Los ciudadanos nacidos en España hacen un mayor uso del sistema sanitario que la población migrante: visitan entre un 18% y un 51% más la Atención Primaria, consumen entre un 32% y un 69% más de fármacos y padecen entre un 24% y un 38% más de enfermedades crónicas que la población nacida fuera de España.

Así se desprende del informe “Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España” del Ministerio de Sanidad, que compara el estado de salud de los nacidos en España con el de personas procedentes de cinco grandes áreas geográficas: Europa UE, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y otras regiones.

“El gran desafío de la sanidad española no tiene nada que ver con el origen de las personas, sino con una realidad demográfica y epidemiológica: el envejecimiento de la población, el aumento de la esperanza de vida, el aumento de las enfermedades crónicas y la necesidad creciente de cuidados y de seguimiento continuado”, ha resumido en su presentación la ministra de Sanidad, Mónica García.

Acceso intermitente y tardío

La investigación concluye que los migrantes utilizan menos los servicios sanitarios, “incluso cuando tienen acceso a ellos”, y es por las barreras que han existido antes de la recuperación de la universalidad de la sanidad; así, tienen un acceso más limitado e intermitente y, “lo que es más preocupante, más tardío”, lo que deriva en un mayor uso de los servicios de urgencias.

Por ejemplo, los españoles visitan entre un 18% y un 51% más la Atención Primaria, entre un 32% y un 69% más de consumo de fármacos y entre un 24% y un 38% más enfermedades crónicas que los extranjeros.

Para llegar a esta conclusión, el estudio analiza los 21 problemas de salud que concentran más gasto y presión asistencial, con el resultado de que los nacidos en España tienen una prevalencia superior en 16 de ellas. En cuatro –trastornos de ansiedad, trastornos del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma–, las tasas son 20 puntos superiores.

Respecto a la carga de enfermedad crónica, los autóctonos aglutinan la tasa más elevada de multimorbilidad (presencia de al menos un problema de salud crónico), con 472,3 casos/1.000 personas, una cifra entre un 24% y un 38% superior a la de Latinoamérica o UE. En el caso de personas con tres o más problemas de salud crónicos, la tasa es hasta un 65% mayor.

Lo cual se traduce en el uso de fármacos: la población autóctona registra un consumo de medicamentos (Dosis Diaria Definida) de 1.503,2, una cifra un 62,7% superior a la de africanos y en casi un 50% a latinoamericanos.

Los migrantes tienen peores indicadores en patologías como diabetes mellitus no insulinodependiente, la hipertensión no complicada y la insuficiencia renal crónica.

Los migrantes están más sanos

El estudio confirma así el fenómeno internacional conocido como “efecto del inmigrante sano” (healthy immigrant effect), que describe la ventaja epidemiológica inicial que los migrantes tienen al llegar al país de destino, con mejores indicadores de salud que los nativos.

No obstante, esta “ventaja” tiende a empeorar con los años de estancia en España, un deterioro que la investigación atribuye a la desigualdad en el acceso a recursos básicos como una vivienda digna o una alimentación saludable, a condiciones laborales más precarias y a la exposición continuada a los factores de riesgo de la sociedad de destino. Todo ello se intensifica aún más en el caso de las mujeres.

El documento identifica además las barreras legales, administrativas y lingüísticas que dificultan el acceso a los servicios de prevención y diagnóstico precoz, lo que puede derivar en un agravamiento de las patologías si no se garantiza una atención sanitaria universal efectiva.

Pese a ello, la población migrante contribuye a su sostenimiento económico en condiciones equiparables al resto de la población, con una aportación que supera los costes derivados de su atención sanitaria.

De ahí que el informe destaque que proporcionar una atención sanitaria estándar resulta más coste-efectivo que limitar el acceso a los servicios de urgencias, mientras que atender patologías en fases avanzadas o a través de dispositivos hospitalarios de emergencia tiene un mayor impacto en la salud y de coste para el sistema.

El Tribunal Supremo ha acordado este miércoles que la Comunidad de Madrid tenía derecho a exigir a un ciudadano mexicano, que en el momento de los hechos no era residente legal, los gastos de asistencia sanitaria que le fueron prestados en 2021. Así lo ha decidido la Sala de lo Contencioso-Administrativo por mayoría de 19 a 12 magistrados, según ha informado el alto tribunal en una nota de prensa, y precisa que la sentencia se dará a conocer en los próximos días.

El tribunal señala que la ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, aprobada en 2003, estipula que los extranjeros que, encontrándose en España, no tengan su residencia legal, tienen “el derecho a recibir asistencia sanitaria en España en las mismas condiciones que quienes ostentan la nacionalidad”, según la redacción de 2018.

No obstante, para que los gastos sanitarios corran a cargo de los fondos públicos –en este caso, de la Comunidad de Madrid–, la ley exige que tales ciudadanos “acrediten que cumplen determinados requisitos que la propia ley establece, que en el asunto examinado no constaban acreditados cuando esa atención médica le fue prestada”, indica.

Con todo, la Sala precisa que se ha tenido en cuenta la ley de 2003 y no el real decreto aprobado por el Gobierno el pasado 11 de marzo, que regula el acceso a la sanidad pública para extranjeros sin residencia legal, el cual, debido a su “reciente aprobación”, no es “aplicable al caso”.

Ese real decreto obliga a que los extranjeros acrediten su “residencia efectiva en España, mediante empadronamiento de al menos tres meses”. La novedad es que “en caso de imposibilidad”, podrán hacerlo “certificados de escolarización o matriculación en centros públicos, informes de servicios sociales o certificados de registro de visitas, facturas de luz, gas, agua, telefonía o Internet a nombre del solicitante o cédulas de inscripción o documentos de inscripción consular”.

Hay fronteras que no se cruzan con un pasaporte, sino con el propio cuerpo, y que marcan la diferencia entre un tratamiento humano y una condena al asfalto de las carreteras. Si uno sigue documentándose, se encuentra con una realidad paradójica: la gestión de la diálisis en España se presenta muy dispar: mientras algunas administraciones se escudan en cifras redondas para centralizar servicios, otras demuestran que la proximidad no es un lujo, sino un derecho de salud elemental. Intento explicar esta afirmación.

Resulta difícil de digerir el argumento del consejero de Sanidad de Castilla-La Mancha, quien sostiene como si fuese un dato dotado de infalibilidad que “no existe evidencia” para abrir unidades con menos de 50 o 60 pacientes. Esta cifra, que parece grabada en ciudades como Hellín, se desmorona en cuanto cruzamos los límites provinciales hacia la Región de Murcia, donde la unidad de Abarán funciona con normalidad atendiendo a tan solo 37 pacientes. Si la ciencia es universal, ¿por qué los pacientes murcianos disfrutan de una flexibilidad que se les niega a los manchegos?

La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales

La respuesta no está en la medicina, sino en el modelo organizativo. Asturias nos ofrece un espejo donde mirarnos, con un sistema “bastante peculiar” pero profundamente equitativo. En el Principado, las ocho áreas sanitarias cuentan con salas de diálisis en sus ocho hospitales. No existen los llamados “clubes de diálisis” externos; el tratamiento está integrado en la red hospitalaria pública. Así, hospitales comarcales pequeños como los de Jarrio, Arriondas o Cangas del Narcea disponen de salas de diálisis, permitiendo que el paciente sea atendido en su entorno, incluso cuando el nefrólogo debe cubrir zonas rurales con pocos pacientes.

Si el modelo asturiano parece lejano, miremos a Salamanca. Allí, la gestión ha entendido que el tratamiento debe acercarse al paciente y no al revés. En esta provincia existen centros extrahospitalarios en localidades como Ciudad Rodrigo, que atiende a 22 pacientes, y Béjar, que dializa a 17 personas. Estas cifras, ridículamente bajas para los estándares del SESCAM, son realidades operativas que ahorran a los enfermos miles de kilómetros de carretera.

El argumento de la “seguridad clínica” para centralizar la diálisis en grandes hospitales o centros concertados en capitales como Albacete cae por su propio peso. Mientras se alega falta de soporte científico en hospitales comarcales, se envía a los pacientes a centros externos donde, según denuncian asociaciones, no siempre se garantiza la presencia de nefrólogos especialistas. La verdadera evidencia científica, la que debería primar en cualquier despacho, es la que demuestra que el transporte prolongado y el agotamiento empeoran el pronóstico vital de los enfermos renales.

Someter a un paciente a 800 kilómetros semanales de carretera tras una sesión de diálisis no es una decisión clínica, es un desafío a la ética. La comparación entre Asturias, Salamanca y el modelo murciano frente a la planificación centralizada manchega revela que la barrera para la diálisis de proximidad no es técnica, sino de voluntad política. La equidad sanitaria debe significar, sencillamente, que tu código postal no determine si recibes tu tratamiento vital a diez minutos de casa o tras tres horas de ambulancia.

Hace tan solo 39 años, el 19 de mayo de 1986, entró en vigor una ley transformadora en nuestro país que se convertiría en el pilar fundamental de nuestra actual sanidad pública: La Ley General de Sanidad. Su objetivo principal era hacer realidad el artículo 43 de la Constitución Española: el reconocimiento del derecho a la protección de la salud, con la responsabilidad de los poderes públicos. 

A diferencia de sistemas sanitarios previos, que solo garantizaban la cobertura de ciertos colectivos de la población española (trabajadores cotizantes, familiares y estudiantes), la citada ley marcaba una hoja de ruta ambiciosa para alcanzar la sanidad pública universal, “reconociendo el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en España”. Además, dicha ley apostó con fuerza por la Atención Primaria, que se convirtió en la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud (SNS) con la idea de garantizar la globalidad y continuidad de la atención a lo largo de toda la vida mediante una amplia red de centros de salud y médico/as de familia distribuidos por España. 

En la actualidad, a pesar de la evolución de los últimos años, nuestro sistema sanitario sigue estando entre los mejores del mundo y destaca por su carácter universal, su calidad y eficiencia. Visto de otra manera, nuestra sanidad pública es tanto una complejísima red de seguridad, como una herramienta de redistribución de riqueza que ofrece una atención sanitaria de alta calidad a las personas, independientemente de su situación socioeconómica. Así, cada día, miles y miles de ciudadanos acuden a los centros de salud y a los hospitales con la plena tranquilidad de saber que podrán asumir sin problemas el coste de sus diagnósticos y tratamientos. Desafortunadamente, lo anterior es todo un privilegio en numerosos países y multitud de personas no consiguen la atención sanitaria que necesitan porque no pueden costeársela o terminan arruinados cuando acceden a esta. Es lo que ocurre de forma cotidiana en, por ejemplo, Estados Unidos: allí las deudas médicas son la primera causa de bancarrota y una de las principales causas de pobreza.

Uno de los rasgos destacados de nuestra sanidad pública es su eficiencia. A pesar de que nuestro nivel de inversión en ella se encuentra en la media o por debajo de los países de nuestro entorno, se ofrece una atención sanitaria de calidad y con cada vez más prestaciones. Por ejemplo, en 2023 tan solo se dedicó el 6,5 % del producto interior bruto (PIB) a la sanidad pública: 97.661 millones de euros en total, lo que supone 2.021 de euros por habitante. Si consideramos lo que destinaron en el mismo año países como Alemania (10 % del PIB, 474.100 millones de euros, 5.699 € por habitante) o Francia (9,7 % del PIB, 265.700 millones de euros, 4.015 € por habitante), podemos llegar a la conclusión de que se hacen maravillas con cada euro invertido en la sanidad pública en nuestro país. 

