La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià (ACPV) ha pedido a la jueza de la dana que incorpore a la causa una nueva línea de investigación. ACPV solicita que se requiera a la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, los datos suministrados a la plataforma de gestión de emergencias autonómica entre el 24 de octubre, cuando se decretó la alerta hidrológica por parte de Aemet, y el 29 de octubre, día de la tragedia que se saldó con 229 fallecidos.

Se trata de Argos, el sistema de alerta temprana y ayuda a la decisión en el marco de la gestión de las emergencias, que contiene “múltiples fuentes de información”, tales como sensores, avisos oficiales, modelos de previsión y de fenómenos concretos, además de elementos vulnerables, las llamadas al 112 o las disrupciones del tráfico. Todo actualizado en tiempo real y en gran volumen y al servicio de los principales organismos implicados en la gestión de emergencias.

La acusación popular solicita que se requieran los expedientes de licitación del servicio, incluyendo los pliegos de condiciones y el contrato suscrito para la ejecución. Por otro lado, la representación jurídica de ACPV pide que se requiera a la Conselleria de Emergencias un informe sobre las propuestas de alerta temprana y “acompañamiento en la gestión proactiva de riesgos hidrometeorológicos” transmitidos desde Argos entre el 26 y el 29 de octubre de 2024.

Además, el escrito también pide que se requiera a la empresa adjudicataria la copia de los datos introducidos en la plataforma que “gestión para la Generalitat Valenciana” por las distintas agencias, así como las propuestas de alerta temprana y acompañamiento en la “gestión proactiva” de riesgos hidrometeorológicos transmitidos desde Argos a los servicios de emergencias autonómicos.

Una procesión de nazarenos desfiló el pasado 17 de julio a las puertas de las Corts Valencianes con una figura del president de la Generalitat, Carlos Mazón, con la palabra “criminal”. Decenas de personas protestaron contra el Presupuesto de las cuentas autonómicas de 2025. Ante los medios, Anna Oliver, como portavoz de más de una quincena de sindicatos y entidades del tejido asociativo valenciano, reclamó la dimisión del jefe del Consell, “no solo por todo lo que sabemos de la dana, sino porque el PP legitima unos Presupuestos que van en contra de todos los derechos sociales y civiles de la ciudadanía”, según afirmó.

Oliver es abogada de profesión y presidenta de Acció Cultural del País Valencià (ACPV), entidad creada en 1971 y legalizada en 1978 con el objetivo de promover la lengua y la cultura propias. En esta entrevista con elDiario.es, explica que esta protesta —convocada en València, Castelló de la Plana y Alacant— nació de la necesidad de agrupar los movimientos sociales valencianos y “dejar de trabajar en microcápsulas”. “Hay que salir a la calle. Nosotros no pararemos, porque ACPV pone la cara y el cuerpo por todas, por la colectividad”, reivindica.

Además, la entidad ejerce una de las acusaciones populares más activas en la causa de la dana que instruye la jueza de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, de la que Anna Oliver destaca su capacidad de empatía hacia los familiares de las 228 víctimas mortales que “produce una restauración del daño”.

Por otro lado, cuando se cumplen dos años de legislatura, Oliver asegura que continúa manteniendo la confianza en “la fuerza de la gente”. La presidenta de la entidad repasa el trabajo en el marco de la campaña ‘La llengua no es toca’ (La lengua no se toca), la Comissió 9 d’Octubre o las movilizaciones con motivo del Día Europeo de las Lenguas, la jornada de la toma en consideración de las cinco leyes “que arrasaban todo lo que había hecho el [Pacte del] Botànic” y las nueve manifestaciones en recuerdo de la dana que asoló el pasado 29 de octubre diversas localidades valencianas.

Además, sobre la organización del 25 d'Abril destaca la “decisión política” de celebrarlo en Alacant: “Cuando el Consell quiere estar en un espacio cómodo y olvidarse un poco de todo el tema del valenciano, la cultura y la protesta, se va allá. Entonces, pensamos que, si querían caldo, tendrían dos tazas e iremos a Alacant a reivindicar su valencianidad”.

¿Esperaba la reacción de la calle en las primeras manifestaciones para pedir la dimisión de Mazón?

La primera manifestación del 9 de noviembre era imprescindible. La rabia flotante que se palpaba, que era densa, se tenía que canalizar. Después, como iba en cabecera, no tenía sensación de qué había detrás de mí. Esto me ha pasado en todas las movilizaciones y más tarde me he impresionado al ver las fotos. A mí me ha llenado de satisfacción la respuesta de la gente.

Hablamos de casi 230 muertos. Es muy bestia. No acabo de entender que este gobierno y que el PP continúe legitimando a una persona que tiene esta responsabilidad. Me resulta absolutamente incomprensible. Pero el País Valenciano ha cambiado respecto a los 20 años [de gobiernos anteriores] del PP y ha cambiado para todo. Y creo que también aprendimos con el accidente del metro. Hemos aprendido como sociedad que a las víctimas no se las abandona y se las acompaña. Por lo tanto, que las manifestaciones hayan sido tan sostenidas en el tiempo, que hubiera tanta gente, creo que es una consecuencia de toda la trayectoria histórica del país.

Hemos aprendido como sociedad que a las víctimas no se las abandona y se las acompaña

Han pasado ya casi nueve meses de la dana y ACPV continúa pidiendo las mismas responsabilidades que exigía el primer día.

Hay colegios con el patio todavía sucio, otros con enrejado, porque es un peligro pasar, continúa habiendo garajes o ascensores con problemas. Nueve meses después, el Consell, que ha recibido más dinero que nunca del Gobierno central, que acaba de obtener el permiso para endeudarse, lo único que ha hecho ha sido gastarse 2,2 millones en una empresa externa para que haga un plan de reconstrucción. No sé, se espera más.

Se espera que escuchen a las víctimas y no que las instrumentalicen. Los bomberos han denunciado que, si viniera otra dana, no hay nada previsto. Nueve meses después no has podido reconstruir, pero, ¿sabrías cómo enviar el mensaje? ¿Sabrías cuando tienes que constituir el Cecopi [Centro de Coordinación Operativa Integrado]? ¿Sabrías qué gente tendría que ir? ¿Has reforzado el 112? Y, mientras tanto, hacen políticas negacionistas del cambio climático. Y reconstruyen en los mismos lugares donde los expertos avisan de que no se debería hacer. ¿No tienen ninguna duda? Yo, como ciudadana, tengo muchas. No asumes ninguna responsabilidad, no quieres que te juzguen, no quieres ir a prisión, quieres autodefenderte, no quieres dejar de ser aforado; pero, éticamente, como persona, ¿no te preocupa que vuelva a venir una dana y que no estés preparado?

Han pasado nueve meses y continúa sin nada previsto. Yo espero que, si no ahora, porque evidentemente el PP lo legitima [a Carlos Mazón], haya un cambio de Gobierno. Espero que entonces sea un gobierno que se tome seriamente el cambio climático, el urbanismo y la importancia de las grandes infraestructuras y de la huerta.

Hablemos ahora de la causa abierta en el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. ACPV anunció que emprendería acciones judiciales contra el Consell por “su gestión negligente durante la barrancada”. Lo hicieron y ejercen una de las acusaciones populares en la causa. ¿Cuáles son sus expectativas?

Nuestro lema es lengua, cultura, país. El modo de defender el país era también constituirnos como acusación popular y poner toda la inteligencia posible para que esta causa prosiguiera. Y por eso buscamos a Manolo Mata, que tiene una larga experiencia, como síndico —conoce perfectamente como se organiza políticamente la Administración— y como jurista con larga trayectoria como penalista. Por lo tanto, la elección no fue nada casual y ha funcionado. De hecho, muchas de las diligencias que se han practicado en la instrucción son a petición de Acció Cultural.

Muchas de las diligencias que se han practicado en la instrucción son a petición de Acció Cultural

Nuestra idea es que el procedimiento se haga escalonadamente, que es lo que también ha dicho el Tribunal Superior de Justicia y la instructora. Hay ahora dos personas investigadas. Veremos si escala al desmemoriado presidente de la Diputación de València. Pero tiene que ir así. Muchas veces la gente piensa que yo denuncio al presidente y que lo investigan. No funciona así en nuestro sistema penal, que es muy garantista.

Por otro lado, en derecho penal hay lo que se conoce como justicia restaurativa, que no es sancionadora y busca el confort de la víctima. El sistema penal español no es restaurativo. Pero esta jueza escucha a las víctimas y esto ya es satisfactorio. Las víctimas necesitan alguien que las escuche, alguien que puede tomar decisiones, investigar, ordenar y sancionar. Esta empatía produce una restauración del daño. Además, sus resoluciones son muy comprensibles, que también es algo muy extraño.

Creo que separa muy bien el grano de la paja. Tiene un guion y va subiendo escalón a escalón de la escalera sin prisas. Así es como se construyen las buenas causas penales. Y esto necesita mucha paciencia de ir ligando, teniendo en cuenta que además hay 40 letrados. Confío y creo que la jueza instructora hace un papel que va más allá de la instrucción sin perjudicarla y, por lo tanto, esta parte de humanidad es esencial en un caso como este.

La jueza instructora hace un papel que va más allá de la instrucción sin perjudicarla y esta parte de humanidad es esencial en un caso como este

Mencionaba justamente a Vicente Mompó y las contradicciones durante su declaración.

¿Qué esperábamos? ¿Que Mompó fuera al juzgado y dijera que habló con el presidente? Yo no esperaba que él fuera allí y pusiera al presidente a los pies de los caballos. Entre otras cosas, porque él, a estas alturas, se promueve políticamente dentro del PP. Uno de los problemas que tienen es que, si quitan a Mazón, ¿a quién ponen? Ni siquiera podrían defenestrarlo, porque no tienen quién lo sustituya.

