El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, el socialista Carlos Gimeno, ha anunciado este jueves que finalmente, pese a la caída de la natalidad y del número de alumnos, no se cerrarán las 19 aulas de 3 años en Infantil en la red pública que el propio consejero había anunciado para el curso 2026-2027. Educación sí mantendrá el cierre de 14 líneas de la red privada financiada con fondos públicos a las que no se les renovará el concierto educativo.

“En algunos centros sí se van a reducir unidades y en otros centros que estaban infraestimados se van a sobreestimar y han aparecido nuevas unidades en el global no se van a cerrar unidades en la escuela pública”, ha informado el consejero Carlos Gimeno tras la brecha abierta entre el PSN y Geroa Bai (socio del gobierno de los socialistas) y EH Bildu (socio presupuestario) tras el anuncio de cierre de aulas por el descenso de la natalidad.

Según ha añadido, han aparecido nuevas unidades en la organización de “centros pequeños, centros con una oferta de modelo lingüístico minoritaria, que son agrupaciones internivelares”. “A la hora de ver las listas provisionales, a la hora de ver cómo se conforman los agrupamientos no habrá reducción; sí habrá reducciones en algunos centros pero en otros centros habrá más unidades, por lo tanto el balance neto es que no habrá reducción de unidades en la escuela pública en las aulas de 3 años”, ha indicado. Además, ha dicho, “todavía queda la matrícula extraordinaria de agosto y es posible que se pudiera incrementar alguna unidad más”.

Geroa Bai y EH Bildu se unieron a UPN, PP y Vox y aprobaron en el Parlamento foral una moción para instar a Educación a aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos y no cerrar ningún aula, tanto en la pública como en la privada, en el curso que viene. Finalmente Educación ha rectificado y mantendrá todas las aulas en la pública, pero sí retirará el concierto a 14 líneas en la concertada, siete de ellas en ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Educación no está para financiar aulas vacías o semivacías”, ha defendido Gimeno.

“No es posible, como trasladaron los servicios jurídicos del departamento ayer, llevar a cabo la prórroga de los conciertos. Solo se pueden prorrogar en la interpretación correcta y jurídica del artículo 44 -del Decreto Foral 416/1992-”, ha dicho, para precisar que “la única interpretación posible del artículo 44 se puede aplicar a la ikastola de Lodosa”, ha señalado el consejero de Educación.

Ante las críticas de la Federación navarra de Ikastolas y de EH Bildu y Geroa Bai por el cierre de aulas en estos centros, el consejero ha asegurado “se puede estudiar en modelo D -en euskera- en toda la comunidad foral, también en la zona no vascófona”.

“Es palmario que se han ido aumentando unidades del modelo D en toda la comunidad”, ha dicho, para exponer que en el acuerdo presupuestario de este año se recoge que se van a introducir unidades de modelo D en Falces y en Aibar. “Si se introduce el modelo D en Ancín, si se hace un centro público para modelo D en Ancín, si se modifica el mapa escolar en Ancín, si se amplía un colegio público como el de Abárzuza, si se introduce más oferta de modelo D en Abárzuza, repercute en determinadas ikastolas del ámbito de influencia educativa”, ha apuntado.

Según ha comentado, además, se ha reducido la matrícula por una bajada demográfica por lo que “la ecuación afecta no solo al ámbito público sino al ámbito de modelo D concertado”.

Ha negado así Gimeno que “haya un ataque al euskera por parte del Departamento”. “Se han exceptuado de los criterios que ha aplicado el departamento tres ikastolas, se han incrementado recursos en una ikastola y se ha ofrecido la prórroga del concierto”, ha defendido, para exponer que “a la ikastola de Sangüesa se le aplican los criterios de la escuela pública por estar en una zona de riesgo de despoblación”.

EH Bildu se ha sumado a las críticas de UPN, Geroa Bai y PP a la medida anunciada por el Departamento de Educación que dirige el socialista Carlos Gimeno de no renovar el concierto educativo de 14 líneas de la red privada en Infantil (cinco en ikastolas) ante el descenso de la natalidad. Una medida que el consejero justificó como una defensa de la enseñanza pública, que pierde mucho más alumnado que la concertada (54 aulas frente a 8 desde el curso 2014/2015). “Es totalmente desacertada y precipitada, y es una medida cortoplacista con importantes consecuencias para los centros afectados”, ha lamentado la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Laura Aznal.

Según explicó el consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha sido la red pública la más castigada por el descenso de la natalidad registrado en los últimos años. Así, a pesar de que el número de alumnos que han perdido desde el año 2014 es similar en las dos redes (22% en la pública frente a 20% en la privada financiada con fondos públicos), el sistema de renovación de conciertos, que se hace cada cuatro años, ha provocado que en el mismo periodo de tiempo en la enseñanza pública se hayan cerrado 54 líneas en aulas mientras que en la concertada únicamente ocho, siete veces menos. Para evitar ese “blindaje” de la concertada Educación ha anunciado que para el curso que viene no se renovará el concierto a 14 líneas de la red concertada para así equilibrar el cierre de 19 líneas en la red pública y evitar que sean más.

La medida ha sido duramente criticada por los partidos de la oposición, UPN y PP, pero también por el socio de gobierno de los socialistas Geroa Bai, y ahora también EH Bildu, socio presupuestario, porque el cierre afectará también a ikastolas, escuelas privadas financiadas con fondos públicos de enseñanza en euskera. “Se pretenden llevar a cabo medidas totalmente excepcionales, nunca tomadas antes y sin un plan general”, ha afeado Laura Aznal, que ha señalado que EH Bildu incluyó en el acuerdo de Presupuestos con el Ejecutivo de María Chivite el compromiso de Educación de realizar un plan estratégico de cinco años para la bajada lineal escalonada de ratios, desglosado por niveles educativos y dotado de recursos, que no se ha realizado todavía.

Geroa Bai por su parte ha planteado una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos “para adaptar las decisiones del conjunto de la red de educación de Navarra a la actual situación demográfica excepcional” y ha presentado una moción parlamentaria por la que se insta al Departamento de Educación a no proceder al cierre de aulas de Educación Infantil ni en la red pública ni en la concertada durante la planificación escolar del próximo curso, que UPN ya ha anunciado que apoyará. “Hay que proteger nuestro sistema educativo de un socialismo radical, ideologizado, que toma las decisiones desde ese prisma. María Chivite quiere aprovechar las circunstancias para cerrar aulas en centros públicos y en centros concertados y nosotros creemos que hay que parar este disparate”, ha criticado el portavoz regionalista, Javier Esparza.

PSN y Contigo/Zurekin, los otros dos socios del gobierno, han defendido el plan de Educación para equilibrar el cierre de aulas por la caída de la natalidad entre las redes pública y concertada. “Lo que no se puede justificar de ninguna manera es mantener unidades concertadas mientras se están cerrando unidades públicas. No se pueden pedir sacrificios siempre a la misma parte. No se puede cargar siempre el coste sobre la escuela pública”, ha defendido Ainhoa Unzu, del PSN. “No se puede pretender defender el carácter estratégico de la red educativa pública y a su vez blindar los conciertos con la red privado-concertada, como en estos momentos están defendiendo las derechas, pero también Geroa Bai y EH Bildu”, ha criticado el portavoz de Contigo/Zurekin, Carlos Guzmán.

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha puesto en marcha el procedimiento para que el Bachillerato concertado sea una realidad en Aragón a partir del curso 2026-2027, a pesar de la situación de prórroga presupuestaria en la Comunidad. El Departamento de Educación ha aprobado una modificación de la Orden de conciertos que se publicará este miércoles en el Boletín Oficial de Aragón (BOA). Esta medida habilita la posibilidad de subvencionar hasta 65 unidades en alrededor de una veintena de centros educativos, con un coste estimado de unos siete millones de euros anuales.

El plazo para solicitar estos conciertos será de diez días y la orden contempla también la posibilidad de retroactividad para los centros que ya se presentaron. Según el director general de Planificación, Centros y FP, Luis Mallada, tras la publicación en el BOA los servicios provinciales convocarán las mesas de conciertos para tramitar las solicitudes o ratificar las ya presentadas. “A partir de ese momento saldrá una resolución provisional que suele ser prácticamente igual a la definitiva, en la que ya se indican los centros y las enseñanzas que van a tener concertadas”, ha señalado.

Según han explicado desde el Ejecutivo, la financiación de esta medida se llevará a cabo mediante una modificación en la partida plurianual que ya está aprobada hasta 2031. El coste total es de siete millones de euros, de los que 2,7 se aportarán del presupuesto de 2026, todavía sin presentar ni aprobar.

Este movimiento permite al Ejecutivo sortear la falta de nuevos presupuestos, aunque esta medida no se ha aplicado a otras áreas de urgencia. Mientras se asegura la financiación para que las familias de la educación privada pasen de pagar 400 euros a un máximo de 36 euros mensuales, siguen en suspenso las ayudas destinadas a paliar los efectos económicos de la crisis en Oriente Medio o las inversiones bloqueadas por el actual clima de inestabilidad legislativa en las Cortes.

La normativa establece que los centros que accedan a la concertación deberán cumplir criterios de equidad, programación educativa y atención al alumnado con necesidades específicas, en función de la planificación de la escolarización en cada territorio. La consejera de Educación en funciones, Tomasa Hernández, ha defendido que la medida responde al compromiso del Ejecutivo con un “modelo educativo plural” y con la “libertad de elección de las familias”. La medida se iniciará en primero de Bachillerato.

En paralelo, el Ejecutivo mantiene en suspenso otras medidas anunciadas en materia educativa, como la gratuidad de la educación infantil, que el propio Departamento vincula a una mayor complejidad normativa: “Ambas cosas fueron promesas electorales que estamos dispuestos a cumplir y se cumplirá, pero hay que ir adaptándose a las posibilidades de estar, por un lado, en funciones, por otro lado, por la prórroga presupuestaria”.

Rechazo de sindicatos, familias y oposición

Por su parte, la CGT Enseñanza Aragón, segundo sindicato del sector en la educación pública, ha anunciado movilizaciones en respuesta a la decisión. El sindicato ya convocó tres días de huelga el pasado enero contra la expansión de la enseñanza concertada y ha avanzado que decidirá nuevas acciones en asambleas internas. Además, recuerda que existen más de 2.000 plazas vacantes en la escuela pública aragonesa y considera que la inversión prevista supone un uso ineficiente de los recursos públicos.

La Federación de Enseñanza de CCOO Aragón también ha manifestado su “rotundo y frontal rechazo” al anuncio de la concertación. “Esta organización considera que la medida es totalmente innecesaria, dado que los centros públicos de la comunidad cuentan con plazas suficientes para garantizar la escolarización de todo el alumnado que desee cursar estos estudios”. El sindicato subraya que “destinar dinero público a servicios que la administración ya ofrece de forma gratuita y con excedente de oferta podría considerarse un uso arbitrario de los recursos de la ciudadanía, rozando lo que legalmente se define como malversación de los fondos públicos”. Consideran de “especial gravedad” el hecho de que este anuncio se produzca con un gobierno en funciones y sin presupuestos aprobados. Añaden también que se está estudiando la posibilidad de emprender acciones legales para denunciar y frenar esta situación en los tribunales.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado de Aragón ha expresado su “profundo malestar” ante esta medida que “solo se justifica desde un punto de vista ideológico que, es evidente, perjudica notablemente a la Escuela Pública”. También han criticado que está decisión la tome un gobierno en funciones y con los presupuestos prorrogados: “No entendemos que esta decisión se adopte con un presupuesto prorrogado por segundo año consecutivo, que precisa de una inversión de más de siete millones de euros, que de alguna parte deberán detraerse y no será de lo destinado inicialmente a la red concertada, por lo tanto, será en detrimento, una vez más, de la Escuela Pública”. Han acusado al Departamento de tomar decisiones con “alevosía” y de “falta de respeto” a las organizaciones miembros de la Comisión de Garantías de Escolarización de Secundaria (y Bachillerato), entre ellas FAPAR, ya que no se les informó de este cambio que afecta a la oferta educativa del próximo curso.

