La ejecución por fusilamiento de Nidal Malik Hasan, autor del tiroteo de Fort Hood, se retransmitirá en directo, según ha informado este jueves el Pentágono. El Ejército ha anunciado esta semana que la ejecución tendría lugar en Fort Hood el 3 de diciembre, después de que Hasan fuera condenado por matar a 13 personas y herir a otras 32 en un tiroteo ocurrido en la base militar en 2009. Es la primera ejecución militar en más de 65 años.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, en declaraciones al canal de televisión ultra Real America’s Voice, ha afirmado este miércoles: “Nos aseguraremos de que la gente pueda verlo, de que sea público”. Portavoces del Pentágono aclararon el jueves que la ejecución se retransmitiría en directo y que se darían más detalles posteriormente.

El anuncio de Hegseth sobre el carácter público de una ejecución tan violenta como la de un pelotón de fusilamiento llega en medio de la polémica por la pena de muerte en EEUU, especialmente tras la inyección letal fallida de Christa Pike en Tennessee.

Hasan podría optar por oponerse a la ejecución y presentar un recurso de hábeas corpus, una solicitud judicial para revisar la legalidad de una detención, ante un tribunal civil, lo que podría retrasar la ejecución hasta el punto de que se produjera un cambio de Administración.

Dado que muchos estados han tenido problemas para llevar a cabo inyecciones letales debido a la dificultad para acceder a los fármacos o para encontrar profesionales médicos dispuestos a participar en las ejecuciones, los pelotones de fusilamiento están empezando a considerarse una alternativa en EEUU.

El presidente de EEUU, Donald Trump, que aprobó la ejecución de Hasan, se ha mostrado crítico con las ejecuciones públicas en Irán, llegando a utilizar la posibilidad de que el Gobierno iraní ejecutara a manifestantes como posible justificación para una acción militar antes de la guerra lanzada el 28 de febrero pasado.

En su discurso sobre el Estado de la Unión, apenas unos días antes de iniciar la guerra contra Irán, Trump afirmó: “Les impedimos que ahorcaran a muchos de ellos con la amenaza de una violencia grave”.

Hasan, un psiquiatra del Ejército con rango de comandante, entró el 5 de noviembre de 2009 en un edificio médico donde los soldados esperaban en cola para recibir vacunas y la autorización médica para su despliegue. Gritó “Alá akbar”, que en árabe significa '¡Dios es grande!', y abrió fuego con una pistola con mira láser. También disparó a la espalda de los soldados que huían hacia el aparcamiento.

Hasan afirmó que su intención era impedir que fueran a Afganistán y mataran a sus hermanos musulmanes. Un juez militar le prohibió presentar ese argumento como defensa durante su juicio de 2013.

Hasan quedó paralizado de cintura para abajo tras recibir un disparo en la espalda por parte de una agente de la policía civil de la base el día del ataque y ahora se desplaza en silla de ruedas.

Tras despedir a sus abogados y representarse a sí mismo, Hasan comenzó su parte del juicio diciendo al jurado que él era el autor de los disparos. Apenas dijo nada más durante las tres semanas siguientes, lo que convenció a sus abogados suplentes, designados por el tribunal, de que el único objetivo de Hasan era conseguir la pena de muerte.

El Ejército llamó a declarar a casi 90 testigos, pero Hasan dio por concluida su defensa sin llamar a declarar a una sola persona en su favor y no presentó alegaciones finales. Sin embargo, filtró documentos a los periodistas durante el juicio en los que se revelaba que había dicho a los profesionales de salud mental del Ejército que podría “seguir siendo un mártir” si era ejecutado.

La última ejecución militar tuvo lugar el 13 de abril de 1961, cuando el soldado raso del Ejército John Bennett fue ejecutado en la horca.

Un hombre de Texas que mató a tiros a una dependienta de una tienda ha sido ejecutado este miércoles por la tarde, convirtiéndose en la trigésima persona ejecutada en EEUU este año y la primera desde que Tennessee intentó sin éxito administrar una inyección letal a Christa Pike hace una semana.

Jamaal Howard, de 46 años, fue declarado muerto a las 20.03, hora local, tras recibir una dosis letal de pentobarbital en la prisión estatal de Huntsville, informa AP.

Había sido condenado por el asesinato de Vickie Swartout, de 42 años, durante un atraco a una tienda en el año 2000 que fue grabado por las cámaras de seguridad.

Cuando el director de la prisión le preguntó si tenía alguna última declaración, Howard se disculpó ante algunos miembros de la familia de su víctima, que observaban a través de una ventana situada a pocos metros de la cámara de ejecución: “Ojalá acepten mis disculpas y les pido perdón. Siento lo que pasó. Ojalá puedan aprender a perdonarme algún día”.

También dio las gracias a sus amigos y familiares y les dijo que los quería, añadiendo que se encontraba “en un buen estado de ánimo para encontrar la paz y al Señor, así que os doy las gracias a todos”. Concluyó: “Disfrutad de la vida, y que la paz esté con todos vosotros”.

A medida que el pentobarbital empezaba a surtir efecto, Howard respiró un par de veces y jadeó. A continuación, empezó a emitir sonidos similares a ronquidos, tosió y volvió a roncar, cada vez con un sonido más débil. En unos 30 segundos, cesó todo movimiento.

Se certificó su fallecimiento 19 minutos después.

Texas ha ejecutado a siete personas en lo que va de 2026, incluido Howard, y tiene previstas dos ejecuciones más a finales de este año.

Los abogados de Howard intentaron sin éxito impedir la ejecución alegando que padecía una discapacidad intelectual y que corría riesgos similares a los del caso de Pike, ya que ambos estados utilizan pentobarbital para las inyecciones letales.

Los abogados de Pike siguen recabando más información sobre qué falló después de que la mujer, de 50 años, sobreviviera a dos dosis de pentobarbital el 30 de septiembre. Sus abogados afirmaron que se encontraba inconsciente en un hospital tras el intento, pero que el martes ya estaba despierta y hablando.

Pike recuperó la conciencia casi seis días después del intento fallido de ejecutarla. Su equipo legal creía que se encontraba en muerte cerebral, pero, tras despertar, era consciente de lo ocurrido y se mostraba “enfadada y confundida”, según afirmaron sus abogados el miércoles.

Sus abogados analizarán el impacto médico y psiquiátrico de haber recibido dos dosis del fármaco de la inyección letal y de haber estado conectada a un respirador durante varios días para determinar si “ahora es legalmente competente incluso para ser ejecutada”. Es probable que ello incluya evaluaciones neuropsicológicas y psiquiátricas forenses, así como posiblemente otras pruebas médicas. A partir de ahí, habrá “sin duda un litigio importante” sobre esas cuestiones, lo que puede llevar años.

Florida, líder en ejecuciones

Florida ha llevado a cabo 16 ejecuciones en lo que va de año, la cifra más alta de todos los estados. La mayoría de los estados que permiten las ejecuciones utilizan la inyección letal como método principal.

El gobernador republicano de Tennessee, Bill Lee, ha suspendido la única ejecución pendiente que estaba prevista para este año en su estado.

Christa Pike, la reclusa de Tennessee que sobrevivió al intento de ejecución la semana pesada, está despierta y habla mientras recibe tratamiento en un hospital, según afirmaron sus abogados este martes.

Los abogados de Pike afirmaron que su pronóstico sigue siendo “incierto” y señalaron que le espera “una larga recuperación”.

“Contra todo pronóstico, Christa Pike está consciente, habla y sigue recibiendo cuidados médicos intensivos”, han afirmado los abogados de Pike en un comunicado: “A pesar de las graves lesiones que sufrió en los brazos, sigue esposada y encadenada a la cama. Su recuperación no tiene precedentes desde el punto de vista médico”.

Sus abogados han expresado su gratitud hacia los servicios de emergencia y el equipo médico del hospital “que han tratado a Christa como a un ser humano y le han prestado una atención excepcional”.

El comunicado ha sido el primer indicio de que el estado de Pike ha mejorado desde que una ambulancia la trasladó desde una prisión de Nashville el pasado miércoles.

Pike sobrevivió a dos dosis de pentobarbital cuando intentaron ejecutarla por la muerte a golpes y puñaladas de su compañera de clase Colleen Slemmer en 1995. El fármaco de la inyección letal no la mató, pero sus abogados afirmaron que le dejó los brazos quemados y llenos de ampollas.

Este domingo, sus abogados indicaron que Pike permanecía inconsciente y conectada a un respirador desde el fallido intento de ejecución.

Joel Zivot, catedrático de anestesiología y cirugía en Atlanta que actuó como perito para el equipo legal de Pike, afirmó que esta evolución “es un buen augurio para una recuperación satisfactoria”.

Sin embargo, añadió que podrían pasar semanas o meses antes de que se sepa con exactitud cómo será su recuperación y si su capacidad mental podría restablecerse hasta un nivel que permita al Estado volver a intentar ejecutarla.

“Sigue en la UCI”, afirmó: “Se ha recuperado hasta tal punto que ya no necesita el respirador y es capaz de hablar, pero de ninguna manera diría que ya no corre ningún riesgo grave. Todavía pueden ocurrir muchas cosas malas, incluso cuando todo el mundo está haciendo bien su trabajo”.

Una portavoz del Departamento Correccional de Tennessee afirmó que no podía facilitar más información aparte de que Pike seguía hospitalizada el martes, informa AP.

Los abogados de Pike tienen previsto acudir al tribunal este miércoles para intentar averiguar más sobre lo que ocurrió durante la fallida inyección letal.

Los abogados solicitan una orden judicial que obligue al Departamento Correccional de Tennessee a conservar las pruebas, incluidos los números de lote de los fármacos, los registros y otra información relativa al intento de ejecución del 30 de septiembre. La jueza, I’Ashea Myles, programó una vista preliminar para este miércoles por la mañana en relación con el caso.

Los abogados de Pike afirmaron en su comunicado que siguen pidiendo al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la pena de Pike por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional: “Christa es una superviviente y afrontará su recuperación día a día”.

Christa Pike, la mujer que llevaba casi tres décadas en el corredor de la muerte en Tennessee, sobrevivió este miércoles a las dos dosis de pentobarbital administradas durante su ejecución, que quedó sin completar y deja ahora en incertidumbre el futuro de la condena a muerte que le fue impuesta en 1996 por un asesinato.

La ejecución comenzó después de que el Tribunal Supremo levantara una suspensión dictada horas antes por un tribunal federal de apelaciones, dejando nuevamente vía libre al estado para aplicar la pena capital.

Sin embargo, tras las dos tandas de pentobarbital Pike continuó con vida y los testigos pudieron escuchar su respiración durante casi una hora antes de ser obligados a abandonar el lugar, en un episodio para el que, según los propios periodistas presentes, el protocolo de Tennessee no parece establecer qué hacer.

 Según un comunicado de los abogados de Pike recogido por medios locales, la mujer está recibiendo tratamiento en un hospital pero desconocen su estado de salud.

Los testigos describieron un procedimiento mucho más prolongado de lo previsto. Pike permaneció despierta durante buena parte de la primera fase, habló con funcionarios y cantó junto a su guía espiritual, quien permaneció a su lado durante el proceso.

La primera cortina que separa a los testigos del lugar de la ejecución se cerró alrededor de las 19:46 hora local (00:46 GMT), pero volvió a abrirse tres minutos después.

Los periodistas observaron entonces que Pike seguía respirando y que su guía espiritual regresaba a la habitación y poco después comenzó una segunda ronda de administración del fármaco.

Tras esa segunda tanda, los testigos volvieron a escuchar respiración, fuertes ronquidos y también observaron movimientos de cabeza y cuello y, en un momento, Pike levantó la cabeza mientras permanecía sobre la camilla.

La cortina se cerró nuevamente alrededor de las 20:05 y los periodistas continuaron escuchando su respiración hasta que fueron obligados a abandonar la zona, aproximadamente a las 20:53.

Un escenario incierto

La periodista Catherine Sweeney, de la emisora WPLN, explicó durante una conferencia posterior que el protocolo de Tennessee contempla una primera administración de pentobarbital y una segunda tanda si la primera no produce el efecto esperado.

