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Iñaki Urdangarin

  • El juez Castro rechaza reducir la fianza de la infanta Cristina

    El juez del caso Nóos, José Castro, ha rechazado hoy la solicitud de la infanta Cristina de reducir la fianza de responsabilidad civil fijada en 2,7 millones de euros como presunta cooperadora necesaria en dos delitos fiscales.

    La defensa de la hermana del Rey, que será juzgada por presuntos delitos fiscales en los ejercicios de 2007 y 2008 por la Audiencia de Palma, había solicitado que se rebajase su fianza a 449.525 euros, una pretensión que Castro ha desechado en un auto contra el que cabe recurso.

    El juez instructor, que ha resuelto sobre la petición de la infanta después de que la Audiencia de Palma rehusase la semana pasada asumir la decisión, explica que los casi 2,7 millones de euros que impuso de fianza a la infanta se corresponden con el séxtuplo de la cantidad que presuntamente defraudó junto a su esposo en 2007 y 2008, aumentado en un tercio, como establece la ley.

    Castro explica que el montante que reclama a doña Cristina se ajusta a la petición de multa anunciada por Manos Limpias, el sindicato que ejerce la acusación popular en el procedimiento y que es la única parte que la considera autora de delitos.

    Sostiene que esta cuantía se atiene de "absolutamente rigurosa a las previsiones" del Código Penal y que, quizá por ello, ni la defensa de la infanta ni la Fiscalía, que también reclamó la rebaja de la fianza, impugnaron la decisión cuando se estableció en el auto de apertura de juicio oral de diciembre del año pasado.

    Respecto al argumento de la representación de doña Cristina de que en su presuntos delitos no concurre circunstancia agravante, el magistrado recuerda que tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado, que representa a la Agencia Tributaria, sí la aprecian en Iñaki Urdangarin por el "uso de personas interpuestas para ocultar al verdadero obligado tributario".

    "Si esta agravante específica es o no aplicable a doña Cristina Federica de Borbón y Grecia en tanto que ha sido acusada como cooperadora necesaria (...), es cuestión que corresponde resolver al tribunal sentenciador", arguye.

    El instructor rebate más extensamente la idea de que cabría considerar la atenuante de reparación del daño a la hermana del Rey porque a finales del año pasado consignó en el juzgado 587.413 euros, la cantidad que la Fiscalía había calculado como participación lucrativa en presuntos delitos de su esposo.

    Pero Castro resalta que la infanta "nunca se ofreció voluntariamente a dar su versión sobre los hechos" y que "en su declaración, a la que se llegó con gran esfuerzo, no se advirtió el más mínimo reconocimiento de los hechos, ni tan siquiera a título de error o imprevisión".

    Sostiene que aunque esas son "actitudes totalmente legítimas en el marco jurídico", resultan impropias para "quien dice haberse prestado a reparar el daño, por demás causado a una Agencia Estatal de Administración Tributaria que, paradójicamente y para mayor dislate, nunca se sintió perjudicada frente a doña Cristina Federica de Borbón y Grecia".

    Además, agrega, la consignación de los 587.413 euros se hizo solo cuando se supo que la Fiscalía y la Agencia Tributaria le iban a atribuir participación a título lucrativo en los beneficios supuestamente ilícitos de su marido.

    "La intención real de la consignante no era la de reparar ningún daño, pues para ello hubiera bastado con presenta un resguardo de haber ingresado el dinero en las arcas de la Agencia Estatal de Administración Tributaria", insiste el juez, que llama la atención también sobre el hecho de que Hacienda no ha reclamado los 168.571 euros en que se reconoce perjudicada por doña Cristina.

    Respecto al hecho de que la acusación contra la infanta la señale como cooperadora necesaria, lo que a juicio de su defensa también es argumento para aminorar la fianza, Castro expone que dirimir el peso de esa cooperación respecto a los presuntos delitos es algo que compete al tribunal que la juzgará, no a él.

    Contra la decisión del juez instructor del caso Nóos cabe recurso directo de reforma y de apelación ante la Audiencia provincial balear.