El Grupo Parlamentario de Chunta Aragonesista ha presentado ya en las Cortes de Aragón una proposición no de ley para frenar la implantación de la concertación del Bachillerato anunciada por el Gobierno de Aragón. CHA considera que esta medida “no responde a necesidades reales del sistema educativo”. Isabel Lasobras ha señalado que “la concertación del Bachillerato puede provocar un desplazamiento de alumnado hacia centros privados, debilitando progresivamente los institutos públicos”. Añade que esta política “incrementa además las desigualdades territoriales y sociales, beneficiando principalmente a centros privados de grandes ciudades, mientras que el alumnado del medio rural sigue enfrentando desplazamientos para continuar sus estudios”. La proposición no de ley de CHA insta al Gobierno de Aragón a “descartar la implantación de conciertos educativos en Bachillerato”; “renunciar a la concertación del primer ciclo de Educación Infantil y avanzar hacia una red pública suficiente”; “reforzar la red pública educativa aragonesa en todas las etapas”; “priorizar la inversión en los centros públicos”; “garantizar la igualdad de oportunidades en todo el territorio aragonés”; y “evitar la externalización de las enseñanzas de Formación Profesional”.

El diputado socialista Jorge Pastor ha criticado el “recorte de Azcón a los servicios públicos y en concreto a la educación pública”, con el anuncio del concierto de Bachillerato realizado hoy. El grupo socialista ha registrado una solicitud de información a la DGA sobre la legalidad y oportunidad de un convenio nuevo para la concertación de Bachillerato, “anunciado en periodo de prórroga presupuestaria, con un gobierno en funciones y mientras el gobierno de Azcón sigue recortando servicios públicos”. “El gobierno en funciones de Azcón solo sale de su parálisis para recortar servicios públicos”. Así lo ha dicho este mediodía en rueda de prensa el diputado socialista, Jorge Pastor, quien ha asegurado que el anuncio realizado sobre el concierto de Bachillerato para el próximo curso “supone la asfixia de la educación pública”.

Desde Izquierda Unida Aragón han mostrado su rechazo a la decisión. La coordinadora y portavoz parlamentaria de Izquierda Unida Aragón, Marta Abengochea, ha señalado que “el Partido Popular vuelve a utilizar dinero público para reforzar el negocio de los centros de la Iglesia, en lugar de fortalecer una red pública que ya cuenta con plazas suficientes y de calidad contrastada en el bachillerato”. Izquierda Unida Aragón denuncia además la “contradicción del Ejecutivo”, que justifica la medida apelando a principios de equidad, planificación educativa y atención a la diversidad. “Los conciertos educativos, lejos de garantizar la equidad, generan segregación, no están preparados para atender adecuadamente al alumnado con necesidades específicas y aumentan artificialmente la oferta educativa sin responder a la demanda real”, ha subrayado la portavoz. La formación critica también el contexto en el que se adopta la medida: un Gobierno en funciones, sin capacidad de control parlamentario y con presupuestos prorrogados, que decide modificar partidas para destinar 2,7 millones de euros al primer trimestre del próximo curso. “Esto deja claro cuáles son sus prioridades y a quién sirven: no a las aragonesas y aragoneses, sino a los intereses de determinados sectores privados”, ha afirmado Abengochea.

María Goikoetxea, candidata de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de Aragón, y Pilar Gimeno, responsable de Memoria Democrática de la formación morada, han presentado este lunes una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática por la celebración de un acto de exaltación del franquismo en las instalaciones del Colegio San Vicente de Paúl, un centro educativo privado concertado de Zaragoza.

La denuncia subraya la especial gravedad de los hechos al haberse producido en un centro educativo sostenido con fondos públicos. Según el escrito presentado, la cesión de las instalaciones no respondió a ninguna actividad académica o educativa neutral, sino a un favor personal de la dirección del centro, algo que Podemos considera incompatible con los valores democráticos que deben regir el sistema educativo.

Goikoetxea ha tachado de “enorme anomalía democrática” que en un centro educativo que recibe fondos públicos se hagan actos de exaltación de una dictadura o la glorificación de un dictador. “Si la ley estuviera bien aplicada, esto sería una aberración”, ha insistido, al tiempo que ha exigido una aplicación veraz y determinante de la norma estatal.

La candidata de Podemos también ha criticado la derogación de la ley aragonesa 14/2018 de 8 de noviembre de Memoria Democrática por el gobierno de Azcón en febrero de 2024, a cambio de un plan de concordia “que poco tiene que ver con la reparación de las víctimas o aportar algo de justicia a este periodo tan oscuro de nuestra historia”. Por ello, ha anunciado que Podemos-Alianza Verde seguirá insistiendo en la aplicación de la ley de memoria como herramienta fundamental para garantizar verdad, justicia y reparación y para que no vuelvan a producirse actos como el del colegio de San Vicente de Paúl.

La responsable de Memoria Democrática de la formación morada, Pilar Gimeno, que ha calificado de “indecente” la decisión del centro a una asociación en ofrecer el aula a la asociación que no tenía ni que existir, ha recordado que la Fundación Francisco Franco ha estado recibiendo fondos del Gobierno restando subvenciones a las asociaciones memorialistas. “Nos protege la ley estatal y nosotros tenemos que defenderla porque es la guardiana de la democracia. Podemos no vamos a parar y exigiremos el cumplimiento de la ley estatal, aunque precisa mejoras.

Críticas a tres bandas

Podemos dirige las críticas a diestro y siniestro y a la propia Fiscalía. Si cuestiona al Gobierno del PP en Aragón por el desamparo tras la derogación de la ley de memoria aragonesa, no se queda atrás el reproche al Ejecutivo central porque “estos actos son aún posibles por la cobardía del Gobierno PSOE-Sumar, que llevan tres años sin aplicar la ley de Memoria Democrática estatal, la cual permite extinguir fundaciones que exalten el franquismo”. Y añade que, si se hubiera aplicado con la firmeza necesaria, esta fundación “hoy sería solo un mal recuerdo”.  

Además, Podemos lamenta que la Fiscalía no haya actuado de oficio ante unos hechos que generaron alarma social y fueron difundidos en medios de comunicación, obligando a la presentación de esta denuncia para evitar la impunidad. 

En su escrito, Podemos solicita a la Fiscalía la apertura de diligencias de investigación para depurar las responsabilidades penales o administrativas de las personas físicas o jurídicas implicadas. “Los derechos humanos no se interpretan: se garantizan. Si una ley no está sirviendo para hacerlo, el Gobierno tiene la obligación de actuar”, concluye.

El acto celebrado en el colegio concertado de San Vicente de Paúl por la Fundación Francisco Franco en Aragón tenía previsto celebrarse un acto en el Hotel Centro Coso el pasado mes de noviembre, coincidiendo con el 50 aniversario de la muerte del dictador. Según Podemos, al no poder realizarse finalmente allí, fue la propia dirección del centro educativo la que ofreció la alternativa de acoger el evento en sus instalaciones.

Entre las personas participantes en el acto había caras conocidas como el polémico periodista Eduardo García Serrano, el diputado de Vox en las Cortes de Aragón, Fermín Civiac, o el presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro.

Casi dos años después de que los sindicatos y la patronal de los colegios privados religiosos firmaran un acuerdo de convenio que puso fin a varias semanas de huelga en estos centros escolares, el sector está otra vez en conflicto. Lo está precisamente por el incumplimiento de estos acuerdos que suscribieron entonces todos los sindicatos - ELA, CCOO, UGT y Steilas- a excepción de LAB, con las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA. ELA, que llama a estos colegios como de “iniciativa social”, ha convocado en solitario una jornada de huelga salvo en Donostia -donde es día festivo- coincidiendo con el juicio por la demanda presentada por todos los sindicatos para reclamar el cumplimiento de lo firmado en el acuerdo, entre otras cuestiones, la reducción en una hora la atención directa del profesorado.

El seguimiento del paro ha sido desigual, al estar convocado sin unidad sindical. Kristau Eskola no ha ofrecido datos por el momento. Sin embargo, ELA ha considerado que la huelga “ha tenido notable incidencia en los centros en que no se aplican los contenidos recogidos en el acuerdo alcanzado hace casi dos años”. “A pesar de los servicios mínimos excesivos decretados por el Gobierno vasco, una de cada tres personas que podían secundar la huelga lo ha hecho”, han explicado desde el sindicato, que ha realizado una manifestación por las calles de Bilbao.

Según denuncian, en estos dos años ha habido “dejadez y mala fe” por parte de las patronales y del Gobierno vasco. De las patronales porque no cumplen lo pactado, y del Ejecutivo, porque afirman que se le ha pedido una reunión “tres veces”, y ni siquiera le ha respondido.

De hecho, aseguran que muchas de las cuestiones que se han materializado han sido gracias a los tribunales. En este sentido, recuerdan que ese ha sido el caso del “pago en plazo de los salarios”, materia en la que, tras presentar los sindicatos una demanda, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco “condenó a las patronales a realizar el pago”. Sin embargo, ha denunciado, algunos complementos se “siguen sin pagar actualizados” y tampoco se ha materializado la reducción de horas lectivas “por orden de la patronal Kristau Eskola”.

Según los datos que maneja ELA, en este curso 2025-2026, “solo el 10% de los centros ha optado por implantar una hora lectiva menos y una hora complementaria más, tal y como se recoge en el acuerdo”, una decisión “adoptada por las direcciones de estos centros desobedeciendo las directrices de las patronales”. Para que se cumpla en otros centros, se ha tenido que “acudir de nuevo a los juzgados”, cuya vista ha tenido lugar este martes.

Por su parte, CCOO, Steilas, LAB y UGT, que no han convocado huelga, pero se han concentrado ante los juzgados, y han exigido a las patronales de los centros de iniciativa social que “hagan los deberes” y apliquen “desde ya” la reducción lectiva de una hora en todas las etapas educativas a la que se comprometieron tanto Kristau Eskola como AICE-IZEA al firmar hace 23 meses, en febrero de 2024, el Acuerdo Fin de Huelga. Las centrales consideran que dicho acuerdo tiene  “rango de convenio” , por lo que no tiene dudas de que los juzgados respaldarán su demanda. “En ese acuerdo se recoge ”perfectamente, y sin ningún lugar a dudas, que en el curso 2025-2026 debía aplicarse la reducción lectiva de una hora y convertirla “en la quinta hora complementaria de trabajo personal”, han explicado.

Sobre la decisión de no convocar huelga, como ha hecho el sindicato ELA, los representantes de estas centrales han considerado que están siguiendo las acciones que creen que deben seguir, que en este momento pasa por llevar el acuerdo a los tribuales. “A partir de aquí” han anunciado que ya revisarán “cuál tendrá que ser la línea de acción futura y qué otras acciones” emprenderán “tras conocer la sentencia”. “Es el momento de exigir su cumplimiento judicialmente porque lo firmado se ha incumplido. Luego ya veremos qué otras acciones tomamos para que esto verdaderamente se cumpla”, han advertido.

Begoña Pedrosa (Areatza, 1975) es consejera de Educación del Gobierno vasco de Imanol Pradales desde el verano de 2024. Entró como independiente al igual que el otro consejero 'educativo', Juan Ignacio Pérez Iglesias, titular de Ciencia, Universidades e Investigación, pero ahora anuncia que ya forma parte del PNV, el partido que la propuso. En la legislatura anterior fue la 'número dos' de Jokin Bildarratz, quien la fichó en 2020 procedente de Mondragon Unibertsitatea, donde era decana de Humanidades y Ciencias de la Educación. Pedrosa, que acumula titulaciones y distinciones académicas, es licenciada en filología inglesa, ha sido profesora de castellano en Estados Unidos y tiene un alto nivel de euskera. Sostiene que el monolingüismo es el pasado y da por superado el marco de modelos A, B y D, aunque quedaron blindados en la reforma legislativa de 2023, de la que ella fue una de las cocineras entre bambalinas. Esa ley cumple dos años este domingo y esta larga entrevista, de más de una hora, es un balance de su desarrollo y de los retos de la segunda cartera con más presupuesto de toda la Administración vasca, con más de 3.000 millones de euros. Es también un diagnóstico de una enseñanza vasca en la que el peso de la concertada es el mayor de entre todas las comunidades autónomas por la suma de colegios católicos, ikastolas y cooperativas. Pedrosa asegura que se están reduciendo conciertos. En cifras, de 6.030 aulas concertadas en el curso 2021/2022 se ha pasado a 5.653 en la actualidad. Pero avisa de que tendrá que subirse la financiación de los centros privados si se quieren eliminar las cuotas. En la conversación se cuela a menudo Eskola Bikaina Denontza, la mesa puesta en marcha para analizar el futuro de la enseñanza y, particularmente, el reto de la segregación.

Este domingo se han cumplido dos años de la aprobación, en este Parlamento, de la ley vasca de Educación. ¿Qué balance se puede hacer?