La declaración de Mompó entra dentro del legítimo derecho de defensa. Ahora, es habilidad de las acusaciones ver las contradicciones en que pueden entrar o encontrar como las otras pruebas periféricas entran en contradicción con lo que ellos dicen. Y serán muy importantes todas las pruebas que se aporten, como por ejemplo las cámaras o todas las periciales que puedan indicar que sí era posible alertar antes, constituirse antes o que había suficiente información para haber tomado decisiones, con una alerta roja, como la Diputación misma, que envió a sus trabajadores a casa.

Otra cosa es la imprudencia de irse a un programa de máxima audiencia a decir lo que dijo. No sé quién los asesora. Porque hemos visto una parte de sus declaraciones, pero esto es un programa editado, no en directo. Por lo tanto, quizás se puede pedir el bruto de la entrevista para aportarlo a la causa judicial y que nos riamos todos mucho. Cuando tú hablas con una periodista, dices muchas cosas. Y, claro, quizás con este material todo casa y quizás Mompó acaba como investigado.

Pero falta una declaración fundamental para hacer un cronograma.

Si no tienes una base sólida, no podrás subir a la torre para cerrarla. No podemos esperar que en los próximos meses el presidente Mazón esté en un tribunal. Esto no pasará, porque la instrucción no está bastante madura, todavía no se han practicado suficientes pruebas y no se han recogido suficientes indicios para justificarlo. A parte que es aforado. Pero imaginemos que no fuera aforado; que ahora, mientras hablamos, él hubiera dimitido. Incluso así la jueza no lo citaría a declarar ya. Tiene que haber bastante cuerpo.

Hay toda una escala de responsabilidades. Él es el máximo responsable, pero tenemos que diferenciar entre el responsable político y ético y el responsable penal. Y el responsable penal exige que la cadena de mando haya fallado o que él haya intervenido. Por este motivo, él ahora dice reiteradamente que no tomó ninguna decisión y que, cuando llega al Cecopi, se habían tomado todas las decisiones. Cuando él cambia las versiones, recibe asesoramiento a medida van recibiendo información de lo que se sabe. Y su última versión es que llegó a las 20.28, porque a esta hora el mensaje ya está enviado.

Por lo tanto, no será de hoy para mañana. Pero, cuanto más sólida sea la instrucción, más garantías hay de que Mazón acabe siendo investigado.

El Ayuntamiento de Alacant, gobernado por el PP y Vox, votó semanas atrás convertir la ciudad en zona de predominio castellanohablante. Se trata de un movimiento que depende de una modificación de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV). ¿Es factible que se dé una reforma de esta dimensión en las Corts Valencianes?

Sí. De hecho, no es la primera vez que el Ayuntamiento de Alacant llega a una proposición de este tipo, sino la quinta. Al final lo han conseguido, porque justamente ahora hay un equilibrio de fuerzas en el que el voto de Vox se convierte en indispensable. Como siempre, la lengua es moneda de cambio; es lo que ellos rentabilizan. Se han aprobado los Presupuestos de 2025 a mediados de año, pero, cuando pase el verano, se tendrán que empezar a negociar los de 2026 y, si Vox pone como condición modificar una ley, que es una ley ordinaria que no necesita una mayoría cualificada, hay un riesgo real de que esto pase.

¿Qué supondría para la lengua este cambio de la consideración lingüística de Alacant y qué efecto podría comportar?

La modificación de la LUEV para cambiar Alacant de predominio lingüístico abre la puerta a toda una serie de cambios. Si la ciudad es de predominio lingüístico castellano, el valenciano ya sería una optativa. Todos los centros escolares que se han movilizado en Alacant durante la consulta lingüística y que, para sorpresa suya, han elegido el valenciano, dejarían de tener esta obligatoriedad y podrían pedir la exención de la lengua.

El PP sigue su hoja de ruta sin traba; y la traba tiene que ser la sociedad civil valenciana

Además, la obligación de la Administración pública de promover, facilitar y potenciar el uso del valenciano, que decae si estás en un predominio lingüístico castellano. El riesgo es que después venga Elx —el Gobierno municipal ha arrinconado el valenciano— y se convierta en una concatenación: en la ciudad de Castelló ha habido un primer cambio de nombre, ahora es València. Ellos siguen su hoja de ruta sin traba; y la traba tiene que ser la sociedad civil valenciana.

Estas maniobras se producen paralelamente al ahogamiento económico de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL). ¿Asistimos a una de las mayores ofensivas contra las instituciones que velan por el valenciano desde la recuperación del autogobierno?

Diría que la más descarada. El espejo del [Pacte del] Botànic nos ha hecho olvidar demasiado rápidamente los 20 años del PP, que empezaron prohibiendo palabras en Canal 9 y acabaron cerrando la televisión pública. Ahora hacen lo mismo en À Punt, porque, después de un trabajo impresionante, no han tenido ningún problema en cesar al jefe de informativos.

Ya lo han hecho y lo han hecho muchas veces. Debemos recordar que la AVL nace para intentar un consenso y una pacificación del tema lingüístico de una guerra que habían movido ellos, los secesionistas. Debemos recordar también que el PP sancionó a Acció Cultural, donde ya tenemos una larga trayectoria de ataques y de intentos de ahogamiento, con casi un millón de euros y cerrando todos los repetidores, que es por el que no tenemos reciprocidad con TV3 e iB3.

No es algo nuevo, pero ahora lo hacen a cara descubierta. A mí me dio mucha vergüenza que la segunda autoridad del país, la presidenta de las Corts, se vanagloriara en redes sociales de que la AVL había reducido la edición de libros y la celebración de jornadas y conferencias. Esto es sectarismo. Esto puedes hacerlo en tu partido, que tiene una ideología y unos objetivos concretos, pero no en redes públicas, porque, como autoridad del país, tienes que dar ejemplo de democracia y de gobierno para todo el pueblo.

Pero también es verdad que ahora hay un País Valenciano que ellos desconocen. Hay un tejido de entidades sindicales y sociales con la capacidad de autoorganizarse sin estar bajo la esfera de ningún partido político. Esto creo que los pilla un poco por sorpresa.

El ahogamiento no solo se circunscribe a la AVL, sino que también afecta a las entidades, como Acció Cultural, que fomentan el valenciano. ¿Cómo se sobrevive con la Administración en contra?

Antes de las elecciones, hicimos una previsión y nos preparamos para un escenario como el actual de subvenciones cero de la Generalitat. Hicimos nuestros cálculos económicos para poder hacer la travesía del desierto. De hecho, este año las ayudas a la promoción del valenciano todavía no se han convocado. A pesar de que nosotros no tenemos ningún problema en pedir subvenciones y decir que las pedimos. Esto es dinero público y es mucho mejor que se destine a una entidad que hace actividades para todo el mundo, porque nuestras actividades no son solo para la gente asociada. En fin, hemos sobrevivido a ellos otras veces y ahora también lo haremos. El ahogo económico con nosotros no funcionará.

Hicimos nuestros cálculos económicos para poder hacer la travesía del desierto

¿Considera que con la extrema derecha de Vox de la mano del PP se llega más lejos en la ofensiva contra el valenciano que cuando gobernaban los populares en solitario?

Creo que tienen la excusa. Vox es la justificación, incluso ante su propio electorado. Vox nace del PP. Por lo tanto, lo único que hacen ahora es forzarlos un poco a tomar unas decisiones que quizás no habrían tomado, porque no lo habrían necesitado. Habrían podido hacer sus políticas económicas ultraliberales, que es en definitiva lo que los moviliza y los motiva, sin tener todos estos ajetreos y provocar la movilización y la crítica.

Pero a ellos no les pesa. Quiero decir, ellos no tienen un aprecio por la lengua y por la cultura del país. Para ellos, la lengua es folclorización, es algo ridículo. Solo entienden la cultura como la festividad y cuanto más sea ofrendar glorias a España, más cultura valenciana entienden que es. No conocen ni el territorio, ni la idiosincrasia, ni la diversidad. Tengo la sensación de que para ellos el País Valenciano es València y afortunadamente es más largo, más rico y más diverso.

PP y Vox no conocen ni el territorio, ni la idiosincrasia, ni la diversidad

Una de las estocadas contra el valenciano se ha producido en la enseñanza, con la denominada la Ley de libertad educativa, de la cual siempre denuncian “la letra pequeña”. ¿Qué consecuencias tiene esta ley sobre para la normalización del valenciano?

Ellos dicen libertad educativa y tendríamos que decir del odio lingüístico. Una madre me dijo una vez que las familias ya habían elegido cuando hacen el casting de escuelas. La elección educativa se hace casi cuando pares o cuando estás pensando qué escuela infantil escoger, qué barrio... El Consell no ha hecho esta ley para promocionar la libertad educativa. A nadie se le obligaba a hacer una docencia en valenciano.

Todas las encuestas hablan de una bajada en el uso social de la lengua, pero de un crecimiento del conocimiento de la lengua, tanto escrito como oral. A pesar de que por razones laborales o en la adolescencia hagas claudicación lingüística, si has recibido formación en valenciano, tendrás los valores intrínsecos y la cosmovisión del mundo que va implícita en una lengua. Si no tienes este conocimiento, se te elimina una riqueza muy importante. Se nos veta algo que estatutariamente están obligados a proteger, porque el valenciano es lengua oficial.

En la consulta sobre la lengua vehicular, contra la cual presentasteis un recurso ante el TSJ, el valenciano se impuso. Sin embargo, el valenciano no está garantizado en las zonas de predominio lingüístico del castellano. ¿Qué derechos se vulneran?

Se vulnera, en primer lugar, el Estatuto de Autonomía, que es la norma más importante. Pero se vulnera también la Carta Europea de Lenguas Minorizadas, ese acuerdo internacional firmado por el Reino de España que, aunque no tiene fuerza ejecutiva, dice que las lenguas minorizadas tienen que ser protegidas y promovidas por las instituciones y las administraciones públicas. Y se vulnera la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià, que dice que se debe garantizar el valenciano en cualquier zona de predominio lingüístico valenciano.