  • Un magistrado del Supremo violó la ley al asesorar a Urdangarin y Torres

    Políticos, empresarios y también jueces. La última tanda de correos electrónicos aportados al caso Nóos por Diego Torres demuestra cómo un magistrado del Tribunal Supremo pasó a engrosar la lista de voluntariosos colaboradores de la trama empresarial montada por el yerno del rey Juan Carlos y su socio. Incumpliendo la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), el magistrado Ángel Aguallo asesoró a los socios del Instituto Nóos en un proyecto de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) entre febrero y junio de 2008.

  • Torres propone como testigos en el caso Nóos a Felipe VI, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia

    La defensa del exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, ha propuesto que declaren en el juicio que prevé celebrarse por el caso Nóos hasta un total de 696 testigos, entre quienes se encuentran el rey Felipe VI, don Juan Carlos, doña Sofía, la infanta Elena, su exmarido Jaime de Marichalar, Pilar de Borbón y la princesa Irene de Grecia y Dinamarca.

  • EU denuncia a Valencia por no investigar la contratación de Urdangarín

    El portavoz de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) tras el voto en contra ayer del equipo de gobierno del PP a la moción que presentó su formación pidiendo una comisión de investigación por los contratos que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB) firmó con el Instituto Nóos para la celebración de las Jornadas Valencia Summit.

  • Barberá se enfrenta al PP al no cesar a su mano derecha, procesado por corrupción

    Rita Barberá va a la suya. Desde 1991 alcaldesa de Valencia, ni el atentado contra el valenciano del ‘caloret’, ni los gritos contra ella en la antesala de las fallas ni la agria polémica mantenida con las víctimas del metro, de las que se burló, hacen mella en su carácter. Ahora, ha mostrado su apoyo incondicional a su vicealcalde, que será juzgado por la contratación irregular de Iñaki Urdangarín.

  • El juez señala a Barberá por la contratación irregular de Urdangarín

    El caso Nóos deja muy tocada a Rita Barberá. Su mano derecha, Alfonso Grau, será juzgado por la contratación de Iñaki Urdangarín. Y los jueces han señalado de manera inequívoca el papel de la alcaldesa de Valencia en los tejemanejes del cuñado del rey.

  • Cuatro exaltos cargos de la Generalitat serán juzgados por contratar a Urdangarín

    El juez del caso Nóos ha decidido llevar a juicio a cuatro exaltos cargos de la Comunidad Valenciana por presuntos delitos de corrupción al beneficiar con 3,5 millones de fondos públicos al Instituto Nóos de Iñaki Urdangarin. El fiscal Pedro Horrach pide penas de 6 a 8 años de prisión para los supuestos responsables de la ramificación valenciana del asunto: el exsecretario de Turismo de la comunidad Luis Lobón; el exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia José Manuel Aguilar; el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela; y la que fue responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Elisa Maldonado.

  • El Ayuntamiento de Barcelona desconoce cómo se gastaron los 8 millones que entregó a Corinna

    El Ayuntamiento de Barcelona desconoce cómo se gastaron los 8,3 millones que pagó para la organización de dos galas de entregas de premios deportivos para las que intermedió Corinna Sayn-Wittgenstein. En el Consistorio no tienen ni facturas ni desgloses de los gastos de esas dos fiestas de apenas dos horas de duración cada una que se celebraron en 2006 y 2007.

  • La infanta indefensa

    La infanta Cristina tiene:

  • El fiscal blinda a los defraudadores

    Según acabamos de conocer por el escrito de acusación del Ministerio Fiscal en el asunto más conocido como caso Nóos (Urdangarin-Infanta Cristina), sin desmerecer al resto de los ilustres imputados, el delito de fraude a la Hacienda Pública, es decir el impago de los impuestos que constituye una partida fundamental de los presupuestos del Estado que contribuyen a satisfacer los intereses públicos, es una cuestión privada entre el Abogado del Estado de turno y, en su caso, el Ministerio Fiscal.

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