Esta ley nos da un marco estable para impulsar el sistema educativo vasco. Si ponemos en valor cuáles son los ejes que hemos impulsado en estos dos años -y que vamos a seguir impulsando, por supuesto- diría que el primero es la equidad. Para eso hemos puesto en marcha Eskola Bikaina Denontzat, que viene del mandato de impulsar un pacto para abordar la segregación escolar en Euskadi. Y hablamos de equidad pero también vamos a eficacia, a excelencia, a mejora de resultados. Hemos diseñado un plan integral para mejorar los resultados. Y vamos a la inclusión, a que tengamos un sistema educativo donde podamos convivir, conocer e intercambiar diferentes culturas, diferentes maneras de entender el mundo. En las aulas tenemos más de cien nacionalidades diferentes. Tenemos alumnado recién llegado cada día.

Vayamos ahora a las cuestiones concretas sobre esta ley. ¿A usted le convence el mantenimiento de los modelos A, B y D?

Hace tiempo que ya dije explícitamente que para nosotros lo más importante es que en cada contexto y en cada centro educativo se haga un diagnóstico serio de cómo abordar mejor el aprendizaje. Y no solamente lingüístico, sino de todo el currículum. En eso estamos ahora mismo desde el Instituto para el Aprendizaje del Euskera y las Lenguas. Estamos impulsando ahora mismo cómo tiene que ser ese marco plurilingüe que nos caracteriza. Tenemos una lengua minoritaria en la que creemos, que nos aporta culturalmente, que nos aporta lingüísticamente, que nos aporta cognitivamente. Hablar de modelos, a día de hoy, no es tan importante. Lo importante es hablar de que cada centro realmente tenga las herramientas para poder implementar el proyecto lingüístico que necesita. Y en eso estamos, habiendo hecho muchísimos contrastes con expertos. Estamos trabajando con la OCDE o con la Unesco. Hoy en día lo normal es ser plurilingüe. El monolingüismo prácticamente no existe. Un mundo con tantos cambios migratorios y culturales se caracteriza precisamente por eso. Y Euskadi no es diferente en ese sentido. Y, además, tenemos una lengua que nos caracteriza, que nos da identidad y de la que estamos muy orgullosos. Hoy, siete de cada diez familias eligen estudiar en el modelo D. ¿Qué significa eso? Significa que apuestan por un modelo donde se prioriza el euskera, donde saben que sus hijos y sus hijas van a tener una oportunidad de conocer y aprender una lengua que les va a dar oportunidades y les va a dar también un sentimiento de pertenencia. El euskera no solamente es una herramienta lingüística, es una manera de entender el mundo. Es una manera de compartir costumbres, culturas y una manera de convivir y de cohesión social.

¿Y con qué nivel de euskera sale al terminar la enseñanza obligatoria a los 16 años un alumno de modelo A? Porque la ley marca un mínimo de B2 independientemente del modelo.

Cuando hablamos de una ley educativa, hablamos de un recorrido a largo plazo. Cada centro educativo, cada alumno, cada familia, tienen un punto de partida y hay que dar ese acompañamiento. Estamos teniendo experiencias muy interesantes. Por un lado, tenemos centros educativos que están caracterizados como modelo D que están apostando por repensar su modelo de inmersión, trabajarlo de otra manera…

¿Hay centros de modelo D que están dando menos euskera?

No, no. No dan menos euskera. Estoy hablando de volver a repensar las metodologías. De qué es lo que funciona y qué es lo que hay que mejorar. Eso significa definir proyectos lingüísticos. Cada centro es un mundo aparte y tiene una realidad social, sociolingüística y cultural específica. Y a partir de ahí, el centro tiene que desarrollar su propia herramienta con el marco que llamamos plurilingüe. La apuesta que hace la ley es que el eje de ese marco tiene que ser el euskera. Pero, al mismo tiempo, tenemos que trabajar para conseguir también el nivel adecuado de lengua castellana, porque también es nuestra lengua. Y también que el alumnado pueda terminar sus estudios obligatorios con un nivel adecuado en la lengua extranjera y, en algunos casos, incluso en la segunda lengua extranjera. Hablamos de un marco plurilingüe.

Hablar de modelos, a día de hoy, no es tan importante. Hoy en día lo normal es ser plurilingüe. El monolingüismo prácticamente no existe. Un mundo con tantos cambios migratorios y culturales se caracteriza precisamente por eso. Y Euskadi no es diferente en ese sentido.

Euskadi es la comunidad autónoma con menor porcentaje de alumnado en la red pública, poco más del 50%. ¿Qué opinión le merece este dato?

Euskadi en estos momentos tiene más alumnado en la red pública que la concertada.

Por muy poco…

Está por encima en porcentaje y ha ido aumentando en los últimos años. Ese dato es una realidad que viene determinada también por nuestra historia. En su momento, en este país también se apostó por un modelo… Bueno, por las ikastolas. Es una realidad histórica. A día de hoy, desde el Departamento de Educación se está impulsando la escuela pública con un plan estratégico. Es el primer plan estratégico para la escuela pública, todo hay que decirlo. Ése es el camino. Y luego las familias eligen. Eso es ley y hay que respetarlo. Nosotros, como Gobierno, priorizamos la escuela pública vasca. Hemos puesto en marcha un plan de infraestructuras ambicioso hasta el 2030. Se han puesto en marcha procesos de estabilización del profesorado. Los cambios no son de la noche a la mañana, pero sí existe una ilusión, un impulso por parte de los centros educativos públicos. Otro elemento muy importante es la estabilización en los equipos directivos. Más de un 80% están consolidados.

A su compañero el consejero de Salud, Alberto Martínez, que tiene un 95% de peso de la pública y 5% de la privada le critican por ello. La diferencia es más que evidente.

Creo que eso no se puede comparar. El sistema sanitario tiene su propio recorrido y sus raíces y el sistema educativo tiene también una historia. La ley lo que hace es subrayar esa idea de servicio público. Hay centros concertados que son partícipes de ese servicio público, que se corresponsabilizan. Yo creo que la ley se puede sintetizar en eso, en lo que se comprometen los centros que prestan ese servicio educativo. Que sea de calidad sea un centro de titularidad pública o un centro que venga de la red concertada.

En el diagnóstico inicial de la mesa que mencionaba, la de Eskola Bikaina Denontzat, se apunta textualmente a que la existencia de una red no pública tan amplia es un factor fundamental para entender la segregación.

Tenemos muchos datos y un dato objetivo es que hoy hay más centros públicos y concertados. Eso es una realidad. El diagnóstico es público y nos dice que hay que poner el foco en tres elementos. Un elemento es la dimensión del alumnado migrante que hay. Es algo que hay que analizar muy a fondo tomar medidas al respecto. Otra dimensión es la educación especial y el alumnado con necesidades especiales. Y el tercer eje es el socioeconómico. Entre las medidas nuevas podemos hablar de los sistemas de admisión que pusimos en marcha en el 2023. Insisto, nos aseguramos de que cualquier centro educativo que se preste a dar ese servicio público tiene que tener un proyecto de calidad. En muchos sentidos. Por ejemplo, hacemos una apuesta también por integrar centros educativos para que sean proyectos más sólidos, para que sean menos segregados y de calidad.

¿Fusiones?

Si hablamos de integración es porque son procedimientos que se hacen, digamos, de una manera progresiva a lo largo de unos años. No se hacen automáticamente. Tenemos casos de escuelas colindantes, una con alumnado muy, muy segregado y la otra con alumnado autóctono solamente. Lo que estamos haciendo es crear un entorno de cohesión social en ese barrio, dotar de más oportunidades a todo el alumnado. En Euskadi lo estamos haciendo con determinación porque realmente pensamos que cohesión social es convivencia.

Hablemos de las cuotas. Llevan prohibidas lustros. La ley de Educación de hace dos años también vuelve a repetir ese compromiso. Entonces, ¿por qué hoy sigue habiendo centros que ponen un peaje para un servicio esencial que debería ser gratuito?

Cuando hablamos de gratuidad, hablamos de gratuidad en el servicio educativo. Ésa es la apuesta que tenemos desde el Gobierno vasco. En la mesa de Eskola Bikaina Denontzat se ha puesto encima de la mesa la financiación. Tiene que ir mejorando poco a poco. En este caso, en los centros concertados.

O sea, ¿la solución a los centros que han estado financiándose irregularmente con cuotas durante años es darles más recursos públicos?

Estamos en pleno desarrollo de la ley. Creo que hay bastante desconocimiento de en qué puede hacerse un copago. También hay que hacer mucha pedagogía con eso en los centros educativos. Existen servicios como, por ejemplo, el comedor, el transporte o las actividades complementarias. Estamos haciendo un trabajo serio de diagnóstico de qué es lo que se cobra. Pero sí que hay elementos en los que tiene que haber mejora en la financiación. Eso es así y estamos trabajando en ello.

Hace ya tres años, el lehendakari Iñigo Urkullu prometió en el Parlamento una página web con transparencia sobre esas cuotas. ¿Cómo va esa iniciativa?

Cuando hablamos de transparencia y de pagos, hablamos de que cada centro educativo pueda hacer público cuáles son los conceptos por los que requiere un copago. Eso es lo que lo que estamos haciendo. Eso es lo que vamos a desarrollar. Tenemos todavía unos cuantos años por delante, pero hay que hacer mucha pedagogía con las familias y con los centros educativos. Las cosas no son blancas o negras. Las cosas no cambian de la noche a la mañana.

¿Y hasta cuándo va a haber cuotas? Al PNV últimamente le gusta mucho el término “multirreincidencia” y esto parece un claro ejemplo de ello.

Estamos hablando de hacer mucha pedagogía. Para eso creo que tenemos que ser corresponsables todos. Para eso tenemos también el marco de Eskola Bikaina Denontzat, que es una oportunidad para reflexionar y para hablar de estos temas.

Hace tres cursos también se estrenó el sistema de admisión, lo mencionaba antes, con reparto de alumnado vulnerable. Las ikastolas privadas fueron de las más críticas al recibir estos cambios y, de hecho, hubo una sanción, de 140.000 euros, a la de Zarautz. ¿Se han superado ya estos problemas?

La equidad es responsabilidad de todo el sistema, también de las ikastolas. Se establecieron unos criterios de admisión y planificación tanto en la red pública como en la concertada. Y eso es lo que se ha ido aplicando y eso es lo que hemos puesto en marcha.

En ese diagnóstico inicial de Eskola Bikaina Denontzat se mencionaba también que había desaparecido ya la más evidente de las segregaciones, la segregación por sexos de los colegios del Opus Dei. ¿Cómo está la situación ahora mismo?

Esos centros ya no pueden segregar por sexo si quieren recibir financiación pública. Los datos de los que yo dispongo indican que así es, que la situación ha cambiado radicalmente. Creo que es una buena noticia. Se hizo con tranquilidad y se fueron adaptando de manera progresiva. Si hay algún centro que haya decidido seguir con esa política, que creo que es uno de ellos, ya no recibe fondos públicos. Es un centro privado.

Quería preguntarle también por la matrícula viva. ¿Tienen datos actualizados de cómo está en este momento? Hace un año se vio que se había incrementado de modo importante.

Estamos en alrededor de unos 4.600 alumnos desde el inicio de curso hasta ahora.

Exactamente lo mismo que el año pasado.

Sí, más o menos. Luego suele haber un repunte en enero o febrero. Es un dato, por cierto, que viene a corroborar la tendencia de que se mantiene muy alta. Y la interpretación que hacemos es que es un fenómeno que ha venido para quedarse.

¿La gestión de estas llegadas durante el curso es equilibrada entre la red pública y la red concertada?

Más o menos el 60% en la pública y el 40% en la concertada. Es un dato que se mantiene bastante estable.

¿Matrícula viva? Estamos en alrededor de unos 4.600 alumnos desde el inicio de curso hasta ahora. Más o menos el 60% acaban en la pública y el 40% en la concertada

Hemos hablado mucho de Eskola Bikaina Denontzat. ¿Cómo va ese foro contra la segregación? ¿Qué plazos manejan para cerrar acuerdos, si es que se pueden conseguir?

Es un foro que habla no solamente de segregación, sino de transformación educativa. Es mucho más que un pacto contra la segregación. Ahora estamos en una fase importante porque hemos empezado a hacer un ‘brainstorming’ de cuáles son las medidas que habría que aplicar en a futuro y en enero iremos ya acotando proyectos.

¿Las medidas llegarían para el curso 2026/2027?