¿Y cuáles son las nuevas prestaciones que ha ido incorporando la sanidad pública desde hace décadas? Aunque la lista es demasiado extensa como para detallarla en estas páginas, son ejemplos importantes y recientes la ampliación de la cartera común de servicios de salud bucodental a niños, mayores de 65 años y otros colectivos; la incorporación de nuevos medicamentos revolucionarios como los antivirales que curan en más del 95 % de los casos la hepatitis C; la vacuna contra el virus respiratorio sincitial que disminuyó los ingresos hospitalarios por este virus en un 75 % en bebés menores de 1 año; o la terapia de células CAR-T, que ha logrado curar a pacientes con leucemias y linfomas que eran incurables con los tratamientos convencionales. También se han ampliado las pruebas del talón que se ofrecen en el cribado a bebés (se espera llegar a detectar más de 20 enfermedades diferentes entre 2025 y 2026) y se está implantando poco a poco el cribado de cáncer de cuello de útero por el territorio nacional.

Calendario vacunal y trasplantes

Además de estas nuevas prestaciones, España lleva décadas siendo líder en el mundo en trasplantes, especialmente en donaciones tras parada cardiorrespiratoria. Otros ámbitos, menos conocidos, en los que nuestra sanidad pública es también referente a nivel internacional son, por un lado, nuestro sistema de vacunación: con sólidos programas de inmunización y calendario vacunal, una alta cobertura poblacional y la eliminación/control exhaustivo de múltiples enfermedades infecciosas como el sarampión, el tétanos o la tos ferina. La reproducción asistida también destaca en nuestro sistema, con altas tasas de éxito en fecundación in vitro y en otras técnicas. Y tampoco hay que olvidar el sistema de formación de especialistas sanitarios a través de residencias como el MIR (médico interno residente), que generan profesionales muy capaces y codiciados en otros países como Alemania, Suiza o países nórdicos.

¿Y los problemas? 

Si bien la sanidad pública destaca por su eficiencia, esta virtud tiene su lado oscuro: gran parte de esta eficiencia se debe a las malas condiciones laborales y a la sobrecarga de los profesionales sanitarios. El sistema sanitario público es el sector que cuenta con un mayor porcentaje de personal temporal: en torno al 50 % de su personal lo es. Detrás de este frío porcentaje hay infinidad de personas, dedicadas a la atención a nuestra salud, que encadenan contratos de horas, días, semanas o, con suerte, de meses con la incertidumbre de no saber cuándo llegará el siguiente contrato, ni de dónde. Personas como Sandra, Jorge o Alba, que han aparecido en los medios denunciando su situación, han llegado a encadenar entre 300 y 400 contratos de trabajo tras ejercer entre 5 y 14 años. Además, los salarios de los profesionales sanitarios también son especialmente bajos comparado con los países de nuestro entorno. Este hecho se plasma especialmente en las guardias médicas: 24 horas de trabajo continuo a aproximadamente 28,5 € la hora, de media, sin cotizar a la seguridad social.

A su vez, a la elevada temporalidad y bajos salarios se suman unas plantillas de personal raquíticas, infradimensionadas para hacer frente a la demanda asistencial en gran parte del territorio nacional. Este fenómeno se agudiza en los momentos del año en el que los profesionales sanitarios se van de vacaciones y las plantillas quedan bajo mínimos, sin apenas cubrir los huecos. La consecuencia es clara: el peor momento para enfermar en España y tener que recurrir al sistema sanitario es en agosto o en navidades. Los servicios de urgencia se desbordan, los tiempos de espera se alargan, los sanitarios se sobrecargan aún más y, con ello, aumentan las probabilidades de errores en la atención sanitaria. Ante este panorama, cientos de profesionales deciden emigrar cada año a otros países con mejores condiciones laborales o buscan otras salidas fuera del ejercicio de la asistencia clínica en la sanidad pública.

Más allá de agosto y Navidad, en los que se vuelve más evidente que nunca las limitaciones de personal, la sanidad pública lleva mucho tiempo arrastrando un mal crónico: las listas de espera. Desde hace décadas, el tiempo medio de demora para someterse a una operación o acudir al especialista en el SNS ha aumentado progresivamente, así como también el número de personas que se encuentran en listas de espera, con cifras récords en años recientes. 

Por ejemplo, en el segundo semestre de 2006 el tiempo medio para una cirugía era de 70 días y para una consulta externa con un especialista médico era de 54 días, con más de 362.700 personas en la lista de espera quirúrgica. En cambio, los datos del segundo semestre de 2024 muestran un panorama mucho más sombrío: los pacientes tenían que esperar, de media, 126 días para una cirugía y 105 días para una primera consulta con un especialista y había más de 846.500 personas en las listas de espera quirúrgica.

Los ciudadanos son plenamente conscientes de la situación de las listas de espera y ello influye en la valoración que dan a la sanidad pública. En octubre de 2025 el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) mostró que la sanidad se considera el décimo problema de España y el tercer problema que más afecta personalmente a los ciudadanos. Además, en el último Barómetro Sanitario del CIS la puntuación media de satisfacción general por la sanidad pública era de un 6,02, aunque más del 80% de las personas que habían utilizado la sanidad pública valoraban positivamente la atención recibida.

Las largas listas de espera llevan a numerosas personas a contratar seguros médicos privados para acceder a diversos tratamientos más rápidamente. En la actualidad, el 29,4 % de la población española cuenta ya con uno. Como referencia, en 2006 el 21 % de la población tenía póliza médica privada. A pesar de ello, el 61,4 % de aquellos que cuentan con aseguramiento privado opina que la sanidad pública puede ofrecerle un mejor tratamiento en caso de sufrir un problema de salud grave.

Aunque el presente de nuestra sanidad pública se muestra preocupante, el futuro se presenta aún más: el progresivo y masivo envejecimiento de la población que implicará un gran aumento en la demanda de la asistencia sanitaria y de los cuidados. Si se desea evitar un grave deterioro de la sanidad pública, numerosos expertos consideran necesario incrementar el porcentaje del PIB que se le dedica, reforzar especialmente la Atención Primaria (descuidada en las inversiones durante mucho tiempo) y así dar un primer paso para hacer frente a este fenómeno. Si las plantillas de los profesionales sanitarios no se amplían con nuevas contrataciones (que ofrezcan buenas condiciones laborales) para dar respuesta a las necesidades reales de la población, todos, tanto sanitarios como pacientes, resultarán perjudicados. 

Sin embargo, pocos técnicos de gestión creen que aumentar la financiación pública, por si solo, será suficiente para garantizar la calidad y la cobertura universal de la sanidad pública. Creen que o se aplican reformas de calado para que se adapte a una realidad muy diferente de la que existía cuando nació el sistema nacional de salud, o su deterioro continuará inexorablemente, como ya se está viendo en la sanidad pública británica, que está en un estado crítico. La calidad de nuestra atención sanitaria futura está en juego y cómo y cuándo se reaccione resultará clave para que la sanidad pública, nuestra joya de la corona, no se convierta en una baratija a la que solo recurran aquellos que no tengan más remedio que hacerlo.

Moisés murió en una celda de aislamiento de la prisión Las Palmas II (en Juan Grande, en el sur de la isla de Gran Canaria) sobre la una de la tarde del 9 de noviembre de 2023. El recluso, de 41 años, llevaba tres días quejándose de fuertes dolores. El médico del centro penitenciario le había dado paracetamol, convencido de que se trataba de dolores musculares. Su sufrimiento quedó documentado en las grabaciones de seguridad que la familia ha logrado recabar. “Se desmayó en dos ocasiones”, cuenta su hermana Ángeles. 

El facultativo anotó en su informe que el interno estaba “fingiendo un desvanecimiento” y “alterando el orden”. Moisés fue conducido a una celda de aislamiento. Horas después, falleció. La autopsia desveló que había sufrido un infarto de miocardio. “Si se le hubiese tratado, mi hermano estaría vivo”, dice Ángeles. El caso se judicializó y ya hay escritos de acusación. La familia del recluso y la Fiscalía piden para el médico que lo atendió cuatro años de cárcel, seis de inhabilitación para ejercer la profesión y una indemnización de cerca de un millón de euros. Instituciones Penitenciarias figura como responsable civil subsidiario.

Dos años después de la muerte de Moisés en Gran Canaria, otro recluso falleció en el centro penitenciario Tenerife II. Ocurrió el 21 de diciembre de 2025. Según recoge una denuncia presentada por la asociación Adepres (Asociación de Derecho Penitenciario Rebeca Santamalia) al Defensor del Pueblo a partir del testimonio de una persona “allegada” al fallecido, el preso solicitó asistencia a finales de noviembre con síntomas “de una gran congestión”. Su requerimiento “no fue atendido” y los síntomas “se fueron agravando con los días”, expone el escrito.  

La noche del 19 de diciembre tocó el timbre de alarma “sin ser atendido”, por lo que reclusos de celdas contiguas “empezaron a dar golpes y gritos pidiendo auxilio”. La escena se repitió un día después. Siempre según la denuncia, entre la activación de la alarma y la activación de los funcionarios pasaron cuatro horas. A la mañana siguiente, el preso fue trasladado en silla de ruedas desde su celda hasta el servicio médico, donde falleció. 

La queja incide en el perfil de vulnerabilidad del preso fallecido, una persona migrante sin apenas redes de apoyo en el exterior, y en “los antecedentes de desatención médica” en el centro penitenciario y solicita que se averigüen las circunstancias de la muerte y el grado de cumplimiento del Protocolo de Minnesota, una guía de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para investigar de forma independiente las muertes potencialmente ilícitas. Fuentes del Defensor del Pueblo han confirmado a este periódico que la queja ha sido admitida y está “en trámite”, pero evitan dar más información por la confidencialidad del expediente. 

Dos tercios de las plazas médicas vacantes

Esos “antecedentes de desatención médica” que señala la queja apuntan a una crisis estructural en la atención sanitaria en las prisiones canarias. Las cifras son demoledoras. Según los datos facilitados a este periódico por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, en las cárceles del Archipiélago apenas están cubiertas 11 de las 30 plazas de médicos que, según los sindicatos, están contempladas en las plantillas. Casi dos tercios de los puestos están vacantes. 

Uno de los casos más llamativos es el de Las Palmas II, uno de los centros donde se produjeron los fallecimientos. Solo tiene una plaza cubierta, la de subdirector médico, que además realiza las consultas a través de telemedicina, según señalan portavoces de los sindicatos Acaip-UGT y CCOO. En la otra cárcel de Gran Canaria, Las Palmas I (Salto del Negro), hay ahora cuatro facultativos gracias a “incorporaciones recientes”, señala Laura Rodríguez, miembro de la Ejecutiva Nacional de CCOO Prisiones y destinada en Canarias. Óscar Raluy, de Acaip-UGT, precisa que la prisión “ha soportado momentos sin médico”. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) prevé diez plazas.

Tenerife II (La Esperanza) cuenta en la actualidad con tres médicos para atender a más de un millar de presos. El Defensor del Pueblo, en el ejercicio de sus funciones como Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, visitó el centro por última vez en octubre de 2022 y advirtió del “déficit crítico de personal médico”. 

