pleno la ley de UPN, alcanzaron un acuerdo de mínimos que a las pocas horas Geroa Bai dio por roto porque no se daban “las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, donde se han preinscrito 31 alumnos y, según las ratios, le corresponde una única aula de 25 alumnos, quedándose así fuera seis.

La coalición de PNV y Socialverdes pidió al PSN que rectificase y desdoblara una segunda aula de tres años en la citada ikastola, cuestión que los socialistas rechazaron por no llegar a la ratio mínima por un alumno.

Y así se ha llegado al pleno de este jueves. PSN y Geroa Bai han intentado sin éxito alcanzar un acuerdo in extremis y las negociaciones han quedado totalmente rotas. En el pleno se ha aprobado la proposición de ley presentada por UPN pero a la que se le han añadido unas enmiendas de sustitución presentadas por EH Bildu. Así, se ha aprobado una moratoria de un año al cierre de las 14 aulas de la concertada y derogar la resolución aprobada por el Departamento de Educación que incluía el cierre de las aulas.

“Están pidiendo que se financien aulas de la privada vacías y que tienen menos ratios que las de la pública”, le ha reprochado el consejero de Educación, Carlos Gimeno, a la oposición, así como a sus socios de Geroa Bai y a EH Bildu.

De esta forma las relaciones entre los socios han quedado tocadas, pero Chivite ha evitado que la mayor crisis de gobierno desde que es presidenta haya terminado con una ruptura de su Ejecutivo. El PSN ha emplazado a sus socios a una reunión para “valorar” y “en su caso ratificar” el “compromiso político” de legislatura que alcanzaron en 2023.

PSN y Geroa Bai han llegado al pleno de este jueves en el que se vota una proposición de ley foral para blindar la concertada sin un acuerdo en educación. Las negociaciones entre los socios de gobierno están rotas y amenazan una crisis importante en el Ejecutivo de Chivite, si bien las fuentes consultadas apuntan a que no llegará a una ruptura total del Gobierno.

Los socialistas habían alcanzado in extremis un acuerdo con Geroa Bai este miércoles para evitar la crisis tras el anuncio del consejero de Educación, Carlos Gimeno, de que no se renovará el concierto a 14 aulas de la red privada por la caída de la natalidad y del número de preinscripciones. El cierre de aulas afecta a varias ikastolas, las escuelas privadas de educación en euskera que reciben fondos públicos.

Y es en este punto en el que surgieron las diferencias. Según el PSN en el pacto alcanzado se acordó que el cierre de aulas se mantendría, pero con el matiz de que los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años, así como que podrán acogerse el proceso de matriculación extraordinaria.

Pero Geroa Bai anunció por la tarde que rompía el acuerdo porque según ellos “no se dan las garantías suficientes” para mantener un aula más en la ikastola de Estella, en la que hace falta la preinscripción de un alumno más para que se desdoble.

Desde primera hora del jueves los socios del Ejecutivo han estado manteniendo reuniones para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la brecha, pero las posiciones son muy distantes y se han roto las negociaciones, según apuntan las fuentes consultadas.

De hecho es escenario más probable, según añaden estas fuentes que se maneja es que salga aprobada la ley de UPN, pero con unas enmiendas que ha presentado EH Bildu, socio presupuestario. La coalición abertzale propone incluir una moratoria de dos años al anuncio del cierre de 14 aulas en la concertada, mientras se elabore una ley para reducir las ratios en los centros sostenidos con fondos públicos.

PSN y Geroa Bai han alcanzado in extremis un acuerdo sobre el concierto educativo a aulas de la escuela privada y evitarán así una importante fractura entre los socios del Gobierno de María Chivite. En menos de 24 horas se va a votar en el pleno del Parlamento de Navarra una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio de los socialistas, había amagado con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos, pero no lo hará tras haber logrado un acuerdo con el PSN.

En virtud del acuerdo alcanzado no se modificará la resolución del Departamento de Educación en lo relativo al cierre de las 14 aulas de tres años en Educación Infantil por la caída de la natalidad. Pero “se contempla la posibilidad de que los centros que hayan suscrito el oportuno concierto educativo con el Departamento de Educación puedan modificar, durante la vigencia del mismo, el número de unidades, con el objeto de garantizar la adecuación a la demanda del centro que lo solicite”. Es decir, los centros podrán modificar durante los años de vigencia del concierto el número de unidades si alcanzan la demanda suficiente de alumnado en lugar de esperar a la renovación total del concierto que se hace cada cuatro años.

Además, se añade que “todos los centros sostenidos con fondos públicos podrán participar en el proceso de matriculación extraordinaria en condiciones de equidad”, por lo que si una de las aulas que ha sido cerrada, lograse nuevas matrículas antes de agosto, se abriría de nuevo.

Asimismo, durante el segundo semestre de 2026, se pondrá en marcha un plan de trabajo para el análisis del futuro del sistema educativo navarro, “desde la premisa de la defensa de la educación pública como eje vertebrador del sistema”. Con este fin, se constituirá una mesa de trabajo que analizará “el impacto que la evolución demográfica y otros condicionantes -como la despoblación o los flujos migratorios- tienen sobre el sistema educativo”.

Esta mesa examinará, entre otras cuestiones, la legislación vigente y futura, las medidas orientadas a la diversidad, las ratios, la financiación, la calendarización de las medidas, el plan de infraestructuras necesarias, el impacto de la expansión de la oferta educativa del modelo D en el modelo cooperativo de Ikastolas, el profesorado, “así como cualquier otra cuestión que planteen sus integrantes”.

La mesa también abordará el seguimiento e impulso del estado de ejecución de los acuerdos recogidos tanto en el acuerdo programático como en los acuerdos presupuestarios, así como el análisis de las medidas y proyectos legislativos “necesarios” y su calendarización, con el objetivo de “avanzar hacia la mejora del sistema educativo navarro financiado con fondos públicos”.

A los socios de Gobierno, que han celebrado la consecución de un acuerdo “de mínimos” les falta ahora el apoyo de EH Bildu, que también había amagado con apoyar la proposición de UPN para evitar el cierre de aulas en ikastolas. De lograrlo, la proposición de UPN saldría rechazada en el pleno.

Los socios del Gobierno de Navarra apuran las negociaciones para tratar de evitar la que sería una de las grandes crisis de la coalición desde que María Chivite es presidenta. El jueves se votará en el pleno del Parlamento foral una proposición de ley de UPN para blindar los conciertos a privada después de que Educación, Departamento en el que está al frente el socialista Carlos Gimeno, anunciase que no se renovará en 14 aulas de tres años por la caída de la natalidad. Geroa Bai, socio del Ejecutivo, y EH Bildu, socio presupuestario, amagan con apoyar la propuesta de los regionalistas porque el cierre de aulas afecta a varias ikastolas, escuelas privadas de enseñanza en euskera financiadas con fondos públicos.

Fuentes del Gobierno navarro señalan a este periódico que la situación, a tres días de que se celebre la votación, es “grave” porque todavía no hay acuerdo entre los socios y porque, de aprobarse la proposición de los regionalistas, Educación se vería obligada a rehacer el proceso de matrícula, con los inconvenientes que ello conlleva para las familias, que ya tienen las plazas adjudicadas. “Algunas podrían perderla”, alertaba hace unos días el consejero. Además, un informe de Educación también apuntó que la propuesta de UPN tiene “visos de inconstitucionalidad”.

Con todo, los socios de Chivite confían en llegar a un acuerdo antes del jueves para impedir una victoria de la oposición de derechas con el apoyo de Geroa Bai y EH Bildu —bastaría con que se abstuvieran—, que generaría una importante brecha en el seno del Gobierno. “Encontraremos un punto de acuerdo seguro”, ha asegurado la portavoz del PSN en el Parlamento, Ainhoa Unzu. “Aspiramos a llegar a un acuerdo”, ha apostillado Pablo Azcona, portavoz de Geroa Bai.