Hay medidas que se están aplicando ya, hay propuesta de meter alguna nueva y hay otras que igual se perciben más a medio o largo plazo. Lo ordenaremos en un cronograma. Que tengamos una ley y la metamos en el cajón no vale para nada, hay que airearla. Hay que volver a poner encima de la mesa por qué se tomaron algunas decisiones. Lo interesante de este foro es precisamente eso, que estamos poniendo en la mesa proyectos. ¿Cómo abordamos precisamente esa matrícula viva? Quizás hace dos o tres años no estaba tan presente. Hay que dotar a los centros con los recursos que necesitan para abordar todo el refuerzo lingüístico, pero también el emocional. Lo importante es que estamos hablando de educación. Y educación es cohesión social, calidad y mejora de resultados.

Mencionaba antes la integración de centros…

Muchas veces el primer golpe es duro. Pero, cuando hablamos con datos y reflexionamos con las personas que están implicadas, cuando se explica y se debate, se llega al acuerdo y se implementa esa integración. Hay disenso en algunos momentos, porque son procesos que duran dos o tres años, pero también acuerdos. Estamos aportando a la cohesión social de Euskadi. Y lo digo con todo el convencimiento del mundo mundial.

Por terminar con el tema de la segregación, hay zonas con ese problema en Vitoria, Bilbao o localidades como Ordizia. ¿Puede llegar a haber cursos de diferencia en centros muy segregados?

Los centros educativos muy segregados, donde hay un índice socioeconómico muy bajo, muchas veces son menos eficaces. Por eso es importante que haya centros más heterogéneos. Y por eso es importante que los centros que tienen un nivel socioeconómico más bajo dispongan de más medios. En Euskadi se ponen muchísimos recursos para que nadie se quede atrás. ¿Resultados? Pues algunos brotes verdes estamos viendo, pero a largo plazo vendrán más. ¿Qué nos dice la OCDE? Que somos una de las regiones con la tasa de abandono temprano más baja. Eso también es éxito educativo. Se están haciendo muchas cosas en Euskadi. Por eso nos llaman de Madrid muchas veces, para que les expliquemos en qué andamos.

¿Qué nos dice la OCDE? Que somos una de las regiones con la tasa de abandono temprano más baja. Eso también es éxito educativo. Se están haciendo muchas cosas en Euskadi. Por eso nos llaman de Madrid muchas veces, para que les expliquemos en qué andamos.

Imagino que será satisfactorio haber cerrado el convenio del profesorado de la pública.

Sí, ha sido un proceso intenso. Todos los procesos de negociaciones laborales son intensos. Pero, sí, ha sido satisfactorio. Se han sellado cosas que son muy importantes para la escuela pública. Junto con la ilusión que percibimos en los equipos directivos, junto con la apuesta clara y contundente de mejorar todo el plan de infraestructuras, creo que es un triángulo muy interesante para que la escuela pública vasca realmente alcance los objetivos que se han propuesto en el plan estratégico. Hay que congratularse. Es un logro colectivo.

ELA y Steilas, sin embargo, están fuera de Eskola Bikaina Denontzat.

Aquí hay dos opciones. Una es descolgarse y la otra es aportar, estar y participar. Quien quiere estar, está. Y, además, aportando. Quien no quiere estar, es libre de no estar.

De cara al 20 de enero ELA ha anunciado ya algunas movilizaciones en la concertada. ¿Le preocupa que pueda reactivarse de alguna manera la conflictividad en esta red?

Siempre decimos que tenemos que poner en el centro al alumnado y las huelgas no ayudan en ese sentido, ¿no? Entendemos que hay reivindicaciones laborales, pero hay que explicar bien en qué marco estamos. Apelamos a la responsabilidad tanto de las patronales, en este caso Kristau Eskola, como del ámbito sindical. Que pongan como prioridad el aprendizaje.

¿La caída de la natalidad es un problema o es una oportunidad para el sistema educativo?

El descenso demográfico es un reto. Es algo generalizado. A nivel de Estado, por ejemplo, en todas las comunidades se está dando. Y, sí, se puede leer también como una oportunidad,

Algunas otras comunidades plantean, por ejemplo, aprovechar la circunstancia para reducir conciertos educativos.

Euskadi ha reducido conciertos en los últimos años. El año pasado hubo un descenso significativo. Son 377 aulas concertadas menos que en el curso 2021/2022.

¿Hay alguna previsión de publificación de centros?

Existe ese gancho jurídico. Si en algún momento dado hubiera que tirar de él, está para para utilizarlo. Pero a día de hoy no tenemos una ‘foto’ al respecto. Lo que sí hay son integraciones.

Existe ese gancho jurídico para publificar centros. Si en algún momento dado hubiera que tirar de él, está para para utilizarlo. Pero a día de hoy no tenemos una ‘foto’ al respecto. Lo que sí hay son integraciones.

En los últimos años, PISA y otras evaluaciones diagnósticas han mostrado caídas de resultados en materias varias, en matemáticas, comprensión lectora o ciencia. ¿Hay algún plan de choque para contrarrestar esta tendencia?

Los últimos resultados de PISA son del 2022. En Euskadi se han hecho evaluaciones diagnósticas posteriormente. La última muestral fue en 2024 y la última censal, que se hace en todos los centros educativos a mitad de etapa, es la del 2025. Publicaremos en enero el informe ejecutivo. Y los resultados han mejorado. El trabajo que se comenzó el año pasado tiene ya sus brotes verdes, pero hay que seguir mejorando muchísimo más. Tenemos un plan, sí. Tenemos una estrategia integral de mejora de resultados. Los centros educativos están trabajando planes de mejora en todos los niveles y hay que felicitarles por ello. Se han diseñado programas específicos de acompañamiento y de refuerzo de diferentes categorías, por ejemplo en competencia lectora y competencia matemática. PISA vuelve otra vez en el 2026 y será otra foto. Pero a veces nos obsesionamos con unas fotos que son del 2022 cuando tenemos otras más recientes.

¿Y el problema de las pantallas?

Estamos trabajando mucho también en el bienestar emocional del alumnado, que muchas veces lo dejamos de lado. Es necesario para el rendimiento académico. Trabajamos en cómo podemos prevenir conductas suicidas, o en cómo podemos mejorar ese sentido de pertenencia en el centro educativo. El sistema se está preparando. Hacemos formación en el ámbito de la pornografía, por ejemplo. La mejora de resultados no es sólo saber más matemáticas, también es saber buscar el equilibrio emocional en todo momento y en cada etapa, porque cada vez en edades más tempranas tenemos situaciones muy, muy delicadas que abordar desde el punto de vista emocional.

¿Tiene sentido una asignatura de religión?

Lo que tiene sentido es aplicar la ley. Y nosotros aplicamos la ley. Tiene que haber ese mínimo de oferta de religión, y así se hace. Y las familias tienen derecho a tomar esa decisión. Cuando una familia elige la religión islámica, también hay que ofertarla. A partir de ahí, lo que sí nos parece muy interesante desde el punto de vista educativo es que el alumnado tenga un conocimiento de las culturas y de las religiones, del mundo, porque eso también es bagaje histórico y cultural

¿ETA debería ser materia de examen en la Selectividad?

Tenemos un currículum y en él se establece que hay que trabajar la convivencia, los valores cívicos, la no violencia. Hay asignaturas de historia de España donde se trabajan todos esos elementos. Si tiene que ser tema de examen de Selectividad, lo decidirán las comisiones que están trabajando en la propia prueba. Ahí nosotros no tenemos nada que decir. Creo que tienen suficiente criterio y conocimiento como para determinarlo.

La mejora de resultados no es sólo saber más matemáticas, también es saber buscar el equilibrio emocional en todo momento y en cada etapa, porque cada vez en edades más tempranas tenemos situaciones muy, muy delicadas que abordar desde el punto de vista emocional.

¿Se prevé algún cambio en el sistema de comedores escolares? Esto ha dado algunos problemas en los últimos años.

Ya estamos haciendo muchos cambios, aunque el sistema de comedores escolares de Euskadi goza de muy buena salud. Y eso también hay que decirlo. Estamos yendo a modelo de cocinas ‘in situ’ que hemos puesto en marcha este mismo curso. Y creo que está dando sus resultados. Recientemente visitaba una de ellas y nos explicaban cómo funcionaba. Las familias nos decían que habían notado una mejora en el comedor, que así se lo se lo transmitían sus hijos y sus hijas.

¿Y en transporte escolar? En los últimos años también ha habido alguna incidencia también.

Está mejor que nunca. Damos un servicio público a todos aquellos usuarios que lo necesitan…

No es un público, es una contrata.

Digo público porque estamos dando un servicio a las familias. Es un servicio público.. A día de hoy está funcionando con absoluta normalidad y esperemos que así siga siendo.

Usted entró al Gobierno como independiente. ¿Sigue siendo independiente?

Estoy comprometida absolutamente con el lehendakari Pradales y con todo el equipo de Gobierno. A día de hoy formo parte de un partido político que es EAJ-PNV. Comparto los valores de este partido político y comparto también la trayectoria y el trabajo que hacemos por un bien común y por mejorar los servicios públicos de este país.

A día de hoy formo parte de un partido político que es EAJ-PNV. Comparto los valores de este partido político y comparto también la trayectoria y el trabajo que hacemos por un bien común y por mejorar los servicios públicos de este país.

Y, viniendo desde fuera, desde el ámbito educativo, ¿cómo se ha encontrado la política?

Es un ámbito apasionante. Me parece una oportunidad muy grande y la asumo con mucha responsabilidad. Y con mucha ilusión también. Yo disfruto cuando estoy en el Parlamento, aprendo cuando estoy en el Parlamento. También creo que tenemos que hacer un trabajo para que la gente joven se anime a conocer la política de cerca.

No es fácil en un contexto de cascada de investigaciones de corrupción…

Efectivamente. Por eso, en Euskadi tenemos que ser modelo a seguir. Se trabaja con mucho diálogo, hay respeto hacia lo diferente y tenemos que seguir en esa línea de trabajo. Lo que ocurre en Madrid no nos gusta, da un poco de miedo.

El sindicato ELA ha convocado una jornada de huelga el 20 de enero de 2026 en los centros de enseñanza privados concertados religiosos, que ellos denominan de “iniciativa social”. En Donostia es una jornada festva. La central exige a las patronales Kristau Eskola y AICE-IZEA la aplicación de la reducción de la hora lectiva, tal y como recogía el acuerdo de fin de huelga de febrero de 2024 y del que, denuncian, “siguen sin cumplirse varios apartados y sin recogerse en un nuevo convenio”.

El anuncio fue realizado este miércoles en rueda de prensa en Bilbao por trabajadores y responsables del sindicato en los centros privados, quienes han denunciado que, desde aquella firma, “han pasado 20 meses y aún hay contenidos acordados que la patronal no quiere implementar, como sucede con la reducción de la hora lectiva”, informa Europa Press.

Tras recordar que, antes de la convocatoria de esta huelga, ELA interpuso en octubre una demanda judicial para que se cumpla dicha reducción, la representante del sindicato en enseñanza, Miren Zubizarreta, ha explicado que la jornada de huelga se ha hecho coincidir precisamente con la celebración ese mismo día del juicio por la denuncia interpuesta. Por su parte, Leire Sangroniz ha añadido que la plantilla “quiere exigir que todos los contenidos acordados se recojan en convenio, así como que se pacten los salarios de 2025”.

Según ha explicado, y pasados 20 meses desde la firma de aquel acuerdo de fin de huelga, los contenidos pactados todavía incumplidos son “culpa de la desidia y la mala fe de las patronales y del Gobierno vasco”. De hecho, ha proseguido, en este período transcurrido, se han celebrado 16 mesas de negociación, “impulsadas en su mayoría por iniciativa de ELA” ha subrayado Sangroniz y “a pesar de varias concentraciones y movilizaciones,” los trabajadores “siguen sin ver avances”.

Tras recordar que los sindicatos del sector han pedido al Gobierno vasco hasta la fecha una reunión hasta en tres ocasiones, “Lakua no ha respondido afirmativamente” y, además, los avances logrados, “se han conseguido gracias a los juzgados”, ha subrayado, como es el caso del pago de los salarios pactados en el plazo acordado y después de que los sindicatos presentaran una demanda en la que el TSJPV condenó a las patronales a realizar dicho pago. Sin embargo, ha remarcado Sangroniz, la reducción de la hora lectiva acordada sigue sin cumplirse “por orden de la patronal Kristau Eskola”, lo que se ha traducido en que, en el curso 2025-2026, “sólo el 10% de los centros ha optado por implantar una hora lectiva menos y una hora complementaria más, tal y como se recoge en el acuerdo”.

