El Parlamento israelí (Knéset) ha aprobado este lunes por 68 votos contra 42 una ley que introduce la pena de muerte por ahorcamiento como castigo por “actos de terrorismo”, definidos de forma vaga. La ley ha sido considerada discriminatoria por organizaciones de derechos humanos, expertos de la ONU y Gobiernos europeos ya que –en la práctica– se aplicaría casi exclusivamente a los palestinos, tanto en Israel como en los territorios ocupados.

La organización israelí BTselem ha asegurado que la nueva ley “está redactada para aplicarse únicamente a los palestinos y tiene como objetivo normalizar el asesinato de palestinos como una herramienta de castigo colectivo”.

Tanto esta ONG como otras israelíes e internacionales habían rechazado el proyecto de ley, así como expertos de Israel, que con esta legislación amplía los casos en los que se puede aplicar la pena de muerte, 70 años después de haberlos limitado. La pena capital para los delitos comunes fue abolida en 1954 y se mantuvo para los crímenes de genocidio o traición. La única ejecución que ha llevado a cabo el Estado hebreo tuvo lugar en 1962 y el sentenciado a muerte fue Adolf Eichmann, considerado uno de los ideólogos del Holocausto, quien fue juzgado en Jerusalén después de haber sido capturado por agentes del servicio de Inteligencia exterior israelí (Mosad) en Argentina en 1960.

Por su parte, Ori Aronson, profesor de Derecho asociado de la Universidad Bar-Ilan de Israel, explica a elDiario.es que, a pesar de que se hayan introducido algunos cambios durante la tramitación de la ley en los pasados meses, sigue siendo “discriminatoria” por distintos motivos.

El experto detalla que Israel tiene dos sistemas judiciales separados: uno para sus ciudadanos y residentes (incluidos los ciudadanos árabes, que son el 20% de la población) y otro para los palestinos en Cisjordania. “En Israel, el sistema es civil y penal; en Cisjordania es un sistema de tribunales militares”, dice y agrega que la pena de muerte se aplicaría de forma distinta en los dos sistemas.

“En los tribunales civiles, la pena de muerte se aplicaría a los casos de asesinato en el contexto de una acción terrorista, llevada a cabo con el propósito de negar la existencia del Estado” de Israel, señala Aronson, mientras que en los tribunales militares se aplicaría a todos los casos. El profesor –miembro del Foro de Profesores de Derecho para la Democracia– especifica que en Cisjordania afectaría sólo a los residentes palestinos (unos 3 millones), no a los más de medio millón de colonos israelíes que viven en los asentamientos y que perpetran ataques violentos contra los palestinos, con un número cada vez mayor de víctimas mortales.

BTselem ha señalado que “los jueces militares deberán condenar a muerte a los palestinos declarados culpables de asesinato, salvo en 'circunstancias especiales'”. Además, bastará con una mayoría simple de los jueces y las vías para apelar serán “extremadamente limitadas”. La ONG israelí recuerda que el 96% de los palestinos juzgados en tribunales militares son condenados, muchas veces por “confesiones obtenidas bajo coacción y tortura durante los interrogatorios”.

La ONG Human Rights Watch ha asegurado que si bien “las autoridades israelíes sostienen que la imposición de la pena de muerte responde a una cuestión de seguridad, en realidad, afianza la discriminación y un sistema de justicia de dos niveles, ambos característicos del apartheid”. Además, ha denunciado que “la ley pretende ejecutar a los detenidos palestinos con mayor rapidez y menor escrutinio”, debido a las restricciones para apelar y al plazo de 90 días para aplicar la pena.

Una de las pocas voces contrarias en el Parlamento, el bloque político árabe-israelí Hadash-Ta’al, ha denunciado que, con la aprobación de la ley, “el Gobierno admite que el Estado de Israel mantiene dos sistemas jurídicos distintos basados en la nacionalidad y la raza: uno que permite la ejecución de árabes y otro que otorga protección e inmunidad a delincuentes judíos”.

Varios parlamentarios de Hadash-Ta'al y organizaciones de derechos humanos palestinas e israelíes han presentado una petición urgente al Tribunal Supremo de Israel para solicitar que declare la nueva ley “inválida”, según ha anunciado en un comunicado la organización Adalah, agregando que “la ley consagra la pena de muerte por ahorcamiento. Está dirigida principalmente a los palestinos, tanto ciudadanos de Israel como residentes de la Cisjordania ocupada, incluida Jerusalén Este”.

Aronson se muestra preocupado por las consecuencias que puede tener “la aplicación de la pena más severa de una forma discriminatoria”. Asimismo, lamenta que, en este caso, la legislación parece ser una “venganza pública”, por lo que hay temores de que “incite más odio en lugar que tener un efecto positivo” en la sociedad israelí.

“Los israelíes están muy traumatizados después del 7 de octubre y las heridas no han empezado aún a sanar; este tipo de medidas no parecen que vayan a sanar esas heridas sino a incitar más odio y rabia”, reflexiona el profesor de Derecho. “Es una trayectoria muy preocupante para un país que está muy polarizado, donde las emociones están a flor de piel y hay emociones muy fuertes y negativas entre los judíos y los palestinos dentro de Israel. Las medidas deberían ir en la dirección opuesta, hacia la reconciliación”, concluye.

Los legisladores que han impulsado las enmiendas apelan directamente a los deseos de venganza después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023 –en los que fueron asesinados unas 1.200 personas en Israel y más de 250, secuestradas–. Uno de los argumentos esgrimidos es que, si un terrorista es ejecutado, no podría ser liberado en futuros acuerdos de intercambio de presos con los grupos palestinos como Hamás, que a lo largo de las últimas dos décadas ha negociado la puesta en libertad de miles de prisioneros (incluidos destacados miembros de su brazo armado) por rehenes israelíes, militares o civiles.

Precisamente, Hamás ha rechazado la ley y ha dicho en un comunicado que “refleja la naturaleza sanguinaria de la ocupación” israelí, agregando que “sienta un precedente peligroso que amenaza las vidas de nuestros prisioneros heróicos en las cárceles” de Israel.

También más de diez expertos y relatores especiales de Naciones Unidas mostraron su preocupación durante la tramitación de la ley, destacando que tanto en los tribunales civiles como en los militares se aplicarían “definiciones vagas y excesivamente amplias de delitos terroristas según la legislación israelí, que pueden incluir conductas que no sean genuinamente terroristas”. Por ejemplo, la pena de muerte se aplicaría a los homicidios involuntarios, si son cometidos en el marco de “actos terroristas”. 

“Dado que los juicios militares israelíes de civiles no suelen cumplir con los estándares de un juicio justo según el derecho internacional, cualquier condena a muerte resultante violaría aún más el derecho a la vida”, afirman los expertos y relatores. Además, la legislación “restringe aún más el acceso a la asistencia jurídica, no establece un proceso de apelación eficaz y elimina la supervisión externa efectiva, lo que socava aún más el derecho a un juicio justo”. Y agregan: “La negación de un juicio justo también constituye un crimen de guerra”.

Antes de su aprobación, los ministros de Exteriores de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido instaron en un comunicado conjunto a los legisladores y al Gobierno israelíes que dieran marcha atrás, expresando su preocupación por “el carácter discriminatorio de facto de este proyecto de ley”, que fue promovido por el partido ultraderechista Poder Judío, encabezado por el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir.

Una investigación de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) identifica las primeras formas de pena de muerte en el noroeste de la península ibérica entre los siglos VIII y XII: horca, el fuego, precipitación, decapitación y crucifixión.

El investigador de la Facultade de Historia y del Instituto de Investigación de Humanidades de la USC Abel de Lorenzo Rodríguez ha desarrollado su investigación doctoral publicado por Comares en el libro 'La horca y el fuego. Una historia social de la pena de muerte en Hispania (700-1200)'.

Según informa la USC en un comunicado, realiza un minucioso análisis documental sobre víctimas y verdugos, con nombres y vidas que se pudieron rastrear históricamente. Identifica las principales formas de pena de muerte en el noroeste ibérico en el periodo de transición que va del fin de la Antigüedad hasta la plena Edad Media, muchas de ellas del Reino de Galicia.

El estudio versa sobre cómo la justicia actuaba de diferentes formas en los cuerpos de los condenados, especialmente en cómo se creó el fundamento de las ejecuciones en los reinos cristianos peninsulares. De este modo, retrata los perfiles sociales de la gente que padece este tipo de condenas y cómo se originan: “Tanto la inspiración que las mueve a ser ejecutadas como las negociaciones y conflictos sociales que aparece en la justicia penitenciaria analizada aquí desde abajo”.

En la investigación también aborda el cambio a lo largo del tiempo de unos castigos por otros, de unas formas de matar por otras y la importancia que la memoria y la sociedad guardaban de este tipo de formas de ejecución. “También investigo sobre la identidad que reside, especialmente religiosa, pero también de clase, criminal o de género, a la hora de aplicar una ejecución u otra”, explica Abel de Lorenzo .

Las luces de neón de la cárcel parpadean en la sala abarrotada. Es el comienzo de un nuevo día en la ciudad de Tabuk, en el extremo norte de Arabia Saudí, y los presos esperan. Cuando entran los guardias, saben que se llevarán a uno de ellos. Una veintena de guardias del pelotón de ejecución se acerca a un recluso en silencio. Le susurra algo al oído y lo escolta fuera. Algunos de los prisioneros que se han quedado en la sala rompen a llorar. Otros simplemente piden perdón.

Así es el destino para cientos de extranjeros condenados en Arabia Saudí por delitos no violentos relacionados con drogas. Algunos de ellos supuestamente traficaron a cambio de unos pocos cientos de dólares.

En los últimos cuatro meses, el periódico The Guardian ha estado entrevistando a familiares de migrantes egipcios recluidos en Tabuk, la famosa cárcel “de la muerte”. Los parientes han revelado confesiones forzosas, torturas y la imposibilidad de pagar a los abogados defensores.

Según organizaciones de derechos humanos, es probable que muchos de los condenados a muerte fueran inocentes o forzados a traficar con drogas. Jeed Basyouni, de la ONG Reprieve, afirma que “son pobres, marginados y nadie los escucha”.

Esperanzas de reforma frustradas

En 2021 hubo una suspensión temporal en las ejecuciones de presos condenados por drogas, lo que generó esperanzas de una reforma bajo el mandato del príncipe heredero Mohammed bin Salmán, dirigente de facto del reino. Pero esa suspensión se levantó en noviembre de 2022 y, desde entonces, se ha producido un aumento “terrible” en el número de ejecuciones en Arabia Saudí.

