El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso presentado por el exsocio de Iñaki Urdangarin Diego Torres, condenado por el caso Nóos y en prisión desde junio de 2018, contra la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de mantenerle en segundo grado penitenciario, lo que impide que pueda hacer salidas de la cárcel para trabajar o hacer voluntariado como el exduque de Palma.

La Sala considera que no existe contradicción entre la decisión del tribunal de Palma y otras resoluciones judiciales adoptadas en relación con otros presos diferentes, tal y como sostenía Torres en su recurso ante el alto tribunal.

El Supremo confirma en una sentencia dada a conocer este jueves que tampoco procede la aplicación a Torres del régimen mixto previsto en el artículo 100.2 del régimen penitenciario, dada la inexistencia de un periodo de observación que haya aportado datos bastantes, y la ausencia también una propuesta del Equipo Técnico de la prisión en los términos previstos por la ley.

En su recurso, presentado en noviembre de 2018, Torres alegaba que concurrían las variables favorables para su clasificación en tercer grado, y que la lejana fecha de los hechos y el esfuerzo y la voluntad de reparar el perjuicio causado aconsejaban la clasificación en dicho grado. Además, se refería a la aplicación de un sistema mixto de cumplimiento con apoyo en el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.

El Supremo rechaza estos argumentos y confirma los del auto impugnado, del que se desprende la ausencia de datos sobre el penado - debidos al escaso tiempo de observación sobre el mismo-, así como otros aspectos valorados en su día por el juez de vigilancia y por la Audiencia de Palma que no solo aconsejan la clasificación en segundo grado, sino que también impiden la configuración de un régimen mixto.

“En consecuencia, lo que determina la resolución del tribunal que ha sido impugnada, no es una discrepancia de fondo con la doctrina resultante de las resoluciones de contraste, respecto a la necesidad de propuesta previa del equipo técnico (de la prisión) para la implantación de un modelo de ejecución basado en un programa específico de tratamiento, sino la ausencia de datos en el caso concreto que impide la adopción de decisiones distintas de la acordada”, insiste la Sala.

Torres está cumpliendo en la prisión de Brians 2 (Barcelona) la pena de cinco años y ocho meses la condena de malversación de caudales públicos, prevaricación y fraude por su implicación en la trama “Nóos” y desde allí solicitó que se le aplicara el 100.2, que permite combinar aspectos del régimen de vida del segundo y el tercer grado, como poder salir a trabajar.

El Tribunal Supremo ha desestimado el incidente de nulidad interpuesto por la defensa del exduque de Palma Iñaki Urdangarin contra la sentencia firme de la Sala de lo Penal de este órgano judicial, que le condenó a cinco años y 10 meses de cárcel por el caso Nóos.

En un auto, la Sala de lo Penal también ha rechazado las solicitudes del que fuera socio de Urdangarin, Diego Torres, contra su condena de cinco años y ocho meses de cárcel y de la esposa de éste, Ana María Tejeiro, contra la multa de 172.384 euros al ser considerada responsable civil a título lucrativo de los delitos de malversación y fraude a la Administración de su marido.

Los magistrados han desestimado igualmente los recursos presentados por el Instituto Nóos, Fundación Deporte Cultural e Integración Social y otras entidades implicadas contra la sentencia del alto tribunal dictada en junio.

El Supremo explica que en todos estos escritos se alegan “cuestiones extrañas” y que no se atacan decisiones nuevas de los magistrados del alto tribunal, sino que “se viene a combatir indirectamente la decisión la Audiencia de Palma de Mallorca”, que posteriormente fue confirmada por esta Sala “refrendando sus argumento y reforzándolos con otros destinados a refutar las quejas casacionales”.

Intento de “prolongar o alargar” el debate en el Supremo

La quejas planteadas “son un intento de prolongar o alargar (y en algún punto, ampliar extemporáneamente) el debate de casación”, reprocha el Tribunal Supremo. En este sentido, el auto recuerda que el incidente de nulidad está reservado para denunciar lesiones de derechos fundamentales en la sentencia que dicte el alto tribunal y que no puede convertirse en una “dialéctica con el tribunal y rebatir los argumentos que haya podido exponer en su sentencia o manifestar las legítimas discrepancias con ello”, ni replantear temas ya suscitados y resueltos.

El Tribunal Supremo hizo firme el pasado 8 de junio la decisión de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca de condenar a Urdangarin y a Torres, entre otros. Ese tribunal impuso la pena de seis años y tres meses de cárcel al exduque por los delitos de malversación, prevaricación, fraude a la Administración, tráfico de influencias y dos delitos fiscales.

Posteriormente, el Supremo rebajo esta pena de prisión hasta los cinco años y 10 meses, al absolverle de los delitos de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad; no aceptando así el incremento los diez años de cárcel que solicitó la Fiscalía. Lo mismo ocurrió con el socio, que en un principio fue de ocho años y medio de cárcel, que finalmente quedaron en cinco años y ocho meses.

La sentencia carece de “base material lógica”

Urdangarin, que ingresó el 18 de junio en el centro penitenciario de Brieva, en Ávila, presentó unos días más tarde, ya en el mes de julio, dicho incidente de nulidad, asegurando que el fallo carece de “base material lógica”, tiene contradicciones y conclusiones predeterminadas.

“Cuando la falta de motivación aparece como expresión de la falta de prueba será materialmente insubsanable”, afirma el escrito, al mismo tiempo que denuncia la vulneración de derechos fundamentales como la tutela judicial efectiva y la presunción de inocencia.

Además, su defensa argumenta en el incidente que la supuesta influencia que ejerció Urdangarin en las actividades del Instituto Nóos no queda “explicitada, aclarada o justificada” en la sentencia, y que no comprenden qué actos concretos se le reprochan o los motivos de la condena por malversación.

El incidente de nulidad es el trámite previo a la presentación de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, ya que antes de presentarlo se tienen que agotar todas las vías en el Supremo.

El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha ingresado este lunes en la cárcel Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), tras ser condenado por el Tribunal Supremo a cinco años y ocho meses de cárcel por su implicación en el caso Nóos.

Torres, que tiene su residencia en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), podía ingresar en prisión hasta este lunes a las 20.30 horas, cuando terminaba el horario de ingresos, y lo ha hecho a las 17.05 horas, acompañado de su abogado, Manuel González Peeters.

La representación procesal de Diego Torres ha solicitado un indulto y ha pedido a la Audiencia de Palma la suspensión de la ejecución de la condena mientras se tramita, según han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

Brians 2, situada a unos 40 kilómetros de Barcelona, se inauguró en 2007 y tiene 14 módulos residenciales, cada uno con tres plantes y 72 celdas, con un total de 1.008 celdas con capacidad para 1.500 personas.

Torres será trasladado al módulo de ingresos, donde se le hará un examen médico y se entrevistará con profesionales del equipo de tratamiento para conocer su situación, establecer sus necesidades y determinar el módulo que se le asignará.

En la selección de un módulo intervendrá el hecho de que es su primer ingreso, y el periodo de atribución del módulo puede durar entre dos y cinco días, han precisado fuentes penitenciarias.

El reglamento penitenciario establece que los centros tienen un máximo de dos meses para hacer una propuesta de clasificación --primero, segundo o tercer grado-- y la junta de tratamiento la eleva a la Dirección General, que toma la decisión definitiva.

Diego Torres ha sido condenado a cinco años y ocho meses de prisión tras presentar recurso ante el Tribunal Supremo, que le rebajó la pena impuesta por la Audiencia de Palma, y el miércoles recogió el mandamiento de su entrada en prisión, que fijaba un plazo de cinco días para que se personara en una cárcel, el cual expiraba este lunes.

El ingreso en prisión de Urdangarin 

También este lunes, Iñaki Urdangarin ha ingresado pasadas las 7.30 horas en la cárcel de Brieva, en Ávila, para cumplir su condena de cinco años y diez meses de prisión por el caso Nóos.

El marido de la Infanta Cristina, que también tenía de plazo hasta este lunes para personarse en un centro penitenciario, también ha visto rebajada su condena inicial tras recurrir al Tribunal Supremo.