El mismo Consell entra en contradicción. Si ellos piensan que todo esto se puede votar, no habría ninguna necesidad de convertir Alacant en zona de predominio lingüístico castellano. Pero, saben que, según la LUEV, se debe garantizar la enseñanza de la lengua en Alacant como zona de predominio lingüístico valenciano. Vulneran esta normativa. Una normativa que, además, nace del consenso, porque la LUEV se aprobó en Alacant simbólicamente y todos los partidos estaban de acuerdo; igual que todos los partidos estaban de acuerdo también con la creación de la AVL.

Estas políticas del Consell contra el valenciano coinciden con las recomendaciones del último informe de expertos de la Carta Europea de Lenguas Minorizadas, en el que se instaba a “adoptar medidas inmediatas y decididas para proteger y salvaguardar la cultura valenciana” o “garantizar la educación en valenciano en todos los niveles educativos”.

La Carta Europea hace una revisión cada cinco años. Cuando vinieron los expertos —Acció Cultural, entre otras entidades— denunciamos el peligro que en aquel momento suponía la ley educativa. Todavía no se había hecho la orden de consulta y ni siquiera sabíamos cómo se ejecutaría. Los expertos contrastan después tanto con el Gobierno central como con el autonómico. Aun así, y sus conclusiones son demoledoras.

El informe le dijo al Estado qué no respetaba el plurilingüismo, que es una realidad en el Estado español. Y, por lo tanto, hay una vulneración de los derechos lingüísticos que el Estado se comprometió a proteger. Y en la parte autonómica todavía es más grave. Es el territorio donde la lengua es oficial y donde la Administración tiene la obligación de cumplir el artículo 9 de su estimada Constitución, por el cual las administraciones públicas tienen que eliminar todas las trabas para el ejercicio de los derechos. Los expertos alertaron que hay un retroceso en la posibilidad de ejercer los derechos lingüísticos.

Insiste en que “una lengua no puede ser solo de la intelectualidad o del folclore”. ¿Cómo se puede dar prestigio a la lengua sin el apoyo institucional?

Sin el apoyo institucional, no se puede prestigiar la lengua, así de rotundo. Para prestigiar, tú necesitas la auctoritas, una persona en una posición elevada para ser tu espejo. Desde el feminismo lo tenemos muy claro: muchas veces las chicas no elegían un oficio, un deporte o una carrera profesional porque no han tenido un ejemplo. Se han requerido muchas generaciones para hacer una transformación. Siempre necesitas alguien que esté en una posición elevada, que te haga ver que el valenciano no es cooficial, es oficial. Y que, por lo tanto, tú en valenciano puedes hacerlo todo: literatura que tenga eco internacional, música, clases, ir a trabajar el campo o alquitranar carreteras. No es una lengua doméstica, como en el franquismo para hablar con los tuyos. Y tampoco se puede reducir a la burbuja de la escuela.

No puede ser que Mazón no hable nunca valenciano y, cuando lo hace, es porque busca algo y dice tres frases con una fonética espantosa

No puedes obligar a la gente a amar el valenciano, porque desde la imposición no puedes hacerlo. Ahora, desde la normalización, que era una palabra que en los años 80 se utilizaba mucho, sí. No puede ser que un presidente de la Generalitat, cuando vaya a Alacant, hable en castellano, que cuando haga la felicitación de Fin de Año la haga en castellano o que el actual presidente no hable nunca valenciano y, cuando lo hace, es porque busca algo y dice tres frases con una fonética espantosa. No puede ser que una alcaldesa de València, como fue Rita Barberá, la única vez que habló en valenciano fue para crear un meme. Prestigiar una lengua se hace siempre desde una situación de dominio, no de poder, sino de autoridad, desde la cual das ejemplo social.

¿Un paso para conseguirlo sería la reforma de la Llei d’Ús i Ensenyament del Valencià?

En el Botánic se intentó, porque esta ley tiene 40 años. Muchas veces se tiene miedo de modificar las cosas y es un poco lo que pasó. Una especie de ‘mejor no tocamos nada, no sea que echemos a perder lo poco que tenemos’. Pero yo me pregunto: además de la LUEV, ¿no se ha podido crear otra ley? ¿En 40 años no ha habido un momento en el que se hayan dado las mayorías necesarias para garantizar o fomentar el uso de la lengua? Creo que ha habido tiempo para crear otros instrumentos legislativos que protegieran nuestros derechos. Y esto no existe. La Oficina de Derechos Lingüísticos la han cerrado y no ha pasado nada. Si hay posibilidad de que haya un Gobierno progresista, deberíamos preparar una serie de instrumentos que garantizaran nuestros derechos sin posibilidad de que el gobierno de turno los aniquilara.

Todavía hoy en día, te diriges a cualquiera de las 'conselleries' de la Generalitat Valenciana y te contestan por defecto en castellano

Es tan sencillo como que ahora se prescinde de los lingüistas en À Punt y no hay nada que pueda garantizar esta figura. No hay ningún instrumento que la proteja. Internamente, el Botànic tuvo que hacer mucha reorganización lingüística de la Administración. Pero, todavía hoy en día, te diriges a cualquiera de las conselleries de la Generalitat Valenciana y te contestan por defecto en castellano. ¿Todavía, 40 años después, tengo que recordar yo a la Administración que, si le escribo en valenciano, me tiene que contestar en valenciano?

El Palacio de Justicia de Catarroja fue arrasado por la DANA del pasado 29 de octubre. Los jueces y funcionarios fueron trasladados provisionalmente a la Ciudad de la Justicia de València, su ubicación actual, ante la imposibilidad evidente de desarrollar su trabajo en la localidad de l'Horta Sud. El sótano del edificio se quedó completamente inundado durante una semana y la primera planta también se vio afectada por el fango a consecuencia del desbordamiento del barranco del Poyo. Sin embargo, la próxima finalización de las obras de rehabilitación del sótano, la planta baja, los accesos y la fachada de la sede judicial empieza a planear sobre la causa más importante que se instruye por parte de un juzgado de Catarroja: la de la DANA, en la que figuran como investigados la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. La Conselleria de Justicia adjudicó un contrato de emergencia para las obras de reparación por un importe total de dos millones de euros. Las actuaciones se iniciaron el pasado 4 de noviembre y la propuesta de resolución del contrato establecía una duración estimada de cuatro meses. Aunque no hay una fecha clara para su reapertura, sería en todo caso pasado el verano, según algunas fuentes.

El procedimiento penal de la DANA cuenta con decenas y decenas de acusaciones, tanto particulares como populares, dos defensas y cientos de familiares de las víctimas mortales, que han declarado como testigos en la Ciudad de la Justicia de València. También cuenta con la consiguiente cobertura mediática, al tratarse de la mayor tragedia de las últimas décadas, que dejó 228 fallecidos.

Con ese panorama, Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que ejerce una de las acusaciones populares en la causa, ha pedido a la instructora que solicite a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia su “permanencia” en su actual localización en València “una vez se encuentren operativos” los juzgados de Catarroja.

Ante la “inminencia” de la reapertura del Palacio de Justicia de Catarroja, la acusación popular alega que la jueza de la DANA se debe quedar en València “para el buen orden de la instrucción”, al menos mientras cuente con el refuerzo que acordó el Consejo General del Poder Judicial (prorrogado el pasado 26 de junio).

El escrito de ACPV, al que ha tenido acceso este diario, recuerda que, en el marco de la sensible y compleja causa, se investiga el fallecimiento de 228 personas y de un “número indeterminado de lesionados” en casi una treintena de localidades. Centenares de familiares de víctimas y decenas de testigos han declarado ante el juzgado, que ha dictado más de un centenar de autos y providencias.

Las instalaciones de la Ciudad de la Justicia han permitido a los letrados de las acusaciones y de las defensas “desarrollar su trabajo en excelentes condiciones, con medios avanzados de grabación de las sesiones y de conexión telemática para las partes que no han podido participar presencialmente”.

Por el contrario, argumenta el abogado de ACPV, Manolo Mata, las instalaciones en Catarroja “ni de lejos están preparadas para asumir la avalancha de trámites judiciales que alterarían sobremanera el natural devenir” del resto de juzgados de la localidad, “menoscabando, de hecho, el derecho de defensa de acusaciones y defensas, con riesgo de dilaciones indebidas”.

El escrito de la acusación popular concluye que “se debe intentar agotar al máximo la posibilidad de desarrollar la instrucción en la Ciudad de València”.

La jueza de la DANA está centrando sus pesquisas más recientes en el dispositivo de vigilancia del barranco del Poyo y del río Magro el pasado 29 de octubre. En una providencia dictada este miércoles, la magistrada pide al Consell la copia de la nota remitida pasadas las 12.30 por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat requiriendo la vigilancia del río Magro y de la rambla del Poyo, “identificando a emisor y receptor de la misma”. Por otro lado, también pide la copia de la comunicación del coordinador del Consorcio Provincial de Bomberos Forestales de Valencia, “identificándolo”, con el visto bueno para su activación, especificando las dos zonas afectadas: el Magro, en el área del puente de Carlet, y el barranco del Poyo, en puntos como Torrent, Picanya y Paiporta.

Varios testigos han confirmado que la petición de movilización de los Bomberos para medir los caudales del barranco del Poyo, que provocó la mayoría de los fallecimientos de la DANA, quedó registrada en el sistema 'CoordCom', la 'caja negra' operativa de Emergencias, a las 12.48 del día de la catástrofe. El testigo E. V., jefe de servicio en coordinación, confirmó que en su declaración del pasado 19 de junio que en el Centro de Emergencias desconocían que los efectivos que medían los caudales fueron retirados a partir de las 14.30.

El exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, José Miguel Basset, que ostentaba el mando operativo de la emergencia ante las inundaciones, es uno de los testigos principales del procedimiento, pendiente de fecha para su declaración testifical.

Se trata de diligencias solicitadas por la acusación popular que ejerce el abogado de Acció Cultural del País Valencià. La instructora también pide que la Conselleria de Emergencias, que dirige Juan Carlos Valderrama, remita en un plazo de cinco días un informe sobre las unidades de Bomberos Forestales movilizadas que especifique los puntos en los que realizaron sus tareas, las horas de llegada y finalización y los informes de la situación.

Además, la providencia pide que se indique el número de helicópteros de Bomberos Forestales disponibles por parte del Consorcio Provincial el 29 de octubre, “si se llegó a solicitar permisos de aviación civil para operar, y cuál fue el uso que se les dio dicho día”.

Mensajes pregrabados del 112

Por otro lado, a petición de la letrada que representa en la causa la acusación popular que ejerce Intersindical Valenciana, ha pedido al Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana los informes elaborados por el supervisor de la sala de atención de llamadas del 112 desde la noche de la víspera de la DANA. También solicita las dos grabaciones automáticas que se usaron en el 112 ante la avalancha de peticiones de ayuda.

El testigo D. E. B. S., supervisor de atención de llamadas del 112 del Centro de Emergencias, declaró este pasado martes que hubo “llamadas sin voz” a consecuencia de una “incidencia técnica” previa y que se activaron mensajes pregrabados por el colapso.

La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià ha solicitado a la jueza de la DANA que se cite a declarar como testigo a Elisa Núñez, consellera de Vox antecesora de Salomé Pradas en el departamento de Emergencias del primer Gobierno autonómico de Carlos Mazón. Núñez aseguró en una entrevista en La Vanguardia que una reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) preventivo que convocó se grabó, a diferencia del de la reunión del pasado 29 de octubre que convocó Salomé Pradas.

Núñez, que dejó de ser consellera tras la salida de Vox del Ejecutivo de Mazón, también afirmó en la misma entrevista que la consellera titular de las competencias de emergencias ostenta el “mando único” ante catástrofes como la DANA.

La exconsellera explicaba que el Cecopi de septiembre de 2023 fue convocado con “36 horas de antelación”. En otro Cecopi preventivo, un técnico le preguntó si había algún inconveniente en que se grabara la reunión. Núñez aseguraba que respondió: “No, ningún problema”.

La jueza, en un auto dictado este miércoles, ha lamentado que no se grabara el Cecopi del 29 de octubre ni que se confeccionara un acta de la reunión. De hecho, la magistrada ha avalado la corta grabación (de menos de un minuto) que hizo uno de los testigos de la reunión del Cecopi y que ha ordenado que se incorpore al procedimiento.

Núñez también aludía el “perfecto funcionamiento” del sistema Es-Alert y afirmaba que ella “hubiera convocado” un Cecopi preventivo y “preparado” un Es-Alert “para alertar a la población”, según indica el escrito de Acció Cultural del País Valencià.

La acusación popular también solicita a la jueza instructora que pida a la Conselleria de Emergencias, actualmente dirigida por Juan Carlos Valderrama, un informe sobre las actuaciones preventivas ante la DANA de 2023 y el expediente “que se conserve de las actuaciones realizadas”.

Elogio al Es-Alert

El departamento que dirigía Núñez publicó una nota de prensa el 1 de septiembre del 2023 en la que informaba sobre la reunión de coordinación ante aquella DANA.

La entonces consellera de Vox puso en valor el sistema Es-Alert. “Gracias al Es-Alert no será el ciudadano el que tenga que llamar al 112 para saber si hay una emergencia activa en su zona, sino que será el propio 112 el que avisará al ciudadano del riesgo inminente que haya en su municipio para que pueda protegerse o tomar medidas”, afirmaba la nota de prensa.

La jueza de la DANA rechazó la diligencia solicitada por la acusación popular que ejerce Acció Cultural del Pais Valencià (ACPV) sobre los datos relativos a los movimientos del vehículo oficial del president Carlos Mazón el día de la barrancada. La instructora concluyó, en un auto del pasado 17 de marzo, que la diligencia solicitada estaba “destinada a la investigación” de Mazón, quien ostenta la condición de aforado. Solo si el jefe del Consell hubiera aceptado voluntariamente la invitación a declarar como investigado, la instructora podría valorar la pertinencia de la diligencia sobre el coche oficial. Y Mazón, recordaba la jueza, “ha rehusado dicho ofrecimiento”. Sin embargo, la acusación popular ha recurrido el auto argumentando que se trata de una diligencia que “a todas luces” no causaría indefensión al aforado. La representación jurídica de ACPV recuerda que el president, según la Ley de Transparencia, “tiene el deber de informar de su agenda de trabajo”.

“El uso de vehículos oficiales por parte de los miembros del Consell, así como de los altos cargos del Gobierno, está perfectamente regulado y su uso debe ser de público conocimiento”, afirma el recurso de la acusación popular al que ha tenido acceso este diario. Si la ciudadanía cuenta con el “derecho insoslayable” a obtener ese tipo de datos, e incluso a acudir al Consejo de Transparencia o a la vía contencioso administrativa en caso de opacidad, “carece de sentido que un juzgado de instrucción, que investiga hechos de extrema gravedad, no pudiera acceder a datos de extraordinaria relevancia”, abunda el escrito.

Los dos grupos de la oposición en las Corts Valencianes (PSPV-PSOE y Compromís) solicitaron los movimientos de los coches oficiales de Mazón. Sin embargo, el Ejecutivo valenciano se limitó a entregar únicamente las dietas (y no los partes de los vehículos).

La acusación popular asegura que esa diligencia no supondría indefensión alguna para el aforado Carlos Mazón. “La clave”, sostiene el recurso, “está en agotar la instrucción de todo aquello que no cause indefensión de la persona aforada”.

“Se solicita una información que debe ser pública, que está relacionada con el uso de bienes públicos, en ejercicio de las funciones públicas, sin que ninguna indefensión se pueda generar a un cargo público que tiene obligación legalmente establecida, de transparencia en sus actividades institucionales”, agrega ACPV.

El recurso también alude a un artículo de la Ley de Transparencia sobre “situaciones de emergencia o grave riesgo colectivo”, que obliga a los altos cargos a “difundir sin demora” la información de que se disponga “en caso de amenazas inminentes para la salud humana” o el medio ambiente. “Justo lo que no hizo el aforado, ni las personas investigadas [en referencia a la exconsellera Salomé Pradas y el exsecretario autonómico Emilio Argüeso], ni aquellas que pudieran serlo tras los avances de la instrucción”, sostiene la acusación popular.

La “pasividad” de Pradas y Argüeso ante la DANA

ACPV también pidió las mismas diligencias sobre los vehículos oficiales de la entonces consellera Salomé Pradas y de su secretario autonómico Emilio Argüeso, ambos imputados en la causa. “No consta”, argumentaba la jueza, “ni se afirma tampoco por la representación de Acció Cultural del País Valencià, que los mismos no se hubieran incorporado a la reunión del Cecopi o que dicha incorporación se hubiera efectuado con retraso”.

Por el contrario, el recurso de la acusación popular recuerda que tanto Pradas como Argüeso ostentaban la máxima responsabilidad —“solo por debajo del presidente”— en la “prevención, gestión y resolución” de una “emergencia hidrológica que se declaró el pasado 24 de octubre” y cuya “pasividad los días 24, 25, 26, 27, 28 y, especialmente, 29 de octubre, causaron importantísimos daños personales”.

“Resulta incomprensible que la reunión del Cecopi [Centro de Coordinación Operativa Integrado] se convocara a una hora tan tardía, sabiendo que en otros eventos de mucha menor entidad, ya varios días antes se mantenía reuniones para estudiar los posibles escenarios de los eventos climatológicos adversos, adoptándose las medidas preventivas oportunas”, afirma el escrito. 

ACPV recuerda que Salomé Pradas y Emilio Argüeso “no solo participaban en el Cecopi en el papel más relevante, al menos en ausencia del presidente, física o telemáticamente, sino que una y otro eran los máximos dirigentes” del departamento autonómico de Emergencias “desde su toma de posesión”.

Una “responsabilidad”, afirma la acusación popular, que “era inherente a sus personas y que, tanto en sus respectivos despachos, en sus visitas institucionales, en sus coches oficiales o en sus domicilios, seguían siéndolo y manteniendo la capacidad operativa para adoptar decisiones legalmente previstas, telefónicamente, vía mensaje, transmitiendo órdenes verbales, requiriendo informes [o] firmando electrónicamente documentos”. “Antes, durante y con posterioridad al propio Cecopi”, apostilla el escrito.

Así, ACPV reitera la petición de diligencias “imprescindible” sobre los movimientos de los coches oficiales de la exconsellera y el exsecretario autonómico, las horas de salida y de regreso al parque móvil de los conductores y las posibles dietas.

Movimientos en la causa de la DANA que investiga la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja. La acusación popular que ejerce Acció Cultural del País Valencià ha solicitado a la jueza instructora que requiera a la treintena de organismos convocados el pasado 29 de octubre al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) una copia de la hipotética grabación de la reunión —“completa o parcial”— que “pudiera obrar en sus equipos en caso de haberse conectado telemáticamente”. Una treintena de organismos participaron en el Cecopi del día de la DANA (convocado a las 17.00, a pesar de que la Aemet había elevado a las 07.31 de la mañana el nivel de aviso rojo en la zona del interior norte de la provincia de Valencia). La inmensa mayoría eran organismos públicos (tanto autonómicos como del Gobierno central), aunque en la lista también figura la empresa Iberdrola. No existe una grabación oficial de la reunión; no obstante, un fragmento del audio que desmentía nítidamente una de las mentiras de la entonces consellera, Salomé Pradas, fue publicado por la Cadena Ser.