El procedimiento establece el uso de cuatro jeringas, dos de ellas con 50 mililitros de pentobarbital, y permite repetir la administración, pero la periodista señaló que las instrucciones no especifican qué ocurre si una persona permanece con vida después de recibir ambas tandas, una situación que los periodistas calificaron de extraordinaria.

Los testigos también vieron posteriormente salir una ambulancia de la prisión con las sirenas encendidas, aunque no pudieron confirmar quién viajaba en ella.

Hasta el momento, tampoco han podido determinar si el fallo estuvo relacionado con la administración del fármaco, con el acceso intravenoso u otro problema durante el procedimiento.

Pike fue condenada a muerte en 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, una compañera de 19 años del programa de formación laboral Job Corps en Knoxville, cometido el año anterior.

Pike tenía 18 años cuando ocurrió el crimen y desde entonces permanece en el corredor de la muerte de Tennessee, como se le denomina al espacio carcelario donde permanecen las personas que han sido condenadas a la pena capital.

La ejecución estaba prevista como la primera de una mujer en Tennessee en más de 200 años y el Tribunal Supremo de EE.UU. había levantado horas antes el último freno judicial, pero el procedimiento terminó sin que el estado pudiera completar la sentencia.

Ahora queda por determinar qué ocurrirá con Pike y con la orden de ejecución, debido a que sus abogados intentaron detener el procedimiento mediante una moción de emergencia después de que sobreviviera a las dos tandas de pentobarbital.

La condena a muerte sigue vigente, pero no se ha anunciado una nueva fecha de ejecución ni está claro cómo responderán las autoridades ante un escenario que, según los testigos y el propio protocolo descrito por ellos, no estaba contemplado.

Suspensión de otras ejecuciones

El Gobernador del estado de Tennessee (EE.UU,), Bill Lee, anunció una suspensión temporal de las ejecuciones previstas para este 2026 después de que Christa Pike, condenada a muerte, sobreviviera este miércoles dos dosis letales durante su ejecución.

“Llevar a cabo las sentencias impuestas de forma legal está entre las responsabilidades más importantes del estado y el pueblo de Tennessee espera que se haga de manera no solo legal y constitucional, sino también efectiva”, reflexionó Lee en un comunicado recogido por los medios locales.

El Gobernador pidió una investigación “exhaustiva” de la ejecución fallida de Pike y frenó el resto de ejecuciones que se iban a llevar a cabo en el estado este año.

Según el Centro de Información de la Pena de Muerte, en Tennessee estaba prevista la ejecución de Gary Wayne Sutton el próximo 3 de diciembre.

Septiembre de 1988. Había ido con mi familia a Gohardasht, una zona de Karaj donde vivía la mayor parte de la familia de mi padre. Las vacaciones de verano estaban terminando y los niños queríamos aprovechar los últimos días. Una de nuestras diversiones era un pequeño parque de atracciones cerca de la tristemente célebre cárcel de Gohardasht, con una gran noria en el centro. Al atardecer de un día entre semana, el parque estaba casi vacío. Corrimos hacia la noria para subirnos y ver la ciudad desde arriba. Pero la noria no funcionaba: la habían apagado. Mi madre le pidió al encargado que la encendiera, pero el hombre dijo que había una orden de la policía municipal para que la noria no funcionara durante un tiempo. Nos pareció extraño el parque vacío, la atracción apagada y volvimos a casa decepcionados.

Años después entendí el motivo de aquel apagón. Esos mismos días, en la cárcel de Gohardasht, estaban fusilando a los opositores del régimen. Desde la noria se veía la cárcel desde arriba; el régimen no quería que ningún ojo presenciara su crimen. Hoy, en la medida de lo posible, sigue queriendo tapar la verdad.

Han pasado casi cuatro décadas desde aquel verano. Pero hoy, en el Irán de 2026, aquel recuerdo silencioso ha vuelto a cobrar vida esta vez no con el silencio de un parque de atracciones, sino con una máquina que ha vuelto a ponerse en marcha y que ha arrebatado la paz a miles de familias.

La frontera que no existe

Conozco a Maryam Mirza, periodista que documenta casos políticos y de seguridad, desde hace años, desde la época en que trabajaba en la revista Zanan (Mujeres) en Irán y ya entonces se preocupaba por los problemas sociales. Salió de Irán tras las elecciones de 2009 y desde entonces vive en Europa. El día que habíamos quedado para hablar, leí en las noticias que en Lyon, la ciudad donde ella lleva años viviendo, se había desatado una tormenta muy fuerte. Pensé que esa tormenta era una imagen apropiada del estado de ánimo de quienes, lejos de Irán, siguen cada día las noticias de ejecuciones y represión.

En los informes oficiales y en buena parte de la cobertura mediática, las ejecuciones en Irán se dividen en dos categorías: las “políticas” que atraen la atención mundial y las de “narcotráfico” o “delitos comunes”, que se ejecutan en silencio. Mirza, que a lo largo de la conversación responde con la precisión de una periodista que lleva años siguiendo este asunto, rechaza esa distinción: “Creo que se puede pensar el motivo del aumento de todas estas ejecuciones de manera conjunta, porque en realidad todas aumentan con un mismo objetivo: sembrar terror y pánico”.

Esto va más allá de un simple detalle estadístico. Amiri-Moghaddam, director de Iran Human Rights, describe la proporción de ejecuciones por cargos de seguridad como “una cifra pequeña”. El informe anual de Iran Human Rights de 2024 indica que solo 31 personas, menos del tres por ciento del total de ejecuciones de ese año, fueron ejecutadas por cargos de seguridad: entre ellos, moharebeh (“guerra contra Dios”) y efsad-e fel-arz (“corrupción en la Tierra”), dos categorías de vaga definición que la justicia iraní usa habitualmente contra opositores políticos, frente a 419 personas (43%) ejecutadas por homicidio. Los datos completos y definitivos de este año todavía no se han publicado, pero es precisamente esa pequeñez relativa la que revela el peligro de la clasificación oficial entre “político” y “común”: cuando la atención internacional se concentra únicamente en esa cifra reducida, miles de casos “no políticos” que constituyen la inmensa mayoría de las ejecuciones totales se vuelven prácticamente invisibles. Un preso político resulta costoso para el régimen, porque los medios y los gobiernos extranjeros lo siguen de cerca; un trabajador afgano o baluchi condenado por narcotráfico sale barato. Pero, según Mirza, el efecto de ambos es idéntico.

Una escala que no se puede ocultar

Según los datos de Iran Human Rights, desde comienzos de 2026 al menos 525 personas han sido ejecutadas en Irán; desde 2010, la cifra asciende a 10.968. La Fundación Abdorrahman Boroumand, en un informe independiente publicado en agosto de este año, registró para el mismo periodo de 2026 916 personas. La diferencia entre ambos datos es, en sí misma, una señal de que incluso las organizaciones especializadas apenas logran seguir el ritmo de esta maquinaria.

Amiri-Moghaddam, siendo adolescente y en plena guerra entre Irán e Irak, llegó a Noruega como refugiado en 1985, a través de Pakistán. Se graduó en Medicina por la Universidad de Oslo en 1996 y recibió la Medalla de Oro del Rey de Noruega a la mejor tesis doctoral en medicina de aquel año; hoy es catedrático de neurociencia en la misma universidad. Quien de joven se vio obligado a abandonar su país, como médico llegó a la conclusión de que la situación de los derechos humanos en Irán ignorada durante décadas no podía quedar sin respuesta; el mismo sentido de responsabilidad que muchos activistas iraníes en el exilio llevan consigo, cada uno a su manera. En su trayectoria figura también el Premio de Derechos Humanos de Amnistía Internacional Noruega (2007). Desde 2008 dirige y fundó Iran Human Rights, organización que, gracias a su amplia red dentro de Irán, se ha convertido en una de las fuentes independientes más fiables sobre ejecuciones en el país.

Estas ejecuciones no forman parte de una guerra contra las drogas, sino que son una de las líneas centrales de la guerra de la República Islámica contra el pueblo iraní

Mahmood Amiri-Moghaddam — director de Iran Human Rights

Según él, el punto de inflexión fue el inicio de la guerra: “Desde que empezó la guerra, las cifras de ejecuciones subieron. Después del 11 de marzo, las cifras de ejecuciones se dispararon”. Mirza explica esa misma aceleración desde otro ángulo: “Ahora mismo la República Islámica tiene verdadero miedo de que, dadas las condiciones internas del país y la sombra de la guerra, estallen nuevas protestas”. Según ella, la ejecución en Irán ha dejado de ser un castigo en sentido jurídico: “Se ha convertido en una palanca de presión y de generación de terror en la sociedad”.

Ese temor no es infundado. Siete meses antes del inicio de la guerra, en enero de 2025, Irán vivió una de las mayores oleadas de protestas de su historia reciente. Dichas movilizaciones fueron respondidas a tiros y derivaron en las mismas detenciones masivas que hoy engrosan el corredor de la muerte. En lugar de resolver las causas de aquella protesta, el régimen ha afilado su aparato represivo para la siguiente ronda, antes incluso de que estalle una nueva.

Quién muere

Detrás de estas cifras hay un patrón de clase evidente. Amiri-Moghaddam dice que en sus veinte años de trabajo no recuerda a ninguna persona conocida o con gran influencia financiera que haya sido ejecutada por narcotráfico. Al contrario, las personas de comunidades marginadas baluchis, afganos, pobres representan una proporción altísima. Mirza lleva ese patrón al plano geográfico: en provincias como Sistán y Baluchistán o Kurdistán, las acusaciones político-securitarias suelen redefinirse como “delito común” para llamar menos la atención del centro del país.

El 19 de julio de 2026, en la cárcel central de Isfahán, ese patrón adquirió dos nombres y dos destinos: Erfan Esfandiari, de Isfahán, y Golmohammad Mohammadi, de veinticuatro años, migrante de Herat, Afganistán, y criado en Isfahán desde la infancia, fueron ejecutados. Su juicio, presidido por los jueces Morteza Barati y Mohammad Reza Tavakoli, duró apenas diez minutos.

La noche anterior a la ejecución, las familias de ambos jóvenes esperaron frente a la cárcel desde la medianoche hasta las cinco de la madrugada. Dos agentes le dijeron explícitamente a la familia de Golmohammad que la ejecución no se llevaría a cabo. Las autoridades de la prisión se negaron a dar cualquier información. Las familias se vieron obligadas a volver a casa y poco después recibieron una llamada informándoles de que la sentencia ya se había ejecutado.

Los mismos jueces y la misma sala habían condenado, en un caso relacionado, a dos primos a sentencias fuera de lo común: Alireza Sepahi, de 25 años, a cuatro condenas de muerte independientes, y Abolfazl Sepahi, de 23, a tres condenas a muerte. Abolfazl fue finalmente ejecutado el 28 de julio en la misma zona. Alireza, sin embargo, sufrió un infarto horas antes de la ejecución y fue trasladado al hospital, según la información disponible en el momento de esta entrevista, su ejecución seguía pendiente. La madre de Alireza y la suegra de Abolfazl son la misma persona: una mujer que en este mismo caso fue condenada a cinco años de prisión.

Un pueblo que ha pagado el precio de una generación

En un informe que Iran Human Rights publicó a finales de 2025, el ejemplo más documentado de este patrón de clase tiene nombre propio: un pequeño pueblo de la provincia de Lorestán llamado Sartarahan-e Chah-Khereh. Esta aldea, con una población de menos de 400 habitantes, ha visto cómo entre 2010 y 2025 las autoridades han ejecutado a unas 70 personas, todas por delitos relacionados con drogas; y ahora otras 100, entre ellas tres mujeres, esperan en el corredor de la muerte. Iran Human Rights, mediante geolocalización y verificación independiente, ha confirmado que en varias lápidas del cementerio local se repiten los mismos apellidos, señal de familias que han perdido a más de un miembro, con apenas unos años de diferencia.

Amiri-Moghaddam, al hablar de esta aldea, la considera un ejemplo de un patrón nacional, no una excepción: “Estas personas solo tienen su foto en el cementerio local; son personas verdaderamente marginadas”. Según él, el objetivo principal de estas ejecuciones son los sectores más débiles de la sociedad, precisamente porque el coste de ejecutarlos es el más bajo para el régimen: “Nadie da la voz de alarma, no tienen redes que puedan, por ejemplo, lanzar una campaña para salvar a alguien. Ni siquiera tienen abogado tras la detención”.