Pero las negociaciones no están siendo fáciles. Las partes han marcado unas líneas rojas contrarias entre sí. Mientras Geroa Bai y EH Bildu exigen que no se cierren las 14 aulas a las que el consejero Gimeno anunció que retiraría el concierto por la bajada de la matrícula en 700 niños y niñas, el PSN y Contigo/Zurekin aseguran que se mantendrán en lo pactado en el acuerdo de Gobierno, en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Esta ley nace para blindar intereses concretos de la educación concertada”, ha criticado la portavoz socialista, que ha dicho que le resulta “difícil de digerir” que Geroa Bai y EH Bildu puedan apoyarla porque afecte a las ikastolas. Así, ha apuntado que uno de los principales escollos está siendo la situación que se ha dado en la ikastola de Estella, donde seis alumnos se han quedado sin plaza por el cierre de una segunda línea en el aula de tres años. “La red pública es la que está absorbiendo en estos momentos la demanda de la enseñanza en euskera, especialmente en las zonas rurales”, ha defendido.

“Mientras exista una zonificación del euskera en Navarra, mientras los derechos lingüísticos vengan determinados por el código postal, mientras la enseñanza en euskera no esté normalizada, bienvenidos sean todos los esfuerzos en impulso de la enseñanza en euskera”, ha defendido por su parte EH Bildu.

Mientras, UPN, líder de la oposición , trata de agrandar la crisis en el seno del Gobierno y asegura que la presidenta Chivite ha “apartado” al consejero Gimeno de las negociaciones para pasar “la responsabilidad a otra persona de su confianza”, al vicepresidente primero Javier Remírez, extremo que han desmentido desde el ala socialista del Ejecutivo navarro.

Un informe del Departamento de Educación del Gobierno de Navarra alerta de que la proposición de ley que ha presentado UPN en el Parlamento foral para blindar los conciertos educativos en las 14 aulas de Infantil a las que se les va a retirar por la caída de la natalidad, que Geroa Bai y EH Bildu han amagado con apoyar, tiene “visos de inconstitucionalidad”. El consejero, el socialista Carlos Gimeno, ha advertido a sus socios que, de ser aprobada, tendría “gravísimas consecuencias” para el sistema educativo y para las familias. “Obligaría a rehacer el proceso de matrícula y podrían perder la plaza que ya tienen adjudicada”, ha alertado

Carlos Gimeno ha señalado que “existen serias dudas” sobre si la propuesta del partido regionalista “es acorde al ordenamiento jurídico vigente” y ha considerado que resulta “incomprensible que haya quien esté dispuesto a aprobar una ley que podría estar en contra de la Constitución”. “Es el mundo al revés y una perversión absoluta del sistema”, ha reprochado el consejero, que ha calificado la proposición de ley de “despropósito”.

Según ha explicado, UPN pretende con esta ley reducir las ratios en la educación concertada y al mismo tiempo mantener el próximo curso las unidades públicas y concertadas existentes en el curso actual. De forma, ha añadido, “que haría imposible la ampliación de nuevas unidades afectando gravemente al proceso de admisión de alumnado para el curso 2026-2027 que ya está muy avanzado”.

Tal y como ha alertado, si se aprobara la proposición de ley de UPN, Educación debería rehacer la adjudicación definitiva de puestos escolares en 1º de Infantil (aulas de 3 años) de centros concertados aplicando una ratio máxima de 23 alumnos/as por aula en vez los 25 estipulados ahora en la normativa, lo que significa que las vacantes disponibles en la mayoría de los centros concertados se reducirán y habrá alumnado que al tener que repetirse el proceso de admisión no va a tener la plaza escolar previamente adjudicada con carácter definitivo. “El número total de afectados es impredecible” ha anunciado el consejero, “puesto que, al tener que volver a resolver las admisiones, todas las solicitudes entrarían en juego con muchas menos plazas disponibles”.

Tras ello, el consejero ha subrayado que tiene la “mano tendida a propuestas que puedan estar dentro del contexto de la legalidad” y que está “abierto a planteamientos y acuerdos, pero la proposición de UPN va a perjudicar a más personas que las que pretende ayudar”. “La proposición es absolutamente incoherente, tiene una carencia de sentido absoluta y es un claro despropósito. Por intentar recuperar 15 unidades concertadas que no son necesarias para el sistema educativo se genera una incertidumbre para las 377 unidades restantes”, ha asegurado.

Carlos Gimeno ha planteado “que trasladen Geroa Bai, UPN y EH Bildu las propuestas que consideren oportunas”. “Nosotros lo que hemos hecho es aplicar una resolución de conciertos en el marco estricto de la ley ante una bajada demográfica ostensible para que la escuela pública no pierda peso”, ha dicho, para cuestionar si otros grupos “pretenden blindar la educación concertada”.

El consejero ha afirmado que “ha habido reuniones a alto nivel” entre los socios de Gobierno, aunque él no ha participado en ellas. “La idea es que se va a trasladar una propuesta, entiendo que será en el marco legal, y estamos expectantes, esperando, con toda la predisposición”, ha asegurado.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha acusado este martes a Geroa Bai, socio del Ejecutivo de María Chivite, de ser “irresponsable” por amargar con apoyar una proposición de ley con la que UPN pretende blindar los conciertos educativos en la escuela privada tras el anuncio de que se retirará la financiación pública a 14 líneas de Infantil por la caída de la natalidad.

“Estamos defendiendo la escuela pública y quizás hay que aclarar la ética de que tienen algunos partidos con respecto a la estética que van mostrando a lo largo del año”, ha señalado el consejero Gimeno, que ha asegurado que Educación está dando cumplimiento al acuerdo programático que PSN, Geroa Bai y Contigo/Zurekin firmaron en 2023 para investir a María Chivite y en el que se recogió el compromiso de “no aumentar las unidades concertadas y reducir las unidades concertadas cuando no haya demanda suficiente”.

“Lo que el Departamento ha establecido simplemente es ante una bajada de matrícula, unos criterios absolutamente objetivos en el seno de la ley”, ha defendido el consejero de Educación.

“Esto ha ocurrido toda la vida, cuando la escuela pública perdía unidades, ninguna formación política dijo nada. Ahora tenían la escuela pública como coartada, pero esa coartada ya no está encima de la mesa porque la escuela pública no va a perder unidades”, ha apostillado en respuesta al portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, que este lunes se abrió a apoyar la ley presentada por UPN si Educación no rectificaba el cierre de aulas en la privada. “Si lo que no le permite al consejero dar respuesta a las necesidades ciudadanas es la ley, igual hay que cambiarla”, dijo.

“Yo creo que se está conversando y se le está proponiendo a Geroa Bai que haga las propuestas que considere oportunas dentro del marco de la ley. Si lo que quieren es hacer otra ley para que encajen sus peticiones de última hora, entiendo que es una irresponsabilidad que genera que la escuela pública pierda peso”, ha defendido Carlos Gimeno.

Así, el consejero ha advertido de que la aprobación de la proposición de ley de UPN obligaría a revisar los conciertos que ya se han aprobado. “Todos los centros que ya tienen un concierto asegurado de cuatro años, que no han perdido ninguna unidad, pueden ver en riesgo esa adjudicación de unidades por mor de una proposición de ley foral”. “Las tres ikastolas excepcionadas, Sangüesa, Lumbier, que tiene una solicitud, y Viana, tienen asegurado un concierto para cuatro años, cuando son centros en grave riesgo de perder el concierto. La ikastola Jaso, que tiene una unidad más, puede ver en riesgo el incremento de esa unidad por la proposición de ley foral”, ha añadido.

El consejero de Educación también ha respondido al portavoz de UPN, Javier Esparza, que le acusó de “intransigencia” por “cerrar” aulas sin la “voluntad” de la mayoría del arco parlamentario. “Si considera la intransigencia como la cualidad de defender la educación pública, lo soy”, ha aseverado Carlos Gimeno.

Según datos del Departamento de Educación, mantener la financiación pública a las 14 aulas de la red privada a las que se le va a retirar el concierto por la falta de demanda tendría un coste anual de 1,3 millones de euros. Sobre la propuesta de UPN de igualar las ratios de la pública con la concertada, Educación apunta que esa medida supondría la necesidad de crear 82 nuevas líneas en la red privada que tendrían un coste anual de 8 millones de euros.

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves que finalmente, pese a la caída de la natalidad y del número de alumnos, no se cerrarán las 19 aulas de 3 años en Infantil en la red pública que el propio consejero había anunciado para el curso 2026-2027. Educación sí mantendrá el cierre de 14 líneas de la red privada financiada con fondos públicos a las que no se les renovará el concierto educativo.