El escrito de la acusación popular, al que ha tenido acceso elDiario.es, también propone a la magistrada instructora que requiera a Presidencia de la Generalitat la “identificación” del vehículo oficial usado por el president Carlos Mazón el pasado 29 de octubre, día de la catastrófica barrancada. También pide que se requieran a la Conselleria de Emergencias “idénticos datos” sobre el vehículo oficial que usaba la entonces consellera Salomé Pradas, y su equipo: el secretario autonómico Emilio Argüeso, y el director general, Alberto Martín Moratilla, que aún forma parte del Consell a pesar de la desastrosa gestión de la DANA.

La entidad también solicita que se especifique el nombre del conductor y la “hora de salida y de regreso del parque móvil”, además de los desplazamientos en esa franja horaria y las posibles dietas devengadas. El chófer de Mazón, según ha podido saber elDiario.es, es Ernesto S.M. El conductor empezó su jornada del pasado 29 de octubre con el vehículo oficial del jefe del Consell a las 08.00 y acabó a las 02.00 de la madrugada del día siguiente.

La petición de diligencias de la entidad se produce tras la última versión del jefe del Consell sobre su llegada a la reunión del Cecopi en l'Eliana, según la cual entró en el recinto a las 20.28. En una línea similar, Podemos ha pedido que se investiguen los movimientos de los agentes de la Unidad del Cuerpo Nacional de Policía adscrita a la Comunitat Valenciana que escoltaron a Mazón aquella jornada, tal como ha informado este diario.

Acció Cultural también pide que se identifiquen los vehículos oficiales utilizados por los escoltas del president Mazón, especificando las tarjetas de identificación profesional (números de placa) de los agentes, las horas de salida y de regreso al parque móvil y posibles dietas “de hospedaje, restauración o por cualquier otro concepto”.

La jueza tiene pendiente resolver esta nueva petición de diligencias de la acusación popular y su solicitud anterior de que se proceda a una “inspección ocular” del Centro de Coordinación de Emergencias de l'Eliana para “verificar” las cámaras del Cecopi.

Liberum pide que se expulse al PSOE de la causa

Por otro lado, la asociación Liberum (originalmente nacida como un movimiento antivacunas en la pandemia de la Covid-19) ha pedido a la jueza que expulse a la acusación popular que ejerce el PSPV-PSOE. La entidad ha recurrido el auto del pasado 26 de febrero en el que la instructora admitió la personación de los socialistas, tal como había hecho previamente con partidos tan diversos como Vox o Podemos y con el sindicato anarquista CGT.

Un escrito de Liberum, al que ha tenido acceso este diario, considera que el PSPV-PSOE “buscaría su verdad”, por lo que su personación en la causa “atentaría contra la propia naturaleza en la condición de imparcialidad y objetividad que se precie en toda fase de instrucción”.

La asociación, que se declara “apolítica”, prevé que “miembros del Gobierno del PSOE” puedan acabar siendo investigados por la jueza instructora y alude específicamente a la Confederación Hidrográfica del Júcar, la Aemet y el Ministerio de Transición Ecológica.

'Mai Més València' pide personarse como acusación popular

Por otro lado, una nueva entidad ha solicitado incorporarse a la causa como acusación popular. Se trata de la asociación 'Mai Més València', en cuyo escrito dirigido a la jueza instructora asegura que es “notoria y conocida” la ausencia de “avisos adecuados y eficientes” a la población para resguardarse de las inundaciones del pasado 29 de octubre.

La entidad vincula el “retraso evidente” en el envío del Es-Alert y el contenido inadecuado del aviso a la población con los 224 fallecimientos y las tres desapariciones. El escrito considera que la causa de las muertes, desapariciones y lesiones podría haber sido la “imprudencia” o la “impericia” de las autoridades y de los funcionarios “encargados de prevenir y avisar a la población en caso de alertas climáticas y las emergencias hidráulicas que éstas puedan provocar”.

La asociación 'Mai Més València' asegura que puede existir responsabilidad penal por parte de las autoridades en relación con los presuntos delitos de homicidios imprudentes. Francesc Miralles, portavoz de la entidad, explica que, además de las responsabilidades judiciales y políticas, la asociación pretende establecer una “verdad judicial” de los trágicos hechos del día de la DANA “con vistas a poder revisar los protocolos de prevención y actuación” ante futuras emergencias.

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja ha admitido la personación como acusación popular de Acció Cultural del País Valencià (ACPV). La entidad pretende “exigir responsabilidades por la gestión y las repercusiones de este episodio climático extremo”, según ha afirmado en un comunicado.

ACPV ha fichado al abogado Manolo Mata, exportavoz socialista en las Corts Valencianes, para ejercer la representación jurídica de la acusación popular.

La jueza instructora, en un auto notificado este viernes, ha admitido la personación de la entidad, a la que requiere la misma fianza que a las otras acusaciones populares que ya se habían personado (Vox, Podemos o el sindicato CGT).

ACPV ha anunciado que en próximos días formalizará la fianza y empezarán a “actuar activamente” como parte de la instrucción del caso.

Por su parte, la secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, ha anunciado este viernes la intención de los socialistas valencianos de personarse en la causa como acusación popular.

La magistrada ha asegurado en varios autos dictados esta semana que los daños materiales de la barrancada “no se podían evitar, las muertes sí”.

La instructora también sostiene que la alerta masiva a los móviles fue “notablemente” tardía (a las 20.11, cuando la población estaba literalmente con el agua al cuello) y con un mensaje “errado en su contenido”.

-NOS! Llengua i País, organització de 36 entitats culturals i educatives de la Comunitat Valenciana, ha celebrat una reunió amb diferents propostes per oposar-se a la llei d'“aïllament” del valencià que proposa el Consell, i ha acordat animar la ciutadania a la defensa de la llengua.

En aquesta línia, han decidit que recolzaran les Trobades d'Escoles, que van començar el 22 de març; la manifestació del 25 d'abril organitzada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV) i que es farà dissabte 27 d'abril a València; les actuacions que emprendrà la Plataforma per l'Ensenyament Públic i qualsevol altra acció que defense l'ús del valencià entre la ciutadania.

Des de la confluència, incideixen que aquesta proposta se suma a altres mesures de persecució de la llengua, com la censura d'algunes revistes en biblioteques públiques; el canvi de l'estàndard valencià a les administracions per castellanitzar-lo; o la supressió de l'Oficina de Drets Lingüístics. A més, amb la nova llei d'educació, el valencià deixaria de ser llengua vehicular al sistema d'ensenyament públic, i a les zones castellanoparlants, es descartaria cursar assignatures no lingüístiques en valencià. Totes aquestes accions, adverteixen, atempten contra l'Estatut d'autonomia i la Llei 4/1983, de 23 de novembre, d'ús i ensenyament del Valencià.

Amb això, NOS! Llengua i País incita que tota la societat valenciana es mobilitze davant d'aquestes polítiques “de marginació del valencià” iniciades per l'Executiu de Mazón per frenar-les i demostrar que es tracta d'una llengua digna i de prestigi.

“Aquesta proposta pot suposar un genocidi contra la llengua”

La presidenta d'Escola Valenciana, Alexandra Usó, ha manifestat el desacord sobre les polítiques que s'estan emprenent des de la dreta política.

“A la llei d'acompanyament dels pressupostos ja van intentar modificar la llei de plurilingüisme, donant la possibilitat que els centres ubicats a comarques castellanoparlants pogueren realitzar una exempció del valencià i no vehiculitzar cap assignatura en aquesta llengua”, destaca.

A més, explica que des de la dreta han potenciat mesures com el districte únic de matriculació que, “suposadament”, atorga capacitat d'elecció a les famílies: “És una llibertat usada de forma demagògica, perquè hi ha famílies que no poden desplaçar els seus fills al poble del costat o a l'altra punta de la ciutat”. Amb això, afegeix que darrere d'aquesta iniciativa es pretén potenciar l'ensenyament concertat i “destruir” allò públic.

Usó assegura que el PP i Vox pretenen marginar el valencià als centres: “Volen implementar una llibertat d'elecció només per a algunes famílies, i no per a tothom. Només parlen per als seus votants, i no tenen en consideració la llibertat de les famílies valencianoparlants que volen seguir amb la llengua”.

Segons la presidenta d'Escola Valenciana, des de la confluència han acordat que les Trobades, amb el lema “fem poble, parlem valencià”, exerciran com a punts d'informació i conscienciació per a les famílies sobre la “falsa llibertat d'elecció que el Govern actual intenta vendre'ns i que segrega la llengua valenciana”.

“La coordinadora ha organitzat una reunió multitudinària a la Marina Alta, a la qual han acudit tant familiars com professorat, per intentar explicar aquesta proposta de llibertat dʻelecció de la llengua. Continuarem impulsant aquestes xerrades a diferents comarques per informar sobre la veritat dʻaquesta llei que pot representar un genocidi del valencià”, ha subratllat Usó.

A més, ha explicat que des de -NOS! Llengua i País, un grup d'experts plantejarà i treballarà “una alternativa” a la possible llei educativa que puga aprovar el Govern del PP.

Així mateix, Usó ha concretat que l'entitat que dirigeix també pertany a la Plataforma d'Ensenyament Públic, de la qual formen part agrupacions com el Sindicat de treballadors i treballadors de l'ensenyament del País Valencià (STE-PV). “Des de la plataforma ja hem parlat sobre com mobilitzarem la comunitat educativa i hem estudiat la possibilitat d´una vaga del professorat”, ha destacat.

Amb això, ha afegit que cal que la societat se sume a la pròxima manifestació convocada per a l'abril: “Intentarem que hi acudisca molta gent i, amb això, omplir els carrers de València de gent jove i gran que estiga en contra d'aquestes polítiques lingüístiques”.