El exministro del PP y expresidente del Gobierno balear Jaume Matas, que ha sido condenado a tres años y ocho meses de cárcel, se personó en la prisión de Aranjuez (Madrid) el mismo miércoles que la Audiencia de Palma citó a los procesados para que recogieran el mandamiento de ingreso en prisión.

Los penados pueden, en paralelo a su ingreso en prisión, recurrir en amparo al Tribunal Constitucional o solicitar un indulto.

La representación procesal del ex socio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha solicitado un indulto y ha pedido a la Audiencia Provincial la suspensión de la ejecución de la condena mientras se tramita.

Así han informado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB). La Sala II del Tribunal Supremo rebajó a 5 años y 8 meses la condena a Torres por los delitos de malversación, prevaricación y fraude a la Administración, mientras que le ha absuelto de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad.

De este modo, el alto tribunal rebajó en casi 3 años la condena que inicialmente impuso a Torres la Audiencia Provincial de Palma, que en febrero de 2017 le sentenció a 8 años y 6 meses de cárcel y multa de más de 1,7 millones de euros.

Torres acudió el miércoles a la Audiencia Provincial a recoger el mandato de entrada en prisión, para lo que el tribunal le dio un plazo de cinco días que termina este lunes.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial ha citado a Iñaki Urdangarin, Diego Torres y Jaume Matas para que comparezcan ante el tribunal mañana martes, entre las 9:00 y las 14:00 para entregarles el mandamiento de prisión, han informado fuentes jurídicas. El plazo que suele dar el tribunal para el ingreso en la cárcel no supera los cinco días, según fuentes jurídicas.

La sentencia del Tribunal Supremo implica una rebaja mínima de la condena a Urdangarin y la deja en 5 años y 10 meses. El Tribunal Constitucional sitúa en los cinco años esa barrera para la entrada en la cárcel aun con recurso ante el mismo, precisan fuentes jurídicas. De este modo, la sentencia del Supremo ha abocado al exduque de Palma a que entre en la cárcel en cuestión de días.

La Sala II del Supremo ha decidido por unanimidad rebajar en cinco meses la condena al exduque de Palma, en contra de lo que pedía la Fiscalía, que había solicitado que su pena se incrementase hasta los 10 años de prisión.

La Audiencia de Palma decidió dejar en libertad a Urdangarin tras la primera condena. Le permitió seguir viviendo en Suiza con la única medida cautelar de comparecer mensualmente ante las autoridades judiciales de ese país. Ahora, con la condena ya firme, se celebrará una vista para decidir sobre su ingreso en prisión.

El marido de la infanta Cristina aún tiene algunas bazas para tratar de evitar su entrada en la cárcel. Puede solicitar un indulto o recurrir al Tribunal Constitucional, al que puede pedir que suspenda su condena hasta la decisión final.

La vista en el tribunal de Palma se celebrará previsiblemente en los próximos días. Tras la primera condena apenas pasó una semana entre la sentencia y la decisión sobre las medidas cautelares de la Audiencia de Palma.

Los principales condenados lo están a más de dos años y un de prisión, el límite que marca el Código Penal. Por debajo de esa cifra, la ley deja en manos del juez la decisión de sustituir la pena por multa cuando “se infiera que el cumplimiento de aquéllas habría de frustrar sus fines de prevención y reinserción social”.

En esa vista el tribunal también tendrá que decidir si envía ya a prisión al resto de condenados, entre los que está el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, condenado a cinco años y ocho meses de cárcel, o Jaume Matas, condenado a tres años y ocho meses. En el caso del expresidente Balear, es su tercera condena, así que tendrá complicado evitar un nuevo ingreso en prisión.

El Tribunal Supremo ha rebajado en cinco meses la condena de seis años y tres meses de cárcel a Iñaki Urdangarin por el caso Nóos. Por unanimidad, la Sala de lo Penal le impone una condena firme de cinco años y 10 meses de cárcel por malversación, prevaricación, fraude, dos delitos fiscales y tráfico de influencias.

Ahora la Audiencia de Baleares tendrá que decidir sobre su ingreso en prisión, pero la rebaja mínima de Urdangarin apunta a que éste puede ser inmediato, aun si su abogado decide recurrir al Constitucional o solicitar un indulto. El Tribunal Constitucional sitúa en los cinco años esa barrera para la entrada en la cárcel aun con recurso ante el mismo, precisan fuentes jurídicas. 

El Supremo reduce en 5 meses la pena de Urdangarin al absolverle del delito de falsedad en documento público cometido por funcionario, en el que la Sala entiende que no está probada su intervención. La Fiscalía del Tribunal Supremo había pedido en su recurso aumentar la condena a Urdangarin a 10 años de cárcel.

El Tribunal Supremo considera “acreditado” que Urdangarin se valió de la “situación de privilegio que disfrutaba como consecuencia de su matrimonio con una una hija de quien era entonces jefe del Estado”, así como de su amistad con Pepote Ballester, en aquel entonces director de Deportes del Gobierno balear. Así, “consiguió mover la voluntad” tanto de Ballester como del presidente autonómico, Jaume Matas, para obtener contratos de forma fraudulenta. 

“Es de destacar que el logro del influjo ejercido desde el trampolín de su privilegiada posición no se limita a la contratación, sino también y particularmente a la exclusión de toda concurrencia posible obviando las condiciones, presupuestos y proyectos que otras empresas podían ofrecer mejorando las fijadas casi unilateralmente por el recurrente y su socio”, añade el fallo.

Se produjo finalmente, añaden los magistrados, “ese sutil pero patente y efectivo sometimiento ante la posición del proponente, actitud que buscó y provocó deliberadamente amparado en su notoria condición, combinada y reforzada por su amistad con José Luis Ballester”.

La Fiscalía solicitaba para el socio de Urdangarin un aumento de la condena a 16 años y 10 meses de cárcel. Sin embargo, los jueces han dejado la condena de Torres en 5 años y 8 meses por malversación, prevaricación y fraude a la Administración, y le absuelve de tráfico de influencias, blanqueo y falsedad. De este modo, el Supremo reduce en casi tres años la condena al exsocio de Urdangarin.

Asimismo, el Alto Tribunal mantiene la responsabilidad de partícipes a título lucrativo de Ana María Tejeiro y Cristina de Borbón en el delito de malversación y fraude de sus maridos, pero no en los delitos fiscales.

La consecuencia de esta decisión es que tanto Iñaki Urdangarín como Diego Torres deberán asumir en su totalidad el pago de lo defraudado, que en el caso de este último y en el de su esposa ya está consignado, como resaltaba la sentencia recurrida.

El tribunal da la razón en este punto a Ana María Tejeiro, y por extensión a Cristina de Borbón, quien había decidido no recurrir, al considerar que no existen precedentes de que se haya aplicado la responsabilidad civil a título lucrativo en un delito fiscal. En el caso de Cristina de Borbón, la cuantía asciende a 136.950 euros, y en el de Ana María Tejeiro, a 172.550 euros. 

La consecuencia es que Cristina de Borbón ve reducida su multa en 128.138 euros y Ana María Tejeiro 172.384 euros, en lo que se refiere a las indemnizaciones fijadas por los delitos contra la Hacienda Pública por el que también fueron condenadas sus parejas.

Los jueces del Supremo ratifican el resto de pronunciamientos de la Audiencia de Palma, incluida la condena a 3 años y 8 meses de cárcel al expresidente balear Jaume Matas

El fallo del Supremo es la respuesta a los recursos interpuestos contra la sentencia que dictó la Audiencia de Palma, que en su fallo rebajó considerablemente las penas que pedía la Fiscalía. Además, absolvió a todos los acusados de la rama valenciana, entre los que estaba Alfonso Grau, exvicealcalde de Valencia. El Supremo confirma las absoluciones a los miembros de la denominada 'trama valenciana'.

Aumento de la multa a Urdangarin

La Sala Segunda del Tribunal Supremo confirma así en lo sustancial el fallo de la Audiencia de Palma, pero realiza algunos ajustes técnicos que provocan la modificación en las condenas. Por ejemplo, en el caso de Urdangarin, además de la rebaja en cinco meses, se produce un aumento en la multa por dos delitos fiscales, en total 512.533 euros, y el pago de una indemnización a Hacienda de 326.925 euros. Estas variaciones dan la razón al recurso del Abogado del Estado. 