Los datos del mismo informe muestran la dimensión real de este patrón. Entre enero de 2010 y el 30 de noviembre de 2025, al menos 5.356 personas fueron ejecutadas en Irán por delitos relacionados con drogas. Es más de la mitad del total de ejecuciones de este periodo de 15 años. Entre ellas hay 121 mujeres y al menos siete personas que tenían menos de dieciocho años en el momento del presunto delito.

La minoría baluchi representa solo entre el 2% y el 5% de la población iraní. Pero ha concentrado, desde 2021, el 26% de estas ejecuciones. Solo en 2025, la cifra llegó a 795 personas, un 58% más que el año anterior. Y de todos estos casos, únicamente el 2,4% fue anunciado oficialmente por las autoridades, frente a una tasa del 23,44% para el resto de tipos de ejecución. Si la ejecución política se lleva a cabo en la sombra, la relacionada con drogas permanece casi por completo en la oscuridad.

Amiri-Moghaddam, con motivo de la publicación de este mismo informe, dijo una frase que coincide directamente con la tesis central de este reportaje: “Estas ejecuciones no forman parte de una guerra contra las drogas, sino que son una de las líneas centrales de la guerra de la República Islámica contra el pueblo iraní”.

Destaca, a partir de estos mismos casos, otro patrón: el papel de algunos abogados de oficio en acelerar la ejecución de la sentencia. Estos abogados, en lugar de defender a su cliente, presentan a veces la apelación apenas un día después de dictada la condena en un gesto que aparenta ayudar, pero que priva al cliente del plazo legal de veinte días para una apelación real. Un grupo de abogados de derechos humanos dentro de Irán, en una carta abierta, calificó a estas personas de “cómplices”. “En la mayoría de los casos no existe un proceso ni una defensa efectivos”, dice Amiri-Moghaddam. “La mayoría de los casos se basan en confesiones obtenidas bajo presión”. Habla de sus conversaciones con personas que confesaron bajo tortura; personas para quienes esa experiencia se había vuelto tan habitual que ni siquiera se sorprendían al describirla.

Ehsan Afrashteh, ejecutado en agosto de 2026, tenía inicialmente una condena de dos años; después se cambió a pena de muerte. Su familia había reunido dinero para pagar un préstamo que había pedido su padre; los agentes llamaron a ese dinero “dinero del Mosad” dándolo a entender como parte de un supuesto pago del servicio de inteligencia israelí a Afrashteh y exigieron a la familia devolver esa misma cantidad al poder judicial. Mirza resume el patrón: “O son de clases desfavorecidas, o en los casos de espionaje caen con un poder aplastante sobre las familias”. Dos caminos distintos hacia el mismo destino.

La capa más peligrosa de este sistema es, quizá, aquella en la que hasta la protesta contra la ejecución se reprime. En dos módulos de la cárcel central de Isfahán, los presos hicieron huelga de hambre en protesta por la ejecución programada de varias sentencias; pero, según un informe de Iran Human Rights, “tras las presiones y amenazas graves de las autoridades penitenciarias, los presos se vieron obligados a romper la huelga”.

Deshumanización, incluso después de la muerte

Hace unos 17 años, en plena campaña electoral de 2009 y las protestas que la siguieron y fueron reprimidas, yo trabajaba en el diario Shargh. Uno de los directivos del periódico, que había sido responsable de logística durante la guerra entre Irán e Irak y mantenía amplias relaciones dentro del régimen, nos contó que tenía un amigo que había hablado con uno de los responsables de esa misma cárcel de Gohardasht sobre los fusilamientos de opositores y el traslado de los cuerpos al cementerio de Khavaran. Amontonaban a los ejecutados en un camión sin cubierta, sin ninguna lona. Aquel amigo había protestado, pidiendo al menos que pusieran una lona sobre los cadáveres al amanecer, cuando el camión cruzaba la ciudad y la gente podría ver aquella cantidad de cuerpos. El responsable de la cárcel había respondido: que la vean; ¿acaso alguien va a creer que tantos cadáveres acribillados van amontonados en un solo camión? Pensarán que han tenido una pesadilla.

Lo que en aquellos años se hacía con un camión sin cubierta tiene hoy otra forma, pero persigue el mismo fin: no solo matar, sino borrar. La República Islámica, al no dar información precisa sobre los ejecutados de hoy y al ocultar o dañar el lugar de su entierro, priva de facto a los manifestantes incluso después de la muerte del derecho más básico al duelo. La República Islámica, con este ocultamiento, envía un mensaje doble a los familiares, dice Mirza: no solo os hemos arrebatado a vuestro ser querido, sino que también os negamos el derecho a llorarlo.

El coste político de las ejecuciones ha bajado para el régimen. Ahora mismo el Gobierno quiere alinear sus relaciones con Europa y conseguir concesiones. Es una gran oportunidad. El problema principal es que la ejecución se ha convertido casi en algo normal

Mahmood Amiri-Moghaddam — director de Iran Human Rights

En medio de esta gran oleada de ejecuciones, ¿cómo se sienten Amiri-Moghaddam y sus colegas en la organización? Dice que la mayoría de los activistas de derechos humanos que han seguido estos meses han sufrido traumas. Sus compañeros, cada día, a las seis de la mañana hora de Irán, cuando la República Islámica ejecuta las sentencias de muerte, sientes cómo la angustia les recorre el cuerpo.

Ese agotamiento plantea, por sí solo, una pregunta seria: ¿de verdad es eficaz este nivel de represión? Mirza, al preguntarle lo mismo, bass su argumento en una experiencia ya vivida: la masacre de los manifestantes del movimiento Mujer, Vida, Libertad tampoco sirvió como elemento disuasorio. Si lo hubiera sido, enero de 2025 no se habría repetido. Incluso hoy, cuando el régimen ejecutó en público las sentencias del caso de la Plaza Alikhani, la propia Isfahán fue escenario de una concentración de protesta. Según ella, esto demuestra que el sistema de terror puede retrasar la protesta, pero no puede eliminarla; sitúa la raíz de este fracaso en un patrón histórico más amplio: “El poder judicial ha demostrado durante todos estos años, sobre todo cuando se enfrenta a activistas políticos serios, que dicta condenas de muerte con total facilidad. Creo que nos enfrentamos a una tradición política, en realidad criminal, por parte del poder judicial”.

Una presión que antes daba resultado

La historia de la presión internacional sobre Irán demuestra que esta situación no siempre ha quedado sin respuesta. Amiri-Moghaddam se remonta a 1998 como el año en que, tras el atentado de Mikonos en Berlín, la Unión Europea rompió por completo relaciones con Irán. Con la llegada de Jatamí a la presidencia, comenzó un intento de reconstruir las relaciones, pero cuando se difundió un vídeo de una lapidación, Europa impuso nuevas condiciones. El caso de Sakineh Mohammadi Ashtiani, años después, atrajo tal atención mundial y, a partir de entonces, las sentencias de lapidación dejaron de anunciarse oficialmente.

Pero hoy esa presión se ha reducido al silencio. Amiri-Moghaddam dice que desde el inicio de la guerra, la reacción de los gobiernos occidentales ha sido casi inexistente: “El coste político de las ejecuciones ha bajado para el régimen”. Insiste especialmente en un punto: la crisis actual es, al mismo tiempo, una oportunidad. “Ahora mismo el Gobierno quiere alinear sus relaciones con Europa y conseguir concesiones. Es una gran oportunidad”. Según él, si los países europeos convirtieran la suspensión o la reforma del proceso de ejecuciones en condición de cualquier negociación, podría tener efecto: “El problema principal es que la ejecución se ha convertido casi en algo normal”.

Amiri-Moghaddam, al final de la conversación, menciona algo que, más que cualquier estadística o expediente, revela la lógica oculta de esta maquinaria: “Creo que uno de los objetivos de esta represión y de estas ejecuciones es que la gente sienta que está desamparada, que no puede hacer nada”. Y añade de inmediato: “Pero en la práctica hemos visto que no es así; no estamos desamparados y precisamente por eso redoblamos nuestros esfuerzos”.

En esa misma cárcel de Isfahán donde ejecutaron a Erfan y Golmohammad, otras setenta personas siguen en el corredor de la muerte. Por cada una de ellas hay una familia que, algún día, desde la medianoche hasta las cinco de la madrugada, esperará detrás de esa misma puerta.

El 7 de julio de 1865, cuatro presos fueron conducidos por el patio de la Penitenciaría del Antiguo Arsenal, una prisión militar y civil ubicada a las afueras de Washington D. C., rodeados de miles de personas. Escoltados por el general John F. Hartranft, los presos fueron atados de pies y manos y, en apenas unos minutos, sus cuerpos colgaban sin vida de la horca.

Los protagonistas de esta historia se llamaban Lewis Powell, David Herold, George Atzerodt y Mary Surratt, quienes habían sido acusados de ser cómplices del actor estadounidense John Wilkes Booth. Este había asesinado a Abraham Lincoln, el decimosexto presidente de Estados Unidos, apenas unos meses antes, en abril de ese mismo año, en el teatro Ford ubicado en la capital del país.

Si bien Powell, Herold y Atzerodt estuvieron sin duda involucrados en la planificación del asesinato del mandatario, la participación de Surratt estuvo mucho menos clara, y sigue siendo objeto de debate más de 160 años después. Nacida en el estado de Maryland, Surratt pasó a la historia como la primera mujer que fue ejecutada por el Gobierno federal de Estados Unidos.

La historia de la mujer a la que declararon culpable

Mary Surratt nació en 1823 en el seno de una familia esclavista. A los 17 años, se casó con John Harrison Surratt, y juntos se hicieron propietarios de una granja y una taberna, donde también tenían a varias personas esclavizadas trabajando para ellos. En abril de 1861 estalló la guerra civil y aunque Maryland permaneció dentro de la Unión, los Surratt, como muchos de los ciudadanos de allí, simpatizaban con la Confederación.

Tras la muerte de su marido, Mary se mudó a una pequeña casa adosada que había heredado en Washington D.C., y convirtió la planta superior en una pequeña pensión que podía alquilar. En aquella época, su hijo John se hizo muy amigo de un actor sureño llamado John Wilkes Booth, y los dos se reunían a menudo en la pensión. Con el tiempo, aquel lugar ubicado a menos de un kilómetro de la Casa Blanca se convirtió en un refugio para agentes y espías confederados.

De hecho, fue allí donde John Wilkes y sus cómplices comenzaron a trazar el plan, primero para secuestrar a Abraham Lincoln, y luego para asesinarlo. Una vez detenida, Mary negó tener conocimiento de lo que estaba ocurriendo, aunque la fiscalía sostuvo que la mujer permitió que los conspiradores se reunieran en su pensión, y la acusaron de haber pedido al encargado de su taberna que tuviera lista unas armas el mismo día del asesinato del presiente.

Ella defendió en todo momento su inocencia, pero sirvió de poco, porque acabó condenada a morir en la horca como el resto de cómplices. Tras la ejecución, muchos estadounidenses cuestionaron si el veredicto había sido justo. De hecho, desde que ocurrió este episodio, la participación de Mary Surratt en el complot de asesinato ha sido puesta en tela de juicio en múltiples ocasiones.

“Perdono porque el otro podría ser yo. Perdono porque el otro he sido yo. Es un acto consciente que no me surge de manera natural. Interrumpo pensamientos negativos y reflexiono antes de hacer un comentario a la ligera. Quiero ser la persona con la que me gustaría encontrarme, aquella que responde con serenidad ante el desacierto. Que entiende el error o el daño como una llamada de auxilio” (La grieta, 2026).

Hace 64 años, se publicó La naranja mecánica, una revolucionaria novela que, entre otras peculiaridades, retrata a un delincuente desde su propio punto de vista. Hacia el final del libro, un médico le dice al preso: “¿Qué quiere Dios? ¿El bien o que uno elija el camino del bien? Quizás el hombre que elige el mal es en cierto modo mejor que aquel a quien se le impone el bien”. Así, el británico Anthony Burgess invita al lector a reflexionar de qué manera nos enfrentamos y nos relacionamos con otras personas que ejercen el mal o que hacen daño a propósito.