En aquel momento, el puesto clave de subdirección médica se encontraba vacante (ahora está cubierto) y había cinco facultativos, de los que dos “estaban a punto de jubilarse”. Ese informe detectó que ni siquiera se garantizaba el material médico necesario para que los internos controlaran enfermedades previas. Así, detectaron a diabéticos sin aparatos para controlar la glucemia y el caso de un interno al que, al entrar en prisión, se le retiró el dispositivo de ayuda respiratoria que usaba en el exterior. Según los libros de registro, la asistencia a demanda estaba limitada a un máximo de diez internos al día, con demoras de unos veinte días para pedir una nueva cita. “Nosotros siempre atendemos las indicaciones del Defensor del Pueblo”, señalan fuentes oficiales de Instituciones Penitenciarias. 

Los recursos médicos de las cárceles canarias se completan con dos facultativos en la prisión de Lanzarote y uno de La Palma. El Centro de Inserción Social de Tenerife no tiene. 

“La falta de médicos se ha institucionalizado”, advierte Óscar Raluy, trabajador penitenciario y delegado de Acaip-UGT. “El modelo preventivo ha muerto. Ahora solo se atiende lo urgente, no hay tiempo para otra cosa”, señala. Ante la escasez de médicos, la presión asistencial recae sobre el personal de enfermería. Según denuncia Laura Rodríguez, estos profesionales se ven abocados a tomar decisiones “para las que no están preparados”, lo que les obliga a ejercer bajo una “grave indefensión jurídica”. 

Canarias sigue sin asumir su competencia

Todas las fuentes consultadas coinciden en situar el origen de esta crisis en el incumplimiento de la Ley 16/2003, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud. En su disposición adicional sexta, esta normativa ordenó la transferencia de los servicios sanitarios dependiente de Instituciones Penitenciarias a las comunidades autónomas, con el objetivo de “lograr su plena integración en los servicios de salud autonómicos”. 

La ley daba un plazo máximo de 18 meses para ejecutar el traspaso. Han transcurrido 23 años desde entonces y solo Euskadi, Catalunya y Navarra han asumido formalmente estas competencias. Joaquín Leyva, portavoz nacional de Acaip-UGT, sitúa este bloqueo como uno de los principales factores para explicar la crisis de la sanidad penitenciaria, ya que, según explica, durante años “no se dotaron los servicios médicos” ni se renovó al personal de Instituciones Penitenciarias ante la expectativa de una transferencia de competencias que en la mayoría de las comunidades sigue sin llegar. 

Organizaciones como Rehoyando, en Gran Canaria, u Orahan, en Tenerife, han comenzado a movilizarse para exigir el efectivo traspaso de las competencias a las comunidades autónomas y la dignificación de la atención sanitaria dispensada a la población reclusa. 

Desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, aseguran que su determinación de transferir las competencias a Canarias “es clara” y achacan la parálisis a una “falta de voluntad política por parte de quien tiene que recibirla”. La Consejería canaria de Sanidad no ha contestado a las preguntas de este periódico. 

Para los sindicatos, este bloqueo en el traspaso se explica por dos razones: la falta de “voluntad política” y una cuestión económica. Laura Rodríguez (CCOO) sostiene que las comunidades no quieren estas competencias “por el gasto que genera”. La representante sindical define el escenario actual como un “negocio” para las comunidades autónomas. Cuenta que cuando un recluso tiene que ser excarcelado y trasladado a un hospital, el Servicio Canario de Salud (SCS) factura unos gastos a la administración estatal que, en caso de asumir la asistencia directa de los precios, ya estarían cubiertos. 

Detalla que “el traslado en ambulancia son 80 euros por trayecto”, las consultas externas rondan los 150 euros o que un parto “cuesta 4.000 euros”. Según la información de la que dispone CCOO, el gasto sanitario anual en una prisión grande (como las dos de Gran Canaria o la de Tenerife II) se sitúa alrededor de los 625.000 euros. El gasto total farmacéutico es de 415.000 euros, indica la portavoz sindical. 

Las comunidades autónomas se quejan de que Instituciones Penitenciarias no les paga por atender a los reclusos. Rodríguez señala que esa deuda es consecuencia directa de no haber asumido las competencias que le corresponden desde 2003. “Si se hubiera cumplido la ley desde el minuto uno no habría esa deuda y si seguimos esperando a transferir las competencias se seguirá generando más deuda”, sostiene la representante de CCOO. 

Una visión que comparte Joaquín Leyva (Acaip-UGT), quien cuestiona la inacción de comunidades como Canarias: “No sabemos si es un problema financiero, de organización o simplemente un problema político que no se quiere resolver”. 

La brecha salarial que ahuyenta a los médicos

A la desidia autonómica para asumir la sanidad en las prisiones se suma la falta de incentivos para atraer y retener profesionales. “No hay médicos en prisiones porque cobran menos”, resume de forma tajante Rodríguez, que precisa, a modo de ejemplo, que los facultativos del SCS cobran alrededor de un 35% más por hora de guardia que los de Instituciones Penitenciarias. La portavoz de CCOO añade que las diferencias salariales pueden rondar los 1.000 o 1.500 euros al mes “dependiendo de las guardias y los centros”. 

“En el Estado, a nivel general, es la administración que menos paga a los facultativos”, redunda Joaquín Leyva. A los peores salarios, el representante de Acaip-UGT añade las limitaciones que tienen los facultativos de Instituciones Penitenciarias para ejercer en la sanidad privada o tener otros trabajos complementarios. “No es ya que cobren menos de por sí, sino que, además, no pueden incrementar de ninguna manera sus retribuciones”. 

La salud mental

Los sindicatos sostienen que los principales damnificados de estas carencias son la población reclusa y la plantilla de las cárceles. Leyva incide en que la escasez de médicos dificulta la detección temprana de patologías, con especial gravedad en el caso de las enfermedades mentales. El portavoz sindical explica que el ingreso en prisión suele actuar como un “estresor” que “desenmascara” patologías psiquiátricas latentes que, al no ser detectadas a tiempo por un médico, acaban produciendo brotes que “a menudo” derivan en agresiones entre internos o hacia los propios trabajadores. 

El último informe del Defensor del Pueblo sobre la prisión de Tenerife II constató que casi el 63% de los internos estaba bajo tratamiento con psicofármacos. Los centros penitenciarios no disponen de psiquiatras propios en la plantilla. Solo se programan visitas de profesionales externos a los centros “una o dos veces al mes”, según los sindicatos. El Defensor del Pueblo advierte de que, al no haber psiquiatras ni psicólogos clínicos, los programas de atención a la enfermedad mental no funcionan de forma adecuada. Los reclusos “no tienen una intervención especializada, sino un control basado en la farmacoterapia”. Ante la falta de un diagnóstico claro, muchos internos “descompensados” acaban siendo clasificados en módulos de “conflictivos”. 

Leyva señala que la figura del médico es, además, “un requisito legal indispensable” para la aplicación de medidas disciplinarias. “Tú no puedes aislar a un preso que está violento si no hay una supervisión médica”, dice el portavoz de Acaip, que también subraya el perfil del paciente recluso, que suele requerir mayor atención que la población general debido a la alta prevalencia de problemas graves derivados de afecciones o enfermedades como la diabetes o la hepatitis.

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, ha advertido de que la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Consejo de Ministros tendrá un impacto en las listas de espera del Servicio Extremeño de Salud (SES), al ampliar el número de usuarios con acceso a prestaciones sanitarias no urgentes.

A preguntas de los medios este miércoles en Mérida, donde ha inaugurado las IV Jornadas Extremeñas de Fisioterapia en Atención Primaria y Salud Comunitaria, García Espada ha señalado que este proceso supondrá “un incremento de los usuarios del sistema sanitario público extremeño”.

La consejera ha querido subrayar que las urgencias están garantizadas, al afirmar que “ni en Extremadura ni en ninguna parte de España fallece nadie por una urgencia no atendida”, ya que este tipo de asistencia se cubre con independencia de la situación administrativa de los pacientes. No obstante, ha explicado que la regularización modificará “el paradigma de atención sanitaria” para estas personas, que a partir de ahora podrán acceder a tratamientos programados.

En este sentido, ha puesto como ejemplo la posibilidad de someterse a intervenciones no urgentes, como la implantación de una prótesis de cadera, lo que, a su juicio, repercutirá en la actividad asistencial del SES. “Sin duda tendrá un impacto en el SES, en listas, en atención, en consultas y en todo: más usuarios”, ha afirmado.

Para hacer frente a este aumento de la demanda, García Espada ha indicado que la estrategia del Ejecutivo regional pasa por fidelizar a los profesionales sanitarios y ampliar la plantilla del SES, con el objetivo de reducir los tiempos de espera y mejorar la calidad asistencial. “Nuestro plan de ruta sigue exactamente igual”, ha añadido.

Por otro lado, en relación con la solicitud del comité de huelga de los médicos de celebrar una reunión conjunta entre el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas para avanzar en la reforma del Estatuto Marco, la consejera ha asegurado que Extremadura participará si se convoca el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Asimismo, ha avanzado que pedirá la implicación de otros ministerios que puedan “hacer realidad” las propuestas planteadas por la ministra de Sanidad, Mónica García, a quien ha acusado de estar “sola en su lucha por avanzar en un estatuto marco que deja fuera a los médicos”.

Sopesaba yo escribir sobre los desatados criminales Trump y Netanyahu, o sobre cómo el entusiasmo ante la misión lunar está eclipsando el imperialismo espacial estadounidense, lanzado a quedarse -disputándolo, si acaso, con los chinos- un satélite terrestre, de toda la humanidad. Pero mi agenda de esta semana avisaba: “Si aún no he recibido cita del SAS, ir a reclamarla en persona al Fleming”.

El SAS es el Servicio Andaluz de Salud, el centro Doctor Fleming uno de los centros de médicos especialistas e ir, hoy por hoy, a alguno de ellos, en Andalucía, es constatar, de inmediato, el total abandono de la salud de la gente: ancianas, adolescentes, todo tipo de enfermos, doloridos… echando pestes de la gestión sanitaria del PP de Moreno Bonilla. Gestión que sigue siendo negligente, tras el escándalo de los cribados de cáncer de mama, a cuyas víctimas la Junta de Andalucía se resiste a indemnizar, y en muchos más ámbitos que la oncología.

El PP de Bonilla se ha cargado la sanidad pública, por ineptitud y para empujar a la privada a cuantos puedan pagarla. Y lo ha hecho sin que, de momento, inexplicablemente, lo peor que un gobernante puede hacer a sus gobernados, que es dejar que sus enfermedades sigan avanzando, le esté pasando factura en los sondeos sobre las elecciones autonómicas del 17 de mayo.

Os doy contexto sobre por qué debía ir al Fleming. Al empezar 2026 pedí cita a mi médico de primaria y le consulté si debería hacerme una densitometría ósea, este año que cumplo 50, dados antecedentes familiares de osteopenia y osteoporosis, que son grados crecientes de pérdida de densidad ósea, y teniendo en cuenta mis frecuentes dolores lumbares. Él me mandó la prueba y ésta reveló “osteopenia en columna lumbar L1-L4 y en cuello femoral izquierdo”.

Cursó cita con el especialista para que éste me pusiera el tratamiento pero, en previsión de que tardaría, me mandó pastillas de calcio y vitamina D. “Si pasados dos meses no le ha llegado cita del SAS, vaya a reclamarla al centro Fleming”, dijo. Ya entonces me pareció mal sistema que, como en el desastre de los cribados de cáncer, se haga recaer en los pacientes el perseguir ser atendidos en vez de garantizarnos la asistencia.