El tribunal que impuso la primera condena de Noos afirmó que la administración balear contrató con el Instituto que dirigían Urdangarin y Torres “prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y, respondió, a la decisión unilateral” de Matas, y en base a “la influencia ejercida” por Urdangarin.

El marido de la infanta, según la sentencia, “se sirvió de la íntima relación de amistad que le unía” a 'Pepote' Ballester, entonces director de Deportes, y que ha sido condenado a un año y tres meses de prisión.

Urdangarin está en libertad a pesar de la condena, porque el tribunal se negó a imponerle ninguna medida cautelar, más allá de comparecer una vez al mes ante la autoridad judicial de Suiza.

La sentencia ratifica el resto de pronunciamientos de la Audiencia de Palma. Así, condena a 15 meses al exdirector general de Deportes de Baleares, José Luis Ballester; 15 meses al exgerente de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; 1 año al exgerente del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía; y 1 año de cárcel al exasesor jurídico de dicho Instituto Miguel Àngel Bonet. Se confirman además las absoluciones dictadas por la Audiencia balear. A los cuatro últimos se les sustituye la pena de prisión por una multa al aplicarles la atenuante de colaboración y reparación del daño, desestimando así el recurso del Ministerio Fiscal.

Reproche a Manos Limpias

Los magistrados del Supremos han incluido en la sentencia una crítica a la actuación de Manos Limpias, que durante el proceso estuvo personada como acusación popular y logró sentar en el banquillo a la infanta Cristina. Los jueces creen que su actuación “estaba presidida por consideraciones ligadas más bien a escenarios extraprocesales que con el legítimo proceso de convencer a un tribunal de que esa condena era justa”.

Recuerdan que Manos Limpias pidió para la infanta una condena de ocho años por los delitos fiscales. “Se hace difícil pensar que un profesional del derecho considere que un delito contra la hacienda pública del que no es autor, sino cooperador necesario y por cuantía no superior a 120.000 euros merezca ese máximo punitivo”, escriben los jueces. No atendieron, dicen, al hecho de que la infanta había devuelto el dinero defraudado.

Por ello, aprecia el Supremo “una ausencia de prudencia y de ponderación y una absoluta y aparentemente deliberada y preconcebida impermeabilidad a cualquier elemento que pudiera favorecer a quien acusaba en solitario”.

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha anunciado en una entrevista en la Cadena Ser que pedirá más pena de cárcel para Iñaki Urdangarin y Diego Torres a través de un recurso de casación para incluir el delito de malversación de caudales públicos y fraude de documento público. El marido de la infanta fue condenado a seis años y tres meses, su socio a ocho años y seis meses.

Horrach solicitará también penas de prisión para los cargos públicos de la trama valenciana que quedaron absueltos: el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y los cuatro exaltos cargos del PP, Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela y Elisa Maldonado. El fiscal defiende que firmaron los mismos contratos que el Gobierno balear con el Instituto Nóos, por lo que existiría un delito de malversación de caudales públicos.

“Voy a proponer como recurso de casación al Supremo la consideración que realiza la sentencia sobre la malversación de caudales públicos”, ha asegurado Horrach. El fiscal Anticorrupción entiende que existe este delito porque la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (CACSA) se debió someter a la normativa de contratación pública en negocios con terceros, algo que no contempla la sentencia. Ese delito lleva aparejada una pena de cárcel de entre 4 y 8 años.

Comparte las denuncias del fiscal cesado de Murcia

Pedro Horrach ha avalado las denuncias de presiones que denunció este jueves en la Cadena Ser el fiscal superior cesado de Murcia. “Las presiones en casos de investigaciones de corrupción se suceden muy a menudo”.

Además, ha remarcado que, mientras en las grandes ciudades la labor de los fiscales “queda más difuminada”, en las comunidades pequeñas, como Baleares o Murcia, esa presión “se intensifica” y “se nota mucho más”. “Hay que aprender a convivir con ella”, ha añadido.

Horrach ha asegurado que él nunca ha temido por su integridad física, pero ha detallado que sí ha recibido “cartas de tipo amenazante”, con insultos contra él y contra su familia. Según ha dicho, sí denunció ante la Policía una carta amenazante, mientras que a las que tienen “insultos variopintos” no les hace “ni caso”.

Pero además, ha señalado que todos los fiscales de la delegación de Anticorrupción de Palma han sido avisados en más de una ocasión de que posiblemente estaban siendo objeto de seguimientos, y se les han puesto medidas de contravigilancia, aunque ha sido “afortunadamente en momentos ocasionales”.

Aunque no sabe quién está detrás de esos seguimientos, imagina que se trata de las personas que están siendo investigadas. En todo caso, ha recalcado que lo importante es comunicar los hechos a las autoridades policiales y judiciales.

En cambio, ha dejado claro que nunca ha recibido presiones de sus superiores jerárquicos en la Fiscalía: “Ni las he recibido ni las hubiese aceptado”. “Sólo faltaría que recibiese llamadas de esas características”, ha remachado.

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha sugerido este lunes que pedirá una medida cautelar de prisión preventiva con fianza para el ex duque de Palma Iñaki Urdangarin y su ex socio Diego Torres, aunque esperará a escuchar a ambas partes en la vistilla de medidas preventivas solicitada por la Fiscalía Anticorrupción. De esta forma, con el depósito de la fianza ambos evitarían la cárcel mientras la Sala Segunda del Tribunal Supremo tramita los recursos.

A lo largo de este lunes se dará a conocer la fecha y la hora de la vista judicial de medidas preventivas, en la que se tomará la decisión final. El criterio general de la Fiscalía es pedir prisión preventiva para penas superiores a los 5 años, como es el caso de Urdangarin y Torres, condenados a 6 años y 3 meses de cárcel y 8 años y 6 meses, respectivamente.

“Lo lógico es solicitar las mismas medidas para Diego Torres e Iñaki Urdangarin. No considero que la diferencia sea relevante para no pedir las mismas medidas a ambos”, ha señalado en una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3, en la que también ha apuntado que el riesgo de fuga no existe y que “lo que ha variado es que ya existe una condena impuesta por un Tribunal”.

Las partes tienen de plazo hasta el viernes para interponer los recursos de casación: “Es posible que vía recurso de casación las defensas consigan argumentar y convencer a los magistrados del Supremo que no tienen una sustancia suficiente para merecer estas penas, pero también puede suceder lo contrario”, ha explicado.

Con respecto a la diferencia entre las penas que pedía la Fiscalía Anticorrupción y las de la sentencia, Horrach ha manifestado que “responde a la lógica jurídica” porque el Tribunal de Palma ha excluido “varios delitos que considerábamos que habían cometido tanto el señor Torres como Urdangarin” y, en consecuencia, la rebaja de pena ha sido “sustancial”.

“Se produjeron negociaciones, pero no cuajaron”

El fiscal Anticorrupción ha explicado que durante el procedimiento se produjeron varias reuniones con los abogados de Urdangarin y Torres para llegar a acuerdos, pero ninguna fructificó. “Lo primero que pide la Fiscalía es una indemnización completa de los prejuicios que ha cometido su actuación. No pudimos concretar una pena adaptada a los hechos delictivos”.

Horrach se ha defendido de las críticas que ha recibido por defender que la infanta Cristina no debía sentarse en el banquillo de la acusación: “Estoy contento en la medida en que el Tribunal ha aceptado las tesis que he mantenido estos 6 años”.

“Cuando uno ve y lee prácticamente a diario que le llaman corrupto, defensor de la infanta e insultos de lo más variopinto, van haciendo mella”, ha dicho, aunque también ha señalado que el tiempo “lo relativiza todo”. “Esperaba que las críticas cesasen, pero se ve que cuando un prejuicio se instala en la opinión pública es prácticamente imposible erradicarlo”.