Esta decisión, desde la perspectiva de ELA, ha sido adoptada por las direcciones de estos centros, “omitiendo las directrices de las patronales” por lo que, con el objetivo de que también se cumpla en otros centros, ELA ha decidido acudir de nuevo a los juzgados“. Tras hacer un llamamiento al resto de sindicatos para que se sumen a la convocatoria, la representante de ELA ha asegurado que ”el personal no puede estar pendiente de lo que digan los tribunales para exigir el cumplimiento de lo acordado“ por lo que, ”en caso de que la patronal no responda, ELA tiene claro que, además de los juzgados, las y los trabajadores tendrán que seguir por la vía de la huelga“.

Con el lema 'El dinero público para la educación pública. No al concierto educativo' las organizaciones sindicales CGT, CCOO, HUSTE-STEA, UGT y ANPE han manifestado su más rotunda y firme oposición a la decisión del Gobierno de Aragón de ampliar la red de centros concertados en las etapas de Bachillerato, educación infantil (0-3 años) y Formación Profesional. Los anuncios recientes del Ejecutivo autonómico han provocado un “contundente rechazo” en el sector y también “desconfianza creciente”, ya que existe un “ataque frontal” a la escuela pública y a sus principios de equidad, justicia social y universalidad, han opinado.

Desde los sindicatos implicados han recordado que el dinero público “debe destinarse exclusivamente” a fortalecer la enseñanza pública, que es la “única garante” de una educación gratuita, inclusiva y de calidad para todos, independientemente de su origen o situación socioeconómica.

En este sentido, han considerado que ampliar conciertos educativos en estas etapas, niveles educativos no obligatorios, supone “desviar” recursos que “deberían destinarse” al servicio educativo prestado en los centros públicos como la reducción de ratios, mejora de infraestructuras y contratación de más personal docente.

Para estos sindicatos “no existe un problema real” de falta de plazas en los centros públicos aragoneses en estas etapas educativas, ya que muchos institutos y escuelas infantiles cuentan con vacantes suficientes para atender la demanda existente.

Movilizaciones

“No se puede justificar el uso de fondos públicos para financiar centros concertados cuando la red pública tiene capacidad suficiente y necesita inversión”, han recalcado. Concertar estas etapas supone “abrir la puerta” a una privatización progresiva del sistema educativo, han alertado.

Asimismo, han advertido de que esta medida supondría, además, un “grave perjuicio” para el cuerpo docente aragonés, ya que el “recorte” de vacantes en algunas de las especialidades sería “dramático”, abocando a “cierres” de aulas, “supresiones y desplazamientos forzados” de personal docente que es necesario en los centros públicos de enseñanza.

Por todo ello, ha exigido al Gobierno de Aragón la retirada inmediata de estas acciones anunciadas y la apertura de un proceso de diálogo real para abordar las necesidades del sistema educativo aragonés desde una perspectiva democrática, inclusiva, solidaria y cohesionadora: la defensa de la enseñanza pública es una obligación ética y constitucional.

Tras esta exposición, los sindicatos han anunciado próximas movilizaciones conjuntas para defender unidos una educación pública si el Ejecutivo autonómico mantiene su decisión.

Han hecho un llamamiento a la movilización de todos los miembros de la comunidad educativa en los centros educativos los martes 28 de octubre, 4 y 11 de noviembre, en el horario que el centro considere más apropiado. Asimismo, han convocado una concentración en Huesca el martes 11 de noviembre a las 18.00 horas en la plaza Zaragoza.

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha anunciado que llevará a los tribunales los conciertos educativos de Bachillerato y de Educación Infantil de 0 a 3 años planteados por el Gobierno de Aragón. El sindicato considera estas medidas “contrarias a la Ley, además de innecesarias”, y presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en cuanto se aprueben de forma oficial.

STEA ha mostrado su “profunda preocupación” por estas políticas anunciadas por el presidente Jorge Azcón (PP) durante el debate sobre el estado de la Comunidad, y avanza que convocará movilizaciones en su contra. El sindicato recuerda que la legislación vigente establece que la gratuidad de la enseñanza obligatoria debe garantizarse mediante la red pública, recurriendo a los conciertos privados solo cuando la demanda de plazas supere la oferta existente. “En el caso del Bachillerato, etapa no obligatoria, hay vacantes suficientes en los centros públicos, por lo que no resulta justificado destinar recursos públicos a financiar esta etapa en colegios privados”, señala STEA.

Solo en Zaragoza capital, este curso han quedado más de 700 plazas de Bachillerato sin cubrir. “Llevar a cabo estos nuevos conciertos supondría un uso ineficiente del presupuesto educativo y una transferencia de fondos públicos hacia entidades privadas”, advierte el sindicato.

Según anunció Azcón, la concertación del Bachillerato es una medida “muy demandada por las familias aragonesas” y responde al compromiso de su Gobierno de “cumplir sus promesas”. A su juicio, “es injusto que haya alumnos que tengan que dejar el colegio concertado en el que han estudiado toda su vida”, por lo que defiende “una educación concertada en todos los niveles: Infantil, Primaria, Secundaria y, también, Bachillerato”, como “un elemento insustituible e imprescindible del sistema para garantizar una educación de calidad financiada con fondos públicos”.

La previsión del Departamento de Educación es iniciar la concertación en el curso 2026-2027, en primero de Bachillerato, con dos unidades en Teruel, dos en Zuera (Zaragoza) y cinco en Huesca, ampliándose progresivamente en años posteriores. En cuanto a la educación de 0 a 3 años, el presidente aragonés anunció el inicio de la gratuidad en el curso 2026/2027 para el tramo de 2 a 3 años, “para aquellas familias que necesiten conciliar vida laboral y familiar”, con el objetivo de extenderla a toda la etapa en cursos sucesivos. Azcón defendió que esta medida “ayudará a las familias jóvenes”, fomentará “la socialización temprana” y “reducirá las desigualdades educativas y sociales”.

“La prioridad debe ser crear una red pública de escuelas infantiles”

Respecto a la educación de 0 a 3 años, STEA defiende que la prioridad del Ejecutivo autonómico debería centrarse en crear una red pública de escuelas infantiles que facilite la conciliación familiar y laboral y contribuya a fijar población en el territorio. “Desviar fondos hacia la red privada en esta etapa no obligatoria perjudica el desarrollo de un sistema público sólido y equitativo”, afirma.

El sindicato recuerda además que los presupuestos de la educación pública y concertada “son vasos comunicantes: si aumenta uno es a costa del otro”. En este sentido, subraya que “mientras se están cerrando decenas de aulas públicas, incluso con riesgo de desaparición de algunos colegios, no se ha clausurado ninguna en la red privada concertada”. Solo en Zaragoza, apunta, se han cerrado 22 aulas públicas este curso por el descenso de la natalidad.

Por todo ello, STEA reclama que la partida prevista para nuevos conciertos educativos se destine a la red pública, “suficiente para atender a todo el alumnado aragonés con calidad”. Considera que esos recursos deberían emplearse en mejorar infraestructuras, reducir ratios, estabilizar al profesorado interino y mejorar las condiciones laborales y salariales del personal docente.

“Solo así el Bachillerato público podrá seguir siendo una enseñanza de calidad accesible para todo el alumnado, sin que el nivel de renta de las familias determine los resultados académicos, como ocurre en parte de la enseñanza privada concertada”, añade.

El sindicato también exige que cualquier decisión sobre subvenciones o conciertos con centros privados —tanto en la etapa de 0 a 3 años como en Bachillerato— se negocie con las organizaciones sindicales de la enseñanza pública, ya que “el trasvase de fondos públicos a empresas educativas privadas repercute directamente en la reducción de plantillas y recursos humanos en la red pública”.

STEA advierte que no consentirá “la merma de empleo ni el deterioro de la enseñanza pública aragonesa”. El Gobierno de Aragón, por su parte, no ha concretado aún el presupuesto que implicará esta medida, que prevé iniciar en el curso 2026-2027.

Un total de 98.719 estudiantes de Infantil, Primaria, Secundaria y Bachillerato han iniciado este martes el curso escolar 2025-2026, que introduce la oferta voluntaria del asturiano en el segundo ciclo de Infantil y la ampliación del servicio de comedor a junio y septiembre.

Además, será el primer curso de implantación del pacto Asturias Educa, la hoja de ruta para mejorar la calidad de la enseñanza pública en el Principado, que sigue incrementando el gasto por alumno.

Menos matrículas

La cifra global de matriculaciones supone un descenso del 1,19 por ciento con respecto al curso anterior, si bien la bajada es ligeramente menor que la del año pasado, en el que se registró un 1,6 por ciento menos de alumnado.

En la red pública y concertada

Las etapas de Infantil y Primaria suman 55.625 alumnos y alumnas, un 1,14 por ciento menos que el curso anterior. Ese porcentaje es de nuevo menor que en el curso 2024-2025, que fue del 2,6 por ciento respecto al año académico anterior.

En la red pública se contabilizan 39.549 estudiantes en esas etapas y en la enseñanza concertada, los 16.076 restantes. Los descensos de matrícula han sido del 1,01 por ciento y el 1,45 por ciento, respectivamente.

Gijón, Oviedo y Avilés

Gijón repite como concejo con más estudiantes de Infantil y Primaria, con 14.654, seguido por Oviedo, con 13.204, y Avilés, con 4.921.

En Secundaria y Bachillerato, se han inscrito 43.094 estudiantes, un 1,26 por ciento menos que el curso anterior.

Del total, 33.103 se han registrado en la enseñanza pública y 9.991 en la concertada, con descensos de 0,78 por ciento y el 2,82 por ciento, respectivamente.

Gijón vuelve a encabezar la matriculación, con 12.059 estudiantes, seguido de Oviedo, con 10.341, y Avilés, con 3.963.

La plantilla

En cuanto a la dotación de personal, la plantilla orgánica para el nuevo curso asciende a 9.635 docentes, lo que supone un incremento de 113 profesionales respecto al curso anterior, un 1,2 por ciento, en un contexto de descenso de matriculaciones de alumnado.

El aumento de la plantilla se ha registrado, principalmente, en el cuerpo de profesorado de Secundaria, debido a que, a raíz de la implantación de la nueva ley de Formación Profesional, ese cuerpo engloba ahora también a los docentes de FP.

Cuarta comunidad en gasto por alumno

Por otro lado, el Principado se mantiene como la cuarta comunidad española con mayor gasto por estudiante en los centros de enseñanza públicos, tan solo por detrás de País Vasco, Navarra y Cantabria.

Así lo refleja el Sistema Estatal de Indicadores 2025, el documento oficial del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, publicado este verano y que analiza el curso 2022-2023.

El último dato oficial disponible, correspondiente a 2022, cifra ese gasto por alumno en 8.588 euros, lo que equivale a 488 euros más que en 2021 y a 1.661 euros más que en 2017, el año de referencia que aparece en el documento.

La consejera de Educación del Principado, Eva Ledo, ha convencido lo suficiente a los representantes sindicales de la enseñanza concertada con su propuesta de mejora de la calidad educativa para que este lunes decidieran desconvocar la huelga que habían programado para los días 9 y 15 de este mes, coincidiendo con el inicio del curso.

El acercamiento de posturas, que supone la aceptación de la propuesta, se ha anunciado hoy, coincidiendo con la fecha tope que había sido establecida el pasado viernes por la consejería como límite para que los sindicatos la trasladaran a sus bases. A última hora de la mañana ya había resultado.

A favor: dos patronales y en contra: CCOO y UGT

OTECAS, USO y FSIE daban el sí a la propuesta. Un respaldo sindical que se sumaba al visto bueno que habían dado, el pasado viernes, las dos patronales de la enseñanza: la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) y Gestión y Escuelas Católicas.

Por el contrario, CCOO y UGT han votado en contra del acuerdo, según ha confirmado el Principado.

Estoy satisfecha por este respaldo que hace posible el mejor acuerdo posible. Les pedí un voto de confianza, me lo han dado, y desde este momento comenzaremos a trabajar para poner en marcha todas las medidas comprometidas

Eva Ledo — Consejera de Educación del Principado de Asturias

Un voto de confianza

La consejera de Educación, Eva Ledo, ha agradecido públicamente el apoyo recibido, que permitirá la firma de un pacto para toda la red concertada asturiana.