Ni rastre de música en valencià

L'última polèmica va passar el passat 28 març amb la presentació del cartell d'artistes que participaran als Concerts de Vivers, que se celebren a la ciutat de València i la competència dels quals recau sobre Vox, que dirigeix la regidoria de Festes i Tradicions.

El cartell, presentat pel consistori, recull diferents músics nacionals i internacionals, entre els quals, no apareix ni un sol grup que cante en valencià, a diferència d'altres anys, en què van participar La Fúmiga o artistes emergents com Colomet . A més, el títol del cartell sempre havia aparegut com a “Concerts de Vivers”, però aquest any s'ha castellanitzat.

Alguns membres de l'oposició han manifestat la seua desafecció cap a la manca de representació de la llengua en un esdeveniment que se celebra a la capital de la Comunitat Valenciana i l'han titllat com un nou atac a la cultura valenciana.

-NOS! Llengua i País, organización de 36 entidades culturales y educativas de la Comunitat Valenciana, ha celebrado una reunión con distintas propuestas para oponerse a la ley de “aislamiento” del valenciano que propone el Consell, y ha acordado animar a la ciudadanía en la defensa de la lengua.

En esta línea, han decidido que apoyarán les Trobades d'Escoles, que arrancaron el 22 de marzo; la manifestación del 25 de abril organizada por Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y que se realizará el sábado 27 de abril en Valencia; las actuaciones que emprenderá la Plataforma per l'Ensenyament Públic y cualquier otra acción que defienda el uso del valenciano entre la ciudadanía.

Desde la confluencia, inciden en que esta propuesta se suma a otras medidas de persecución de la lengua, como la censura de algunas revistas en bibliotecas públicas; el cambio del estándar valenciano en las administraciones para castellanizarlo; o la supresión de la Oficina de Drets Lingüístics. Además, con la nueva ley de educación, el valenciano dejaría de ser lengua vehicular en el sistema de enseñanza público, y en las zonas castellanohablantes, se descartaría cursar asignaturas no lingüísticas en valenciano. Todas estas acciones, advierten, atentan contra el Estatuto de Autonomía y la Ley 4/1983, de 23 de noviembre, de uso y enseñanza del Valenciano.

Con ello, NOS! Llengua i País incita a que toda la sociedad valenciana se movilice frente a estas políticas “de marginación del valenciano” iniciadas por el Ejecutivo de Mazón para frenarlas y demostrar que se trata de una lengua digna y de prestigio.

“Esta propuesta puede suponer un genocidio contra la lengua”

La presidenta de Escola Valenciana, Alexandra Usó, ha manifestado su desacuerdo acerca de las políticas que se están emprendiendo desde la derecha política.

“En la ley de acompañamiento de los presupuestos ya intentaron modificar la ley de plurilingüismo, dando la posibilidad de que los centros ubicados en comarcas castellanohablantes pudieran realizar una exención del valenciano y no vehiculizar ninguna asignatura en esta lengua”, destaca.

Además, explica que desde la derecha han potenciado medidas como el distrito único de matriculación que, “supuestamente”, otorga capacidad de elección a las familias: “Es una libertad usada de forma demagógica, porque hay familias que no pueden desplazar a sus hijos al pueblo de al lado o a la otra punta de la ciudad”. Con ello, añade que detrás de esta iniciativa se pretende potenciar la enseñanza concertada y “destruir” lo público.

Usó asegura que el PP y Vox pretenden marginar el valenciano en los centros: “Quieren implementar una libertad de elección solo para algunas familias, y no para todo el mundo. Solo hablan para sus votantes, y no tienen en consideración la libertad de las familias valencianohablantes que quieren seguir con la lengua”.

Según la presidenta de Escola Valenciana, desde la confluencia han acordado que les Trobades, con el lema “fem poble, parlem valencià”, ejercerán como puntos de información y concienciación para las familias sobre la “falsa libertad de elección que el Gobierno actual intenta vendernos y que segrega la lengua valenciana”.

“La coordinadora ha organizado una reunión multitudinaria en la Marina Alta, a la que han acudido tanto familiares como profesorado, para intentar explicar esta propuesta de libertad de elección de la lengua. Continuaremos impulsando estas charlas en diferentes comarcas para informar sobre la verdad de esta ley que puede representar un genocidio del valenciano”, ha subrayado Usó.

Además, ha explicado que desde -NOS!  Llengua i País, un grupo de expertos planteará y trabajará “una alternativa” a la posible ley educativa que pueda aprobar el Gobierno del PP.

Asimismo, Usó ha concretado que la entidad que dirige también pertenece a la Plataforma de Ensenyament Públic, de la que forman parte agrupaciones como el Sindicat de treballadors i treballadores de l'ensenyament del País Valencià (STE-PV). “Desde la plataforma ya hemos hablado sobre cómo movilizaremos a la comunidad educativa y hemos barajado la posibilidad de una huelga del profesorado”, ha destacado.

Con ello, ha añadido que es necesario que la sociedad se sume a la próxima manifestación convocada para abril: “Intentaremos que acuda mucha gente y, con ello, llenar las calles de Valencia de gente joven y mayor que estén en contra de estas políticas lingüísticas”.

Ni rastro de música en valenciano

La última polémica ocurrió el pasado 28 marzo con la presentación del cartel de artistas que participarán en los Conciertos de Viveros, que se celebran en la ciudad de València y cuya competencia recae sobre Vox, quien dirige la concejalía de Fiestas y Tradiciones.

El cartel, presentado por el consistorio, recoge distintos músicos nacionales e internacionales, entre los cuales, no aparece ni un solo grupo que cante en valenciano, a diferencia de otros años, en los que participaron La Fúmiga o artistas emergentes como Colomet. Además, el título del cartel siempre había aparecido como “Concerts de Vivers”, pero este año se ha castellanizado.

Algunos miembros de la oposición han manifestado su desafección hacia la falta de representación de la lengua en un evento que se celebra en la capital de la Comunitat Valenciana y lo han tachado como un nuevo ataque a la cultura valenciana.

La entidad Acció Cultural del País Valencià ha creado una página web para facilitar a los ciudadanos las denuncias cuando se vulneren los derechos lingüísticos. 'Tenim drets' es la nueva campaña de la entidad cultural que informa sobre los derechos lingüísticos recogidos en las leyes autonómicas y facilita los canales de denuncia, tanto en el sector público como en sectores privados.

“Una lengua tiene garantizada su continuidad si se habla, si hay hablantes”, señalaba Toni Gisbert, responsable de ACPV en una rueda de prensa. Recuerda que el valenciano “es una lengua oficial y si se discrimina es una discriminación legal”. Gisbert considera que “la mayoría de valencianohablantes no perciben una discriminación cuando la hay”, por ello ponen a disposición del ciudadano la información.

La web ayuda a los ciudadanos a interponer una queja en la Oficina de Drets Lingüístics cuando no sean atendidos en su lengua o sean “maltratados” y recuerda que “lo mínimo” para los trabajadores públicos es “entender el valenciano”.

La entidad reclama una ley de Igualdad Lingüística, la reforma de la Ley de Función Pública que incluya la competencia lingüística para los funcionarios y la reciprocidad de las emisiones de TV3, cuestiones que consideran fundamentales; promesas electorales pendientes de cumplir, critican.

Ferran Suay, Tomàs Llopis i Toni Gisbert, membres de la Junta Directia d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV), es van reunir el passat divendres 23 de febrer amb representants de la cooperativa valenciana Consum per a interessar-se sobre l’etiquetatge i la política lingüística de l’empresa.

La representació de la cooperativa ha exposat la normalitat amb què treballen en valencià, i com això es concreta en accions positives com l’etiquetatge dels productes, la retolació interna i externa dels supermercats, els fullets comercials i la revista, tots ells canals habituals de comunicació amb socis i clients. També han destacat les iniciatives referides a la seua responsabilitat social corporativa en molt diversos àmbits.

En la reunió de treball també s’ha tractat la qüestó de l’etiquetatge en valencià, en relació a la qual la representació de Consum ha informat que la cooperativa està realitzant un canvi que afecta exclusivament al voltant del 5% dels productes de marca pròpia, i que ara mateix està en procés de valoració. En aquest sentit, els membres d’ACPV han assenyalat el fet que la cooperativa és l’única empresa de l’àmbit de l’alimentació que, al País Valencià, etiqueta amb normalitat els seus productes en la nostra llengua, i ha animat Consum a mantenir eixa línia de fidelitat al concepte de proximitat i qualitat.

Acció Cultural i Consum mantindran una línia de diàleg permanent, així com obrir possibles col·laboracions en favor del comerç en valencià, de qualitat i de proximitat, en el qual Consum “és i ha de continuar essent un exemple, sempre amb un enfocament positiu”.

La Junta Directiva d’Acció Cultural del País Valencià (ACPV) hem decidit adreçar-vos aquesta carta, dirigida també al conjunt del Govern valencià, moguts per una preocupació: fa un any i dos mesos que es va fer públic l’acord social i sindical per la inclusió de la competència lingüística per a l’accés a la funció pública valenciana, i encara no s’ha iniciat la tramitació parlamentària de la llei.