Horrach también ha cargado contra el pseudosindicato Manos Limpias -que tendrá que pagar las costas que el juicio ha causado a la infanta- y se ha mostrado partidario de eliminar la figura de la acusación popular “porque distorsiona el proceso penal” y responde “a intereses particulares”. “Manos Limpias se personó en este juicio para darse publicidad y autobombo. Y así lo ha demostrado durante toda la instrucción. No se puede simultanear la sesión de un juicio con programas de televisión. Me parece un disparate”. En este sentido, ha señalado que existen motivos para recurrir en casación la misión de la acusación popular.

La Audiencia Provincial de Palma ha absuelto a la infanta Cristina por su participación en el caso Nóos, que solo tendrá que pagar una sanción de 265.000 euros como partícipe a título lucrativo, y ha condenado a su marido, Iñaki Urdangarin, a 6 años y tres meses de cárcel, y al socio de este, Diego Torres, a 8 años y seis meses. El tribunal, que ha hecho pública la sentencia este viernes, ha condenado también al expresidente balear Jaume Matas a 3 años y 8 meses de cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción no había acusado de ningún delito a la Infanta, pero la acusación popular ejercida por Manos Limpias había pedido para ella ocho años de prisión y una multa de dos millones de euros. El tribunal decidió no aplicarle la doctrina Botín y la sentó en el banquillo junto al resto de acusados. Ahora le absuelve de los delitos y condena a Manos Limpias a pagar las costas del proceso.

Al final, la Audiencia ha decidido absolverla por unanimidad por los dos delitos fiscales en grado de cooperadora como copropietaria de la empresa con la que Urdangarin defraudó 337.000 euros a la Hacienda Pública durante dos ejercicios (2007 y 2008). A él, sin embargo, sí le considera culpable, le impone también una multa de de 512.553 euros y una inhabilitación de siete años.

El fiscal Pedro Horrach había pedido 19 años y medio de cárcel para el marido de la infanta por no arrepentirse durante el juicio. La condena de la Audiencia es menor porque le aplica el atenuante de daño reparado y le absuelve del delito falsedad en documento mercantil y blanqueo de capitales.

La misma razón, el no arrepentimiento, levó a Horrach mantener la petición de 16 años y medio de cárcel para Torres. El fiscal siempre ha defendido que ambos crearon una estructura ficticia para hacerse con dinero público mediante adjudicaciones amañadas.

La Audiencia también ha condenado a Matas por un delito continuado de prevaricación en concurso medial con falsedad y malversación. La Fiscalía pedía 5 años de cárcel por contratar con el instituto Nóos saltándose los cauces legales. Horrach rebajó la pena inicial de 11 años porque el expresidente balear entregó 900.000 euros en concepto de reparación de daños.

El tribunal ha absuelto a Mercedes Coghen, exconsejera de Madrid 2016, al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y a los dos cuñados de Torres, Marco Antonio Tejeiro -que había pasado a ser testigo tras colaborar con la Fiscalía- y Miguel Tejeiro, secretario del grupo Nóos.

La mujer de Torres, Ana María Tejeiro, también ha sido absuelta del delito de blanqueo de capitales, y como la infanta, se la considera responsable civil subsidiario. Tiene que abonar 344.000 euros junto con su marido.

La Audiencia ha exculpado también al resto de exaltos cargos valencianos, entre los que están el exresponsable de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, Jorge Vela, su exdirectora de gestión, Elisa Maldonado, el ex secretario autonómico de Turismo y Proyectos Estratégicos de la Generalitat Valenciana, Luis Lobón, y el sucesor de Vela, José Manuel Aguilar.

Urdangarin usó su influencia y amistad con cargos públicos

Las tres magistradas que han redactado la sentencia, Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonora Moyá, señalan que la administración balear contrató con el Instituto Noos “prescindiendo de la tramitación legal que era aplicable y, respondió, a la decisión unilateral” de Matas, y en base a “la influencia ejercida” por Urdangarin.

El marido de la infanta, según la sentencia, “se sirvió de la íntima relación de amistad que le unía” a 'Pepote' Ballester, entonces director de Deportes, y que ha sido condenado a un año y tres meses de prisión.

Los subordinados de Matas, dicen las magistradas, “trataron de revestir de legalidad las decisiones” del expresidente balear “simulando que habían sido tomadas por la Fundación Illesport a través de la confección de unas actas” de unas reuniones que nunca se celebraron.

Entre esos subordinados condenados están Gonzalo Bernal, director de Illesport, a un año y tres meses de cárcel, Juan Carlos Alía, exdirector del Instituto Balear de Turismo Ibatur, y Miguel Ángel Bonet, exsecretario del Ibatur, ambos a un años.

La fundación Illesport también pagó 445.000 euros por una serie de trabajos que nunca llegaron a realizarse. El tribunal recalca que el pago se hizo “como consecuencia de la reiterada exigencia de pago promovida por los representantes del Instituto Nóos, pese a ser conscientes, la autoridad y los funcionarios públicos, que los servicios no se habían prestado”.

La sentencia considera probado también que esos representantes de Nóos, Torres y Urdangarin, se aplicaron deducciones “a las que no tenían derecho, defraudando al erario público cantidades superiores a 120.000 euros”. Además, Torres creo un entramado de sociedades para ocultar la cuota defraudada y devolverla a sus cuentas como ingresos legales.

Los acusados, la Fiscalía y el resto de acusaciones tienen ahora cinco días para presentar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Además, las partes pueden solicitar una vista para decidir sobre el ingreso inmediato en prisión, si hay riesgo de fuga, de los tres condenados a pena de cárcel: Urdangarin, Torres y Matas.

La defensa de Diego Torres ha acusado al fiscal anticorrupción Pedro Horrach de convertir el juicio del caso Nóos “en una ceremonia para la distracción del vecindario” y ha apuntado a las “disparatadas soflamas” en las que ha basado sus acusaciones durante la vista oral, llegando incluso a aludir a la “torpeza probatoria” por parte del Ministerio Público.

El abogado Manuel González Peeters ha arrancado la exposición de su informe final con duras críticas a la actuación del fiscal, al achacarle el haberse “parapetado en que es garante de la legalidad vigente” y haber sustentado sus acusaciones en un continuo “porque sí”. El letrado, al inicio de su intervención, ha criticado en esta línea el “defectuoso cumplimiento de la carga de la prueba”.

“Me da la impresión de que no he estado en este juicio”, ha manifestado González Peeters, quien se ha respondido que “sí, yo sí que he estado” y quienes no lo han hecho son las acusaciones, que “debieron de alquilar un minibús” para irse a Randa con quienes debían declarar “para ver si estos eran imbuidos por la ciencia infusa”.

“Todas las acusaciones se han ido al garete”, ha espetado González Peeters, quien ejerce la defensa tanto de Torres -para quien el Ministerio Público reclama 16 años y medio de cárcel- como de la mujer de éste, Ana María Tejeiro, quien se enfrenta a una petición de dos años.

Urdangarin aparece de imprevisto en el juicio

Iñaki Urdangarin ha acudido, de imprevisto, a la penúltima sesión del juicio del caso Nóos, que se encuentra en fase de exposición de los informes finales por parte de las defensas y prevé este miércoles quedar visto para sentencia.

El exduque ha hecho acto de presencia pasadas las 9.45 horas, momento en el que, sin hacer declaraciones a los medios, ha entrado en la sede de la Escuela Balear de Administración Pública (Ebap), en el Polígono Son Rossinyol de Palma, donde se celebra la vista oral. También están presentes en la sala el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, la mujer de éste, Ana María Tejeiro, y el exjurídico del Instituto Balear de Turismo (Ibatur) Miquel Àngel Bonet, que ha estado habitualmente presente en la vista.

El juicio se ha reanudado con la intervención de la defensa de la exconsejera delegada de Madrid 16 Mercedes Coghen, a la que seguirá la del abogado del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, y de la propia Tejeiro.

El siguiente a todos ellos en exponer su informe será el letrado del exduque, que podría intervenir este mismo martes -dependiendo del ritmo de los anteriores- o, de no disponer de tiempo, ya el miércoles. Tras la defensa de Urdangarin está previsto que intervengan las del exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, del abogado Salvador Trinxet y de la Infanta Cristina.

Será al término del trámite de informes cuando la presidenta preguntará a los acusados, que deberán estar obligatoriamente presentes, “si tienen algo que manifestar al tribunal”, de acuerdo a lo establecido en el artículo 739 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim). “Al que contestare afirmativamente, le será concedida la palabra”, señala el precepto.