“Estoy satisfecha por este respaldo que hace posible el mejor acuerdo posible. Les pedí un voto de confianza, me lo han dado, y desde este momento comenzaremos a trabajar para poner en marcha todas las medidas comprometidas”, ha declarado la titular de Educación.

El Principado iniciará de inmediato la redacción del documento definitivo, con el objetivo de firmarlo durante este mes de septiembre.

Aumenta la ratio de profesorado por unidad en la etapa de Infantil, en materia de atención a la diversidad, Educación elaborará un estudio para establecer una dotación básica de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados y se reducirá la carga burocrática

Las principales medidas

La consejería ha destacado especialmente que el texto priorizará la mejora de la calidad educativa del alumnado y atenderá también reivindicaciones relacionadas con las condiciones laborales y salariales del profesorado.

Entre las principales medidas acordadas destaca el incremento de la ratio de profesorado por unidad en la etapa de Infantil, lo que permitirá mejorar la atención al alumnado, contribuir al mantenimiento del empleo y reforzar las plantillas docentes.

Menos carga burocrática

En materia de atención a la diversidad, Educación elaborará un estudio para establecer una dotación básica de profesorado especializado en Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL) en los centros concertados, con el objetivo de garantizar una respuesta adecuada a las necesidades del alumnado.

Otro avance importante será la reducción de la carga burocrática, de forma que la Administración se ha comprometido a digitalizar el Documento de Organización de Centro (DOC), que recoge la planificación anual de los colegios y debe ser remitido a la Consejería de Educación.

El acuerdo contempla un incremento progresivo del complemento autonómico que percibe el profesorado: 50 euros mensuales en 2026 y 30 euros adicionales en 2027, hasta alcanzar un aumento total de 80 euros mensuales. Además, se agilizará el sistema de habilitaciones del profesorado

Las mejoras económicas

En el ámbito salarial, el acuerdo contempla un incremento progresivo del complemento autonómico que percibe el profesorado: 50 euros mensuales en 2026 y 30 euros adicionales en 2027, hasta alcanzar un aumento total de 80 euros mensuales.

Asimismo, se agilizará el sistema de habilitaciones del profesorado, que requiere una acreditación específica para poder impartir distintas materias, facilitando así la gestión y el desarrollo profesional del personal docente.

El pacto Asturias Educa

Este acuerdo con la red concertada se produce apenas dos meses después de la firma del pacto Asturias Educa, suscrito entre el Gobierno del Principado y las principales organizaciones sindicales, que establece la hoja de ruta para fortalecer la enseñanza pública en lo que resta de legislatura.

Este pacto recoge el acuerdo alcanzado el pasado 9 de junio para poner fin a la huelga indefinida educativa a cambio de mejoras retributivas, de personal y reducción de burocracia, y se compromete a realizar una inversión de 45 millones de euros anuales una vez que esté totalmente desplegado de aquí a 2028.

Extremadura es la segunda comunidad autónoma que menos porcentaje de su gasto público en educación dedica a la enseñanza concertada, con un 7,9%, muy lejos del 23,5% que representa el País Vasco, en el extremo opuesto, y cuatro puntos por debajo de la media nacional.

La financiación de la enseñanza concertada representa casi el 12% del gasto público en educación y en la última década el crecimiento ha sido de casi 1.800 millones de euros.

Según el informe 'Sistema estatal de indicadores de la Educación 2025' publicado este lunes por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, el gasto público en educación en 2022 fue de 63.491 millones de euros y de ellos, 7.495 millones se dedicaron a financiar la enseñanza privada concertada. Este dato representa un 11,8% del gasto público en educación y un 13,3% del gasto de las Administraciones educativas.

Prácticamente la totalidad del importe destinado a conciertos y subvenciones corresponde a gasto efectuado por las comunidades autónomas, representando solo un 0,3 % el del Ministerio de Educación.

El País Vasco destinó el 23,5 % del total de su gasto educativo a la enseñanza concertada, mientras que en Madrid supuso el 18,8 % y en Navarra, el 17,6 %. Las comunidades que menos porcentaje destinó en 2022 a la educación concertada fueron Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura, con el 8%, 7,9% y 7,8%, respectivamente.

El informe muestra que el gasto de las administraciones educativas a la concertada ha pasado de 5.705,8 millones de euros en 2012 a 7.495,2 millones de euros en el 2022, incrementándose en 1.789,4 millones de euros.

Las comunidades autónomas aumentaron su gasto en 1.784 millones de euros y el Ministerio de Educación en 5 millones y el informe añade que entre 2012 y 2013 “se produjo una disminución del gasto en conciertos iniciándose en 2014 un repunte con tendencia creciente que aún continúa en 2022”.

Primaria y Secundaria, el mayor gasto en conciertos

La mayor proporción de gasto en conciertos corresponde a la Educación Primaria y Secundaria Obligatoria, con el 33,5 % y el 32 % respectivamente. Les siguen la Educación Infantil con el 16,5 %, la Formación Profesional con un 8 % y la Educación Especial, con el 5,2 % del total.

Los últimos datos reflejan que en el curso 2022-2023, el 19 % de los centros docentes de Enseñanzas no universitarias son concertados, el 67 % son públicos y el 13,5 % restante son centros privados que no tienen concertada ninguna de las enseñanzas.

¿Cuánto gastan las familias?

En 2023 el gasto de los hogares en educación, tanto no universitaria como universitaria, se situó en 10.045 millones de euros, lo que representa el 0,67 % del PIB, según los datos del gasto en consumo final de los hogares por finalidad que proporciona la Contabilidad Nacional, actualizados por el INE.

El gasto de las familias aumentó el 2,6 % en 2023 con respecto a 2022 aunque ha disminuido en 371 millones desde 2013, cuando se situó en 10.416 millones de euros.

Gasto en educación del 4,5 % del PIB

En 2023, el gasto público destinado a educación representó el 4,53 % del PIB, el 74 % se invirtió en Educación no universitaria, un 18,8% en Educación Universitaria, un 2,2 % en Formación Profesional acreditable y un 5 % en becas y ayudas.

El gasto público total en España destinado a educación fue de 67.938 millones de euros, un aumento del 7% en relación con 2022.

Los sindicatos de la enseñanza concertada OTECAS, USO y FSIE consideran “insostenible” la situación en la que se encuentran y al grito de “hasta aquí” han reclamado mejoras laborales, salariales y organizativas durante la primera de las tres movilizaciones que han programado para este mes de junio, en la que han participado en Oviedo alrededor de medio millar de docentes. Una movilización que surge en pleno conflicto de la educación pública con ya ocho jornadas de huelga efectuadas y negociaciones en busca de una mejora laboral y de condiciones de la enseñanza pública.

“Equiparación ya”, “Contra la discriminación” y “No somos de segunda” son los mensajes que han lanzado en las pancartas y los cánticos coreados por los manifestantes, procedentes de distintas localidades de Asturias, a los que se han sumado dirigentes políticos del PP y Vox.

En un manifiesto conjunto que han leído en las inmediaciones del Teatro Campoamor, las organizaciones han señalado que los conciertos educativos nacieron en 1985 como parte de un modelo de educación pública a través de dos redes complementarias: la pública y la privada concertada, ambas financiadas con fondos públicos.

Esta concentración solo ha sido el inicio de “los tres jueves de la concertada”, han apuntado los sindicatos que han anunciado que el segundo será el día 12, con la huelga de trabajadores y la concentración en la Plaza de España, ante la sede de la Consejería, y el tercero, el 19, con la manifestación de toda la comunidad educativa de los centros concertados asturianos, en los que trabajan unos 3.000 docentes y estudian unos 30.000 alumnos.

Movilizaciones el próximo curso

“Poniendo pie en pared”, han advertido que dejarán “muy claro” al presidente del Principado, Adrián Barbón, que el próximo curso “no empezará con normalidad” si no se abre la mesa de negociación con un calendario de ejecución para una mejora real de las condiciones laborales y salariales.

Han acusado al Gobierno asturiano de llevar “décadas eludiendo de forma sistemática su responsabilidad”, de ignorar las solicitudes de apertura de negociaciones y limitarse a la renovación de acuerdos con mejoras que son “migajas”, y también de “ninguneo” o “desprecio” ante la campaña de movilizaciones por la equiparación retributiva iniciada en 2022.

La jornada reducida en junio y septiembre fue “la gota que colmó el vaso”, han apuntado los sindicatos de la concertada, para los que con la dimisión de la consejera de Educación, Lydia Espina, “nada de lo esencial ha cambiado”, ya que las diferencias “abismales” en condiciones laborales y salariales “siguen idénticas” pese a que, aseguran, prestan el “mismo servicio público de educación”.

Han apuntado que el complemento autonómico está congelado desde 2009, con una pérdida de poder adquisitivo del 40 por ciento y que las plantillas apenas se hayan movido desde hace 25 años.

También han denunciado que el profesorado de la enseñanza concertada asturiana es el “peor pagado de todo España”, y han precisado que en la mayoría de las comunidades autónomas el salario está homologado al cien por cien y en todas supera el 95 % mientras que en el Principado es del 75 % en algunas, y en el mejor de los casos en el 82 %.

Hartazgo e indignación

También han expresado su “hasta aquí” a que no se reduzcan las ratios de alumnos por aula; a la falta de una plantilla estable de profesorado de pedagogía terapeútica y audición y lenguaje; la carencia de un complemento autonómico para los trabajadores del PAS, y que el personal complementario de los colegios de educación especial no esté incluido en el pago delegado.

Los trabajadoras de la enseñanza concertada han manifestado “hartazgo” e “indignación” ante una Administración a la que acusan de tratarle como “extraños y ajenos” y que “se niega a invertir un solo euro” en la mejora de sus condiciones.

Al término de la concentración, los sindicatos han anunciado que registrarán una carta dirigida al presidente del Principado, del que han asegurado que pedirán su dimisión en caso de que no obtengan “solución” a sus demandas.

La concentración convocada por la enseñanza concertada ha tenido lugar poco después de que este mediodía más de 2.000 docentes volvieran a manifestarse en el centro de Oviedo para exigir al Gobierno autonómico mejoras salariales y laborales, unas horas antes de que el Ejecutivo asturiano y los sindicatos retomaran esta tarde las negociaciones para tratar de poner fin a la huelga.

Balears prohibirà a partir del proper curs l'ús de telèfons mòbils i altres dispositius electrònics personals, com els rellotges intel·ligents, als centres públics i concertats. Així mateix, aposta per restringir les pantalles digitals fins a quart de Primària.

Així ho ha anunciat aquest dilluns el conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, que ha assenyalat que serà aquest dimarts quan el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) publiqui l'ordre de l'ús de telèfons mòbils, que substitueix les instruccions que fins ara eren obligades només per als públics així com les recomanacions que actualment es troben vigents per a la concertada.

La nova reglamentació, fruit, segons el conseller, del consens de tota la comunitat educativa, estableix que l'alumnat no podrà fer ús de telèfons mòbils ni altres dispositius electrònics personals durant tota la jornada escolar, inclosos l'horari lectiu, l'esbarjo, els períodes dedicats a les activitats complementàries i extraescolars, i les sortides.

Excepcionalment, l'alumnat d'educació secundària i dels ensenyaments postobligatoris podrà fer ús d'aquests dispositius -en cas que no es puguin utilitzar els propis del centre- exclusivament per a activitats puntuals amb fins didàctiques i sempre sota criteris pedagògics degudament justificats. També de manera excepcional, es podrà autoritzar l'ús personal daquests dispositius en casos justificats per circumstàncies individuals concretes, especialment aquelles de caràcter mèdic.

Tal com ha assenyalat Vera, en cas de fer un ús indegut dels dispositius electrònics personals, el centre podrà aplicar mesures correctores, com la retirada del dispositiu per part del personal docent o de l'equip directiu durant la jornada escolar. L'alumne haurà d'apagar el dispositiu al moment de la retirada.

Els centres docents que imparteixin els ensenyaments de formació professional de grau superior, de règim especial o d'adults, poden adaptar el contingut d'aquesta Ordre per a l'alumnat en els períodes no lectius durant la jornada escolar a aquests nivells educatius. Així, les normes d'organització, funcionament i convivència de cadascun d'aquests centres han de regular les condicions i els requisits perquè l'alumnat pugui fer ús dels telèfons mòbils i les conseqüències de l'incompliment d'aquests.

De forma paral·lela, ha explicat el conseller, es continua treballant en la reforma dels currículums educatius, pendents d'arribar al consell escolar, i en què la proposta de la Conselleria és restringir l'ús de pantalles digitals fins a quart de primària.