“En algunos centros sí se van a reducir unidades y en otros centros que estaban infraestimados se van a sobreestimar y han aparecido nuevas unidades en el global no se van a cerrar unidades en la escuela pública”, ha informado el consejero Carlos Gimeno tras la brecha abierta entre el PSN y Geroa Bai (socio del gobierno de los socialistas) y EH Bildu (socio presupuestario) tras el anuncio de cierre de aulas por el descenso de la natalidad.

Según ha añadido, han aparecido nuevas unidades en la organización de “centros pequeños, centros con una oferta de modelo lingüístico minoritaria, que son agrupaciones internivelares”. “A la hora de ver las listas provisionales, a la hora de ver cómo se conforman los agrupamientos no habrá reducción; sí habrá reducciones en algunos centros pero en otros centros habrá más unidades, por lo tanto el balance neto es que no habrá reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de 3 años”, ha indicado. Además, ha dicho, “todavía queda la matrícula extraordinaria de agosto y es posible que se pudiera incrementar alguna unidad más”.

Geroa Bai y EH Bildu se unieron a UPN, PP y Vox y aprobaron en el Parlamento foral una moción para instar a Educación a aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos y no cerrar ningún aula, tanto en la pública como en la privada, en el curso que viene. Finalmente Educación ha rectificado y mantendrá todas las aulas en la pública, pero sí retirará el concierto a 14 líneas en la concertada, siete de ellas en ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Educación no está para financiar aulas vacías o semivacías”, ha defendido Gimeno.

“No es posible, como trasladaron los servicios jurídicos del departamento ayer, llevar a cabo la prórroga de los conciertos. Solo se pueden prorrogar en la interpretación correcta y jurídica del artículo 44 -del Decreto Foral 416/1992-”, ha dicho, para precisar que “la única interpretación posible del artículo 44 se puede aplicar a la ikastola de Lodosa”, ha señalado el consejero de Educación.

Ante las críticas de la Federación navarra de Ikastolas y de EH Bildu y Geroa Bai por el cierre de aulas en estos centros, el consejero ha asegurado “se puede estudiar en modelo D -en euskera- en toda la comunidad foral, también en la zona no vascófona”.

“Es palmario que se han ido aumentando unidades del modelo D en toda la comunidad”, ha dicho, para exponer que en el acuerdo presupuestario de este año se recoge que se van a introducir unidades de modelo D en Falces y en Aibar. “Si se introduce el modelo D en Ancín, si se hace un centro público para modelo D en Ancín, si se modifica el mapa escolar en Ancín, si se amplía un colegio público como el de Abárzuza, si se introduce más oferta de modelo D en Abárzuza, repercute en determinadas ikastolas del ámbito de influencia educativa”, ha apuntado.

Según ha comentado, además, se ha reducido la matrícula por una bajada demográfica por lo que “la ecuación afecta no solo al ámbito público sino al ámbito de modelo D concertado”.

Ha negado así Gimeno que “haya un ataque al euskera por parte del Departamento”. “Se han exceptuado de los criterios que ha aplicado el departamento tres ikastolas, se han incrementado recursos en una ikastola y se ha ofrecido la prórroga del concierto”, ha defendido, para exponer que “a la ikastola de Sangüesa se le aplican los criterios de la escuela pública por estar en una zona de riesgo de despoblación”.

EH Bildu se ha sumado a las críticas de UPN, Geroa Bai y PP a la medida anunciada por el Departamento de Educación que dirige el socialista Carlos Gimeno de no renovar el concierto educativo de 14 líneas de la red privada en Infantil (cinco en ikastolas) ante el descenso de la natalidad. Una medida que el consejero justificó como una defensa de la enseñanza pública, que pierde mucho más alumnado que la concertada (54 aulas frente a 8 desde el curso 2014/2015). “Es totalmente desacertada y precipitada, y es una medida cortoplacista con importantes consecuencias para los centros afectados”, ha lamentado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal.

Según explicó el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha sido la red pública la más castigada por el descenso de la natalidad registrado en los últimos años. Así, a pesar de que el número de alumnos que han perdido desde el año 2014 es similar en las dos redes (22% en la pública frente a 20% en la privada financiada con fondos públicos), el sistema de renovación de conciertos, que se hace cada cuatro años, ha provocado que en el mismo periodo de tiempo en la enseñanza pública se hayan cerrado 54 líneas en aulas mientras que en la concertada únicamente ocho, siete veces menos. Para evitar ese “blindaje” de la concertada Educación ha anunciado que para el curso que viene no se renovará el concierto a 14 líneas de la red concertada para así equilibrar el cierre de 19 líneas en la red pública y evitar que sean más.

La medida ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición, UPN y PP, pero también por el socio de gobierno de los socialistas Geroa Bai, y ahora también EH Bildu, socio presupuestario, porque el cierre afectará también a ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Se pretenden llevar a cabo medidas totalmente excepcionales, nunca tomadas antes y sin un plan general”, ha afeado Laura Aznal, que ha señalado que EH Bildu incluyó en el acuerdo de Presupuestos con el Ejecutivo de María Chivite el compromiso de Educación de realizar un plan estratégico de cinco años para la bajada lineal escalonada de ratios, desglosado por niveles educativos y dotado de recursos, que no se ha realizado todavía.

Geroa Bai por su parte ha planteado una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos “para adaptar las decisiones del conjunto de la red de educación de Navarra a la actual situación demográfica excepcional” y ha presentado una moción parlamentaria por la que se insta al Departamento de Educación a no proceder al cierre de aulas de Educación Infantil ni en la red pública ni en la concertada durante la planificación escolar del próximo curso, que UPN ya ha anunciado que apoyará. “Hay que proteger nuestro sistema educativo de un socialismo radical, ideologizado, que toma las decisiones desde ese prisma. María Chivite quiere aprovechar las circunstancias para cerrar aulas en centros públicos y en centros concertados y nosotros creemos que hay que parar este disparate”, ha criticado el portavoz regionalista, Javier Esparza.

PSN y Contigo/Zurekin, los otros dos socios del gobierno, han defendido el plan de Educación para equilibrar el cierre de aulas por la caída de la natalidad entre las redes pública y concertada. “Lo que no se puede justificar de ninguna manera es mantener unidades concertadas mientras se están cerrando unidades públicas. No se pueden pedir sacrificios siempre a la misma parte. No se puede cargar siempre el coste sobre la escuela pública”, ha defendido Ainhoa Unzu, del PSN. “No se puede pretender defender el carácter estratégico de la red educativa pública y a su vez blindar los conciertos con la red privado-concertada, como en estos momentos están defendiendo las derechas, pero también Geroa Bai y EH Bildu”, ha criticado el portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán.

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha puesto en marcha el procedimiento para que el Bachillerato concertado sea una realidad en Aragón a partir del curso 2026-2027, a pesar de la situación de prórroga presupuestaria en la Comunidad. El Departamento de Educación ha aprobado una modificación de la Orden de conciertos que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Esta medida habilita la posibilidad de subvencionar hasta 65 unidades en alrededor de una veintena de centros educativos, con un coste estimado de unos siete millones de euros anuales.

El plazo para solicitar estos conciertos será de diez días y la orden contempla también la posibilidad de retroactividad para los centros que ya se presentaron. Según el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, tras la publicación en el BOA los servicios provinciales convocarán las mesas de conciertos para tramitar las solicitudes o ratificar las ya presentadas. “A partir de ese momento saldrá una resolución provisional que suele ser prácticamente igual a la definitiva, en la que ya se indican los centros y las enseñanzas que van a tener concertadas”, ha señalado.

Según han explicado desde el Ejecutivo, la financiación de esta medida se llevará a cabo mediante una modificación en la partida plurianual que ya está aprobada hasta 2031. El coste total es de siete millones de euros, de los que 2,7 se aportarán del presupuesto de 2026, todavía sin presentar ni aprobar.

Este movimiento permite al Ejecutivo sortear la falta de nuevos presupuestos, aunque esta medida no se ha aplicado a otras áreas de urgencia. Mientras se asegura la financiación para que las familias de la educación privada pasen de pagar 400 euros a un máximo de 36 euros mensuales, siguen en suspenso las ayudas destinadas a paliar los efectos económicos de la crisis en Oriente Medio o las inversiones bloqueadas por el actual clima de inestabilidad legislativa en las Cortes.