Según la normativa, “el presidente cuidará de que los procesados al usarla no ofendan la moral ni falten al respeto debido al tribunal ni a las consideraciones correspondientes a todas las personas, y que se ciñan a lo que sea pertinente, retirándoles la palabra en caso necesario”. Tras ello, el juicio quedará visto para sentencia.

Lo que nunca tenía que haber sucedido en el juicio del Caso Nóos, ha sucedido. El lío y el desconcierto procesal ha aparecido en un procedimiento que necesariamente tendría que haber funcionado minuciosa y mecánicamente, igual que un reloj suizo. El tribunal, serio y preparado, demuestra no obstante su bisoñez en el manejo de este tipo de macro juicios de alto perfil mediático y político. Siempre me habrán leído respecto a este caso y a otros que cuando la Justicia se topa cara a cara con el poder es cuando llegan los problemas. Y si algún procedimiento ha topado de morros con el poder ha sido éste.

Un proceso de este tipo es como un barco que inicia su singladura con un .... muy concreto pero que ignora que golpes de viento, tempestades o calmas chichas puede encontrar. Que no sabe si la tripulación se amotinará o si serán atacados por corsarios. Un capitán, si es un lobo de mar, debe entonces tener previstas las posibles incidencias, incluso las más improbables, para saber qué hacer llegado el momento. En la mar la duda es a veces la línea entre la vida y la muerte.

La incertidumbre se ha cernido sobre el proceso. El tribunal no previó los embates procesales que podían venírsele encima. El primer aviso fue la inexplicada decisión de Manos Limpias de retirar la acusación por la que le pedían 11 años de prisión a Miguel Tejeiro. Ellos solos lo mantenían en el banquillo. Estrategia procesal. Más bien extraprocesal puesto que es difícil entender que quien a su juicio ha delinquido como para merecer 11 años de prisión de pronto se halle absuelto y libre como un pajarito. Nos dijeron que en su declaración íbamos a descubrir el por qué de este hito procesal. A la espera estamos. Las magistradas tenían que haber visto que aquí se avecinarían problemas. El hecho de que Tejeiro fue el asesor fiscal del asunto y las implicaciones que esto podría tener debería haber sido previsto por el tribunal y, como no, también por la acusación que le convirtió en testigo. Un juicio es una partida de ajedrez. Prever las jugadas del contrario es parte del juego. Peters ha sido listo y sus oponentes tenían la guardia baja. Craso error.

Un proceso de estas características es más que un proceso. Y eso también debería haber sido previsto por el tribunal. Esta semana hemos vivido el aniversario de los atentados del 11 M. Quizá no ha habido otro juicio en la historia penal de este país en el que tantas fuerzas extra procesales batieran contra la cubierta de una vista. Por eso era importante prever lo que podía suceder. Desde una huelga de hambre hasta detectar que un abogado había colado un temporizador de ETA bajado de Internet en su escrito de acusación en lugar del temporizador de lavadora que fue encontrado en el registro en el taller de uno de los acusados. Eso y manejar los tiempos. Cualquier macro juicio puede irse de calendario si no se manejan los tiempos con mano férrea.

Y luego está lo de fuera. La pelea en el barro de las partes. Los americanos tienen una disciplina que se llama PR Litigios que parte de la base de que ganar el pleito y perder ante la opinión pública puede ser la ruina de tu cliente. Por eso establecen con especialistas toda una estrategia extra procesal. Aquí aún andamos sin reconocer que existe ese plano ajeno a lo jurídico y, por tanto, acabamos mezclándolo de forma que enfanga el terreno. Interrogar a la Infanta sobre cuestiones que nada tienen que ver con la prueba del delito del que está acusada pertenece a esta mezcla de planos. Mantener un pleito paralelo entre las partes también.

Este plano extra procesal está presente también en las acusaciones que los abogados se vierten entre ellos. No es muy habitual que un abogado de prestigio como Molins insinúe que la acusación popular ha podido recibir “contraprestaciones” por retirar la acusación a Tejeiro y que mezcle esto con las finanzas opacas del pseudosindicato en su discurso. Tampoco lo es que un fiscal como Horrach le tenga que decir al defensor de Torres que esta coaccionando a un testigo “mediante una suerte de fraude procesal”. Que López Negrete tenga que decirle a Peters que usa medios torticeros. Merde extraprocesal.

En este proceso no sólo nos jugamos que se haga Justicia sino, en gran parte, la credibilidad de la Justicia. En otros casos ha sucedido también y los tribunales eran perfectamente conscientes de que debían conseguir una vista oral tan irreprochable que no dejara resquicio alguno no sólo jurídico sino también ante los ciudadanos.

Habría que esperar que esta interrupción sirva para que la presidenta del tribunal vuelva a sujetar firmemente la barra y conduzca al navío a través de la tempestad. En caso de naufragio, perdemos todos.

El exasesor fiscal y exsecretario del Instituto Nóos Miguel Tejeiro, cuya declaración como testigo en el juicio del caso Nóos ha arrancado pasadas las 16.30 horas de este jueves, ha señalado que era “práctica habitual” en la entidad y otras empresas vinculadas, lideradas por Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres, fingir la contratación de empleados en aras a simular la actividad de las mercantilesde esta trama. El objetivo era poder así justificar y “ennegrecer” los ingresos que de forma irregular obtuvieron de las Administraciones.

Miguel Tejeiro es al hombre al que Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la infanta Cristina decidieron cargar con el muerto de la trama de delitos fiscales y blanqueo de dinero que les ha llevado al banquillo, en sus declaraciones ante el tribunal. Tejeiro es el “asesor fiscal” al que una y otra vez se han referido los antiguos socios durante el juicio como el responsable de llevar por mal camino la filantrópica tarea que habían puesto en marcha con su ONG.

A diferencia de Urdangarin, Torres y la infanta Cristina, Tejeiro ha comparecido como testigo. Justo antes de que comenzara la fase de juicio oral, la última acusación que sobre él pesaba, la de Manos Limpias, fue retirada. De 11 años como cooperador de todos los delitos de Urdangarin y Torres, la acusación popular pasó de un plumazo a eximirle de cualquier responsabilidad. Cuestión de “estrategia procesal”, alegó la abogada Virgina López Negrete.

Miguel Tejeiro es hermano de Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres y que también se sienta en el banquillo de los acusados.

A preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, Miguel Tejeiro ha manifestado que uno de estos trabajadores 'ficticios' era su hija, Patricia Tejeiro, quien estuvo empleada en Nóos Consultoría Estratégica “sin trabajar” después de que Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, le ofrecieran una propina mensual de 60 euros al mes durante cerca de un año.

Sin embargo, ha apuntado que en la nómina figuraba que cobraba unos 600 euros y, al ser preguntado sobre qué pasó con el resto del dinero que oficialmente constaba que cobraba, ha asegurarlo no saberlo de forma directa si bien su hermano, Luis Tejeiro, excontable en el Instituto, “me decía que se lo quedaban ellos”, en alusión a ambos exsocios.

Interpelado por la finalidad de esta práctica, Tejeiro ha manifestado que “no era tanto el quedarse ese dinero” sino ser dados de alta en la Seguridad Social para aumentar los gastos deducibles a Hacienda además de disminuir la base imponible y la cuota a pagar en el Impuesto de Sociedades.

En cuanto a su hija, ha manifestado que también a través de su hermano supo que ella había también remitido a una amiga para ejercer también de empleada ficticia, “a propuesta de Torres”. El testigo ha señalado que no cree que el resto de trabajadores cobraran propina como su hijo sino que se prestaron a ello “como favor”.

Niega la supervisión de la Casa Real

El exasesor fiscal de Iñaki Urdangarin, Miguel Tejeiro, ha negado tajantemente, además, que la Casa Real supervisara las declaraciones tributarias del grupo y el IRPF de Iñaki Urdangarin.

El marido de la infanta Cristina y su socio, Diego Torres, cuñado de Tejeiro, declararon como acusados que la Casa Real, a través de Rubio, García Revenga y Romero, supervisaba y avalaba todas las actividades del Instituto Nóos y las empresas de su grupo. También la infanta Cristina apuntó a Zarzuela: “Todo lo que hacíamos estaba controlado”.