Según los datos de Reprieve, un mínimo de 274 ciudadanos extranjeros han sido ejecutados desde principios de 2024 en el reino por delitos relacionados con drogas. Después de China y de Irán, Arabia Saudí es el país que ejecuta a más condenados en todo el mundo.

A finales de 2024, las autoridades de la cárcel de Tabuk comenzaron a trasladar a un pabellón separado a los prisioneros condenados a muerte. Una zona que es conocida como “el pabellón de la muerte”.

Cuando una de nosotras tiene noticias de un hijo, de un hermano o de un marido, lo publica en el grupo para hacernos saber que siguen vivos

Madre de Youssef

Otro cambio de los últimos tiempos tiene que ver con no avisar a los reclusos sobre su inminente ejecución con antelación suficiente para ducharse y llamar a sus seres queridos. Según algunas familias, ahora solo son informadas una vez que se ha llevado a cabo la ejecución. Se cree que la mayoría de los ejecutados son decapitados, pero no hay certeza porque las familias no reciben los cuerpos, solo les entregan un certificado de defunción.

Ahmed Younes Al Qayed tenía 32 años y trabajaba en un hotel de Arabia Saudí cuando, en noviembre de 2016, lo detuvieron acusado de tráfico de drogas. En diciembre de 2024, Al Qayed figuraba en el grupo de 33 egipcios recluidos en el nuevo pabellón, todos ellos condenados a muerte por delitos no violentos relacionados con drogas.

Al Qayed había comenzado a creer que sobreviviría después de que Arabia Saudí anunciara la suspensión de las ejecuciones. Según sus familiares, un abogado designado por el tribunal dijo que la sentencia se conmutaría por cadena perpetua. Pero las ejecuciones comenzaron poco después de la llegada del prisionero al “pabellón de la muerte” de Tabuk. Estaba claro que nadie iba a ser perdonado.

De los 33 egipcios que el pasado mes de diciembre vivían en el pabellón, 25 ya han sido ejecutados por condenas relacionadas con el tráfico de drogas. Los últimos dos, Mohamed Saad y Omar Sherif, el pasado octubre.

El final para Al Qayed llegó el 3 de diciembre de 2024, cuando la puerta de la celda se abrió y los guardias se acercaron tranquilamente a él y a otros dos egipcios. Otros reclusos cuentan cómo sus corazones comenzaron a latir con fuerza cuando los tres fueron escoltados fuera. Al Qayed fue el primero del grupo en morir.

La familia del preso ejecutado todavía está tratando de olvidar el tormento de sus últimos días. “Vivíamos al límite”, dice su primo Hazem. Las autoridades saudíes no han devuelto el cuerpo y sus familiares no saben dónde está enterrado.

El sufrimiento de las familias

Youssef* es uno de los que aún esperan un indulto en Tabuk. Su madre, su único vínculo con el exterior, revisa cada hora el teléfono esperando la llamada diaria. Ella escucha sus historias y sus miedos y trata de calmarlo.

Antes de ser detenido, Youssef trabajaba como pescador y buceador en la costa egipcia del mar Rojo. Las autoridades saudíes sostienen haberlo encontrado en aguas territoriales saudíes, cerca de un neumático flotante con una gran cantidad de drogas. Fue condenado a muerte por tráfico de drogas.

La madre de Youssef entra en pánico cuando no llega la llamada diaria. Ha encontrado algo de consuelo en un grupo de WhatsApp creado por familiares de egipcios condenados a muerte en Arabia Saudí. Allí comparten noticias, miedos y pequeñas palabras de ánimo. “Cuando una de nosotras tiene noticias de un hijo, de un hermano o de un marido, lo publica en el grupo para hacernos saber que siguen vivos”, dice.

Pero las noticias no son siempre esperanzadoras. Durante el último año han llegado más noticias de ejecuciones. Recientemente, Youssef dejó de llamar. Lo habían hospitalizado porque se negaba a comer. No era la primera vez que sufría una crisis de salud mental. Su madre dice que en Egipto ya había recibido tratamiento psiquiátrico.

“Hagan algo... no por mí, el martes seré ejecutado, háganlo por los otros 32 egipcios, nos van a ejecutar a todos”, decía un mensaje de WhatsApp que Youssef mandó a su abogado justo antes de la ejecución de Al Qayed.

Según los familiares que hablaron con The Guardian, algunos reclusos han sido torturados para confesar. La hermana de un preso declaró que un hombre detenido al mismo tiempo que su hermano confesó bajo coacciones extremas. “El otro hombre le dijo [a mi hermano] ‘si me pidieran que confesara un asesinato, lo haría’”. Su hermano nunca confesó, agregó la mujer.

La mayoría de las familias dicen que no pueden permitirse un abogado y que sus familiares no han tenido un juicio justo. La madre de uno de los presos afirmó que pagó 11.000 dólares [más de 9.500 euros] por un abogado privado que, según ella, no presentó pruebas clave. Después, su hijo le pidió que no contratara a nadie más. “Guarda el dinero para mis hermanas, si mi destino es morir, moriré”, le dijo su hijo.

La madre de Youssef se aferra a la esperanza de que le perdonen la vida. “Cuando regrese, lo celebraremos y todo el mundo estará invitado”. Su hijo tuvo un sueño en el que unas personas trataban de matarlo, pero él lograba escapar. “Es una señal divina, vas a sobrevivir”, le dijo ella a Youssef cuando él se lo contó.

La hermana de otro preso todavía no le ha contado a su madre la verdad sobre la condena a muerte de su hermano. “Cuando muera, le diré que falleció de forma natural, no puede saber que fue ejecutado, no hizo nada para merecerlo”.

*Nombre ficticio para proteger su identidad

El proyecto de ley para aplicar la pena de muerte contra “terroristas” acusados de asesinar a ciudadanos israelíes pasó este lunes noche la primera lectura –de un total de tres– en el pleno de la Knéset (Parlamento israelí), al ser aprobado con 39 diputados a favor y 18 en contra.

El proyecto, cuyo promotor es Poder Judío, el partido del ministro ultraderechista Itamar Ben Gvir, prevé aplicar la pena de muerte a aquellas personas clasificadas como “terroristas” por Israel que causaran “la muerte de un ciudadano israelí por motivos de racismo u hostilidad hacia la población, con el objetivo de perjudicar al Estado de Israel y la resurrección del pueblo judío en su tierra”, informó la Knéset en un comunicado.

Además, según dicho proyecto, que aún tiene que ser aprobado de nuevo en comisión y luego en dos nuevas votaciones en pleno, dicha pena de muerte la podrán aplicar tribunales militares israelíes en el territorio palestino de Cisjordania “por mayoría simple de los jueces del tribunal de primera instancia”, y no por unanimidad, y además “no podrá ser conmutada” por otra pena inferior.

Durante el pleno en el que se discutió la ley, que según denuncian las organizaciones palestinas afectaría sobre todo a ciudadanos palestinos, el ministro radical Ben Gvir afirmó que, de ser aprobada definitivamente, “será la más importante en la historia del Estado de Israel”. “Todo terrorista lo sabrá: esta es la ley que disuadirá. Es la ley que infundirá temor”, dijo Ben Gvir.

El debate de la ley desembocó en un enfrentamiento frontal entre Ben Gvir y el diputado Ayman Odeh, de origen palestino.

Las ONG critican la ley

En un comunicado, varias asociaciones de derechos humanos palestinas, entre ellas el Centro Palestino de Derechos Humanos y la Comisión Independiente de Derechos Humanos, destacó que, de aprobarse, “el proyecto de ley impondría la pena capital a cualquier persona que asesine a un israelí por motivos nacionalistas”.

Denuncian que “el aspecto más peligroso del nuevo proyecto de ley es su aplicación retroactiva, una práctica sin precedentes en cualquier proceso legislativo, especialmente en derecho penal”, donde la retroactividad de las reformas legales solo se suele aplicar para las que sean más beneficiosas para el reo.

Para las organizaciones palestinas, el proyecto “pretende legitimar ejecuciones masivas contra cientos de detenidos palestinos, en particular miembros de las Brigadas Al Qasam (brazo armado de Hamás), arrestados a partir del 7 de octubre de 2023”.

“Por lo tanto, el objetivo principal de la legislación propuesta es satisfacer un deseo de venganza o represalia, en lugar de disuadir o prevenir futuras acciones”, añaden.

Las autoridades israelíes utilizan la calificación de 'terrorista' para referirse palestinos que atacan a sus soldados o a los colonos que residen ilegalmente en Cisjordania, además de a aquellos que perpetran auténticos atentados en territorio israelí.

Ben Gvir, a cargo de la cartera de Seguridad Nacional en Israel, ha promovido también un endurecimiento de las condiciones de los presos palestinos, que denuncian habitualmente sufrir abusos e incluso torturas, así como privación del sueño, alimento o la higiene. 

El 27 de septiembre de 1975, dos meses antes de la muerte del dictador Francisco Franco, el Estado ejecutó las últimas sentencias de muerte que se han aplicado en España. 50 años después, el Congreso albergará un acto público sobre los cinco últimos ajusticiados por el franquismo y el contexto histórico en el que se produjo su ejecución. Será este próximo jueves, pero ni PP ni Vox estarán presentes en el acto institucional.

“Eran terroristas”, ha justificado la portavoz del PP, Ester Muñoz, en una rueda de prensa en el Congreso. Las condenas a muerte de la dictadura dieron por sentado que, efectivamente, los cinco fusilados pertenecían al FRAP y a ETA-PM, algo que está en duda por parte de algunos historiadores.

“Hemos conocido por un medio de comunicación que en ese homenaje las cinco personas que se va a homenajear son cinco terroristas, tres del Frap y dos de ETA”, ha asegurado Ester Muñoz, aunque la teórica filiación de los cinco fusilados se conoce desde hace cinco décadas porque precisamente su militancia fue lo que provocó su condena a muerte.

“No discuto que puedan ser consideradas víctimas del régimen”, ha asegurado Muñoz, quien ha obviado la palabra “dictadura” o referencias a Franco. “Pero lo que desde luego discuto es que sean héroes que merezcan un reconocimiento”, ha añadido.

Las ejecuciones en los estertores del franquismo supusieron una gran polémica internacional. Medios de comunicación de todo el mundo denunciaron el proceso sumarísimo y sin garantías judiciales para los acusados, y los países aliados de España presionaron a la agonizante dictadura para evitar los fusilamientos.

No hubo lugar, y la dictadura culminó sus últimas ejecuciones. “El PP no va a estar convirtiendo en héroes a cinco terroristas”, ha concluido Muñoz.