Esperar hora y media para reclamar

Cuando finalmente estos días entré en el centro de especialidad, metí mis datos en la máquina de turnos y subí a la tercera planta, de traumatología, radiología, rehabilitación, medicina física…, me topé con la sorpresa de que la inmensísima mayoría de quienes abarrotábamos la sala de espera estábamos para reclamar citas con retraso en el mostrador, en vez de para ser ya atendidos en consulta.

“Una hora y media de espera por persona”, oí de otros pacientes, al sentarme. Hora y media para que el único trabajador tras el mostrador, junto a una segunda ventanilla rotulada “Ventanilla cerrada”, les despachara: “¿Cuánto llevan esperando cita? ¿Ocho meses? Entiendo, pero, ¡no saben la lista de espera que tiene su médico! ¡De 14 meses! No, no les recomiendo volver al médico de familia para que él les tramite otra cita ”preferente“ porque entonces todo el proceso recomienza de cero. Mejor esperen”.

Son tantas y tantos los perjudicados por el deterioro de la sanidad pública andaluza que bien podrían desencadenar un Me Too sanitario de damnificados por Moreno Bonilla. Todo un movimiento de denuncia de casos, tanto vía redes sociales como, si así lo quieren, a través de elDiario.es y elDiario.es/Andalucía.

Unos tras otros las y los pacientes, señoras apoyadas en sus andadores, llenas de dolores, padres de adolescentes necesitadas de operarse la rodilla, aducían que las pruebas hechas hacía meses, resonancias, miogramas… iban a quedar obsoletas.

“Yo no tengo potestad para adelantar a nadie en la lista”, “No puedo hacer nada”, “Pongan una reclamación, si quieren, en la planta baja”, “El que esté grave, que vaya a Urgencias”, afronta, como puede, el trabajador durante esa jornada laboral en la que, con la otra ventanilla cerrada desde hace dos años, él recibe, sin remedio, la frustración e impotencia de decenas y decenas, centenares y miles de pacientes. Tantas y tantos perjudicados, enfermos y personal, que bien podrían desencadenar un poderoso Me Too sanitario, tanto vía redes sociales como, si así lo quieren, a través de los cauces para comunicarse con elDiario.es y elDiario.es/Andalucía.

¿Citas telefónicas o acoso comercial?

Mucha gente se iba sin ser atendida, harta de esperar turno para oír en el mostrador que se fueran a sus casas a seguir esperando. Pero al marcharse se perdían una recomendación del funcionario: “Estén atentos a sus teléfonos porque cuando, al final, llegue el turno de sus citas, les llamaremos sólo dos veces, seguidas. Y mucha gente no coge la llamada creyendo que somos los comerciales de ofertas de telefonía, luz, cable… Si no contestan, el sistema deriva la cita al cauce de correo postal, que aún tarda más”.

¡Vaya sistema el de la Junta de Andalucía! ¿Por qué no mandan un WhatsApp o un SMS? ¡Y vaya perjuicio extra del ya insoportable acoso telefónico de tantas empresas que, pese a los sucesivos anuncios del gobierno central no se acaba de atajar!

No sólo es indignante sino peligroso que la gestión sanitaria del PP allá donde gobierna nos ponga a las y los pacientes, por sistema, a perseguir y rogar que nos atiendan, mientras empeora nuestra salud, en vez de garantizarnos la asistencia para frenar o curar nuestras dolencias.

“Por favor, mantengan el silencio en la sala”, ruega, a cada tanto, el funcionario y también una locución grabada. Pero la gente está que trina.

Entonces doy el paso y digo en voz alta: “Invito amablemente a todos los indignados a la manifestación por la sanidad pública que habrá este domingo 12 en Sevilla, como en toda Andalucía… Y a votar muy en conciencia en las elecciones de mayo”.

Mujeres, jóvenes y mayores, y algún hombre se interesan por la hora y sitio de la protesta. “Sí, algo tenemos que hacer, porque la Junta pasa”, “Bonilla, venga sonrisa, y aquí nos tiene, abandonaos”.

Anulaciones que recortan listas de espera

Pensaba yo en el contraste entre el clima en la sala de espera y el que proclaman las encuestas cuando, al fin, me llegó el turno. Avancé resignada a que me dijeran que esperara en casa más de un año, sin prever la sorpresa. “A usted no van a llamarla”, anunció el hombre, imprimiéndome el pantallazo de su ordenador: “NO PROCEDE CITACIÓN EN REUMATOLOGÍA. LA OSTEOPENIA DEBE SER SEGUIDA/VALORADA POR EL MÉDICO DE ATENCIÓN PRIMARIA”.

“¿Y esto es así? ¿Es correcto?”, le pregunté. “Debe serlo -me respondió- porque lo ha escrito el jefe de servicio”, me contestó. “Pero, el médico de familia dijo lo contrario”, pensé en voz alta. “Háblelo con él y a ver…”, propuso. “Perdonen que me meta”, se levantó una señora, como un resorte, “pero tenemos que poner reclamaciones porque yo vengo por lo mismo, rechazada del Hospital Virgen del Rocío al que me mandó un especialista de aquí. ¡Así se recortan las listas de espera, negándonos la asistencia!”

Si nada hay más valioso que la salud y vida, nuestras y de quienes amamos, y estamos viendo, en primera persona, que la gestión sanitaria del PP boicotea la prevención y nos deja tiradas cuando enfermamos, habrá que levantarse en legítima defensa y votar en masa para que dejen de hacernos daño.

Yo he reclamado, por supuesto. Y cogido nueva cita con mi médico de primaria, pese a la inseguridad que da que él mismo considere no ser el adecuado. La he cogido para primer día disponible. O sea, dentro de dos semanas. Sé que la osteopenia no es grave, pero sí algo a tratar desde ya para evitar que mis huesos, de madre de tres hijos cuyos esqueletos he creado con mi calcio, lleguen a descalcificarse demasiado pronto, de forma irremediable. Aumentando el riesgo de fracturas.

Pero, sobre todo, he visto con mis propios ojos eso que sabemos, que denuncia incluso algún alcalde del PP y que esta misma semana ha alumbrado la encuesta de DS Métrica sobre la situación sanitaria en Andalucía: que las políticas del PP le están costando la salud a la gente cada día.

La salud y hasta la vida. Y no sólo en Andalucía sino en las demás comunidades donde el PP gobierna. A veces, ocurre de forma tan salvaje que llega a los tribunales y salta a la prensa, como el caso, conocido esta semana, de una señora muerta en Urgencias del Hospital General de València, tras dejarla desatendida 36 horas. Otras, pasa en el más siniestro silencio. Me resisto a creer que pudiendo parar tantos ataques a lo más valioso, nuestra salud y vidas, no vayamos a levantarnos en legítima defensa y a votar en masa para que dejen de hacernos daño.

El cuerpo humano posee una intuición silenciosa que a menudo se adelanta a la medicina. Para María Amparo Vargas, todo comenzó un 7 de marzo con un bulto en el cuello. A pesar de que en su entorno intentaron calmarla atribuyéndolo a un simple resfriado, su conocimiento de sí misma la llevó a insistir durante dos meses de esperas y ecografías en el hospital de la comarca de Tierra de Barros. Lo que empezó como una sospecha desembocó en una encrucijada vital a principios de junio de 2023: las pruebas confirmaban que María Amparo estaba embarazada, pero que también padecía un linfoma. La alegría de la gestación se detuvo el 19 de julio, cuando tuvo que enfrentarse a la interrupción del embarazo para salvar su propia vida mediante una quimioterapia agresiva que la mantenía en un estado de sedación y vómitos constantes para poder soportar el tratamiento.

El refugio en la logística y el afecto

En este escenario de duelos solapados y desplazamientos fuera de Extremadura, la estructura logística se convirtió en un desafío tan grande como la propia enfermedad. Es aquí donde la labor de la asociación Afal (Asociación de Ayuda a Familias Afectadas de Leucemias, Linfomas, Mielomas y Aplasias) resultó determinante para su supervivencia emocional y vital a través del Programa Compañía que puso en marcha hace 30 años gracias al Servicio Extremeño de Salud. También ADMO, la Asociación para la Donación de Médula Ósea que se ha convertido en la guardiana de su salud mental ante tanto reto vital.

El soporte de Afal fue fundamental al proporcionarle un hogar y una base psicológica estable en Salamanca, ofreciendo ese respiro necesario cuando el hospital se vuelve un entorno asfixiante de veinticuatro horas.

Sin embargo, Afal y ADMO no fueron su único refugio. Su fortaleza se ha nutrido de un círculo íntimo inquebrantable. Su pareja, Pedro, a quien define como su “superhéroe”, se encargó de blindar su mundo para que ella no tuviera que gestionar ninguna preocupación externa, solo centrarse en ella. Sus padres y suegros completaron este escudo, viajando cada semana desde Extremadura para verla apenas cinco minutos a través de un cristal, manteniendo vivo el vínculo familiar en los momentos de mayor aislamiento.

Un calvario de recaídas y ciencia

La trayectoria de María Amparo ha sido una sucesión de baches superados. Tras un primer trasplante de médula de su hermano que no logró la remisión total —la enfermedad se volvió resistente como en un 10 % de los casos—, los especialistas de Salamanca coordinaron un segundo trasplante de un donante que vive en un pequeño pueblo en Polonia. Fue un proceso extremo que incluyó inmunoterapia, radioterapia en todo el cuerpo y un tratamiento experimental que ella describe con dureza: “Es como si te quemaras por dentro”. Durante este tiempo, su cuerpo llegó a depender totalmente de transfusiones diarias de sangre y plaquetas, enfrentándose a complicaciones graves como hemorragias de doce horas y la aparición de virus oportunistas que atacaron sus linfocitos debido a la bajada de defensas.

La joven es hoy plenamente consciente del valor de lo público y del esfuerzo social que supone su recuperación. “Una bolsa de sangre cuesta muchos euros y un tratamiento completo puede alcanzar los 4.000 euros diarios”, reflexiona, consciente de que sin el sistema de salud público y el apoyo de las asociaciones, muchas situaciones serían inasumible. A pesar de las secuelas actuales, como los problemas de tiroides, el fallo ovárico y las crisis de ansiedad que afloran al recordar lo vivido, María Amparo no se rinde al pesimismo.

La luz al final del bache

A sus 29 años, María Amparo mira hacia atrás pero también hacia delante con la madurez de quien ha habita en la cuerda floja. Aunque siente que se le han ido años de juventud entre paredes de hospital, está convencida de que su experiencia servirá para ayudar a otras personas. Al final de este relato de resistencia, emerge una serenidad profunda que ella vincula directamente con sus convicciones más íntimas.

En la etapa final de su proceso, María Amparo se aferra a una esperanza luminosa y a su fe personal: “Soy creyente, creo que hay un Dios que está ahí para nosotros siempre que lo necesitamos y me gustaría reflejar el esfuerzo desplegado tanto de mi familia como de las iglesias evangélicas que han estado ahí siempre tanto emocional, presencial, como económicamente”.

Es esta convicción, unida al amor incondicional de su familia, al sacrificio de los donantes y al soporte vital de entidades como Afal, lo que le permite mirar al futuro no con miedo, sino con la certeza de que, tras haber superado lo indecible, los mejores años están por llegar.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que regula el procedimiento para el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos de personas extranjeras sin residencia legal en España.

Aunque los recortes del Gobierno de Mariano Rajoy que excluyeron a las personas migrantes en situación irregular se revirtieron en 2018, en los últimos años se han seguido documentando barreras administrativas que han limitado el acceso a la asistencia sanitaria a estos grupos de la población.