Miguel Tejeiro ha asegurado en cambio que nunca ha visto al asesor fiscal de la Casa Real Federico Rubio y que solo habló con él “dos veces” porque le pasó los datos tributarios de Iñaki Urdangarin relativos a los bienes que compartía con su esposa, la infanta Cristina, para la declaración de IRPF de la hija del Rey Juan Carlos.

También ha manifestado al tribunal que nunca ha tenido ningún contacto con el secretario de la infanta Carlos García Revenga y que toda su relación con el abogado del Rey Juan Carlos, José Manuel Romero, fue una comida junto con Urdangarin sin contenido relevante.

Cuando el próximo miércoles la jueza Samantha Romero pronuncie el nombre de Miguel Tejeiro, las cámaras que retransmiten en directo el juicio del caso Nóos comenzarán a enfocar al hombre al que Iñaki Urdangarin, Diego Torres y la infanta Cristina han decidido cargar con el muerto de la trama de delitos fiscales y blanqueo de dinero que les ha llevado al banquillo. Tejeiro es el “asesor fiscal” al que una y otra vez se han referido los antiguos socios durante el juicio como el responsable de llevar por mal camino la filantrópica tarea que habían puesto en marcha con su ONG.

Miguel Tejeiro fue el motivo del quiebro en el aséptico interrogatorio que Pau Molins, el letrado de Cristina de Borbón, había preparado para su defendida. En un momento del mismo, cambió las preguntas precisas para lanzar otra genérica: “¿En quién confía usted?”. Tan inconcreta fue que la propia infanta tuvo que corregir a su abogado: “¿Confío o confiaba?”. El letrado rectificó y ella enumeró un conjunto de personas tan heterogéneo que iban desde sus compañeros de trabajo de entonces a su familia, pasando por el asesor fiscal de su marido.

La siguiente pregunta ya se adivinaba. ¿Y en el asesor fiscal de su marido sigue confiando? “No, ahora no”, respondió la hermana del rey, terminando de dibujar la diana sobre Miguel Tejeiro que habían empezado a trazar en sesiones precedentes Diego Torres y Urdangarin.

El exduque de Palma, sin embargo, había señalado en 2012 a su exsocio Torres, lo que desató una guerra entre ambos, en la que el antiguo profesor de ESADE utilizó como artillería los correos electrónicos de Urdangarin que habían quedado alojados en el servidor del Instituto Nóos.

A pesar del daño que esos mensajes han hecho a la monarquía, pero sobre todo a Urdangarin, incluida su vida familiar, los exsocios se exhibieron dialogantes en las primeras sesiones del juicio. ¿Qué había ocurrido? La respuesta a esta pregunta no ha trascendido, pero hay un hecho durante sus declaraciones que permite adivinarlo: ambos han compartido una estrategia, que pasa por responsabilizar a sus asesores, con Miguel Tejeiro al frente, y por poner el énfasis en que la Casa del Rey fiscalizaba todos sus movimientos. La declaración de Cristina de Borbón remató la jugada. “Todo lo que hacíamos era controlado”, dijo en un momento. “Confío plenamente en mi marido, que siempre ha sido asesorado”, apostilló.

A diferencia de los tres mencionados, Tejeiro comparecerá como testigo. Y parte de la explicación de por qué los focos se dirigen ahora hacia él se explica en la condición que tiene desde hace poco en el proceso, después de haber sido absuelto al inicio de la vista. Justo antes de que comenzara la fase de juicio oral, la última acusación que sobre él pesaba, la de Manos Limpias, fue retirada. De 11 años como cooperador de todos los delitos de Urdangarin y Torres, la acusación popular pasó de un plumazo a eximirle de cualquier responsabilidad. Cuestión de “estrategia procesal”, alegó la abogada Virgina López Negrete.

El juez Castro afirmó de él en el auto de apertura de juicio oral que actuó como “una especie de eminencia gris que, de una manera u otra, siempre se encontraba presente en prácticamente todos los estadíos delictivos que rodearon a la Asociación Instituto Noos de Investigación Aplicada, a Iñaki Urdangarín y a Diego Torres”. Miguel Tejeiro es hermano de Ana María Tejeiro, mujer de Diego Torres y también en el banquillo de los acusados.

La Fiscalía Anticorrupción lo había hecho antes, en julio de 2014. Su hermano Marco Antonio, el contable de la trama, alcanzó un pacto con Pedro Horrach por el que se prestó a confesar todo lo que sabía de la ingeniería contable de Torres y Urdangarin, a cambio de rebajar sustancialmente su condena. Como mucho será condenado a dos años y no entrará en prisión.

Manos Limpias puede argumentar que, al comparecer como testigo, Miguel Tejeiro tendrá que decir toda la verdad, a riesgo de que el tribunal deduzca testimonio y se abra causa contra él por falso testimonio. Tejeiro confesará, previsiblemente, las irregularidades de los principales imputados. Las evidencias están en los correos incautados al excolaborador del CNI Matías Bevilacqua, a quien se incautaron mensajes en los que Tejeiro confesaba los detalles de la trama ilícita. Bevilacqua también declarará como testigo.

Los supuestos vigilantes de la Casa del Rey

Más adelante se sentarán en el banquillo para prestar testimonio Carlos García Revenga, José Manuel Romero y Federico Rubio. Ellos encarnan el supuesto conocimiento y control que la Casa del Rey ejercía sobre las actividades de Torres y Urdangarin, según han declarado ellos y la infanta.

García Revenga era la sombra de la infanta y llegó a estar imputado. Urdangarin le ha dicho al tribunal que “no daba un paso en la vida sin consultárselo antes” al secretario de las infantas.

Por su parte, José Manuel Romero, conde de Fontao, era el asesor jurídico del rey Juan Carlos, el encargado de advertir a Urdangarin en febrero de 2006 que tenía que abandonar el Instituto Nóos. A pesar de ello, el exduque ha asegurado que nunca recibió reproche alguno de la Casa del Rey por sus actividades.

Por último, Federico Rubio es el funcionario del Ministerio de Hacienda que se encargaba de las declaraciones de la infanta y, según ha dicho Urdangarin en el juicio, también de las suyas hasta que el matrimonio se marchó a vivir a Estados Unidos en 2009. Iñaki Urdangarin también puso en duda que sus asesores hubieran facilitado a Rubio la información adecuada para que realizara sus declaraciones a Hacienda.

El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha afirmado en su declaración durante el juicio del caso Nóos que el exasesor de la Casa Real José Manuel Romero, conde de Fontao, y la Agencia Tributaria supervisaban periódicamente las actividades del Instituto Nóos.

Así lo ha puesto de manifiesto a preguntas del fiscal anticorrupción Pedro Horrach, ante quien ha señalado cómo Romero se reunía de forma habitual con el exsecretario de Nóos Miguel Tejeiro para abordar las actividades del Instituto, que según el Ministerio Público fue utilizado por Urdangarin y Torres para apoderarse de los fondos de las Administraciones públicas.

Torres ha negado, sin embargo, que a los fondos públicos percibidos se les diese un destino irregular por su parte, con la apertura de varias cuentas en Luxemburgo y, de hecho, ha vuelto a hacer hincapié en cómo la Casa Real estaba al corriente de todos los negocios que Nóos llevaba a cabo con las instituciones.

El acusado ha aseverado además que Tejeiro, hermano de su mujer, Ana María Tejeiro, solía mantener encuentros con “un alto funcionario de Hacienda” para tratar las declaraciones de impuestos de Nóos y darles su visto bueno.

En uno de los numerosos escritos presentados a lo largo de la instrucción de la causa, la defensa de Torres asegura que desde el Instituto “jamás se hizo nada sin antes haber informado” al exsecretario de las Infantas, Carlos García-Revenga, “y a la Institución que él representaba y que lo autorizaba todo, pues en caso contrario nada se acometía”.

En concreto, la Fiscalía reclama para el acusado 16 años y medio de cárcel -petición que Manos Limpias eleva a 22 y medio- por poner en marcha, junto al exduque, una estructura “hueca de contenido real” y “una maraña de facturación ficticia” para desviar más de seis millones de euros de Baleares, Comunidad Valenciana y Madrid.