Un diálogo entre escritores

El acto previsto para este jueves ni siquiera es un “homenaje” en puridad, tal y como lo ha descrito Ester Muñoz. Aunque el programa no está terminado, fuentes parlamentarias aseguran que está prevista “una conversación de unos escritores sobre un periodo fundamental de nuestra historia reciente” y que se ha planteado como “una oportunidad de acercarnos, desde la repulsa radical de toda forma de violencia, a un periodo histórico poco conocido y reflexionar sobre las últimas ejecuciones del franquismo y sobre aquel repunte de violencia de esos años para poder hacernos así preguntas pertinentes sobre el pasado, el presente y el futuro”.

En el marco del día de las víctimas del golpe militar, la guerra y la dictadura, se organizará en el Congreso de los Diputados, a las 18 horas en la sala de Pasos Perdidos, esa conversación acerca de los últimos momentos de la dictadura, entre los escritores Aroa Moreno Durán y Roger Mateos, que tienen libros sobre los últimos fusilamientos del franquismo, centrados en los miembros del FRAP.

Desplegar la Guardia Nacional, armar a los soldados que patrullan las calles, crear una unidad especial militar para gestionar los casos de “desorden público” y ahora ampliar la pena capital. Donald Trump ha dicho este martes que buscará ampliar la pena de muerte para los casos de homicidio que se cometan en Washington. La afirmación no deja de ser una provocación más en medio de la militarización del Distrito de Columbia.

“Si alguien mata a alguien en la capital, Washington, DC, buscaremos la pena de muerte, y eso es un elemento muy fuerte de prevención y todo el mundo que lo ha escuchado está de acuerdo”, ha afirmado el presidente durante la reunión de gabinete con el resto de secretarios. “No hay otra opción”, ha dicho.

Las palabras del presidente buscan reforzar su imagen de “orden y ley” que quiere transmitir con su campaña contra el supuesto crimen que azota la ciudad, a pesar de que las estadísticas de criminalidad habían bajado desde 2023. Gracias a este relato, Trump ha declarado la “emergencia criminal” en el Distrito de Columbia que le ha permitido desplegar la Guardia Nacional y poner la policía local bajo control federal.

De hecho, la narrativa de la inseguridad es la que está usando para amenazar a otras grandes ciudades demócratas - como Chicago y Nueva York- con desplegar ahí también la Guardia Nacional. Sobre esto, Trump lo ha planteado como si fuera una pura casualidad: “Justamente las ciudades de las que hablamos [sobre desplegar la Guardia Nacional] son demócratas”. Más allá del gesto autoritario que supone el uso del ejército para asuntos domésticos, Trump parece que está haciendo toda esta campaña con el objetivo de preparar el terreno para las elecciones del año que viene.

“Creo que el crimen será el gran tema de las midterms [elecciones de medio mandato de 2026] y será el gran tema para las siguientes elecciones”, ha afirmado ante los periodistas el presidente. Trump ha apuntado cómo pretende marcar la agenda y el marco de las legislativas del año que viene. Ahora que el republicano no puede capitalizar el malestar de la población por la inflación - porque él es quien gobierna y según él ahora la economía está “floreciendo”-, Trump busca otra arena desde donde pueda usar el populismo para sumar votos que le permitan mantener el control del Congreso. Paralelamente, ya ha puesto en marcha la maquinaria para modificar los mapas electorales en su favor.

En Washington está prohibida la pena de muerte para delitos locales, pero sigue siendo aplicable para ciertos crímenes, según la ley federal. La actuación de los federales en la ciudad ha hecho que muchos casos que habrían pasado como ofensas menores, se hayan convertido en crímenes federales. De aplicarse la pena de muerte, tal como ha pedido el presidente este martes, aumentaría drásticamente el número de acusados en el corredor de la muerte federal, cuyos casos suelen tardar muchos años en resolverse.

Una de las primeras órdenes ejecutivas que firmó Trump al llegar a la Casa Blanca en la que instruía buscar la pena de muerte “cuando sea posible” y cuando involucre “el asesinato de un agente del orden público; o un delito capital cometido por un extranjero ilegalmente en este país”.

En febrero, la fiscal general Pam Bondi, levantó la pausa establecida durante la presidencia de Joe Biden sobre la mayoría de las ejecuciones federales, y el Departamento de Justicia bajo Trump ya ha dicho que buscará la pena de muerte en el caso de Luigi Mangione, acusado de haber asesinado al ejecutivo de UnitedHealth Brian Thompson el año pasado.

Japón ejecutó este viernes a Takahiro Shiraisi, conocido popularmente como el 'asesino de Twitter', que mató y descuartizó a nueve personas en 2017, adelantó la cadena pública NHK citando a fuentes gubernamentales.

Shiraishi, de 34 años, fue condenado a muerte por asesinar, desmembrar y almacenar los cuerpos de las víctimas en su domicilio en la localidad de Zama, en la prefectura de Kanagawa, a unos 45 kilómetros de Tokio. Las víctimas, ocho mujeres y un varón de entre 15 y 26 años, fueron asesinadas entre agosto y octubre de 2017.

El asesino se fijaba en personas que manifestaban pensamientos suicidas en redes sociales y las atraía a su piso para matarlas.

El Ministerio de Justicia, Keisuke Suzuki, dijo tras la ejecución que el caso había causado “gran conmoción y ansiedad en la sociedad por la pérdida de nueve valiosas vidas humanas para satisfacer las propias necesidades sexuales y económicas” del reo.

“La sentencia de muerte se ejecutó tras un juicio exhaustivo. A la luz de los hechos expuestos, he ordenado la ejecución tras la máxima consideración. La pena de muerte es un castigo extremadamente grave que priva de la vida a una persona, por lo que, por supuesto, debemos abordarla con cautela”, añadió el ministro.

Shiraishi fue ejecutado por la mañana en la prisión de la capital en el que se encontraba recluido. Se trata de la primera ejecución en el país asiático desde julio de 2022. También es la primera desde que tomó posesión el primer ministro Shigeru Ishiba.

El abogado de Takahashi y principal defensor en el caso, Akira Omori, dijo tras la ejecución que esta fue “repentina” y pidió tiempo para reflexionar al respecto, según declaraciones recogidas por la cadena estatal.

Durante el juicio, el principal punto de debate entre la acusación y la defensa fue si el acusado tuvo el consentimiento de las víctimas.

La defensa había pedido que se evitara la pena de muerte con el argumento de que su defendido solo era culpable de homicidio con consentimiento, porque tenía la aprobación tácita de las víctimas en los mensajes que le habían enviado con anterioridad.

El testimonio de Shiraishi, en el que señaló que los fallecidos se resistieron al estrangulamiento, contribuyó a desmontar su defensa. También el hecho de que les robara dinero y agrediera sexualmente a las víctimas mujeres, según detalles recogidos por NHK y la agencia de noticias Kyodo.

Shiraishi contactó con sus víctimas femeninas a través de Twitter (ahora X) y las atrajo a su domicilio con ofertas para ayudarlas a morir.

El único hombre asesinado fue la pareja de una de las mujeres, quien se puso en contacto con él tras la desaparición de su novia, que el criminal ya había asesinado.

Shiraishi declaró que no tenía intención de recurrir la sentencia, incluso si se trataba de la pena capital.

Con la ejecución de hoy, el número de presos condenados a muerte en cárceles de todo Japón es de 105, de los cuales 49 buscan que se repita el juicio.

Abdulmajeed al Nimr tenía 59 años y cuatro hijos cuando fue ejecutado el pasado agosto en Arabia Saudí. La versión oficial que publicó la agencia de noticias estatal del país es que los cargos estaban relacionados con su supuesta unión a una célula terrorista afiliada a Al Qaeda. Sin embargo, varias ONG denunciaron que el objetivo era silenciar la disidencia política. En una muestra de falta de transparencia de las autoridades saudíes, Amnistía Internacional (AI) revisó documentos judiciales que reflejaron, al principio, su participación en protestas.

Arabia Saudí es uno de los tres países –junto a Irak e Irán– que están detrás del repunte de las ejecuciones por pena de muerte registradas en todo el mundo en 2024, según el informe anual de la organización especializada, publicado este martes. De acuerdo con las cifras recopiladas por AI, las ejecuciones alcanzaron el año pasado la cifra más alta desde 2015, con más de 1.500 personas ejecutadas. En concreto, se registraron 1.518 en 15 países, un incremento del 32% respecto de las 1.153 conocidas en 2023 y la cantidad más elevada desde la cifra“ excepcionalmente alta” de 2015, cuando la organización tuvo conocimiento de 1.634 ejecuciones.

Solo Arabia Saudí, Irán e Irak llevaron a cabo 1.380 ejecuciones, aproximadamente el 91% del total “violando derechos humanos y segando cruelmente vidas por cargos relacionados con drogas o terrorismo”, critica en una nota de prensa Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional. En este sentido, la organización recoge en su informe que, en algunos países de la región de Oriente Medio, las condenas a muerte se están usando para acallar a defensores de los derechos humanos, disidentes, manifestantes, oponentes políticos y minorías étnicas. “Quienes se atreven a cuestionar a las autoridades se exponen al más cruel de los castigos, especialmente en Irán y Arabia Saudí, donde la pena de muerte se usa para silenciar a quienes son lo bastante valientes para alzar la voz”, subraya Callamard.

La ONG pone el ejemplo de Irán, que sigue utilizando de la pena de muerte para castigar a personas por desafiar el poder durante las protestas del movimiento ‘Mujer, Vida y Libertad’ que sacudieron el país en 2022 tras la muerte bajo custodia policial de Mahsa Amini, una joven kurda que había sido arrestada por incumplir las normas que regulan el uso del hijab. AI recuerda los casos de dos personas ejecutadas en relación con ellas después de “juicios sin garantías y de ‘confesiones’ empañadas por la tortura”. En total, Irán ejecutó en 2024 a 972 personas, 119 más que el año anterior.

Así, en 2024, los cinco mayores verdugos del mundo fueron China, Irán, Arabia Saudí, Irak y Yemen. Un año más el documento deja fuera, por falta de información pública oficial, los miles de personas que se cree han sido ejecutadas en el gigante asiático, que, según la ONG, siguió siendo el país “que llevó a cabo el mayor número de ejecuciones” en 2024. Tampoco incluye las cifras de otros lugares como Corea del Norte y Vietnam, donde se cree que se hace un amplio uso de la pena de muerte, ni las de Palestina y Siria, “debido a las crisis en curso”.

En comparación con 2023, también se registraron aumentos importantes de las ejecuciones en Egipto, Singapur y Yemen.