Puede que sea casualidad, pero las literaturas anglosajona y francesa pueblan las referencias de Rodrigo Gervasi (28), el joven escritor que publicó hace unos meses La grieta. En un ambiente contemporáneo y con realidades que todos podemos reconocer, la novela recoge a su manera el guante del debate sobre la naturaleza del mal y el perdón, a través de una singular voz sobre los problemas del hoy.

De la mano de la editorial independiente Sexto Piso, Gervasi busca mandar un mensaje de “compasión” y, “de forma más severa y tardía”, un mensaje “de sentido común”: “Dejemos de entender todo de forma tan simplista”, incide en conversación con este periódico.

Si hay personas maravillosas que hacen cosas horribles y personas horribles que hacen cosas maravillosas, ¿qué diferencia el bien del mal?

Bueno, la diferencia entre el bien y el mal está clarísima. Lo que pasa es que cada uno diferencia entre personas buenas y personas malas, a pesar de que hagan el bien o el mal. Para mí, una persona cada día es lo que haga en ese momento y todo el rato se va renovando. No creo que haya una balanza que se vaya quedando en un lado o en otro. Creo que eso es bonito porque te motiva a estar pendiente de la forma en la que actúas todo el rato. Porque la etiqueta es muy injusta para la gente mala y una zona demasiado confortable para la gente buena.

¿Qué mensaje quería enviar en este sentido?

Siento que muchas veces nos validamos a través de cómo nos sentimos en relación al mundo y de la etiqueta de buenas personas que nos ponemos, y a través de juzgar a los otros. Entonces, enfrentemos el mundo de una forma más humilde sin que haya una etiqueta que me vaya a respaldar para sentirme bien. Yo soy esto ahora mismo y todo el mundo está un poco en el mismo nivel y yo creo que eso requiere de humildad porque requiere verte como un humano y entender que el resto es lo mismo y que nadie va a ser mejor ni peor.

Enfrentemos el mundo de una forma más humilde sin que haya una etiqueta que me vaya a respaldar para sentirme bien

Rodrigo Gervasi — Escritor

En un párrafo hacia el final de La grieta habla de no bajar la guardia con nosotros mismos, de la importancia de la autocrítica. ¿Qué lección cree que podría sacar la izquierda de todo eso?

Creo que la izquierda tiene el deber de entender la sociedad en su conjunto y de apoyar a todos los miembros de la sociedad, porque siempre se ha caracterizado por ser solidaria y por querer incluir a todo el mundo. Entonces, creo que claramente nos tenemos que poner las pilas con ser compasivos y con entender que, cuando alguien hace algo mal, eso forma parte de nuestra responsabilidad como sociedad. Y creo que hay una parte de la izquierda que lo hace y que aboga por intentar cambiar el sistema penitenciario y reducir las prisiones o que sean otro tipo de espacios.

Pero creo que muchas veces se nos olvida. También porque estamos en un momento en el que los egos y la moral de izquierdas es muy alta. Por ejemplo, cuando veo a una persona que ha cometido un crimen es que ya me sale natural. Lo veo siempre desde una compasión que a mí me hace muy feliz y es bonita para mí. Incluso crímenes muy horribles. Cuando lo veo en las noticias pienso 'a ver si esa persona puede mejorar o esta persona hacer esto' en vez de decir 'qué monstruo, a la cárcel'.

¿Alguna vez le han confrontado por esa forma de pensar?

Sí, continuamente. Y es más difícil de debatir porque la gente está cerrada de mente en ese sentido. Sobre todo acerca de la pena de muerte, por ejemplo, que son cosas como muy básicas y muy extremas, pero que sigue habiendo debate. O sea, no sé qué porcentaje de los españoles están a favor de la pena de muerte, pero un porcentaje muy alto, cuando es algo que está abolido. Está probado que no reduce la criminalidad porque en los países en los que hay pena de muerte, no se reducen los índices de delincuencia. Está probado que es antidemocrática porque puede fallar. La justicia no es una ciencia exacta. Y luego, si estás castigando a alguien que ha atentado contra un valor material o contra la vida con esa misma moneda, me parece absolutamente absurdo.

Está probado que la pena de muerte no reduce la criminalidad porque en los países en los que hay pena de muerte, no se reducen los índices de delincuencia. Y está probado que es antidemocrática porque puede fallar. La justicia no es una ciencia exacta.

¿Cómo cree que puede condicionar la situación de la vivienda y la ansiedad climática a la forma de actuar y de pensar de los jóvenes?

A mí mismo la crisis de la vivienda y la crisis climática lo que me hacen es sentir un poco desesperanza por el futuro y centrarme mucho en lo micro y en sentirme bien con las cosas simples. Y es mi mecanismo de defensa para estar feliz. Sí que creo que quizá antes podías ver el futuro como con perspectiva de mejora y ahora siento que a pesar de que estamos bien, mejor a nivel de derechos sociales y de calidad de vida en muchas cosas, porque la vida que tengo es mejor que la que tenían mis padres, pero lo miro como que es una cosa que va a ir a peor. Entonces actúas con un poco de desesperanza y de 'que me quiten lo bailao'.

¿Y está de acuerdo con que la precariedad sea el tema principal del libro de cara a la crítica?

Realmente el tema principal del libro es cómo se desarrolla la vida y cómo puedes enfrentarte a ella. Cómo cuando eres una persona joven te enfrentas a la vida de dos formas: o estás en un mundo capitalista que te obliga a ser hiperproductivo o te quedas paralizado. En este caso es un personaje paralizado. Entonces habla un poco de enfrentarse a la vida, cómo tienes miedo a ella. Así que sí, para mí va más allá de la precariedad. Este libro, para mí, podría estar escrito en un piso de lujo, con gente que comparte piso porque son un grupo de personas que quieren vivir juntas porque tienen todo el dinero y seguiría siendo igual de interesante.

Cuando eres una persona joven te enfrentas a la vida de dos formas: o estás en un mundo capitalista que te obliga a ser hiperproductivo o te quedas paralizado. En este caso es un personaje paralizado

En muchas partes del libro describe cómo Hugo no hace nada, o se aburre o repite acciones cotidianas. ¿Por qué cree que son situaciones que no suelen retratarse en detalle?

Creo que lo que pasa ahora mismo en la literatura contemporánea es que estamos muy metidos en el 'problema, nudo y desenlace'. Siento que en España entendemos la literatura desde el entretenimiento y desde contar una historia narrada. Y a mí eso no me interesa. A mí me interesa algo que vaya a lo 'meta'. Que refleje la vida y que tu vida cambie un poco al leerla. Creo que los libros tienen que dar mucho espacio a la imaginación y a la interpretación, no que esté todo explicado. Eso no me interesa porque me aburre.

El protagonista del libro escribe una novela en la historia. ¿Este proceso creativo se parece al suyo propio? ¿Es así de minucioso?

Es la parte más parecida a mí del libro. Creo que soy súperminucioso como en el libro en ese sentido. Tardo mucho en escribir una página. Quizá escribo como tres cuartos de página al día cuando estoy todo el día escribiendo. Muy poco a poco. Nunca he conseguido escribir más de una página y media. Releo párrafos y frases una y otra vez. Las leo en voz alta. Vuelvo y pienso en la imagen que transmiten y luego es verdad que, una vez las tengo hechas, ya no soy tanto de cambiarlo todo. Hay mucha gente que luego empieza a meter tijera. Luego mi proceso es más rápido.

El libro no está dividido en capítulos, sino que tiene marcas temporales y le escuché decir una vez que eso es algo muy francés. ¿Se inspira mucho de esa literatura? ¿Cuáles dirías que son sus referentes?

Cien por cien. Me inspira muchísimo la literatura francesa y también la anglosajona en menor medida. De referencias siempre nombro a Ben Lerner, que su nueva novela sale en noviembre en España, la cual te tienes que leer. Se llama Transcription. Había leído novelas suyas anteriores y me inspiró un montón.

Luego robo algo de cada autor. De Joan Didion, por ejemplo, un poco la parte analítica del final del libro, cuando piensa en el momento en que uno se tiene que ir. Tiene un ensayo sobre Nueva York, sobre cuando ella vivió allí y de cuando se fue. De Amélie Nothomb en la forma un poco más humorística de poner las cosas y también en el inicio. Cuando digo 'aquí vivió no sé quién y después no sé quién'. También es un poco un guiño a Estupor y temblores cuando dice: “Mi jefe era tal y el jefe de tal era tal, el jefe de la empresa no sé qué. Y yo no era nadie”. Voy poniendo guiños: Rachel Cusk en eso de mirar un poco como en distancia a la hora de escribir y de ser un poco frío al explicar cosas que deberían emocionar más a veces; y luego Marguerite Duras como una parte más emocional, supongo, y de confiar en lo que estoy empezando.

¿Y qué le gustaría hacer después?

Pues hay una autora que se llama Laura Vázquez, que es francesa, pero de padres que emigraron, que ha escrito un libro que se llama Les forces (Las fuerzas) que me está cambiando la vida. Es muy chulo. Es un libro muy caótico. Entonces me está ayudando mucho con mi próximo libro. Creo que mis dos primeros libros son cero caóticos. Es como el primero en un trayecto, el segundo está dentro de una casa y es como una narrativa lineal. Y creo que quizá el tercero va a ser un caos horrible.

¿Quiere que lo que venga después sea caos?

Sí. Y quiero que la premisa sea no tener que intentar entender nada y simplemente ver qué pasa.

El Parlamento israelí (Knéset) ha aprobado este lunes por 68 votos contra 42 una ley que introduce la pena de muerte por ahorcamiento como castigo por “actos de terrorismo”, definidos de forma vaga. La ley ha sido considerada discriminatoria por organizaciones de derechos humanos, expertos de la ONU y Gobiernos europeos ya que –en la práctica– se aplicaría casi exclusivamente a los palestinos, tanto en Israel como en los territorios ocupados.

La organización israelí BTselem ha asegurado que la nueva ley “está redactada para aplicarse únicamente a los palestinos y tiene como objetivo normalizar el asesinato de palestinos como una herramienta de castigo colectivo”.

Tanto esta ONG como otras israelíes e internacionales habían rechazado el proyecto de ley, así como expertos de Israel, que con esta legislación amplía los casos en los que se puede aplicar la pena de muerte, 70 años después de haberlos limitado. La pena capital para los delitos comunes fue abolida en 1954 y se mantuvo para los crímenes de genocidio o traición. La única ejecución que ha llevado a cabo el Estado hebreo tuvo lugar en 1962 y el sentenciado a muerte fue Adolf Eichmann, considerado uno de los ideólogos del Holocausto, quien fue juzgado en Jerusalén después de haber sido capturado por agentes del servicio de Inteligencia exterior israelí (Mosad) en Argentina en 1960.

Por su parte, Ori Aronson, profesor de Derecho asociado de la Universidad Bar-Ilan de Israel, explica a elDiario.es que, a pesar de que se hayan introducido algunos cambios durante la tramitación de la ley en los pasados meses, sigue siendo “discriminatoria” por distintos motivos.

El experto detalla que Israel tiene dos sistemas judiciales separados: uno para sus ciudadanos y residentes (incluidos los ciudadanos árabes, que son el 20% de la población) y otro para los palestinos en Cisjordania. “En Israel, el sistema es civil y penal; en Cisjordania es un sistema de tribunales militares”, dice y agrega que la pena de muerte se aplicaría de forma distinta en los dos sistemas.

“En los tribunales civiles, la pena de muerte se aplicaría a los casos de asesinato en el contexto de una acción terrorista, llevada a cabo con el propósito de negar la existencia del Estado” de Israel, señala Aronson, mientras que en los tribunales militares se aplicaría a todos los casos. El profesor –miembro del Foro de Profesores de Derecho para la Democracia– especifica que en Cisjordania afectaría sólo a los residentes palestinos (unos 3 millones), no a los más de medio millón de colonos israelíes que viven en los asentamientos y que perpetran ataques violentos contra los palestinos, con un número cada vez mayor de víctimas mortales.