Los procedimientos se homogeneizan ahora de esta manera: a las personas extranjeras sin permiso de residencia se les solicitará “una declaración responsable que confirme que no disponen de cobertura sanitaria por otra vía”, como seguridad social de otro país, seguro privado, visado de estancia en vigor.

También tendrán que acreditar su “residencia efectiva en España, mediante empadronamiento de al menos tres meses”. La novedad es que “en caso de imposibilidad”, podrán hacerlo “certificados de escolarización o matriculación en centros públicos, informes de servicios sociales o certificados de registro de visitas, facturas de luz, gas, agua, telefonía o Internet a nombre del solicitante o cédulas de inscripción o documentos de inscripción consular”.

La solicitud, ha señalado Sanidad, activa un documento provisional que permite el acceso a la asistencia sanitaria desde el primer momento y fija un plazo máximo de tres meses para resolver el expediente. Este derecho a la atención en la sanidad pública se ampliará a las personas españolas de origen residentes en el exterior y a sus familiares durante sus desplazamientos temporales a España.

El Servicio Cántabro de Salud (SCS) ha detectado en los últimos días un intento de fraude en el que se avisa de manera urgente de que en 48 horas hay que renovar la tarjeta sanitaria para “conservar todos los derechos”, y se remite a un enlace de una dirección de una página web. Ante esta situación, el Servicio Cántabro de Salud quiere trasladar un mensaje claro a la población: “nunca se solicita la renovación de la tarjeta sanitaria a través de SMS, ni enlaces enviados al móvil por la prestación de sus servicios sanitarios”.

Por ello, el SCS recomienda a los ciudadanos que no respondan a estos mensajes, no faciliten datos personales o bancarios y no accedan a los enlaces que puedan contener, ya que se trata de una práctica fraudulenta ajena por completo a la administración sanitaria. Asimismo, se aconseja eliminar estos mensajes y, en caso de duda, contactar directamente con los canales oficiales del Servicio Cántabro de Salud o con el centro sanitario de referencia para verificar cualquier comunicación relacionada con su atención médica.

El SCS insiste en la importancia de extremar la precaución ante este tipo de comunicaciones fraudulentas y agradece la colaboración de los ciudadanos para prevenir este tipo de estafas.

Hace poco más de una década, estando yo recién llegada a Estados Unidos y todavía con mi visa de turista tuve una caída tonta de la bicicleta y me rompí la mandíbula en tres partes. Lo que se llama común y corrientemente, me partí toa la cara, pero de verdad. 

Los minutos que siguieron a mi caída los tengo grabados en la memoria: unos buenos samaritanos que salieron de sus casas a ayudarme y me preguntaron si quería que llamaran a una ambulancia. 

Yo, en mi confusión por el shock de la caída, no sabía qué decir, y me explicaron, con paciencia, que si no tenía seguro médico la bromita de la ambulancia me podía costar out of pocket (de mi bolsillo) hasta $10.000. 

Estas son las vicisitudes con las que se convive todos los días en un país donde la sanidad pública ni es un derecho ni está garantizada, como es el modelo de privatización de Estados Unidos que los políticos de derechas en España están deseando seguir. 

Tan solo cuatro días antes de caerme de la bicicleta y partirme la cara, mi marido, con el que acababa de casarme apenas un mes antes, me agregó a su seguro médico al que teníamos acceso a través de su trabajo. Parecerá que estoy exagerando para darle efecto dramático a la columna, pero no, os lo juro por Snoopy que así fue. 

Tuve tanta suerte, que no tuve que pagar los $10.000 de la ambulancia, ni los $110.000 que costó la cirugía maxilofacial de urgencia y estancia en el hospital. Lo sé con certeza porque, cuando acabó el suplicio de la recuperación durante la que tuve que comer a través de pajitas por seis semanas, me mandaron una cartita a mi casa enumerando uno por uno todos los gastos en los que la aseguradora había incurrido. 

Es por eso que, en Estados Unidos, el 58% de las personas que se declaran en bancarrota lo hicieron por deudas médicas. La paradoja es que una gran mayoría de ellos tenían seguro cuando se enfrentaron a sus problemas médicos. 

Si no queréis estar un día tirados en una acera sangrando por la boca preguntándonos si es necesario llamar a la ambulancia o si mejor llamo a un Uber, más nos vale valorar lo que nos queda de sanidad pública y defenderla con uñas y dientes

Las idas y venidas del sistema de sanidad privado de Estados Unidos son demasiado complicadas como para explicarlas todas en este artículo, pero sirva decir que de todas las personas que conozco nadie está satisfecho con su aseguradora, y la gran mayoría odian a muerte el servicio que reciben y lo que les cuesta.

Existe esta incorrecta idea neoliberal de que, en un mercado libre donde cada uno elija qué seguro quiere dependiendo de sus circunstancias, la oferta y la demanda serían suficiente para regular la sanidad. Y, para colmo, políticos como el líder de Vox Santiago Abascal dicen que este es el mejor sistema porque así los inmigrantes no se aprovechan de los contribuyentes, a pesar de que sabemos que esto es mentira. De hecho, los inmigrantes usan menos la sanidad pública que el resto de ciudadanos. 

Por todas estas razones y otras más es por lo que no puedo expresar lo suficiente la importancia de defender lo que nos queda de sanidad pública en España. 

Si no queréis estar un día tirados en una acera sangrando por la boca preguntándoos si es necesario llamar a la ambulancia o si mejor llamo a un Uber, más nos vale valorar lo que nos queda de sanidad pública y defenderla con uñas y dientes. 

“La mamografía es, hoy por hoy, nuestro superpoder. Nos permite ver lo invisible. Es capaz de detectar lesiones hasta dos años antes de que la mujer o su médico puedan palparlas”, resume el doctor José Manuel Felices, médico especialista en Radiología, divulgador en la cuenta @doctorfelices y que este mes publica Radiografía de una vida sana. “Me gusta explicarlo así: el cáncer de mama no aparece de golpe como un champiñón tras la lluvia, empieza siendo microscópico. La mamografía nos permite encontrar al intruso cuando aún está llamando al timbre, antes de que haya entrado en casa y causado destrozos”, describe.

La mamografía es la herramienta más eficaz contra el cáncer de mama porque, como explica el doctor, permite alcanzar tasas de curación del 95% gracias a la detección temprana. Pero, ¿cuándo deberíamos empezar a preocuparnos por hacer este tipo de revisiones?

Aunque los programas de salud pública en España marcan generalmente los 50 años como la edad indicada para comenzar, “la ciencia y las sociedades radiológicas (como la SERAM) cada vez empujan más hacia adelantar esa primera cita a los 40 o 45 años, lo que ya se está implantando en algunas comunidades”, explica Felices, que recalca la importancia de no esperar a que aparezcan síntomas. 

Diferencias por comunidad autónoma

“Lamentablemente, el código postal influye en tu salud más de lo que nos gustaría. Aunque el Ministerio marca unas pautas (50-69 años), cada comunidad tiene la potestad de ampliar esa horquilla”, reconoce el médico. “Tengo que barrer para casa y decir con orgullo que en la Región de Murcia hemos sido pioneros en ampliar el cribado: aquí empezamos a llamar a las mujeres a los 45 años y seguimos hasta los 74. Es un avance tremendo porque el cáncer no entiende de jubilaciones ni de fronteras autonómicas. Ojalá pronto veamos una homogeneización real en toda España para que todas las mujeres tengan las mismas oportunidades de detección precoz, vivan en Murcia, en Galicia o en Andalucía”, manifiesta.

Casos de riesgo

Sin embargo, no todas las mujeres deben seguir el mismo calendario. Si existen antecedentes familiares directos, de madre o hermana que hayan padecido cáncer de mama, el especialista aclara que se aplica la regla de los 10 años antes: “Si a tu madre se lo diagnosticaron a los 45, tú deberías empezar a vigilarte a los 35”. También se adelanta en casos de mutaciones genéticas específicas o si la paciente recibió radioterapia previamente en el tórax por otro motivo. “En estos casos, el calendario lo marca tu genética”, asegura el doctor Felices.

Pública o privada

Si no se cuenta con ninguno de estos antecedentes de riesgo ni se tienen síntomas, los cribados de la sanidad pública no permiten pedir una mamografía antes de la edad estipulada en cada comunidad autónoma. “El sistema prioriza el riesgo poblacional”, argumenta el radiólogo.

“En la sanidad privada la gestión es diferente, una mujer puede acudir a su ginecólogo a los 40 años y, si ambos lo consideran adecuado, empezar a realizarse mamografías anuales o bianuales”, explica. “Es una opción que muchas mujeres eligen para su tranquilidad, siempre que esté supervisada por un profesional”, valora.

En el sistema público las mamografías se realizan cada dos años. “Este intervalo no es caprichoso; se basa en el tiempo medio que tarda un tumor en crecer lo suficiente para ser visto pero sin llegar a ser peligroso”, considera el doctor.

Ya lo advirtió Michael Moore en 2015, año que precedió al primer mandato de Donald Trump en su documental ¿Qué país invadimos ahora? con el que abrió en canal el paupérrimo estado del bienestar estadounidense en una irónica comparación con los sistemas de protección social europeos. Moore es uno más entre los innumerables enemigos ideológicos, por woke, del líder republicano. Seguramente, por expresar verdades incómodas que atentan contra los dogmas de fe del MAGA. Entre otras, que EEUU carece de derechos sociales universales porque los concibe como privilegios ligados al empleo o al mercado, que su estado de bienestar es débil porque no se ampara en los derechos civiles, sino en acuerdos privados y desiguales que hacen desaparecer los beneficios con la pérdida del trabajo, o que su mínima estructura erosiona la cohesión social y la calidad democrática.

El baño de realidad de Moore nunca gustó a Trump, que desea anular cualquier vestigio que se asemeje a un estado del bienestar europeo en EEUU. Pese a que en la mayor economía mundial brillen por su ausencia derechos sociales básicos como la sanidad universal, vacaciones pagadas, permisos parentales o una educación superior asequible. La fragilidad social estadounidense no es el resultado de la globalización ni del envejecimiento, sino el efecto de una elección política que se ha perpetuado durante décadas y que prioriza el mercado y deja a la ciudadanía expuesta y a la democracia, empobrecida. Palabra de Moore. 

Pero la versión Trump 2.0 ha decidido actuar contra Europa, cuna de los estados del bienestar y --todavía-- territorio no MAGA. Ya no es ese Viejo Continente con una capacidad de prosperidad que le permitía albergar y costear sus sistemas de protección que ofrecían oportunidades a gran parte de sus ciudadanos. Ahora, a los ojos del Tío Sam, es un espacio “decadente” en manos de dirigentes “débiles” que consolidan su “fragilidad geoestratégica”.

No es solo una provocación retórica. Es mucho más. Se trata de toda una declaración de ruptura de los lazos transatlánticos concebidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Para Trump, la UE es un aliado incómodo. Nada nuevo bajo la óptica del Grand Old Party (GOP) cuando sus riendas caen en las manos de dirigentes populistas. Al fin y al cabo, la lista negra de socios está también llena de aliados de la esfera anglosajona en la que EEUU también se sentía a resguardo.  Pero en el caso europeo, el inquilino de la Casa Blanca ha traspasado líneas rojas al identificar a la UE como un socio económico y un competidor ideológico al que conviene mantener a raya.

En línea con el argumentario destructivo del club comunitario que les sitúa en la misma longitud de onda que Elon Musk y Vladimir Putin, quienes no disimulan su deseo de ver desaparecer el entramado de la UE.