El informe se detiene en el incremento de las ejecuciones por delitos relacionados con las drogas –recoge un total de 637, más del 42% de las ejecuciones conocidas–. Al menos cuatro países —Arabia Saudí, China, Irán y Singapur— las llevaron a cabo, pese a que el derecho internacional “prohíbe el uso de la pena de muerte para castigar delitos que no se ajusten al criterio de ‘los más graves delitos’ (es decir, los que entrañan un homicidio intencional)”, denuncia AI, que cree que también Vietnam entra en este grupo. Callamard sostiene que imponer condenas a muerte por delitos relacionados con drogas “afecta de forma desproporcionada a personas de entornos desfavorecidos” y “no tiene ningún efecto demostrado en la reducción del tráfico de drogas”.

Tendencia al alza en EEUU

Estados Unidos sigue la constante tendencia al alza que mantiene desde el final de la pandemia de COVID-19 y ejecutó a 25 personas, una más que en 2023. “Aunque el aumento fue numéricamente mínimo, reflejó la implacable aplicación de la pena de muerte por parte de las autoridades estatales durante el año”, dice la ONG. Se trata de la segunda cifra anual más alta desde 2015 e igualó el total de 2018.

Cuatro estados reanudaron las ejecuciones, según el informe, que indica que el número de estados verdugo casi se duplicó en comparación con 2023 (de cinco a nueve). Alabama triplicó su total anual y llevó a cabo tres ejecuciones por asfixia con gas nitrógeno, “un método nuevo y cruel de ejecución utilizado por primera vez en el mundo” que ha sido condenado por expertos de la ONU porque puede equivaler a “trato cruel, inhumano o degradante, o incluso a tortura”.

Amnistía Internacional muestra su preocupación por las “deshumanizadoras declaraciones” del presidente Donald Trump, que dijo antes de regresar a la Casa Blanca que buscará la pena de muerte para “violadores violentos, asesinos y monstruos”. La ONG señala que estas palabras promueven “el falso discurso según el cual la pena de muerte tiene un efecto disuasorio especial contra la delincuencia”.

En 2024, el número de nuevas condenas a muerte impuestas por tribunales estadounidenses conocidas creció en una con respecto al año anterior, a 26, mientras que el número de personas condenadas a pena capital se redujo en 149, un descenso que, entre otras cosas, se debe a la conmutación por el presidente saliente, Joe Biden, de 37 condenas federales a muerte.

A nivel mundial, si se observan las nuevas condenas a muerte, la ONG registró 2.087 en 2024: un 14% menos respecto del total conocido de 2023, que a su vez fue el más alto desde 2018.

Dejar atrás la pena de muerte

A pesar del repunte de las ejecuciones, solo 15 países las han llevado a cabo, el número más bajo jamás registrado por segundo año consecutivo, señala el informe. Para la entidad especializada, este dato indica la tendencia a dejar atrás esta “pena cruel, inhumana y degradante”. “La pena de muerte es una práctica abominable que no tiene cabida en el mundo actual. Aunque el secretismo seguía rodeando el escrutinio en algunos países que consideramos responsables de miles de ejecuciones, es evidente que los Estados que mantienen la pena de muerte son una minoría aislada”, dice la secretaria general de Amnistía Internacional. 

El reverso de la moneda es que, en la actualidad, 113 países son totalmente abolicionistas y 145 han abolido la pena de muerte en la legislación o en la práctica, según los registros de AI. En este sentido, también recoge algunos hitos: “En 2024 entró en vigor en Zimbabue una ley que abolía la pena de muerte para delitos comunes. Por primera vez, más de dos tercios de los Estados miembros de la ONU votaron a favor de la décima resolución de la Asamblea General de la ONU sobre una moratoria del uso de la pena de muerte. Las reformas en materia de pena de muerte en Malasia también permitieron que el número de personas en riesgo de ejecución se redujera en más de 1.000”.

La organización también recuerda el caso de Rocky Myers, un hombre negro condenado a muerte en Alabama “a pesar de las graves deficiencias observadas en los procedimientos. Finalmente, fue indultado en febrero tras las peticiones de su familia, su equipo jurídico, un exjurado, activistas locales y la comunidad internacional. ”Cuando la gente da prioridad al trabajo de campaña para acabar con la pena de muerte, realmente funciona“, dice Callamard. ”A pesar de la minoría de dirigentes decididos a utilizar la pena de muerte como arma, las cosas están cambiando. Solo es cuestión de tiempo que el mundo esté libre de las tinieblas de los patíbulos“.

La Fiscal General de EEUU, Pam Bondi, ha informado hoy miércoles de que pedirá la pena de muerte en el juicio contra Luigi Mangione, el hombre que mató de un tiro al directivo de la sanidad privada Brian Thompson el pasado diciembre. “Fue un asesinato premeditado y a sangre fría” y un “acto de violencia política”, ha justificado Bondi en un comunicado.

“Tras considerarlo detenidamente, he instruido a los fiscales federales que pidan la pena de muerte en este caso, como parte de la agenda del presidente Trump de detener lo delitos violentos y hacer EEUU seguro de nuevo”, ha argumentado Bondi.

Otro de los motivos para pedir la pena capital es el supuesto riesgo para terceros que supuso el asesinato, cometido en la vía pública.

Una de las primeras medidas que tomó Donald Trump al tomar posesión del cargo fue dar una orden genérica a la fiscalía para que reclamase la pena de muerte en los delitos federales más graves. El asesinato de Thompson, consejero delegado de la aseguradora UnitedHealthCare, se produjo en Nueva York, que no ha suprimido formalmente la pena capital, pero que no ejecuta a ningún reo desde 1963.

Al tratarse de un delito federal —entre los cargos que se le achacan a Mangione, que se declaró inocente, está el de terrorismo—sí cabría técnicamente imponérsela, pero esto también es infrecuente; ningún preso ha estado en el corredor de la muerte en Nueva York desde 2007.

El caso de Mangione adquirió enseguida una notoriedad viral con detractores, pero también admiradores que lo señalaron como justiciero contra la muy impopular sanidad privada estadounidense. La primera página del manifiesto escrito por Mangione, que las autoridades encontraron tras detenerlo, ya especificaba el móvil del crimen: “Estos parásitos se lo merecían. Pido disculpas por las molestias y el trauma, pero había que hacerlo”.

La ejecución mediante pelotón de fusilamiento puede convertirse en el principal método para las condenas a muerte en el estado de Idaho, EEUU. La ley, aprobada el miércoles en el Senado llegará esta semana a la oficina del gobernador, que tendrá que decidir si la ratifica.

Los pelotones de fusilamiento ya se contemplan como una alternativa a las ejecuciones desde el año 2023 solo cuando las autoridades no son capaces de obtener las inyecciones letales.

El senador republicano promotor de la legislación justificaba su propuesta ante los intentos fallidos para ejecutar a Thomas Creech, a quien el equipo de ejecución no pudo encontrar una vena adecuada para matarle.

La medida coincide con que este viernes el estado de Carolina del Sur tiene programada la primera ejecución por pelotón de fusilamiento en todo el país en 15 años.

Desde el año 1608, al menos 144 presos han sido ejecutados por disparos en lo que hoy es EEUU, prácticamente todos en el estado de Utah, según recoge la agencia de noticias AP. Desde 1977 solo se han realizado tres.

Solo un senador republicano votó en contra de la ley. Policía jubilado y veterano del ejército, Daniel Foreman dijo que había visto muertes por disparos “y son todo menos humanas”.

En 2024, una serie de casos muy sonados de pena de muerte ha despertado ira e indignación sin precedentes en Estados Unidos. Varios condenados con argumentos creíbles de inocencia han luchado contra sus ejecuciones pendientes en el tribunal de la opinión pública. Este año se han planteado serias dudas sobre la fiabilidad de las condenas a muerte, a raíz de una serie de casos inquietantes. Uno de ellos es el de Marcellus “Khaliifah” Williams, ejecutado por el estado de Misuri mediante inyección letal en septiembre, a pesar de las serias dudas respecto a la solidez de su condena y de una masiva protesta pública que culminó en una petición firmada por 1,5 millones de personas.

Entre los casos más estremecedores está el de un prisionero en Texas, que actualmente está apelando su condena a muerte basada en el “síndrome del bebé sacudido”, una teoría controvertida que muchos expertos rebaten por considerarla pseudocientifica. También el de Richard Glossip, cuya lucha de 27 años por demostrar su inocencia ha impulsado que incluso legisladores estatales republicanos de Oklahoma que están a favor de la pena de muerte se hayan unido a su causa.

El informe anual 2024 de una de las voces más respetadas en la materia, el Centro para la Información sobre la Pena de Muerte (DPI, por sus siglas en inglés) destaca la creciente indignación pública por las alegaciones de inocencia de los presos condenados y el estallido de protestas contra la pena capital en Estados Unidos. El informe se publicó pocas horas antes de la última ejecución del año en Oklahoma, el 19 de diciembre, donde Kevin Ray Underwood murió por inyección letal la mañana del pasado jueves.

Menos de 30 ejecuciones

El informe del DIP señala que, por décimo año consecutivo, se han llevado a cabo menos de 30 ejecuciones en Estados Unidos. El número de nuevas condenas a muerte también se mantuvo en niveles históricamente bajos, con 26 casos.

Estas cifras sugieren que la pena de muerte en Estados Unidos se mantiene en una gradual tendencia a la baja. Sin embargo, otros indicadores indican una reciente y firme determinación por parte de ciertos estados, en su mayoría del sur, que aún aplican la pena capital, lo que está provocando un intenso malestar público.

“En 2024, vimos cómo personas con pruebas creíbles de inocencia eran condenadas a muerte, lo que desató niveles extraordinarios de frustración e indignación pública”, dice Robin Maher, directora ejecutiva del DPI. “Fueron varios casos muy sonados que volvieron a impulsar cuestionamientos sobre si la pena de muerte pueda ser utilizada de manera justa y precisa”.

Las 25 ejecuciones llevadas a cabo este año exhiben de forma clara la desigualdad en la aplicación de la pena capital. Apenas cuatro estados —Alabama, Texas, Misuri y Oklahoma— fueron responsables del 76% de las ejecuciones.

El informe del DPI señala –no sin cierta ironía– que para los estadounidenses que viven en 41 de los 50 estados “la pena de muerte ni siquiera constituye un motivo de preocupación”. Esto en sí mismo es problemático, ya que significa que los devastadores problemas asociados a la pena capital rara vez son abordados en la arena política nacional: la pena de muerte tuvo una presencia mínima en la campaña de las elecciones presidenciales del pasado otoño.

¿Un resurgimiento?