Permeteu-nos contextualitzar la decisió d’escriure-vos, i subratllar l’actitud constructiva i responsable de la nostra entitat durant els quasi tres anys de Govern del Botànic. Molt abans del canvi electoral de 2015, ACPV ja va iniciar un procés de reflexió davant del nou període, que s’ha traduït en una profunda renovació de la nostra Junta Directiva (generacional, paritària, amb redefinició de responsabilitats i objectius...) i, sobretot, el pas de “la resistència” (necessària, mentre patíem governs antivalencians i autoritaris) a “la proposta”, posició igualment necessària, a partir del moment en què podíem trobar interlocutors i construir consensos en favor de la llengua, la cultura, i els valors de la democràcia, la igualtat i el respecte al territori

La societat valenciana ja no és la de fa vint anys: és més madura, més conscient, més adulta. I ACPV, que modestament també ha contribuït al canvi, se n’alegra. El nostre objectiu és ajudar a preservar el canvi. També, ho és, però, avançar en la dignificació i la promoció de la llengua i la cultura, i col·laborar a fer possibles accions concretes i positives. Un equilibri, sovint difícil, el de la responsabilitat amb l’ambició de canvi, o de reivindicació responsable, que demana pensament estratègic, generositat, diàleg, i de vegades sacrificar l’interès privat en bé de l’interès comú. Ho hem fet, i ho tornarem a fer, si això ajuda a avançar.

Així, quan el Govern anuncià que volia una nova llei de la funció pública, ACPV cregué que era hora d’establir que algú que vulga ser funcionari haja de ser competent en els dos idiomes oficials. Vam abordar aquest objectiu buscant no que guanyara la nostra opinió, sinó construir un consens entre tots els actors, fins i tot al preu de passar a un segon pla. Els actors implicats en aquelles reunions ho saben, i el resultat és a la vista: l’acord social i sindical es va presentar el desembre de 2016. Feta la nostra part, ACPV es retirà: tocava al Govern, i als partits de la majoria parlamentària, negociar i aprovar la llei. Un any i dos mesos després, però, encara no s’ha iniciat el tràmit parlamentari.

Encara que no vam ser nosaltres els qui vam proposar fer una nova llei de la funció pública valenciana, és difícil acceptar que s’acabe la legislatura sense establir la plena competència lingüística per accedir a la funció pública: seria tant com acceptar que el Govern del Botànic no ha estat capaç, en quatre anys, de garantir la igualtat lingüística dels valencians davant l’administració.

Encara és possible la solució: per exemple, una reforma de la llei actualment vigent que incorpore , entre d’altres punts, la competència plena. Només cal voluntat política, perquè l’acord social i sindical existeix. Nosaltres hem assumit la nostra part, amb responsabilitat. Ara només demanem que el Govern faça la seua, i garantisca un objectiu possible i raonable: la no discriminació per raó de llengua en el tracte amb la nostra administració.

*Signa: Joan F. Mira, Ferran Suay, Anna Oliver, Toni Gisbert, Tomàs Llopis, Marinela Garcia, Anna Gascon, Maria Nebot i Maria Deltell (Junta Directiva ACPV).

Miles de personas han llenado las calles del centro de Valencia convocadas por Acció Cultural del País Valencià

La manifestación se ha desarrollado sin incidentes, en un ambiente festivo, animados por la música del tabal y la dolçaina y por actuaciones de la muixeranga

Los participantes en la manifestación convocada por Acció Cultural del País Valencia (ACPV) con motivo del 25 d'Abril -conmemoración de la batalla de Almansa en 1707- han reclamado hoy una mejor financiación autonómica y la recuperación de la señal de TV3 en la Comunitat Valenciana.

La manifestación, convocada por Acció Cultural del País Valencià, ha partido a las 18 horas de la plaza de San Agustín para finalizar en Viveros tras pasar por la plaza del Ayuntamiento y el Parterre.

En la misma han participado otros colectivos de izquierda, como Intersindical, Escola Valenciana, CCOO, UGT, PSOE, Compromís, Podemos y EU, con las mismas reivindicaciones, así como otras fuerzas de izquierda independentista como la CUP.

La manifestación se ha celebrado este año bajo el lema “Ja n'hi ha prou, per un finançament just” (Ya es suficiente, por una financiación justa“, y se han podido ver otros eslóganes como ”Contra l'espoli del País Valencià, independència“ y ”Des de totes les lluites construïm Països Catalans“.

Unos PGE “intolerables”

La entidad organizadora ha definido el proyecto de Presupuestos Generales del Estado como una “grave e intolerable discriminación de los valencianos”, y ha anunciado que “tiene la responsabilidad de hacerse eco de este sentimiento valenciano mayoritario”.

Su siguiente objetivo es “acabar con la censura impuesta por el Gobierno anterior” en cuanto a los medios audiovisuales “y garantizar el acceso de la lengua a todos los medios de masas”, después de conseguir “el acuerdo por la competencia lingüística como condición de acceso al funcionariado”.

El portavoz de ACPV, Toni Gisbert, ha manifestado que los últimos Presupuestos son “la puntilla, un insulto” y solo se puede cambiar la situación desde “la movilización unitaria”.

“Cada vez se extiende más la sensación de discriminación, y si no hay un trato justo, esa sensación se canalizará de forma política en la Comunitat, aumentará la irritación frente al Gobierno central y cada vez reclamaremos más autogobierno”, ha agregado.

Madrid “nos maltrata”

El diputado de Compromís en el Congreso Joan Baldoví ha señalado que, a diferencia de otros años, se ha instalado en el pueblo valenciano el mensaje de que Madrid “nos maltrata, nos ataca, y Montoro, si sigue, se lo pensará dos veces antes de perpetrar otros presupuestos como con los que nos ha obsequiado este año”.

Para Baldoví, el siguiente paso debe ser una moción de censura “para cargarse al PP” y Compromís, ha dicho, apoyará cualquier moción en este sentido, la que ha presentado Podemos u “otra del PSOE si tiene el coraje de presentarla”.

Según la diputada socialista en el Congreso Ana Botella, es “imposible” pensar que la Comunitat quede con unos presupuestos como los actuales. “Hemos de luchar por lo nuestro por una cuestión de justicia e igualdad”, ha dicho.

El portavoz de Podemos en les Corts, Antonio Montiel, ha calificado de “triste” reclamar año tras año “lo que es de justicia” frente a un modelo que “ningunea” a los valencianos y unos presupuestos que “perjudican” a la comunidad no solo en inversiones y en infraestructuras, sino que son “totalmente antisociales”, y ha expresado su confianza en que el PSOE apoye las enmiendas a la totalidad de los Presupuestos.

La manifestación se ha desarrollado sin incidentes, en un ambiente festivo, animados por la música del tabal y la dolçaina y por actuaciones de la muixeranga.

Acció Cultural del País Valencià ha organizado una “fiesta” por las televisiones durante la mañana de hoy en el Jardín de Viveros de València, donde han participado diferentes personajes, cantantes y artistas de las televisiones catalanas, baleares y valencianas, además de talleres de radio, cine, magia, pilota valenciana o muixeranga, entre otras actividades.

Els participants en la manifestació convocada per Acció Cultural del País València (ACPV) amb motiu del 25 d'Abril -commemoració de la batalla d'Almansa en 1707- han reclamat avui un millor finançament autonòmic i la recuperació del senyal de Tv3 a la Comunitat Valenciana.

La manifestació ha partit a les 18 hores de la plaça de Sant Agustín per a finalitzar en Vivers després de passar per la plaça de l'Ajuntament i el Parterre.

En la mateixa han participat altres col·lectius d'esquerra, com Intersindical, Escola Valenciana, CCOO, UGT, PSOE, Compromís, Podem i EU, amb les mateixes reivindicacions, així com altres forces d'esquerra independentista com la CUP.

La manifestació s'ha celebrat enguany sota el lema “Ja n'hi ha prou, per un finançament just”, i s'han pogut veure altres eslògans com “Contra l'espoli del País Valencià, independència” i “Dónes de totes els lluites construïm Països Catalans”.

Uns PGE “intolerables”

L'entitat organitzadora ha definit el projecte de Pressupostos Generals de l'Estat com una “greu i intolerable discriminació dels valencians”, i ha anunciat que “té la responsabilitat si es fes ressò d'aquest sentiment valencià majoritari”.

El seu següent objectiu és “acabar amb la censura imposada pel Govern anterior” quant als mitjans audiovisuals “i garantir l'accés de la llengua a tots els mitjans de masses”, després d'aconseguir “l'acord per la competència lingüística com a condició d'accés al funcionariat”.

El portaveu de ACPV, Toni Gisbert, ha manifestat que els últims Pressupostos són “la punta, un insult” i solament es pot canviar la situació des de “la mobilització unitària”.

“Cada vegada s'estén més la sensació de discriminació, i si no hi ha un tracte just, aqueixa sensació es canalitzarà de forma política a la Comunitat, augmentarà la irritació enfront del Govern central i cada vegada reclamarem més autogovern”, ha agregat.

Madrid “ens maltracta”

El diputat de Compromís en el Congrés Joan Baldoví ha assenyalat que, a diferència d'altres anys, s'ha instal·lat en el poble valencià el missatge que Madrid “ens maltracta, ens ataca, i Montoro, si segueix, li'l pensarà dues vegades abans de perpetrar altres pressupostos com amb els quals ens ha obsequiat enguany”.

Per a Baldoví, el següent pas ha de ser una moció de censura “per a carregar-se al PP” i Compromís, ha dit, recolzarà qualsevol moció en aquest sentit, la que ha presentat Podem o “una altra del PSOE si té el coratge de presentar-la”.

Segons la diputada socialista en el Congrés Ana Botella, és “impossible” pensar que la Comunitat quede amb uns pressupostos com els actuals. “Hem de lluitar pel nostre per una qüestió de justícia i igualtat”, ha dit.

El portaveu de Podem en les Corts, Antonio Montiel, ha qualificat de “trist” reclamar any rere any “el que és de justícia” enfront d'un model que “ignora” als valencians i uns pressupostos que “perjudiquen” a la comunitat no solament en inversions i en infraestructures, sinó que són “totalment antisocials”, i ha expressat la seua confiança en què el PSOE recolze les esmenes a la totalitat dels Pressupostos.

La manifestació s'ha desenvolupat sense incidents, en un ambient festiu, animats per la música del tabal i la dolçaina i per actuacions de la muixeranga.