Voces como la de Josep Borrell, hasta 2024 jefe de la diplomacia europea, alertan de la gravedad de esta afrenta. La nueva Estrategia de Seguridad Nacional de EEUU --donde se enmarcan estas acusaciones-- “es toda una declaración de guerra geopolítica”. No alude a la amenaza de Rusia o a la defensa de Ucrania. Es, más bien, una colisión entre modelos de organización económica y social, arguye Borrell.

Las invectivas de Trump encajan en su visión unilateral del mundo, donde otea a Europa como la culpable de regular a las bigtechs estadounidenses mientras disfrutar del paraguas militar que le ha concedido EEUU durante décadas y de sostener un sistema de protección social que, desde la óptica del MAGA, distorsiona la competencia y engendraron su vulnerabilidad geoestratégica.

El final del dividendo de la paz

La superación de la Guerra Fría con sus décadas de desarme liberó recursos a Europa para pensiones, costes sanitarios y educativos y servicios públicos. Es la premisa en la que se basa la Administración Trump para pedir la corrección de una “anomalía histórica” por un dividendo de la paz que, según la doctrina MAGA, ha pagado sistemáticamente EEUU. Desde el Instituto Ifo alemán se asume una parte de esa exposición de motivos cuando lamenta que esta larga siesta geoestratégica “no se haya aprovechado” en Europa para impulsar la prosperidad, acelerar sus ascensores sociales y potenciar el poder del estado de bienestar como estabilizador económico.

Los expertos de Ifo llaman la atención sobre el salto presupuestario que supondrá a las arcas de los socios de la Unión Europea el aumento del gasto militar hasta el 5% del PIB sin descuidar las necesarias inversiones que exige espolear la productividad para ganar cuota competitiva global y combatir el cambio climático. Una ecuación que también plantean Goldman Sachs o JP Morgan con ciertas incógnitas nuevas y de difícil resolución, en alusión a la reanudación de los aranceles comerciales entre EEUU y Europa y a la brecha productiva que merma los ingresos fiscales dirigidos a sufragar los estados de bienestar por resolver.   

Pero, además --dicen desde varios estamentos multilaterales-- existe una fragilidad estructural en la UE. Sus modelos de bienestar están cada vez más orientados hacia los mayores. Desde 1980, las transferencias a la tercera edad y el gasto sanitario --concentrado mayoritariamente en ella-- han aumentado en 5 puntos del PIB en las economías avanzadas de la OCDE, el doble que otras partidas sociales. Mientras el FMI calcula que, de seguir las tendencias actuales, los países ricos del G-20 gastarán 2,4 puntos adicionales de PIB en pensiones y sanidad hasta 2030.

“El peso financiero del envejecimiento procede de una losa demográfica real”, reconoce Peter Taylor-Gooby, profesor de Política Social en la Universidad de Kent, quien focaliza este problema “en el terreno económico, pero también político”. Igual que The Economist, que lo sintetiza con estos términos: los mayores no solo son más numerosos, también votan y se rebelan contra toda reforma que reduzca unas prestaciones diseñadas cuando la vejez era más corta y la esperanza de vida menor.

Sin embargo, este planteamiento deja una gran paradoja: envejecer no implica necesariamente un lastre sobre los ingresos. En el FMI y Goldman Sachs avisan de que los mayores trabajan más tiempo y con más productividad que en el pasado y Joseph Davis, economista jefe de Vanguard, señala que “el envejecimiento saludable podría añadir 0,4 puntos porcentuales al PIB mundial entre 2025 y 2050”. Nicholas Crafts, historiador de la Universidad de Warwick, destaca otros dos aspectos cruciales: hay una proporción creciente de la vida adulta en situación de retiro y unos gobiernos que han hecho ajustes marginales sin revertir esta tendencia que se prolonga durante varias décadas. Dilema que lleva a la presidenta del BCE, Christine Lagarde, a decir que “nuestras fórmulas de protección están bajo presión” y a matizar que “sin competitividad e innovación, no habrá riqueza suficiente para sostenerlas”. 

Beneficios de los estados de bienestar

En EEUU, la red tutelar ciudadana se concentra en programas como el Medicare o el Medicaid, que han generado desigualdades, menores expectativas sociales y una protección minúscula. En Europa, estos desembolsos siguen siendo competencia casi exclusiva de los estados miembros. Incluso con el fondo de recuperación post-pandemia, las arcas comunitarias apenas destinan el 2% de su PIB a servicios de protección, una cota ínfima frente al gasto social nacional, que oscila entre el 13% del PIB en Irlanda y el 31% en Francia.

Las pensiones, con casi 2 billones de euros --el PIB de Italia-- y la Sanidad --otros 1,5 billones, el PIB español-- copan las mayores facturas nacionales, a las que se suman prestaciones por desempleo. En países como Austria, Italia o Finlandia, el gasto en vejez supera el 14% del PIB, mientras que Alemania lidera el gasto sanitario al rozar el 10% del PIB. Varios botones de muestra de que el reto fiscal del bienestar está ligado a la demografía, a la longevidad y a los costes sanitarios, más que a decisiones económicas o políticas coyunturales.

“La idea de una Europa que protege en exceso surge tras el shock del Brexit”, recuerda Luuk van Middelaar, profesor de la Universidad de Leiden. Aunque, como subraya Bo Rothstein, experto sueco en estados de bienestar, nadie cree seriamente en una armonización europea de sistemas sociales. Entre otras razones, porque las disparidades son enormes.

El coste real conjunto de las prestaciones sociales europeas --pensiones, salud, desempleo y otras ayudas sociales-- llegó al 26,8% del PIB en 2023, según Eurostat. Cuantitativamente, 4,58 billones de euros. Pero los ingresos fiscales --señala la propia oficina estadística europea-- certifican que el margen de financiación aún es amplio. Porque entre impuestos y cotizaciones la UE recaudó ese mismo ejercicio casi el 40% de su PIB. Con Francia, Bélgica y Dinamarca por encima de esta porción recaudatoria. 

En este punto Anton Hemerijck, profesor del Instituto Universitario Europeo, enfatiza el poder de resiliencia de los estados de bienestar europeos frente a discursos alarmistas. “Durante la Gran Pandemia, el welfare no tuvo que reinventarse en el Viejo Continente, sino que funcionó exactamente como lo habían diseñado” sus socios, porque su función no es solo redistributiva, sino macroeconómica, enfocada a estabilizar la demanda y amortiguar daños colaterales de las crisis. Así --asegura-- países con una protección generosa, inclusiva y orientada a la inversión social como los nórdicos, Alemania, Países Bajos o Austria protegieron mejor a sus sociedades y fueron más rápidos en recuperar el empleo perdido.

Hemerijck rechaza la supuesta dicotomía entre gasto social y militar. “Si se desea una base fiscal sólida para financiar defensa, necesitas invertir en educación y cuidados” sostiene antes de decir que “los países con mejor bienestar son más competitivos”. A su juicio, el mayor riesgo es volver a la austeridad. Además --precisa-- “recortar protección social para financiar seguridad alimenta el auge de los partidos de extrema derecha y debilita la cohesión europea”.

Cambio de fiscalidad para apuntalar el bienestar

Todo ello apunta a la necesidad de transformar convenientemente los sistemas impositivos, que hasta los más neoliberales y trumpista consideran que es decimonónico. En esta búsqueda de un reequilibrio de la presión fiscal --con rebaja de ciertos tributos, aumento de otros, remoción de algunos y creación de nuevos- declaraciones como las de Albert Rivera --ex de Ciudadanos--, calificando de “sistema injusto” aquel que posibilita que “un jubilado medio cobre más que un trabajador medio”, no contribuyen a un debate ordenado.

Como tampoco la pertinaz oposición de conservadores y liberales en Francia a instaurar una tasa impositiva del 2% a las grandes fortunas para aportar más recaudación para servicios sociales o el rechazo en referéndum a que Suiza grave con un tributo del 50% las herencias más altas para destinar su aportación a combatir el cambio climático.

Sobre todo, porque el envejecimiento --aduce la consultora Sopra Steria-- no se debería entender como una amenaza, sino como oportunidad histórica. La llamada silver economy o el conjunto servicios orientados a los mayores de 50 años “está redefiniendo el negocio de los cuidados”, ya que “ha dejado de ser una inversión nicho para convertirse en un vector del crecimiento global”. Sus expertos auguran un valor para este mercado en Europa de 6,4 billones de euros este año, equivalente al 32 % del PIB comunitario. Sobre España, resalta que este estrato social concentra el 60% del consumo y aporta una cuarta parte del PIB.

Hemerijck reclama a Europa que no ceje en su empeño. Es un planteamiento keynesiano --avisa-- que siempre irrita al ala más conservadora estadounidense y que ahora, con Trump, pretende recuperar para EEUU su apuesta por una asistencia social limitada y frágil a cambio de un mayor proteccionismo comercial y laboral. La UE --explica-- “no debe caer en el error de reaccionar ante este intento de debilitar su estabilidad institucional” con un bienestar que sigue impulsando la solidaridad intergeneracional y que permiten acompañar el ciclo de vida desde la infancia a la vejez o las coberturas por desempleo con un gasto promedio asequible de entre el 25% y el 30% de sus PIB.

Desde Amnistía Internacional piden que el nuevo Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha incluya la “financiación de los derechos”. Señalan que valoran “positivamente la aprobación del nuevo Estatuto, especialmente en lo que se refiere al refuerzo de los derechos económicos, sociales y culturales, y a la protección de los colectivos más vulnerables, aunque lamentamos que el texto no mencione los derechos del colectivo LGTBIQ+, la memoria democrática y el acceso universal a la salud”. Asimismo, apuntan a que “si bien se contempla la financiación de los derechos reconocidos, consideramos que deben incluirse garantías explícitas para evitar la regresividad en su ejercicio.

Aspectos positivos destacados del Estatuto

En primer lugar, desde la organización consideran positivo la protección de personas vulnerables y lucha contra la pobreza, los derechos epecíficos para colectivos vulnerables o los derechos sociales recogidos en el artículo 20 del Estatuto regional. Por otro lado, valoran con positividad el compromiso internacional con los derechos humanos y la justiciabilidad de los derechos -entendiendo este principio de justiciabilidad como aquel que permite que cualquier persona pueda recurrir a los tribunales ante la vulneración de los derechos reconocidos en el Estatuto.

Aspectos susceptibles de mejora

Primeramente, critican la falta de reconocimiento expreso a las personas LGTBIQ+, considerando que se trata de “una omisión relevante dado el contexto de discriminación que todavía enfrenta este colectivo”. Asimismo destacan la ausencia de mención a la memoria histórica o la limitada mención a la sanidad universal. Aseguran que es imprescindible introducir el derecho a la vivienda, los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo y las garantías frente a la regresividad de derechos. Sobre esta última, señalan que las decisiones presupuestarias que limien derechos deben ser “justificadas y no discriminatorias, basadas en consultas públicas efectivas, proporcionales, razonables y temporales, así como sometidas a mecanismos de control y participación ciudadana”.

“El ejemplo más gráfico de cómo es la situación de la sanidad pública en verano en Andalucía.” Así lo decía en julio de 2018 Juan Manuel Moreno, entonces candidato del Partido Popular a la Junta de Andalucía, al referirse al consultorio de Rodalquilar, una pequeña localidad costera en el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería). “Aquí solamente se abre dos horas al día”, denunciaba ante la cámara, en plena campaña. “Eso, con un Gobierno del Partido Popular y con un Gobierno de Juanma Moreno, no ocurrirá jamás.” Prometía impulsarlo, pero bajo su gobierno el consultorio apenas funciona.