Aunque la pena de muerte parece estar en declive, también está atravesando una especie de resurgimiento. Tres estados —Utah, Carolina del Sur e Indiana— llevaron a cabo este año sus primeras ejecuciones judiciales tras un paréntesis de más de una década. Además, en 2024, nueve estados llevaron a cabo ejecuciones, mientras que en 2023 fueron solo cinco.

Todas las flagrantes desigualdades que históricamente han estado asociadas a esta práctica se han vuelto a poner de manifiesto este año. Casi la mitad de los ejecutados eran personas racializadas, y la gran mayoría había sido condenada por haber asesinado al menos a una víctima blanca.

Todos, salvo uno de los 24 ejecutados, presentaban vulnerabilidades típicas, como discapacidad intelectual y/o daño cerebral, enfermedades mentales graves y un historial de trauma o abuso infantil. Asimismo, los estados demostraron una implacable determinación por sortear las posibles fallas de la pena de muerte recurriendo a métodos experimentales. Alabama se convirtió en el primer estado del país en ejecutar a un condenado mediante hipoxia por nitrógeno al asfixiar a Kenneth Smith con este gas.

El estado ya había intentado matar a Smith, sometiéndolo a un procedimiento de inyección letal fallido que se extendió por horas y que los expertos equipararon con la tortura. “Al no haber podido matar a Smith en el primer intento, Alabama lo seleccionó como su ‘conejillo de indias’ para poner a prueba un método de ejecución nunca antes intentado”, escribió la magistrada del Tribunal Supremo Sonia Sotomayor en su mordaz texto de disenso.

Pero lo que causó más revuelo este año fue el temor a que imputados potencialmente inocentes fueran enviados a la “cámara de la muerte”. “Marcellus Williams debería seguir con vida”, declaró Wesley Bell, fiscal del condado de San Luis, poco después de que Williams fuera ejecutado en Misuri por el asesinato de Felicia Gayle en 1998. Williams fue ejecutado a pesar de que no había pruebas forenses sustanciales para vincularlo con el crimen. Además, también se descubrió información contundente que revelaba un mal desempeño de la fiscalía.

En Texas, la honda preocupación por la inminente ejecución de Robert Roberson por haber matado a su hija Nikki, de dos años, en virtud de la controvertida teoría del “síndrome del bebé sacudido”, provocó escenas sin precedentes en las que legisladores estatales que se esforzaron por detener la ejecución, incluidos varios republicanos destacados. El Tribunal Supremo de Texas concedió una suspensión a la ejecución cuando faltaban apenas 90 minutos para que Roberson recibiera la inyección letal, después de que este fuera citado por los legisladores a dar testimonio.

Sin embargo, los excepcionales esfuerzos de los legisladores por salvar la vida de Roberson parecen haber tenido un resultado temporal. El Tribunal Supremo del estado dictaminó el mes pasado que la citación no era válida, lo que permitió fijar una nueva fecha para la ejecución.

En Oklahoma, las dudas en torno a la condena a muerte de Glossip también provocaron un intenso examen de conciencia. Glossip fue condenado por el asesinato en 1997 de Barry Van Treese, propietario de un motel de Oklahoma City que Glossip gestionaba.

Glossip fue condenado sobre la base del testimonio de un compañero de trabajo que más tarde admitió que él era el verdadero autor material del crimen. Asimismo, hace poco se dio a conocer que, antes de que se iniciara el juicio, los fiscales destruyeron pruebas que podrían haber exculpado a Glossip.

Las dudas que rodeaban el caso eran tan abrumadoras que el fiscal general de Oklahoma, el republicano Gentner Drummond, admitió que se habían cometido errores inconstitucionales y solicitó que se iniciara un nuevo juicio para Glossip. Actualmente, el caso está siendo examinado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

Paralelamente, antes de dejar la Casa Blanca y dar el relevo a Donald Trump, Joe Biden ha decidido conmutar las sentencias de 37 de las 40 personas condenadas a muerte a nivel federal. Según el comunicado emitido por la Casa Blanca, se cambiará su castigo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. “Guiado por mi conciencia y mi experiencia”, dice Biden en una declaración hecha pública este lunes, “estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal”. “En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve”.

Traducción de Julián Cnochaert.

Joe Biden ha conmutado las penas de 37 de los 40 presos en el corredor de la muerte federal, cambiando su castigo a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

La decisión se produce tras un mes de presión por parte de activistas que advertían de que el presidente electo Donald Trump respalda la pena de muerte y reanudó las ejecuciones federales durante su primer mandato tras una pausa de casi dos décadas.

“No se equivoquen: condeno a estos asesinos, me duelen las víctimas de sus actos despreciables y me duelen todas las familias que han sufrido una pérdida inimaginable e irreparable”, dice Biden en una declaración hecha pública este lunes. “Pero guiado por mi conciencia y mi experiencia como abogado, presidente del Comité Judicial del Senado, vicepresidente y ahora presidente, estoy más convencido que nunca de que debemos poner fin al uso de la pena de muerte a nivel federal. En conciencia, no puedo quedarme de brazos cruzados y dejar que una nueva administración reanude las ejecuciones que yo detuve”.

Los afectados por la medida

Entre los afectados se encuentra Len Davis, expolicía de Nueva Orleans que dirigió una red de protección antidroga en la que participaban otros agentes y organizó el asesinato de una mujer que presentó una denuncia por brutalidad contra él.

También se ha conmutado la pena a Norris Holder, condenado a muerte por el atraco a un banco en el que murieron dos hombres y un guardia de seguridad. Según la fiscalía, Holder podría no haber efectuado el disparo mortal.

La medida de clemencia se aplica a todos los presos federales condenados a muerte, excepto a tres condenados por terrorismo o asesinato masivo motivado por el odio: Dzhokhar Tsarnaev, condenado por perpetrar el atentado del maratón de Boston de 2013; Dylann Roof, que mató a tiros a nueve miembros de una iglesia negra en Charleston (Carolina del Sur) en 2015; y Robert Bowers, que irrumpió en una sinagoga en el corazón de la comunidad judía de Pittsburgh y mató a 11 fieles en 2018.

El pasado sábado, Madeline Cohen, abogada de Holder, declaró al Washington Post: “Muchos de los condenados a muerte a nivel federal fueron procesados durante una época política caldeada y un enfoque de mano dura excesivamente entusiasta que demostró ser profundamente erróneo. Se trata de una época diferente y de las lecciones que aprendimos de ella”. Eso es parte de lo que el presidente Biden reflexionará cuando tome esta decisión.

La mayoría de los 40 hombres recluidos en el corredor de la muerte federal son personas racializadas, y el 38% son negros, según contó previamente a The Guardian Robin Maher, director ejecutivo del Centro de Información sobre la Pena de Muerte. Casi uno de cada cuatro hombres tenía 21 años o menos en el momento de cometer el delito.

El giro de Biden

Como senador, Biden defendió en 1994 un proyecto de ley penal que ampliaba la pena de muerte federal a 60 nuevos delitos. Se jactó: “Yo soy quien puso estas penas de muerte en este proyecto de ley”. En la actualidad, se considera en general que la legislación contribuyó al encarcelamiento masivo, que afectó especialmente a los hombres negros, y muchos de los que actualmente están en el corredor de la muerte fueron condenados en virtud de sus disposiciones.

Pero durante su campaña para las elecciones presidenciales de 2020, Biden dio marcha atrás en su prolongado apoyo a la pena capital, comprometiéndose a eliminarla a nivel federal. Alegó su preocupación por las condenas erróneas y las disparidades raciales en el sistema judicial.

El Gobierno de Biden impuso en su día una moratoria sobre las ejecuciones federales. La Casa Blanca dijo que la última medida de Biden impediría a la próxima administración llevar a cabo las sentencias de ejecución que no se aplicarían en virtud de la política y la práctica actuales.

Bajo Trump, fueron ejecutadas más personas encarceladas en el sistema federal que bajo los 10 presidentes anteriores juntos.

Más indultos

Según la Casa Blanca, Biden ha emitido más conmutaciones en este momento de su presidencia que cualquiera de sus predecesores recientes en el mismo punto de sus primeros mandatos. A principios de este mes anunció indultos para unos 1.500 estadounidenses –la mayor cantidad jamás concedida en un solo día– que han demostrado una rehabilitación exitosa y un compromiso para hacer que sus comunidades sean más seguras.

Biden es también el primer presidente que concede indultos categóricos a personas condenadas por simple consumo y posesión de marihuana y a antiguos militares LGTBQ condenados por conducta privada debido a su orientación sexual.

A principios de este mes, el presidente provocó un revuelo político al indultar a su hijo Hunter por delitos federales de tenencia de armas e impuestos que podrían haberle llevado a la cárcel. Biden, que dejará el cargo el 20 de enero, había prometido en repetidas ocasiones no conceder tal indulto.

“Utilicemos al menos un porcentaje fijo del dinero empleado en los armamentos para la constitución de un fondo mundial que elimine definitivamente el hambre y facilite en los países más pobres actividades educativas dirigidas a promover el desarrollo sostenible, contrastando el cambio climático”. El Papa Francisco ha lanzado este jueves un llamamiento a la comunidad internacional para lograr, durante el Jubileo 2025, que se condone la deuda externa, se acabe con la pena de muerte y se utilice parte del dinero invertido en la industria armamentística en acabar con la pobreza en el mundo.

En su tradicional mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, que se celebra el próximo 1 de enero, Francisco invita a los líderes mundiales a “escuchar el grito de la humanidad amenazada” por la guerra, la injusticia climática, el hambre y la polarización, y así “superar los errores del pasado para construir nuevos caminos de paz”.

“Debemos buscar que se elimine todo pretexto que pueda impulsar a los jóvenes a imaginar el propio futuro sin esperanza, o bien como una expectativa para vengar la sangre de sus seres queridos”, recalca Francisco en su escrito, en el que propone “tres acciones posibles” que permitan, con la excusa del Año Jubilar lanzado por la Iglesia para conmemorar los 1.700 años del Concilio de Nicea, “restaurar la dignidad en la vida de poblaciones enteras y volver a ponerlas en camino sobre la vía de la esperanza, para que se supere la crisis de la deuda y todos puedan volver a reconocerse deudores perdonados”.

En primer lugar, la condonación de la deuda, y “el desarrollo de una nueva arquitectura financiera, que lleve a la creación de un Documento financiero global, fundado en la solidaridad y la armonía entre los pueblos”. En segundo término, “un compromiso firme para promover el respeto de la dignidad de la vida humana”, con un gesto que va más allá de la tradicional oratoria contra el aborto o la eutanasia, reclamando “la eliminación de la pena de muerte en todas las naciones”. Finalmente, la creación de un fondo, cuyo importe se cobre a la industria armamentística, que vaya destinado a una estrategia global para erradicar el hambre en el mundo.