La normativa establece que los centros que accedan a la concertación deberán cumplir criterios de equidad, programación educativa y atención al alumnado con necesidades específicas, en función de la planificación de la escolarización en cada territorio. La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, ha defendido que la medida responde al compromiso del Ejecutivo con un “modelo educativo plural” y con la “libertad de elección de las familias”. La medida se iniciará en primero de Bachillerato.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene en suspenso otras medidas anunciadas en materia educativa, como la gratuidad de la educación infantil, que el propio Departamento vincula a una mayor complejidad normativa: “Ambas cosas fueron promesas electorales que estamos dispuestos a cumplir y se cumplirá, pero hay que ir adaptándose a las posibilidades de estar, por un lado, en funciones, por otro lado, por la prórroga presupuestaria”.

Rechazo de sindicatos, familias y oposición

Por su parte, la CGT Enseñanza Aragón, segundo sindicato del sector en la educación pública, ha anunciado movilizaciones en respuesta a la decisión. El sindicato ya convocó tres días de huelga el pasado enero contra la expansión de la enseñanza concertada y ha avanzado que decidirá nuevas acciones en asambleas internas. Además, recuerda que existen más de 2.000 plazas vacantes en la escuela pública aragonesa y considera que la inversión prevista supone un uso ineficiente de los recursos públicos.

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón también ha manifestado su “rotundo y frontal rechazo” al anuncio de la concertación. “Esta organización considera que la medida es totalmente innecesaria, dado que los centros públicos de la comunidad cuentan con plazas suficientes para garantizar la escolarización de todo el alumnado que desee cursar estos estudios”. El sindicato subraya que “destinar dinero público a servicios que la administración ya ofrece de forma gratuita y con excedente de oferta podría considerarse un uso arbitrario de los recursos de la ciudadanía, rozando lo que legalmente se define como malversación de los fondos públicos”. Consideran de “especial gravedad” el hecho de que este anuncio se produzca con un gobierno en funciones y sin presupuestos aprobados. Añaden también que se está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales para denunciar y frenar esta situación en los tribunales.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón ha expresado su “profundo malestar” ante esta medida que “solo se justifica desde un punto de vista ideológico que, es evidente, perjudica notablemente a la Escuela Pública”. También han criticado que está decisión la tome un gobierno en funciones y con los presupuestos prorrogados: “No entendemos que esta decisión se adopte con un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, que precisa de una inversión de más de siete millones de euros, que de alguna parte deberán detraerse y no será de lo destinado inicialmente a la red concertada, por lo tanto, será en detrimento, una vez más, de la Escuela Pública”. Han acusado al Departamento de tomar decisiones con “alevosía” y de “falta de respeto” a las organizaciones miembros de la Comisión de Garantías de Escolarización de Secundaria (y Bachillerato), entre ellas FAPAR, ya que no se les informó de este cambio que afecta a la oferta educativa del próximo curso.

El Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista ha presentado ya en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para frenar la implantación de la concertación del Bachillerato anunciada por el Gobierno de Aragón. CHA considera que esta medida “no responde a necesidades reales del sistema educativo”. Isabel Lasobras ha señalado que “la concertación del Bachillerato puede provocar un desplazamiento de alumnado hacia centros privados, debilitando progresivamente los institutos públicos”. Añade que esta política “incrementa además las desigualdades territoriales y sociales, beneficiando principalmente a centros privados de grandes ciudades, mientras que el alumnado del medio rural sigue enfrentando desplazamientos para continuar sus estudios”. La proposición no de ley de CHA insta al Gobierno de Aragón a “descartar la implantación de conciertos educativos en Bachillerato”; “renunciar a la concertación del primer ciclo de Educación Infantil y avanzar hacia una red pública suficiente”; “reforzar la red pública educativa aragonesa en todas las etapas”; “priorizar la inversión en los centros públicos”; “garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio aragonés”; y “evitar la externalización de las enseñanzas de Formación Profesional”.

El diputado socialista Jorge Pastor ha criticado el “recorte de Azcón a los servicios públicos y en concreto a la educación pública”, con el anuncio del concierto de Bachillerato realizado hoy. El grupo socialista ha registrado una solicitud de información a la DGA sobre la legalidad y oportunidad de un convenio nuevo para la concertación de Bachillerato, “anunciado en periodo de prórroga presupuestaria, con un gobierno en funciones y mientras el gobierno de Azcón sigue recortando servicios públicos”. “El gobierno en funciones de Azcón solo sale de su parálisis para recortar servicios públicos”. Así lo ha dicho este mediodía en rueda de prensa el diputado socialista, Jorge Pastor, quien ha asegurado que el anuncio realizado sobre el concierto de Bachillerato para el próximo curso “supone la asfixia de la educación pública”.

Desde Izquierda Unida Aragón han mostrado su rechazo a la decisión. La coordinadora y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que “el Partido Popular vuelve a utilizar dinero público para reforzar el negocio de los centros de la Iglesia, en lugar de fortalecer una red pública que ya cuenta con plazas suficientes y de calidad contrastada en el bachillerato”. Izquierda Unida Aragón denuncia además la “contradicción del Ejecutivo”, que justifica la medida apelando a principios de equidad, planificación educativa y atención a la diversidad. “Los conciertos educativos, lejos de garantizar la equidad, generan segregación, no están preparados para atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas y aumentan artificialmente la oferta educativa sin responder a la demanda real”, ha subrayado la portavoz. La formación critica también el contexto en el que se adopta la medida: un Gobierno en funciones, sin capacidad de control parlamentario y con presupuestos prorrogados, que decide modificar partidas para destinar 2,7 millones de euros al primer trimestre del próximo curso. “Esto deja claro cuáles son sus prioridades y a quién sirven: no a las aragonesas y aragoneses, sino a los intereses de determinados sectores privados”, ha afirmado Abengochea.

María Goikoetxea, candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, y Pilar Gimeno, responsable de Memoria Democrática de la formación morada, han presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática por la celebración de un acto de exaltación del franquismo en las instalaciones del Colegio San Vicente de Paúl, un centro educativo privado concertado de Zaragoza.

La denuncia subraya la especial gravedad de los hechos al haberse producido en un centro educativo sostenido con fondos públicos. Según el escrito presentado, la cesión de las instalaciones no respondió a ninguna actividad académica o educativa neutral, sino a un favor personal de la dirección del centro, algo que Podemos considera incompatible con los valores democráticos que deben regir el sistema educativo.

Goikoetxea ha tachado de “enorme anomalía democrática” que en un centro educativo que recibe fondos públicos se hagan actos de exaltación de una dictadura o la glorificación de un dictador. “Si la ley estuviera bien aplicada, esto sería una aberración”, ha insistido, al tiempo que ha exigido una aplicación veraz y determinante de la norma estatal.

La candidata de Podemos también ha criticado la derogación de la ley aragonesa 14/2018 de 8 de noviembre de Memoria Democrática por el gobierno de Azcón en febrero de 2024, a cambio de un plan de concordia “que poco tiene que ver con la reparación de las víctimas o aportar algo de justicia a este periodo tan oscuro de nuestra historia”. Por ello, ha anunciado que Podemos-Alianza Verde seguirá insistiendo en la aplicación de la ley de memoria como herramienta fundamental para garantizar verdad, justicia y reparación y para que no vuelvan a producirse actos como el del colegio de San Vicente de Paúl.

La responsable de Memoria Democrática de la formación morada, Pilar Gimeno, que ha calificado de “indecente” la decisión del centro a una asociación en ofrecer el aula a la asociación que no tenía ni que existir, ha recordado que la Fundación Francisco Franco ha estado recibiendo fondos del Gobierno restando subvenciones a las asociaciones memorialistas. “Nos protege la ley estatal y nosotros tenemos que defenderla porque es la guardiana de la democracia. Podemos no vamos a parar y exigiremos el cumplimiento de la ley estatal, aunque precisa mejoras.