Siete años después, el centro de salud de Rodalquilar -uno de los varios consultorios auxiliares del término municipal de Níjar- no solo no abre dos horas al día, sino que ha reducido su servicio a un único día cada quince: cuatro horas al mes. Es lo que denuncian doce asociaciones vecinales de la zona, que han creado una plataforma para reclamar mejoras en la atención sanitaria de este y otros pueblos del entorno.

Una consulta cada quince días

“La situación actual en Rodalquilar es que solo hay consulta una mañana cada quince días”, señala la Coordinadora de Asociaciones de los Pueblos del Cabo de Gata en un escrito remitido a la Junta. Un problema que se puede agravar en verano porque, como denuncian los sanitarios y los sindicatos, la falta de personal se hace especialmente patente en el periodo estival cuando se producen más bajas y vacaciones. Ahora mismo, la atención puntual se realiza los martes alternos, de 8 a 11 de la mañana, según confirma la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía en Almería. El resto de la atención médica se presta en el centro de salud de Campohermoso, a unos 20 kilómetros por carretera.

Nada asegura que este verano la situación pueda ser peor por la falta de trabajadores que padece el Servicio Andaluz de Salud (SAS). Por eso, los vecinos claman por una mejora de su situación. “No estamos pidiendo privilegios”, sostienen desde la Coordinadora, “sino que se nos facilite el acceso a unos servicios a los que tenemos derecho”. Los colectivos alertan de que hay personas mayores, pacientes crónicos o vecinos sin medios para desplazarse que quedan desatendidos: “El transporte público es anecdótico y muchas localidades están aisladas entre sí”.

La Junta asegura que el consultorio “no está cerrado” y que la atención en Campohermoso cubre las necesidades del vecindario. Añade que la asistencia puede gestionarse también por vías telemáticas y que los recursos están ajustados a la población censada en Rodalquilar: 180 personas, según el Instituto Nacional de Estadística. Pero los residentes subrayan que la cifra real se multiplica en verano. “La población se duplica o triplica durante la temporada alta, como ocurre en muchas zonas turísticas del litoral”, apuntan desde la Coordinadora.

Citas sin cubrir

Además del recorte de horario, los vecinos denuncian problemas estructurales: dificultades para conseguir cita médica -la aplicación oficial Salud Responde ofrece plazos de 10 a 15 días- y situaciones en las que los pacientes acuden al consultorio con cita previa y se lo encuentran cerrado por ausencia de personal. “No son pocas las ocasiones en que no hay médico sustituto”, afirman.

Según el Ayuntamiento de Níjar, que reconoce no tener competencias directas en materia sanitaria, en el consultorio de Rodalquilar se tramitan una media de 50 citas mensuales. En torno al 20% de ellas no llegan a prestarse porque los usuarios no acuden. “Se está trabajando para concienciar a la población de que anulen las citas si no pueden asistir”, explican fuentes municipales. Aun así, el consistorio se compromete a “trabajar en el ámbito de sus competencias para garantizar los mejores servicios públicos posibles”.

El PSOE, como oposición en el Parlamento andaluz, critica lo que consideran el “deterioro” de la asistencia sanitaria en la zona, recordando el vídeo en el que Moreno, en 2018, denunciaba que el consultorio abría de 8 a 11 cada mañana. “Entonces le parecía mal, pero hoy se presta ese servicio cada dos semanas y a veces ni eso”, señalan fuentes socialistas. El grupo parlamentario ha apoyado las reclamaciones vecinales y ha anunciado su respaldo a futuras concentraciones, la primera de ellas prevista para principios de junio.

Una población que se multiplica en verano

Níjar (33.000 habitantes) es uno de los municipios más extensos de España. Cuenta con una treintena de núcleos de población muy diseminados, lo que complica el acceso a los servicios públicos por su dispersión geográfica, que a menudo choca con el hecho de que las carreteras que los conectan son comarcales. Un problema que se agrava en verano cuando el turismo amplía notablemente la población de la zona. Pese a ello, la Junta defiende que el reparto de recursos es proporcional al número de habitantes, pero las asociaciones reclaman que se tengan en cuenta otras variables: el aislamiento geográfico, la edad media elevada, la baja densidad poblacional y la llegada masiva de visitantes en verano.

“La falta de personal médico, de transporte y de recursos materiales es más que evidente”, afirma el escrito firmado por las asociaciones al que ha tenido acceso elDiario.es Andalucía. “No se tiene en consideración la dispersión del municipio ni la existencia de una población migrante no censada que también necesita atención”.

Frente a la promesa de Moreno en 2018, “eso no ocurrirá jamás con un gobierno del Partido Popular”, los vecinos denuncian que la realidad desmiente al presidente. “Queremos que se incrementen los recursos profesionales necesarios para recibir una atención adecuada”, concluye la Coordinadora. “En ningún caso nos vamos a resignar a continuar con una atención sanitaria tan deficiente”. Por eso, el próximo 8 de junio se movilizarán de nuevo para reclamar mejoras en la sanidad pública de la zona.

El Hospital General Universitario 'Nuestra Señora del Prado' de Talavera de la Reina logra su primera donación multiorgánica en asistolia controlada -paro cardiaco con ausencia de actividad eléctrica en el corazón-. Se ha conseguido gracias a la técnica de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO), una herramienta que permite mantener el funcionamiento del organismo cuando el paciente sufre un fallo cardíaco o patologías respiratorias graves.

En esta ocasión, uno de los órganos explantados se destinó a una “urgencia cero”, un procedimiento reservado para pacientes en estado crítico, cuya vida depende de un trasplante inmediato. En esta situación, el paciente recibe prioridad absoluta en la lista de espera, incluso por encima de otros con mayor antigüedad en la lista. La asignación del órgano se realiza con base en criterios médicos estrictos para maximizar las probabilidades de éxito y garantizar la equidad en la distribución de órganos disponibles.

Esta es la segunda donación en asistolia que se registra en el Hospital ‘Nuestra Señora del Prado’ y ha sido posible gracias al programa de ECMO móvil implementado por el Gobierno de Castilla-La Mancha, que permite realizar donaciones a corazón parado en centros acreditados para la extracción de órganos

La donación en asistolia controlada se refiere a la extracción de órganos y tejidos de pacientes que han fallecido tras el cese irreversible de las funciones cardiorrespiratorias. En estos casos, la técnica de oxigenación por membrana extracorpórea (ECMO) es fundamental para preservar los órganos durante el proceso de extracción, mejorando la función inmediata del órgano trasplantado y reduciendo las complicaciones pos-trasplante.  

La reciente donación multiorgánica en Talavera de la Reina subraya la importancia de la colaboración entre equipos médicos y la solidaridad de las familias que, en momentos difíciles, deciden dar una segunda oportunidad de vida a otras personas. Este logro refuerza el compromiso de Castilla-La Mancha con la donación de órganos y consolida su posición como una de las comunidades autónomas con mayor crecimiento en este ámbito.

Castilla-La Mancha aprobó en 2019 el Protocolo Autonómico de Donación en Asistolia Controlada para tratar de incorporar a todos los hospitales con capacidad de extraer órganos, un reto que responde a la necesidad de llegar a los máximos donantes posibles.

Así, la Comunidad Autónoma ha experimentado un notable incremento en las donaciones de órganos en los últimos años, gracias a la incorporación de equipos móviles de ECMO y a la formación de profesionales especializados que pueden desplazarse a los hospitales que lo requieran para facilitar este tipo de donaciones. En 2024 se registraron 90 donaciones, de las cuales el 39 por ciento fueron en asistolia.

En el año 2024, un total de 54 personas que solicitaron en Osakidetza la prestación de eutanasia fallecieron antes de que esta pudiera llevarse a cabo. A pesar de que los tiempos de espera se han reducido desde la entrada en vigor de la normativa estatal, que es de 2021, la media de atención de estas solicitudes es de 49 días de espera. Entre las razones para ello, desde el Departamento de Salud argumentan que se debe al proceso que lleva a cabo la comisión compuesta por 25 profesionales de los ámbitos sanitario y jurídico, que garantizan la seguridad clínica y jurídica del proceso para aceptar o denegar las solicitudes según el caso, y al hecho de que la ciudadanía solicita la eutanasia “muy al final de la vida”, por lo que días posteriores a realizar la solicitud acaban falleciendo de forma natural.

Con el objetivo de acercar esta posibilidad a la ciudadanía Euskadi creará “a lo largo de este año” un Sistema de Información de Eutanasia. “Desde Osakidetza nuestro objetivo es trabajar en la accesibilidad a esta prestación para quien la necesite. Que nadie, cuando tenga la decisión clara, tenga que andar pereguinando para encontrar un médico responsable”, han informado la directora de Asistencia Sanitaria de Osakidetza, Maite Martínez de Albéniz,y la presidenta de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Euskadi (CGyEE) de Euskadi, Itxaso Bengoetxea, médica de hospitalización a domicilio y cuidados paliativos de la OSI Barrualde-Usansolo de Osakidetza, durante la I Jornada de reflexión sobre eutanasia en Euskadi, celebrada este jueves en Bilbao.

El Sistema de Información de Eutanasia de Euskadi contribuirá a optimizar la gestión de los datos y permitirá disponer de una visión completa e inmediata sobre la aplicación de la prestación. “Esta mejora tecnológica se acompañará de un aumento de los profesionales dedicados a la gestión de la prestación, reforzando así la capacidad del sistema sanitario vasco para garantizar el acceso al derecho a solicitar y recibir la ayuda necesaria para morir de acuerdo con el marco legal vigente”, informan desde el Departamento de Salud.

Durante la jornada, además de anunciar el nuevo Sistema de Información de Eutanasia, se han abordado cuestiones como la salud mental en los pacientes crónicos, el trabajo de los sociosanitarios y el personal de enfermería y la objección de conciencia y el no abandono al paciente. En este sentido, han explicado que es el médico el que tiene que realizar el trabajo de “abrirse al paciente y conocer su situación social y familiar” para poder atenderle de la mejor manera posible y, en el caso de ser objetor de conciencia, facilitar lo antes posible un médico que esté dispuesto a llevar a cabo el procedimiento. “La objeccón de conciencia es un derecho individual y todos los médicos y profesionales asistenciales sanitarios tenemos el derecho a objetar por razones éticas. Cuando tomo esa decisión tengo que facilitar que otro responsable asuma esa prestación”, ha insistido Bengoetxea que ha informado de que en Euskadi actualmente hay 570 profesionales inscritos en el registro de objetores de conciencia.

Este jueves también se ha presentado el último Informe de prestación de ayuda médica para morir en Euskadi del Departamento de Salud que recoge que en el año 2024 se recibió un total de 74 solicitudes de eutanasia, pero finalmente se realizaron 49 procedimientos. “Se deniegan entorno al 9% de las solicitudes, siempre detrás de toda la solicitud de prestación de eutanasia hay un sufrimiento insoportable, pero no todos los sufrimientos insoportables cumplen los requisitos que establece la ley. Tienen que cumplir una serie de requisitos clínicos y de otros tipos. Clínicamente puedes solicitar la prestación cuando tienes un sufrimiento insoportable, bien porque tienes una enfermedad incurable avanzada con un pronóstico de vida limitado, como puede ser, por ejemplo, una enfermedad oncológica o un padecimiento grave crónico invalidante que te produce limitaciones para las actividades de la vida diaria. Eso tiene que estar demostrado. Hay padecimientos crónicos e invalidantes que igual no inciden en las actividades de la vida diaria, pero sí producen un sufrimiento insoportable, pero le falta ese último componente que es la limitación de la vida. Cuando hay una denegación es que alguno de esos requisitos no se cumple o que la persona solicitante no es capaz para tomar esa decisión”, ha detallado Martínez de Albéniz.