BTselem ha señalado que “los jueces militares deberán condenar a muerte a los palestinos declarados culpables de asesinato, salvo en 'circunstancias especiales'”. Además, bastará con una mayoría simple de los jueces y las vías para apelar serán “extremadamente limitadas”. La ONG israelí recuerda que el 96% de los palestinos juzgados en tribunales militares son condenados, muchas veces por “confesiones obtenidas bajo coacción y tortura durante los interrogatorios”.

La ONG Human Rights Watch ha asegurado que si bien “las autoridades israelíes sostienen que la imposición de la pena de muerte responde a una cuestión de seguridad, en realidad, afianza la discriminación y un sistema de justicia de dos niveles, ambos característicos del apartheid”. Además, ha denunciado que “la ley pretende ejecutar a los detenidos palestinos con mayor rapidez y menor escrutinio”, debido a las restricciones para apelar y al plazo de 90 días para aplicar la pena.

Una de las pocas voces contrarias en el Parlamento, el bloque político árabe-israelí Hadash-Ta’al, ha denunciado que, con la aprobación de la ley, “el Gobierno admite que el Estado de Israel mantiene dos sistemas jurídicos distintos basados en la nacionalidad y la raza: uno que permite la ejecución de árabes y otro que otorga protección e inmunidad a delincuentes judíos”.

Varios parlamentarios de Hadash-Ta'al y organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes han presentado una petición urgente al Tribunal Supremo de Israel para solicitar que declare la nueva ley “inválida”, según ha anunciado en un comunicado la organización Adalah, agregando que “la ley consagra la pena de muerte por ahorcamiento. Está dirigida principalmente a los palestinos, tanto ciudadanos de Israel como residentes de la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este”.

Aronson se muestra preocupado por las consecuencias que puede tener “la aplicación de la pena más severa de una forma discriminatoria”. Asimismo, lamenta que, en este caso, la legislación parece ser una “venganza pública”, por lo que hay temores de que “incite más odio en lugar que tener un efecto positivo” en la sociedad israelí.

“Los israelíes están muy traumatizados después del 7 de octubre y las heridas no han empezado aún a sanar; este tipo de medidas no parecen que vayan a sanar esas heridas sino a incitar más odio y rabia”, reflexiona el profesor de Derecho. “Es una trayectoria muy preocupante para un país que está muy polarizado, donde las emociones están a flor de piel y hay emociones muy fuertes y negativas entre los judíos y los palestinos dentro de Israel. Las medidas deberían ir en la dirección opuesta, hacia la reconciliación”, concluye.

Los legisladores que han impulsado las enmiendas apelan directamente a los deseos de venganza después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 –en los que fueron asesinados unas 1.200 personas en Israel y más de 250, secuestradas–. Uno de los argumentos esgrimidos es que, si un terrorista es ejecutado, no podría ser liberado en futuros acuerdos de intercambio de presos con los grupos palestinos como Hamás, que a lo largo de las últimas dos décadas ha negociado la puesta en libertad de miles de prisioneros (incluidos destacados miembros de su brazo armado) por rehenes israelíes, militares o civiles.

Precisamente, Hamás ha rechazado la ley y ha dicho en un comunicado que “refleja la naturaleza sanguinaria de la ocupación” israelí, agregando que “sienta un precedente peligroso que amenaza las vidas de nuestros prisioneros heróicos en las cárceles” de Israel.

También más de diez expertos y relatores especiales de Naciones Unidas mostraron su preocupación durante la tramitación de la ley, destacando que tanto en los tribunales civiles como en los militares se aplicarían “definiciones vagas y excesivamente amplias de delitos terroristas según la legislación israelí, que pueden incluir conductas que no sean genuinamente terroristas”. Por ejemplo, la pena de muerte se aplicaría a los homicidios involuntarios, si son cometidos en el marco de “actos terroristas”. 

“Dado que los juicios militares israelíes de civiles no suelen cumplir con los estándares de un juicio justo según el derecho internacional, cualquier condena a muerte resultante violaría aún más el derecho a la vida”, afirman los expertos y relatores. Además, la legislación “restringe aún más el acceso a la asistencia jurídica, no establece un proceso de apelación eficaz y elimina la supervisión externa efectiva, lo que socava aún más el derecho a un juicio justo”. Y agregan: “La negación de un juicio justo también constituye un crimen de guerra”.

Antes de su aprobación, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido instaron en un comunicado conjunto a los legisladores y al Gobierno israelíes que dieran marcha atrás, expresando su preocupación por “el carácter discriminatorio de facto de este proyecto de ley”, que fue promovido por el partido ultraderechista Poder Judío, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Una investigación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) identifica las primeras formas de pena de muerte en el noroeste de la península ibérica entre los siglos VIII y XII: horca, el fuego, precipitación, decapitación y crucifixión.

El investigador de la Facultade de Historia y del Instituto de Investigación de Humanidades de la USC Abel de Lorenzo Rodríguez ha desarrollado su investigación doctoral publicado por Comares en el libro 'La horca y el fuego. Una historia social de la pena de muerte en Hispania (700-1200)'.

Según informa la USC en un comunicado, realiza un minucioso análisis documental sobre víctimas y verdugos, con nombres y vidas que se pudieron rastrear históricamente. Identifica las principales formas de pena de muerte en el noroeste ibérico en el periodo de transición que va del fin de la Antigüedad hasta la plena Edad Media, muchas de ellas del Reino de Galicia.

El estudio versa sobre cómo la justicia actuaba de diferentes formas en los cuerpos de los condenados, especialmente en cómo se creó el fundamento de las ejecuciones en los reinos cristianos peninsulares. De este modo, retrata los perfiles sociales de la gente que padece este tipo de condenas y cómo se originan: “Tanto la inspiración que las mueve a ser ejecutadas como las negociaciones y conflictos sociales que aparece en la justicia penitenciaria analizada aquí desde abajo”.

En la investigación también aborda el cambio a lo largo del tiempo de unos castigos por otros, de unas formas de matar por otras y la importancia que la memoria y la sociedad guardaban de este tipo de formas de ejecución. “También investigo sobre la identidad que reside, especialmente religiosa, pero también de clase, criminal o de género, a la hora de aplicar una ejecución u otra”, explica Abel de Lorenzo .

Las luces de neón de la cárcel parpadean en la sala abarrotada. Es el comienzo de un nuevo día en la ciudad de Tabuk, en el extremo norte de Arabia Saudí, y los presos esperan. Cuando entran los guardias, saben que se llevarán a uno de ellos. Una veintena de guardias del pelotón de ejecución se acerca a un recluso en silencio. Le susurra algo al oído y lo escolta fuera. Algunos de los prisioneros que se han quedado en la sala rompen a llorar. Otros simplemente piden perdón.

Así es el destino para cientos de extranjeros condenados en Arabia Saudí por delitos no violentos relacionados con drogas. Algunos de ellos supuestamente traficaron a cambio de unos pocos cientos de dólares.

En los últimos cuatro meses, el periódico The Guardian ha estado entrevistando a familiares de migrantes egipcios recluidos en Tabuk, la famosa cárcel “de la muerte”. Los parientes han revelado confesiones forzosas, torturas y la imposibilidad de pagar a los abogados defensores.

Según organizaciones de derechos humanos, es probable que muchos de los condenados a muerte fueran inocentes o forzados a traficar con drogas. Jeed Basyouni, de la ONG Reprieve, afirma que “son pobres, marginados y nadie los escucha”.

Esperanzas de reforma frustradas

En 2021 hubo una suspensión temporal en las ejecuciones de presos condenados por drogas, lo que generó esperanzas de una reforma bajo el mandato del príncipe heredero Mohammed bin Salmán, dirigente de facto del reino. Pero esa suspensión se levantó en noviembre de 2022 y, desde entonces, se ha producido un aumento “terrible” en el número de ejecuciones en Arabia Saudí.

Según los datos de Reprieve, un mínimo de 274 ciudadanos extranjeros han sido ejecutados desde principios de 2024 en el reino por delitos relacionados con drogas. Después de China y de Irán, Arabia Saudí es el país que ejecuta a más condenados en todo el mundo.

A finales de 2024, las autoridades de la cárcel de Tabuk comenzaron a trasladar a un pabellón separado a los prisioneros condenados a muerte. Una zona que es conocida como “el pabellón de la muerte”.

Cuando una de nosotras tiene noticias de un hijo, de un hermano o de un marido, lo publica en el grupo para hacernos saber que siguen vivos

Madre de Youssef

Otro cambio de los últimos tiempos tiene que ver con no avisar a los reclusos sobre su inminente ejecución con antelación suficiente para ducharse y llamar a sus seres queridos. Según algunas familias, ahora solo son informadas una vez que se ha llevado a cabo la ejecución. Se cree que la mayoría de los ejecutados son decapitados, pero no hay certeza porque las familias no reciben los cuerpos, solo les entregan un certificado de defunción.

Ahmed Younes Al Qayed tenía 32 años y trabajaba en un hotel de Arabia Saudí cuando, en noviembre de 2016, lo detuvieron acusado de tráfico de drogas. En diciembre de 2024, Al Qayed figuraba en el grupo de 33 egipcios recluidos en el nuevo pabellón, todos ellos condenados a muerte por delitos no violentos relacionados con drogas.

Al Qayed había comenzado a creer que sobreviviría después de que Arabia Saudí anunciara la suspensión de las ejecuciones. Según sus familiares, un abogado designado por el tribunal dijo que la sentencia se conmutaría por cadena perpetua. Pero las ejecuciones comenzaron poco después de la llegada del prisionero al “pabellón de la muerte” de Tabuk. Estaba claro que nadie iba a ser perdonado.

De los 33 egipcios que el pasado mes de diciembre vivían en el pabellón, 25 ya han sido ejecutados por condenas relacionadas con el tráfico de drogas. Los últimos dos, Mohamed Saad y Omar Sherif, el pasado octubre.

El final para Al Qayed llegó el 3 de diciembre de 2024, cuando la puerta de la celda se abrió y los guardias se acercaron tranquilamente a él y a otros dos egipcios. Otros reclusos cuentan cómo sus corazones comenzaron a latir con fuerza cuando los tres fueron escoltados fuera. Al Qayed fue el primero del grupo en morir.

La familia del preso ejecutado todavía está tratando de olvidar el tormento de sus últimos días. “Vivíamos al límite”, dice su primo Hazem. Las autoridades saudíes no han devuelto el cuerpo y sus familiares no saben dónde está enterrado.

El sufrimiento de las familias

Youssef* es uno de los que aún esperan un indulto en Tabuk. Su madre, su único vínculo con el exterior, revisa cada hora el teléfono esperando la llamada diaria. Ella escucha sus historias y sus miedos y trata de calmarlo.

Antes de ser detenido, Youssef trabajaba como pescador y buceador en la costa egipcia del mar Rojo. Las autoridades saudíes sostienen haberlo encontrado en aguas territoriales saudíes, cerca de un neumático flotante con una gran cantidad de drogas. Fue condenado a muerte por tráfico de drogas.

La madre de Youssef entra en pánico cuando no llega la llamada diaria. Ha encontrado algo de consuelo en un grupo de WhatsApp creado por familiares de egipcios condenados a muerte en Arabia Saudí. Allí comparten noticias, miedos y pequeñas palabras de ánimo. “Cuando una de nosotras tiene noticias de un hijo, de un hermano o de un marido, lo publica en el grupo para hacernos saber que siguen vivos”, dice.

Pero las noticias no son siempre esperanzadoras. Durante el último año han llegado más noticias de ejecuciones. Recientemente, Youssef dejó de llamar. Lo habían hospitalizado porque se negaba a comer. No era la primera vez que sufría una crisis de salud mental. Su madre dice que en Egipto ya había recibido tratamiento psiquiátrico.

“Hagan algo... no por mí, el martes seré ejecutado, háganlo por los otros 32 egipcios, nos van a ejecutar a todos”, decía un mensaje de WhatsApp que Youssef mandó a su abogado justo antes de la ejecución de Al Qayed.

Según los familiares que hablaron con The Guardian, algunos reclusos han sido torturados para confesar. La hermana de un preso declaró que un hombre detenido al mismo tiempo que su hermano confesó bajo coacciones extremas. “El otro hombre le dijo [a mi hermano] ‘si me pidieran que confesara un asesinato, lo haría’”. Su hermano nunca confesó, agregó la mujer.