Críticas a tres bandas

Podemos dirige las críticas a diestro y siniestro y a la propia Fiscalía. Si cuestiona al Gobierno del PP en Aragón por el desamparo tras la derogación de la ley de memoria aragonesa, no se queda atrás el reproche al Ejecutivo central porque “estos actos son aún posibles por la cobardía del Gobierno PSOE-Sumar, que llevan tres años sin aplicar la ley de Memoria Democrática estatal, la cual permite extinguir fundaciones que exalten el franquismo”. Y añade que, si se hubiera aplicado con la firmeza necesaria, esta fundación “hoy sería solo un mal recuerdo”.  

Además, Podemos lamenta que la Fiscalía no haya actuado de oficio ante unos hechos que generaron alarma social y fueron difundidos en medios de comunicación, obligando a la presentación de esta denuncia para evitar la impunidad. 

En su escrito, Podemos solicita a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación para depurar las responsabilidades penales o administrativas de las personas físicas o jurídicas implicadas. “Los derechos humanos no se interpretan: se garantizan. Si una ley no está sirviendo para hacerlo, el Gobierno tiene la obligación de actuar”, concluye.

El acto celebrado en el colegio concertado de San Vicente de Paúl por la Fundación Francisco Franco en Aragón tenía previsto celebrarse un acto en el Hotel Centro Coso el pasado mes de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador. Según Podemos, al no poder realizarse finalmente allí, fue la propia dirección del centro educativo la que ofreció la alternativa de acoger el evento en sus instalaciones.

Entre las personas participantes en el acto había caras conocidas como el polémico periodista Eduardo García Serrano, el diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, o el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro.

Casi dos años después de que los sindicatos y la patronal de los colegios privados religiosos firmaran un acuerdo de convenio que puso fin a varias semanas de huelga en estos centros escolares, el sector está otra vez en conflicto. Lo está precisamente por el incumplimiento de estos acuerdos que suscribieron entonces todos los sindicatos - ELA, CCOO, UGT y Steilas- a excepción de LAB, con las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA. ELA, que llama a estos colegios como de “iniciativa social”, ha convocado en solitario una jornada de huelga salvo en Donostia -donde es día festivo- coincidiendo con el juicio por la demanda presentada por todos los sindicatos para reclamar el cumplimiento de lo firmado en el acuerdo, entre otras cuestiones, la reducción en una hora la atención directa del profesorado.

El seguimiento del paro ha sido desigual, al estar convocado sin unidad sindical. Kristau Eskola no ha ofrecido datos por el momento. Sin embargo, ELA ha considerado que la huelga “ha tenido notable incidencia en los centros en que no se aplican los contenidos recogidos en el acuerdo alcanzado hace casi dos años”. “A pesar de los servicios mínimos excesivos decretados por el Gobierno vasco, una de cada tres personas que podían secundar la huelga lo ha hecho”, han explicado desde el sindicato, que ha realizado una manifestación por las calles de Bilbao.

Según denuncian, en estos dos años ha habido “dejadez y mala fe” por parte de las patronales y del Gobierno vasco. De las patronales porque no cumplen lo pactado, y del Ejecutivo, porque afirman que se le ha pedido una reunión “tres veces”, y ni siquiera le ha respondido.

De hecho, aseguran que muchas de las cuestiones que se han materializado han sido gracias a los tribunales. En este sentido, recuerdan que ese ha sido el caso del “pago en plazo de los salarios”, materia en la que, tras presentar los sindicatos una demanda, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco “condenó a las patronales a realizar el pago”. Sin embargo, ha denunciado, algunos complementos se “siguen sin pagar actualizados” y tampoco se ha materializado la reducción de horas lectivas “por orden de la patronal Kristau Eskola”.

Según los datos que maneja ELA, en este curso 2025-2026, “solo el 10% de los centros ha optado por implantar una hora lectiva menos y una hora complementaria más, tal y como se recoge en el acuerdo”, una decisión “adoptada por las direcciones de estos centros desobedeciendo las directrices de las patronales”. Para que se cumpla en otros centros, se ha tenido que “acudir de nuevo a los juzgados”, cuya vista ha tenido lugar este martes.

Por su parte, CCOO, Steilas, LAB y UGT, que no han convocado huelga, pero se han concentrado ante los juzgados, y han exigido a las patronales de los centros de iniciativa social que “hagan los deberes” y apliquen “desde ya” la reducción lectiva de una hora en todas las etapas educativas a la que se comprometieron tanto Kristau Eskola como AICE-IZEA al firmar hace 23 meses, en febrero de 2024, el Acuerdo Fin de Huelga. Las centrales consideran que dicho acuerdo tiene  “rango de convenio” , por lo que no tiene dudas de que los juzgados respaldarán su demanda. “En ese acuerdo se recoge ”perfectamente, y sin ningún lugar a dudas, que en el curso 2025-2026 debía aplicarse la reducción lectiva de una hora y convertirla “en la quinta hora complementaria de trabajo personal”, han explicado.

Sobre la decisión de no convocar huelga, como ha hecho el sindicato ELA, los representantes de estas centrales han considerado que están siguiendo las acciones que creen que deben seguir, que en este momento pasa por llevar el acuerdo a los tribuales. “A partir de aquí” han anunciado que ya revisarán “cuál tendrá que ser la línea de acción futura y qué otras acciones” emprenderán “tras conocer la sentencia”. “Es el momento de exigir su cumplimiento judicialmente porque lo firmado se ha incumplido. Luego ya veremos qué otras acciones tomamos para que esto verdaderamente se cumpla”, han advertido.

Begoña Pedrosa (Areatza, 1975) es consejera de Educación del Gobierno vasco de Imanol Pradales desde el verano de 2024. Entró como independiente al igual que el otro consejero 'educativo', Juan Ignacio Pérez Iglesias, titular de Ciencia, Universidades e Investigación, pero ahora anuncia que ya forma parte del PNV, el partido que la propuso. En la legislatura anterior fue la 'número dos' de Jokin Bildarratz, quien la fichó en 2020 procedente de Mondragon Unibertsitatea, donde era decana de Humanidades y Ciencias de la Educación. Pedrosa, que acumula titulaciones y distinciones académicas, es licenciada en filología inglesa, ha sido profesora de castellano en Estados Unidos y tiene un alto nivel de euskera. Sostiene que el monolingüismo es el pasado y da por superado el marco de modelos A, B y D, aunque quedaron blindados en la reforma legislativa de 2023, de la que ella fue una de las cocineras entre bambalinas. Esa ley cumple dos años este domingo y esta larga entrevista, de más de una hora, es un balance de su desarrollo y de los retos de la segunda cartera con más presupuesto de toda la Administración vasca, con más de 3.000 millones de euros. Es también un diagnóstico de una enseñanza vasca en la que el peso de la concertada es el mayor de entre todas las comunidades autónomas por la suma de colegios católicos, ikastolas y cooperativas. Pedrosa asegura que se están reduciendo conciertos. En cifras, de 6.030 aulas concertadas en el curso 2021/2022 se ha pasado a 5.653 en la actualidad. Pero avisa de que tendrá que subirse la financiación de los centros privados si se quieren eliminar las cuotas. En la conversación se cuela a menudo Eskola Bikaina Denontza, la mesa puesta en marcha para analizar el futuro de la enseñanza y, particularmente, el reto de la segregación.

Este domingo se han cumplido dos años de la aprobación, en este Parlamento, de la ley vasca de Educación. ¿Qué balance se puede hacer?

Esta ley nos da un marco estable para impulsar el sistema educativo vasco. Si ponemos en valor cuáles son los ejes que hemos impulsado en estos dos años -y que vamos a seguir impulsando, por supuesto- diría que el primero es la equidad. Para eso hemos puesto en marcha Eskola Bikaina Denontzat, que viene del mandato de impulsar un pacto para abordar la segregación escolar en Euskadi. Y hablamos de equidad pero también vamos a eficacia, a excelencia, a mejora de resultados. Hemos diseñado un plan integral para mejorar los resultados. Y vamos a la inclusión, a que tengamos un sistema educativo donde podamos convivir, conocer e intercambiar diferentes culturas, diferentes maneras de entender el mundo. En las aulas tenemos más de cien nacionalidades diferentes. Tenemos alumnado recién llegado cada día.

Vayamos ahora a las cuestiones concretas sobre esta ley. ¿A usted le convence el mantenimiento de los modelos A, B y D?