¿Qué tiene que hacer una persona para solicitar la eutanasia? “La prestación de la ayuda para morir se podrá realizar en centros sanitarios públicos o privados, y en el domicilio de la persona solicitante, entendiendo éste también como residencias de personas mayores y residencias de personas discapacitadas”. De hecho, a lo largo de 2024 el 32,6% de los procedimientos de eutanasia se realizaron desde el domicilio, un 53% desde el hospital y un 14,3% desde las residencias sociosanitarias. La edad media de las personas solicitantes de la eutanasia se sitúa en 74 años, teniendo 100 años la persona de mayor edad y 33 la menor. El 37% de las personas que han realizado la solicitud padecían una enfermedad neurológica, la mayoría relacionadas con la demencia, y el 36% fueron pacientes oncológicos“, según recoge el informe.

Para ello, el Departamento de Salud y Osakidetza proporcionan a profesionales sanitarios que así lo requieran formación sobre los procedimientos, los protocolos de actuación y el manual de buenas prácticas en la prestación de ayuda para morir; así como apoyo al conjunto de profesionales, a través de los equipos de referentes implementados en todas las OSIs, que con su vocación y compromiso atienden en conciencia a las personas que residen en Euskadi, desde el principio hasta el final de su vida. Cabe destacar que desde su puesta en marcha, la ley ha obtenido una acogida “positiva” por parte de las y los profesionales del ámbito sanitario, indica el Departamento de Salud.

Según han explicado durante la jornada, la solicitud de prestación de ayuda para morir deberá hacerse de manera voluntaria, autónoma y por escrito, en un documento fechado y firmado por el paciente, en presencia de un o una profesional de la salud, que también lo firmará e incorporará a la historia clínica. El “médico responsable” deberá informar adecuadamente y establecer un proceso deliberativo con el paciente y responder personalmente, también por escrito, en un plazo máximo de cinco días. Tras esta primera solicitud, el paciente deberá reiterarla por segunda vez y deliberar nuevamente con su “médico responsable” sobre su decisión de continuar o desistir de la solicitud de prestación de ayuda para morir. Entre las dos solicitudes deberán haber pasado, al menos, 15 días. Si tras ello el paciente decide continuar, el “médico responsable” consultará con un “médico consultor” que comprobará el cumplimiento de todas las condiciones establecidas en la ley. Una vez cumplidos todos estos requisitos previos, la Comisión de Garantía y Evaluación los verificará e informará de forma definitiva al “médico responsable” para que pueda proceder con la prestación de ayuda en sí. “En términos generales, una solicitud puede aplazarse o revocarse en cualquier momento. Además, podrá denegarse en el caso de que la solicitud no cuente con el amparo de la ley”, han detallado.

Es por ello que el procedimiento suele alargarse más de lo esperado por el paciente que ya toma la decisión de recibir ayuda para morir. Sin embargo, de cara al trabajo de los profesionales sanitarios, son más efectivos este tipo de procedimientos porque se trata de una decisión tomada entre varios y con el respaldo de una comisión. “Cuando eres el médico que asiste te sientes cómodo cuando existe un garante y no es decisión tuya, hay compañeros y una comisión que lo refrendan y eso lleva un plazo”, ha explicado Bengoetxea para refelxionar después sobre por qué se solicita esta ayuda tan tarde. “Es verdad que a veces los plazos son excesivos. Quizás tendríamos que empezar a cuestionarnos por qué se piden tan tarde este tipo de prestaciones, quizás los ciudadanos tenemos mucho que hacer y llegar a la enfermedad pensados”, ha concluido.

En la semana en la que se han reabierto después de tres años de cierre las Urgencias del hospital de Santiago, el más céntrico de los dos que tiene Vitoria, se ha sabido que el servicio cuenta con 352 profesionales que se reparten entre los dos centros hospitalarios —el otro es el de Txagorritxu— según el “flujo” de personas que requieran atención. El servicio, se subraya, es “único”. Existen notables diferencias entre ambos centros: hay, por ejemplo, 115 enfermeros, de los que 98 están en Txagorritxu y apenas 17 en Santiago. La reapertura de este último hospital, que ha supuesto una enmienda a la gestión del anterior equipo al frente de la Sanidad vasca, no había traído consigo, en principio, un aumento del personal más allá de un pequeño refuerzo en el turno de mañana. En las últimas horas, se ha anunciado, no obstante, un incremento del personal de enfermería y de auxiliares de cara al primer mes. En las primeras quince horas tras la reapertura, se ha atendido en Santiago a 49 pacientes de diversa gravedad.

Los datos se desprenden de una respuesta parlamentaria del consejero de Salud, Alberto Martínez, a una solicitud de información documentada por parte de Rebeka Ubera, parlamentaria de EH Bildu. Se pedían datos sobre la “dotación de profesionales sanitarios en las Urgencias del hospital de Santiago”. “El Servicio de Urgencias es único, con atención en ambas sedes. El plan funcional establece una adecuación del personal médico y de enfermería, tanto en la sede de Santiago como en la de Txagorritxu, que se adapta al flujo de personas que acudan a cada sede”, se explica en la respuesta.

El servicio está compuesto por 352 profesionales, que se reparten de la siguiente manera: 115 enfermeros (98 en Txagorritxu y 17 en Santiago), 70 médicos de Urgencias, 58 auxiliares de enfermería (47 en Txagorritxu y 11 en Santiago), 43 celadores (32 en Txagorritxu y 11 en Santiago), 25 técnicos de laboratorio (14 en Txagorritxu y 11 en Santiago), 21 auxiliares de administración y de atención a usuarios (14 en Txagorritxu y 7 en Santiago), 12 técnicos de radiodiagnóstico, tres médicos de pediatría hospitalaria, dos jefes de sección sanitaria, dos supervisores y un jefe de servicio sanitario. Estos profesionales se reparten entre los diferentes turnos, lo que resulta en dos médicos, tres enfermeros y dos auxiliares cada turno, acompañados del personal de limpieza, seguridad y celadores.

La comarca sanitaria OSI Araba, en la que están encuadrados ambos hospitales, ha ofrecido este martes unos primeros datos tras la reapertura de las Urgencias de Santiago. Entre medianoche y las 15:00 horas, se atendió a 49 pacientes. “En este periodo, el 2,04% de las y de los pacientes atendidos han presentado una condición grave, cerca del 29% han sido clasificados como moderados y el resto de pacientes han correspondido a casos leves o muy leves, demostrando una amplia diversidad en los niveles de atención proporcionados”, se informa en la nota.

El servicio se ha reforzado, según la misma nota, con un facultativo adicional que trabaja de lunes a viernes en turno de mañana. Asegura la OSI Araba de igual manera que “se ha incrementado el personal de enfermería y de TCAE [técnico en cuidados auxiliares de enfermería] para garantizar una atención óptima”. “Posteriormente, se evaluará la necesidad de mantener o ajustar este refuerzo en función de la evolución del flujo de pacientes”, se apostilla.

Que la sanidad pública sea gratuita cuando uno acude a consulta o se somete a una cirugía no implica que también lo sea para las arcas públicas. El Servicio Navarro de Salud-Osasunbidea ha realizado la actualización de sus tarifas para el 2025 con los precios de la multitud de servicios prestados a la ciudadanía. Se trata de información relativa al coste real de los servicios, que se factura solo en aquellos casos en los que la atención pública no está cubierta, y que se proporcionará a cualquier paciente que quiera conocer el coste real de los servicios que recibe.

Los costes, eso sí, se reclamarán únicamente en aquellos casos en los que la atención sanitaria gratuita no está cubierta, como asegurados o beneficiarios del sistema de la Seguridad Social pertenecientes a las Mutualidades Generales que no hayan optado por recibir la asistencia sanitaria del Sistema Nacional de Salud; en casos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales; o seguros obligatorios (correspondientes a deportistas federados y profesionales, seguros de caza, seguros de vehículos a motor, seguro obligatorio de viajeros), entre otros casos. Además, en aquellos convenios firmados con entidades, “se reclamará el importe de la asistencia prestada de acuerdo con los términos del convenio correspondiente”, informan desde el Departamento de Salud.

El precio por un día de hospitalización, que incluye la atención, pernoctación en cama, comidas y medicación, es de 614,63 euros. En el caso de la Unidad de Cuidados Intensivos, se eleva a 2.577,08 euros, mientras que, en otras unidades especiales, como Neonatología, un día de estancia supone 1.488,08 euros. Por su parte, un ingreso sin estancia puede ascender a 368,78 euros y un día de hospitalización a domicilio, 156,66 euros.

En cuanto a los ingresos hospitalarios, y según la complejidad de la asistencia que se requiera, los precios son muy variables. Por ejemplo, la atención a un parto cuesta entre los 3.293 y 13.470 euros, un infarto agudo de miocardio entre 3.756 y 8.438 euros, y si lo que se precisa es la atención de un neonato con oxigenación de membrana extracorpórea, los precios oscilan entre 50.295 y 110.128 euros en su máxima complejidad.

Si el paciente requiere de una intervención quirúrgica, los precios se disparan. Un trasplante cardíaco o pulmonar de la máxima gravedad supera los 114.000 euros, por ejemplo. El coste medio de los procedimientos quirúrgicos en la sanidad navarra es de 1.176, 97 euros.

El coste de una consulta presencial, ya sea en el centro de salud o en un consultorio asciende a los 46,88 euros. En caso de ser telefónica, la tarifa es de 25,30 euros, mientras que si la consulta se realiza fuera del centro se eleva a 133,20 euros. La consulta de enfermería o trabajo social es de 30,26 euros y la visita a domicilio, 90,78 euros. Otros servicios como la vacunación en el centro tiene una tarifa de 20,61 euros y prestaciones como una sesión de preparación al parto, por ejemplo, 139,83 euros.

En cuanto a las pruebas, el precio de una determinación analítica de drogas se eleva a 396,12 euros, mientras que el de una analítica de contraste de alcoholemia es 367,07 euros. Una ecografía estándar vale 77 euros, mientras que las especiales tienen un precio en torno a 300 euros. Una radiografía simple tiene una tarifa de 26 euros, una mamografía básica asciende a 41 euros y una resonancia se eleva a 227 euros. Una prueba de esfuerzo tiene un coste de 220,37 euros, una colonoscopia de alta definición, 1.412,96 euros, una sesión de litotricia ,2.804,92 euros y un estudio de apnea del sueño realizado en el hospital, 997.40 euros y en domicilio, 277,24 euros.

Por último, movilizar una ambulancia Soporte Vital Avanzado de urgencias y emergencias tiene una tarifa de 606,49 euros, a lo que hay que sumar el coste del personal con el que se dota (personal médico y de enfermería, o sólo enfermería) y 3,50 euros por cada km adicional a partir de los 100 km. Si fuese necesario movilizar un helicóptero, su precio inicial es de 4.506 euros al que también se debe añadir el coste del personal. 

Puedes consultar el precio de todos los servicios prestados por Osasunbidea en el siguiente enlace.