La mayoría de las familias dicen que no pueden permitirse un abogado y que sus familiares no han tenido un juicio justo. La madre de uno de los presos afirmó que pagó 11.000 dólares [más de 9.500 euros] por un abogado privado que, según ella, no presentó pruebas clave. Después, su hijo le pidió que no contratara a nadie más. “Guarda el dinero para mis hermanas, si mi destino es morir, moriré”, le dijo su hijo.

La madre de Youssef se aferra a la esperanza de que le perdonen la vida. “Cuando regrese, lo celebraremos y todo el mundo estará invitado”. Su hijo tuvo un sueño en el que unas personas trataban de matarlo, pero él lograba escapar. “Es una señal divina, vas a sobrevivir”, le dijo ella a Youssef cuando él se lo contó.

La hermana de otro preso todavía no le ha contado a su madre la verdad sobre la condena a muerte de su hermano. “Cuando muera, le diré que falleció de forma natural, no puede saber que fue ejecutado, no hizo nada para merecerlo”.

*Nombre ficticio para proteger su identidad

El proyecto de ley para aplicar la pena de muerte contra “terroristas” acusados de asesinar a ciudadanos israelíes pasó este lunes noche la primera lectura –de un total de tres– en el pleno de la Knéset (Parlamento israelí), al ser aprobado con 39 diputados a favor y 18 en contra.

El proyecto, cuyo promotor es Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, prevé aplicar la pena de muerte a aquellas personas clasificadas como “terroristas” por Israel que causaran “la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra”, informó la Knéset en un comunicado.

Además, según dicho proyecto, que aún tiene que ser aprobado de nuevo en comisión y luego en dos nuevas votaciones en pleno, dicha pena de muerte la podrán aplicar tribunales militares israelíes en el territorio palestino de Cisjordania “por mayoría simple de los jueces del tribunal de primera instancia”, y no por unanimidad, y además “no podrá ser conmutada” por otra pena inferior.

Durante el pleno en el que se discutió la ley, que según denuncian las organizaciones palestinas afectaría sobre todo a ciudadanos palestinos, el ministro radical Ben Gvir afirmó que, de ser aprobada definitivamente, “será la más importante en la historia del Estado de Israel”. “Todo terrorista lo sabrá: esta es la ley que disuadirá. Es la ley que infundirá temor”, dijo Ben Gvir.

El debate de la ley desembocó en un enfrentamiento frontal entre Ben Gvir y el diputado Ayman Odeh, de origen palestino.

Las ONG critican la ley

En un comunicado, varias asociaciones de derechos humanos palestinas, entre ellas el Centro Palestino de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos, destacó que, de aprobarse, “el proyecto de ley impondría la pena capital a cualquier persona que asesine a un israelí por motivos nacionalistas”.

Denuncian que “el aspecto más peligroso del nuevo proyecto de ley es su aplicación retroactiva, una práctica sin precedentes en cualquier proceso legislativo, especialmente en derecho penal”, donde la retroactividad de las reformas legales solo se suele aplicar para las que sean más beneficiosas para el reo.

Para las organizaciones palestinas, el proyecto “pretende legitimar ejecuciones masivas contra cientos de detenidos palestinos, en particular miembros de las Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamás), arrestados a partir del 7 de octubre de 2023”.

“Por lo tanto, el objetivo principal de la legislación propuesta es satisfacer un deseo de venganza o represalia, en lugar de disuadir o prevenir futuras acciones”, añaden.

Las autoridades israelíes utilizan la calificación de 'terrorista' para referirse palestinos que atacan a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.

Ben Gvir, a cargo de la cartera de Seguridad Nacional en Israel, ha promovido también un endurecimiento de las condiciones de los presos palestinos, que denuncian habitualmente sufrir abusos e incluso torturas, así como privación del sueño, alimento o la higiene. 

El 27 de septiembre de 1975, dos meses antes de la muerte del dictador Francisco Franco, el Estado ejecutó las últimas sentencias de muerte que se han aplicado en España. 50 años después, el Congreso albergará un acto público sobre los cinco últimos ajusticiados por el franquismo y el contexto histórico en el que se produjo su ejecución. Será este próximo jueves, pero ni PP ni Vox estarán presentes en el acto institucional.

“Eran terroristas”, ha justificado la portavoz del PP, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en el Congreso. Las condenas a muerte de la dictadura dieron por sentado que, efectivamente, los cinco fusilados pertenecían al FRAP y a ETA-PM, algo que está en duda por parte de algunos historiadores.

“Hemos conocido por un medio de comunicación que en ese homenaje las cinco personas que se va a homenajear son cinco terroristas, tres del Frap y dos de ETA”, ha asegurado Ester Muñoz, aunque la teórica filiación de los cinco fusilados se conoce desde hace cinco décadas porque precisamente su militancia fue lo que provocó su condena a muerte.

“No discuto que puedan ser consideradas víctimas del régimen”, ha asegurado Muñoz, quien ha obviado la palabra “dictadura” o referencias a Franco. “Pero lo que desde luego discuto es que sean héroes que merezcan un reconocimiento”, ha añadido.

Las ejecuciones en los estertores del franquismo supusieron una gran polémica internacional. Medios de comunicación de todo el mundo denunciaron el proceso sumarísimo y sin garantías judiciales para los acusados, y los países aliados de España presionaron a la agonizante dictadura para evitar los fusilamientos.

No hubo lugar, y la dictadura culminó sus últimas ejecuciones. “El PP no va a estar convirtiendo en héroes a cinco terroristas”, ha concluido Muñoz.

Un diálogo entre escritores

El acto previsto para este jueves ni siquiera es un “homenaje” en puridad, tal y como lo ha descrito Ester Muñoz. Aunque el programa no está terminado, fuentes parlamentarias aseguran que está prevista “una conversación de unos escritores sobre un periodo fundamental de nuestra historia reciente” y que se ha planteado como “una oportunidad de acercarnos, desde la repulsa radical de toda forma de violencia, a un periodo histórico poco conocido y reflexionar sobre las últimas ejecuciones del franquismo y sobre aquel repunte de violencia de esos años para poder hacernos así preguntas pertinentes sobre el pasado, el presente y el futuro”.

En el marco del día de las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, se organizará en el Congreso de los Diputados, a las 18 horas en la sala de Pasos Perdidos, esa conversación acerca de los últimos momentos de la dictadura, entre los escritores Aroa Moreno Durán y Roger Mateos, que tienen libros sobre los últimos fusilamientos del franquismo, centrados en los miembros del FRAP.

Desplegar la Guardia Nacional, armar a los soldados que patrullan las calles, crear una unidad especial militar para gestionar los casos de “desorden público” y ahora ampliar la pena capital. Donald Trump ha dicho este martes que buscará ampliar la pena de muerte para los casos de homicidio que se cometan en Washington. La afirmación no deja de ser una provocación más en medio de la militarización del Distrito de Columbia.

“Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, DC, buscaremos la pena de muerte, y eso es un elemento muy fuerte de prevención y todo el mundo que lo ha escuchado está de acuerdo”, ha afirmado el presidente durante la reunión de gabinete con el resto de secretarios. “No hay otra opción”, ha dicho.

Las palabras del presidente buscan reforzar su imagen de “orden y ley” que quiere transmitir con su campaña contra el supuesto crimen que azota la ciudad, a pesar de que las estadísticas de criminalidad habían bajado desde 2023. Gracias a este relato, Trump ha declarado la “emergencia criminal” en el Distrito de Columbia que le ha permitido desplegar la Guardia Nacional y poner la policía local bajo control federal.

De hecho, la narrativa de la inseguridad es la que está usando para amenazar a otras grandes ciudades demócratas - como Chicago y Nueva York- con desplegar ahí también la Guardia Nacional. Sobre esto, Trump lo ha planteado como si fuera una pura casualidad: “Justamente las ciudades de las que hablamos [sobre desplegar la Guardia Nacional] son demócratas”. Más allá del gesto autoritario que supone el uso del ejército para asuntos domésticos, Trump parece que está haciendo toda esta campaña con el objetivo de preparar el terreno para las elecciones del año que viene.

“Creo que el crimen será el gran tema de las midterms [elecciones de medio mandato de 2026] y será el gran tema para las siguientes elecciones”, ha afirmado ante los periodistas el presidente. Trump ha apuntado cómo pretende marcar la agenda y el marco de las legislativas del año que viene. Ahora que el republicano no puede capitalizar el malestar de la población por la inflación - porque él es quien gobierna y según él ahora la economía está “floreciendo”-, Trump busca otra arena desde donde pueda usar el populismo para sumar votos que le permitan mantener el control del Congreso. Paralelamente, ya ha puesto en marcha la maquinaria para modificar los mapas electorales en su favor.

En Washington está prohibida la pena de muerte para delitos locales, pero sigue siendo aplicable para ciertos crímenes, según la ley federal. La actuación de los federales en la ciudad ha hecho que muchos casos que habrían pasado como ofensas menores, se hayan convertido en crímenes federales. De aplicarse la pena de muerte, tal como ha pedido el presidente este martes, aumentaría drásticamente el número de acusados en el corredor de la muerte federal, cuyos casos suelen tardar muchos años en resolverse.

Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Trump al llegar a la Casa Blanca en la que instruía buscar la pena de muerte “cuando sea posible” y cuando involucre “el asesinato de un agente del orden público; o un delito capital cometido por un extranjero ilegalmente en este país”.

En febrero, la fiscal general Pam Bondi, levantó la pausa establecida durante la presidencia de Joe Biden sobre la mayoría de las ejecuciones federales, y el Departamento de Justicia bajo Trump ya ha dicho que buscará la pena de muerte en el caso de Luigi Mangione, acusado de haber asesinado al ejecutivo de UnitedHealth Brian Thompson el año pasado.

Japón ejecutó este viernes a Takahiro Shiraisi, conocido popularmente como el 'asesino de Twitter', que mató y descuartizó a nueve personas en 2017, adelantó la cadena pública NHK citando a fuentes gubernamentales.

Shiraishi, de 34 años, fue condenado a muerte por asesinar, desmembrar y almacenar los cuerpos de las víctimas en su domicilio en la localidad de Zama, en la prefectura de Kanagawa, a unos 45 kilómetros de Tokio. Las víctimas, ocho mujeres y un varón de entre 15 y 26 años, fueron asesinadas entre agosto y octubre de 2017.

El asesino se fijaba en personas que manifestaban pensamientos suicidas en redes sociales y las atraía a su piso para matarlas.

El Ministerio de Justicia, Keisuke Suzuki, dijo tras la ejecución que el caso había causado “gran conmoción y ansiedad en la sociedad por la pérdida de nueve valiosas vidas humanas para satisfacer las propias necesidades sexuales y económicas” del reo.

“La sentencia de muerte se ejecutó tras un juicio exhaustivo. A la luz de los hechos expuestos, he ordenado la ejecución tras la máxima consideración. La pena de muerte es un castigo extremadamente grave que priva de la vida a una persona, por lo que, por supuesto, debemos abordarla con cautela”, añadió el ministro.

Shiraishi fue ejecutado por la mañana en la prisión de la capital en el que se encontraba recluido. Se trata de la primera ejecución en el país asiático desde julio de 2022. También es la primera desde que tomó posesión el primer ministro Shigeru Ishiba.

El abogado de Takahashi y principal defensor en el caso, Akira Omori, dijo tras la ejecución que esta fue “repentina” y pidió tiempo para reflexionar al respecto, según declaraciones recogidas por la cadena estatal.

Durante el juicio, el principal punto de debate entre la acusación y la defensa fue si el acusado tuvo el consentimiento de las víctimas.

La defensa había pedido que se evitara la pena de muerte con el argumento de que su defendido solo era culpable de homicidio con consentimiento, porque tenía la aprobación tácita de las víctimas en los mensajes que le habían enviado con anterioridad.

El testimonio de Shiraishi, en el que señaló que los fallecidos se resistieron al estrangulamiento, contribuyó a desmontar su defensa. También el hecho de que les robara dinero y agrediera sexualmente a las víctimas mujeres, según detalles recogidos por NHK y la agencia de noticias Kyodo.

Shiraishi contactó con sus víctimas femeninas a través de Twitter (ahora X) y las atrajo a su domicilio con ofertas para ayudarlas a morir.