Hace tiempo que ya dije explícitamente que para nosotros lo más importante es que en cada contexto y en cada centro educativo se haga un diagnóstico serio de cómo abordar mejor el aprendizaje. Y no solamente lingüístico, sino de todo el currículum. En eso estamos ahora mismo desde el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y las Lenguas. Estamos impulsando ahora mismo cómo tiene que ser ese marco plurilingüe que nos caracteriza. Tenemos una lengua minoritaria en la que creemos, que nos aporta culturalmente, que nos aporta lingüísticamente, que nos aporta cognitivamente. Hablar de modelos, a día de hoy, no es tan importante. Lo importante es hablar de que cada centro realmente tenga las herramientas para poder implementar el proyecto lingüístico que necesita. Y en eso estamos, habiendo hecho muchísimos contrastes con expertos. Estamos trabajando con la OCDE o con la Unesco. Hoy en día lo normal es ser plurilingüe. El monolingüismo prácticamente no existe. Un mundo con tantos cambios migratorios y culturales se caracteriza precisamente por eso. Y Euskadi no es diferente en ese sentido. Y, además, tenemos una lengua que nos caracteriza, que nos da identidad y de la que estamos muy orgullosos. Hoy, siete de cada diez familias eligen estudiar en el modelo D. ¿Qué significa eso? Significa que apuestan por un modelo donde se prioriza el euskera, donde saben que sus hijos y sus hijas van a tener una oportunidad de conocer y aprender una lengua que les va a dar oportunidades y les va a dar también un sentimiento de pertenencia. El euskera no solamente es una herramienta lingüística, es una manera de entender el mundo. Es una manera de compartir costumbres, culturas y una manera de convivir y de cohesión social.

¿Y con qué nivel de euskera sale al terminar la enseñanza obligatoria a los 16 años un alumno de modelo A? Porque la ley marca un mínimo de B2 independientemente del modelo.

Cuando hablamos de una ley educativa, hablamos de un recorrido a largo plazo. Cada centro educativo, cada alumno, cada familia, tienen un punto de partida y hay que dar ese acompañamiento. Estamos teniendo experiencias muy interesantes. Por un lado, tenemos centros educativos que están caracterizados como modelo D que están apostando por repensar su modelo de inmersión, trabajarlo de otra manera…

¿Hay centros de modelo D que están dando menos euskera?

No, no. No dan menos euskera. Estoy hablando de volver a repensar las metodologías. De qué es lo que funciona y qué es lo que hay que mejorar. Eso significa definir proyectos lingüísticos. Cada centro es un mundo aparte y tiene una realidad social, sociolingüística y cultural específica. Y a partir de ahí, el centro tiene que desarrollar su propia herramienta con el marco que llamamos plurilingüe. La apuesta que hace la ley es que el eje de ese marco tiene que ser el euskera. Pero, al mismo tiempo, tenemos que trabajar para conseguir también el nivel adecuado de lengua castellana, porque también es nuestra lengua. Y también que el alumnado pueda terminar sus estudios obligatorios con un nivel adecuado en la lengua extranjera y, en algunos casos, incluso en la segunda lengua extranjera. Hablamos de un marco plurilingüe.

Hablar de modelos, a día de hoy, no es tan importante. Hoy en día lo normal es ser plurilingüe. El monolingüismo prácticamente no existe. Un mundo con tantos cambios migratorios y culturales se caracteriza precisamente por eso. Y Euskadi no es diferente en ese sentido.

Euskadi es la comunidad autónoma con menor porcentaje de alumnado en la red pública, poco más del 50%. ¿Qué opinión le merece este dato?

Euskadi en estos momentos tiene más alumnado en la red pública que la concertada.

Por muy poco…

Está por encima en porcentaje y ha ido aumentando en los últimos años. Ese dato es una realidad que viene determinada también por nuestra historia. En su momento, en este país también se apostó por un modelo… Bueno, por las ikastolas. Es una realidad histórica. A día de hoy, desde el Departamento de Educación se está impulsando la escuela pública con un plan estratégico. Es el primer plan estratégico para la escuela pública, todo hay que decirlo. Ése es el camino. Y luego las familias eligen. Eso es ley y hay que respetarlo. Nosotros, como Gobierno, priorizamos la escuela pública vasca. Hemos puesto en marcha un plan de infraestructuras ambicioso hasta el 2030. Se han puesto en marcha procesos de estabilización del profesorado. Los cambios no son de la noche a la mañana, pero sí existe una ilusión, un impulso por parte de los centros educativos públicos. Otro elemento muy importante es la estabilización en los equipos directivos. Más de un 80% están consolidados.

A su compañero el consejero de Salud, Alberto Martínez, que tiene un 95% de peso de la pública y 5% de la privada le critican por ello. La diferencia es más que evidente.

Creo que eso no se puede comparar. El sistema sanitario tiene su propio recorrido y sus raíces y el sistema educativo tiene también una historia. La ley lo que hace es subrayar esa idea de servicio público. Hay centros concertados que son partícipes de ese servicio público, que se corresponsabilizan. Yo creo que la ley se puede sintetizar en eso, en lo que se comprometen los centros que prestan ese servicio educativo. Que sea de calidad sea un centro de titularidad pública o un centro que venga de la red concertada.

En el diagnóstico inicial de la mesa que mencionaba, la de Eskola Bikaina Denontzat, se apunta textualmente a que la existencia de una red no pública tan amplia es un factor fundamental para entender la segregación.

Tenemos muchos datos y un dato objetivo es que hoy hay más centros públicos y concertados. Eso es una realidad. El diagnóstico es público y nos dice que hay que poner el foco en tres elementos. Un elemento es la dimensión del alumnado migrante que hay. Es algo que hay que analizar muy a fondo tomar medidas al respecto. Otra dimensión es la educación especial y el alumnado con necesidades especiales. Y el tercer eje es el socioeconómico. Entre las medidas nuevas podemos hablar de los sistemas de admisión que pusimos en marcha en el 2023. Insisto, nos aseguramos de que cualquier centro educativo que se preste a dar ese servicio público tiene que tener un proyecto de calidad. En muchos sentidos. Por ejemplo, hacemos una apuesta también por integrar centros educativos para que sean proyectos más sólidos, para que sean menos segregados y de calidad.

¿Fusiones?

Si hablamos de integración es porque son procedimientos que se hacen, digamos, de una manera progresiva a lo largo de unos años. No se hacen automáticamente. Tenemos casos de escuelas colindantes, una con alumnado muy, muy segregado y la otra con alumnado autóctono solamente. Lo que estamos haciendo es crear un entorno de cohesión social en ese barrio, dotar de más oportunidades a todo el alumnado. En Euskadi lo estamos haciendo con determinación porque realmente pensamos que cohesión social es convivencia.

Hablemos de las cuotas. Llevan prohibidas lustros. La ley de Educación de hace dos años también vuelve a repetir ese compromiso. Entonces, ¿por qué hoy sigue habiendo centros que ponen un peaje para un servicio esencial que debería ser gratuito?

Cuando hablamos de gratuidad, hablamos de gratuidad en el servicio educativo. Ésa es la apuesta que tenemos desde el Gobierno vasco. En la mesa de Eskola Bikaina Denontzat se ha puesto encima de la mesa la financiación. Tiene que ir mejorando poco a poco. En este caso, en los centros concertados.

O sea, ¿la solución a los centros que han estado financiándose irregularmente con cuotas durante años es darles más recursos públicos?

Estamos en pleno desarrollo de la ley. Creo que hay bastante desconocimiento de en qué puede hacerse un copago. También hay que hacer mucha pedagogía con eso en los centros educativos. Existen servicios como, por ejemplo, el comedor, el transporte o las actividades complementarias. Estamos haciendo un trabajo serio de diagnóstico de qué es lo que se cobra. Pero sí que hay elementos en los que tiene que haber mejora en la financiación. Eso es así y estamos trabajando en ello.

Hace ya tres años, el lehendakari Iñigo Urkullu prometió en el Parlamento una página web con transparencia sobre esas cuotas. ¿Cómo va esa iniciativa?

Cuando hablamos de transparencia y de pagos, hablamos de que cada centro educativo pueda hacer público cuáles son los conceptos por los que requiere un copago. Eso es lo que lo que estamos haciendo. Eso es lo que vamos a desarrollar. Tenemos todavía unos cuantos años por delante, pero hay que hacer mucha pedagogía con las familias y con los centros educativos. Las cosas no son blancas o negras. Las cosas no cambian de la noche a la mañana.