“Como las élites en el tiempo de Jesús, que se aprovechaban de los sufrimientos de los más pobres, así hoy en la aldea global interconectada, el sistema internacional, si no se alimenta de lógicas de solidaridad y de interdependencia, genera injusticias, exacerbadas por la corrupción, que atrapan a los países más pobres”

“También nosotros nos sentimos llamados a ser voz de tantas situaciones de explotación de la tierra y de opresión del prójimo” señala el Papa, quien denuncia la “complicidad extendida” en el mundo, y que se traduce en “el trato deshumano que se da a las personas migrantes, la degradación ambiental, la confusión generada culpablemente por la desinformación, el rechazo de toda forma de diálogo” o “las grandes inversiones en la industria militar”.

“Vivimos en una lógica de explotación, donde el más fuerte pretende tener el derecho de abusar del más débil”, añade. “Como las élites en el tiempo de Jesús, que se aprovechaban de los sufrimientos de los más pobres, así hoy en la aldea global interconectada, el sistema internacional, si no se alimenta de lógicas de solidaridad y de interdependencia, genera injusticias, exacerbadas por la corrupción, que atrapan a los países más pobres”, denuncia Francisco, quien vuelve a repetir que “la deuda externa se ha convertido en un instrumento de control” con el que los países más ricos “no tienen escrúpulos de explotar de manera indiscriminada los recursos humanos y naturales de los países más pobres”.

Toda la información en www.religiondigital.org

Irán ejecutó este lunes al ciudadano germano-iraní Jamshid Sharmahd, cuya familia denunció que fue secuestrado en 2020 en Dubai y llevado a la fuerza a Teherán. La ejecución ha provocado la condena de la Unión Europea y Berlín, que ha advertido de que tendrá “consecuencias graves”.

“Esta mañana se ha ejecutado la sentencia de Jamshid Sharmahd, líder del grupo terrorista Tondar (grupo opositor)”, informó la agencia de noticias Mizan, perteneciente al Poder Judicial iraní.

Sharmahd, de 69 años y periodista de profesión, fue condenado el 21 de febrero de 2023 por supuestamente liderar un grupo terrorista que planificó 23 atentados en suelo iraní.

El Tribunal Supremo iraní confirmó la pena máxima en abril del año pasado. Entre los cinco atentados que se supone que llevó a cabo se encuentra el ataque con bomba en la mezquita Seyed al-Shohada de Shiraz de 2008, en el que murieron 14 personas y 300 resultaron heridas.

Sharmahd, con doble nacionalidad alemana y residencia en Estados Unidos, fue acusado de liderar el grupo terrorista monárquico “Tondar” (Trueno) y de colaborar con la CIA, el FBI y el Mossad. Tondar es la facción armada del Comité de la Monarquía de Irán, un grupo opositor a la República Islámica con sede en la ciudad estadounidense de Los Ángeles que tiene como objetivo restaurar la antigua monarquía iraní.

El condenado fue arrestado en 2020 en circunstancias poco claras. Su familia denunció que fue secuestrado en Dubái por miembros de las fuerzas de seguridad iraníes y llevado a la fuerza a Irán.

Berlín y la UE condenan la ejecución

Alemania ha condenado el “asesinato” del ciudadano germano-iraní. La ministra de Exteriores del país, Annalena Baerbock, ha afirmado en un comunicado que Sharmahd fue secuestrado en Dubai y encerrado durante años sin un juicio justo antes de ser ejecutado.

“Para su familia ha ocurrido hoy lo peor. Toda mi empatía para su familia, con la que siempre hemos estado y estamos en estrecho contacto, ante esta terrible pérdida”, señala. Baerbock añade que Berlín ha actuado de forma “incansable” a nivel diplomático para salvar a Sharmahd y siempre ha dejado claro a Teherán que la ejecución de un ciudadano alemán tendrá “consecuencias graves”.

La ejecución de Sharmahd demuestra una vez más que en Irán impera, dice Barbock, “un régimen que desprecia la vida humana” y que aplica la pena de muerte a su propia población y a ciudadanos extranjeros. “Esto subraya que aparentemente nadie está seguro, tampoco bajo el nuevo Gobierno”, concluyó Baerbock.

El Gobierno alemán ya tachó de “inaceptable” la condena a muerte germano-iraní y expulsó a dos diplomáticos iraníes del país. Teherán respondió con la expulsión a su vez de dos diplomáticos alemanes por la presunta interferencia de Alemania en sus asuntos internos.

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, también ha condenado este martes “de la forma más firme posible” la ejecución en Irán del periodista germano-iraní y aseguró que el bloque está “considerando medidas en respuesta”.

En un mensaje compartido en la red social Twitter, el jefe de la diplomacia europea subraya que “la UE se opone a la pena de muerte en cualquier momento y circunstancia” puesto que es “una violación del derecho a la vida y la negación por excelencia de la dignidad humana”.

“Condenamos este asesinato de la forma mas firme posible”, escribe Borrell en su cuenta oficial, en la que también asegura que “la UE está considerando medidas en respuesta” y muestra sus condolencias con familia y amigos del ciudadano ejecutado y su solidaridad con el Gobierno alemán, con quien está en contacto.

La República Islámica de Irán ha sido acusada de usar a presos con doble nacionalidad o extranjeros como medida de presión o para intercambio de prisioneros con otros países, una práctica que ha sido denominada como la “diplomacia de los rehenes” por organizaciones de derechos humanos.

Al conmemorar el 22º Día Mundial contra la Pena de Muerte el 10 de octubre, nosotros, los Miembros de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte (CIPM), elogiamos los notables progresos realizados por África para poner fin a esta práctica inhumana.

El continente africano ha liderado la tendencia abolicionista desde el año 2000, con países que han abolido la pena de muerte para todos los delitos, como Gabón en 2010, República del Congo y Madagascar en 2015, Chad en 2020, Sierra Leona en 2021, República Centroafricana y Zambia en 2022, mientras que Burkina Faso y Guinea Ecuatorial han abolido la pena capital para los delitos comunes en 2018 y en 2022, respectivamente, y Ghana puso fin a la pena de muerte para todos los delitos, excepto la alta traición, en 2023. Además, en mayo de 2024, el Gabinete de Zimbabue anunció que el país iba a poner fin en breve a la pena de muerte.

En la actualidad, la mitad de los países del continente han abolido la pena de muerte: 23 países africanos la han abolido para todos los delitos, mientras que cuatro Estados han derogado la pena capital para los delitos comunes. 27 de ellos mantienen la pena de muerte en sus leyes, si bien 13 no han llevado a cabo ejecuciones en más de 10 años.

La CIPM, con sede en España, ha estado cerca de África desde sus inicios. El comisario Mohamed Bedjaoui, ex presidente de la Corte Internacional de Justicia y ministro de Asuntos Exteriores de Argelia, ha sido comisario fundador, mientras que Sudáfrica y Argelia son Estados miembros fundadores del Grupo de Apoyo de la CIPM. Nuestra Presidenta, la Jueza Navi Pillay, ex Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, es de nacionalidad sudafricana y fue elegida por la Asamblea General de las Naciones Unidas jueza y Presidenta del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. La Comisaria Sylvie Kayitesi fue Vicepresidenta del Tribunal Supremo de Ruanda, Presidenta de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre la Pena de Muerte en África…

Aparte de los destacados Comisarios de la CIPM procedentes de África, todos los miembros de la Comisión han trabajado activamente para animar a los países a que abandonen la pena de muerte y pongan fin a esta práctica cruel e inhumana que erosiona la dignidad humana. España estuvo presente en el parlamento togolés cuando el país abolió la pena de muerte en 2009. Y, entre otras muchas iniciativas, y por citar una de las más recientes, a finales de 2023, la CIPM llevó a cabo una misión en Zambia y Malawi, coordinando la participación de altos funcionarios de los gobiernos de los países vecinos en diálogos e intercambios de experiencias sobre pasos para abandonar la pena de muerte y animando a ambos países a poner fin a la pena capital para todos los delitos.

Aún queda trabajo por hacer. En 2023 se registraron condenas a muerte en 19 países. La República Democrática del Congo (RDC) levantó su moratoria de 20 años sobre la pena de muerte tras el anuncio, en marzo de 2024, de la ministra de Justicia, Rose Mutombo. Resulta preocupante que 37 personas hayan sido condenadas a muerte acusadas de intentar un golpe de Estado en la RDC.

Multilateralmente, para la última resolución de la Asamblea General de la ONU de 2022 sobre una moratoria del uso de la pena de muerte, 29 países africanos votaron a favor de la resolución bienal. Existe la esperanza de que, dado el número de países que se están alejando de la pena de muerte en el continente africano, más naciones del mismo puedan votar a favor de la resolución de 2024.

En relación con el Segundo Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, destinado a abolir la pena de muerte (Protocolo), aunque 27 países africanos han abolido la pena de muerte, sólo 15 Estados han ratificado el Protocolo. Y en África, aún no se ha adoptado el proyecto de protocolo adicional a la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre la abolición de la pena de muerte. La adopción de este protocolo sería un paso histórico que reflejaría el claro alejamiento del continente africano de la pena de muerte. 

Mientras conmemoramos el Día Mundial contra la Pena de Muerte, es importante señalar que de los 54 países de África, 52 no llevaron a cabo ejecuciones en 2023; que 40 países han abolido la pena capital o no han llevado a cabo ninguna ejecución desde hace más de diez años, y ello a pesar de que el continente sufre innumerables desafíos, entre ellos el de la pobreza, la inseguridad debida a los conflictos y las sequías, muchas de las cuales se deben al cambio climático y a las consiguientes migraciones masivas y crisis sanitarias. 

Los notables avances del continente hacia la abolición de la pena capital y el refuerzo del respeto, la protección y el cumplimiento del derecho a la vida de sus pueblos sirven como poderoso recordatorio de que un cambio significativo no sólo es posible, sino que está a nuestro alcance. En efecto, parece que en África se ha tomado conciencia de que la pena de muerte es un castigo cruel e inhumano, radicalmente contrario a la dignidad humana, que afecta de manera desproporcionada a las personas más desfavorecidas y marginadas de todas las sociedades. Que perpetúa la injusticia y presenta el riesgo constante de ejecutar a personas inocentes, un riesgo que ningún sistema de justicia debería tolerar.

Los avances en África no son sólo un éxito regional, sino una inspiración mundial, que anima a otras naciones a seguir pasos similares y reafirma la realidad de nuestra humanidad compartida. Estos avances reflejan un profundo compromiso con los derechos humanos y la justicia, marcando una alentadora tendencia abolicionista que sirve de poderoso ejemplo para el resto del mundo.