El único hombre asesinado fue la pareja de una de las mujeres, quien se puso en contacto con él tras la desaparición de su novia, que el criminal ya había asesinado.

Shiraishi declaró que no tenía intención de recurrir la sentencia, incluso si se trataba de la pena capital.

Con la ejecución de hoy, el número de presos condenados a muerte en cárceles de todo Japón es de 105, de los cuales 49 buscan que se repita el juicio.

Abdulmajeed al Nimr tenía 59 años y cuatro hijos cuando fue ejecutado el pasado agosto en Arabia Saudí. La versión oficial que publicó la agencia de noticias estatal del país es que los cargos estaban relacionados con su supuesta unión a una célula terrorista afiliada a Al Qaeda. Sin embargo, varias ONG denunciaron que el objetivo era silenciar la disidencia política. En una muestra de falta de transparencia de las autoridades saudíes, Amnistía Internacional (AI) revisó documentos judiciales que reflejaron, al principio, su participación en protestas.

Arabia Saudí es uno de los tres países –junto a Irak e Irán– que están detrás del repunte de las ejecuciones por pena de muerte registradas en todo el mundo en 2024, según el informe anual de la organización especializada, publicado este martes. De acuerdo con las cifras recopiladas por AI, las ejecuciones alcanzaron el año pasado la cifra más alta desde 2015, con más de 1.500 personas ejecutadas. En concreto, se registraron 1.518 en 15 países, un incremento del 32% respecto de las 1.153 conocidas en 2023 y la cantidad más elevada desde la cifra“ excepcionalmente alta” de 2015, cuando la organización tuvo conocimiento de 1.634 ejecuciones.

Solo Arabia Saudí, Irán e Irak llevaron a cabo 1.380 ejecuciones, aproximadamente el 91% del total “violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo”, critica en una nota de prensa Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. En este sentido, la organización recoge en su informe que, en algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se están usando para acallar a defensores de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas. “Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, subraya Callamard.

La ONG pone el ejemplo de Irán, que sigue utilizando de la pena de muerte para castigar a personas por desafiar el poder durante las protestas del movimiento ‘Mujer, Vida y Libertad’ que sacudieron el país en 2022 tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven kurda que había sido arrestada por incumplir las normas que regulan el uso del hijab. AI recuerda los casos de dos personas ejecutadas en relación con ellas después de “juicios sin garantías y de ‘confesiones’ empañadas por la tortura”. En total, Irán ejecutó en 2024 a 972 personas, 119 más que el año anterior.

Así, en 2024, los cinco mayores verdugos del mundo fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Yemen. Un año más el documento deja fuera, por falta de información pública oficial, los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en el gigante asiático, que, según la ONG, siguió siendo el país “que llevó a cabo el mayor número de ejecuciones” en 2024. Tampoco incluye las cifras de otros lugares como Corea del Norte y Vietnam, donde se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte, ni las de Palestina y Siria, “debido a las crisis en curso”.

En comparación con 2023, también se registraron aumentos importantes de las ejecuciones en Egipto, Singapur y Yemen.

El informe se detiene en el incremento de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas –recoge un total de 637, más del 42% de las ejecuciones conocidas–. Al menos cuatro países —Arabia Saudí, China, Irán y Singapur— las llevaron a cabo, pese a que el derecho internacional “prohíbe el uso de la pena de muerte para castigar delitos que no se ajusten al criterio de ‘los más graves delitos’ (es decir, los que entrañan un homicidio intencional)”, denuncia AI, que cree que también Vietnam entra en este grupo. Callamard sostiene que imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas “afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos” y “no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas”.

Tendencia al alza en EEUU

Estados Unidos sigue la constante tendencia al alza que mantiene desde el final de la pandemia de COVID-19 y ejecutó a 25 personas, una más que en 2023. “Aunque el aumento fue numéricamente mínimo, reflejó la implacable aplicación de la pena de muerte por parte de las autoridades estatales durante el año”, dice la ONG. Se trata de la segunda cifra anual más alta desde 2015 e igualó el total de 2018.

Cuatro estados reanudaron las ejecuciones, según el informe, que indica que el número de estados verdugo casi se duplicó en comparación con 2023 (de cinco a nueve). Alabama triplicó su total anual y llevó a cabo tres ejecuciones por asfixia con gas nitrógeno, “un método nuevo y cruel de ejecución utilizado por primera vez en el mundo” que ha sido condenado por expertos de la ONU porque puede equivaler a “trato cruel, inhumano o degradante, o incluso a tortura”.

Amnistía Internacional muestra su preocupación por las “deshumanizadoras declaraciones” del presidente Donald Trump, que dijo antes de regresar a la Casa Blanca que buscará la pena de muerte para “violadores violentos, asesinos y monstruos”. La ONG señala que estas palabras promueven “el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia”.

En 2024, el número de nuevas condenas a muerte impuestas por tribunales estadounidenses conocidas creció en una con respecto al año anterior, a 26, mientras que el número de personas condenadas a pena capital se redujo en 149, un descenso que, entre otras cosas, se debe a la conmutación por el presidente saliente, Joe Biden, de 37 condenas federales a muerte.

A nivel mundial, si se observan las nuevas condenas a muerte, la ONG registró 2.087 en 2024: un 14% menos respecto del total conocido de 2023, que a su vez fue el más alto desde 2018.

Dejar atrás la pena de muerte

A pesar del repunte de las ejecuciones, solo 15 países las han llevado a cabo, el número más bajo jamás registrado por segundo año consecutivo, señala el informe. Para la entidad especializada, este dato indica la tendencia a dejar atrás esta “pena cruel, inhumana y degradante”. “La pena de muerte es una práctica abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo seguía rodeando el escrutinio en algunos países que consideramos responsables de miles de ejecuciones, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada”, dice la secretaria general de Amnistía Internacional. 

El reverso de la moneda es que, en la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la legislación o en la práctica, según los registros de AI. En este sentido, también recoge algunos hitos: “En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Las reformas en materia de pena de muerte en Malasia también permitieron que el número de personas en riesgo de ejecución se redujera en más de 1.000”.

La organización también recuerda el caso de Rocky Myers, un hombre negro condenado a muerte en Alabama “a pesar de las graves deficiencias observadas en los procedimientos. Finalmente, fue indultado en febrero tras las peticiones de su familia, su equipo jurídico, un exjurado, activistas locales y la comunidad internacional. ”Cuando la gente da prioridad al trabajo de campaña para acabar con la pena de muerte, realmente funciona“, dice Callamard. ”A pesar de la minoría de dirigentes decididos a utilizar la pena de muerte como arma, las cosas están cambiando. Solo es cuestión de tiempo que el mundo esté libre de las tinieblas de los patíbulos“.

La Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, ha informado hoy miércoles de que pedirá la pena de muerte en el juicio contra Luigi Mangione, el hombre que mató de un tiro al directivo de la sanidad privada Brian Thompson el pasado diciembre. “Fue un asesinato premeditado y a sangre fría” y un “acto de violencia política”, ha justificado Bondi en un comunicado.

“Tras considerarlo detenidamente, he instruido a los fiscales federales que pidan la pena de muerte en este caso, como parte de la agenda del presidente Trump de detener lo delitos violentos y hacer EEUU seguro de nuevo”, ha argumentado Bondi.

Otro de los motivos para pedir la pena capital es el supuesto riesgo para terceros que supuso el asesinato, cometido en la vía pública.

Una de las primeras medidas que tomó Donald Trump al tomar posesión del cargo fue dar una orden genérica a la fiscalía para que reclamase la pena de muerte en los delitos federales más graves. El asesinato de Thompson, consejero delegado de la aseguradora UnitedHealthCare, se produjo en Nueva York, que no ha suprimido formalmente la pena capital, pero que no ejecuta a ningún reo desde 1963.

Al tratarse de un delito federal —entre los cargos que se le achacan a Mangione, que se declaró inocente, está el de terrorismo—sí cabría técnicamente imponérsela, pero esto también es infrecuente; ningún preso ha estado en el corredor de la muerte en Nueva York desde 2007.

El caso de Mangione adquirió enseguida una notoriedad viral con detractores, pero también admiradores que lo señalaron como justiciero contra la muy impopular sanidad privada estadounidense. La primera página del manifiesto escrito por Mangione, que las autoridades encontraron tras detenerlo, ya especificaba el móvil del crimen: “Estos parásitos se lo merecían. Pido disculpas por las molestias y el trauma, pero había que hacerlo”.

La ejecución mediante pelotón de fusilamiento puede convertirse en el principal método para las condenas a muerte en el estado de Idaho, EEUU. La ley, aprobada el miércoles en el Senado llegará esta semana a la oficina del gobernador, que tendrá que decidir si la ratifica.

Los pelotones de fusilamiento ya se contemplan como una alternativa a las ejecuciones desde el año 2023 solo cuando las autoridades no son capaces de obtener las inyecciones letales.

El senador republicano promotor de la legislación justificaba su propuesta ante los intentos fallidos para ejecutar a Thomas Creech, a quien el equipo de ejecución no pudo encontrar una vena adecuada para matarle.

La medida coincide con que este viernes el estado de Carolina del Sur tiene programada la primera ejecución por pelotón de fusilamiento en todo el país en 15 años.

Desde el año 1608, al menos 144 presos han sido ejecutados por disparos en lo que hoy es EEUU, prácticamente todos en el estado de Utah, según recoge la agencia de noticias AP. Desde 1977 solo se han realizado tres.

Solo un senador republicano votó en contra de la ley. Policía jubilado y veterano del ejército, Daniel Foreman dijo que había visto muertes por disparos “y son todo menos humanas”.

En 2024, una serie de casos muy sonados de pena de muerte ha despertado ira e indignación sin precedentes en Estados Unidos. Varios condenados con argumentos creíbles de inocencia han luchado contra sus ejecuciones pendientes en el tribunal de la opinión pública. Este año se han planteado serias dudas sobre la fiabilidad de las condenas a muerte, a raíz de una serie de casos inquietantes. Uno de ellos es el de Marcellus “Khaliifah” Williams, ejecutado por el estado de Misuri mediante inyección letal en septiembre, a pesar de las serias dudas respecto a la solidez de su condena y de una masiva protesta pública que culminó en una petición firmada por 1,5 millones de personas.

Entre los casos más estremecedores está el de un prisionero en Texas, que actualmente está apelando su condena a muerte basada en el “síndrome del bebé sacudido”, una teoría controvertida que muchos expertos rebaten por considerarla pseudocientifica. También el de Richard Glossip, cuya lucha de 27 años por demostrar su inocencia ha impulsado que incluso legisladores estatales republicanos de Oklahoma que están a favor de la pena de muerte se hayan unido a su causa.

El informe anual 2024 de una de las voces más respetadas en la materia, el Centro para la Información sobre la Pena de Muerte (DPI, por sus siglas en inglés) destaca la creciente indignación pública por las alegaciones de inocencia de los presos condenados y el estallido de protestas contra la pena capital en Estados Unidos. El informe se publicó pocas horas antes de la última ejecución del año en Oklahoma, el 19 de diciembre, donde Kevin Ray Underwood murió por inyección letal la mañana del pasado jueves.

Menos de 30 ejecuciones

El informe del DIP señala que, por décimo año consecutivo, se han llevado a cabo menos de 30 ejecuciones en Estados Unidos. El número de nuevas condenas a muerte también se mantuvo en niveles históricamente bajos, con 26 casos.

Estas cifras sugieren que la pena de muerte en Estados Unidos se mantiene en una gradual tendencia a la baja. Sin embargo, otros indicadores indican una reciente y firme determinación por parte de ciertos estados, en su mayoría del sur, que aún aplican la pena capital, lo que está provocando un intenso malestar público.

“En 2024, vimos cómo personas con pruebas creíbles de inocencia eran condenadas a muerte, lo que desató niveles extraordinarios de frustración e indignación pública”, dice Robin Maher, directora ejecutiva del DPI. “Fueron varios casos muy sonados que volvieron a impulsar cuestionamientos sobre si la pena de muerte pueda ser utilizada de manera justa y precisa”.

Las 25 ejecuciones llevadas a cabo este año exhiben de forma clara la desigualdad en la aplicación de la pena capital. Apenas cuatro estados —Alabama, Texas, Misuri y Oklahoma— fueron responsables del 76% de las ejecuciones.