Para ello, según Horrach, utilizaron el Instituto Nóos como epicentro de la trama, al que manejaron “a su antojo” junto a otras mercantiles de su propiedad para que “operasen al servicio de sus intereses comerciales”.

El exsocio de Iñaki Urdangarin no volvería a asociarse con él “de ninguna manera”. Así lo ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER en la que ha dicho también que piensa mucho en lo que haría “si volviera a empezar. ”Con la información que tengo ahora, de ninguna manera me volvería a asociar con Iñaki Urdangarin, aun siendo una bellísima persona“, ha apuntado.

Torres ha defendido una y otra vez su inocencia. Ha negado tajantemente que los negocios en los que estuvo involucrado tuvieran como objetivo dilapidar dinero público falseando facturas. “Eso no es cierto y afortunadamente tengo la información para demostrarlo”, ha explicado.

También ha recordado cuándo y de qué manera decidió formar parte del Instituto Nóos. En aquel momento le pareció un buen negocio: “Con la información que tuve en aquel momento me pareció bien, consulté a muchísimas personas sobre esto y a todo el mundo le parecía bien”.

Un día antes de que se retome el juicio del caso Nóos, Diego Torres no está del todo tranquilo pero se siente muy respaldado por toda la información que ya ha aportado y por haber dicho “siempre la verdad”. Durante la misma entrevista también ha confirmado que “no tiene ninguna intención de llegar a un pacto con el fiscal” y no ha querido comentar nada sobre la decisión del tribunal de no aplicar la doctrina Botín a la hermana del rey.

Mañana comienza el juicio por el caso Nóos con 18 acusados, entre los que están la Infanta Cristina, su marido Iñaki Urdangarin y el exsocio de éste, Diego Torres. Este último ha defendido su inocencia en una entrevista en El Objetivo y ha asegurado que Urdangarin le ofreció, a través de su abogado, un puesto en Telefónica y dinero a cambio de que asumiese más responsabilidad en el caso.

En una reunión con el letrado de Urdangarin, este le pidió “que asumiera mayor cuota de responsabilidad a cambio de dinero y un puesto de trabajo”. Ese puedo de trabajo, ha dicho, era “posiblemente en Telefónica”.

“No me pareció muy bonita la oferta”, ha añadido. Dice tener pruebas de ese encuentro y de esa oferta, y se ha mostrado dispuesto a mostrarlas si surge la cuestión durante el juicio.

Torres también ha relatado en la entrevista cómo se pasó de la consultoría fundada inicialmente al Instituto “sin ánimo de lucro”, y que esa transformación se hizo por recomendación de miembros de la Casa Real, entre los que ha citado al secretario personal de las Infantas, Carlos García Revenga, o al abogado del rey Juan Carlos.

Así, ha contado cómo la Casa Real conocía la actividad que desarrolló el Instituto. “Lo supervisaba e incluso colaboraban. El grado de conocimiento era espectacular”, ha afirmado, al tiempo que ha señalado al rey Juan Carlos como una de las personas que prestó su colaboración.

Durante la entrevista ha leído un email en el que reclamaba la colaboración del padre del actual rey para conseguir la participación de unos deportistas en un evento organizado por el Instituto Nóos. Ha asegurado que consiguió esa colaboración.

Además, Torres dice que cada año, el secretario general del Instituto Nóos se reunía “con un alto cargo de Hacienda”, en concreto con “quien hace las declaraciones de la renta a los miembros de la familia real”, y que era este alto cargo quien supervisaba las cuentas de la entidad.

En su primera entrevista en televisión, Torres ha insistido en numerosas ocasiones en que las actividades del Instituto que dirigía junto a Urdangarin eran correctas y en que tiene documentación para desmentir todas las acusaciones.

Anticorrupción pide 19 años y medio de cárcel para Urdangarin y 16 y medio para su socio al considerar que urdieron y lideraron un entramado empresarial para eludir las normas de contratación pública al acceder de manera “directa e inmediata” a las administraciones de varias comunidades autónomas.

A pesar de las prueba que hay contra él, Torres ha negado todas las acusaciones y se ha mostrado confiado en que no irá a la cárcel: “No hay un solo párrafo del escrito de acusación que no pueda desmentir. Lo único que me puede inquietar es que no me dejen presentar las pruebas”.

Diego Torres ha defendido su inocencia y la de su exsocio, aunque en el caso de Urdangarin, con matices: “Creo que en lo que se refiere al Instituto Nóos es inocente. En la parte fiscal no puedo entrar porque lo desconozco”.

Torres ha defendido que todos los contratos con las administraciones públicas se hicieron de forma correcta y que no hubo concursos públicos porque se trataba de actividades de patrocinio. Ha justificado que no hubiese otras empresas en ellos por su naturaleza: “No podía haberlas”.

Además ha asegurado que los trabajadores del Instituto Nóos que declararon ante el juez Castro mintieron cuando detallaron la nula actividad que llevaban a cabo él y Urdangarín.

Algunos de ellos relataron cómo esa entidad cobraba por trabajos que no realizaba, como con las gestiones realizadas con la Generalitat valenciana para conseguir los Juegos Europeos.

“Yo creo que él es tan inocente como yo. En los temas fiscales, no voy a entrar, pero en ninguna de mis empresas ni del instituto Nóos han encontrado facturas de clases de salsa, de viajes a Roma o safaris”. Así se expresa la mano derecha de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, en los primeros avances de la entrevista exclusiva con Diego Torres que este domingo emitirá El Objetivo a partir de las 21.30 horas.

En la entrevista con Ana Pastor, Torres sostiene que “no debería haber desestabilizado a nadie” con la difusión de los famosos correos electrónicos del duque de Palma en el instituto Nóos. Torres avisa, además: “Tengo discos duros con otros 500.000 documentos que no he podido ni leer”. Y avisa: “Claro que puede haber algo más”.

En la entrevista en El Objetivo, Torres también afirma que existían vínculos de la Casa del Rey con los negocios del instituto Nóos, si bien insiste en defender a la institución monárquica con respecto a su papel en Nóos: “¿Hay algo incorrecto en el comportamiento de la Casa Real, del jefe de la Casa Real o de Carlos García Revenga? No. Siempre sostendré que ellos han actuado bien. Ellos revisaban lo que nosotros hacíamos: decían que estaba muy bien hecho y que adelante”.

La infanta Cristina, en el banquillo

Este lunes arranca el primer juicio que sentará en el banquillo de los acusados a un miembro de la familia real, la infanta Cristina, junto a su marido, Iñaki Urdangarin, y otros 16 acusados, por el caso Nóos.

La vista será la culminación de una investigación resumida en medio centenar de tomos y 76.000 folios repartidos en 91 carpetas, 14 archivadores y 17 cajas de cartón, que comenzó hace ya cuatro años y medio, el 20 de julio de 2010, y aborda un presunto caso de saqueo de seis millones de euros de fondos públicos.

Que la infanta Cristina sea juzgada por dos delitos fiscales en la presunta trama corrupta en torno al instituto Nóos o que se siente solo un día en el banquillo y quede exonerada sin juicio depende de que tres magistradas de la Audiencia de Palma entiendan que su caso se ajusta o no a la doctrina Botín.

Políticos, empresarios y también jueces. La última tanda de correos electrónicos aportados al caso Nóos por Diego Torres demuestra cómo un magistrado del Tribunal Supremo pasó a engrosar la lista de voluntariosos colaboradores de la trama empresarial montada por el yerno del rey Juan Carlos y su socio. Incumpliendo la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el magistrado Ángel Aguallo asesoró a los socios del Instituto Nóos en un proyecto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) entre febrero y junio de 2008.

Los correos intercambiados entre el magistrado, que escribe desde su dirección corporativa del Ministerio de Justicia, y los protagonistas de la trama, principalmente a través de su secretaria, Julita Cuquerella, acreditan la participación de Aguallo en el proyecto que Torres y Urdangarin querían realizar con la empresa Pernod Ricard.