La jueza Navi Pillay es presidenta de la Comisión Internacional contra la Pena de Muerte; Sylvie Kayitesi es comisionada de la CIPM; y el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es miembro honorario de la CIPM

Exboxeador profesional y convertido al cristianismo en la cárcel, Iwao Hakamada pasó 47 años entre rejas, a la espera de una condena a muerte que nunca llegó y de la que la justicia nipona le absolvió este jueves, tras una incansable lucha por defender su inocencia. Hakamada (Shizuoka, 1936) fue condenado a la pena capital en 1968, tras ser acusado de asesinar dos años antes al dueño de la fábrica de miso (soja fermentada) en la que trabajaba, a la mujer de este y a los dos hijos de la pareja y, seguidamente, quemar su casa.

Defendió incansablemente su inocencia bajo el argumento de que las pruebas que le incriminaban fueron en realidad fabricadas en su contra, principalmente unas prendas de ropa halladas en uno de los tanques de miso de la empresa y manchadas de sangre que coincidía con su ADN. La justicia nipona le ha dado finalmente la razón. A sus 88 años y con una condición mental debilitada debido al casi medio siglo que pasó entre rejas (por lo que ostenta un récord Guiness), el Tribunal de Distrito de Shizuoka lo absolvió este jueves tras la repeticón de su juicio, un procedimiento poco común en Japón, pero aceptado para Hakamada en 2014.

El exboxeador nipón salió ese año de prisión, pero los magistrados lo exentaron de comparecer en el nuevo juicio debido a su deteriorada condición mental y tomaron el relevo su hermana, Hideko Hakamada, y su abogado, Hideyo Ogawa, dos de los pilares de la vida del exreo.

19 días y 228 horas de interrogatorio

Pese a que negó los hechos cuando lo arrestaron en 1966, Hakamada asumió los cargos el 6 de septiembre del mismo año para “proteger su vida”, según dijo entonces, en el decimonoveno día de un interrogatorio que duraba una media de 12 horas diarias. Negó de nuevo haber cometido el crimen en la primera audiencia del juicio inicial y siguió haciéndolo en el millar de cartas que desde la cárcel mandó a su familia.

La primera la escribió en 1967 e iba dirigida a su madre, que murió el año siguiente aunque él no lo supo hasta meses después. “Ha pasado medio año desde que te vi por última vez. Estoy bien. Siento que mi familia esté preocupada por mi. De verdad, no tengo nada que ver con el incidente de Kogane Miso. Soy inocente”, rezaba el manuscrito, compilado y publicado por el periódico nipón Asahi, junto a los cientos de cartas que sucedieron a la primera.

“Se parecían un poco a mi ropa, pero hay tanta ropa en el mundo que se parece…”, escribió Hakamada antes de ser sentenciado en relación a las prendas halladas en el tanque de miso.

Pena capital

Hakamada fue condenado a la pena capital porque la sangre de la que estaba manchada la ropa encontrada sumergida en miso coincidía con su ADN, pero el japonés defendió desde el principio que se trataba de una prueba fabricada en su contra y apeló la sentencia. “Los vi (los pantalones manchados de sangre) en el tribunal. Me parecieron demasiado pequeños, sin importar cómo los mirara. Si no me van bien, la acusación contra mí desaparecerá”, redactó Hakamada en otro de los escritos a su familia.

Se demostró que los pantalones no correspondían con la talla del exreo, pero los fiscales y las autoridades encargadas de la investigación del caso argumentaron que la ropa le quedaba pequeña porque Hakamada engordó en la cárcel. Otro de los argumentos del exboxeador en la defensa de su inocencia fue que el color de la sangre era demasiado oscuro, tesis que fiscales e investigadores rebatieron alegando que el rojo había adquirido un tono amarronado al haberse empapado la ropa en miso.

La apelación quedó rechazada, pero Hakamada solicitó en 1981 la repetición del juicio de su caso, que no fue aceptado hasta 2014, después de que la fiscalía revelara fotografías en color de las prendas de ropa que hicieron dudar al Tribunal de Shizuoka de la veracidad de las pruebas por el color de la sangre. La liberación de Hakamada fue ordenada por la justicia nipona 17.388 días después de su arresto, al quedar aceptada la celebración de un segundo juicio, y el nipón salió de la cárcel con 78 años.

Una vida en libertad con su hermana

A sus actuales 88 años, Hakamada vive en Hamamatsu, ciudad ubicada en la prefectura de Shizuoka, al suroeste de Tokio, con su hermana Hideko, tres años mayor que él. Sigue presentando síntomas de la “psicosis institucional” que le fue diagnosticada en 2008, una enfermedad mental que desarrollan algunos presos y que se manifiesta en forma de mareos, dolores de cabeza, náuseas y paranoia. También asegura ser Dios.

Khalid Shaikh Mohammed, considerado el cerebro de los ataques del 11 de septiembre de 2001, ha aceptado, junto con otros dos acusados, declararse culpable de los atentados terroristas que mataron a casi 3.000 personas en Estados Unidos, según informó este miércoles el Pentágono.

Mohammed, acusado de planear los ataques del 11S, y dos de sus cómplices, Walid bin Attash y Mustafa al-Hawsawi, que se encuentran retenidos en la prisión de Guantánamo (Cuba) desde 2003, han acordado declararse culpables de los cargos en su contra a cambio de una sentencia de cadena perpetua.

El caso se ha visto envuelto durante más de una década en procedimientos, previos al juicio, centrados en la cuestión de si las torturas sufridas en prisiones secretas de la CIA habían contaminado las pruebas en su contra.

La noticia del acuerdo ha sido comunicada a los familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 en una carta de los fiscales del tribunal de guerra, según recogió este miércoles el diario estadounidense The New York Times. “A cambio de la eliminación de la pena de muerte como posible castigo, estos tres acusados han aceptado declararse culpables de todos los delitos que se les imputan, incluido el asesinato de las 2.976 personas enumeradas en el pliego de cargos”, dice la carta firmada por el contralmirante Aaron C. Rugh, fiscal jefe de comisiones militares, y tres abogados de su equipo, según dicho medio.

La carta señala que los acusados podrían presentar sus alegatos en audiencia pública a partir de la próxima semana. La declaración de culpabilidad evita lo que se preveía como un juicio de entre 12 y 18 meses o, alternativamente, la posibilidad de que el juez militar desestimara confesiones que eran clave para el caso del gobierno.

Los detenidos están imputados como organizadores de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. Ese día, 19 hombres secuestraron cuatro aviones comerciales: dos de ellos fueron estrellados contra las Torres Gemelas en Nueva York, otro contra el Pentágono, a las afueras de Washington; y otro en un campo de Pensilvania. Además del cargo de conspiración, estaban imputados por cometer asesinatos en violación de la ley de guerra, de atacar a civiles y de terrorismo.

Mohammed, ingeniero educado en Estados Unidos, fue acusado de haber tenido la idea de secuestrar aviones y estrellarlos contra edificios. Los fiscales dijeron que fu él quien presentó la idea a Osama bin Laden en 1996, y luego ayudó a entrenar y dirigir a algunos de los secuestradores.

El Tribunal Supremo de Irán ha anulado este sábado la pena de muerte emitida contra el rapero Toomaj Salehi por apoyar las protestas desatadas por la muerte de Mahsa Amini, la joven detenida por llevar mal puesto el velo islámico, informó su abogado Amir Raesian.

“La sentencia de muerte contra Salehi ha sido anulada. Como era de esperar, el Tribunal Supremo evitó un error judicial irreparable”, ha indicado Raeisian en la red social X. También se ha expresado sobre la anulación del caso por Instagram a través de una publicación.

La fuente ha afirmado que el caso de Salehi será remitido a otro tribunal para ser “considerado” de nuevo y asegura que el Supremo considera que la pena inicial de seis años y tres meses de prisión contra el músico fue excesiva.

Raeisian informó a finales de abril de que la sala primera del Tribunal Revolucionario de Isfahan “condenó a Salehi al castigo más duro, a muerte, por el cargo de corrupción en la tierra”, por su apoyo a las protestas desatadas en 2022 por la muerte de Amini.

El cargo de corrupción en la tierra abarca una serie de delitos contra la seguridad pública y la moral islámica, y en el caso de Salehi engloba cargos como “sedición, propaganda contra el sistema e incitación a disturbios”.

Tras la sentencia a muerte, el entorno del rapero ha denunciado en redes sociales el aumento de la “presión psicológica” en su contra y ha asegurado que habían cortado la comunicación con el mundo exterior en la prisión Dastgerd de Isfahan.

Detención de Toomaj Salehi 

El músico fue arrestado a finales de octubre de 2022 acusado de “corrupción en la tierra” y fue condenado en julio de 2023 a seis años y tres meses de prisión, pena que fue rechazada en la apelación por el Tribunal Supremo, que ha devuelto el caso a una corte inferior para que estudiase el caso de nuevo.

En noviembre de 2023 fue puesto en libertad bajo fianza, pero fue arrestado de nuevo solo once días después. En abril fue condenado a muerte, en una sentencia que ha provocado fuertes críticas internacionales.

El rapero y disidente ya se ha enfrentado a las autoridades en el pasado y fue condenado a seis meses de prisión y una multa en enero de 2022 por “provocar a la violencia y la insurrección”, aunque la pena de cárcel fue suspendida.

La muerte de Amini ha provocado fuertes protestas que durante meses pidieron el fin de la República Islámica y solo desaparecieron tras una represión que causó 500 muertos y la detención de al menos 22.000 personas y en las que fueron ejecutados ocho manifestantes, uno de ellos en público.

Muchas mujeres han dejado de usar el velo tras las protestas como gesto de desobediencia civil y ahora las autoridades han sacado de nuevo a las calles a la llamada Policía de la Moral para reimponer el uso de la prenda islámica.

El número de ejecuciones de 2023 en todo el mundo ascendió a las 1.153, el máximo desde 2015, según un informe publicado este miércoles por Amnistía Internacional (AI), que desvela un aumento de más del 30% respecto al año anterior. Así, las ejecuciones se incrementaron hasta alcanzar “la cifra más alta en casi un decenio con una fuerte subida en Oriente Medio”, según la ONG especializada.

En su análisis global 'Penas de muerte y ejecuciones 2023', AI destacó el aumento de estas condenas en Irán como una de las principales causas de que el año pasado fuera el récord en número de ejecuciones. Allí se produjeron 853, cifra que supone el 74% del total de ejecuciones registradas, si bien Amnistía Internacional no dispone de la suma de las que se produjeron en China, donde la organización estima que miles de personas murieron por este hecho.