El informe del DPI señala –no sin cierta ironía– que para los estadounidenses que viven en 41 de los 50 estados “la pena de muerte ni siquiera constituye un motivo de preocupación”. Esto en sí mismo es problemático, ya que significa que los devastadores problemas asociados a la pena capital rara vez son abordados en la arena política nacional: la pena de muerte tuvo una presencia mínima en la campaña de las elecciones presidenciales del pasado otoño.

¿Un resurgimiento?

Aunque la pena de muerte parece estar en declive, también está atravesando una especie de resurgimiento. Tres estados —Utah, Carolina del Sur e Indiana— llevaron a cabo este año sus primeras ejecuciones judiciales tras un paréntesis de más de una década. Además, en 2024, nueve estados llevaron a cabo ejecuciones, mientras que en 2023 fueron solo cinco.

Todas las flagrantes desigualdades que históricamente han estado asociadas a esta práctica se han vuelto a poner de manifiesto este año. Casi la mitad de los ejecutados eran personas racializadas, y la gran mayoría había sido condenada por haber asesinado al menos a una víctima blanca.

Todos, salvo uno de los 24 ejecutados, presentaban vulnerabilidades típicas, como discapacidad intelectual y/o daño cerebral, enfermedades mentales graves y un historial de trauma o abuso infantil. Asimismo, los estados demostraron una implacable determinación por sortear las posibles fallas de la pena de muerte recurriendo a métodos experimentales. Alabama se convirtió en el primer estado del país en ejecutar a un condenado mediante hipoxia por nitrógeno al asfixiar a Kenneth Smith con este gas.

El estado ya había intentado matar a Smith, sometiéndolo a un procedimiento de inyección letal fallido que se extendió por horas y que los expertos equipararon con la tortura. “Al no haber podido matar a Smith en el primer intento, Alabama lo seleccionó como su ‘conejillo de indias’ para poner a prueba un método de ejecución nunca antes intentado”, escribió la magistrada del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor en su mordaz texto de disenso.

Pero lo que causó más revuelo este año fue el temor a que imputados potencialmente inocentes fueran enviados a la “cámara de la muerte”. “Marcellus Williams debería seguir con vida”, declaró Wesley Bell, fiscal del condado de San Luis, poco después de que Williams fuera ejecutado en Misuri por el asesinato de Felicia Gayle en 1998. Williams fue ejecutado a pesar de que no había pruebas forenses sustanciales para vincularlo con el crimen. Además, también se descubrió información contundente que revelaba un mal desempeño de la fiscalía.

En Texas, la honda preocupación por la inminente ejecución de Robert Roberson por haber matado a su hija Nikki, de dos años, en virtud de la controvertida teoría del “síndrome del bebé sacudido”, provocó escenas sin precedentes en las que legisladores estatales que se esforzaron por detener la ejecución, incluidos varios republicanos destacados. El Tribunal Supremo de Texas concedió una suspensión a la ejecución cuando faltaban apenas 90 minutos para que Roberson recibiera la inyección letal, después de que este fuera citado por los legisladores a dar testimonio.

Sin embargo, los excepcionales esfuerzos de los legisladores por salvar la vida de Roberson parecen haber tenido un resultado temporal. El Tribunal Supremo del estado dictaminó el mes pasado que la citación no era válida, lo que permitió fijar una nueva fecha para la ejecución.

En Oklahoma, las dudas en torno a la condena a muerte de Glossip también provocaron un intenso examen de conciencia. Glossip fue condenado por el asesinato en 1997 de Barry Van Treese, propietario de un motel de Oklahoma City que Glossip gestionaba.

Glossip fue condenado sobre la base del testimonio de un compañero de trabajo que más tarde admitió que él era el verdadero autor material del crimen. Asimismo, hace poco se dio a conocer que, antes de que se iniciara el juicio, los fiscales destruyeron pruebas que podrían haber exculpado a Glossip.

Las dudas que rodeaban el caso eran tan abrumadoras que el fiscal general de Oklahoma, el republicano Gentner Drummond, admitió que se habían cometido errores inconstitucionales y solicitó que se iniciara un nuevo juicio para Glossip. Actualmente, el caso está siendo examinado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Paralelamente, antes de dejar la Casa Blanca y dar el relevo a Donald Trump, Joe Biden ha decidido conmutar las sentencias de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal. Según el comunicado emitido por la Casa Blanca, se cambiará su castigo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. “Guiado por mi conciencia y mi experiencia”, dice Biden en una declaración hecha pública este lunes, “estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal”. “En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve”.

Traducción de Julián Cnochaert.

Joe Biden ha conmutado las penas de 37 de los 40 presos en el corredor de la muerte federal, cambiando su castigo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La decisión se produce tras un mes de presión por parte de activistas que advertían de que el presidente electo Donald Trump respalda la pena de muerte y reanudó las ejecuciones federales durante su primer mandato tras una pausa de casi dos décadas.

“No se equivoquen: condeno a estos asesinos, me duelen las víctimas de sus actos despreciables y me duelen todas las familias que han sufrido una pérdida inimaginable e irreparable”, dice Biden en una declaración hecha pública este lunes. “Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia como abogado, presidente del Comité Judicial del Senado, vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal. En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve”.

Los afectados por la medida

Entre los afectados se encuentra Len Davis, expolicía de Nueva Orleans que dirigió una red de protección antidroga en la que participaban otros agentes y organizó el asesinato de una mujer que presentó una denuncia por brutalidad contra él.

También se ha conmutado la pena a Norris Holder, condenado a muerte por el atraco a un banco en el que murieron dos hombres y un guardia de seguridad. Según la fiscalía, Holder podría no haber efectuado el disparo mortal.

La medida de clemencia se aplica a todos los presos federales condenados a muerte, excepto a tres condenados por terrorismo o asesinato masivo motivado por el odio: Dzhokhar Tsarnaev, condenado por perpetrar el atentado del maratón de Boston de 2013; Dylann Roof, que mató a tiros a nueve miembros de una iglesia negra en Charleston (Carolina del Sur) en 2015; y Robert Bowers, que irrumpió en una sinagoga en el corazón de la comunidad judía de Pittsburgh y mató a 11 fieles en 2018.

El pasado sábado, Madeline Cohen, abogada de Holder, declaró al Washington Post: “Muchos de los condenados a muerte a nivel federal fueron procesados durante una época política caldeada y un enfoque de mano dura excesivamente entusiasta que demostró ser profundamente erróneo. Se trata de una época diferente y de las lecciones que aprendimos de ella”. Eso es parte de lo que el presidente Biden reflexionará cuando tome esta decisión.

La mayoría de los 40 hombres recluidos en el corredor de la muerte federal son personas racializadas, y el 38% son negros, según contó previamente a The Guardian Robin Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Casi uno de cada cuatro hombres tenía 21 años o menos en el momento de cometer el delito.

El giro de Biden

Como senador, Biden defendió en 1994 un proyecto de ley penal que ampliaba la pena de muerte federal a 60 nuevos delitos. Se jactó: “Yo soy quien puso estas penas de muerte en este proyecto de ley”. En la actualidad, se considera en general que la legislación contribuyó al encarcelamiento masivo, que afectó especialmente a los hombres negros, y muchos de los que actualmente están en el corredor de la muerte fueron condenados en virtud de sus disposiciones.

Pero durante su campaña para las elecciones presidenciales de 2020, Biden dio marcha atrás en su prolongado apoyo a la pena capital, comprometiéndose a eliminarla a nivel federal. Alegó su preocupación por las condenas erróneas y las disparidades raciales en el sistema judicial.

El Gobierno de Biden impuso en su día una moratoria sobre las ejecuciones federales. La Casa Blanca dijo que la última medida de Biden impediría a la próxima administración llevar a cabo las sentencias de ejecución que no se aplicarían en virtud de la política y la práctica actuales.

Bajo Trump, fueron ejecutadas más personas encarceladas en el sistema federal que bajo los 10 presidentes anteriores juntos.

Más indultos

Según la Casa Blanca, Biden ha emitido más conmutaciones en este momento de su presidencia que cualquiera de sus predecesores recientes en el mismo punto de sus primeros mandatos. A principios de este mes anunció indultos para unos 1.500 estadounidenses –la mayor cantidad jamás concedida en un solo día– que han demostrado una rehabilitación exitosa y un compromiso para hacer que sus comunidades sean más seguras.

Biden es también el primer presidente que concede indultos categóricos a personas condenadas por simple consumo y posesión de marihuana y a antiguos militares LGTBQ condenados por conducta privada debido a su orientación sexual.

A principios de este mes, el presidente provocó un revuelo político al indultar a su hijo Hunter por delitos federales de tenencia de armas e impuestos que podrían haberle llevado a la cárcel. Biden, que dejará el cargo el 20 de enero, había prometido en repetidas ocasiones no conceder tal indulto.

“Utilicemos al menos un porcentaje fijo del dinero empleado en los armamentos para la constitución de un fondo mundial que elimine definitivamente el hambre y facilite en los países más pobres actividades educativas dirigidas a promover el desarrollo sostenible, contrastando el cambio climático”. El Papa Francisco ha lanzado este jueves un llamamiento a la comunidad internacional para lograr, durante el Jubileo 2025, que se condone la deuda externa, se acabe con la pena de muerte y se utilice parte del dinero invertido en la industria armamentística en acabar con la pobreza en el mundo.

En su tradicional mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el próximo 1 de enero, Francisco invita a los líderes mundiales a “escuchar el grito de la humanidad amenazada” por la guerra, la injusticia climática, el hambre y la polarización, y así “superar los errores del pasado para construir nuevos caminos de paz”.

“Debemos buscar que se elimine todo pretexto que pueda impulsar a los jóvenes a imaginar el propio futuro sin esperanza, o bien como una expectativa para vengar la sangre de sus seres queridos”, recalca Francisco en su escrito, en el que propone “tres acciones posibles” que permitan, con la excusa del Año Jubilar lanzado por la Iglesia para conmemorar los 1.700 años del Concilio de Nicea, “restaurar la dignidad en la vida de poblaciones enteras y volver a ponerlas en camino sobre la vía de la esperanza, para que se supere la crisis de la deuda y todos puedan volver a reconocerse deudores perdonados”.

En primer lugar, la condonación de la deuda, y “el desarrollo de una nueva arquitectura financiera, que lleve a la creación de un Documento financiero global, fundado en la solidaridad y la armonía entre los pueblos”. En segundo término, “un compromiso firme para promover el respeto de la dignidad de la vida humana”, con un gesto que va más allá de la tradicional oratoria contra el aborto o la eutanasia, reclamando “la eliminación de la pena de muerte en todas las naciones”. Finalmente, la creación de un fondo, cuyo importe se cobre a la industria armamentística, que vaya destinado a una estrategia global para erradicar el hambre en el mundo.

“Como las élites en el tiempo de Jesús, que se aprovechaban de los sufrimientos de los más pobres, así hoy en la aldea global interconectada, el sistema internacional, si no se alimenta de lógicas de solidaridad y de interdependencia, genera injusticias, exacerbadas por la corrupción, que atrapan a los países más pobres”

“También nosotros nos sentimos llamados a ser voz de tantas situaciones de explotación de la tierra y de opresión del prójimo” señala el Papa, quien denuncia la “complicidad extendida” en el mundo, y que se traduce en “el trato deshumano que se da a las personas migrantes, la degradación ambiental, la confusión generada culpablemente por la desinformación, el rechazo de toda forma de diálogo” o “las grandes inversiones en la industria militar”.

“Vivimos en una lógica de explotación, donde el más fuerte pretende tener el derecho de abusar del más débil”, añade. “Como las élites en el tiempo de Jesús, que se aprovechaban de los sufrimientos de los más pobres, así hoy en la aldea global interconectada, el sistema internacional, si no se alimenta de lógicas de solidaridad y de interdependencia, genera injusticias, exacerbadas por la corrupción, que atrapan a los países más pobres”, denuncia Francisco, quien vuelve a repetir que “la deuda externa se ha convertido en un instrumento de control” con el que los países más ricos “no tienen escrúpulos de explotar de manera indiscriminada los recursos humanos y naturales de los países más pobres”.

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