¿Y hasta cuándo va a haber cuotas? Al PNV últimamente le gusta mucho el término “multirreincidencia” y esto parece un claro ejemplo de ello.

Estamos hablando de hacer mucha pedagogía. Para eso creo que tenemos que ser corresponsables todos. Para eso tenemos también el marco de Eskola Bikaina Denontzat, que es una oportunidad para reflexionar y para hablar de estos temas.

Hace tres cursos también se estrenó el sistema de admisión, lo mencionaba antes, con reparto de alumnado vulnerable. Las ikastolas privadas fueron de las más críticas al recibir estos cambios y, de hecho, hubo una sanción, de 140.000 euros, a la de Zarautz. ¿Se han superado ya estos problemas?

La equidad es responsabilidad de todo el sistema, también de las ikastolas. Se establecieron unos criterios de admisión y planificación tanto en la red pública como en la concertada. Y eso es lo que se ha ido aplicando y eso es lo que hemos puesto en marcha.

En ese diagnóstico inicial de Eskola Bikaina Denontzat se mencionaba también que había desaparecido ya la más evidente de las segregaciones, la segregación por sexos de los colegios del Opus Dei. ¿Cómo está la situación ahora mismo?

Esos centros ya no pueden segregar por sexo si quieren recibir financiación pública. Los datos de los que yo dispongo indican que así es, que la situación ha cambiado radicalmente. Creo que es una buena noticia. Se hizo con tranquilidad y se fueron adaptando de manera progresiva. Si hay algún centro que haya decidido seguir con esa política, que creo que es uno de ellos, ya no recibe fondos públicos. Es un centro privado.

Quería preguntarle también por la matrícula viva. ¿Tienen datos actualizados de cómo está en este momento? Hace un año se vio que se había incrementado de modo importante.

Estamos en alrededor de unos 4.600 alumnos desde el inicio de curso hasta ahora.

Exactamente lo mismo que el año pasado.

Sí, más o menos. Luego suele haber un repunte en enero o febrero. Es un dato, por cierto, que viene a corroborar la tendencia de que se mantiene muy alta. Y la interpretación que hacemos es que es un fenómeno que ha venido para quedarse.

¿La gestión de estas llegadas durante el curso es equilibrada entre la red pública y la red concertada?

Más o menos el 60% en la pública y el 40% en la concertada. Es un dato que se mantiene bastante estable.

¿Matrícula viva? Estamos en alrededor de unos 4.600 alumnos desde el inicio de curso hasta ahora. Más o menos el 60% acaban en la pública y el 40% en la concertada

Hemos hablado mucho de Eskola Bikaina Denontzat. ¿Cómo va ese foro contra la segregación? ¿Qué plazos manejan para cerrar acuerdos, si es que se pueden conseguir?

Es un foro que habla no solamente de segregación, sino de transformación educativa. Es mucho más que un pacto contra la segregación. Ahora estamos en una fase importante porque hemos empezado a hacer un ‘brainstorming’ de cuáles son las medidas que habría que aplicar en a futuro y en enero iremos ya acotando proyectos.

¿Las medidas llegarían para el curso 2026/2027?

Hay medidas que se están aplicando ya, hay propuesta de meter alguna nueva y hay otras que igual se perciben más a medio o largo plazo. Lo ordenaremos en un cronograma. Que tengamos una ley y la metamos en el cajón no vale para nada, hay que airearla. Hay que volver a poner encima de la mesa por qué se tomaron algunas decisiones. Lo interesante de este foro es precisamente eso, que estamos poniendo en la mesa proyectos. ¿Cómo abordamos precisamente esa matrícula viva? Quizás hace dos o tres años no estaba tan presente. Hay que dotar a los centros con los recursos que necesitan para abordar todo el refuerzo lingüístico, pero también el emocional. Lo importante es que estamos hablando de educación. Y educación es cohesión social, calidad y mejora de resultados.

Mencionaba antes la integración de centros…

Muchas veces el primer golpe es duro. Pero, cuando hablamos con datos y reflexionamos con las personas que están implicadas, cuando se explica y se debate, se llega al acuerdo y se implementa esa integración. Hay disenso en algunos momentos, porque son procesos que duran dos o tres años, pero también acuerdos. Estamos aportando a la cohesión social de Euskadi. Y lo digo con todo el convencimiento del mundo mundial.

Por terminar con el tema de la segregación, hay zonas con ese problema en Vitoria, Bilbao o localidades como Ordizia. ¿Puede llegar a haber cursos de diferencia en centros muy segregados?

Los centros educativos muy segregados, donde hay un índice socioeconómico muy bajo, muchas veces son menos eficaces. Por eso es importante que haya centros más heterogéneos. Y por eso es importante que los centros que tienen un nivel socioeconómico más bajo dispongan de más medios. En Euskadi se ponen muchísimos recursos para que nadie se quede atrás. ¿Resultados? Pues algunos brotes verdes estamos viendo, pero a largo plazo vendrán más. ¿Qué nos dice la OCDE? Que somos una de las regiones con la tasa de abandono temprano más baja. Eso también es éxito educativo. Se están haciendo muchas cosas en Euskadi. Por eso nos llaman de Madrid muchas veces, para que les expliquemos en qué andamos.

¿Qué nos dice la OCDE? Que somos una de las regiones con la tasa de abandono temprano más baja. Eso también es éxito educativo. Se están haciendo muchas cosas en Euskadi. Por eso nos llaman de Madrid muchas veces, para que les expliquemos en qué andamos.

Imagino que será satisfactorio haber cerrado el convenio del profesorado de la pública.

Sí, ha sido un proceso intenso. Todos los procesos de negociaciones laborales son intensos. Pero, sí, ha sido satisfactorio. Se han sellado cosas que son muy importantes para la escuela pública. Junto con la ilusión que percibimos en los equipos directivos, junto con la apuesta clara y contundente de mejorar todo el plan de infraestructuras, creo que es un triángulo muy interesante para que la escuela pública vasca realmente alcance los objetivos que se han propuesto en el plan estratégico. Hay que congratularse. Es un logro colectivo.

ELA y Steilas, sin embargo, están fuera de Eskola Bikaina Denontzat.

Aquí hay dos opciones. Una es descolgarse y la otra es aportar, estar y participar. Quien quiere estar, está. Y, además, aportando. Quien no quiere estar, es libre de no estar.

De cara al 20 de enero ELA ha anunciado ya algunas movilizaciones en la concertada. ¿Le preocupa que pueda reactivarse de alguna manera la conflictividad en esta red?

Siempre decimos que tenemos que poner en el centro al alumnado y las huelgas no ayudan en ese sentido, ¿no? Entendemos que hay reivindicaciones laborales, pero hay que explicar bien en qué marco estamos. Apelamos a la responsabilidad tanto de las patronales, en este caso Kristau Eskola, como del ámbito sindical. Que pongan como prioridad el aprendizaje.

¿La caída de la natalidad es un problema o es una oportunidad para el sistema educativo?

El descenso demográfico es un reto. Es algo generalizado. A nivel de Estado, por ejemplo, en todas las comunidades se está dando. Y, sí, se puede leer también como una oportunidad,

Algunas otras comunidades plantean, por ejemplo, aprovechar la circunstancia para reducir conciertos educativos.

Euskadi ha reducido conciertos en los últimos años. El año pasado hubo un descenso significativo. Son 377 aulas concertadas menos que en el curso 2021/2022.

¿Hay alguna previsión de publificación de centros?

Existe ese gancho jurídico. Si en algún momento dado hubiera que tirar de él, está para para utilizarlo. Pero a día de hoy no tenemos una ‘foto’ al respecto. Lo que sí hay son integraciones.

Existe ese gancho jurídico para publificar centros. Si en algún momento dado hubiera que tirar de él, está para para utilizarlo. Pero a día de hoy no tenemos una ‘foto’ al respecto. Lo que sí hay son integraciones.

En los últimos años, PISA y otras evaluaciones diagnósticas han mostrado caídas de resultados en materias varias, en matemáticas, comprensión lectora o ciencia. ¿Hay algún plan de choque para contrarrestar esta tendencia?