En cuanto al número de sentencias a penas de muerte en 2023, también se incrementó respecto al año anterior, con 2.428 nuevas condenas, un aumento del 20% respecto a las 2.016 del año anterior.

Pese a todo, la secretaria general de AI, Agnès Callamard, se ha mostrado optimista con el trabajo de la organización en pos de eliminar las ejecuciones en todo el mundo. “Los países que siguen llevando a cabo ejecuciones están cada vez más aislados; nuestra campaña contra este castigo abominable funciona y continuaremos hasta que hayamos terminado con la pena de muerte”, ha expresado, según la nota de prensa.

China, líder en ejecuciones

Pese a la ausencia de datos de China, que mantiene sus cifras en secreto, según Amnistía, la organización considera que fue el país que más ejecuciones llevó a cabo, con una estimación de miles.

Para AI, el secretismo respecto al número de ejecuciones –también en Corea del Norte y Vietnam, países en los que la organización cree que se producen ejecuciones de forma generalizada– sirve como indicador de que la pena de muerte se utiliza como herramienta gubernamental para ejercer el poder y sembrar el miedo en la población.

Entre los países que sí publicaron datos, sobresalió Irán, con un aumento del 48% en sus ejecuciones respecto al 2022, pasando de 576 ese año a las 853 de este, muchas relacionadas con los delitos de estupefacientes. “Las autoridades iraníes mostraron un total desprecio por la vida humana y aumentaron las ejecuciones por delitos de drogas, lo que puso aún más de relieve el impacto discriminatorio de la pena de muerte en las comunidades más marginadas y empobrecidas de Irán”, declara Callamard.

Después de China e Irán, destaca el número de ejecuciones en Arabia Saudí (172), Somalia (38, aunque AI considera que esta cifra es mayor) y Estados Unidos (24).

Continúa el progreso hacia la abolición

Aunque el informe subraya el aumento en las penas de muerte y ejecuciones en todo el mundo en 2023, Amnistía Internacional también destaca que ese año fue el momento en el que se registró el menor número de países donde se produjeron ejecuciones.

Esta cifra bajó de los 20 países que llevaron a cabo esta pena en 2022 a los 16 del último año, en el que no se registraron muertes de este tipo en Bielorrusia, Japón, Birmania y Sudán del Sur.

Además, la organización destaca que en Pakistán se eliminó la pena de muerte para delitos relacionados con las drogas, mientras que en Malasia se acabó con la pena de muerte obligatoria para algunos delitos.

Al mismo tiempo, según Amnistía, también los parlamentos de Ghana, Kenia, Liberia y Zimbabue dieron pasos hacia la abolición de la pena de muerte.

Sergio Manzanera Lloret fue un futbolista en la década de los setenta que militó en el Levante U.D., el Valencia C.F. y en el Racing de Santander, protagonizando en este último club, junto al delantero centro vasco Aitor Aguirre, un suceso que convirtió a ambos en noticia extradeportiva y, lo que es más importante, en abanderados de la contestación al régimen franquista que, en septiembre de 1975, se desintegraba matando.

Si lo mencionado anteriormente supone en él una hechura y una personalidad especial, lo confirma sin duda alguna el hecho, inusitado en ese gremio, de que fuera capaz de colgar las botas a los 27 años, cuando la mayoría de los deportistas se encuentran en el culmen de su carrera, como era su caso, para dedicarse a estudiar Medicina, profesión que ha ejercido a lo largo de su vida.

Tradicionalmente, en amplios sectores de la izquierda española, el fútbol siempre se ha considerado el “pan y circo” contemporáneo que sirve para ocultar la triste realidad cotidiana mientras que millones de seguidores sintonizaban un aparato de radio o de televisión para seguir cada fin de semana los avatares de su equipo preferido. Esta visión generalizada y sin matices ha dejado en el margen de la Historia a un buen número de futbolistas españoles que tuvieron que exiliarse al finalizar la Guerra Civil y encontrar refugio en equipos de México y Francia, principalmente.

Durante la dictadura franquista los equipos de la Liga española dejaron de jugar al fútbol para practicar balompié, término que intentó sustituir el anglicismo y de la misma manera, históricos como el Racing o el Athletic Club, pasaron a ser el Real Santander y el Atlético de Bilbao.

Con el auge del desarrollismo de los años 60 los encuentros ligueros o de la Copa del Generalísimo agrupaban cada vez a más público en nuevos estadios con capacidades superiores a 75.000 espectadores en el caso del Nou Camp o el Santiago Bernabéu.

Al margen del deporte, eran años en que la contestación al régimen fue aumentando tanto en el ámbito universitario como en los ambientes obreros de los denominados Polos de Desarrollo, zonas de poca industrialización anterior y en donde las nacientes Comisiones Obreras iban disputando la representación de los trabajadores al sindicalismo oficial, vertical, de la CNS (Central Nacional Sindicalista), como ya había ocurrido en las zonas tradicionalmente industriales. La represión por parte de un sistema anquilosado provocó un típico movimiento de acción-reacción que favoreció el nacimiento de organizaciones que defendían la violencia para acabar con el sistema. ETA y el FRAP alcanzaron cotas poco imaginables un tiempo antes.

En diciembre de 1970, en el denominado Consejo de Burgos, varios activistas de ETA fueron condenados a muerte y posteriormente indultados por las numerosas presiones internacionales en demanda de un juicio justo, así como por las movilizaciones populares que especialmente en el País Vasco y Barcelona habían creado situaciones bastante novedosas en términos de participación popular en las protestas. Aunque el Gobierno decretó un estado de excepción el 14 de diciembre, el mes terminó con la concesión de los indultos.

En ese último lustro del franquismo –1970/1975– se vivió un creciente malestar social en el que el incremento de la dureza represiva se vio acompañado por la crisis económica desembocando, cuando al jefe del Estado apenas le quedaban dos meses de vida, en las ejecuciones de septiembre de 1975, en las que cinco militantes de ETA y del FRAP fueron ejecutados.

Las presiones internacionales, que no fueron inferiores a las de diciembre de 1970, con manifestaciones ante la mayoría de embajadas españolas en las capitales europeas, con la petición expresa de la Comisión Europea o del Papa Pablo VI, no fueron suficientes para calmar la idea de autoridad que tenían los dirigentes franquistas. Al alba del 27, sábado, como reflejó Luis Eduardo Aute en una bella canción convertida en himno por toda la oposición, los cinco activistas, condenados en juicios faltos de garantías, fueron ejecutados.

La reacción en el mundo del deporte fue casi nula con la excepción del Athletic Club de Bilbao, que jugaba en Granada y cuyos jugadores saltaron al campo con un brazalete negro, pero justificándolo con el aniversario de la muerte de un jugador.

Sin duda, el hecho más significativo y recordado de aquella jornada liguera fue protagonizado por dos jugadores del Racing de Santander, Aitor Aguirre y Sergio Manzanera, los dos titulares indiscutibles del humilde equipo cántabro. En la concentración previa al partido, como casi siempre, ambos compartieron habitación, en un conocido hotel santanderino. Aitor, de tradición nacionalista vasca, y Sergio, hijo de un funcionario republicano represaliado por el franquismo, de acusada conciencia social, sintonizaron Radio España Independiente, la teórica emisora Pirenaica que emitía desde Bucarest, y desde ella recibieron la información de ese último acto de barbarie franquista. 

Ese domingo 28 el equipo santanderino recibía al Elche en los viejos Campos de Sport. Ambos jugadores decidieron colocarse como brazaletes los cordones negros de las botas de fútbol que destacaban mucho sobre sus camisetas blancas. Otro jugador del equipo, de origen navarro, iba a acompañarles pero finalmente Maguregui, el entrenador racinguista, no contó con él como titular en la alineación.

En el transcurso de la primera parte del encuentro se vivieron distintas situaciones. La mayor parte de los espectadores desconocían la razón por la que dos jugadores llevaban esa señal de luto. El hecho fue objeto de comentarios posteriores, hasta que ya cerca del descanso, muchos espectadores intuyeron lo que sucedía sin provocar ningún rechazo. Durante el intermedio muchos policías acudieron a los vestuarios conminando a los dos jugadores a que se quitaran los brazaletes, o en caso contrario se los llevarían detenidos.

En la continuación del partido fue un tanto de Aitor Aguirre, culminando una jugada de Sergio, el que dio la victoria al Racing. El lunes tuvieron que acudir, por separado, a los juzgados a prestar declaración. Fueron interrogados sobre la causa de llevar aquel brazalete. A destacar la diferencia de trato, mucho más agresivos en el caso de Aitor. Ambos contestaron lo mismo: querían recordar la muerte de Santiuste, una figura importante del racinguismo.

La respuesta de los jugadores fue respaldada por la directiva del club, que como destaca Sergio, siempre les apoyó. Tras la declaración ante la “autoridad competente” –en términos de la época– la misma decidió imponer multas de 300.000 pesetas a cada uno, cifra que en esa época era una barbaridad. Para hacernos una idea, Sergio relata que el primer piso que compró en su Valencia natal le había costado 100.000 pesetas. 

Como anécdota añadida cabe resaltar que el pago de la multa debía hacerse en “papeles de pagos al Estado” de venta en estancos y, normalmente, para satisfacer cantidades muy inferiores. Tuvieron que recorrer muchos estancos para reunir tan importante suma. Además del castigo económico, el fiscal del Tribunal de Orden Público -TOP- llegó a pedir cinco años de prisión para cada uno, aunque aquello nunca prosperó ya que dos meses más tarde el dictador había muerto y el país estaba en la pista de salida de los numerosos cambios ocurridos a continuación.

Otra consecuencia importante en el desarrollo de su vida normal fue la amenaza de muerte de los “guerrilleros de Cristo Rey” que conocieron por la prensa. En aquel momento Sergio debía vivir en la zona conocida como Valdenoja, hoy densamente poblada, entre los Campos de Sport y Cueto, pero entonces esa misma zona estaba muy poco habitada y urbanizada, lo que le llevó a extremar las precauciones, sobre todo de noche.

Posteriormente se encontraron en Burgos con el humorista Cassen, que les hizo saber que ambos figuraban en una lista negra elaborada por la extrema derecha junto a actores, músicos y otros conocidos opositores a la dictadura. En la entrevista mantenida con Sergio, el exfutbolista confirma que personalmente se siente “muy orgulloso” de la acción que Aitor y él llevaron a cabo y que es importante que se conozcan estas pequeñas acciones como la suya y que se contemplen en la necesaria reivindicación de la memoria democrática. En un programa del Informe Robinson, titulado 'Brazaletes', el fallecido exjugador británico también entrevistó a estos dos jugadores.