Balears segueix així els passos de comunitats com la Comunitat Valenciana -on els telèfons mòbils estan prohibits als tots centres docents no universitaris- o Madrid, que prohibirà el curs que ve “l'ús individual de dispositius digitals en alumnes d'educació infantil i primària”. D'aquesta manera, s'ampliarà a ordinadors, tauletes o qualsevol altre dispositiu el veto als mòbils ja vigent. A Secundària aquesta mesura quedarà a l'albur dels centres educatius, exactament com passa ara amb els telèfons.

La decisió del Govern madrileny va provocar el rebuig majoritari de la comunitat educativa a la prohibició d'utilitzar tauletes i ordinadors de manera individual a l'escola per considerar-la ineficaç i imposada i per no tenir suport científic. També hi ha col·lectius que li donen suport, com Confapa, la confederació autonòmica d'AMPAs i associacions d'AMPAS de la regió, o l'Associació Família i infància del segle XXI. Però fins i tot aquests admeten que un cert ús controlat pot ser positiu.

A finals del 2023, el Govern central va proposar a les comunitats autònomes que restringeixin l'ús del mòbil a Primària tant en horari lectiu com en esbarjo i que només es permeti a Secundària excepcionalment. Després que el Consell Escolar de l'Estat aprovés per unanimitat el veto dels mòbils a primària i la seva limitació a secundària, la comunitat educativa ha continuat debatent sobre els problemes de l'ús dels dispositius mòbils i el curs actual ha estat el primer en què s'apliquen les restriccions.

Balears prohibirá a partir del próximo curso el uso de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos personales, como los relojes inteligentes, en los centros públicos y concertados. Asimismo, apuesta por restringir las pantallas digitales hasta cuarto de Primaria.

Así lo ha anunciado este lunes el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, quien ha señalado que será este martes cuando el Boletín Oficial de las Illes Balears (BOIB) publique la orden del uso de teléfonos móviles, que sustituye las instrucciones que hasta ahora eran obligadas solo para los públicos así como las recomendaciones que en la actualidad se encuentran vigentes para la concertada.

La nueva reglamentación, fruto, según el conseller, del consenso de toda la comunidad educativa, establece que el alumnado no podrá hacer uso de teléfonos móviles ni otros dispositivos electrónicos personales durante toda la jornada escolar, incluidos el horario lectivo, el recreo, los periodos dedicados a las actividades complementarias y extraescolares, y las salidas.

Excepcionalmente, el alumnado de educación secundaria y de las enseñanzas postobligatorias podrá hacer uso de estos dispositivos -en caso de que no se puedan utilizar los propios del centro- exclusivamente para actividades puntuales con fines didácticas y siempre bajo criterios pedagógicos debidamente justificados. También de manera excepcional, se podrá autorizar el uso personal de estos dispositivos en casos justificados por circunstancias individuales concretas, especialmente aquellas de carácter médico.

Tal como ha señalado Vera, en caso de realizar un uso indebido de los dispositivos electrónicos personales, el centro podrá aplicar medidas correctoras, como la retirada del dispositivo por parte del personal docente o del equipo directivo durante la jornada escolar. El alumno tendrá que apagar el dispositivo en el momento de la retirada.

Los centros docentes que impartan las enseñanzas de formación profesional de grado superior, de régimen especial o de adultos, pueden adaptar el contenido de esta Orden para el alumnado en los periodos no lectivos durante la jornada escolar en estos niveles educativos. Así, las normas de organización, funcionamiento y convivencia de cada uno de estos centros deben regular las condiciones y los requisitos para que el alumnado pueda hacer uso de los teléfonos móviles y las consecuencias del incumplimiento de estos.

De forma paralela, ha explicado el conseller, se continúa trabajando en la reforma de los currículos educativos, pendientes de llegar al consejo escolar, y en la que la propuesta de la Conselleria es restringir el uso de pantallas digitales hasta cuarto de primaria.

Balears sigue así los pasos de comunidades como la Comunitat Valenciana -donde los teléfonos móviles están prohibidos en los todos centros docentes no universitarios- o Madrid, que prohibirá el curso que viene “el uso individual de dispositivos digitales en alumnos de Educación Infantil y Primaria”. De este modo, se ampliará a ordenadores, tabletas o cualquier otro dispositivo el veto a los móviles ya vigente. En Secundaria esta medida quedará al albur de los centros educativos, exactamente igual que sucede ahora con los teléfonos.

La decisión del Gobierno madrileño provocó el rechazo mayoritario de la comunidad educativa a la prohibición de utilizar tabletas y ordenadores de manera individual en la escuela por considerarla ineficaz e impuesta y por no contar con respaldo científico. También hay colectivos que la apoyan, como Confapa, la confederación autonómica de AMPAs y asociaciones de AMPAS de la región, o la Asociación Familia e infancia del siglo XXI. Pero incluso estos admiten que un cierto uso controlado puede ser positivo.

A finales de 2023, el Gobierno propuso a las comunidades autónomas que restrinjan el uso del móvil en Primaria tanto en horario lectivo como en recreo y que solo se permita en Secundaria excepcionalmente. Después de que el Consejo Escolar del Estado aprobara por unanimidad el veto de los móviles en primaria y su limitación en secundaria, la comunidad educativa ha seguido debatiendo sobre los problemas del uso de los dispositivos móviles y el actual curso ha sido el primero en el que se aplican las restricciones.

Famílies, docents i sindicats han portat el Govern balear als tribunals mitjançant la interposició d'un recurs contenciós administratiu contra la decisió de la Conselleria d'Educació i Universitats d'eliminar els estudis d'ESO i de Batxillerat de l'IES Politècnic, un dels centres educatius més antics de Mallorca, per convertir-lo en un Centre Integrat de Formació Professional (CIFP). La reestructuració deixarà als llimbs més de 300 alumnes que s'hauran de redistribuir en altres llocs, inclosa l'escola concertada, i provocarà el desplaçament forçós de 40 professors.

En una roda de premsa convocada per anunciar la impugnació de la resolució del Govern, l'Assemblea de Centre de l'institut públic, l'Associació de Pares i Mares d'Alumnes (Amipa), la FAPA i els sindicats STEI Intersindical i SIAU han reclamat l'adopció de mesures cautelars perquè no s'apliqui l'extinció dels grups de 1r d'ESO a partir del pròxim curs.

Segons han criticat, Educació ha pres una decisió “política i unilateral” sense tenir en compte ni escoltar la comunitat educativa. La portaveu de l´Assemblea de Centre de l'IES Politècnic, Magdalena Vázquez, ha remarcat que no estan en contra del Centre Integrat de Formació Professional (CIFP) sinó que aposten per la convivència amb l'IES.

En aquest sentit, ha assenyalat que hi ha un informe de viabilitat per a la coexistència del nou CIFP i de l'IES aprovat per àmplia majoria del claustre. Així, proposen la separació dels dos centres a dues unitats administratives independents que comparteixin les instal·lacions de l'edifici del carrer Menorca.

Sota el seu criteri, el tancament de l'IES, a més de provocar l'eliminació de 300 places públiques i el desplaçament dels 40 docents, comportarà la desaparició d'un centre de secundària amb cinc CEIP adscrits a Palma, una circumstància que, auguren, suposarà l'augment de ràtios en els centres pròxims i denegarà a la ciutadania el dret a triar on volen curses els seus estudis. Segons la seva opinió, hi ha una relació directa entre l'extinció de l'IES Politècnic i l'interès de la Conselleria a “afavorir” l'ensenyament concertat.

En aquesta línia, Vázquez ha explicat que el desmantellament va començar el curs passat eliminant un grup de 1r d'ESO “ignorant” les xifres d'alumnes adscrits en primera opció i, a més, la Conselleria va impedir la matrícula de nous alumnes a Batxillerat encara que hi havia places vacants, tal com informa Europa Press.

Mentrestant, des d'Amipa han lamentat que la Conselleria no hagi consultat la proposta amb les famílies i que, quan aquests han expressat els seus dubtes i dificultats se'ls ha dit que era una decisió ja presa. A més a més, segons han criticat, no s'ha presentat un informe que justifiqui pedagògicament la decisió. Es tracta, han remarcat, d'“una amenaça greu” per al benestar dels alumnes. En concret, el director de la FAPA, Miguel Ángel Guerrero, ha qüestionat la qualitat educativa que podrà oferir l'institut quan només quedin dues classes.

En la mateixa línia s'ha pronunciat Cati Joan de l'STEI Intersindical i Joan Crespí de SIAU, que han retret a la Conselleria per “no escoltar” la comunitat educativa i, al conseller del ram, per “no donar uns arguments justificats”. “És un despropòsit”, ha dit Crespí, que ha afegit que l'extinció de l'IES deixa docents i alumnes en “una situació totalment desconcertar-te”.

Pel que fa a la proposta del nou Centre Integrat de Formació Professional (CIFP), han apuntat que no s'ha presentat cap projecte pedagògic, ni d'impacte ambiental, ni de reforma per a un centre que preveu acollir cinc famílies industrials i mecàniques i afegir-ne de noves. Amb tot, Vázquez ha assenyalat que l'objectiu de les mesures legals que han emprès és que no s'apliqui l'extinció dels grups de 1r d'ESO el curs vinent i, a partir d'aquí, iniciar un diàleg amb el departament d'Antoni Vera per evitar l'extinció de l'IES.

Pròxim a les cèntriques Avingudes de Palma, l'IES Politècnic va ser inaugurat el 1932 i la seva funció era oferir, per primera vegada a l'illa, Formació Professional reglada i de qualitat, convertint-se en una Escola del Treball per a oficials i mestres obrers. Aquell any es van titular 17 mecànics, cinc fusters i set electricistes. L'institut va ampliar la seva oferta educativa el 1999 amb els estudis de secundària i de batxiller. A la seva web, el centre defensa la incorporació de les dues modalitats: “El claustre d'ESO i batxillerat no queda enrere pel que fa a orgull professional. La diversitat de què gaudim, a més dels reptes que aquest segle XXI ens presenta de manera incansable, ens empenyen cada dia a aprendre i millorar perquè cap alumne quedi enrere”.

Familias, docentes y sindicatos han llevado al Govern balear a los tribunales mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión de la Conselleria de Educación y Universidades de eliminar los estudios de ESO y Bachillerato del IES Politècnic, uno de los centros educativos más antiguos de Mallorca, para convertirlo en un Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP). La reestructuración dejará en el limbo a más de 300 alumnos que deberán redistribuirse en otros lugares, incluida la escuela concertada, y provocará el desplazamiento forzoso de 40 profesores.

En una rueda de prensa convocada para anunciar la impugnación de la resolución del Govern, la Asamblea de Centro del instituto público, la Asociación de Padres y Madres de Alumnos (Amipa), la FAPA y los sindicatos STEI Intersindical y SIAU han reclamado la adopción de medidas cautelares para que no se aplique la extinción de los grupos de 1º de ESO a partir del próximo curso.

Según han criticado, Educación ha tomado una decisión “política y unilateral” sin tener en cuenta ni escuchar a la comunidad educativa. La portavoz de la Asamblea de Centro del IES Politècnic, Magdalena Vázquez, ha remarcado que no están en contra del Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP) sino que apuestan por la convivencia con el IES.

En este sentido, ha señalado que existe un informe de viabilidad para la coexistencia del nuevo CIFP y del IES aprobado por amplia mayoría del claustro. Así, proponen la separación de los dos centros en dos unidades administrativas independientes que compartan las instalaciones del edificio de la calle Menorca.

A su criterio, el cierre del IES, además de provocar la eliminación de 300 plazas públicas y el desplazamiento de los 40 docentes, conllevará la desaparición de un centro de secundaria con cinco CEIP adscritos en Palma, una circunstancia que, auguran, supondrá el aumento de ratios en los centros cercanos y denegará a la ciudadanía el derecho a elegir dónde quieren cursas sus estudios. A su parecer, hay una relación directa entre la extinción del IES Politècnic y el “interés” de la Conselleria en “favorecer” la enseñanza concertada.

En esta línea, Vázquez ha explicado que el desmantelamiento comenzó el pasado curso eliminando un grupo de 1º de ESO “ignorando” las cifras de alumnos adscritos en primera opción y, además, la Conselleria impidió la matricula de nuevos alumnos en Bachillerato aunque había plazas vacantes, tal como informa Europa Press.