Los últimos resultados de PISA son del 2022. En Euskadi se han hecho evaluaciones diagnósticas posteriormente. La última muestral fue en 2024 y la última censal, que se hace en todos los centros educativos a mitad de etapa, es la del 2025. Publicaremos en enero el informe ejecutivo. Y los resultados han mejorado. El trabajo que se comenzó el año pasado tiene ya sus brotes verdes, pero hay que seguir mejorando muchísimo más. Tenemos un plan, sí. Tenemos una estrategia integral de mejora de resultados. Los centros educativos están trabajando planes de mejora en todos los niveles y hay que felicitarles por ello. Se han diseñado programas específicos de acompañamiento y de refuerzo de diferentes categorías, por ejemplo en competencia lectora y competencia matemática. PISA vuelve otra vez en el 2026 y será otra foto. Pero a veces nos obsesionamos con unas fotos que son del 2022 cuando tenemos otras más recientes.

¿Y el problema de las pantallas?

Estamos trabajando mucho también en el bienestar emocional del alumnado, que muchas veces lo dejamos de lado. Es necesario para el rendimiento académico. Trabajamos en cómo podemos prevenir conductas suicidas, o en cómo podemos mejorar ese sentido de pertenencia en el centro educativo. El sistema se está preparando. Hacemos formación en el ámbito de la pornografía, por ejemplo. La mejora de resultados no es sólo saber más matemáticas, también es saber buscar el equilibrio emocional en todo momento y en cada etapa, porque cada vez en edades más tempranas tenemos situaciones muy, muy delicadas que abordar desde el punto de vista emocional.

¿Tiene sentido una asignatura de religión?

Lo que tiene sentido es aplicar la ley. Y nosotros aplicamos la ley. Tiene que haber ese mínimo de oferta de religión, y así se hace. Y las familias tienen derecho a tomar esa decisión. Cuando una familia elige la religión islámica, también hay que ofertarla. A partir de ahí, lo que sí nos parece muy interesante desde el punto de vista educativo es que el alumnado tenga un conocimiento de las culturas y de las religiones, del mundo, porque eso también es bagaje histórico y cultural

¿ETA debería ser materia de examen en la Selectividad?

Tenemos un currículum y en él se establece que hay que trabajar la convivencia, los valores cívicos, la no violencia. Hay asignaturas de historia de España donde se trabajan todos esos elementos. Si tiene que ser tema de examen de Selectividad, lo decidirán las comisiones que están trabajando en la propia prueba. Ahí nosotros no tenemos nada que decir. Creo que tienen suficiente criterio y conocimiento como para determinarlo.

La mejora de resultados no es sólo saber más matemáticas, también es saber buscar el equilibrio emocional en todo momento y en cada etapa, porque cada vez en edades más tempranas tenemos situaciones muy, muy delicadas que abordar desde el punto de vista emocional.

¿Se prevé algún cambio en el sistema de comedores escolares? Esto ha dado algunos problemas en los últimos años.

Ya estamos haciendo muchos cambios, aunque el sistema de comedores escolares de Euskadi goza de muy buena salud. Y eso también hay que decirlo. Estamos yendo a modelo de cocinas ‘in situ’ que hemos puesto en marcha este mismo curso. Y creo que está dando sus resultados. Recientemente visitaba una de ellas y nos explicaban cómo funcionaba. Las familias nos decían que habían notado una mejora en el comedor, que así se lo se lo transmitían sus hijos y sus hijas.

¿Y en transporte escolar? En los últimos años también ha habido alguna incidencia también.

Está mejor que nunca. Damos un servicio público a todos aquellos usuarios que lo necesitan…

No es un público, es una contrata.

Digo público porque estamos dando un servicio a las familias. Es un servicio público.. A día de hoy está funcionando con absoluta normalidad y esperemos que así siga siendo.

Usted entró al Gobierno como independiente. ¿Sigue siendo independiente?

Estoy comprometida absolutamente con el lehendakari Pradales y con todo el equipo de Gobierno. A día de hoy formo parte de un partido político que es EAJ-PNV. Comparto los valores de este partido político y comparto también la trayectoria y el trabajo que hacemos por un bien común y por mejorar los servicios públicos de este país.

A día de hoy formo parte de un partido político que es EAJ-PNV. Comparto los valores de este partido político y comparto también la trayectoria y el trabajo que hacemos por un bien común y por mejorar los servicios públicos de este país.

Y, viniendo desde fuera, desde el ámbito educativo, ¿cómo se ha encontrado la política?

Es un ámbito apasionante. Me parece una oportunidad muy grande y la asumo con mucha responsabilidad. Y con mucha ilusión también. Yo disfruto cuando estoy en el Parlamento, aprendo cuando estoy en el Parlamento. También creo que tenemos que hacer un trabajo para que la gente joven se anime a conocer la política de cerca.

No es fácil en un contexto de cascada de investigaciones de corrupción…

Efectivamente. Por eso, en Euskadi tenemos que ser modelo a seguir. Se trabaja con mucho diálogo, hay respeto hacia lo diferente y tenemos que seguir en esa línea de trabajo. Lo que ocurre en Madrid no nos gusta, da un poco de miedo.

El sindicato ELA ha convocado una jornada de huelga el 20 de enero de 2026 en los centros de enseñanza privados concertados religiosos, que ellos denominan de “iniciativa social”. En Donostia es una jornada festva. La central exige a las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA la aplicación de la reducción de la hora lectiva, tal y como recogía el acuerdo de fin de huelga de febrero de 2024 y del que, denuncian, “siguen sin cumplirse varios apartados y sin recogerse en un nuevo convenio”.

El anuncio fue realizado este miércoles en rueda de prensa en Bilbao por trabajadores y responsables del sindicato en los centros privados, quienes han denunciado que, desde aquella firma, “han pasado 20 meses y aún hay contenidos acordados que la patronal no quiere implementar, como sucede con la reducción de la hora lectiva”, informa Europa Press.

Tras recordar que, antes de la convocatoria de esta huelga, ELA interpuso en octubre una demanda judicial para que se cumpla dicha reducción, la representante del sindicato en enseñanza, Miren Zubizarreta, ha explicado que la jornada de huelga se ha hecho coincidir precisamente con la celebración ese mismo día del juicio por la denuncia interpuesta. Por su parte, Leire Sangroniz ha añadido que la plantilla “quiere exigir que todos los contenidos acordados se recojan en convenio, así como que se pacten los salarios de 2025”.

Según ha explicado, y pasados 20 meses desde la firma de aquel acuerdo de fin de huelga, los contenidos pactados todavía incumplidos son “culpa de la desidia y la mala fe de las patronales y del Gobierno vasco”. De hecho, ha proseguido, en este período transcurrido, se han celebrado 16 mesas de negociación, “impulsadas en su mayoría por iniciativa de ELA” ha subrayado Sangroniz y “a pesar de varias concentraciones y movilizaciones,” los trabajadores “siguen sin ver avances”.

Tras recordar que los sindicatos del sector han pedido al Gobierno vasco hasta la fecha una reunión hasta en tres ocasiones, “Lakua no ha respondido afirmativamente” y, además, los avances logrados, “se han conseguido gracias a los juzgados”, ha subrayado, como es el caso del pago de los salarios pactados en el plazo acordado y después de que los sindicatos presentaran una demanda en la que el TSJPV condenó a las patronales a realizar dicho pago. Sin embargo, ha remarcado Sangroniz, la reducción de la hora lectiva acordada sigue sin cumplirse “por orden de la patronal Kristau Eskola”, lo que se ha traducido en que, en el curso 2025-2026, “sólo el 10% de los centros ha optado por implantar una hora lectiva menos y una hora complementaria más, tal y como se recoge en el acuerdo”.

Esta decisión, desde la perspectiva de ELA, ha sido adoptada por las direcciones de estos centros, “omitiendo las directrices de las patronales” por lo que, con el objetivo de que también se cumpla en otros centros, ELA ha decidido acudir de nuevo a los juzgados“. Tras hacer un llamamiento al resto de sindicatos para que se sumen a la convocatoria, la representante de ELA ha asegurado que ”el personal no puede estar pendiente de lo que digan los tribunales para exigir el cumplimiento de lo acordado“ por lo que, ”en caso de que la patronal no responda, ELA tiene claro que, además de los juzgados, las y los trabajadores tendrán que seguir por la vía de la huelga“.