El 13 de mayo de 2008, Diego Torres escribe a la dirección de Aguallo: “Hola Ángel: Me temo que esta mañana te he enviado el documento a la dirección de correo antigua. Te lo reenvío ahora. Es una nueva versión de la presentación del proyecto. Las primeras páginas se centran en mostrar la conveniencia de reforzar la estrategia de RSC actual con una política centrada en el uso responsable del agua como símbolo de consumo responsable. Hemos añadido las transparencias que describen las iniciativas en las que se pueden concretar el proyecto. Estas pueden o no incluirse en un primer informe, como os parezca más adecuado. Dime qué opinas. Un cordial saludo. Diego”.

Que la relación se produce en ambos sentidos lo acreditan los numerosos correos en los que la asistente de Urdangarin se escribe con Aguallo para concertar citas. Cuando Aguallo comenzó a asesorar a la trama, en febrero según los correos, aún no era magistrado sino letrado del Tribunal Constitucional. Fue en marzo cuando se convirtió en magistrado de la Sala Contencioso-Administrativo del Alto Tribunal, lo que no impidió que siguiera colaborando con la trama.

Pero la Ley Orgánica del Poder Judicial blinda a Aguallo, en concreto con los plazos de prescripción de faltas graves como esta. La LOPJ establece el régimen de incompatibilidades para los jueces, tanto en asesoramientos jurídicos, sean o no remunerados, como en empleos remunerados o participando en actividades mercantiles, en primera persona o a través de terceros. Cualquiera de estas actividades constituye una falta grave que prescribe al año.

La defensa del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha propuesto que declaren en el juicio que prevé celebrarse por el caso Nóos hasta un total de 696 testigos, entre quienes se encuentran el rey Felipe VI, don Juan Carlos, doña Sofía, la infanta Elena, su exmarido Jaime de Marichalar, Pilar de Borbón y la princesa Irene de Grecia y Dinamarca.

Mediante el escrito de defensa que Torres, junto a más de 450 páginas con correos electrónicos, ha presentado ante el juez José Castro para rebatir las acusaciones que contra él mantiene la Fiscalía Anticorrupción, que reclama 16 años y medio de cárcel para el procesado, su abogado solicita las anteriores comparecencias con el objetivo de acreditar cómo la Casa Real estaba al corriente de las actividades desplegadas por el Instituto Nóos.

De hecho, en su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado Manuel González Peeters asevera que a través de la entidad en la que Urdangarin y Torres eran socios “jamás se hizo nada sin antes haber informado” al secretario de las Infantas, Carlos García-Revenga, “y a la Institución que él representaba y que lo autorizaba todo, pues en caso contrario nada se acometía”.

De este modo defiende el abogado que “siempre” se operó “con absoluta transparencia”, e incide en que “es imposible sostener” que, con esas premisas y “con el ejército de asesores” con los que cuenta la Casa Real, “que intervenían de manera activa y determinante”, pudieran Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, “tener la más leve sospecha de que algo de anómalo pudiera estar llevándose a cabo”.

Asimismo, la defensa de Torres propone la declaración de la noble alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, quien habría realizado gestiones para emplear a Urdangarin en una fundación internacional; el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert; los exministros Rodrigo Rato y Alberto Ruiz-Gallardón; el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons.

En su escrito, la representación procesal de Torres subraya que la idea del Instituto Nóos surgió de las conversaciones que mantuvieron en su día Urdangarin, la Infanta Cristina, García Revenga y el entonces jefe de la Casa Real, Alberto Aza, con varios profesores de la escuela de estudios superiores Esade, entre quienes se encontraba él mismo. El objetivo: “promover proyectos, estudios y congresos sobre patrocinio, mecenazgo y responsabilidad social”.

La defensa apela a la bondad de cuanto se puso en marcha a través de Nóos y asegura que “ninguna, absolutamente ninguna ilicitud ha tenido lugar, desde ningún punto de vista posible, ni directo ni indirecto”, negando “rotundamente cuanto aducen la totalidad de acusaciones”.

Todos los eventos respondieron “a una necesidad real”

De hecho, acerca de las cumbres sobre turismo y deporte que tuvieron lugar en Palma y Valencia, entre otros eventos por los que el Instituto percibió hasta 6,2 millones de euros públicos, parte de cuyo destino se desconoce, asegura que “responden todas ellas a una necesidad real, estando amplia y prolijamente justificada la oportunidad y bondad de su realización”.

Es más, respecto a las negociaciones previas que llevaron a cabo ambos exsocios con las autoridades valencianas y baleares de cara a la adjudicación de los cónclaves, y que según las acusaciones habrían favorecido la posterior contratación 'a dedo' del Instituto Nóos, justifica que este tipo de actividades “no se hace de un día para otro, sino que precisa de numerosos meses de trabajo antes de que se celebre el acontecimiento”.

“No es cierto que Nóos fuera contratado por cosa distinta a la realidad de sus proyectos propios, que respondían a una realidad previa porque eran intrínsecamente de interés y además tenían, como en efecto tuvieron, un estraordinario impacto de todo punto positivo”, incide al respecto el abogado de Torres, quien niega asimismo que los precios fijados por la entidad liderada por ambos exsocios para que las Administraciones patrocinasen sus proyectos estuvieran “fuera de mercado”, como postula la Fiscalía.

González Peeters aclara en este sentido que las Instituciones públicas “no contrataron la prestación de un servicio”, sino que de lo que se trataba era de “patrocinar el novedoso proyecto del Instituto Nóos y así lo decidieron, porque sin lugar a duda de suerte alguna les era y fue harto beneficioso desde cualquier prisma posible”.

Sobre la gestación del Valencia Summit, cuyas ediciones se celebraron en 2004, 2005 y 2006, el acusado recuerda que fue en 2003 cuando Urdangarin, “tras departir con su esposa de ese tema y de otros de corte profesional”, escribió a García Revenga informándole, “como siempre fue el caso, pues jamás se hizo nada” sin antes comentárselo, “de las acciones previstas”.

Encuentros de Urdangarin y Cristina de Borbón con las autoridades

“Existieron encuentros entre Urdangarin, su esposa y la alcaldesa de Valencia, uno de ellos en la Zarzuela y otro posterior, de corte informal, de todos ellos con García Revenga”, recalca el letrado de Torres para incidir en cómo la Casa Real estaba al tanto de todo lo que acaecía en el seno del Instituto.

Es más, precisa que los contactos con Valencia se produjeron en las Navidades de 2003 a 2004, “más por la casualidad que por otra razón”, y señala que existió una reunión en la Zarzuela, el 29 de enero de 2004, con Barberá y Camps, para posteriormente producirse “la convergencia de intereses que finalmente dio lugar al Valencia Summit de 2004”. “Era y fue el Instituto Nóos el que lo organizó, pues era su proyecto”, remarca.

Por otro lado, la defensa recrimina el hecho de que la instrucción de la causa se ha llevado a cabo a través de pruebas obtenidas “con craso soslayo de los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y a un proceso con las debidas garantías”, lo que a sus representados “les ha causado manifiesta, determinante y proscrita indefensión”. Por ello, subraya que “se está en la necesidad de decretar la nulidad de pleno derecho” del caso, con la absolución de sus patrocinados.

El contable pactó con la Fiscalía una confesión en la que asegura que Aizoon tenía como fin recibir fondos ilícitos

El exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha presentado un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Palma en el que anuncia que interpondrá una querella contra el excontable del Instituto Nóos, Marco Antonio Tejeiro, que además es su cuñado, por un delito de denuncia y acusación falsa, al tildar de “mentira” las confesiones efectuadas por este imputado en relación a una trama de desvío de fondos públicos liderada por ambos exsocios.

Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Torres recalca que Tejeiro “miente, y lo sabe”, y asegura de forma tajante que “lo que dice con relación a mi defendido es, en el mejor de los casos, falso, absolutamente falso, y ese imputado lo sabe”.

El letrado Manuel González Peeters asevera así que, en relación a las contrataciones simuladas a las que se refería Tejeiro en el escrito de conformidad que ha presentado a la Fiscalía Anticorrupción, “es algo que alcanza única y exclusivamente a Urdangarin y a su esposa, vocal del Instituto Nóos, por cierto”.