El blindaje del profesorado de religión en la escuela pública vuelve a abrir una brecha entre los socios de Chivite

La religión en las aulas vuelve a agitar la política navarra. El blindaje en la red pública de los profesores que son elegidos por el obispo para impartir esa asignatura, cuya carga lectiva se ha reducido al mínimo -una hora semanal- en aplicación de la LOMLOE, ha generado una nueva brecha entre los socios del Gobierno de la socialista María Chivite.

Mientras PSN y Contigo/Zurekin (Podemos, IU y Batzarre) piden derogar la ley que garantiza el mantenimiento del puesto de trabajo de estos profesores pese a que no tienen carga lectiva y no pueden impartir otras materias por ser personal específico y no haber opositado, Geroa Bai por el momento se desmarca acusando al Departamento de Educación -cartera que está en manos de los socialistas- de no facilitarles información sobre los docentes que se verían afectados por la derogación de la norma como su edad, los criterios que se seguirán para los despidos y el coste que supondrán las indemnizaciones a los profesores damnificados.

Según los datos del Departamento de Educación, en la red pública navarra hay 111 profesores de religión, pero con la reducción de la carga lectiva tan solo 68 imparten la materia. Ello supone, según los mismos datos, un gasto anual de unos dos millones de euros para las arcas públicas.

Fuentes de la coalición de Socialverdes y PNV señalan a este periódico que todavía no han decidido si apoyar o no la propuesta de sus socios para derogar la norma que blinda a estos docentes, pero muestran su enfado por lo que consideran un “incumplimiento” del acuerdo programático que las tres formaciones firmaron en 2023 para investir a María Chivite presidenta. En ese documento se recoge un acuerdo para “revisar y, en su caso, derogar” la ley y, desde Geroa Bai, afean a PSN y Contigo/Zurekin que hayan presentado directamente una proposición para derogar la ley sin antes “revisarla”.

Esta cuestión ya generó una crisis entre los socios la legislatura pasada, cuando Geroa Bai sumó sus votos a los de Navarra Suma, la coalición de UPN, PP y Ciudadanos, para que los profesores de religión pudiesen mantener su puesto de trabajo con la rebaja de horas lectivas de esa materia. PSN, Podemos e Izquierda-Ezkerra criticaron que su socio se sumara a la derecha para aprobar una ley que “vulnera los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública”.

Y es que estos docentes son seleccionados por el Arzobispado, y muchos de ellos, mayores de 50 años, fueron contratados en su día conforme al acuerdo sobre enseñanza y asuntos culturales que suscribieron en enero de 1979 el Estado y la Santa Sede por el cual se establecía que esta asignatura sería “impartida por las personas que fueran designadas por la autoridad académica entre aquellas que el Ordinario Diocesano propusiera”. Posteriormente, en 2007, un Real Decreto convirtió a este personal en indefinido.

Es el Arzobispado el encargado de proponer a este personal al que, según se desprende de la propia web del Arzobispado de Pamplona-Tudela se le exige, además de la titulación académica requerida para impartir la docencia y la Declaración Eclesiástica de Competencia Académica (DECA), estar bautizado en la Iglesia católica y disponer de una “declaración eclesiástica de idoneidad”, un documento que emite el propio obispo de la diócesis y que supone “recta doctrina y testimonio de vida cristiana” basada “en consideraciones de índole moral y religiosa, criterios cuya definición corresponde al obispo diocesano”. Los candidatos seleccionados por el obispado son posteriormente contratados por Educación.