Acció Cultural del País *Valencià ha organitzat una “festa” per les televisions durant el matí d'avui en el Jardí de Vivers de València, on han participat diferents personatges, cantants i artistes de les televisions catalanes, balears i valencianes, a més de tallers de radi, cinema, màgia, pilota valenciana o muixeranga, entre altres activitats.

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, llegó a amenazar con acciones penales contra les Corts Valencianes al considerar que “retenía” la tramitación de cerca de 600 peticiones de información, fundamentalmente sobre la caja fija y ayudas a la entidad ACPV (Acció Cultural del País Valencià). Pero estas preguntas fueron retiradas por el mismo PP hace tres semanas.

Así lo advierten desde Presidencia de las Corts, que han mostrado una petición por registro general número 035982 de fecha 28 de septiembre de la diputada popular María José San-Segundo, por la cual manifestaba por escrito que “retira las solicitudes de documentación con RE 34818 al 34867”.

Desde el área de presidencia se ha respondido a las contundentes críticas de Bonig afirmando que “Ni 'extravío de preguntas' ni 'estratagema'”, a la vez que contratacaba acusándoles de “incompetencia” y de “incomunicación” dentro del grupo popular, apuntando que el PP “reconoció errores”, por lo que presentó la retirada una semana después. El propio presidente de las Corts, Enric Morera, en un tuit sobre el asunto, ha manifestado: “'La verdad nos hará libres'. Transparencia, rigor y buena gestión parlamentaria a las Corts Valencianes. Espero disculpas”.

El PP ha denunciado que ha presentado más de 600 solicitudes de documentación al Consell fundamentalmente sobre facturas de la caja fija y subvenciones a ACPV (Acció Cultural del País Valencià) y que estas no han sido tramitadas. La Síndica del PP, Isabel Bonig, ha denunciado que hay una “retención por parte de Les Corts”, lo cual considera un “hecho muy grave del que no hay precedente”.

Ante esta situación Bonig ha solicitado una investigación, y ha anunciado la presentación de posibles acciones judiciales, incluyendo las penales, por no dar traslado al Consell de estas peticiones presentadas hace un mes. Así la presidenta del PPCV reclama saber “por qué no las tramitan, por qué permanecen retenidas mientras otras solicitudes de documentación posteriores sí que se les ha dado trámite, y por qué no se les da traslado al Consell para que empiece a contar el plazo”.

Bonig ha manifestado que “no acusamos a nadie porque no somos inquisidores como otros, pero queremos saber por qué se tramitan unas sí y otras no. Saquen sus conclusiones pero estamos ante una obstrucción clara a la labor de fiscalización que tiene que hacer el grupo parlamentario”.

Guillem Agulló fue asesinado en Montanejos (Castellón) la noche del 11 de abril de 1993 por una cuchillada en el corazón por un grupo de nazis de València. Guillem era un joven de 18 activista de formaciones políticas como los independentistas Maules y el colectivo antirracista SHARP, y cuando pasaba sus vacaciones de Pascua de acampada en aquella localidad el grupo nazi se enfrentó a él, tres lo sujetaron y el posteriormente condenado Pedro Cuevas le asestó la cuchillada mortal. Los asesinos huyeron a grito de “llega España” mientras los amigos de la víctima no puedieron hacer nada por salvarle la vida.

23 años después ACPV (Acció Cultural del País Valencià) y el Movimiento contra la Intolerancia, con la adhesión de varias asociaciones,quieren que Guillem Agulló sea un símbolo de la memoria de todas las víctimas de crímenes de odio, y por ello han presentado al Ayuntamiento de València una petición formal dirigida al alcalde Joan Ribó para que se dedique una calle con su nombre.

La iniciativa también ha llegado a las ciudades catalanas de Barcelona y Molins de Rei, y la valenciana de Simat de Valldigna que ya han acordado dedicarle una calle a Guillem Agulló, y el Ayuntamiento de Madrid hará otro gesto análogo dedicando una calle a Carlos Palomino (otro joven asesinado por el fascismo).

Tras el asesinato de Guillem Agulló se produjo una oleada de indignación con movilizaciones multitudinarias, manifestaciones de denuncia y todo tipo de actos. Así mismo, se constituyó una acusación popular formada por varios colectivos y organizaciones que se personaron en la causa. La imagen de Guillem agulló se convirtió en un símbolo antifascista, pero también neonazi que popularizaron entre los ultras la expresión “Guillem jódete”.

En 1996 el asesino de Guillem Agulló fue condenado a 14 años de prisión, cuando se pedían 25 de condena, pero además se redujeron a 4 por buen comportamiento. En el juicio se despolitizó la causa, colocando el asesinato en el contexto de una pelea juvenil, por lo que se absolvió a los otros 4 acusados.

El año 2005, la Guardia Civil desarticuló una organización nazi en el País Valenciano, el Frente Antisistema (HACES), que se dedicaba, según la nota de la Guardia Civil , a vender armas prohibidas y organizar “cacerías” contra inmigrantes y militantes de izquierdas. La operación Panzer permitió detener al grupúsculo neonazi,entre las cuales, el asesino de Guillem Agulló. No obstante la justicia absolvió a los acusados tras anularse las grabaciones presentadas como pruebas.

A raíz de este caso distintas organizaciones decidieron dar un paso adelante y formaron la plataforma Acción Popular contra la Impunidad, que reúne más de 30 organizaciones sociales, culturales, políticas y sindicales. La plataforma hizo llegar al Congreso español y a la Comisión Europea sus denuncias sobre los ataques impunes de la extrema derecha, entre los cuales se cuentan más de una veintena de atentados con explosivos contra ONG y suyos políticas, agresiones contra inmigrantes, mezquitas, y boicots habituales de grupos ultras contra actas de asociaciones culturales.

El presidente del Partido Popular de la provincia de Valencia, Vicente Betoret, ha asegurado este domingo que “ni la estelada más grande puede ocultar que Valencia quiere a su Senyera y lo que ella simboliza: el orgullo de un pueblo por su historia, su lengua y su cultura”.

Betoret, en un comunicado, se ha manifestado así sobre las actividades que se llevaron a cabo ayer en Valencia organizadas por la ACPV y, al respecto, ha lamentado que “se vista de cultural un acto claramente político”. Así, ha criticado que se produzcan actos vandálicos contra símbolos de “tradiciones y costumbres que no entran en el ideario de los organizadores”, en alusión a la pintura roja vertida sobre la estatua del torero Manolo Montoliu. “El vandalismo es el exponente más claro de la falta de argumentos”.

Para el presidente del PPVAL, quien esta mañana ha visitado la feria valencianista de Meliana, “se han cumplido los peores presagios desde que gobierna el tripartito” ya que “como temíamos, han puesto la alfombra roja a quienes atentan contra nuestras señas de identidad, apuestan por la independencia e incluyen a los valencianos en un ente irreal en contra de su voluntad”.

“Nuestra lengua es el valenciano; nuestra bandera, la Senyera; nuestra tierra, la Comunitat Valenciana y nuestro país, España”, ha sentenciado.

Milers de persones –40.000, segons l’organització– han pres els carrers de València en la clàssica manifestació del 25 d’Abril impulsada per Acció Cultural del País Valencià (ACPV). La convocatòria del 2016, la primera amb l’esquerra al comandament de la Generalitat i els ajuntaments més importants de la Comunitat Valenciana des del 1995, ha estat, probablement, una de més concorregudes dels últims anys.

La jornada ha estat marcada pel to festiu i reivindicatiu, al ritme de tabalets i dolçaines i amb presència de muixerangues. Centenars de banderes –una barreja heterogènia de quadribarrades, estelades, senyeres valencianes.....– ondejaven al pas de milers de persones que seguien la capçalera de la marxa, comandada per la pancarta escollida per ACPV: “Fem País Valencià”.

El lema no és casual. El 2015, aqueixa mateixa manifestació clamava pel canvi polític. Ara, es demana que l’esquerra –la Generalitat està governada pel PSPV-PSOE i Compromís amb el suport parlamentari de Podem– faça valencianisme des de les institucions.

“Les coses van canviant i estem contents. Hem fet un pas, però cal fer-ne més. Tots els que hi hem vingut volem dir que estem contents del canvi i volem que el canvi es note encara més”, ha dit Joan Francesc Mira, president d’ACPV.

Toni Gisbert, coordinador de l’entitat organitzadora, ha anat més enllà. “No ens conformem de superar la corrupció i l’autoritarisme, volem construir el futur, i per a fer-ho calen una sèrie d’actes de govern pendents”, com “recuperar” TV3 i Catalunya Ràdio i Ràdio Televisió Valenciana i aconseguir un finançament “just”.

Organitzacions polítiques com Compromís, Esquerra Unida, Esquerra Republicana del País Valencià o la CUP –la diputada Anna Gabriel ha assistit a l’acte– han anat a la manifestació, que també ha suposat un crit d’alegria al cap de 20 anys de poder quasi absolut del PP. Després de “despatxar als que durant dècades han procurat el nostre malestar com a poble”, “és hora de construir el país que volem”, diu el manifest de la manifestació.

Un 25 d’Abril a la Plaça de Bous, 16 anys després

Després de la manifestació, ACPV ha posat el cartell de “no hi ha bitllets” a la Plaça de Bous de València amb la festa “Homenatge a València”: un concert amb valors segurs de la música en valencià. Clàssics com Al Tall o Lluís Llach i artistes molt consolidats de l’escena independent, Pau Alabajos, regidor de Compromís a Torrent, Senior o La Gossa Sorda, la banda de Josep Nadal, diputat autonòmic de Compromís“. Un ruixat ha interromput el xou al voltant de les 20.30 hores. Les entrades s’havien esgotat fa dues setmanes.

ACPV ha denunciat que el PP, que controlava la Diputació de València, propietària del coliseu, li denegava el permís per a utilitzar el recinte. No l’ocupava des del 2000.