Mientras tanto, desde Amipa han lamentado que la Conselleria no haya consultado la propuesta con las familias y que, cuando estas han expresado sus dudas y dificultades se les ha dicho que era una decisión ya tomada. Además, según han criticado, no se ha presentado un informe que justifique pedagógicamente la decisión. Se trata, han remarcado, de “una amenaza grave” para el bienestar de los alumnos. En concreto, el director de la FAPA, Miguel Ángel Guerrero, ha cuestionado la calidad educativa que podrá ofrecer el instituto cuando solo queden dos clases.

En la misma línea se ha pronunciado Cati Joan del STEI Intersindical y Joan Crespí de SIAU, quienes han afeado a la Conselleria por “no escuchar” a la comunidad educativa y, al conseller del ramo, por “no dar una argumentos justificados”. “Es un despropósito”, ha dicho Crespí, quien ha agregado que la extinción del IES deja a docentes y alumnos en “una situación totalmente desconcertarte”.

En cuanto a la propuesta del nuevo Centro Integrado de Formación Profesional (CIFP), han apuntado que no se ha presentado ningún proyecto pedagógico, ni de impacto ambiental, ni de reforma para un centro que prevé acoger cinco familias industriales y mecánicas y añadir nuevas. Con todo, Vázquez ha señalado que el objetivo de las medidas legales que han emprendido es que no se aplique la extinción de los grupos de 1º de ESO el próximo curso y, a partir de ahí, iniciar un diálogo con el departamento de Antoni Vera para evitar la extinción del IES.

Próximo a las céntricas Avenidas de Palma, el IES Politècnic fue inaugurado en 1932 y su función era la de ofrecer, por primera vez en la isla, Formación Profesional reglada y de calidad, convirtiéndose para ello en una Escuela del Trabajo para oficiales y maestros obreros. Aquel año se titularon 17 mecánicos, cinco carpinteros y siete electricistas. El instituto amplió su oferta educativa en 1999 con los estudios de secundaria y bachiller. En su web, el centro defiende la incorporación de ambas modalidades: “El claustro de ESO y bachillerato no queda atrás en cuanto a orgullo profesional. La diversidad de la que disfrutamos, además de los retos que este siglo XXI nos presenta de manera incansable, nos empujan cada día a aprender y mejorar para que ningún alumno quede atrás”.

En el concejo asturiano de Langreo, en la cuenca minera del Nalón, hay cinco escuelas infantiles de 0 a 3 años y diez colegios de Primaria, más uno de educación especial. Todos ellos son centros públicos que dependen de la Consejería de Educación del Gobierno asturiano, salvo las escuelas infantiles que, en este caso, son municipales, dependientes por tanto del Ayuntamiento, y tienen la misma directora.

Las familias que llevan a sus hijos e hijas a una de las dos escuelinas de 0 a 3 años de La Felguera recibieron, el pasado viernes, un mensaje de TokApp, la aplicación a través de la que los centros se comunican con las madres y padres, un mensaje en el que informaban de una próxima jornada de puertas abiertas que denominaron “convivenvia infantil escuela-cole”, en el colegio concertado La Salle.

Se celebraría el próximo sábado 21 de febrero, con hinchables, música, disfraces y “mucha fiesta”, y el propio centro se encargaría de poner un autobús para el trasladado de los niñas y niñas, así como de las personas educadoras. Además, en el mensaje espeficaban que se haría una encuesta para conocer la opinión de las familias a cerca de la citada actividad.

El malestar cundió rapidamente porque las familias sintieron que las escuelinas municipales estaban utilizando este canal de comunicación, a través del que hasta ese momento simplemente se daba información referente al alumnado, para “promocionar” un centro concertado, en un momento, además, en que los padres y madres de alumnado en 3º de Infantil deben decidir el colegio al que enviarán a sus hijos a cursar Primaria.

“Somos defensoras de la enseñanza pública, además, muchas trabajamos en ella”, relata Gala Miranda, representante de las familias en el Consejo Escolar. “Tener la enseñanza pública que tenemos ha costado mucho esfuerzo, para que ahora vengan a tirarla abajo”,

Dado su enfado, las familias convocaron una reunión con representantes municipales, en la que el alcalde comenzó quitando hierro al asunto, aunque viendo la indignación de las familias tuvo que reconocer los hechos, de los que responsabilizaron a una trabajadora, según explica el sindicato SUATEA en una nota de prensa.

Finalmente, la actividad fue suspendida, según cuenta Gala Miranda, “poniendo como excusa el resultado de la encuesta”. Sin embargo, para las familias esto no es suficiente, ya que no consideran de recibo que “se laven las manos e intenten culpar a una trabajadora”.

Por todo ello solicitan al Ayuntamiento de Langreo que, como compensación, organice y sufrague una jornada de puertas abiertas en todos los colegios públicos del concejo, con cuentacuentos y un taller de convivencia.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha declarado nulo, “por no ser conforme a Derecho”, el decreto del Gobierno vasco por el que se establecen los criterios de ordenación y planificación de los centros escolares vascos y que establece por ejemplo las ratios mínimas de alumnos para conformar grupos, para poder acceder al concierto en el caso de los privados, o los porcentajes de alumnado vulnerable que deben acoger los colegios “sostenidos con fondos públicos”, es decir públicos y concertados. Se trata del decreto 30/2023, de 28 de febrero, aprobado antes de que se diera el visto bueno a la nueva Ley de Educación, pero que el Gobierno vasco asegura que “anticipa aspectos después recogidos en la Ley de Educación”. Por esa razón, el Departamento anuncia que recurrirá la sentencia conocida este jueves que lo tumba, y “defenderá en todas las instancias la idoneidad del Decreto y su tramitación”.

El hecho de que la sentencia no sea firme y el Departamento de Educación anuncie recurso conlleva que “el Decreto sigue en vigor”, puntualiza el Ejecutivo vasco, por lo que no tendrá ningún efecto sobre la matriculación de cara al curso que viene. Desde Educación han señalado además que trabajan en el desarrollo reglamentario derivado de la Ley de Educación y en concreto, “en un nuevo texto que recoja todos los avances introducidos en cuanto a la planificación”. 

La sentencia del Tribunal Superior del País Vasco estima el recurso que había interpuesto por parte del sindicato Steilas y la confederación Ehige- Euskal Herriko Ikasleen Gurasoen Elkartea de Bilbao- contra el citado decreto publicado en el 14 de marzo de 2023 en el Boletín Oficial del País Vasco, que modificaba los criterios de ordenación y planificación de los centros escolares. Los demandantes impugnaron el texto por considerar que infringido la legalidad del procedimiento de elaboración del decreto y también alegaron motivos sustanciales de fondo. Entre otras cuestiones, indicaban que el decreto impugnado adolecía de cualquier informe que justificara su oportunidad como exige la Ley 8/2003 del Procedimiento de Elaboración de las Disposiciones de Carácter General. Además, consideraban que la garantía de plazas públicas quedaba totalmente diluida en el decreto al hablar de “plazas sostenidas con fondos públicos”, lo que consideraban que no es lo mismo que plazas públicas.

El Gobierno vasco defendió la conformidad a derecho de la resolución impugnada y negó que hubiera en el procedimiento de elaboración del decreto recurrido una “total ausencia de justificación”. Además, justifica la nueva planificación por un “contexto demográfico de bajada de natalidad”, que afecta “a los criterios de organización y planificación de la red de centros”, por lo que “se ha pasado de una época en la que en muchas áreas o zonas de escolarización no había plazas suficientes para los niños y niñas de esa zona, a una época en la que en muchas áreas o zonas de escolarización sobran plazas y, por el contrario, hay que atender a otros criterios de planificación que atiendan a la diversidad y a realidades socio- culturales muy diferentes”.

Sin embargo, la Sala rechaza los argumentos del Ejecutivo y considera que concurre el “vicio de nulidad denunciado” por los demandantes “al haberse prescindido de una memoria justificativa”, cuyo trámite es esencial en el procedimiento de elaboración de las normas reglamentarias. La sentencia señala que el cumplimiento del procedimiento de elaboración del decreto impugnado ha sido “meramente formal”, sin que se logre “la finalidad requerida por el legislador de que patentice la necesidad y oportunidad del decreto como garantía de acierto en la decisión”. Por lo tanto, el TSJPV entiende que ello conlleva la nulidad de pleno derecho conforme al artículo 47 e de la Ley 39/2025 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Tras conocerse la sentencia, EH Bildu ha solicitado la comparecencia urgente de la consejera de Educación, Begoña Pedrosa, en el Parlamento Vasco para que explique cuáles serán las consecuencias de la anulación del decreto. El parlamentario Ikoitz Arrese ha alertado, a través de un comunicado, de que la anulación del decreto “además de poner de manifiesto la mala gestión del Gobierno de Pradales, deja en una situación de incertidumbre a las familias, a los centros educativos y al propio sistema educativo”. “Los errores cometidos, presuntamente, por el Departamento de Educación en la tramitación de este decreto ponen en cuestión en estos momentos los criterios de matriculación de miles de alumnos y alumnas”, ha añadido Arrese. Por ese motivo, ha afirmado que es urgente que la consejera “dé explicaciones en sede parlamentaria”, dado que “las familias necesitan certidumbre, máxime teniendo en cuenta que en pocos días se iniciará el proceso de matriculación para el curso 2025-2026”.

Por su parte, la parlamentaria y presidenta del PP de Gipuzkoa, Muriel Larrea, ha denunciado que “la única hoja de ruta” que sigue el Gobierno vasco en materia de educación es la de “su imposición ideológica”. A través de las redes sociales, Larrea ha señalado que “les han tumbado este decreto por no hacer bien sus deberes. En esto, también suspenden”, ha manifestado. Y se ha preguntado, “qué planificación” hace Educación.

¿Qué tal vas? No sé si te animará que te diga que se acerca la Navidad (a mí no me encanta la idea), pero al menos con suerte tendrás unos días de vacaciones.

Los que acudís a este rinconcito cada martes sabéis que en los centros educativos (sobre todo en los institutos) se ha instalado en los últimos años un debate fuerte entre el profesorado con posturas bastante marcadas y una cierta apariencia de que son irreconciliables. Pero por si acaso eres ajeno a esto, te lo explico todo lo resumido que un espacio como este requiere.

Una parte los docentes defienden que el nivel de la enseñanza ha bajado mucho en los últimos años y que se otorgan títulos con excesiva alegría. Son partidarios de la “cultura del esfuerzo” y de una, digamos, educación tradicional, con contenidos concretos para memorizar y una defensa del conocimiento por el conocimiento.

Otros suelen replicar que lo que pasa es que antes solo estudiaban unos pocos elegidos y así era más fácil dar clase. Que el “esfuerzo” es una trampa porque importa mucho más la situación de cada uno, y defienden las nuevas pedagogías, las competencias que aparecen en la nueva ley y el “saber hacer” más que el saber en sí.

Esta descripción tan somera se deja fuera matices, no todo el mundo que está en uno u otro grupo defiende cada cosa que ese colectivo diga, pero sirva.

En este boletín, lo admito, le ha dado más voz al segundo grupo. Aquí entrarían visiones como las de Jesús Rogero y Dani Turienzo o la del director Toni Solano, que ya han pasado por aquí en meses anteriores.

Teníamos un pequeño debe con los primeros –no son pocos– y esta semana empezamos a remediarlo con una entrevista a Carlos Fernández Liria y Javier Mestre. Dos catedráticos de instituto han escrito a cuatro manos Escuela y Libertad (Akal), un libro “a medio camino entre el panfleto y el manifiesto” que hace una declaración de intenciones desde el subtítulo: “Argumentos para defender la enseñanza frente a políticas educativas y discursos pedagógicos demenciales”.

Mestre y Liria cargan contra la Lomloe, contra las competencias, contra el “totalitarismo ideológico” de los padres que llevan a sus hijos a la escuela concertada para inculcarles su modo de pensar (tanto de derechas como de izquierdas). Creen que ha bajado el nivel, que los pedagogos son una desgracia para la educación, que las medidas antirrepetición son un fraude. Aquí está la charla entera y, por supuesto, en el libro mejor explicado todo.

Os animo a que leáis las entrevistas de unos y otros, creo que entre todas dan para hacerse a la idea de por dónde va este debate, por momentos muy enconado. Mucho mejor argumentado por sus protagonistas, en cualquier caso, de lo podría hacerlo yo.

Esta semana hemos hablado de...

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Con esto me despido, gracias por leernos.

El martes que viene, más.

¡Feliz semana!